Río Negro parece que se salva de la nuclear
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Nación se resignó: la planta nuclear no se instalará en Río Negro
Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
A pesar del conocido deseo presidencial, se desestimó la posibilidad de que el asentamiento haga pie en esta provincia. Se resolvió que será emplazada en el territorio bonaerense, cerca de las plantas de Atucha.
Nación desistió –finalmente– del asentamiento nuclear en Río Negro y ya lo ubica en el territorio bonaerense, junto a las plantas de Atucha. Admitió que los “impulsos” y posibilidades que quedan en la provincia “no alcanzan” para persistir en el intento.
El paulatino declive de la última promoción en la provincia, liderada por el diputado Sergio Wisky y el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, se explica en el velado desistimiento de Nación, armado con elementos técnicos y políticos recogidos por Energía y Casa Rosada, muy a pesar del conocido deseo presidencial. Persisten meneos, como el análisis de un recurso judicial, aunque la determinación está tomada: Nación se resignó y la planta no estará en Río Negro.
El intento final estuvo en la charla del presidente Mauricio Macri con el gobernador Alberto Weretilneck en Villa La Angostura. El mandatario pretendía otro respaldo del rionegrino. “Se esperaba mayor compromiso. No observamos apoyo claro del gobierno para empujarlo. El gobernador opina con muy poca convicción”, admitió un funcionario nacional a “Río Negro” en un repaso de las razones del abandono.
Esa desactivación fue advertida por los promotores rionegrinos. Así, Iribarren no nunca recibió la pretendida resolución de Energía que formalizara el asentamiento en su localidad y, a partir de eso, su municipio recurriría a la Justicia “Eso (resolución) sólo no alcanza, pues hay una ley que se debería eliminar. Además, la principal oposición –el Frente para la Victoria– está en contra y este proyecto de 9 años, sólo entre elaboración y construcción, trasciende a más de dos gestiones. Por eso, requiere consensos entre los actuales y los futuros gobernantes”, consideró el hombre de Macri. “No alcanza tampoco con el empuje” del senador Miguel Pichetto, los legisladores y “hombres de Cambiemos, y el intendente Iribarren”, agregó, con reconocimiento.
Nación entonces desistió de la central en la provincia, insistió “Río Negro”. “Hoy no está en la agenda. Al presidente le gustaba la idea para desarrollar una zona que está económicamente en retirada. Hubiese sido un importante punto de partida. Pero, la mirada ya esta puesta en construirla en Buenos Aires, en Atucha”.
En ese sentido, funcionarios de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica se reunieron con la gobernadora María Eugenia Vidal para ratificar el asentamiento en Atucha-Lima (Zárate), a 100 kilómetros de Buenos Aires. Allí existen dos de las tres centrales argentinas. Cuarta y quinta, acordadas con China, se repartían entre Lima y Río Negro. Ambas -finalmente- se asentarán en el complejo de Atucha.
El convenio chino viene igualmente con cierta demora, pues se preveían comenzar con los trabajos de la cuarta en el 2018 y la última estimación indica su inicio recién para el año próximo. Antes se deberán firmar los contratos definitivos con China.
Un paso que distiende
Weretilneck prometió al presidente Macri que no intervendría si Nación o Sierra Grande insistían con la central nuclear.
Pero, el vicegobernador Pedro Pesatti se resistía a esa pasividad y, en los últimos días, enfatizó que haría “todo lo que haga falta y donde corresponda” para defender la ley de prohibición. “Seré un celoso custodio”, enfatizó en Las Grutas.
Una formal acción de Nación a favor de la central en Río Negro ponía al oficialismo rionegrino en la disyuntiva, considerando la postura del gobernador y su compromiso ante Macri, y el posicionamiento de Pesatti y sus garantías anunciadas. Por eso, el desistimiento nacional tiene un aporte político a Juntos al suprimir otro componente de deterioro de la relación del gobernador y su vice. Quedarán, igualmente, otras razones por dirimir pero, en principio, se esfuma esta encubierta porfía.
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Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
A pesar del conocido deseo presidencial, se desestimó la posibilidad de que el asentamiento haga pie en esta provincia. Se resolvió que será emplazada en el territorio bonaerense, cerca de las plantas de Atucha.
Nación desistió –finalmente– del asentamiento nuclear en Río Negro y ya lo ubica en el territorio bonaerense, junto a las plantas de Atucha. Admitió que los “impulsos” y posibilidades que quedan en la provincia “no alcanzan” para persistir en el intento.
El paulatino declive de la última promoción en la provincia, liderada por el diputado Sergio Wisky y el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, se explica en el velado desistimiento de Nación, armado con elementos técnicos y políticos recogidos por Energía y Casa Rosada, muy a pesar del conocido deseo presidencial. Persisten meneos, como el análisis de un recurso judicial, aunque la determinación está tomada: Nación se resignó y la planta no estará en Río Negro.
El intento final estuvo en la charla del presidente Mauricio Macri con el gobernador Alberto Weretilneck en Villa La Angostura. El mandatario pretendía otro respaldo del rionegrino. “Se esperaba mayor compromiso. No observamos apoyo claro del gobierno para empujarlo. El gobernador opina con muy poca convicción”, admitió un funcionario nacional a “Río Negro” en un repaso de las razones del abandono.
Esa desactivación fue advertida por los promotores rionegrinos. Así, Iribarren no nunca recibió la pretendida resolución de Energía que formalizara el asentamiento en su localidad y, a partir de eso, su municipio recurriría a la Justicia “Eso (resolución) sólo no alcanza, pues hay una ley que se debería eliminar. Además, la principal oposición –el Frente para la Victoria– está en contra y este proyecto de 9 años, sólo entre elaboración y construcción, trasciende a más de dos gestiones. Por eso, requiere consensos entre los actuales y los futuros gobernantes”, consideró el hombre de Macri. “No alcanza tampoco con el empuje” del senador Miguel Pichetto, los legisladores y “hombres de Cambiemos, y el intendente Iribarren”, agregó, con reconocimiento.
Nación entonces desistió de la central en la provincia, insistió “Río Negro”. “Hoy no está en la agenda. Al presidente le gustaba la idea para desarrollar una zona que está económicamente en retirada. Hubiese sido un importante punto de partida. Pero, la mirada ya esta puesta en construirla en Buenos Aires, en Atucha”.
En ese sentido, funcionarios de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica se reunieron con la gobernadora María Eugenia Vidal para ratificar el asentamiento en Atucha-Lima (Zárate), a 100 kilómetros de Buenos Aires. Allí existen dos de las tres centrales argentinas. Cuarta y quinta, acordadas con China, se repartían entre Lima y Río Negro. Ambas -finalmente- se asentarán en el complejo de Atucha.
El convenio chino viene igualmente con cierta demora, pues se preveían comenzar con los trabajos de la cuarta en el 2018 y la última estimación indica su inicio recién para el año próximo. Antes se deberán firmar los contratos definitivos con China.
Un paso que distiende
Weretilneck prometió al presidente Macri que no intervendría si Nación o Sierra Grande insistían con la central nuclear.
Pero, el vicegobernador Pedro Pesatti se resistía a esa pasividad y, en los últimos días, enfatizó que haría “todo lo que haga falta y donde corresponda” para defender la ley de prohibición. “Seré un celoso custodio”, enfatizó en Las Grutas.
Una formal acción de Nación a favor de la central en Río Negro ponía al oficialismo rionegrino en la disyuntiva, considerando la postura del gobernador y su compromiso ante Macri, y el posicionamiento de Pesatti y sus garantías anunciadas. Por eso, el desistimiento nacional tiene un aporte político a Juntos al suprimir otro componente de deterioro de la relación del gobernador y su vice. Quedarán, igualmente, otras razones por dirimir pero, en principio, se esfuma esta encubierta porfía.
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Los Braun Peña sigue desmontando Salta
Braun Peña sigue desmontando
Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que en Salta las topadoras todavía avanzan sobre el monte nativo. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de esa ONG.
Activistas de Greenpeace denunciaron ayer que Alejandro Braun Peña –primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña– continúa con el desmonte en la finca salteña Cuchuy, a pesar de que el gobierno de Salta ordenó frenar la deforestación en esa zona el 25 de enero, luego de recibir una intimación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En los 22 días que transcurrieron desde entonces, Braun Peña arrasó con unas 300 hectáreas de bosque protegido, según las estimaciones de Greenpeace, que se suman a las más de 5 mil que ya había deforestado en la zona, en la que,además, viven 17 familias wichi que están en riesgo.
Miembros de la organización ambientalista detectaron luego de sobrevolar la región que las topadoras todavía avanzan sobre el monte protegido por la Ley de Bosques. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques. Primero consiguió un permiso completamente ilegal del gobierno de Juan Manuel Urtubey y ahora, a pesar de las dos resoluciones, tanto de la provincia como de la nación, sigue desmontando de manera ilegal”, aseguró en diálogo con PáginaI12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. “Quien debe hacer cumplir este tipo de medidas es el gobierno provincial. Urtubey es responsable de no controlar, y, además, debería ahora de manera urgente multar a Braun Peña de manera ejemplificadora para el resto de los terratenientes que están arrasando también con los bosques, como para que ninguno se anime a violar esta resolución que frenó a 32 fincas que pretendían desmontar a los bosques protegidos”, agregó el activista.
La Resolución 56/2018, firmada por el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, fue publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero. La medida estableció que los decretos provinciales 2211/10 y 3136/10, mediante los cuales el gobierno salteño había permitido rezonificar las regiones protegidas por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN),eran incompatibles con la Ley Nacional de Bosques. A partir de esos dos decretos, el gobierno de Urtubey había habilitado el desmonte en 32 fincas por pedido de los empresarios sojeros, que sumaban un total de 144.984 hectáres de bosque protegido por la ley.
En la resolución, el Ministerio de Ambiente resolvió “instar a la autoridad local de aplicación de la Provincia de Salta a suspender los efectos de las autorizaciones respecto de los predios alcanzados pendientes de desmonte”. Como respuesta a la medida, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable salteño anunció al día siguiente en un comunicado que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados”, y explicitó que “en este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy”.
“Esperemos que el gobierno de Urtubey caiga con todo el rigor sobre estos terratenientes que no cumplen la ley de bosques. Lo de Braun Peña es insólito porque la propia provincia le había ordenado frenar”, afirmó Giardini. El activista señaló que “es hora de que Urtubey cancele los permisos que originalmente otorgó, porque la provincia de Salta lo que ha hecho hasta ahora es suspender la ejecución”. Sumado a esto, apuntó que “para frenar efectivamente los desmontes necesitamos que la deforestación sea un delito penal; no alcanzan las multas ni las resoluciones, ningún tipo de medida de los gobiernos es suficiente para que estos terratenientes voraces frenen la destrucción de los bosques”.
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Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció que en Salta las topadoras todavía avanzan sobre el monte nativo. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de esa ONG.
Activistas de Greenpeace denunciaron ayer que Alejandro Braun Peña –primo segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña– continúa con el desmonte en la finca salteña Cuchuy, a pesar de que el gobierno de Salta ordenó frenar la deforestación en esa zona el 25 de enero, luego de recibir una intimación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. En los 22 días que transcurrieron desde entonces, Braun Peña arrasó con unas 300 hectáreas de bosque protegido, según las estimaciones de Greenpeace, que se suman a las más de 5 mil que ya había deforestado en la zona, en la que,además, viven 17 familias wichi que están en riesgo.
