El "movimiento" que se repite en Vaca Muerta
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Sismos en Vaca Muerta, las sospechas recaen en el fracking
Fecha de Publicación: 27/03/2019
Fuente: OPS
Provincia/Región: Neuquén
El temor por posibles derrumbes, la rotura de viviendas y mucha incertidumbre se han convertido en parte del cotidiano de quienes habitan Sauzal Bonito. El pueblo patagónico ubicado sobre la formación de shale Vaca Muerta no para de temblar desde que la explotación de gas no convencional comenzó en ese rincón de la provincia del Neuquén. Tanto las autoridades públicas como las empresas tratan de desvincular el incremento de la actividad sísmica de la extracción de hidrocarburos, sin embargo hay un pueblo que padece lo mismo que ocurrió en otras partes del globo en las que el controvertido paquete tecnológico del fracking llegó. Mientras investigaciones académicas demandan profundizar los estudios sobre las causas y el cuestionado negacionismo balbucea respuesta, la tierra no deja de temblar.
Sauzal Bonito es una pequeña localidad ubicada en el centro de la provincia de Neuquén. Desde hace cuatros años allí se registran movimientos sísmicos frecuentes. Debajo sus casas se encuentra Vaca Muerta, la formación de shale de la que se habla en el mundo y que hoy es frackeada por poderosas empresas petroleras. Su ejido quedó dentro de dos áreas, Fortín de Piedra y La Ribera operados por las compañías Tecpetrol e YPF respectivamente. La aventura de los hidrocarburos no convencionales es la gran apuesta que desarrollaron los últimos dos gobiernos nacionales, hoy incluso es la principal destino de inversiones extranjeras directas que llegan al país.
El subsuelo neuquino es poco conocido en términos del shale, la curva de aprendizaje se encuentra en plena marcha. “Vaca Muerta tiene un gran potencial” suele escucharseles decir con algarabía al desfile de CEOs y empresarios que cruzan el río Colorado para visitar la zona que está siendo explorada y explotada . La Cuenca Neuquina hoy es un laboratorio del fracking. Navegar a varios niveles, tener ramas laterales de más 3.000 metros, aumentar el número de procesos de fracturas, punzados más potentes, tubos más grandes, y nuevos químicos corrosivos, son algunas de las experimentaciones que las empresas están realizando. Si bien falta mucha infraestructura para que puedan desarrollarse masivamente varias áreas a la vez, los jugosos subsidios a la extracción entregados por Estado nacional a modo de incentivo han producido que se perfore tanto que en pocos años se encontró un cuello de botella: faltan más ductos. Construirlos es caro, fracasó la participación público privada y el gobierno nacional acaba de anunciar que se tomarán fondos del ANSES para garantizar su construcción. También falta consolidar un mercado de destino y en ese sentido las chances de competitividad son muy complicadas para los sueños exportadores de quienes comandan el megaproyecto.
Sauzal Bonito tiene 300 habitantes y sus pobladores viven de la cría de animales y de la producción de frutas finas, nueces y hortalizas. Se encuentra justo a mitad de camino entre la comarca petrolera de Plaza Huincul y Cutral Co -que supo ser referencia nacional de producción convencional- y la emergente Añelo, que oficia de base para el boom de los no convencionales. La presencia estatal es escasa, la escuela primaria 243, un pequeño centro de salud para atención primaria, un destacamento policial que cuenta con un móvil, un salón muy poco equipado que se utiliza como gimnasio y la Comisión de Fomento, que es como una intendencia pero de menor rango.
El 19 de noviembre de 2015 un sismo de 4.2 grados de escala Richter de magnitud fue detectado al sur oeste de Añelo, tras el evento se prendieron varias alarmas. La población se preocupó al sentir el movimiento, algunos medios cubrieron el acontecimiento y las miradas empezaron a volcarse sobre la reciente e intensa actividad petrolera. Tanto el gobierno de la provincia de Neuquén -quién posee el dominio del subsuelo-, como las empresas, habían tomado como cierto e incuestionable el discurso de “sismos cero” elaborado y propagandizado por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG). Incluso el entonces gobernador Jorge Sapag envió a imprimir 10.000 ejemplares del “ABC de los no convencionales”, un manual pro fracking que entre otras cosas rechazaba la posibilidad de sismos inducidos por la actividad. Los ejemplares se repartieron en escuelas de la provincia.
Con el tiempo, la intermitencia de los movimientos se profundizó de tal manera que entre diciembre 2018 y la primer quincena de marzo de 2019 los movimientos registrados y reportados por la ONG Sismología Chile suman 82, algunos de los cuales llegaron incluso a los 4.8 grados en escala Richter.
Las respuesta que faltan
La población de Sauzal Bonito se siente vulnerable, a pesar de la intensidad y repetición de los movimientos, aún no cuenta con un plan de contingencia. Hugo Acuña es el único bombero voluntario que hay en el pueblo, vive en la localidad desde 1975. “Yo trabajo con recursos propios y de mi viejo, los dos ponemos nuestros recursos; dependemos de bomberos Plaza Huincul y ellos no nos han enviado nada”. afirma. “Yo he llamado un montón de veces no solo por recursos, sino también por capacitación. Y bueno, estamos sin recursos y sin nada, pero si hay que salir, saldremos con lo que tenemos. Estamos dispuestos a laburar”.
El presidente de la Comisión de Fomento, Ariel Zapata, reconoce la falta de un plan de prevención. “Contamos con un centro de salud, las derivaciones son al hospital regional de Plaza Huincul y son 40 minutos que demora una ambulancia en llegar al lugar, no contamos con una ambulancia, contamos con un móvil policial y los vehículos de acá, de la Comisión de Fomento, que son pocos también”, sostiene. A pesar de la visita del director de Defensa Civil provincial, Martín Giusti, las capacitaciones no llegan. “He elevado un pedido a la Provincia para que mande gente especializada y capacitar a la gente, para saber qué hacer en caso de que sea mayor”, explica Zapata. “Hasta ahora es un temblor nada más y no de grado alto que llegue a pasar a mayores, es un temblor nomás”, sostiene con evidente nerviosismo, pero intentando dar un mensaje de tranquilidad.
Para tener más certezas sobre el origen de los movimientos, la población deberá esperar el tiempo prudente de estudios, mientras las acciones preventivas deberían ser parte de un política de intervención del Estado. El bombero Acuña remarca la falta de mediciones de la zona: “En realidad no sé qué puede ser, porque no hay sismógrafo, lo único que podríamos saber si los geólogos saben detectar qué es un movimiento, qué es una explosión, qué es un procedimiento petrolero, ahí sabremos de qué se trata. Yo no puedo opinar desde mi lugar, porque no sé qué es”. También describe que los últimos movimientos fueron más potentes: “Algunos sismos han sido muy violentos, el último fue aproximadamente a las dos y media de la mañana y tuvo la particularidad de que fue más largo que los otros, duró más tiempo y eso generó que se cayeran más cosas”.
Rosa Sandoval vive en la entrada del pueblo, su casa está al lado de la ruta provincial 17 y vió la llegada de Vaca Muerta desde su ventana. Camiones con grandes equipos comenzaron a circular camino a Añelo en 2014. Las paredes de la vivienda tienen grandes fisuras. Defensa Civil puso unos parches de yeso que llaman “testigos” para certificar si las roturas son nuevas y consecuencia de los movimientos. La familia de Rosa no tiene dudas, son cicatrices de Vaca Muerta. “Vivo hace 19 años acá, en Sauzal Bonito, tengo mi casa de adobe y de bloque, hace más de un año estoy sufriendo sismos. Le llaman sismos pero los provoca el hombre. Se me está partiendo la casa, últimamente de noviembre a enero ha sido terrible, se me terminó de partir toda la casa”, asegura. La mayor preocupación de Rosa es su familia, sus seis hijos criados en ese hogar y sus diecisiete nietos, uno de ellos estaba cuando ocurrió uno de los movimientos más fuertes, que hizo que se caiga la alacena. Con foto en mano, asegura que ese día tuvo mucho miedo. Su hogar, como el del resto del pueblo, no tiene gas y la estufa con la que se calefaccionan se partió con los movimientos. Rosa espera poder arreglarla antes de que llegue el frío crudo del invierno.
“Los sismos, o supuestamente simos, que hay son movimientos que empezaron cuando llegó Vaca Muerta, cuando llegó Fortín de Piedra, y con eso empezaron acontecimientos de moverse las casas y empezó a ser más continuo”, sostiene Luciano Muñoz, quien vive en el pueblo desde hace unos años. En tanto su vecino, Adrián Sandoval indica: “Los temblores los vivimos día a día, tuvimos 38 temblores en un día y ya nuestros hijos demuestran su preocupación, donde empieza a temblar la casa te dicen: ‘¿papá que vamos a hacer? ¿se va a caer la casa?’”. Nacida y criada en Sauzal Bonito, Graciela Fuentes vive junto a sus tres hijas y un hijo en una de las viviendas más afectadas. Ella asegura que en cada movimiento no llega a sacarlas de la casa y a veces salen corriendo ellas mismas, incluso en plena madrugada. Por los movimientos, más de la mitad del revoque de las paredes se cayó, dejando a la vista los ladrillos de adobe. Un hueco en la pared muestra las heridas de un hogar que corre peligro de derrumbe. Según le dijeron, ella sería una de las primeras reubicadas en una vivienda nueva que la Provincia prometió construir para compensar los daños.
En la localidad también tienen problemas para acceder al agua potable -en febrero estuvieron dos semanas consecutivas sin el vital recurso- a pesar de estar sobre la margen sur del impetuoso río Neuquén. El río Neuquén es la fuente principal de alimentación de agua para el fracking, las tomas se encuentran sobre su margen norte. Enormes mangueras esparcidas por la meseta alimentan la demanda de los distintos pozos -cada uno de ellos utiliza alrededor de 25 millones de litros durante el proceso de fractura. Pero ese no es único problema con el agua. Este año la escasez afectó la producción. “Nosotros, estando en las primeras chacras, no podemos regar, regar cuando se necesita, no cuando el agua viene, porque a veces, cuando al fin tenemos, agua las plantas ya se secaron”, explica Inés Fuentes.
Eppurse e muove -y sin embargo se mueve-
Los estudios sobre sismos inducidos por actividades antropogénicas como la petrolera son muchos, e incluso reconocidos por propios impulsores de la extracción del subsuelo. La provincia de Neuquén contó con diagnósticos sobre el tema, pero tomó escasas o nulas medidas preventivas. La ausencia de sismógrafos y la falta de estudios sobre la posible reactivación de fallas geológicas, previos al comienzo de un megaproyecto de la envergadura de Vaca Muerta, puede definirse, al menos, como imprudente.
El ingeniero y legislador provincial Luis Felipe Sapag, un estudioso de la materia y férreo defensor del fracking, en su libro Entender Vaca Muerta, fracking: ¿zona de sacrificio o tierra prometida?, rechaza la crítica de los sismos inducidos y utiliza casos de sismos principalmente en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Sapag discute que un sismo no es un terremoto, y asegura que los sismos no los genera el fracking sino lo pozos sumideros. Toma la información provista por geófonos de las empresas durante los procesos de fractura y concluye que los movimientos son monitoreados e imperceptibles. “La sismicidad de los trabajos realizados por YPF equivalen a una millonésima del menor terremoto con intensidad suficiente para hacer daño”, y concluye: “si alguien no la cree, podría instalar su propio sismógrafo a cien kilómetros de las operaciones de fracking en la zona de Añelo. Si la aguja se moviera más allá de cuatro micrones, entonces el mencionado testimonio no sería cierto”, sentencia el legislador.
En noviembre del 2014 los geólogos e investigadores de la Universidad de San Juan, Sebastián Correa Otto y Silvina Nacif, instalaron once sismógrafos para realizar el estudio Sismicidad en la cuenca Neuquina, monitoreo de la actividad de fracking en la formación Vaca Muerta, tomaron datos hasta julio del 2016. Ese estudio desmiente las afirmaciones de Sapag y evidencia que la aguja efectivamente se movió. El objetivo del trabajo fue evaluar la sismicidad base en la región de Añelo para determinar posible actividad neotectónica y también sismicidad asociada a la inyección de fluidos parte de la actividad hidrocarburífera. El 19 de noviembre de 2015 registraron el sismo de 4.2 grados, ocurrido al sur oeste de Añelo, y determinaron que sucedió sobre la Dorsal Huincul. La conclusión preliminar de estos autores es que “son reactivaciones tectónicas de la dorsal de Huincul debido a los esfuerzos compresivos del margen activo de subducción controlados por la estructura compleja de la dorsal; o posible reactivación de una falla antigua debido a la actividad de fracturamiento hidráulico y la inyección de fluidos en la zona”. Por lo que sugirieron que se realicen mayores estudios, pero nadie escuchó.
Joaquín Vásquez dirige el Departamento de Analistas de la ONG Sismología Chile, su organización viene siguiendo de cerca lo que está ocurriendo en la norpatagonia neuquina. Sauzal Bonito se mueve, los vecinos denuncian, pero nadie lo constataba. Desde el 2018 el trabajo de la ONG trasandina se tornó en la referencia que corrobora con sus reportes lo que en el territorio los/as vecinos/as sienten. En enero del 2019 Vásquez publicó el trabajo Sismicidad en Sauzal Bonito, Cuenca Neuquina, allí coincide con Correa Otto y Nacif: una falla geológica se reactivó y su principal sospecha apunta a la inducción antropogénica. En su conclusión afirma: “No se descarta que la actividad pueda estar influenciada con la extracción de petróleo, relacionadas con las técnicas de fracturamiento hidráulico, posterior inyección y eliminación de fluidos”. Agrega, además, que “un aumento de esta actividad podría generar un aumento en la tensión de las fallas y, por tanto, una mayor sismicidad, sin embargo, para eso se necesita un análisis más exhaustivo y una investigación local” (Vásquez, 2019). Nueva advertencia, sobre la necesidad de investigar a fondo lo que allí está ocurriendo.
No es solo Sauzal Bonito, una recorrida por otros casos
Los temblores continúan y las repeticiones preocupan a la población de Sauzal Bonito que, ante la falta de respuestas, en febrero cortó la ruta provincial 17, arteria central de la explotación en el auge de Vaca Muerta. El gobierno prometió investigar el caso involucrando al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (InPreS), a los técnicos de la Universidad Nacional de San Juan y también a las empresas mediante el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), el mismo que aseguró “sismos cero”. Hubo dos movimientos reportados en noviembre, cuatro en diciembre, 56 en enero, 17 en febrero y tres en lo que va de marzo. Los últimos cuatro meses suman 82 movimientos. Entre estos, uno de 4.8 grados Richter, el más fuerte de los últimos sesenta años en la zona. En un acto de sinceridad, el director provincial de Exploración, Explotación y Transporte de Hidrocarburos, Alex Valdez, expresó al diario Río Negro: “Uno a eso lo veía venir por los antecedentes de Estados Unidos, pero nosotros queremos investigar y fundar antecedentes”.
Hay muchos casos de explotación en los que el fracking y los movimientos llegaron de la mano:
En Inglaterra, en 2011, cerca de la ciudad de Blackpool se produjo un sismo de 2.3 en la escala de Richter tras el trabajo con fracking de la empresa Cuadrilla. En 2018, luego de fuertes debates la empresa retomó las perforaciones y volvieron los sismos. En mayo del mismo año, se registró sismicidad de 1.5, la población se movilizó, el fracking se suspendió y el tema continúa en debate.