Miembros de la organización ambientalista detectaron luego de sobrevolar la región que las topadoras todavía avanzan sobre el monte protegido por la Ley de Bosques. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para arrasar con los bosques. Primero consiguió un permiso completamente ilegal del gobierno de Juan Manuel Urtubey y ahora, a pesar de las dos resoluciones, tanto de la provincia como de la nación, sigue desmontando de manera ilegal”, aseguró en diálogo con PáginaI12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. “Quien debe hacer cumplir este tipo de medidas es el gobierno provincial. Urtubey es responsable de no controlar, y, además, debería ahora de manera urgente multar a Braun Peña de manera ejemplificadora para el resto de los terratenientes que están arrasando también con los bosques, como para que ninguno se anime a violar esta resolución que frenó a 32 fincas que pretendían desmontar a los bosques protegidos”, agregó el activista.
La Resolución 56/2018, firmada por el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, fue publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero. La medida estableció que los decretos provinciales 2211/10 y 3136/10, mediante los cuales el gobierno salteño había permitido rezonificar las regiones protegidas por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN),eran incompatibles con la Ley Nacional de Bosques. A partir de esos dos decretos, el gobierno de Urtubey había habilitado el desmonte en 32 fincas por pedido de los empresarios sojeros, que sumaban un total de 144.984 hectáres de bosque protegido por la ley.
En la resolución, el Ministerio de Ambiente resolvió “instar a la autoridad local de aplicación de la Provincia de Salta a suspender los efectos de las autorizaciones respecto de los predios alcanzados pendientes de desmonte”. Como respuesta a la medida, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable salteño anunció al día siguiente en un comunicado que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados”, y explicitó que “en este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy”.
“Esperemos que el gobierno de Urtubey caiga con todo el rigor sobre estos terratenientes que no cumplen la ley de bosques. Lo de Braun Peña es insólito porque la propia provincia le había ordenado frenar”, afirmó Giardini. El activista señaló que “es hora de que Urtubey cancele los permisos que originalmente otorgó, porque la provincia de Salta lo que ha hecho hasta ahora es suspender la ejecución”. Sumado a esto, apuntó que “para frenar efectivamente los desmontes necesitamos que la deforestación sea un delito penal; no alcanzan las multas ni las resoluciones, ningún tipo de medida de los gobiernos es suficiente para que estos terratenientes voraces frenen la destrucción de los bosques”.
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Denuncian a minera de hierro en Río Negro
Denuncian a Minera Sierra Grande por daños ambientales
Fecha de Publicación: 21/02/2018
Fuente: Agencia ADN
Provincia/Región: Río Negro
La empresa Minera M.C.C de Sierra Grande cuenta con un depósito de mineral de hierro a cielo abierto, en las cercanías del embarcadero de Punta Colorada. La volativilidad del polvo de hierro, sumado a los vientos predominantes en la zona hicieron que el mineral de hierro comience a originar consecuencias lesivas en la costa y en el balneario de Playas Doradas. Este proceso de contaminación fue denunciado por la senadora Magdalena Odarda y la legisladora (FpV) Graciela Holtz.
Odarda anunció que presentará en la Defensoría del Pueblo una denuncia por la voladura de polvo de hierro en Sierra Grande y Playas Doradas, mientras que Holtz, hizo lo propio ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable provincial debido a “la grave situación ambiental que se ha generado en el desembarcadero de Punta Colorada”.
“Este polvo de mineral de Hierro, finísimo y en razón de ello muy volátil, produce un daño irreparable al ambiente y ecosistema de toda la zona, al depositarse llevado por el viento sobre las plantas, el agua, la fauna y todo lo que esté a su paso” explicó la legisladora del Circuito Zona Atlántica del FpV y agregó que “este daño al ambiente, causado por imprudencia y desidia de empresa se podría haber evitado peletizando el mineral”.
La senadora Odarda recordó que “muchos vecinos reclaman desde hace varios años, por el polvo de hierro en suspensión que se levanta por los fuertes vientos y las maniobras que la empresa hace del material con el fin de removerlo de la playa de acopio”.
Sostiene que “el polvo de hierro en suspensión puede acarrear trastornos respiratorios, y además, alterar las condiciones saludables en el agua y la tierra. En una simple investigación, puede saberse acerca de los efectos del polvo de hierro en las personas”.
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700 pájaros en el baúl de un auto
Ambiente rescató 700 aves del comercio ilegal de fauna
Fecha de Publicación: 20/02/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Buenos Aires
Mediante un control vehicular efectuado por Gendarmería Nacional en la localidad de Zárate, se secuestraron un total de 700 aves que eran transportadas en el baúl de un auto. A partir de allí se dio actuación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que intervino en el procedimiento para el resguardo de los animales.
Entre los animales que resultaron decomisados había ejemplares de cardenales comunes, cardenales copetes rojos, reina mora, pica huesos, boyeros, pepiteros de collar y tordo renegrido. Estos serán trasladados a la Fundación Temaikèn para su monitoreo y evaluación.
El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, aseguró que “el tráfico de fauna silvestre deja un saldo estimativo de 9 de cada 10 animales muertos, y es uno de los delitos más cometidos a nivel global luego del comercio ilegal de drogas y de armas”.
Por su parte, el director de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, Santiago D’Alessio, señaló: “El tráfico ilegal es una de las principales amenazas para nuestra fauna silvestre. Desde el Ministerio de Ambiente se trabaja activamente en coordinación con las provincias, con las fuerzas de seguridad y la justicia para eliminar este flagelo. Gendarmería Nacional es un socio fundamental en esta tarea, en particular el escuadrón Zárate, dado que controla uno de los puntos más calientes de ingreso desde litoral al eje metropolitano”.
Luego del hallazgo de las aves por parte de las fuerzas de seguridad, la cartera de Ambiente, a través de su Dirección de Fauna Silvestre, articuló el procedimiento con la Gendarmería Nacional, la Dirección de Fauna de la provincia de Buenos Aires y Fundación Temaikèn. En el operativo también intervino la Unidad Fiscal de Investigación N° 7 de Zárate, a cargo de Andrea Palacios.
Este procedimiento se produjo días después de que el Ministerio de Ambiente y la Policía Federal Argentina secuestraran cientos de trofeos de caza (entre cueros y cuernos) y animales taxidermizados en distintos cotos de caza de la localidad bonaerense de Dolores y en Santiago del Estero.
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Fecha de Publicación: 20/02/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Buenos Aires
Mediante un control vehicular efectuado por Gendarmería Nacional en la localidad de Zárate, se secuestraron un total de 700 aves que eran transportadas en el baúl de un auto. A partir de allí se dio actuación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que intervino en el procedimiento para el resguardo de los animales.
Entre los animales que resultaron decomisados había ejemplares de cardenales comunes, cardenales copetes rojos, reina mora, pica huesos, boyeros, pepiteros de collar y tordo renegrido. Estos serán trasladados a la Fundación Temaikèn para su monitoreo y evaluación.
El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, aseguró que “el tráfico de fauna silvestre deja un saldo estimativo de 9 de cada 10 animales muertos, y es uno de los delitos más cometidos a nivel global luego del comercio ilegal de drogas y de armas”.
Por su parte, el director de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, Santiago D’Alessio, señaló: “El tráfico ilegal es una de las principales amenazas para nuestra fauna silvestre. Desde el Ministerio de Ambiente se trabaja activamente en coordinación con las provincias, con las fuerzas de seguridad y la justicia para eliminar este flagelo. Gendarmería Nacional es un socio fundamental en esta tarea, en particular el escuadrón Zárate, dado que controla uno de los puntos más calientes de ingreso desde litoral al eje metropolitano”.
Luego del hallazgo de las aves por parte de las fuerzas de seguridad, la cartera de Ambiente, a través de su Dirección de Fauna Silvestre, articuló el procedimiento con la Gendarmería Nacional, la Dirección de Fauna de la provincia de Buenos Aires y Fundación Temaikèn. En el operativo también intervino la Unidad Fiscal de Investigación N° 7 de Zárate, a cargo de Andrea Palacios.
Este procedimiento se produjo días después de que el Ministerio de Ambiente y la Policía Federal Argentina secuestraran cientos de trofeos de caza (entre cueros y cuernos) y animales taxidermizados en distintos cotos de caza de la localidad bonaerense de Dolores y en Santiago del Estero.
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Un empresario al Acumar
Riachuelo: polémica por un nuevo nombramiento en Acumar
Fecha de Publicación: 20/02/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
La designación de Nicolás Bardella como el nuevo titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo despertó la preocupación de las ONG que controlan el fallo de la Corte debido a su pasado empresarial
Un nuevo recambio en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) encendió las alarmas de las ONG que conforman el Cuerpo Colegiado encargado de controlar el cumplimiento del fallo de la Corte que ordena sanear uno de los ríos más contaminados de la Argentina.
Se trata del titular de la Dirección General Ambiental del organismo, conformado por autoridades de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, Nicolás Bardella.
El nuevo funcionario, que reemplazó a Federico Gatti, llega luego de haber formado parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable bonaerense (OPDS). Sin embargo, antes de su paso por ese ente oficial, fue asesor de una empresa con reputación de contaminante en Pilar, a la que luego tenía que controlar.
"Más allá de su permanente cambio de funcionarios y su inestabilidad institucional, no deja de sorprender que se busque un funcionario que, a priori, tiene muy malos antecedentes que son públicos. Su actuación como apoderado de una de las empresas de Pilar denunciada porque ha sido muy contaminante es de público conocimiento. Acumar es un organismo que debería avanzar en profesionalizar sus líneas; el cargo en el que ha asumido es un cargo específico con ese destino. El Gobierno si quiere ir en esta línea de profesionalizar este nombramiento político no es el mejor ejemplo", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
Desde 2013 y hasta marzo del año pasado Bardella fue consultor ambiental en la empresa Ambientus SA y apoderado de Verasur, acusada de contaminar las napas con hidrocarburos. Luego, tuvo que controlarla.
Esta semana, la Corte citó a una nueva audiencia pública para el 14 de marzo para que los funcionarios detallen los avances del plan de limpieza.
"La Acumar y los Estados informarán oralmente al tribunal sobre el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de los mandatos impuestos en la sentencia en materia de prevención y recomposición del daño ambiental colectivo del río Matanza Riachuelo. En su pronunciamiento del 9 de noviembre de 2017 la Corte advirtió serias deficiencias en los informes presentados por el organismo", indica la resolución emitida por el máximo tribunal y publicada en el Centro de Información Judicial.
Las faltas más destacadas en aquel informe fueron sobre los avances en materia de salud de la población, saneamiento de basurales y la dilatada relocalización de las personas en situación vulnerable y que aún viven en el camino de sirga, al borde del río.
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Fecha de Publicación: 20/02/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
La designación de Nicolás Bardella como el nuevo titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo despertó la preocupación de las ONG que controlan el fallo de la Corte debido a su pasado empresarial
Un nuevo recambio en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) encendió las alarmas de las ONG que conforman el Cuerpo Colegiado encargado de controlar el cumplimiento del fallo de la Corte que ordena sanear uno de los ríos más contaminados de la Argentina.
Se trata del titular de la Dirección General Ambiental del organismo, conformado por autoridades de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, Nicolás Bardella.
El nuevo funcionario, que reemplazó a Federico Gatti, llega luego de haber formado parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable bonaerense (OPDS). Sin embargo, antes de su paso por ese ente oficial, fue asesor de una empresa con reputación de contaminante en Pilar, a la que luego tenía que controlar.
"Más allá de su permanente cambio de funcionarios y su inestabilidad institucional, no deja de sorprender que se busque un funcionario que, a priori, tiene muy malos antecedentes que son públicos. Su actuación como apoderado de una de las empresas de Pilar denunciada porque ha sido muy contaminante es de público conocimiento. Acumar es un organismo que debería avanzar en profesionalizar sus líneas; el cargo en el que ha asumido es un cargo específico con ese destino. El Gobierno si quiere ir en esta línea de profesionalizar este nombramiento político no es el mejor ejemplo", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
Desde 2013 y hasta marzo del año pasado Bardella fue consultor ambiental en la empresa Ambientus SA y apoderado de Verasur, acusada de contaminar las napas con hidrocarburos. Luego, tuvo que controlarla.
Esta semana, la Corte citó a una nueva audiencia pública para el 14 de marzo para que los funcionarios detallen los avances del plan de limpieza.
"La Acumar y los Estados informarán oralmente al tribunal sobre el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de los mandatos impuestos en la sentencia en materia de prevención y recomposición del daño ambiental colectivo del río Matanza Riachuelo. En su pronunciamiento del 9 de noviembre de 2017 la Corte advirtió serias deficiencias en los informes presentados por el organismo", indica la resolución emitida por el máximo tribunal y publicada en el Centro de Información Judicial.
Las faltas más destacadas en aquel informe fueron sobre los avances en materia de salud de la población, saneamiento de basurales y la dilatada relocalización de las personas en situación vulnerable y que aún viven en el camino de sirga, al borde del río.
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Desastre Agropecuario en Chaco, Mendoza y La Pampa
La Comisión de Desastre Agropecuario recomienda declarar la emergencia nacional en Chaco, Mendoza y La Pampa
Fecha de Publicación: 20/02/2018
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional
Lo hacen en sus informes sobre la situación en esas provincias, en los que además analizaron las consecuencias de las inclemencias climáticas de cada zona.
Los representantes de Chaco presentaron el decreto provincial del 30 de enero pasado, que establece la declaración de estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por 180 días a partir del 1° de febrero, para las actividades de agricultura, ganadería, horticultura, apicultura, y pequeños productores de agricultura familiar.
El mismo afectaba a los departamentos de Comandante Fernández, Independencia para la Colonia, Pampa Napenay y Quitilipi, y para las colonias General Paz y Uriburu, por la problemática de excesos hídricos del último mes.
Los funcionarios de La Pampa detallaron los alcances del decreto del 5 de febrero de este año, que declara en estado de Emergencia por incendios a las explotaciones ganaderas afectadas en diversos lotes de departamentos ubicados en el este, centro, sur y oeste de la provincia.
Se trata de Atreuco, Hucal, Caleu-Caleu, Toay, Utracan, Lihuel-Calel, Curaco, Chalileo y Chical-Co, que contarán con la vigencia de este decreto hasta el 30 de junio de 2018.
En el caso de Mendoza, los representantes desarrollaron los principales puntos del decreto del 8 de enero pasado, que establece la declaración de Estado de Emergencia hasta el 30 de julio de 2019 para las propiedades rurales ubicadas en los departamentos de General Alvear y San Rafael, por los efectos de los incendios.
Tras el desarrollo de cada decreto, los integrantes de la Comisión, junto con el subsecretario de Coordinación Política, Hugo Rossi, y el director nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, Javier Caniggia Bengolea, resolvieron elevar al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, la recomendación para declarar la emergencia agropecuaria a nivel nacional.
Del encuentro participaron además de funcionarios del Ministerio de Agroindustria de la Nación y de los gobiernos de las provincias de Mendoza, La Pampa, y Chaco, representantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Banco Central; Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Servicio Meteorológico Nacional (SMN); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Sociedad Rural Argentina (SRA); de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF).
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Fecha de Publicación: 20/02/2018
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional
Lo hacen en sus informes sobre la situación en esas provincias, en los que además analizaron las consecuencias de las inclemencias climáticas de cada zona.
Los representantes de Chaco presentaron el decreto provincial del 30 de enero pasado, que establece la declaración de estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por 180 días a partir del 1° de febrero, para las actividades de agricultura, ganadería, horticultura, apicultura, y pequeños productores de agricultura familiar.
El mismo afectaba a los departamentos de Comandante Fernández, Independencia para la Colonia, Pampa Napenay y Quitilipi, y para las colonias General Paz y Uriburu, por la problemática de excesos hídricos del último mes.
Los funcionarios de La Pampa detallaron los alcances del decreto del 5 de febrero de este año, que declara en estado de Emergencia por incendios a las explotaciones ganaderas afectadas en diversos lotes de departamentos ubicados en el este, centro, sur y oeste de la provincia.
Se trata de Atreuco, Hucal, Caleu-Caleu, Toay, Utracan, Lihuel-Calel, Curaco, Chalileo y Chical-Co, que contarán con la vigencia de este decreto hasta el 30 de junio de 2018.
En el caso de Mendoza, los representantes desarrollaron los principales puntos del decreto del 8 de enero pasado, que establece la declaración de Estado de Emergencia hasta el 30 de julio de 2019 para las propiedades rurales ubicadas en los departamentos de General Alvear y San Rafael, por los efectos de los incendios.
Tras el desarrollo de cada decreto, los integrantes de la Comisión, junto con el subsecretario de Coordinación Política, Hugo Rossi, y el director nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, Javier Caniggia Bengolea, resolvieron elevar al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, la recomendación para declarar la emergencia agropecuaria a nivel nacional.
Del encuentro participaron además de funcionarios del Ministerio de Agroindustria de la Nación y de los gobiernos de las provincias de Mendoza, La Pampa, y Chaco, representantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Banco Central; Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Servicio Meteorológico Nacional (SMN); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Sociedad Rural Argentina (SRA); de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF).
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La otra cara del boom del litio
“No comemos baterías”
Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En Jujuy habilitaron la minería en zonas de comunidades que no fueron consultadas. En Catamarca, se triplicó la inversión. Las asambleas denuncian impacto ambiental y riesgo del agua.
“Oro blanco”, bautizaron al litio, mineral que se utiliza en baterías de celulares, computadoras y autos eléctricos. Científicos, funcionarios, empresarios y periodistas llaman a explotar esa “riqueza natural” presente en las salinas de Jujuy, Salta y Catamarca. Pero no tienen presente que allí viven comunidades indígenas con derechos sobre esos territorios y vecinos que rechazan la minería por sus impactos ambientales y sociales.
La explotación de litio forma parte del modelo extractivo, junto a la megaminería metalífera (oro, cobre, plata, plomo, entre otros), agronegocio, petróleo y forestales. Aunque suele publicitarse como “energía limpia”, su extracción implica sobreconsumo de fuentes de agua y uso de químicos contaminantes.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció en diciembre pasado que existen 63 proyectos mineros de litio. Según su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Salta cuenta con 29 proyectos, Catamarca y Jujuy tiene trece cada una. Le siguen San Luis (cinco), La Rioja (dos) y Córdoba (uno).
“Desde 2010 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) trabaja en la industrialización y el aprovechamiento del litio. La eliminación de las retenciones a la minería y el reintegro a las exportaciones son medidas que ayudan a potenciar la producción de litio”, destacó Marcos Peña.
En Salta avanza la mina Salar de Rincón (de la canadiense Enirgi Group) y el proyecto minero Centenario-Ratones (de la francesa Eramet). En Jujuy funciona la explotación de litio Olaroz, en manos de la australiana Orocobre, junto con Toyota y el gobierno de Jujuy. También está avanzado el proyecto Caucharí de las compañías Sociedad Química y Minera de Chile y de la canadiense Lithium Américas. El gobernador Gerardo Morales viajó la segunda semana de enero a Emiratos Árabes, donde difundió ante empresarios las ventajas que ofrece para la megaminería.
Uno de los mayores focos de resistencia se encuentra en las Salinas Grandes (Jujuy y Salta), lugar de vida, trabajo y cultura de los pueblos indígenas Kolla y Atacama. “No comemos baterías. Sin agua no hay vida”, explican desde la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes, integrada por 33 comunidades indígenas.
Las comunidades brindaron peritajes que confirman la contaminación en la fase de exploración. Destacan la vigencia del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por los cuales se debe consultar a las comunidades indígenas por cualquier acción que pudieran afectar los territorios indígenas.
Las comunidades iniciaron una causa judicial que en 2012 llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero el máximo tribunal desoyó los derechos indígenas por cuestiones formales. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Para funcionarios y empresarios las salinas son un simple recurso a explotar y obtener rentabilidad. Para nosotros, pueblos originarios, nuestra salina significa la vida misma”, alertó Clemente Flores, de la Mesa de 33 comunidades. Y advirtió que el Pueblo Kolla y Atacama resistirá cualquier avance extractivo sobre los territorios indígenas.
En Catamarca funciona desde hace dos décadas la explotación de litio “Salar del Hombre Muerto”, en Antofagasta de la Sierra, en manos de la empresa estadounidense FMC Lithium. Datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación reconocen que Catamarca recibe de regalías sólo el 1,6 por ciento de la facturación de la empresa. De cada 100 dólares que FMC Lithium se lleva de litio (recurso no renovable), sólo deja 1,6 dólar.
La gobernadora Lucía Corpacci impulsa el llamado “Proyecto Tres Quebradas”, en cercanías a Fiambalá (departamento de Tinogasta), en manos de la empresa Liex (subsidiaria de la canadiense Neo Lithiu). En septiembre de 2016, la Secretaría de Minería de Catamarca le otorgó el permiso de exploración. “Como vecinos no fuimos informados, ni por los organismos provinciales ni locales, ni mucho menos se realizó la audiencia pública que exige la Ley General del Ambiente 25675. La empresa Liex avanza en la zona con los avales de los gobiernos, fuerte apoyo del ejecutivo municipal (intendente Roxana Paulón) y con apoyo de los medios de comunicación”, denunció la Asamblea Fiambalá Despierta.
El Proyecto Tres Quebradas abarca 30.000 hectáreas ubicadas en la cuenca de la Salina de la Laguna Verde. Pertenece a zona de la Cordillera de los Andes catamarqueña, en un ambiente glaciar y periglacial.
Desde la Asamblea, que integra la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), destacan que Fiambalá no es un pueblo minero, sino zona de agricultura, conocida por sus viñedos, y en los últimos años por el turismo (termas, dunas, montañas).
Un punto crucial de la minería de litio es el sobreconsumo de agua. Lis Sablé, de la Asamblea de Fiambalá, detalló que el informe de impacto ambiental de Liex carece de estudio hidrogeológico y que fue aprobado sin contar con el inventario de glaciares y ambiente periglaciar, según lo requiere la Ley Nacional 26.639.
Empresas y Gobierno prometen cuidado del ambiente, trabajo y desarrollo local. Con dos décadas de experiencia minera (Salar de Hombre Muerto y Minera Alumbrera), la Asamblea Fiambalá Despierta no duda: “No queremos megaminería del litio en nuestro territorio”.