En China suspendieron la actividad luego de que tres sismos de magnitudes que variaron entre 4.6 a 4.9 sacudieran la provincia de Sichuan el 24 y 25 de febrero de pasado. Según la agencia de noticias estadounidense The Associated Press, como consecuencia de los temblores murieron dos personas y doce resultaron heridas. La actividad con fracking en la zona había comenzado en 2016.
El oeste de Canadá tiene una cuenca hidrocarburífera muy perforada con fracking, en 2014 sufrieron un sismo de 4.1 en la ciudad de Fort St. John. El yacimiento es operado por la empresa Progress Energy, subsidiaria de la malaya Petronas. En 2016, un sismo de 4.8 se sumó a los movimiento menores que llegaron junto con la actividad no convencional de la empresa Repsol en Alberta. Contrariamente a las inapelables afirmaciones del IAPG, reproducidas por los funcionarios argentinos, los científicos de la Universidad de Calgary que estudiaron los eventos de Alberta afirman que los terremotos fueron inducidos de dos maneras: por el aumento de la presión cuando ocurrió el fracking y, durante un tiempo después del proceso, por los cambios de presión provocados por la presencia persistente de líquido de fracking.
En Estados Unidos la situación es aún más grave. Allí, el país más perforado con fracking en el mundo, los sismos afectaron los estados de Texas, Kansas, Colorado, Nuevo México, Oklahoma y Ohio. Según el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) el aumento exponencial de los movimientos data del año 2009, cuando el fracking revolucionó el mapa energético mundial con la explotación a escala masiva.
En 2011 en la localidad de Prague, Condado de Lincoln, en Oklahoma hubo tres importantes eventos de 4.8, 5.7 y 4.8 durante el mes de noviembre. En 2013, en el mismo estado, se produjeron más de cien eventos; en 2014 se registraron quinientos ochenta y cinco sismos de más de 3 grados Richter; y en 2015 se reportaron cinco mil ochocientos treinta y ocho movimientos. En septiembre de 2016, un movimiento de 5.8 sacudió nuevamente la misma zona, el epicentro se registró en la localidad de Pawnee. Por los eventos ocurridos entre el 2011 al 2016, las empresas Spess Oil Company, Equal Energy US, Inc. y Fairfield Oil & Gas Corp tuvieron que indemnizar con 925.000 dólares a quienes sufrieron daños y roturas. Según diversos estudios, las aguas residuales en pozos sumideros son las responsables de los sismos inducidos. En 2016 la Comisión de la Corporación de Oklahoma le exigió a la industria que reduzca un 40% la inyección e implementen planes de mitigación después de un terremoto de magnitud 2.5 o más, y suspender las operaciones luego de un terremoto de magnitud 3.5 o mayor.
En 2017, un equipo de geólogos confirmó de manera concluyente que los terremotos en la cuenca de Fort Worth de Texas fueron inducidos por la inyección subterránea de desechos de fracking. Según cita el “Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios que demuestran los riesgos y daños del fracking, de la edición de 2018”, la investigadora geofísica Marina Magnani realizó mapas de las fallas sísmicamente activas en la cuenca de Fort Worth. Para ella esas fallas han estado “durmiendo” durante aproximadamente los últimos 300 millones de años hasta que se “despertaron”, coincidente con el terremoto del año 2008 asociado con actividades extensas de inyección de aguas residuales.
Un fortín se pone de pie
Fortín de Piedra es hoy el área estrella de Vaca Muerta, la actividad extractiva actualmente se ubica en la margen norte del río Neuquén, pero el bloque también incluye al pueblo Sauzal Bonito y las tierras de la comunidad mapuce Wirkaleo, al sur de ese cauce. La concesión del área le pertenece a la empresa Tecpetrol del grupo Techint, cuyo dueño es el empresario ítalo argentino Paolo Rocca.
Desde la localidad pueden verse las siluetas de los grandes equipos que van cambiando de lugar una vez concluidos los más de 4.000 metros verticales y los casi 3.000 metros horizontales de perforación de cada uno de los 81 pozos que la empresa ha declarado ante Secretaría de Energía. Entre ese proceso y la fractura, se hace con un punzado que consiste en una gran explosión que dispara un proyectil que traspasa el tubo de acero y navega hasta varios centenares de metros dentro de la roca. Posteriormente se realiza el proceso de fractura hidráulica que inyecta con fuerte presión el cóctel compuesto de agua, químicos y arenas sicilias, que los obreros llaman “sopa”. Esto se repite decenas de veces en cada pozo. Tecpetrol ha superado las 30 inyecciones en algunos pozos y en los meses de esplendor acumuló más de 280 procesos por mes. En un pozo se inyecta un promedio de 25 millones de litros y se recupera menos del 30%. Lo recuperado, en general, se inyecta al subsuelo mediante pozos sumideros.
El caso de Fortín de Piedra es paradigmático, en julio de 2016 recibió la concesión del área por parte de la Provincia. A los pocos meses, en marzo de 2017, entró en el programa de estímulos a la producción, conocido como Resolución 46, impulsado por el entonces ministro de Energía y ex CEO de Shell en Argentina, Juan José Aranguren. En enero de 2018 producía 1.32 MMm3 de gas (millón de metro cúbico), para enero de 2019 la producción gasífera ascendía a 13.68 MMm3, lo que representa más del 10% de gas que se extrae en todo país. Para fines de 2018 la compañía ya lideraba la producción gasífera en la formación Vaca Muerta. Desde que accedió al programa de estímulos, Tecpetrol se hizo del 57% de los recursos destinados por el Estado nacional a ese programa. Actualmente, y tras una modificación en la aplicación de la normativa para adecuarla a los requerimientos del FMI, se recortaron los subsidios y Tecpetrol reclama una deuda de 2018 que ascendería a 5.655 millones de pesos.
Fortín de Piedra, una de la productoras de gas más importantes del país. Perfora sobre territorios carentes de gas y empobrecidos. Mientras el Estado nacional inyecta millones de pesos en subsidios, el Estado provincial recolecta millones en regalías. Entre tanto, los temblores se agudizan y las políticas públicas están focalizadas en la renta.
¿Por qué tiembla Vaca Muerta? Puede que no se obtenga un respuesta rápidamente y por eso es urgente una moratoria, es decir, un freno a la explotación hasta que estudios certeros aseguren que los sismos no son producidos por la actividad hidrocarburífera, antes de que ocurra un evento con peores consecuencias.
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Fecha de Publicación: 27/03/2019
Fuente: OPS
Provincia/Región: Neuquén
El temor por posibles derrumbes, la rotura de viviendas y mucha incertidumbre se han convertido en parte del cotidiano de quienes habitan Sauzal Bonito. El pueblo patagónico ubicado sobre la formación de shale Vaca Muerta no para de temblar desde que la explotación de gas no convencional comenzó en ese rincón de la provincia del Neuquén. Tanto las autoridades públicas como las empresas tratan de desvincular el incremento de la actividad sísmica de la extracción de hidrocarburos, sin embargo hay un pueblo que padece lo mismo que ocurrió en otras partes del globo en las que el controvertido paquete tecnológico del fracking llegó. Mientras investigaciones académicas demandan profundizar los estudios sobre las causas y el cuestionado negacionismo balbucea respuesta, la tierra no deja de temblar.
Sauzal Bonito es una pequeña localidad ubicada en el centro de la provincia de Neuquén. Desde hace cuatros años allí se registran movimientos sísmicos frecuentes. Debajo sus casas se encuentra Vaca Muerta, la formación de shale de la que se habla en el mundo y que hoy es frackeada por poderosas empresas petroleras. Su ejido quedó dentro de dos áreas, Fortín de Piedra y La Ribera operados por las compañías Tecpetrol e YPF respectivamente. La aventura de los hidrocarburos no convencionales es la gran apuesta que desarrollaron los últimos dos gobiernos nacionales, hoy incluso es la principal destino de inversiones extranjeras directas que llegan al país.
El subsuelo neuquino es poco conocido en términos del shale, la curva de aprendizaje se encuentra en plena marcha. “Vaca Muerta tiene un gran potencial” suele escucharseles decir con algarabía al desfile de CEOs y empresarios que cruzan el río Colorado para visitar la zona que está siendo explorada y explotada . La Cuenca Neuquina hoy es un laboratorio del fracking. Navegar a varios niveles, tener ramas laterales de más 3.000 metros, aumentar el número de procesos de fracturas, punzados más potentes, tubos más grandes, y nuevos químicos corrosivos, son algunas de las experimentaciones que las empresas están realizando. Si bien falta mucha infraestructura para que puedan desarrollarse masivamente varias áreas a la vez, los jugosos subsidios a la extracción entregados por Estado nacional a modo de incentivo han producido que se perfore tanto que en pocos años se encontró un cuello de botella: faltan más ductos. Construirlos es caro, fracasó la participación público privada y el gobierno nacional acaba de anunciar que se tomarán fondos del ANSES para garantizar su construcción. También falta consolidar un mercado de destino y en ese sentido las chances de competitividad son muy complicadas para los sueños exportadores de quienes comandan el megaproyecto.
Sauzal Bonito tiene 300 habitantes y sus pobladores viven de la cría de animales y de la producción de frutas finas, nueces y hortalizas. Se encuentra justo a mitad de camino entre la comarca petrolera de Plaza Huincul y Cutral Co -que supo ser referencia nacional de producción convencional- y la emergente Añelo, que oficia de base para el boom de los no convencionales. La presencia estatal es escasa, la escuela primaria 243, un pequeño centro de salud para atención primaria, un destacamento policial que cuenta con un móvil, un salón muy poco equipado que se utiliza como gimnasio y la Comisión de Fomento, que es como una intendencia pero de menor rango.
El 19 de noviembre de 2015 un sismo de 4.2 grados de escala Richter de magnitud fue detectado al sur oeste de Añelo, tras el evento se prendieron varias alarmas. La población se preocupó al sentir el movimiento, algunos medios cubrieron el acontecimiento y las miradas empezaron a volcarse sobre la reciente e intensa actividad petrolera. Tanto el gobierno de la provincia de Neuquén -quién posee el dominio del subsuelo-, como las empresas, habían tomado como cierto e incuestionable el discurso de “sismos cero” elaborado y propagandizado por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG). Incluso el entonces gobernador Jorge Sapag envió a imprimir 10.000 ejemplares del “ABC de los no convencionales”, un manual pro fracking que entre otras cosas rechazaba la posibilidad de sismos inducidos por la actividad. Los ejemplares se repartieron en escuelas de la provincia.
Con el tiempo, la intermitencia de los movimientos se profundizó de tal manera que entre diciembre 2018 y la primer quincena de marzo de 2019 los movimientos registrados y reportados por la ONG Sismología Chile suman 82, algunos de los cuales llegaron incluso a los 4.8 grados en escala Richter.
Las respuesta que faltan
La población de Sauzal Bonito se siente vulnerable, a pesar de la intensidad y repetición de los movimientos, aún no cuenta con un plan de contingencia. Hugo Acuña es el único bombero voluntario que hay en el pueblo, vive en la localidad desde 1975. “Yo trabajo con recursos propios y de mi viejo, los dos ponemos nuestros recursos; dependemos de bomberos Plaza Huincul y ellos no nos han enviado nada”. afirma. “Yo he llamado un montón de veces no solo por recursos, sino también por capacitación. Y bueno, estamos sin recursos y sin nada, pero si hay que salir, saldremos con lo que tenemos. Estamos dispuestos a laburar”.
El presidente de la Comisión de Fomento, Ariel Zapata, reconoce la falta de un plan de prevención. “Contamos con un centro de salud, las derivaciones son al hospital regional de Plaza Huincul y son 40 minutos que demora una ambulancia en llegar al lugar, no contamos con una ambulancia, contamos con un móvil policial y los vehículos de acá, de la Comisión de Fomento, que son pocos también”, sostiene. A pesar de la visita del director de Defensa Civil provincial, Martín Giusti, las capacitaciones no llegan. “He elevado un pedido a la Provincia para que mande gente especializada y capacitar a la gente, para saber qué hacer en caso de que sea mayor”, explica Zapata. “Hasta ahora es un temblor nada más y no de grado alto que llegue a pasar a mayores, es un temblor nomás”, sostiene con evidente nerviosismo, pero intentando dar un mensaje de tranquilidad.
Para tener más certezas sobre el origen de los movimientos, la población deberá esperar el tiempo prudente de estudios, mientras las acciones preventivas deberían ser parte de un política de intervención del Estado. El bombero Acuña remarca la falta de mediciones de la zona: “En realidad no sé qué puede ser, porque no hay sismógrafo, lo único que podríamos saber si los geólogos saben detectar qué es un movimiento, qué es una explosión, qué es un procedimiento petrolero, ahí sabremos de qué se trata. Yo no puedo opinar desde mi lugar, porque no sé qué es”. También describe que los últimos movimientos fueron más potentes: “Algunos sismos han sido muy violentos, el último fue aproximadamente a las dos y media de la mañana y tuvo la particularidad de que fue más largo que los otros, duró más tiempo y eso generó que se cayeran más cosas”.
Rosa Sandoval vive en la entrada del pueblo, su casa está al lado de la ruta provincial 17 y vió la llegada de Vaca Muerta desde su ventana. Camiones con grandes equipos comenzaron a circular camino a Añelo en 2014. Las paredes de la vivienda tienen grandes fisuras. Defensa Civil puso unos parches de yeso que llaman “testigos” para certificar si las roturas son nuevas y consecuencia de los movimientos. La familia de Rosa no tiene dudas, son cicatrices de Vaca Muerta. “Vivo hace 19 años acá, en Sauzal Bonito, tengo mi casa de adobe y de bloque, hace más de un año estoy sufriendo sismos. Le llaman sismos pero los provoca el hombre. Se me está partiendo la casa, últimamente de noviembre a enero ha sido terrible, se me terminó de partir toda la casa”, asegura. La mayor preocupación de Rosa es su familia, sus seis hijos criados en ese hogar y sus diecisiete nietos, uno de ellos estaba cuando ocurrió uno de los movimientos más fuertes, que hizo que se caiga la alacena. Con foto en mano, asegura que ese día tuvo mucho miedo. Su hogar, como el del resto del pueblo, no tiene gas y la estufa con la que se calefaccionan se partió con los movimientos. Rosa espera poder arreglarla antes de que llegue el frío crudo del invierno.
“Los sismos, o supuestamente simos, que hay son movimientos que empezaron cuando llegó Vaca Muerta, cuando llegó Fortín de Piedra, y con eso empezaron acontecimientos de moverse las casas y empezó a ser más continuo”, sostiene Luciano Muñoz, quien vive en el pueblo desde hace unos años. En tanto su vecino, Adrián Sandoval indica: “Los temblores los vivimos día a día, tuvimos 38 temblores en un día y ya nuestros hijos demuestran su preocupación, donde empieza a temblar la casa te dicen: ‘¿papá que vamos a hacer? ¿se va a caer la casa?’”. Nacida y criada en Sauzal Bonito, Graciela Fuentes vive junto a sus tres hijas y un hijo en una de las viviendas más afectadas. Ella asegura que en cada movimiento no llega a sacarlas de la casa y a veces salen corriendo ellas mismas, incluso en plena madrugada. Por los movimientos, más de la mitad del revoque de las paredes se cayó, dejando a la vista los ladrillos de adobe. Un hueco en la pared muestra las heridas de un hogar que corre peligro de derrumbe. Según le dijeron, ella sería una de las primeras reubicadas en una vivienda nueva que la Provincia prometió construir para compensar los daños.