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Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En Jujuy habilitaron la minería en zonas de comunidades que no fueron consultadas. En Catamarca, se triplicó la inversión. Las asambleas denuncian impacto ambiental y riesgo del agua.
“Oro blanco”, bautizaron al litio, mineral que se utiliza en baterías de celulares, computadoras y autos eléctricos. Científicos, funcionarios, empresarios y periodistas llaman a explotar esa “riqueza natural” presente en las salinas de Jujuy, Salta y Catamarca. Pero no tienen presente que allí viven comunidades indígenas con derechos sobre esos territorios y vecinos que rechazan la minería por sus impactos ambientales y sociales.
La explotación de litio forma parte del modelo extractivo, junto a la megaminería metalífera (oro, cobre, plata, plomo, entre otros), agronegocio, petróleo y forestales. Aunque suele publicitarse como “energía limpia”, su extracción implica sobreconsumo de fuentes de agua y uso de químicos contaminantes.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció en diciembre pasado que existen 63 proyectos mineros de litio. Según su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Salta cuenta con 29 proyectos, Catamarca y Jujuy tiene trece cada una. Le siguen San Luis (cinco), La Rioja (dos) y Córdoba (uno).
“Desde 2010 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) trabaja en la industrialización y el aprovechamiento del litio. La eliminación de las retenciones a la minería y el reintegro a las exportaciones son medidas que ayudan a potenciar la producción de litio”, destacó Marcos Peña.
En Salta avanza la mina Salar de Rincón (de la canadiense Enirgi Group) y el proyecto minero Centenario-Ratones (de la francesa Eramet). En Jujuy funciona la explotación de litio Olaroz, en manos de la australiana Orocobre, junto con Toyota y el gobierno de Jujuy. También está avanzado el proyecto Caucharí de las compañías Sociedad Química y Minera de Chile y de la canadiense Lithium Américas. El gobernador Gerardo Morales viajó la segunda semana de enero a Emiratos Árabes, donde difundió ante empresarios las ventajas que ofrece para la megaminería.
Uno de los mayores focos de resistencia se encuentra en las Salinas Grandes (Jujuy y Salta), lugar de vida, trabajo y cultura de los pueblos indígenas Kolla y Atacama. “No comemos baterías. Sin agua no hay vida”, explican desde la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes, integrada por 33 comunidades indígenas.
Las comunidades brindaron peritajes que confirman la contaminación en la fase de exploración. Destacan la vigencia del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por los cuales se debe consultar a las comunidades indígenas por cualquier acción que pudieran afectar los territorios indígenas.
Las comunidades iniciaron una causa judicial que en 2012 llegó a la Corte Suprema de Justicia, pero el máximo tribunal desoyó los derechos indígenas por cuestiones formales. La causa tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Para funcionarios y empresarios las salinas son un simple recurso a explotar y obtener rentabilidad. Para nosotros, pueblos originarios, nuestra salina significa la vida misma”, alertó Clemente Flores, de la Mesa de 33 comunidades. Y advirtió que el Pueblo Kolla y Atacama resistirá cualquier avance extractivo sobre los territorios indígenas.
En Catamarca funciona desde hace dos décadas la explotación de litio “Salar del Hombre Muerto”, en Antofagasta de la Sierra, en manos de la empresa estadounidense FMC Lithium. Datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación reconocen que Catamarca recibe de regalías sólo el 1,6 por ciento de la facturación de la empresa. De cada 100 dólares que FMC Lithium se lleva de litio (recurso no renovable), sólo deja 1,6 dólar.
La gobernadora Lucía Corpacci impulsa el llamado “Proyecto Tres Quebradas”, en cercanías a Fiambalá (departamento de Tinogasta), en manos de la empresa Liex (subsidiaria de la canadiense Neo Lithiu). En septiembre de 2016, la Secretaría de Minería de Catamarca le otorgó el permiso de exploración. “Como vecinos no fuimos informados, ni por los organismos provinciales ni locales, ni mucho menos se realizó la audiencia pública que exige la Ley General del Ambiente 25675. La empresa Liex avanza en la zona con los avales de los gobiernos, fuerte apoyo del ejecutivo municipal (intendente Roxana Paulón) y con apoyo de los medios de comunicación”, denunció la Asamblea Fiambalá Despierta.
El Proyecto Tres Quebradas abarca 30.000 hectáreas ubicadas en la cuenca de la Salina de la Laguna Verde. Pertenece a zona de la Cordillera de los Andes catamarqueña, en un ambiente glaciar y periglacial.
Desde la Asamblea, que integra la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), destacan que Fiambalá no es un pueblo minero, sino zona de agricultura, conocida por sus viñedos, y en los últimos años por el turismo (termas, dunas, montañas).
Un punto crucial de la minería de litio es el sobreconsumo de agua. Lis Sablé, de la Asamblea de Fiambalá, detalló que el informe de impacto ambiental de Liex carece de estudio hidrogeológico y que fue aprobado sin contar con el inventario de glaciares y ambiente periglaciar, según lo requiere la Ley Nacional 26.639.
Empresas y Gobierno prometen cuidado del ambiente, trabajo y desarrollo local. Con dos décadas de experiencia minera (Salar de Hombre Muerto y Minera Alumbrera), la Asamblea Fiambalá Despierta no duda: “No queremos megaminería del litio en nuestro territorio”.
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Loncopué, otra ciudad que vención la megaminería
La minería a cielo abierto mantiene en alerta a Loncopué
Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
A seis años de la lucha que le torció el brazo al gobierno abortando un proyecto para extraer cobre en Campana Mahuida, los vecinos no bajan la guardia ante la posibilidad de que lo reactiven. “Sin aceptación social no hay proyecto”, dicen las autoridades.
El rechazo popular a la megaminería que se impulsó desde esta ciudad hace casi seis años le puso freno a este tipo de proyectos y generó un antes y un después en el territorio neuquino.
Si bien el referéndum popular, apoyado por la amplia mayoría de los vecinos, solo se pronunció sobre un proyecto puntual dentro del ejido urbano, dejó un antecedente difícil de borrar.
La iniciativa de explotar una mina de cobre dentro del territorio de la comunidad Mellao Morales, a pocos kilómetros de Loncopué en el paraje Campana Mahuida, desató una verdadera batalla que dejó de un lado al gobierno provincial y del otro a los vecinos autoconvocados.
Las diferencias se saldaron con una votación popular a principios de junio de 2012, que la provincia nunca quiso reconocer como vinculante, donde 2125 personas avalaron el si a la ordenanza de prohibición de la megaminería contra el no de 317 vecinos.
El gobierno llevó su reclamo al TSJ pero nunca logró revertir el panorama y el proyecto que prometía trabajo y desarrollo para la ciudad quedó en la nada. Hoy, es apenas un recuerdo lejano.
“La verdad es que Loncopué pretendió ser la puerta de entrada para la megaminería en la provincia. Pero aquí se encontraron con una resistencia popular y legítima que nació de los vecinos quienes dejaron de lado su religión y hasta su pertenencia política para unirse en defensa del medio ambiente”, resumió Viviana Vaca, una de los referentes de los vecinos autoconvocados de la ciudad.
“No fue sencillo, ni mucho menores, sufrimos un bombardeo de todo tipo pero la gente se mantuvo firme e inquebrantable frente a las presiones. Lo destacado de esta lucha es que sirvió de ejemplo para otros pueblos como Las Coloradas”, agregó.
Remarcó que las autoridades debe entender tener en cuenta la opinión de la gente frente a este tipo de decisiones y aceptar, como fue en este caso, cuando una comunidad le dice no a un emprendimiento.
Para Vaca uno de los principales desafíos era multiplicar la información y llegar a todos los sectores.
“Había que dar mensajes muy claros y precisos. Mucha gente creía que estábamos hablando de la vieja minería, de aquella del pico y la pala y no alcanzaba a comprender el concepto que representaba la megaminería”, dijo.
“Felizmente acertamos en el esclarecimiento. Logramos explicarlo y hubo un rechazo generalizado al desastre que estas explotaciones generan en todo el mundo”, sostuvo.
Los vecinos, igualmente, no creen que este tipo de iniciativas se hayan archivado definitivamente en la provincia en otras zonas del país. Los casos de provincias cordilleras de otras provincias son similares.
Al contrario, muchos piensan que están tomando impulso para volver a la carga con diferentes proyectos.
“Estamos a la defensiva porque vemos como gobiernos que dicen estar del lado del pueblo a la primera de cambio son capaces de autorizar megaemprendimientos que terminan por perjudicar a la gente”, dijo Vaca.
Recordó que “en una de las últimas visitas del ex gobernador Jorge Sapag reconoció la voluntad del pueblo de Loncopué pero no sabemos hasta que punto esas son expresiones políticas, lo único real que es el gobierno acuso recibo de nuestra lucha y luego la justicia ratificó cada uno de los pasos que se dieron”.
El gobierno quedó a contramano de los vecinos
El gobierno neuquino chocó contra una pared a la hora de impulsar estos proyectos. La resistencia de los propios vecinos sumado a la ausencia de ingenio para defender ante la sociedad los beneficios de los emprendimientos mineros dejó a la provincia fuera de juego.
En el caso del proyecto de la mina de cobre en el cerro Tres Puntas hubo una postura más rígida y el Estado provincial recurrió a la justicia para defender la iniciativa. Sin embargo no consiguió avances y la idea quedó solo en eso.
“Hoy en día, sino hay aceptación social no hay proyecto”, explicó un funcionario neuquino que prefirió mantener su nombre en reserva. Ese parece ser el nuevo paradigma que impulsa el gobierno luego de las derrotas que cosechó en Loncopué y Las Coloradas, respectivamente.
Desde la lógica pura y sin desechar la cuestión ambiental , ambos proyectos tenían un común denominado. Impulsaban el desarrollo y la creación de mano de obra genuina en lugares donde todo depende del Estado y conseguir un trabajo en el ámbito privado es casi tan difícil como buscar una aguja en un pajar.
La provincia repitió hasta el hartazgo que no había riesgo ambiental pero no logró convencer a la mayoría.
Una campaña similar en tierras puntanas
Carlos Camargo fue uno de los principales opositores a la mina de cobre. Como dirigente social y exconcejal sumó su lucha a la comunidad Mellao Morales y quedó como uno de los emblemas de la resistencia local. Desde hace tres años está radicado en San Luis, donde vivió una situación similar.
“Me ocurrió algo insólito, tengo una pequeña chacra entre las sierras, en un lugar muy bello. A poco de radicarme un emprendimiento minero (litio), intentó explotar un yacimiento a poca distancia”, explicó.
Para Camargo fue como un “esto ya lo viví”. “Nos organizamos con la comunidad y en cho meses logramos que se revocara la licencia ambiental debido a las graves irregularidades en el informe de impacto ambiental”.
“Aún seguimos en lucha porque hay varios proyectos explotar litio en las sierras de San Luis”, comentó.
Los inversores prometían puestos de trabajo y viviendas
En 2008 llegaron a Loncopué un par de desconocidos con los papeles de propiedad de una mina de cobre. Se dijo que iban a explotar la a cielo abierto una mina en el corazón de las tierras de la comunidad mapuche Mellao Morales, en el cerro Tres Puntas de Campana Mahuida. En pocos días el proyecto dividió al pueblo entre los que pensaban que llevaría dignidad y trabajo y los que creían que significaba contaminación y muerte.
Desde el inicio se habló de irregularidades en la compra. La empresa estatal Cormine se la había vendido a la compañía Emprendimientos Mineros SA, de capitales privados chinos, a cambio de sólo 1.000.000 de dólares, sin llamar a licitación y desobedeciendo el artículo 75 de la Constitución Nacional y la ley 24.071 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El convenio se rubricó el 2 de agosto de 2007 en el ocaso de la gestión sobischista, entre el liquidador de Cormine, Martín Miguel Irigoyen, y Jihuan Wu, titular de Emprendimientos Mineros. En la comunidad se hablaba de la mina, del ácido sulfúrico y de lo que podía llegar a suceder con el río Agrio, afluente del Neuquén.
La empresa hablaba de ocupar alrededor de 400 personas de forma directa y unas 2000 de manera indirecta y construir 80 viviendas en una ciudad de 7.000 personas, con un 12 a 14% de desocupados, 750 subsidiados que cobran 150 pesos mensuales y 262 municipales.
Aún así desde el inicio los vecinos se alzaron en pie de guerra y rechazaron la propuesta. El pueblo de siete mil habitantes, en 2012 entró en la historia al ser el escenario del primer referéndum de la Argentina respecto a la aceptación o rechazo de la megaminería. En él 8 de cada diez habitantes rechazaron la actividad extractiva.
La Provincia intentó anular la votación y fue a la justicia, pero la Corte Suprema rechazó un recurso de apelación que habían impulsado contra la decisión del TSJ de frenar el proyecto.
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Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
A seis años de la lucha que le torció el brazo al gobierno abortando un proyecto para extraer cobre en Campana Mahuida, los vecinos no bajan la guardia ante la posibilidad de que lo reactiven. “Sin aceptación social no hay proyecto”, dicen las autoridades.
El rechazo popular a la megaminería que se impulsó desde esta ciudad hace casi seis años le puso freno a este tipo de proyectos y generó un antes y un después en el territorio neuquino.
Si bien el referéndum popular, apoyado por la amplia mayoría de los vecinos, solo se pronunció sobre un proyecto puntual dentro del ejido urbano, dejó un antecedente difícil de borrar.
La iniciativa de explotar una mina de cobre dentro del territorio de la comunidad Mellao Morales, a pocos kilómetros de Loncopué en el paraje Campana Mahuida, desató una verdadera batalla que dejó de un lado al gobierno provincial y del otro a los vecinos autoconvocados.
Las diferencias se saldaron con una votación popular a principios de junio de 2012, que la provincia nunca quiso reconocer como vinculante, donde 2125 personas avalaron el si a la ordenanza de prohibición de la megaminería contra el no de 317 vecinos.
El gobierno llevó su reclamo al TSJ pero nunca logró revertir el panorama y el proyecto que prometía trabajo y desarrollo para la ciudad quedó en la nada. Hoy, es apenas un recuerdo lejano.
“La verdad es que Loncopué pretendió ser la puerta de entrada para la megaminería en la provincia. Pero aquí se encontraron con una resistencia popular y legítima que nació de los vecinos quienes dejaron de lado su religión y hasta su pertenencia política para unirse en defensa del medio ambiente”, resumió Viviana Vaca, una de los referentes de los vecinos autoconvocados de la ciudad.
“No fue sencillo, ni mucho menores, sufrimos un bombardeo de todo tipo pero la gente se mantuvo firme e inquebrantable frente a las presiones. Lo destacado de esta lucha es que sirvió de ejemplo para otros pueblos como Las Coloradas”, agregó.
Remarcó que las autoridades debe entender tener en cuenta la opinión de la gente frente a este tipo de decisiones y aceptar, como fue en este caso, cuando una comunidad le dice no a un emprendimiento.
Para Vaca uno de los principales desafíos era multiplicar la información y llegar a todos los sectores.
“Había que dar mensajes muy claros y precisos. Mucha gente creía que estábamos hablando de la vieja minería, de aquella del pico y la pala y no alcanzaba a comprender el concepto que representaba la megaminería”, dijo.
“Felizmente acertamos en el esclarecimiento. Logramos explicarlo y hubo un rechazo generalizado al desastre que estas explotaciones generan en todo el mundo”, sostuvo.
Los vecinos, igualmente, no creen que este tipo de iniciativas se hayan archivado definitivamente en la provincia en otras zonas del país. Los casos de provincias cordilleras de otras provincias son similares.
Al contrario, muchos piensan que están tomando impulso para volver a la carga con diferentes proyectos.
“Estamos a la defensiva porque vemos como gobiernos que dicen estar del lado del pueblo a la primera de cambio son capaces de autorizar megaemprendimientos que terminan por perjudicar a la gente”, dijo Vaca.
Recordó que “en una de las últimas visitas del ex gobernador Jorge Sapag reconoció la voluntad del pueblo de Loncopué pero no sabemos hasta que punto esas son expresiones políticas, lo único real que es el gobierno acuso recibo de nuestra lucha y luego la justicia ratificó cada uno de los pasos que se dieron”.
El gobierno quedó a contramano de los vecinos
El gobierno neuquino chocó contra una pared a la hora de impulsar estos proyectos. La resistencia de los propios vecinos sumado a la ausencia de ingenio para defender ante la sociedad los beneficios de los emprendimientos mineros dejó a la provincia fuera de juego.
En el caso del proyecto de la mina de cobre en el cerro Tres Puntas hubo una postura más rígida y el Estado provincial recurrió a la justicia para defender la iniciativa. Sin embargo no consiguió avances y la idea quedó solo en eso.
“Hoy en día, sino hay aceptación social no hay proyecto”, explicó un funcionario neuquino que prefirió mantener su nombre en reserva. Ese parece ser el nuevo paradigma que impulsa el gobierno luego de las derrotas que cosechó en Loncopué y Las Coloradas, respectivamente.
Desde la lógica pura y sin desechar la cuestión ambiental , ambos proyectos tenían un común denominado. Impulsaban el desarrollo y la creación de mano de obra genuina en lugares donde todo depende del Estado y conseguir un trabajo en el ámbito privado es casi tan difícil como buscar una aguja en un pajar.
La provincia repitió hasta el hartazgo que no había riesgo ambiental pero no logró convencer a la mayoría.
Una campaña similar en tierras puntanas
Carlos Camargo fue uno de los principales opositores a la mina de cobre. Como dirigente social y exconcejal sumó su lucha a la comunidad Mellao Morales y quedó como uno de los emblemas de la resistencia local. Desde hace tres años está radicado en San Luis, donde vivió una situación similar.
“Me ocurrió algo insólito, tengo una pequeña chacra entre las sierras, en un lugar muy bello. A poco de radicarme un emprendimiento minero (litio), intentó explotar un yacimiento a poca distancia”, explicó.
Para Camargo fue como un “esto ya lo viví”. “Nos organizamos con la comunidad y en cho meses logramos que se revocara la licencia ambiental debido a las graves irregularidades en el informe de impacto ambiental”.
“Aún seguimos en lucha porque hay varios proyectos explotar litio en las sierras de San Luis”, comentó.
Los inversores prometían puestos de trabajo y viviendas
En 2008 llegaron a Loncopué un par de desconocidos con los papeles de propiedad de una mina de cobre. Se dijo que iban a explotar la a cielo abierto una mina en el corazón de las tierras de la comunidad mapuche Mellao Morales, en el cerro Tres Puntas de Campana Mahuida. En pocos días el proyecto dividió al pueblo entre los que pensaban que llevaría dignidad y trabajo y los que creían que significaba contaminación y muerte.
Desde el inicio se habló de irregularidades en la compra. La empresa estatal Cormine se la había vendido a la compañía Emprendimientos Mineros SA, de capitales privados chinos, a cambio de sólo 1.000.000 de dólares, sin llamar a licitación y desobedeciendo el artículo 75 de la Constitución Nacional y la ley 24.071 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El convenio se rubricó el 2 de agosto de 2007 en el ocaso de la gestión sobischista, entre el liquidador de Cormine, Martín Miguel Irigoyen, y Jihuan Wu, titular de Emprendimientos Mineros. En la comunidad se hablaba de la mina, del ácido sulfúrico y de lo que podía llegar a suceder con el río Agrio, afluente del Neuquén.
La empresa hablaba de ocupar alrededor de 400 personas de forma directa y unas 2000 de manera indirecta y construir 80 viviendas en una ciudad de 7.000 personas, con un 12 a 14% de desocupados, 750 subsidiados que cobran 150 pesos mensuales y 262 municipales.
Aún así desde el inicio los vecinos se alzaron en pie de guerra y rechazaron la propuesta. El pueblo de siete mil habitantes, en 2012 entró en la historia al ser el escenario del primer referéndum de la Argentina respecto a la aceptación o rechazo de la megaminería. En él 8 de cada diez habitantes rechazaron la actividad extractiva.
La Provincia intentó anular la votación y fue a la justicia, pero la Corte Suprema rechazó un recurso de apelación que habían impulsado contra la decisión del TSJ de frenar el proyecto.
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La hidrovía de ficción
La hidrovía que no existe para el ministro de Ambiente, Sergio Bergman
Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Nacional
Parece una historia de ficción. El mega-proyecto de hidrovía más largo y grande del país, en la cuenca del Plata, en plena ejecución y desarrollo, simplemente no existe en los papeles, planes técnicos ni políticos del Ministerio de Ambiente de la Nación Argentina.
La denominada hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná, que en realidad son los dos ríos dentro de las fronteras del país -en su contexto de navegabilidad y todo lo que ello implica de operaciones de dragados, mayor profundización antrópica en su calado, nuevos mega puertos o ampliación de otros, en unos u otros lugares de los deltas y valles de inundación que lo constituyen-, es un territorio, que frente a semejante intervención y su renovado impulso por los gobiernos de la cuenca, no existe para el Ministerio de Ambiente de la Nación, menos aún de las áreas de política ambiental de las provincias que lo conforman como parte integrante de su cuenca.
El Ministerio de Ambiente de la Nación responde así a una solicitud formal de acceso a la información ambiental. La consulta, focalizada sobre las intervenciones del organismo en los estudios de impacto ambiental del proyecto de hidrovía en ejecución desde la última década del siglo pasado hasta el presente, tuvo una respuesta categórica. Se expone que nunca intervino en estudio ambiental alguno, como tampoco en propuesta de plan de gestión ambiental alguno, por lo tanto y menos aún, haber emitido Resoluciones de autorizaciones o rechazos de los diversos estudios de impacto ambiental, en los distintas etapas de ejecución del mega proyecto, en más de dos décadas de desarrollo.
En nuestras palabras, reconoce despreocupada y hasta irresponsablemente, que desconoce, que no existe registro administrativo ni técnico alguno, que se pueda aportar a los puntos solicitados, fundamentalmente para conocer de su rol como evaluador de los estudios de impacto ambiental del proyecto en ejecución: el más relevante existente en un río o ríos del país. Se trata, vale recordar, de una de las privatizaciones más escandalosas del menemismo, que durante más de veinte años no tuvo un órgano de control independiente, sobre lo que ya se ha expedido, incluso, la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Oportunamente, el Defensor del Pueblo recomendó una serie de medidas totalmente incumplidas hasta el presente. Las mismas se detallan al pie de este artículo, para quienes quieran profundizar en la significación del caso en estudio y seguimiento desde las organizaciones ecologistas de la cuenca del Plata.