En la localidad también tienen problemas para acceder al agua potable -en febrero estuvieron dos semanas consecutivas sin el vital recurso- a pesar de estar sobre la margen sur del impetuoso río Neuquén. El río Neuquén es la fuente principal de alimentación de agua para el fracking, las tomas se encuentran sobre su margen norte. Enormes mangueras esparcidas por la meseta alimentan la demanda de los distintos pozos -cada uno de ellos utiliza alrededor de 25 millones de litros durante el proceso de fractura. Pero ese no es único problema con el agua. Este año la escasez afectó la producción. “Nosotros, estando en las primeras chacras, no podemos regar, regar cuando se necesita, no cuando el agua viene, porque a veces, cuando al fin tenemos, agua las plantas ya se secaron”, explica Inés Fuentes.
Eppurse e muove -y sin embargo se mueve-
Los estudios sobre sismos inducidos por actividades antropogénicas como la petrolera son muchos, e incluso reconocidos por propios impulsores de la extracción del subsuelo. La provincia de Neuquén contó con diagnósticos sobre el tema, pero tomó escasas o nulas medidas preventivas. La ausencia de sismógrafos y la falta de estudios sobre la posible reactivación de fallas geológicas, previos al comienzo de un megaproyecto de la envergadura de Vaca Muerta, puede definirse, al menos, como imprudente.
El ingeniero y legislador provincial Luis Felipe Sapag, un estudioso de la materia y férreo defensor del fracking, en su libro Entender Vaca Muerta, fracking: ¿zona de sacrificio o tierra prometida?, rechaza la crítica de los sismos inducidos y utiliza casos de sismos principalmente en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Sapag discute que un sismo no es un terremoto, y asegura que los sismos no los genera el fracking sino lo pozos sumideros. Toma la información provista por geófonos de las empresas durante los procesos de fractura y concluye que los movimientos son monitoreados e imperceptibles. “La sismicidad de los trabajos realizados por YPF equivalen a una millonésima del menor terremoto con intensidad suficiente para hacer daño”, y concluye: “si alguien no la cree, podría instalar su propio sismógrafo a cien kilómetros de las operaciones de fracking en la zona de Añelo. Si la aguja se moviera más allá de cuatro micrones, entonces el mencionado testimonio no sería cierto”, sentencia el legislador.
En noviembre del 2014 los geólogos e investigadores de la Universidad de San Juan, Sebastián Correa Otto y Silvina Nacif, instalaron once sismógrafos para realizar el estudio Sismicidad en la cuenca Neuquina, monitoreo de la actividad de fracking en la formación Vaca Muerta, tomaron datos hasta julio del 2016. Ese estudio desmiente las afirmaciones de Sapag y evidencia que la aguja efectivamente se movió. El objetivo del trabajo fue evaluar la sismicidad base en la región de Añelo para determinar posible actividad neotectónica y también sismicidad asociada a la inyección de fluidos parte de la actividad hidrocarburífera. El 19 de noviembre de 2015 registraron el sismo de 4.2 grados, ocurrido al sur oeste de Añelo, y determinaron que sucedió sobre la Dorsal Huincul. La conclusión preliminar de estos autores es que “son reactivaciones tectónicas de la dorsal de Huincul debido a los esfuerzos compresivos del margen activo de subducción controlados por la estructura compleja de la dorsal; o posible reactivación de una falla antigua debido a la actividad de fracturamiento hidráulico y la inyección de fluidos en la zona”. Por lo que sugirieron que se realicen mayores estudios, pero nadie escuchó.
Joaquín Vásquez dirige el Departamento de Analistas de la ONG Sismología Chile, su organización viene siguiendo de cerca lo que está ocurriendo en la norpatagonia neuquina. Sauzal Bonito se mueve, los vecinos denuncian, pero nadie lo constataba. Desde el 2018 el trabajo de la ONG trasandina se tornó en la referencia que corrobora con sus reportes lo que en el territorio los/as vecinos/as sienten. En enero del 2019 Vásquez publicó el trabajo Sismicidad en Sauzal Bonito, Cuenca Neuquina, allí coincide con Correa Otto y Nacif: una falla geológica se reactivó y su principal sospecha apunta a la inducción antropogénica. En su conclusión afirma: “No se descarta que la actividad pueda estar influenciada con la extracción de petróleo, relacionadas con las técnicas de fracturamiento hidráulico, posterior inyección y eliminación de fluidos”. Agrega, además, que “un aumento de esta actividad podría generar un aumento en la tensión de las fallas y, por tanto, una mayor sismicidad, sin embargo, para eso se necesita un análisis más exhaustivo y una investigación local” (Vásquez, 2019). Nueva advertencia, sobre la necesidad de investigar a fondo lo que allí está ocurriendo.
No es solo Sauzal Bonito, una recorrida por otros casos
Los temblores continúan y las repeticiones preocupan a la población de Sauzal Bonito que, ante la falta de respuestas, en febrero cortó la ruta provincial 17, arteria central de la explotación en el auge de Vaca Muerta. El gobierno prometió investigar el caso involucrando al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (InPreS), a los técnicos de la Universidad Nacional de San Juan y también a las empresas mediante el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), el mismo que aseguró “sismos cero”. Hubo dos movimientos reportados en noviembre, cuatro en diciembre, 56 en enero, 17 en febrero y tres en lo que va de marzo. Los últimos cuatro meses suman 82 movimientos. Entre estos, uno de 4.8 grados Richter, el más fuerte de los últimos sesenta años en la zona. En un acto de sinceridad, el director provincial de Exploración, Explotación y Transporte de Hidrocarburos, Alex Valdez, expresó al diario Río Negro: “Uno a eso lo veía venir por los antecedentes de Estados Unidos, pero nosotros queremos investigar y fundar antecedentes”.
Hay muchos casos de explotación en los que el fracking y los movimientos llegaron de la mano:
En Inglaterra, en 2011, cerca de la ciudad de Blackpool se produjo un sismo de 2.3 en la escala de Richter tras el trabajo con fracking de la empresa Cuadrilla. En 2018, luego de fuertes debates la empresa retomó las perforaciones y volvieron los sismos. En mayo del mismo año, se registró sismicidad de 1.5, la población se movilizó, el fracking se suspendió y el tema continúa en debate.
En China suspendieron la actividad luego de que tres sismos de magnitudes que variaron entre 4.6 a 4.9 sacudieran la provincia de Sichuan el 24 y 25 de febrero de pasado. Según la agencia de noticias estadounidense The Associated Press, como consecuencia de los temblores murieron dos personas y doce resultaron heridas. La actividad con fracking en la zona había comenzado en 2016.
El oeste de Canadá tiene una cuenca hidrocarburífera muy perforada con fracking, en 2014 sufrieron un sismo de 4.1 en la ciudad de Fort St. John. El yacimiento es operado por la empresa Progress Energy, subsidiaria de la malaya Petronas. En 2016, un sismo de 4.8 se sumó a los movimiento menores que llegaron junto con la actividad no convencional de la empresa Repsol en Alberta. Contrariamente a las inapelables afirmaciones del IAPG, reproducidas por los funcionarios argentinos, los científicos de la Universidad de Calgary que estudiaron los eventos de Alberta afirman que los terremotos fueron inducidos de dos maneras: por el aumento de la presión cuando ocurrió el fracking y, durante un tiempo después del proceso, por los cambios de presión provocados por la presencia persistente de líquido de fracking.
En Estados Unidos la situación es aún más grave. Allí, el país más perforado con fracking en el mundo, los sismos afectaron los estados de Texas, Kansas, Colorado, Nuevo México, Oklahoma y Ohio. Según el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) el aumento exponencial de los movimientos data del año 2009, cuando el fracking revolucionó el mapa energético mundial con la explotación a escala masiva.
En 2011 en la localidad de Prague, Condado de Lincoln, en Oklahoma hubo tres importantes eventos de 4.8, 5.7 y 4.8 durante el mes de noviembre. En 2013, en el mismo estado, se produjeron más de cien eventos; en 2014 se registraron quinientos ochenta y cinco sismos de más de 3 grados Richter; y en 2015 se reportaron cinco mil ochocientos treinta y ocho movimientos. En septiembre de 2016, un movimiento de 5.8 sacudió nuevamente la misma zona, el epicentro se registró en la localidad de Pawnee. Por los eventos ocurridos entre el 2011 al 2016, las empresas Spess Oil Company, Equal Energy US, Inc. y Fairfield Oil & Gas Corp tuvieron que indemnizar con 925.000 dólares a quienes sufrieron daños y roturas. Según diversos estudios, las aguas residuales en pozos sumideros son las responsables de los sismos inducidos. En 2016 la Comisión de la Corporación de Oklahoma le exigió a la industria que reduzca un 40% la inyección e implementen planes de mitigación después de un terremoto de magnitud 2.5 o más, y suspender las operaciones luego de un terremoto de magnitud 3.5 o mayor.
En 2017, un equipo de geólogos confirmó de manera concluyente que los terremotos en la cuenca de Fort Worth de Texas fueron inducidos por la inyección subterránea de desechos de fracking. Según cita el “Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios que demuestran los riesgos y daños del fracking, de la edición de 2018”, la investigadora geofísica Marina Magnani realizó mapas de las fallas sísmicamente activas en la cuenca de Fort Worth. Para ella esas fallas han estado “durmiendo” durante aproximadamente los últimos 300 millones de años hasta que se “despertaron”, coincidente con el terremoto del año 2008 asociado con actividades extensas de inyección de aguas residuales.
Un fortín se pone de pie
Fortín de Piedra es hoy el área estrella de Vaca Muerta, la actividad extractiva actualmente se ubica en la margen norte del río Neuquén, pero el bloque también incluye al pueblo Sauzal Bonito y las tierras de la comunidad mapuce Wirkaleo, al sur de ese cauce. La concesión del área le pertenece a la empresa Tecpetrol del grupo Techint, cuyo dueño es el empresario ítalo argentino Paolo Rocca.
Desde la localidad pueden verse las siluetas de los grandes equipos que van cambiando de lugar una vez concluidos los más de 4.000 metros verticales y los casi 3.000 metros horizontales de perforación de cada uno de los 81 pozos que la empresa ha declarado ante Secretaría de Energía. Entre ese proceso y la fractura, se hace con un punzado que consiste en una gran explosión que dispara un proyectil que traspasa el tubo de acero y navega hasta varios centenares de metros dentro de la roca. Posteriormente se realiza el proceso de fractura hidráulica que inyecta con fuerte presión el cóctel compuesto de agua, químicos y arenas sicilias, que los obreros llaman “sopa”. Esto se repite decenas de veces en cada pozo. Tecpetrol ha superado las 30 inyecciones en algunos pozos y en los meses de esplendor acumuló más de 280 procesos por mes. En un pozo se inyecta un promedio de 25 millones de litros y se recupera menos del 30%. Lo recuperado, en general, se inyecta al subsuelo mediante pozos sumideros.
El caso de Fortín de Piedra es paradigmático, en julio de 2016 recibió la concesión del área por parte de la Provincia. A los pocos meses, en marzo de 2017, entró en el programa de estímulos a la producción, conocido como Resolución 46, impulsado por el entonces ministro de Energía y ex CEO de Shell en Argentina, Juan José Aranguren. En enero de 2018 producía 1.32 MMm3 de gas (millón de metro cúbico), para enero de 2019 la producción gasífera ascendía a 13.68 MMm3, lo que representa más del 10% de gas que se extrae en todo país. Para fines de 2018 la compañía ya lideraba la producción gasífera en la formación Vaca Muerta. Desde que accedió al programa de estímulos, Tecpetrol se hizo del 57% de los recursos destinados por el Estado nacional a ese programa. Actualmente, y tras una modificación en la aplicación de la normativa para adecuarla a los requerimientos del FMI, se recortaron los subsidios y Tecpetrol reclama una deuda de 2018 que ascendería a 5.655 millones de pesos.
Fortín de Piedra, una de la productoras de gas más importantes del país. Perfora sobre territorios carentes de gas y empobrecidos. Mientras el Estado nacional inyecta millones de pesos en subsidios, el Estado provincial recolecta millones en regalías. Entre tanto, los temblores se agudizan y las políticas públicas están focalizadas en la renta.
¿Por qué tiembla Vaca Muerta? Puede que no se obtenga un respuesta rápidamente y por eso es urgente una moratoria, es decir, un freno a la explotación hasta que estudios certeros aseguren que los sismos no son producidos por la actividad hidrocarburífera, antes de que ocurra un evento con peores consecuencias.
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En el Parque Mburucuyá también quieren "infraestructuras"
Alerta en el Parque Mburucuyá por un proyecto nacional para concesionar servicios en áreas naturales protegidas
Fecha de Publicación: 27/03/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
“Con el objetivo de diversificar la oferta de servicios ecoturísticos en áreas naturales protegidas, de importancia y reconocimiento internacional; para captar nuevos mercados y extender la estadía promedio de los visitantes, de forma tal de aumentar el gasto turístico y dinamizar las economías regionales, a través de servicios de calidad, infraestructura sustentable y experiencias inolvidables, te invitamos a presentar propuestas innovadoras para desarrollar el Turismo de Naturaleza en escenarios de una belleza única: los Parques Nacionales de la Argentina”. Esta es la invitación oficial que figura en el página web oficial del Gobierno de nuestro país. Una propuesta que implicaría -por ejemplo- el desarrollo de proyectos de hosterías y parques temáticos- y que generó un fuerte rechazo en el Parque Nacional Iguazú (Misiones).
Ahora también trabajadores del Parque Nacional Mburucuyá están en alerta. Así lo expresaron desde dicho sector a El Litoral.
En este sentido, aseveraron que por ello resolvieron emitir un comunicado. A través del citado escrito expresan que el proyecto de inversiones “Oportunidades naturales” incluye al Parque Nacional Mburucuyá.
“Lo que pretenden instalar dentro del Parque, en lo que fuera el ‘Puesto de Lolo’, es un predio sin limitación física para que una empresa de gran capital, por las características del proyecto, realice un glamping (cabañas desmontables de lujo), para que solamente haga uso un sector muy reducido de la sociedad, generando que las comunidades locales y regionales no se vean beneficiadas desde ningún punto de vista, ya que no contribuirá al real desarrollo de las economías locales por no generar oportunidades de trabajo en el largo plazo ni participación local”, señalaron. Al mismo tiempo consideraron que “además generaría competencia desleal hacia los emprendimientos locales”.
Impacto
Mientras que en otro párrafo advierten que “ese proyecto generaría impactos ambientales negativos porque se quiere desmontar un área poco representada en el Parque Nacional -sólo el 10%- como lo son los mogotes. Afectando así la diversidad de especies de la flora y la fauna”. A lo que agregaron que “la propuesta no establece el lugar donde irán los desechos cloacales y la disposición final de residuos, entendiéndose de esta manera que se generará contaminación ambiental por desechos cloacales y basura dentro del Parque Nacional”.