Sí evaluó los estudios de impacto ambiental realizados por el operador concesionario, el Ministerio de Transporte de la Nación. Es decir, el área interesada en impulsar más obras de canalización, ampliación de cauces, mayores profundidades de calado, para que los barcos y barcazas puedan llegar al fin del mundo o su nacimiento, es decir, el Pantanal e incluso algunos delirantes en mega infraestructura consultores de las Instituciones financieras internacionales, con pretensiones de alcanzar el territorio amazónico boliviano y brasilero.
El Ministerio de Transporte de la Nación responde a otra solicitud de acceso a la información de la Alianza Sistema de Humedales Paraguay Paraná, que lo han hecho así y lo continúan haciendo bajo su órbita, “pese al tiempo transcurrido desde el dictado del cuerpo normativo denominado Ley General del Ambiente y de los importantes instrumentos de gestión ambiental que regula, la Ley carece a la fecha de tratamiento reglamentario integral”. Y concluye: “Por lo cual, en la actualidad, no está claro quién es la autoridad competente para emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados”. Es decir, los estudios de impacto ambiental.
Lo expuesto es la prueba, quizás mayor, de la escala de irresponsabilidad institucional, frente a leyes que son operativas por su sola sanción, como la Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental nacional. En síntesis: se trata de leyes que aún no existiendo reglamentación, son aplicables y de cumplimiento obligatorio.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de las proyectadas represas en el río Santa Cruz (medida cautelar), fue determinante al afirmar que la falta de reglamentación de una Ley ambiental, en nada la inmoviliza o le niega operatividad. Todo lo contrario, el Estado no puede utilizar como excusa su propia torpeza o negligencia por falta de reglamentación. Este caso es central y contradice de lleno lo que estamos analizando en su argumentación oficial. Argumentación que además reconoce una supuesta falta de claridad, cuando la claridad de la Ley es contundente, pues corresponde intervenir obligatoriamente a la Autoridad de Aplicación de la Ley General del Ambiente, es decir, el Ministerio que conduce el señor Sergio Bergman.
¿Que transportan los barcos y barcazas por el río?
Granos, soja fundamentalmente, agrotóxicos, minerales, combustibles. También se transporta droga, mucha, diría la Ministra de Seguridad.
Existe una consigna esencial que expresa hace décadas la Coalición Ríos Vivos y la Alianza Sistema de humedales Paraguay Paraná: “Los barcos deben adaptarse a los ríos, no los ríos a los barcos”. Los revividos proyectos de mayor intervención y profundización de la Hidrovía Paraguay Paraná, niegan, resisten esta visión y se avanza de una manera descontrolada frente a un Estado gravemente ausente en las áreas que deberían liderar la aplicación de los principios de prevención, precaución y sustentabilidad, básicamente.
En todo este contexto, las provincias involucradas, en particular sus áreas ambientales, ratifican esta ausencia de la autoridad pública. Y son, justamente, las provincias las titulares de los recursos (bienes) naturales, por donde se realizan este tipo de intervenciones sobre los ríos y el conjunto de sus sistemas asociados de reinos de vida.
Se plantean las obras como competencia exclusiva del Estado Nacional, lo que no debería negar la participación de las provincias, como titulares de sus bienes, en todo el proceso inicial de elaboración de los términos de referencia de los estudios diversos y complejos y de ser parte en su evaluación, dentro de la coordinación del Ministerio de Ambiente en ejercicio del “federalismo de concertación”.
Está claro ahora, infelizmente una vez más, que Ministerio y Ministro de Ambiente son la No autoridad, por su inexistencia frente a los hechos concretos y a un mega emprendimiento millonario en plena ejecución y en la cuenca más enorme y biodiversa del país.
Las dos respuestas oficiales recibidas del área del Ministro Sergio Bergman, como del Ministro Guillermo Javier Dietrich, son realmente alarmantes y obligan a la profundización de estrategias de las organizaciones sociales y ecologistas, para correr el velo a estos escenarios oscuros y de total desprotección de nuestros ríos, sus aguas y ecosistemas, además y fundamentalmente, de la salud de sus pueblos.
Finalmente, la inacción aquí denunciada y reconocida en los actos administrativos propios del Estado nacional, prueba también el poder de las corporaciones que lideran el modelo neoextractivista y de succión de los bienes naturales de una manera ilimitada, espacios liberados al saqueo y la devastación biológica y cultural. El escenario planteado, confirma y ratifica que Eduardo Galeano -en Las Venas Abiertas de América Latina- tenía demasiada razón. En estos tiempos, esa obra adquiere aún quizás más vigencia frente a hechos y modelos que intentan vender una vía de comunicación solo como eso, una simple autopista fluvial productiva, y así tapar un saqueo de bienes naturales y vaciamiento cultural y biológico, desenfrenado, condenando a toda la cuenca, desde su identificación y ejecución por parte del poder del agronegocio exportador y el extractivismo minero, a ser “un área o región de sacrificio”, como denuncia Saskia Sassen en “Expulsiones, brutalidad y complejidad de la economía global”, Katz Editores. Feb. 2015.
Notas al pie
Por Resolución Nro. 04341/98, el Defensor del Pueblo de la Nación recomienda a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación la adopción de las siguientes medidas:
1.- La elaboración de un estudio de impacto ambiental integral de toda la cuenca, previo a la aprobación de los planes parciales de gestión ambiental.
2.- Instar a la concreción de un Órgano de Control de los dragados que se efectúen en la cuenca del Río de la Plata independiente de ese organismo.
De los considerandos se destaca como los conceptos y valoraciones más sobresalientes, los siguientes:
Que en el nivel nacional no existe un estudio de impacto ambiental que contemple los efectos que la totalidad de los trabajos a realizarse en la cuenca del Río de la Plata puedan causar.
Que, en consecuencia, tampoco existe un Plan de Gestión Ambiental Global para todas las Hidrovías que desembocan en el Río de la Plata.
Que, pese a ello, se prevé la aprobación de Planes de Gestión Ambiental de cada tramo, por separado, en base a los estudios parciales referidos.
Que ello se ve agravado por el hecho de que para el tramo Santa Fe-Asunción se toma como base el estudio aceptado por el CIH (Comité Intergubernamental de la Hidrovía) que ha sido severamente cuestionado.
Que ello importa realizar la mayor parte del Programa Hidrovía Paraguay-Paraná sin una adecuada evaluación previa del impacto ambiental, lo que sumado a la carencia de estudios integrales del comportamiento de la cuenca impiden evaluar correctamente las modificaciones que puedan existir por los trabajos que se realizarán.
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Fecha de Publicación: 19/02/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Nacional
Parece una historia de ficción. El mega-proyecto de hidrovía más largo y grande del país, en la cuenca del Plata, en plena ejecución y desarrollo, simplemente no existe en los papeles, planes técnicos ni políticos del Ministerio de Ambiente de la Nación Argentina.
La denominada hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná, que en realidad son los dos ríos dentro de las fronteras del país -en su contexto de navegabilidad y todo lo que ello implica de operaciones de dragados, mayor profundización antrópica en su calado, nuevos mega puertos o ampliación de otros, en unos u otros lugares de los deltas y valles de inundación que lo constituyen-, es un territorio, que frente a semejante intervención y su renovado impulso por los gobiernos de la cuenca, no existe para el Ministerio de Ambiente de la Nación, menos aún de las áreas de política ambiental de las provincias que lo conforman como parte integrante de su cuenca.
El Ministerio de Ambiente de la Nación responde así a una solicitud formal de acceso a la información ambiental. La consulta, focalizada sobre las intervenciones del organismo en los estudios de impacto ambiental del proyecto de hidrovía en ejecución desde la última década del siglo pasado hasta el presente, tuvo una respuesta categórica. Se expone que nunca intervino en estudio ambiental alguno, como tampoco en propuesta de plan de gestión ambiental alguno, por lo tanto y menos aún, haber emitido Resoluciones de autorizaciones o rechazos de los diversos estudios de impacto ambiental, en los distintas etapas de ejecución del mega proyecto, en más de dos décadas de desarrollo.
En nuestras palabras, reconoce despreocupada y hasta irresponsablemente, que desconoce, que no existe registro administrativo ni técnico alguno, que se pueda aportar a los puntos solicitados, fundamentalmente para conocer de su rol como evaluador de los estudios de impacto ambiental del proyecto en ejecución: el más relevante existente en un río o ríos del país. Se trata, vale recordar, de una de las privatizaciones más escandalosas del menemismo, que durante más de veinte años no tuvo un órgano de control independiente, sobre lo que ya se ha expedido, incluso, la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Oportunamente, el Defensor del Pueblo recomendó una serie de medidas totalmente incumplidas hasta el presente. Las mismas se detallan al pie de este artículo, para quienes quieran profundizar en la significación del caso en estudio y seguimiento desde las organizaciones ecologistas de la cuenca del Plata.
Sí evaluó los estudios de impacto ambiental realizados por el operador concesionario, el Ministerio de Transporte de la Nación. Es decir, el área interesada en impulsar más obras de canalización, ampliación de cauces, mayores profundidades de calado, para que los barcos y barcazas puedan llegar al fin del mundo o su nacimiento, es decir, el Pantanal e incluso algunos delirantes en mega infraestructura consultores de las Instituciones financieras internacionales, con pretensiones de alcanzar el territorio amazónico boliviano y brasilero.
El Ministerio de Transporte de la Nación responde a otra solicitud de acceso a la información de la Alianza Sistema de Humedales Paraguay Paraná, que lo han hecho así y lo continúan haciendo bajo su órbita, “pese al tiempo transcurrido desde el dictado del cuerpo normativo denominado Ley General del Ambiente y de los importantes instrumentos de gestión ambiental que regula, la Ley carece a la fecha de tratamiento reglamentario integral”. Y concluye: “Por lo cual, en la actualidad, no está claro quién es la autoridad competente para emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados”. Es decir, los estudios de impacto ambiental.
Lo expuesto es la prueba, quizás mayor, de la escala de irresponsabilidad institucional, frente a leyes que son operativas por su sola sanción, como la Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental nacional. En síntesis: se trata de leyes que aún no existiendo reglamentación, son aplicables y de cumplimiento obligatorio.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de las proyectadas represas en el río Santa Cruz (medida cautelar), fue determinante al afirmar que la falta de reglamentación de una Ley ambiental, en nada la inmoviliza o le niega operatividad. Todo lo contrario, el Estado no puede utilizar como excusa su propia torpeza o negligencia por falta de reglamentación. Este caso es central y contradice de lleno lo que estamos analizando en su argumentación oficial. Argumentación que además reconoce una supuesta falta de claridad, cuando la claridad de la Ley es contundente, pues corresponde intervenir obligatoriamente a la Autoridad de Aplicación de la Ley General del Ambiente, es decir, el Ministerio que conduce el señor Sergio Bergman.
¿Que transportan los barcos y barcazas por el río?
Granos, soja fundamentalmente, agrotóxicos, minerales, combustibles. También se transporta droga, mucha, diría la Ministra de Seguridad.
Existe una consigna esencial que expresa hace décadas la Coalición Ríos Vivos y la Alianza Sistema de humedales Paraguay Paraná: “Los barcos deben adaptarse a los ríos, no los ríos a los barcos”. Los revividos proyectos de mayor intervención y profundización de la Hidrovía Paraguay Paraná, niegan, resisten esta visión y se avanza de una manera descontrolada frente a un Estado gravemente ausente en las áreas que deberían liderar la aplicación de los principios de prevención, precaución y sustentabilidad, básicamente.