En este contexto, recuerdan que la citada área “ya cuenta con con sector de camping, con baños, duchas, fogones y quinchos gratuitos y así debería continuar”. Asimismo, destacan que “en el caso de generarse nuevos servicios como proveeduría, kayak, bicicletas, etc., deben ser otorgados para su realización a emprendedores locales, como lo expresan distintas normativas sobre el tema”.
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Fecha de Publicación: 27/03/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
“Con el objetivo de diversificar la oferta de servicios ecoturísticos en áreas naturales protegidas, de importancia y reconocimiento internacional; para captar nuevos mercados y extender la estadía promedio de los visitantes, de forma tal de aumentar el gasto turístico y dinamizar las economías regionales, a través de servicios de calidad, infraestructura sustentable y experiencias inolvidables, te invitamos a presentar propuestas innovadoras para desarrollar el Turismo de Naturaleza en escenarios de una belleza única: los Parques Nacionales de la Argentina”. Esta es la invitación oficial que figura en el página web oficial del Gobierno de nuestro país. Una propuesta que implicaría -por ejemplo- el desarrollo de proyectos de hosterías y parques temáticos- y que generó un fuerte rechazo en el Parque Nacional Iguazú (Misiones).
Ahora también trabajadores del Parque Nacional Mburucuyá están en alerta. Así lo expresaron desde dicho sector a El Litoral.
En este sentido, aseveraron que por ello resolvieron emitir un comunicado. A través del citado escrito expresan que el proyecto de inversiones “Oportunidades naturales” incluye al Parque Nacional Mburucuyá.
“Lo que pretenden instalar dentro del Parque, en lo que fuera el ‘Puesto de Lolo’, es un predio sin limitación física para que una empresa de gran capital, por las características del proyecto, realice un glamping (cabañas desmontables de lujo), para que solamente haga uso un sector muy reducido de la sociedad, generando que las comunidades locales y regionales no se vean beneficiadas desde ningún punto de vista, ya que no contribuirá al real desarrollo de las economías locales por no generar oportunidades de trabajo en el largo plazo ni participación local”, señalaron. Al mismo tiempo consideraron que “además generaría competencia desleal hacia los emprendimientos locales”.
Impacto
Mientras que en otro párrafo advierten que “ese proyecto generaría impactos ambientales negativos porque se quiere desmontar un área poco representada en el Parque Nacional -sólo el 10%- como lo son los mogotes. Afectando así la diversidad de especies de la flora y la fauna”. A lo que agregaron que “la propuesta no establece el lugar donde irán los desechos cloacales y la disposición final de residuos, entendiéndose de esta manera que se generará contaminación ambiental por desechos cloacales y basura dentro del Parque Nacional”.
En este contexto, recuerdan que la citada área “ya cuenta con con sector de camping, con baños, duchas, fogones y quinchos gratuitos y así debería continuar”. Asimismo, destacan que “en el caso de generarse nuevos servicios como proveeduría, kayak, bicicletas, etc., deben ser otorgados para su realización a emprendedores locales, como lo expresan distintas normativas sobre el tema”.
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Vuelven a inspeccionar ingenios azucareros tucumanos
Inspeccionan ingenios azucareros de Tucumán para evitar contaminación en la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 27/03/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Tucumán
Técnicos de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero iniciaron hoy tareas de inspección en diez ingenios azucareros de Tucumán para controlar los afluentes industriales que suelen contaminar la cuenca de los ríos Salí y Dulce, informaron fuentes oficiales.
Se trata de una tarea conjunta del Ministerio del Agua y Ambiente, la Secretaría de Ambiente de Tucumán y la Secretaría de Ambiente de la Nación, en cumplimiento de un acuerdo rubricado entre los gobiernos de Santiago del Estero, Tucumán y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como garante.
Tras las inspecciones que demandarán dos días, se redactará un informe trimestral sobre el grado de adecuación de metas y objetivos en la ejecución de obras y control de efluentes industriales y subproductos de los ingenios con destilería para no alterar ni contaminar el agua de la cuenca Salí (Tucumán) y Dulce (Santiago del Estero).
"Las inspecciones tienen por objetivo verificar el cumplimiento de obras y control de efluentes y desechos industriales, en especial la vinaza, que tanto daño produjo en su momento con la mortandad de peces en el río Dulce y el embalse de Río Hondo, hoy recuperados", dijo el Defensor del Pueblo santiagueño, Leonel Suárez.
Tiempo atrás, el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, denunció la aparición de nuevos focos de contaminación en la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el lago de Las Termas de Río Hondo, 78 kilómetros al norte de la capital santiagueña, al parecer por residuos arrojados por ingenios tucumanos.
El año pasado, distintas organizaciones ambientalistas volvieron a reclamar por nuevas contaminaciones con desechos industriales de Tucumán, en el lago de Las Termas de Río Hondo, que provocaron la mortandad de miles de peces, entre especies de sábalos, dorados y bagres.
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Fecha de Publicación: 27/03/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Tucumán
Técnicos de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero iniciaron hoy tareas de inspección en diez ingenios azucareros de Tucumán para controlar los afluentes industriales que suelen contaminar la cuenca de los ríos Salí y Dulce, informaron fuentes oficiales.
Se trata de una tarea conjunta del Ministerio del Agua y Ambiente, la Secretaría de Ambiente de Tucumán y la Secretaría de Ambiente de la Nación, en cumplimiento de un acuerdo rubricado entre los gobiernos de Santiago del Estero, Tucumán y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como garante.
Tras las inspecciones que demandarán dos días, se redactará un informe trimestral sobre el grado de adecuación de metas y objetivos en la ejecución de obras y control de efluentes industriales y subproductos de los ingenios con destilería para no alterar ni contaminar el agua de la cuenca Salí (Tucumán) y Dulce (Santiago del Estero).
"Las inspecciones tienen por objetivo verificar el cumplimiento de obras y control de efluentes y desechos industriales, en especial la vinaza, que tanto daño produjo en su momento con la mortandad de peces en el río Dulce y el embalse de Río Hondo, hoy recuperados", dijo el Defensor del Pueblo santiagueño, Leonel Suárez.
Tiempo atrás, el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, denunció la aparición de nuevos focos de contaminación en la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el lago de Las Termas de Río Hondo, 78 kilómetros al norte de la capital santiagueña, al parecer por residuos arrojados por ingenios tucumanos.
El año pasado, distintas organizaciones ambientalistas volvieron a reclamar por nuevas contaminaciones con desechos industriales de Tucumán, en el lago de Las Termas de Río Hondo, que provocaron la mortandad de miles de peces, entre especies de sábalos, dorados y bagres.
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Capital Federal es la octava ciudad más ruidosa del mundo
La ciudad de la furia
Fecha de Publicación: 26/03/2019
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La consultora ambiental CitiQuiet, de Nueva York, la ubicó entre las diez metrópolis con mayor nivel de ruido. Gran parte de la ciudad tiene casi 80 decibeles durante el día.
Buenos Aires es la octava ciudad más ruidosa del mundo. El dato se desprende de un estudio reciente de la consultora ambiental CitiQuiet, con sede en Nueva York. Además, es la única ciudad de América Latina que integra el ranking de las diez ciudades más ruidosas y que completan Bombay, Calcuta, El Cairo, Nueva Delhi, Tokio, Madrid, Nueva York, Shanghai y Karachi.
El caos vehicular, las permanentes obras en construcción, los cortes de calles y el ruido de bares y boliches convierten a Buenos Aires en la verdadera ciudad de la furia. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), los sonidos que superan los 70 decibeles son considerados molestos mientras que aquellos que están por encima de los 90 decibeles son dañinos, sobre todo si se trata de una exposición a largo plazo como ocurre, por ejemplo, entre aquellos que viven en las zonas cercanas a autopistas o los trabajadores del subte. Además, esa organización establece como “deseable” los 50 decibeles y recomienda no estar expuesto a más de 55 decibeles durante la noche ya que puede dañar la salud.
“La contaminación sonora impacta en la capacidad auditiva, pero también tiene consecuencias sobre la salud en otros niveles como el aumento del estrés, aumento de la presión arterial, fatiga crónica, trastornos del sueño y alteraciones respiratorias, entre otros”, dijo Eduardo Hocsman, médico otólogo de la Fundación Favaloro y jefe del sector de otología del Hospital de Clínicas José de San Martín. Además, subrayó que “aunque los pacientes suelen decir que sí, el oído nunca se acostumbra al ruido”.
En la Ciudad de Buenos Aires, la presión sonora está regulada por la Ley 1540 de Control de la Contaminación Acústica, que clasifica a las distintas áreas de la ciudad según su sensibilidad acústica y establece rangos de entre 60 y 80 decibeles para el horario diurno y de entre 50 y 75, para el nocturno. Sin embargo, el Mapa del Ruido elaborado por el gobierno porteño muestra que gran parte de la ciudad se mantiene cerca de los 80 decibeles durante el día y que las diferencias entre los valores del día y la noche, mayoritariamente, no superan los 5 decibeles. Consultados por PáginaI12, desde la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad reconocieron “la superación de los límites máximos permisibles en un importante porcentaje de la ciudad” pero señalan que “en el momento en el que la ley fue reglamentada no existía un diagnóstico sobre la situación sonora de la ciudad, razón por la que los límites fueron establecidos de manera arbitraria”. Como es de esperar, las zonas con mayor caudal de tránsito son las más ruidosas y es por esto que desde dicho organismo aseguran que no se puede identificar barrios o comunas particularmente ruidosas sino “ejes viales con importantes emisiones sonoras”, como la avenida Corrientes o la General Paz.
Por su parte, según un estudio realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo junto con el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, entre los puntos más ruidosos de la ciudad se destacan las intersecciones de la avenida 9 de Julio y Corrientes (76,18 db), Rivadavia y Callao (71,55 db), y Cabildo y Juramento (72,54 db). Estos resultados superan incluso las mediciones realizadas en las cercanías del Aeroparque Metropolitano, donde los resultados fueron de 69,45 db. El panorama es realmente ensordecedor.
“Si a todo ese ruido cotidiano, le sumamos el ruido de los boliches –que suelen estar entre 90 y 100 decibeles– y el permanente uso de auriculares, estamos viendo cada vez más jóvenes con oídos de viejos. Hoy vemos pacientes de 25 años con la audición de uno de 70”, contó Hocsman.
“Buenos Aires es una ciudad superruidosa. Toda la ciudad es una conjunción de situaciones de ruido permanente y esto tiene que ver con una combinación de factores: parques automotores que emiten mucho ruido y no están en condiciones, calles que no mejoran el tránsito, edificios que no están preparados para absorber el impacto sonoro, sistemas constructivos que no exigen eso ni prestan atención sobre lo que significa la insonorización, entre otros”, aseguró Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Desde el gobierno porteño aseguraron que “se han implementado medidas globales”, como la peatonalización del microcentro y la implementación del metrobús sobre avenidas principales, así como también medidas de intervención acústica y repavimentación en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir la contaminación sonora. Sin embargo, los especialistas no son tan optimistas. Napoli vinculó la problemática con la falta de espacios verdes, dato no menor si se tiene en cuenta que Buenos Aires cuenta con seis metros cuadrados de espacio verde por habitante, menos de lo que recomienda Naciones Unidas, y que se perdieron 300 hectáreas de espacio verde desde el desembarco del PRO en la jefatura de gobierno de la Ciudad. “Los espacios verdes absorben los impactos ambientales en general, tanto contaminación atmosférica como la sonora. Y el sonido es vibración, entonces, a medida que se le agrega cada vez más cemento y se venden espacios verdes, lo que se produce es que haya cada vez más reverberancia. Si seguimos en este camino, vamos a tener una ciudad cada vez más ruidosa”, manifestó el especialista en Derecho Ambiental.
En esa misma línea, señaló la falta de control estatal y las escasas políticas públicas para mejorar la situación. Además, subrayó que “cuando se realizan acciones judiciales por esta problemática, es muy difícil conseguir medidas de protección” y recordó la demanda iniciada por Pedro Barragán —”un quijote de la lucha contra la contaminación sonora”— por el ruido en la autopista 25 de Mayo. “Él logró una sentencia que obliga a AUSA y al gobierno porteño a llevar adelante las acciones necesarias para disminuir el ruido en la autopista 25 de Mayo. Ese fallo está incumplido y tenemos una justicia que entiende realmente muy poco del tema y tampoco se esfuerza mucho por entender. Entonces, no se avanza en estos procesos e incumplir la norma no parece tener ningún tipo de costo”, sostuvo.
En ese sentido, el abogado señaló la necesidad de encontrar una “normativa adecuada” y aumentar el control del Estado. “La norma vigente no es adecuada ni para el control ni para las sanciones. Es necesario encontrar mecanismos en los que sea más grave incumplir las normas y eso tiene que ver con la falta de control. En la medida en que no exista control, va a ser difícil que esto se resuelva”, aseguró.
“Hay una idea generalizada de que como uno vive en una gran ciudad, hay que aguantarse el ruido. Es la misma explicación que uno puede recibir de alguien que vive en la vera del Riachuelo, que te dice siempre estuvo contaminado y lo naturaliza. Pero eso no es así y no tiene por qué ser así. La contaminación sonora es superinvisible, pero hay que tomar conciencia de que la situación existe y es grave”, concluyó Napoli.
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La Pampa impugna represa mendocina
Portezuelo: duro cruce en Coirco
Fecha de Publicación: 26/03/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Los representantes del gobierno pampeano en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado rechazaron formalmente el martes el Estudio de Impacto Ambiental Regional del proyecto hidroeléctrico multipropósito Portezuelo del Viento que ese organismo encomendó a dos universidades nacionales. Con el rechazo pampeano, se generó un diferendo que de acuerdo al Estatuto del Coirco deben resolver los gobernadores de la cuenca en el seno del Consejo de Gobierno del comité. La objeción pampeana se basó en la auditoría realizada por profesionales de la Universidad Nacional de La Pampa.
“El estudio deja mucho que desear”, sostuvo el secretario de Recursos Hídricos del gobierno provincial, Javier Schlegel, al fundamentar el rechazo pampeano al trabajo académico realizado por las Universidades Nacionales de La Plata y del Litoral. “Es un estudio que se hizo por partes, sin tener en cuenta la integralidad del proyecto ni aspectos fundamentales como es el trasvase del río Grande al río Atuel”, detalló el funcionario, que el martes llevó la voz cantante en la reunión del Coirco. “Fue una reunión bastante tensa, en la que cada uno dijo lo que tenía que decir, y muchas de nuestras objeciones no fueron respondidas”, acotó.
Junto con Schlegel, La Pampa estuvo representada en la reunión por el delegado alterno en Coirco, Juan Greco, y el procurador y delegado titular Hernán Pérez Araujo. Junto a ellos viajaron a Bahía Blanca -sede oficial del Coirco-, la asesora Luisina Grandón y el geólogo Fernando Tourn, este último en representación del equipo de la UNLPam que elaboró el informe crítico del Estudio de Impacto Ambiental Regional.
El encuentro fue encabezado por el nuevo presidente del Coirco, el rionegrino Mario de Rege, que tomó formalmente posesión del cargo en nombre del Ministerio del Interior de la Nación; y contó con la presencia del representante de Buenos Aires, Mario Aragón, el de Río Negro, Daniel Petri, dos delegados de Mendoza y uno de Neuquén.
Rechazo
Portezuelo del Viento es una gran represa que el gobierno de Mendoza, con pleno apoyo del gobierno nacional, quiere construir sobre el río Grande, el más caudaloso de los aportantes del río Colorado. Es un proyecto que en un principio era solo de carácter hidroeléctrico pero que, ante los primeros reclamos de la provincia de La Pampa, Mendoza presentó como “aprovechamiento multipropósito”, aunque sin clarificar cuáles eran los nuevos alcances. Esta fue una de las falencias más fuertes detectadas por la UNLPam.
El rechazo pampeano al Estudio de Impacto Ambiental Regional se fundó en la auditoría realizada por los profesionales de la UNLPam, que durante meses analizaron la documentación técnica elevada por Mendoza al Coirco, los documentos generados dentro del comité de cuenca, y los informes parciales y el informe final entregado por las Universidades de La Plata y del Litoral.
El trabajo detectó gran cantidad de falencias técnicas, cuestionó la metodología utilizada por las Universidades para desarrollar su Estudio, advirtió por temas claves que no han sido analizados con la profundidad requerida, y concluyó en que no están cumplidos los objetivos para los cuales fue contratado, que eran principalmente hacer un buen diagnóstico de situación, analizar los eventuales impactos, y determinar acciones de atenuación.
“La calidad técnica del trabajo que han entregado las Universidades contratadas por el Coirco es baja, lo cual no es habitual en este organismo, cuyos estudios siempre fueron fuente de consulta”, sostuvo Greco al explicar a LA ARENA su opinión. “Creo que es un estudio lamentable para Coirco y que Coirco aún se debe un estudio real de la cuenca”, abundó.
Quiebre
Además de la auditoria realizada por la UNLPam, La Pampa fundó su rechazo en otros aspectos graves. “Consideramos que el Estudio no refleja ni los términos de referencia que acordamos ni el contrato firmado con la UTE de las universidades; cuestionamos que no está contemplado el trasvase; les reprochamos que hayan tomado como base la Manifestación de Impacto Ambiental que hizo la provincia de Mendoza por su cuenta y acotada a su territorio; y nos molesta que las Universidades no hayan consultado la opinión de los organismos y especialistas pampeanos, sabiendo que tienen muchos cuestionamientos a la obra”, enumeró el secretario Schlegel.
“A nuestro entender, la forma en que se ha procedido con Portezuelo del Viento ha quebrado una relación de confianza entre las provincias que siempre existió ahí dentro, porque vemos que hubo cosas que se decidieron a espaldas de nuestra provincia, y eso lo dijimos en la reunión”, acusó el funcionario. “Ellos lo niegan, pero nosotros estamos convencidos que a las Universidades para realizar el estudio se les marcaron pautas de trabajo sin consultarnos”, acusó.
Los representantes de las otras provincias consideraron que el Estudio refleja el trabajo encomendado y que sus resultados avalan la construcción de Portezuelo del Viento. “Ellos no tuvieron ninguna objeción”, sintetizó Schlegel.
Diferendo
El rechazo pampeano al Estudio de Impacto Integral Regional sobre el proyecto Portezuelo del Viento generó un diferendo que, según el Estatuto del comité de cuenca, obliga a elevar el tema al Consejo de Gobierno del Coirco, para que sean los gobernadores, es decir, la máxima autoridad de gobierno de la cuenca, los que decidan si lo aprueban o no.
Anticipando que, llegado ese momento, el gobernador pampeano respaldará la postura de sus delegados, y los otros gobernadores procederán de la misma forma con los suyos, es de prever que el tema llegará a manos del Presidente de la Nación, que actúa como instancia extraordinaria para la resolución de estos desencuentros. El Presidente que esté en funciones en ese momento deberá emitir su laudo, como hizo Mauricio Macri cuando La Pampa objetó la construcción de la represa.
“Ellos querían darlo aprobado por mayoría, pero Pérez Araujo marcó con claridad que al no haber unanimidad, deben ser los gobernadores los que tomen la decisión final”, concluyó el secretario.
Demanda por desaguadero
Hoy por la mañana, el gobierno pampeano presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la ampliación de demanda que le solicitó ese órgano en la causa para la creación del Comité de Cuenca del río Desaguadero. Esta presentación es consecuencia de una resolución tomada por la Corte a principios de mes, cuando aceptó el pedido pampeano de tomar en sus manos, ante la inacción y desinterés de Nación, la creación del organismo de cuenca. La resolución judicial es una luz de esperanza para los permanentes reclamos pampeanos de que las provincias de aguas arriba hagan un uso consensuado y federal de los ríos interprovinciales.
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Fecha de Publicación: 26/03/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
Los representantes del gobierno pampeano en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado rechazaron formalmente el martes el Estudio de Impacto Ambiental Regional del proyecto hidroeléctrico multipropósito Portezuelo del Viento que ese organismo encomendó a dos universidades nacionales. Con el rechazo pampeano, se generó un diferendo que de acuerdo al Estatuto del Coirco deben resolver los gobernadores de la cuenca en el seno del Consejo de Gobierno del comité. La objeción pampeana se basó en la auditoría realizada por profesionales de la Universidad Nacional de La Pampa.
“El estudio deja mucho que desear”, sostuvo el secretario de Recursos Hídricos del gobierno provincial, Javier Schlegel, al fundamentar el rechazo pampeano al trabajo académico realizado por las Universidades Nacionales de La Plata y del Litoral. “Es un estudio que se hizo por partes, sin tener en cuenta la integralidad del proyecto ni aspectos fundamentales como es el trasvase del río Grande al río Atuel”, detalló el funcionario, que el martes llevó la voz cantante en la reunión del Coirco. “Fue una reunión bastante tensa, en la que cada uno dijo lo que tenía que decir, y muchas de nuestras objeciones no fueron respondidas”, acotó.
Junto con Schlegel, La Pampa estuvo representada en la reunión por el delegado alterno en Coirco, Juan Greco, y el procurador y delegado titular Hernán Pérez Araujo. Junto a ellos viajaron a Bahía Blanca -sede oficial del Coirco-, la asesora Luisina Grandón y el geólogo Fernando Tourn, este último en representación del equipo de la UNLPam que elaboró el informe crítico del Estudio de Impacto Ambiental Regional.
El encuentro fue encabezado por el nuevo presidente del Coirco, el rionegrino Mario de Rege, que tomó formalmente posesión del cargo en nombre del Ministerio del Interior de la Nación; y contó con la presencia del representante de Buenos Aires, Mario Aragón, el de Río Negro, Daniel Petri, dos delegados de Mendoza y uno de Neuquén.
Rechazo
Portezuelo del Viento es una gran represa que el gobierno de Mendoza, con pleno apoyo del gobierno nacional, quiere construir sobre el río Grande, el más caudaloso de los aportantes del río Colorado. Es un proyecto que en un principio era solo de carácter hidroeléctrico pero que, ante los primeros reclamos de la provincia de La Pampa, Mendoza presentó como “aprovechamiento multipropósito”, aunque sin clarificar cuáles eran los nuevos alcances. Esta fue una de las falencias más fuertes detectadas por la UNLPam.
El rechazo pampeano al Estudio de Impacto Ambiental Regional se fundó en la auditoría realizada por los profesionales de la UNLPam, que durante meses analizaron la documentación técnica elevada por Mendoza al Coirco, los documentos generados dentro del comité de cuenca, y los informes parciales y el informe final entregado por las Universidades de La Plata y del Litoral.
El trabajo detectó gran cantidad de falencias técnicas, cuestionó la metodología utilizada por las Universidades para desarrollar su Estudio, advirtió por temas claves que no han sido analizados con la profundidad requerida, y concluyó en que no están cumplidos los objetivos para los cuales fue contratado, que eran principalmente hacer un buen diagnóstico de situación, analizar los eventuales impactos, y determinar acciones de atenuación.
“La calidad técnica del trabajo que han entregado las Universidades contratadas por el Coirco es baja, lo cual no es habitual en este organismo, cuyos estudios siempre fueron fuente de consulta”, sostuvo Greco al explicar a LA ARENA su opinión. “Creo que es un estudio lamentable para Coirco y que Coirco aún se debe un estudio real de la cuenca”, abundó.
Quiebre
Además de la auditoria realizada por la UNLPam, La Pampa fundó su rechazo en otros aspectos graves. “Consideramos que el Estudio no refleja ni los términos de referencia que acordamos ni el contrato firmado con la UTE de las universidades; cuestionamos que no está contemplado el trasvase; les reprochamos que hayan tomado como base la Manifestación de Impacto Ambiental que hizo la provincia de Mendoza por su cuenta y acotada a su territorio; y nos molesta que las Universidades no hayan consultado la opinión de los organismos y especialistas pampeanos, sabiendo que tienen muchos cuestionamientos a la obra”, enumeró el secretario Schlegel.
“A nuestro entender, la forma en que se ha procedido con Portezuelo del Viento ha quebrado una relación de confianza entre las provincias que siempre existió ahí dentro, porque vemos que hubo cosas que se decidieron a espaldas de nuestra provincia, y eso lo dijimos en la reunión”, acusó el funcionario. “Ellos lo niegan, pero nosotros estamos convencidos que a las Universidades para realizar el estudio se les marcaron pautas de trabajo sin consultarnos”, acusó.
Los representantes de las otras provincias consideraron que el Estudio refleja el trabajo encomendado y que sus resultados avalan la construcción de Portezuelo del Viento. “Ellos no tuvieron ninguna objeción”, sintetizó Schlegel.
Diferendo
El rechazo pampeano al Estudio de Impacto Integral Regional sobre el proyecto Portezuelo del Viento generó un diferendo que, según el Estatuto del comité de cuenca, obliga a elevar el tema al Consejo de Gobierno del Coirco, para que sean los gobernadores, es decir, la máxima autoridad de gobierno de la cuenca, los que decidan si lo aprueban o no.
Anticipando que, llegado ese momento, el gobernador pampeano respaldará la postura de sus delegados, y los otros gobernadores procederán de la misma forma con los suyos, es de prever que el tema llegará a manos del Presidente de la Nación, que actúa como instancia extraordinaria para la resolución de estos desencuentros. El Presidente que esté en funciones en ese momento deberá emitir su laudo, como hizo Mauricio Macri cuando La Pampa objetó la construcción de la represa.
“Ellos querían darlo aprobado por mayoría, pero Pérez Araujo marcó con claridad que al no haber unanimidad, deben ser los gobernadores los que tomen la decisión final”, concluyó el secretario.
Demanda por desaguadero
Hoy por la mañana, el gobierno pampeano presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la ampliación de demanda que le solicitó ese órgano en la causa para la creación del Comité de Cuenca del río Desaguadero. Esta presentación es consecuencia de una resolución tomada por la Corte a principios de mes, cuando aceptó el pedido pampeano de tomar en sus manos, ante la inacción y desinterés de Nación, la creación del organismo de cuenca. La resolución judicial es una luz de esperanza para los permanentes reclamos pampeanos de que las provincias de aguas arriba hagan un uso consensuado y federal de los ríos interprovinciales.
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Mendoza: la ley 7.722, a salvo por ahora por las elecciones
Por las elecciones, no se tratarán los cambios a la ley antiminera
Fecha de Publicación: 26/03/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Los dos proyectos que pretenden flexibilizar la 7722 quedarán frizados. Oficialismo y oposición reconocen que el contexto electoral no ayuda
Las modificaciones a la ley 7.722, conocida como “antiminera”, no se tratarán en el Senado este año, al menos hasta que pasen las elecciones. Legisladores admiten que no están las condiciones dadas teniendo en cuenta que la minería es un tema de “alto impacto” y genera condicionamientos políticos en pleno posicionamiento electoral. Pero desde el oficialismo aprovecharon estas dilaciones para acusar a la oposición de no querer discutir la ampliación de la matriz productiva.
Son dos los proyectos que pretenden felixibilizar la ley para permitir la minería en la provincia. Provienen de legisladores del peronismo (Juan Agulles y Alejandro Abraham), fueron presentados en setiembre del año pasado en el Senado y no han tenido avances.
Apenas se presentaron fueron debatido de manera amplia en comisiones, con aportes de las asambleas del agua, cámaras empresariales, profesionales de la materia, sindicatos y los propios funcionarios de Gobierno.
Sin embargo, si bien los senadores recibieron toda la información para aunar posturas o debatir algunas modificaciones, al no obtener el consenso necesario no llegaron al recinto a fines de 2018 y en este año electoral, ambos proyectos quedarán frizados.
Diego Costarelli, jefe de bloque de la UCR en el Senado, sostuvo a Los Andes que todavía “no se obtienen los consensos necesarios” y destacó que el Gobierno expresó que no solamente necesita licencia social sino también política. “No es un proyecto cualquiera, tiene que ver con la economía directa de la provincia, con la ampliación de nuestra matriz productiva y entendemos que tiene que tener un gran consenso”. Por eso, mientras eso no suceda “no se someterá al tratamiento”
Respecto a las complicaciones que puede traer debatir un tema como éste en año electoral, Costarelli destacó que el frente Cambia Mendoza hizo “todos los esfuerzos para que esto surgiera, pero no vemos voluntad en la oposición”.
De hecho, puso como ejemplo al departamento de Lavalle, que el lunes se declaró mediante un decreto municipal “libre” de fracking. “Ellos dictaron una ordenanza en contra del fracking, pero no tienen petróleo. Esto deja a las claras que la oposición y el PJ no tienen ganas de discutir la ampliación productiva de Mendoza”, acotó.
Por último, destacó que en el oficialismo trabajan “para que Mendoza crezca, avance y tenga una ampliación de la matriz productiva en la cual puedan convivir el turismo, la vitivinicultura y una minería controlada, que resguarde el recurso hídrico de Mendoza”.
En el caso de la oposición, Alejandro Abraham, impulsor a los cambios en la ley 7722, sostuvo que el arco político “tiene la voluntad de acompañar pero luego del proceso electoral, puede ser en setiembre u octubre”.
“Tiene que tener consenso social y lo cierto es que hay opiniones divididas. En el PJ las cosas están complejas, algunos están a favor y otros en contra. Pero en todos los partidos se teme a las especulaciones políticas por los votos ambientalistas. Creemos que los que están en duda hoy podrían acompañar en unos meses”, especuló.
Y minimizó la demora que esto ocasiona en el debate porque “se ha esperado tantos años para desarrollar la minería sustentable, que un par de meses se puede esperar. No es lo ideal, pero es lo posible”.
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Fecha de Publicación: 26/03/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Los dos proyectos que pretenden flexibilizar la 7722 quedarán frizados. Oficialismo y oposición reconocen que el contexto electoral no ayuda
Las modificaciones a la ley 7.722, conocida como “antiminera”, no se tratarán en el Senado este año, al menos hasta que pasen las elecciones. Legisladores admiten que no están las condiciones dadas teniendo en cuenta que la minería es un tema de “alto impacto” y genera condicionamientos políticos en pleno posicionamiento electoral. Pero desde el oficialismo aprovecharon estas dilaciones para acusar a la oposición de no querer discutir la ampliación de la matriz productiva.