En todo este contexto, las provincias involucradas, en particular sus áreas ambientales, ratifican esta ausencia de la autoridad pública. Y son, justamente, las provincias las titulares de los recursos (bienes) naturales, por donde se realizan este tipo de intervenciones sobre los ríos y el conjunto de sus sistemas asociados de reinos de vida.
Se plantean las obras como competencia exclusiva del Estado Nacional, lo que no debería negar la participación de las provincias, como titulares de sus bienes, en todo el proceso inicial de elaboración de los términos de referencia de los estudios diversos y complejos y de ser parte en su evaluación, dentro de la coordinación del Ministerio de Ambiente en ejercicio del “federalismo de concertación”.
Está claro ahora, infelizmente una vez más, que Ministerio y Ministro de Ambiente son la No autoridad, por su inexistencia frente a los hechos concretos y a un mega emprendimiento millonario en plena ejecución y en la cuenca más enorme y biodiversa del país.
Las dos respuestas oficiales recibidas del área del Ministro Sergio Bergman, como del Ministro Guillermo Javier Dietrich, son realmente alarmantes y obligan a la profundización de estrategias de las organizaciones sociales y ecologistas, para correr el velo a estos escenarios oscuros y de total desprotección de nuestros ríos, sus aguas y ecosistemas, además y fundamentalmente, de la salud de sus pueblos.
Finalmente, la inacción aquí denunciada y reconocida en los actos administrativos propios del Estado nacional, prueba también el poder de las corporaciones que lideran el modelo neoextractivista y de succión de los bienes naturales de una manera ilimitada, espacios liberados al saqueo y la devastación biológica y cultural. El escenario planteado, confirma y ratifica que Eduardo Galeano -en Las Venas Abiertas de América Latina- tenía demasiada razón. En estos tiempos, esa obra adquiere aún quizás más vigencia frente a hechos y modelos que intentan vender una vía de comunicación solo como eso, una simple autopista fluvial productiva, y así tapar un saqueo de bienes naturales y vaciamiento cultural y biológico, desenfrenado, condenando a toda la cuenca, desde su identificación y ejecución por parte del poder del agronegocio exportador y el extractivismo minero, a ser “un área o región de sacrificio”, como denuncia Saskia Sassen en “Expulsiones, brutalidad y complejidad de la economía global”, Katz Editores. Feb. 2015.
Notas al pie
Por Resolución Nro. 04341/98, el Defensor del Pueblo de la Nación recomienda a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación la adopción de las siguientes medidas:
1.- La elaboración de un estudio de impacto ambiental integral de toda la cuenca, previo a la aprobación de los planes parciales de gestión ambiental.
2.- Instar a la concreción de un Órgano de Control de los dragados que se efectúen en la cuenca del Río de la Plata independiente de ese organismo.
De los considerandos se destaca como los conceptos y valoraciones más sobresalientes, los siguientes:
Que en el nivel nacional no existe un estudio de impacto ambiental que contemple los efectos que la totalidad de los trabajos a realizarse en la cuenca del Río de la Plata puedan causar.
Que, en consecuencia, tampoco existe un Plan de Gestión Ambiental Global para todas las Hidrovías que desembocan en el Río de la Plata.
Que, pese a ello, se prevé la aprobación de Planes de Gestión Ambiental de cada tramo, por separado, en base a los estudios parciales referidos.
Que ello se ve agravado por el hecho de que para el tramo Santa Fe-Asunción se toma como base el estudio aceptado por el CIH (Comité Intergubernamental de la Hidrovía) que ha sido severamente cuestionado.
Que ello importa realizar la mayor parte del Programa Hidrovía Paraguay-Paraná sin una adecuada evaluación previa del impacto ambiental, lo que sumado a la carencia de estudios integrales del comportamiento de la cuenca impiden evaluar correctamente las modificaciones que puedan existir por los trabajos que se realizarán.
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La visión sobre el monte en el NOA
"En el norte se sigue viendo al monte como tierra desperdiciada"
Fecha de Publicación: 18/02/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: NOA
El biólogo Enrique Derlindati explica el impacto de los desmontes en la región, desde los desplazamientos humanos que provocan hasta cambio climático y las enfermedades que propician.
Poco antes de que las inundaciones por el desborde del Pilcomayo asolaran el norte provincial, el gobierno de Salta resolvió acatar una recomendación del Ministerio de Ambiente de la Nación para detener los desmontes en 32 fincas de la zona. Y aunque esta vez el impacto del agua no tuvo una relación directa con la mano del hombre, las consecuencias de los desbordes de las cuencas de los ríos se agravan cuando el suelo pierde su cobertura vegetal y la porosidad que aportan las raíces en su interior.
La medida, que Juan Manuel Urtubey definió como "insólita", pero que decidió obedecer, aparece en el discurso oficial del gobierno salteño como una suerte de avanzada antagónica con el programa de desarrollo sustentable que planea para los productores locales, aunque no haya demasiada evidencia científica que respalde los argumentos de "sustentabilidad" propuestos. Según el biólogo Enrique Derlindati, docente e investigador de la UNSa, parte de la confusión en torno al concepto tiene que ver con que esa "sustentabilidad" pretendida no necesariamente es la ambiental sino que puede ser social o económica únicamente.
El reordenamiento territorial que reglamentó la ley 26.331 de presupuestos mínimos para la conservación del bosque nativo, denominada Ley de Bosques, organizó las zonas de acuerdo a las categorías de conservación en tres tipos de áreas: rojas para las de alto valor y que no deben desmontarse, amarillas para las de valor medio pero que pueden recuperarse o verdes para las de bajo valor y que son pasibles de ser transformadas. En Salta, el 40% de los bosques nativos fueron arrasados por los desmontes.
"El objetivo real del ordenamiento es que aumenten las áreas rojas y amarillas, es una ley de conservación, no de uso productivo del suelo como se la planteó en Salta", define el biólogo y recuerda que cuando se hizo la presentación del ordenamiento, casi todo el departamento de Anta había quedado en un área roja por los valores de conservación que presentaba, pero finalmente resultó determinada como verde, "y pasó de ser una matriz boscosa con cultivos en el medio a ser una matriz de cultivos con parches de bosque".
Opuestos por la confusión
El planteo de la supuesta antítesis entre conservación y producción, dice Derlindati, es parte de la trampa del discurso. "En 1996 se autorizó el ingreso de la soja transgénica a la Argentina y en 20 años se hizo toda la transformación acelerada de los bosques. El ejemplo más extremo es Córdoba, donde no queda nada del bosque nativo, y ese es el modelo al que quiere apuntar Salta, pero a largo plazo no es un modelo ambientalmente sustentable", explica.
Desde el punto de vista económico, ese modelo tampoco conduce a un progreso sustentable y al desarrollo. "Salta es una provincia forestal. La parte baja de Salta, el chaco y los valles eran casi 100 por ciento bosques, lo cual plantea que debería haber un desarrollo de plan de manejo de bosques para ganadería, para explotación forestal o lo que sea", agrega.
Arrasar el monte sigue siendo, sin embargo, mucho más rentable que conservarlo, y ahí radica el gran nudo de la cuestión. "El desmonte es más fácil, y aunque no lo parezca también es más barato. Hay un montón de cuestiones de negocios inmobiliarios también detrás de la compra venta del suelo, que se mezcla con el destierro de pueblos originarios", asegura y anota en la descripción la necesidad de enfocar la conservación como una herramienta antes que como un objetivo. "Las áreas protegidas son una herramienta de la conservación, como los parques, las reservas, fuera de esas áreas que se utilizan como núcleos se tienen que emplear otras herramientas para la conservación y el manejo de los recursos naturales".
El trabajo prometido
De la mano del desarrollo productivo, la gran promesa para quienes no son los grandes productores, los propietarios de las grandes fincas o los grandes negocios, es la de los puestos de trabajo cada vez más escasos en la región. Sin embargo, tal como explica el biólogo, el avance de la frontera agrícola en el tercer mundo sigue estando aliada al crecimiento de la pobreza.
El modelo no beneficia a los pequeños productores. En países como Brasil, África o el sudeste asiático el avance de la frontera agropecuaria se asocia directamente a la pobreza. "Se desplaza a las familias campesinas, aumentan los cordones de pobreza, las tierras de las familias pasan a ser propiedad de grandes empresarios y para la producción intensiva de carnes o cereales para la exportación".
Y mientras los desplazados por el monocultivo se van a los centros urbanos, cultivos intensivos como el de la soja avanza donde antes no lo hacía. "Antes la soja estaba limitada por la falta de precipitaciones en algunas regiones. Ahora desarrollaron soja también para ambientes más secos y por eso se empezó a cultivar en el chaco".
Con Anta casi completamente modificada en su monte nativo, lo que sigue para el avance de la siembra directa es Rivadavia y San Martín. Las advertencias ambientales, ante este panorama, también llegan con la potencial afectación de las condiciones climáticas. "El bosque funciona como una esponja y modula temperaturas. Si lo transformás en un desierto, también cambia el clima", resume.
El antecedente está en la pampa, con kilómetros incontables de campos y el drenaje de las aguas superficiales hacia lagunas receptoras, como el caso de Picasa, que el año pasado inundó toda su zona de influencia.
¿Cómo usar el bosque sin destruirlo?
La cuestión, antes que cualquier otra condición, requiere de la decisión política de proteger el ambiente. "El bosque se puede hacer productivo, pero no al nivel del rédito que genera transformar y sembrar soja. Se pueden criar vacas en sistemas de intensidad media, con manejo de bosques, pero la soja da muchísma más plata, son idiomas diferentes", dice Derlindati y apunta que los controles que se aplican a los infractores de la ley son por ahora posteriores al daño provocado, con multas que muchas veces se consideran parte de los gastos y la inversión de los productores.
"En el norte en general hay una mirada positiva hacia la transformación del ambiente. Se sigue viendo al monte como tierra desperdiciada y cuando lo cultivan la lectura es 'por fin están haciendo algo'. Esa percepción era lógica hace 80 años. Ahora ya no hace falta aumentar la superficie para aumentar la producción".
Además de degradar el paisaje, la sociedad y el clima, el desmonte altera además el equilibrio de especies y provoca, como en el caso de Brasil, la expansión de mosquitos transmisores de enfermedades como la leishmaniasis, zika, chikungunya, dengue. "Al eliminar el bosque se acelera el efecto invernadero, que genera un aceleramiento del cambio climático y hace que tengamos temperaturas mayores en latitudes más bajas. Eso hace que el mosquito aumente su área de distribución", dice el biólogo. "Los mosquitos habitan en áreas transformadas. Cuando había montes había más monos de los que se alimentaban. Ahora no hay monte, ni monos y buscan a los humanos. Es parte de la transformación".
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Fecha de Publicación: 18/02/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: NOA
El biólogo Enrique Derlindati explica el impacto de los desmontes en la región, desde los desplazamientos humanos que provocan hasta cambio climático y las enfermedades que propician.