Son dos los proyectos que pretenden felixibilizar la ley para permitir la minería en la provincia. Provienen de legisladores del peronismo (Juan Agulles y Alejandro Abraham), fueron presentados en setiembre del año pasado en el Senado y no han tenido avances.
Apenas se presentaron fueron debatido de manera amplia en comisiones, con aportes de las asambleas del agua, cámaras empresariales, profesionales de la materia, sindicatos y los propios funcionarios de Gobierno.
Sin embargo, si bien los senadores recibieron toda la información para aunar posturas o debatir algunas modificaciones, al no obtener el consenso necesario no llegaron al recinto a fines de 2018 y en este año electoral, ambos proyectos quedarán frizados.
Diego Costarelli, jefe de bloque de la UCR en el Senado, sostuvo a Los Andes que todavía “no se obtienen los consensos necesarios” y destacó que el Gobierno expresó que no solamente necesita licencia social sino también política. “No es un proyecto cualquiera, tiene que ver con la economía directa de la provincia, con la ampliación de nuestra matriz productiva y entendemos que tiene que tener un gran consenso”. Por eso, mientras eso no suceda “no se someterá al tratamiento”
Respecto a las complicaciones que puede traer debatir un tema como éste en año electoral, Costarelli destacó que el frente Cambia Mendoza hizo “todos los esfuerzos para que esto surgiera, pero no vemos voluntad en la oposición”.
De hecho, puso como ejemplo al departamento de Lavalle, que el lunes se declaró mediante un decreto municipal “libre” de fracking. “Ellos dictaron una ordenanza en contra del fracking, pero no tienen petróleo. Esto deja a las claras que la oposición y el PJ no tienen ganas de discutir la ampliación productiva de Mendoza”, acotó.
Por último, destacó que en el oficialismo trabajan “para que Mendoza crezca, avance y tenga una ampliación de la matriz productiva en la cual puedan convivir el turismo, la vitivinicultura y una minería controlada, que resguarde el recurso hídrico de Mendoza”.
En el caso de la oposición, Alejandro Abraham, impulsor a los cambios en la ley 7722, sostuvo que el arco político “tiene la voluntad de acompañar pero luego del proceso electoral, puede ser en setiembre u octubre”.
“Tiene que tener consenso social y lo cierto es que hay opiniones divididas. En el PJ las cosas están complejas, algunos están a favor y otros en contra. Pero en todos los partidos se teme a las especulaciones políticas por los votos ambientalistas. Creemos que los que están en duda hoy podrían acompañar en unos meses”, especuló.
Y minimizó la demora que esto ocasiona en el debate porque “se ha esperado tantos años para desarrollar la minería sustentable, que un par de meses se puede esperar. No es lo ideal, pero es lo posible”.
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Monsanto: condenado en EEUU, aquí lider de las BPA
Monsanto pierde en los tribunales de EE UU pero aquí lidera las "buenas prácticas"
Fecha de Publicación: 25/03/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Mientras el fallo de un tribunal de California sostiene que el glifosato provoca cáncer, el lobby agroquímico en la Argentina goza de buena salud.
El glifosato que produce Monsato es un “factor sustancial” para desarrollar cáncer. El argumento se repite una y otra vez en estudios que las grandes multinacionales del sector agroquímico pretenden relativizar o sencillamente esconder, tarea para la cual cuentan con la anuencia de muchos gobiernos, entre ellos el argentino, que tiene entre sus filas a muchos ex gerentes de esas empresas. Pero esta vez, es un jurado federal de San Francisco, EE UU, el que considera probado que el herbicida Roundup ha precipitado el cáncer que sufre un hombre que manipuló ese producto durante décadas.
El de este martes es el segundo veredicto que apunta al glifosato de Monsanto como cancerígeno, luego de la condena que otro jurado estatal de California le impuso el año pasado a indemnizar en 289 millones de dólares –la cifra se redujo luego a 78 millones- al jardinero Dewayne Johson que estuvo largamente expuesto al producto.
Edwin Hardeman, de 70 años, contrajo el linfoma no Hodgkin por haber estado durante tres décadas expuesto al glifosato que usaba para quitar de hierbas su propiedad, tal es la conclusión a la que llegó el tribunal, que ahora deberá definir cuáles son los términos de la reparación que le impondrá a la megacorporación alemana Bayer, propietaria de Monsanto, cuyos voceros volvieron a negar la relación entre el herbicida y la enfermedad.
El fallo sienta jurisprudencia para otras 9 mil demandas similares que enfrenta Bayer en los Estados Unidos. Ahora, el juicio de Hardeman entra en una segunda etapa, que buscará demostrar si Monsanto conocía los riesgos y si los ocultó deliberadamente a los usuarios del herbicida. Luego de que se expresara el tribunal californiano, las acciones de Bayer cayeron este miércoles un 9,61% en la Bolsa de Frankfurt.
La sentencia contra Monsanto parece sellar un dilema que desvela a miles de comunidades “fumigadas” de la Argentina y de todo el mundo. No es una novedad para la Organización Mundial de la Salud, que desde 2015 considera al glifosato, el herbicida más utilizado, como “cancerígeno probable”. Sin embargo, son pocos los países que lo prohíben, presas de los fuertes intereses corporativos del agronegocio global.
En Europa, un amplio debate sobre el glifosato derivó en la renovación por cinco años (hasta 2022) de la licencia de uso del herbicida, aunque persiste la sospecha sobre la real independencia de las agencias científicas (particularmente la EFSA, European Food Safety Authority) que justificaron esa decisión.
En la Argentina, en tanto, la trágica historia del glifosato acumula cientos de muertes por cáncer que los vecinos de los “pueblos fumigados” adjudican al herbicida, y la lucha cotidiana de decenas de comunidades por establecer ordenanzas que impidan la utilización de esos peligrosos agroquímicos. El caso testigo ha sido Monte Maíz, la localidad a 290 kilómetros de Córdoba Capital donde los relevamientos arrojaron tasas de morbimortalidad hasta tres veces por encima de las nacionales, con decenas de casos de cáncer, sobre todo de pulmón, además de neumopatías, hipotiroidismo y otras enfermedades. Sólo en 2013, el 39% de los fallecimientos se debió al cáncer, en un pueblo de 8500 habitantes rodeados de cultivos de soja y maíz transgénicos.
El poder del agronegocio es tan grande que la discusión en la Argentina rara vez trata sobre la necesidad de prohibir el uso de ese peligroso herbicida. Sin una legislación nacional, el tópico que más se discute en los consejos deliberantes de los municipios es la distancia a la que se puede fumigar, respecto de zonas pobladas. Paraná, Gualeguaychú y Rosario son algunas de las ciudades que impulsaron ordenanzas prohibiendo su uso en el ejido urbano.
Todas estas iniciativas aisladas chocan contra el sólido respaldo del gobierno nacional a los agrotóxicos. En julio de 2018, cuatro ministros de Cambiemos (Sergio Bergman, de Ambiente; Lino Barañao, de Ciencia; Luis Etchevehere, de Agroindustria; y Adolfo Rubinstein, de Salud, luego degradados a secretarios) presentaron, sin investigación científica alguna que los avalara, una suerte de manual de “Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”, hecho a la medida del lobby agroquímico, que elimina las distancias mínimas para fumigar con glifosato y otros herbicidas.
En diciembre del año pasado, el ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquis, firmó una resolución que habilita la fumigación en las llamadas “zonas de amortiguamiento”, es decir, lotes contiguos a escuelas y áreas de esparcimiento, a cursos de agua y reservas naturales. Antes de ser funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal, Sarquis fue gerente de Monsanto.
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Espectativa minera por la posible vuelta de Pascua Lama
Optimismo oficial por el fallo de Pascua Lama, incertidumbre en la Cámara Minera
Fecha de Publicación: 25/03/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El estado de ánimo del Gobierno sanjuanino se entonó al conocer que la Corte Suprema de Chile desestimó la clausura que un tribunal ambiental determinó sobre la mina Pascua Lama de Barrick, lo que implica que la realización del proyecto volverá a evaluarse. En el Ministerio de Minería creen que con este paso judicial se abren ventanas que pueden permitir una nueva oportunidad para el gigante binacional, cuyo yacimiento tiene una buena porción en territorio sanjuanino. Pero el optimismo oficial coexiste con el sentimiento de incertidumbre de los empresarios mineros sobre la suerte que correrá la iniciativa. En la Cámara Minera dicen que al no contar con información oficial y no tener conocimientos legales sobre el accionar de la justicia chilena tienen más incertidumbre que certezas.
’’Mucho no puedo aportar porque me faltan elementos y preparación legal. No sé si hay expectativas. Desde Barrick no han mandado nada oficial y el comunicado de la pagina oficial no despeja dudas’’, dijo ayer Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de San Juan.
La semana pasada la Corte Suprema de Chile dejó sin efecto la decisión administrativa de octubre del 2018 del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que había determinado el cierre definitivo del proyecto minero Pascua Lama. La Corte Suprema revocó la decisión del tribunal por motivos de procedimiento y devolvió el caso al Tribunal Ambiental para su revisión por un panel diferente de jueces, un proceso que podría durar varios meses.
Para Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, esto es una oportunidad. ’’Lo que dice la Corte es que en la sentencia no han sido considerados aspectos sustanciales y esto puede asimilarse a una especie de nulidad respecto de la resolución. Así es que manda a resolver nuevamente, considerando los aspectos que por omisión, error o parcialidad se cometieron. Manda a fallar de nuevo con un tribunal constituido por otros jueces, para garantizar el derecho de la parte, la objetividad y la imparcialidad’’, explicó el funcionario. Agregó que ese escenario ’’genera una expectativa de que el tema no está totalmente cerrado’’ y que a su entender, hay otra alternativa que puede ser generar un reformulación del proyecto con las correcciones que demande la autoridad chilena para cumplir con aspectos de seguridad, ambientales y productivos. ‘’Abre una nueva instancia, una ventanita. Ahora puede culminar con que el proyecto no prosiga como en la primera resolución, pero también puede ser la posibilidad concreta de un desarrollo minero que se puede haber visto afectado por cuestiones de carácter accesorias’’, opinó el ministro Hensel.
El proyecto Pascua Lama es de oro y plata y está ubicado a ambos lados de la cordillera de los Andes, a la altura de San Juan. Inicialmente la mina implicaba una inversión de U$S 8.000 millones para estar operativa en el año 2014, pero un año antes, las autoridades y justicia chilena consideraron que el proyecto era inviable debido al incumplimiento de pautas ambientales. Tras varias idas y vueltas, en enero de 2018 la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile anunció su clausura definitiva, algo que ahora queda en suspenso. Antes de eso Barrick indicó la posibilidad de desarrollar un proyecto más pequeño, sólo en el lado sanjuanino.
Qué dice la empresa Barrick del nuevo fallo de la Justicia
Según publicó en su página oficial la compañía, el presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, dijo que, aunque la decisión no fue útil porque retrasó una medida sobre el futuro del proyecto Pascua-Lama, la compañía permanece enfocada en resolver los problemas legales y ambientales en torno al proyecto, y además del trabajo de remediación en curso, se ha embarcado en una revisión técnica de los parámetros y el potencial del proyecto. Agrega que como parte de este trabajo, lleva a cabo ‘extensos estudios geoquímicos y geohidrológicos para un plan de manejo del agua que confía será aceptable para la autoridad ambiental’’. Bristow, quien el mes pasado se reunió con el ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica, dijo que los activos chilenos de Barrick son una parte importante de su cartera global. Agregó que Chile es un país ‘amigable’’ con los inversionistas, con una importante dotación de minerales, y que fomenta el desarrollo de proyectos mineros. Y que a pesar de lo sucedido con Pascua-Lama, hay ‘oportunidades interesantes’ para desarrollar proyectos y crear valor en la zona denominada el cinturón de El Indio.
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Fecha de Publicación: 25/03/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El estado de ánimo del Gobierno sanjuanino se entonó al conocer que la Corte Suprema de Chile desestimó la clausura que un tribunal ambiental determinó sobre la mina Pascua Lama de Barrick, lo que implica que la realización del proyecto volverá a evaluarse. En el Ministerio de Minería creen que con este paso judicial se abren ventanas que pueden permitir una nueva oportunidad para el gigante binacional, cuyo yacimiento tiene una buena porción en territorio sanjuanino. Pero el optimismo oficial coexiste con el sentimiento de incertidumbre de los empresarios mineros sobre la suerte que correrá la iniciativa. En la Cámara Minera dicen que al no contar con información oficial y no tener conocimientos legales sobre el accionar de la justicia chilena tienen más incertidumbre que certezas.
’’Mucho no puedo aportar porque me faltan elementos y preparación legal. No sé si hay expectativas. Desde Barrick no han mandado nada oficial y el comunicado de la pagina oficial no despeja dudas’’, dijo ayer Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de San Juan.
La semana pasada la Corte Suprema de Chile dejó sin efecto la decisión administrativa de octubre del 2018 del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que había determinado el cierre definitivo del proyecto minero Pascua Lama. La Corte Suprema revocó la decisión del tribunal por motivos de procedimiento y devolvió el caso al Tribunal Ambiental para su revisión por un panel diferente de jueces, un proceso que podría durar varios meses.
Para Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, esto es una oportunidad. ’’Lo que dice la Corte es que en la sentencia no han sido considerados aspectos sustanciales y esto puede asimilarse a una especie de nulidad respecto de la resolución. Así es que manda a resolver nuevamente, considerando los aspectos que por omisión, error o parcialidad se cometieron. Manda a fallar de nuevo con un tribunal constituido por otros jueces, para garantizar el derecho de la parte, la objetividad y la imparcialidad’’, explicó el funcionario. Agregó que ese escenario ’’genera una expectativa de que el tema no está totalmente cerrado’’ y que a su entender, hay otra alternativa que puede ser generar un reformulación del proyecto con las correcciones que demande la autoridad chilena para cumplir con aspectos de seguridad, ambientales y productivos. ‘’Abre una nueva instancia, una ventanita. Ahora puede culminar con que el proyecto no prosiga como en la primera resolución, pero también puede ser la posibilidad concreta de un desarrollo minero que se puede haber visto afectado por cuestiones de carácter accesorias’’, opinó el ministro Hensel.
El proyecto Pascua Lama es de oro y plata y está ubicado a ambos lados de la cordillera de los Andes, a la altura de San Juan. Inicialmente la mina implicaba una inversión de U$S 8.000 millones para estar operativa en el año 2014, pero un año antes, las autoridades y justicia chilena consideraron que el proyecto era inviable debido al incumplimiento de pautas ambientales. Tras varias idas y vueltas, en enero de 2018 la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile anunció su clausura definitiva, algo que ahora queda en suspenso. Antes de eso Barrick indicó la posibilidad de desarrollar un proyecto más pequeño, sólo en el lado sanjuanino.
Qué dice la empresa Barrick del nuevo fallo de la Justicia
Según publicó en su página oficial la compañía, el presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, dijo que, aunque la decisión no fue útil porque retrasó una medida sobre el futuro del proyecto Pascua-Lama, la compañía permanece enfocada en resolver los problemas legales y ambientales en torno al proyecto, y además del trabajo de remediación en curso, se ha embarcado en una revisión técnica de los parámetros y el potencial del proyecto. Agrega que como parte de este trabajo, lleva a cabo ‘extensos estudios geoquímicos y geohidrológicos para un plan de manejo del agua que confía será aceptable para la autoridad ambiental’’. Bristow, quien el mes pasado se reunió con el ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica, dijo que los activos chilenos de Barrick son una parte importante de su cartera global. Agregó que Chile es un país ‘amigable’’ con los inversionistas, con una importante dotación de minerales, y que fomenta el desarrollo de proyectos mineros. Y que a pesar de lo sucedido con Pascua-Lama, hay ‘oportunidades interesantes’ para desarrollar proyectos y crear valor en la zona denominada el cinturón de El Indio.
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Santa Fe: se podrá denunciar por internet fumigaciones ilegales
Se podrán denunciar por internet las aplicaciones ilegales de agroquímicos
Fecha de Publicación: 25/03/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
A partir de este viernes 22 de marzo, el Ministerio de la Producción de Santa Fe pondrá en vigencia una página para denunciar malas prácticas agrícolas. El canal servirá, sobre todo, para informar sobre aplicaciones incorrectas de agroquímicos, es decir, por ejemplo cuando no se respete la distancia respecto de los límites urbanos, se fumigue cerca de escuela rurales, o se ejecute un mal manejo de los envases que contienen los plaguicidas, fungicidas o herbicidas.
Dentro de la página de trámites en línea de la provincia, desde este viernes habrá un link específico para realizar la denuncia. El interesado deberá llenar un formulario en el que podrá, incluso, adjuntar fotografías sobre las irregularidades e información adicional que las certifiquen. Una vez completado, se podrá visualizar cómo quedó registrado, y hacer modificaciones. Al finalizar, el sistema devolverá un número de expediente y con él se podrán seguir las acciones públicas que se realizan.
El trámite de la denuncia será gratuito y, con el mismo, aseguran desde el gobierno provincial se iniciarán actuaciones administrativas con inspección en el lugar de los hechos y entrevistas a los involucrados. Si fuera necesario, agregan, se procederá directamente con intimaciones ante elementos suficientes para actuar de oficio.
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Fecha de Publicación: 25/03/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
A partir de este viernes 22 de marzo, el Ministerio de la Producción de Santa Fe pondrá en vigencia una página para denunciar malas prácticas agrícolas. El canal servirá, sobre todo, para informar sobre aplicaciones incorrectas de agroquímicos, es decir, por ejemplo cuando no se respete la distancia respecto de los límites urbanos, se fumigue cerca de escuela rurales, o se ejecute un mal manejo de los envases que contienen los plaguicidas, fungicidas o herbicidas.
Dentro de la página de trámites en línea de la provincia, desde este viernes habrá un link específico para realizar la denuncia. El interesado deberá llenar un formulario en el que podrá, incluso, adjuntar fotografías sobre las irregularidades e información adicional que las certifiquen. Una vez completado, se podrá visualizar cómo quedó registrado, y hacer modificaciones. Al finalizar, el sistema devolverá un número de expediente y con él se podrán seguir las acciones públicas que se realizan.
El trámite de la denuncia será gratuito y, con el mismo, aseguran desde el gobierno provincial se iniciarán actuaciones administrativas con inspección en el lugar de los hechos y entrevistas a los involucrados. Si fuera necesario, agregan, se procederá directamente con intimaciones ante elementos suficientes para actuar de oficio.
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Reaparece el fantasma de la cuarta planta nuclear
Luz verde de Mauricio Macri: avanza la negociación con China para construir la cuarta planta nuclear del país
Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Se la planea levantar en Lima, provincia de Buenos Aires, y estipula una inversión de U$S 8.000 millones.
Una delegación compuesta por dos grupos de funcionarios y empresarios chinos se encuentran en el país para avanzar en las negociaciones que, por orden de Mauricio Macri, derivarán en la firma de un contrato con Beijing para finalmente construir la planta nuclear conocida como Atucha III.
?Esta forma parte de las decenas de acuerdos firmados en la gestión anterior, algunos de los cuales no se concretaron y que, tras idas y venidas, se reactivaron.
La que será la cuarta central, y que se planea levantar en Lima, provincia de Buenos Aires, estipula una inversión de U$S 8.000 millones.
De cumplirse los plazos, que cobraron ahora nuevo impulso, entre abril y mayo los dos gobiernos sellarán el trato, para que en 2020 comiencen algunas "pequeñas" obras en el terreno (remoción del terreno, "adaptaciones" ambientales, drenajes) y en 2021 comience la titánica obra.
El año pasado, cuando la crisis financiera golpeó fuertemente a la Argentina y el Gobierno recurrió a un rescate financiero millonario del FMI, desde Economía frenaron iniciativas como esta de Atucha III. Para China, que a nivel interno y externo reactivó sus planes nucleares, esta fue siempre una prioridad. Y puso la central nuclear en todas las mesas de conversación.
Pero durante la visita de Estado que Xi Jinping hizo a la Argentina en el marco del G20 sobre fines del año pasado, Macri y el presidente chino conversaron sobre cómo reflotar el proyecto de Atucha III. Desde entonces el subsecretario de Energía de la Nación, Julián Gadano, aquí, y el embajador Diego Guelar, en Beijing, negocian estas nueva vía para resolver un factor fundamental que frenaba la planta, el que se sumaba a un cierto desinterés en Cambiemos: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no permite que el Estado sume deuda pública, que no se sume déficit público. La construcción de la planta sumaría U$S 1000 millones por año durante siete años.
De acuerdo a lo que ha podido saber este diario, aunque las negociaciones están aún abiertas, una posibilidad para eludir el problema del aumento de deuda es que esta se traslada a Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). Es una empresa del Estado pero para el Fondo Monetario, es una deuda que no se cargará sobre el Tesoro, sino que se pagará a través del préstamo chino y que, por cierto, se irá también saldando con los aumentos de tarifas en la energía eléctrica a los usuarios. Una vez que esté firmado el contrato, los desembolosos del préstamo vendrán en 2021.
Uno de los dos grupos técnicos de funcionarios y empresarios chinos que están en el país se dedicará ya a explorar las compras que harán y que se negocian con Gadano y miembros del Ministerio de Producción. La planta tendrá un 40 % de mano de obra local y el resto, de China. El segundo grupo es de CNNC, la empresa de combustibles nucleares chinos, que estará cargo de la construcción y en la que estarán la CNEA y posiblemente la argentina Perez Companc.
Si fue el ministerio de Hacienda el que a lo largo de 2018 puso fuertes reparos a la construcción de la planta nuclear con China, fue el propio Macri quien decidió avanzar con la titánica central. Quienes están cerca del Presidente saben que en su ADN está la meta de hacer obra pública. Entiende más que otros funcionarios de su gestión la relación con China, desde las gestiones privadas de su padre Franco Macria. Y esta planta se enmarca en un proyecto ambicioso que mueve grandes capitales. Y si bien no es anti ni pro nuclear, Macri se da cuenta de que la energía atómica es un "activo" muy desarrollado en la Argentina que no desea desmantelar.
En otro orden de las relaciones con Beijing, este jueves Argentina y China firmaron un acuerdo para posibilitar el ingreso de la miel argentina al mercado del país asiático. Macri recibió además al viceprime ministro del Consejo de Estado de China, el poderoso Hu Chunhua.
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Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Se la planea levantar en Lima, provincia de Buenos Aires, y estipula una inversión de U$S 8.000 millones.
Una delegación compuesta por dos grupos de funcionarios y empresarios chinos se encuentran en el país para avanzar en las negociaciones que, por orden de Mauricio Macri, derivarán en la firma de un contrato con Beijing para finalmente construir la planta nuclear conocida como Atucha III.
?Esta forma parte de las decenas de acuerdos firmados en la gestión anterior, algunos de los cuales no se concretaron y que, tras idas y venidas, se reactivaron.
La que será la cuarta central, y que se planea levantar en Lima, provincia de Buenos Aires, estipula una inversión de U$S 8.000 millones.
De cumplirse los plazos, que cobraron ahora nuevo impulso, entre abril y mayo los dos gobiernos sellarán el trato, para que en 2020 comiencen algunas "pequeñas" obras en el terreno (remoción del terreno, "adaptaciones" ambientales, drenajes) y en 2021 comience la titánica obra.
El año pasado, cuando la crisis financiera golpeó fuertemente a la Argentina y el Gobierno recurrió a un rescate financiero millonario del FMI, desde Economía frenaron iniciativas como esta de Atucha III. Para China, que a nivel interno y externo reactivó sus planes nucleares, esta fue siempre una prioridad. Y puso la central nuclear en todas las mesas de conversación.
Pero durante la visita de Estado que Xi Jinping hizo a la Argentina en el marco del G20 sobre fines del año pasado, Macri y el presidente chino conversaron sobre cómo reflotar el proyecto de Atucha III. Desde entonces el subsecretario de Energía de la Nación, Julián Gadano, aquí, y el embajador Diego Guelar, en Beijing, negocian estas nueva vía para resolver un factor fundamental que frenaba la planta, el que se sumaba a un cierto desinterés en Cambiemos: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no permite que el Estado sume deuda pública, que no se sume déficit público. La construcción de la planta sumaría U$S 1000 millones por año durante siete años.
De acuerdo a lo que ha podido saber este diario, aunque las negociaciones están aún abiertas, una posibilidad para eludir el problema del aumento de deuda es que esta se traslada a Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). Es una empresa del Estado pero para el Fondo Monetario, es una deuda que no se cargará sobre el Tesoro, sino que se pagará a través del préstamo chino y que, por cierto, se irá también saldando con los aumentos de tarifas en la energía eléctrica a los usuarios. Una vez que esté firmado el contrato, los desembolosos del préstamo vendrán en 2021.
Uno de los dos grupos técnicos de funcionarios y empresarios chinos que están en el país se dedicará ya a explorar las compras que harán y que se negocian con Gadano y miembros del Ministerio de Producción. La planta tendrá un 40 % de mano de obra local y el resto, de China. El segundo grupo es de CNNC, la empresa de combustibles nucleares chinos, que estará cargo de la construcción y en la que estarán la CNEA y posiblemente la argentina Perez Companc.
Si fue el ministerio de Hacienda el que a lo largo de 2018 puso fuertes reparos a la construcción de la planta nuclear con China, fue el propio Macri quien decidió avanzar con la titánica central. Quienes están cerca del Presidente saben que en su ADN está la meta de hacer obra pública. Entiende más que otros funcionarios de su gestión la relación con China, desde las gestiones privadas de su padre Franco Macria. Y esta planta se enmarca en un proyecto ambicioso que mueve grandes capitales. Y si bien no es anti ni pro nuclear, Macri se da cuenta de que la energía atómica es un "activo" muy desarrollado en la Argentina que no desea desmantelar.
En otro orden de las relaciones con Beijing, este jueves Argentina y China firmaron un acuerdo para posibilitar el ingreso de la miel argentina al mercado del país asiático. Macri recibió además al viceprime ministro del Consejo de Estado de China, el poderoso Hu Chunhua.
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Agroquímicos en Entre Ríos sigue generando disputas legales
Agroquímicos: sigue una disputa en Entre Ríos y el campo pide rechazar un amparo
Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace de Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de esa provincia y el centro de acopiadores que agrupa a los actores de este sector se presentaron ante los tribunales de Paraná y pidieron que se desestime un amparo que habían impulsado un grupo de ambientalistas y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra un decreto reglamentario sobre las aplicaciones de agroquímicos.
El año pasado, tras un reclamo de esos grupos, un fallo judicial prohibió las aplicaciones a menos de 1000 y 3000 metros, terrestres y aéreas, de escuelas rurales. En octubre último la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que había prohibido aplicar fitosanitarios alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia.
Enseguida, los productores argumentaron que así saldrían de la producción unas 300.000 hectáreas, algo equivalente a todo lo que allí se siembra de trigo. Los productores pidieron la intervención del gobernador Gustavo Bordet, que vía un decreto estableció las distancias en 100 y 500 metros, respectivamente.
Antes, la provincia había recurrido a un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la medida inicial afectaba derechos de los productores y que unos 45.000 de ellos no habían sido parte del proceso.
El 4 de febrero último, nuevamente ambientalistas y docentes presentaron un amparo para que se declare la nulidad del decreto de Bordet.
Según fuentes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos, como ayer se vencían los plazos judiciales los ruralistas decidieron pedir ante la Justicia provincial que se desestime el amparo, según informó a LA NACION Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
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Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace de Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de esa provincia y el centro de acopiadores que agrupa a los actores de este sector se presentaron ante los tribunales de Paraná y pidieron que se desestime un amparo que habían impulsado un grupo de ambientalistas y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra un decreto reglamentario sobre las aplicaciones de agroquímicos.
El año pasado, tras un reclamo de esos grupos, un fallo judicial prohibió las aplicaciones a menos de 1000 y 3000 metros, terrestres y aéreas, de escuelas rurales. En octubre último la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que había prohibido aplicar fitosanitarios alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia.
Enseguida, los productores argumentaron que así saldrían de la producción unas 300.000 hectáreas, algo equivalente a todo lo que allí se siembra de trigo. Los productores pidieron la intervención del gobernador Gustavo Bordet, que vía un decreto estableció las distancias en 100 y 500 metros, respectivamente.
Antes, la provincia había recurrido a un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la medida inicial afectaba derechos de los productores y que unos 45.000 de ellos no habían sido parte del proceso.
El 4 de febrero último, nuevamente ambientalistas y docentes presentaron un amparo para que se declare la nulidad del decreto de Bordet.
Según fuentes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos, como ayer se vencían los plazos judiciales los ruralistas decidieron pedir ante la Justicia provincial que se desestime el amparo, según informó a LA NACION Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
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Río Negro: exploran para minería de uranio y vanadio
Invertirían más de 35.500 millones de dólares para buscar uranio y vanadio en Río Negro
Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
Una empresa canadiense analiza seriamente la posibilidad de invertir unos 35.500 millones de dólares en la exploración de uranio y vanadio en suelo rionegrino.
Se trata de Blue Sky Uranium, compañía que concluyó una evaluación económica preliminar “muy positiva” en el depósito denominado “Ivana”, en el proyecto “Amarillo Grande” en la zona de Valcheta.
El presidente y CEO de Blue Sky, Niko Cacos, explicó en una entrevista concedida al diario canadiense The Northern Minerurante que durante los últimos tres meses se trabajó en la evaluación del lugar: “El depósito de Ivana es económico en el entorno actual”, señaló.
De acuerdo con el estudio, el proyecto produciría 1.350.000 libras por óxido de uranio por año durante una vida útil de la mina de 13 años. El proyecto requeriría invertir 128 millones de dólares en capital de pre producción y otros 35.400 millones en capital de mantenimiento en el transcurso de vida de la mina.
Se trabajará a una profundidad máxima de 30 metros bajo la superficie, por tres kilómetros de largo, con anchos que van desde 400 metros hasta un kilómetro. La compañía extraería 13.000 toneladas por día con dos excavadoras, un cargador frontal y seis camiones articulados de 31 toneladas.
Los materiales uranio y vanadio están contenidos en gravas y arena sin consolidar, por lo que la empresa no necesitará operaciones de perforación o voladura.
“Ivana es el depósito más austral de las tres áreas objetivo en Amarillo Grande, y tiene un potencial muy superior al comprobado”, sostuvo Cacos. Tras obtener el modelo geológico y su viabilidad económica la empresa prevé reexaminar las áreas de la propiedad que antes se pasaban por alto.
El estudio utiliza una estimación de recursos que actualiza el presentado en la primavera pasada y describe un aumento del 17% en el total de toneladas, así como del 19% en el contenido de óxido de uranio y 13% en el contenido de óxido de vanadio.
La compañía anticipó que en los próximos seis meses se concentrará en la perforación y expansión de su área de recursos con una inversión de entre US$2.000.000 y 3.000.000 y hacia fines de año comenzará a trabajar en un estudio de pre factibilidad para el proyecto.
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Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
Una empresa canadiense analiza seriamente la posibilidad de invertir unos 35.500 millones de dólares en la exploración de uranio y vanadio en suelo rionegrino.
Se trata de Blue Sky Uranium, compañía que concluyó una evaluación económica preliminar “muy positiva” en el depósito denominado “Ivana”, en el proyecto “Amarillo Grande” en la zona de Valcheta.
El presidente y CEO de Blue Sky, Niko Cacos, explicó en una entrevista concedida al diario canadiense The Northern Minerurante que durante los últimos tres meses se trabajó en la evaluación del lugar: “El depósito de Ivana es económico en el entorno actual”, señaló.
De acuerdo con el estudio, el proyecto produciría 1.350.000 libras por óxido de uranio por año durante una vida útil de la mina de 13 años. El proyecto requeriría invertir 128 millones de dólares en capital de pre producción y otros 35.400 millones en capital de mantenimiento en el transcurso de vida de la mina.
Se trabajará a una profundidad máxima de 30 metros bajo la superficie, por tres kilómetros de largo, con anchos que van desde 400 metros hasta un kilómetro. La compañía extraería 13.000 toneladas por día con dos excavadoras, un cargador frontal y seis camiones articulados de 31 toneladas.
Los materiales uranio y vanadio están contenidos en gravas y arena sin consolidar, por lo que la empresa no necesitará operaciones de perforación o voladura.
“Ivana es el depósito más austral de las tres áreas objetivo en Amarillo Grande, y tiene un potencial muy superior al comprobado”, sostuvo Cacos. Tras obtener el modelo geológico y su viabilidad económica la empresa prevé reexaminar las áreas de la propiedad que antes se pasaban por alto.
El estudio utiliza una estimación de recursos que actualiza el presentado en la primavera pasada y describe un aumento del 17% en el total de toneladas, así como del 19% en el contenido de óxido de uranio y 13% en el contenido de óxido de vanadio.
La compañía anticipó que en los próximos seis meses se concentrará en la perforación y expansión de su área de recursos con una inversión de entre US$2.000.000 y 3.000.000 y hacia fines de año comenzará a trabajar en un estudio de pre factibilidad para el proyecto.
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Nuevo derrame de petróleo en Comodoro Rivadavia
Derrame de petróleo en Bella Vista Norte llegó al arroyo Belgrano
Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Chubut
El subsecretario de Ambiente del Municipio de Comodoro Rivadavia, Daniel González, confirmó este lunes a la mañana a que durante la jornada del domingo hubo un derrame de petróleo por la rotura de un colector en Bella Vista Norte, área operada por YPF, por lo que se trabaja en el lugar para remediar el impacto y cuantificar su magnitud, para posteriormente, aplicar las sanciones correspondientes.
El hidrocarburo llegó al arroyo Belgrano, pero pudo ser contenido por un sistema de retenciones, para evitar la llegada hacia el mar, según precisó el funcionario.
“Hay cuadrillas trabajando en este momento y estamos relevando la zona para cuantificar el volumen derramado, que se estima en alrededor de 50 metros cúbicos”, explicó el funcionario municipal a su arribo al lugar.
“Esto comenzó ayer alrededor de las 6:30”, precisó. También indicó que al llegar al agua es más difícil cuantificar el producto derramado, pero indicó que el sistema de barreras existente en el arroyo Belgrano funcionó para contener la marcha y evitar que ésta corriera aguas abajo, hasta su desembocadura en el mar.
Por último, detalló que la ordenanza municipal de hidrocarburos, que establece el sistema de sanciones para las empresas tiene una tabla con agravantes, que considera la cantidad del hidrocarburo derramado, si afecta cuerpos de agua, etc, por lo que una vez establecidos esos parámetros se eleva al juez de Falta para determine el monto de la multa. Según los casos, ésta puede llegar hasta los 10 millones de pesos.(ADN Sur)
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Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Chubut
El subsecretario de Ambiente del Municipio de Comodoro Rivadavia, Daniel González, confirmó este lunes a la mañana a que durante la jornada del domingo hubo un derrame de petróleo por la rotura de un colector en Bella Vista Norte, área operada por YPF, por lo que se trabaja en el lugar para remediar el impacto y cuantificar su magnitud, para posteriormente, aplicar las sanciones correspondientes.
El hidrocarburo llegó al arroyo Belgrano, pero pudo ser contenido por un sistema de retenciones, para evitar la llegada hacia el mar, según precisó el funcionario.
“Hay cuadrillas trabajando en este momento y estamos relevando la zona para cuantificar el volumen derramado, que se estima en alrededor de 50 metros cúbicos”, explicó el funcionario municipal a su arribo al lugar.
“Esto comenzó ayer alrededor de las 6:30”, precisó. También indicó que al llegar al agua es más difícil cuantificar el producto derramado, pero indicó que el sistema de barreras existente en el arroyo Belgrano funcionó para contener la marcha y evitar que ésta corriera aguas abajo, hasta su desembocadura en el mar.
Por último, detalló que la ordenanza municipal de hidrocarburos, que establece el sistema de sanciones para las empresas tiene una tabla con agravantes, que considera la cantidad del hidrocarburo derramado, si afecta cuerpos de agua, etc, por lo que una vez establecidos esos parámetros se eleva al juez de Falta para determine el monto de la multa. Según los casos, ésta puede llegar hasta los 10 millones de pesos.(ADN Sur)
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Mendoza tuvo menos hectáreas quemadas
Hubo 190 mil hectáreas quemadas menos que el año pasado en Mendoza
Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
En la temporada 2017/2018 hubo 269.000 hectáreas quemadas en el territorio mendocino, de las cuales casi 200 mil fueron en los incendios de General Alvear y San Rafael de enero del año pasado.
En tanto que la actual temporada a la que le queda poco para finalizar, se han quemado unas 79.000 hectáreas, de las cuales también la mayoría han sido en el sur provincial.
Guillermo Ferraris, coordinador del Plan Provincial del Manejo del fuego, en diálogo en la semana con FM VOS (91.5) se refirió a este tema.
“Las hectáreas afectadas han sido menores a las del año pasado, hemos tenido mayor cantidad de incendio a los del año pasado, por suerte los hemos podido contener mucho más rápido y eso ha evitado que se nos agrande, como muestra podemos decir que no tenemos ningún incendio que haya llegado a las 10 mil hectáreas este año”.
El funcionario añadió que “la media de hectáreas afectadas no superó las 5 mil hectáreas a pesar de que tuvimos incendios complicados como en el Cerro Nevado donde no tuvimos acceso con vehículo. El personal ha hecho una tarea impecable”.
Los números muestran que esta temporada de incendios se han registrado 135 episodios de quema de campos con un promedio de hectáreas afectadas de 585.
Esos mismos números la temporada pasada fueron de 199 incendios en total y un promedio de hectáreas afectadas de 1.356.
Las diferencias notables se deben a que en enero pasado se produjeron en Alvear y San Rafael los incendios más graves desde la temporada de 2000/2001. Se quemaron así en un período de unos quince días en el primer mes del 2018 más de 190.000 hectáreas entre ambos departamentos con los siniestros que tuvieron a maltraer muchos campos y poblaciones cercanas, y que obligaron a la intervención de distintos organismos y autoridades para combatir las llamas en los peores días.
Luego de esa temporada feroz se hizo mucho hincapié en que los productores tengan sus picadas cortafuegos en condiciones, aunque no todos han tomado nota de ello.
Estos meses de verano no hubo, al menos por largos períodos, el cúmulo de condiciones que favorecieron el fuego el año pasado, es decir, sequía prolongada, vegetación apta para la combustión y bolsones de baja humedad, además de otros factores que a veces inciden como días de viento y rayos descargados por tormentas.
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Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
En la temporada 2017/2018 hubo 269.000 hectáreas quemadas en el territorio mendocino, de las cuales casi 200 mil fueron en los incendios de General Alvear y San Rafael de enero del año pasado.
En tanto que la actual temporada a la que le queda poco para finalizar, se han quemado unas 79.000 hectáreas, de las cuales también la mayoría han sido en el sur provincial.
Guillermo Ferraris, coordinador del Plan Provincial del Manejo del fuego, en diálogo en la semana con FM VOS (91.5) se refirió a este tema.
“Las hectáreas afectadas han sido menores a las del año pasado, hemos tenido mayor cantidad de incendio a los del año pasado, por suerte los hemos podido contener mucho más rápido y eso ha evitado que se nos agrande, como muestra podemos decir que no tenemos ningún incendio que haya llegado a las 10 mil hectáreas este año”.
El funcionario añadió que “la media de hectáreas afectadas no superó las 5 mil hectáreas a pesar de que tuvimos incendios complicados como en el Cerro Nevado donde no tuvimos acceso con vehículo. El personal ha hecho una tarea impecable”.
Los números muestran que esta temporada de incendios se han registrado 135 episodios de quema de campos con un promedio de hectáreas afectadas de 585.
Esos mismos números la temporada pasada fueron de 199 incendios en total y un promedio de hectáreas afectadas de 1.356.
Las diferencias notables se deben a que en enero pasado se produjeron en Alvear y San Rafael los incendios más graves desde la temporada de 2000/2001. Se quemaron así en un período de unos quince días en el primer mes del 2018 más de 190.000 hectáreas entre ambos departamentos con los siniestros que tuvieron a maltraer muchos campos y poblaciones cercanas, y que obligaron a la intervención de distintos organismos y autoridades para combatir las llamas en los peores días.
Luego de esa temporada feroz se hizo mucho hincapié en que los productores tengan sus picadas cortafuegos en condiciones, aunque no todos han tomado nota de ello.
Estos meses de verano no hubo, al menos por largos períodos, el cúmulo de condiciones que favorecieron el fuego el año pasado, es decir, sequía prolongada, vegetación apta para la combustión y bolsones de baja humedad, además de otros factores que a veces inciden como días de viento y rayos descargados por tormentas.
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Córdoba: idean un 'área campesina protegida'
Proponen crear un 'área campesina protegida' al norte de Mar Chiquita
Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Creen que el Parque Nacional Ansenuza amenaza la tenencia de la tierra y su modo de producción. La propuesta del Movimiento Campesino Córdoba tendría unas 120 mil hectáreas.
Para la mayoría de los cordobeses, la creación de un parque nacional en la laguna Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce fue recibida como una buena noticia.
Pero para Zulema (70 años) fue una ingrata sorpresa. “Me pareció que se desmoronaba el mundo porque pensamos que no nos iban a dejar entrar el ganado y todo iba a pasar a ser parque nacional”, comenta esta campesina de La Rinconada, un paraje ubicado en el extremo noreste de la provincia de Córdoba.
En parte de la región que potencialmente formará el parque nacional viven campesinos como Zulema que realizan una ganadería trashumante desde hace varias décadas. Cada familia tiene sus animales y parcelas individuales, pero el ganado también se arrea hasta diferentes campos comunitarios.
El Movimiento Campesino Córdoba (MCC) entiende que este uso de la tierra y forma de producción están en riesgo por la creación del parque nacional. Días atrás, presentaron un informe en el que reclaman la creación de un área campesina protegida.
“Queremos un área campesina para poder seguir desarrollando la vida campesina con campos abiertos. Ahora han colocado alambres y a veces no tenemos acceso al agua del río”, comenta Zulema.
Victoria Gauna, abogada del MCC, asegura que la creación del parque va a profundizar la inseguridad en la tenencia de la tierra que hay en la zona. Explica que la mayoría de las familias campesinas no tienen títulos de la tierra, aunque la habitan desde hace años. “En su mayoría son comunidades indígenas que viven en asentamientos que son ancestrales”, dice.
Y agrega: “La creación del parque nacional puede ser una oportunidad para darle reconocimiento a estas familias y a su forma de producción, además darles seguridad en la tenencia de la tierra”.
El área campesina tendría unas 120 mil hectáreas y estaría conformada por la medialuna que abarca el norte de la laguna Mar Chiquita y que incluye los parajes de Isla Larga, Los Pozos, Campo Marull, El Zapallar sur, Pozo verde, Campo Alegre y Laguna La Paulina.
También la costa al oeste del río Dulce donde se encuentran los parajes La Rinconada, Los Eucaliptos, Cardones Altos, Isla Verde, Puesto del Medio, Las Tortugas, Los Espinillos, Mojón de Fierro y La Correntina.
Relevamiento
Investigadores y alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) realizaron un relevamiento en el 80 por ciento de ese territorio. Allí detectaron que hay unas 119 unidades productivas y viven 369 personas.
“Un 30 por ciento de los campesinos entrevistados se reconocen como descendientes directos de pueblos originarios”, comenta Mariana Gamboa, coordinadora del Programa Ruralidades, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC.
Y agrega: “Parece un área deshabitada que sólo tiene naturaleza, pero el hombre ha vivido allí desde hace tiempo”.
La docente asegura que así como se rescatan la importancia ambiental y la biodiversidad de la región, a su grupo le parece necesario aportar información sobre la gente que vive allí, en especial para la toma de decisiones.
Gamboa explica que fue un trabajo de tres años, con operativos de cuatro días para cubrir zonas de difícil acceso. Y rescata el trabajo que ha logrado de universidad de poder acercarse a esta región desconocida por muchas personas. Presentarán el informe en la Legislatura Unicameral.
Según datos de Senasa, el departamento Río Seco, donde se ubican la mayoría de estos parajes, es responsable del 2,3 por ciento de la producción ganadera de Córdoba.
Más demandas
El MCC demanda la reconversión productiva de los grandes productores que actualmente se encuentren dentro de la futura área campesina y que se levanten todos los alambrados que se hayan colocado en las zonas costeras que impiden el libre acceso al agua.
También reclaman que la gestión del futuro parque nacional se realice en conjunto entre las autoridades y los productores locales.
El relevamiento identificó 10 campos comunitarios: Mojón de Fierro, La Correntina Norte, La Correntina Sur, Las Tortugas, Simbolar Chico, Isla Larga, Laguna La Paulina, Campo Moyano, El Aguaraz y Campo del Río.
Para el MCC también es fundamental que se impulsen políticas públicas activas para mejorar y promocionar la producción campesina y el acceso al agua en el área de protección.
Qué será el Parque Nacional Ansenuza
Ya hay fondos internacionales para crear el área protegida.
Trabajo. La Provincia, Administración de Parques Nacionales y la ONG Aves Argentinas trabajan en la creación del parque, el cual abarcaría un sector cercano a Miramar (en la costa sur), la costa norte de la laguna y sectores de los Bañados del río Dulce.
Avances. A fines de octubre pasado se conoció una donación de la Fundación Wyss de 5,8 millones de dólares para llevar adelante este proyecto. Estos fondos servirían para sumar 26 mil hectáreas.
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