Poco antes de que las inundaciones por el desborde del Pilcomayo asolaran el norte provincial, el gobierno de Salta resolvió acatar una recomendación del Ministerio de Ambiente de la Nación para detener los desmontes en 32 fincas de la zona. Y aunque esta vez el impacto del agua no tuvo una relación directa con la mano del hombre, las consecuencias de los desbordes de las cuencas de los ríos se agravan cuando el suelo pierde su cobertura vegetal y la porosidad que aportan las raíces en su interior.
La medida, que Juan Manuel Urtubey definió como "insólita", pero que decidió obedecer, aparece en el discurso oficial del gobierno salteño como una suerte de avanzada antagónica con el programa de desarrollo sustentable que planea para los productores locales, aunque no haya demasiada evidencia científica que respalde los argumentos de "sustentabilidad" propuestos. Según el biólogo Enrique Derlindati, docente e investigador de la UNSa, parte de la confusión en torno al concepto tiene que ver con que esa "sustentabilidad" pretendida no necesariamente es la ambiental sino que puede ser social o económica únicamente.
El reordenamiento territorial que reglamentó la ley 26.331 de presupuestos mínimos para la conservación del bosque nativo, denominada Ley de Bosques, organizó las zonas de acuerdo a las categorías de conservación en tres tipos de áreas: rojas para las de alto valor y que no deben desmontarse, amarillas para las de valor medio pero que pueden recuperarse o verdes para las de bajo valor y que son pasibles de ser transformadas. En Salta, el 40% de los bosques nativos fueron arrasados por los desmontes.
"El objetivo real del ordenamiento es que aumenten las áreas rojas y amarillas, es una ley de conservación, no de uso productivo del suelo como se la planteó en Salta", define el biólogo y recuerda que cuando se hizo la presentación del ordenamiento, casi todo el departamento de Anta había quedado en un área roja por los valores de conservación que presentaba, pero finalmente resultó determinada como verde, "y pasó de ser una matriz boscosa con cultivos en el medio a ser una matriz de cultivos con parches de bosque".
Opuestos por la confusión
El planteo de la supuesta antítesis entre conservación y producción, dice Derlindati, es parte de la trampa del discurso. "En 1996 se autorizó el ingreso de la soja transgénica a la Argentina y en 20 años se hizo toda la transformación acelerada de los bosques. El ejemplo más extremo es Córdoba, donde no queda nada del bosque nativo, y ese es el modelo al que quiere apuntar Salta, pero a largo plazo no es un modelo ambientalmente sustentable", explica.
Desde el punto de vista económico, ese modelo tampoco conduce a un progreso sustentable y al desarrollo. "Salta es una provincia forestal. La parte baja de Salta, el chaco y los valles eran casi 100 por ciento bosques, lo cual plantea que debería haber un desarrollo de plan de manejo de bosques para ganadería, para explotación forestal o lo que sea", agrega.
Arrasar el monte sigue siendo, sin embargo, mucho más rentable que conservarlo, y ahí radica el gran nudo de la cuestión. "El desmonte es más fácil, y aunque no lo parezca también es más barato. Hay un montón de cuestiones de negocios inmobiliarios también detrás de la compra venta del suelo, que se mezcla con el destierro de pueblos originarios", asegura y anota en la descripción la necesidad de enfocar la conservación como una herramienta antes que como un objetivo. "Las áreas protegidas son una herramienta de la conservación, como los parques, las reservas, fuera de esas áreas que se utilizan como núcleos se tienen que emplear otras herramientas para la conservación y el manejo de los recursos naturales".
El trabajo prometido
De la mano del desarrollo productivo, la gran promesa para quienes no son los grandes productores, los propietarios de las grandes fincas o los grandes negocios, es la de los puestos de trabajo cada vez más escasos en la región. Sin embargo, tal como explica el biólogo, el avance de la frontera agrícola en el tercer mundo sigue estando aliada al crecimiento de la pobreza.
El modelo no beneficia a los pequeños productores. En países como Brasil, África o el sudeste asiático el avance de la frontera agropecuaria se asocia directamente a la pobreza. "Se desplaza a las familias campesinas, aumentan los cordones de pobreza, las tierras de las familias pasan a ser propiedad de grandes empresarios y para la producción intensiva de carnes o cereales para la exportación".
Y mientras los desplazados por el monocultivo se van a los centros urbanos, cultivos intensivos como el de la soja avanza donde antes no lo hacía. "Antes la soja estaba limitada por la falta de precipitaciones en algunas regiones. Ahora desarrollaron soja también para ambientes más secos y por eso se empezó a cultivar en el chaco".
Con Anta casi completamente modificada en su monte nativo, lo que sigue para el avance de la siembra directa es Rivadavia y San Martín. Las advertencias ambientales, ante este panorama, también llegan con la potencial afectación de las condiciones climáticas. "El bosque funciona como una esponja y modula temperaturas. Si lo transformás en un desierto, también cambia el clima", resume.
El antecedente está en la pampa, con kilómetros incontables de campos y el drenaje de las aguas superficiales hacia lagunas receptoras, como el caso de Picasa, que el año pasado inundó toda su zona de influencia.
¿Cómo usar el bosque sin destruirlo?
La cuestión, antes que cualquier otra condición, requiere de la decisión política de proteger el ambiente. "El bosque se puede hacer productivo, pero no al nivel del rédito que genera transformar y sembrar soja. Se pueden criar vacas en sistemas de intensidad media, con manejo de bosques, pero la soja da muchísma más plata, son idiomas diferentes", dice Derlindati y apunta que los controles que se aplican a los infractores de la ley son por ahora posteriores al daño provocado, con multas que muchas veces se consideran parte de los gastos y la inversión de los productores.
"En el norte en general hay una mirada positiva hacia la transformación del ambiente. Se sigue viendo al monte como tierra desperdiciada y cuando lo cultivan la lectura es 'por fin están haciendo algo'. Esa percepción era lógica hace 80 años. Ahora ya no hace falta aumentar la superficie para aumentar la producción".
Además de degradar el paisaje, la sociedad y el clima, el desmonte altera además el equilibrio de especies y provoca, como en el caso de Brasil, la expansión de mosquitos transmisores de enfermedades como la leishmaniasis, zika, chikungunya, dengue. "Al eliminar el bosque se acelera el efecto invernadero, que genera un aceleramiento del cambio climático y hace que tengamos temperaturas mayores en latitudes más bajas. Eso hace que el mosquito aumente su área de distribución", dice el biólogo. "Los mosquitos habitan en áreas transformadas. Cuando había montes había más monos de los que se alimentaban. Ahora no hay monte, ni monos y buscan a los humanos. Es parte de la transformación".
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Denuncian aves empetroladas en el Estrecho de Magallanes
Preocupación por aves empetroladas en el Estrecho de Magallanes
Fecha de Publicación: 18/02/2018
Fuente: ITV (Chile)
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Organizaciones nacionales y red internacional relevan la urgencia de que se activen los mecanismos de control de riesgos y respuesta ante estas situaciones.
Todo comenzó el día 29 de enero, en el sector de Punta Espora en la Primera Angostura del Estrecho de Magallanes, donde se observaron dos ejemplares de Gaviota dominicana (Larus dominicanus) con manchas en su plumaje de algún tipo de hidrocarburo. Se fotografiaron los individuos contaminados. Además, en la ocasión al menos cuatro ejemplares de Chorlo de doble collar (Charadrius falklandicus), mostraron manchas similares.
Con esa información inicial y para dimensionar el alcance del problema, el día 6 de febrero el Centro Bahía Lomas solicitó al experto-ornitólogo Ricardo Matus (Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura) realizar una visita de inspección al sector antes mencionado, lo cual se llevó a cabo ese mismo día utilizando un vehículo todo terreno. Luego de recorrer 20 kilómetros de borde costero, desde Punta Espora hasta 5 kilómetros al sur de cruce de Bahía Azul y un recorrido similar en el sector continental de Punta Delgada, Matus señaló que “se registraron 13 especies de las cuales 7 presentaron individuos con hidrocarburo en su cuerpo, destacando especies de aves playeras migradoras de larga distancia como el Playero de lomo blanco, Playero de Baird, Pilpilén, Pilpilén austral y Chorlo de doble collar”.
Organizaciones como la Agrupación Ecológica Patagónica, el Centro Bahía Lomas, el Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura, y la Oficina Ejecutiva de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP) manifestaron su preocupación por el alcance que esta situación podría tener en el sitio Ramsar Bahía Lomas.
La Dra. Carmen Espoz, decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás y Directora del Centro Bahía Lomas señaló que “se trata del sitio de invernada más importante de todo Sudamérica para el Playero ártico (Calidris canutus rufa), una especie en peligro de extinción”. Cabe mencionar que en 2003 dicha universidad inició un programa de monitoreo ecológico de esta especie en el área que ha entregado información clave para su conservación a escala hemisférica. Por su parte Diego Luna Quevedo, especialista en conservación de la RHRAP “señaló que en este preciso momento Bahía Lomas está albergando al menos el 55% de la población de Calidris canutus rufa que llega a América del Sur. Cualquier evento de contaminación en el área podría tener consecuencias extremadamente negativas para esta especie.”
El humedal de Bahía Lomas es una zona de importancia para las aves playeras migratorias, lo que llevó a su nominación como “sitio Ramsar” en 2004 y como “Reserva Hemisférica” de la RHRAP. El Playero ártico está legalmente protegido en diversos países a lo largo de su ruta migratoria. En Argentina y Canadá es considerada como especie “en peligro”, mientras que en Estados Unidos está categorizada como “Amenazada” bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción. En Brasil, tiene el estatus de especie “Críticamente amenazada”. En Chile, está clasificada como especie “en peligro”. Cada año los playeros árticos emprenden la migración desde sus sitios de reproducción en el ártico canadiense hasta llegar a los sitios de invernada como Bahía Lomas, recorriendo una distancia cercana a los 30.000 km de ida y vuelta.
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Fecha de Publicación: 18/02/2018
Fuente: ITV (Chile)
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Organizaciones nacionales y red internacional relevan la urgencia de que se activen los mecanismos de control de riesgos y respuesta ante estas situaciones.
Todo comenzó el día 29 de enero, en el sector de Punta Espora en la Primera Angostura del Estrecho de Magallanes, donde se observaron dos ejemplares de Gaviota dominicana (Larus dominicanus) con manchas en su plumaje de algún tipo de hidrocarburo. Se fotografiaron los individuos contaminados. Además, en la ocasión al menos cuatro ejemplares de Chorlo de doble collar (Charadrius falklandicus), mostraron manchas similares.
Con esa información inicial y para dimensionar el alcance del problema, el día 6 de febrero el Centro Bahía Lomas solicitó al experto-ornitólogo Ricardo Matus (Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura) realizar una visita de inspección al sector antes mencionado, lo cual se llevó a cabo ese mismo día utilizando un vehículo todo terreno. Luego de recorrer 20 kilómetros de borde costero, desde Punta Espora hasta 5 kilómetros al sur de cruce de Bahía Azul y un recorrido similar en el sector continental de Punta Delgada, Matus señaló que “se registraron 13 especies de las cuales 7 presentaron individuos con hidrocarburo en su cuerpo, destacando especies de aves playeras migradoras de larga distancia como el Playero de lomo blanco, Playero de Baird, Pilpilén, Pilpilén austral y Chorlo de doble collar”.
Organizaciones como la Agrupación Ecológica Patagónica, el Centro Bahía Lomas, el Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura, y la Oficina Ejecutiva de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP) manifestaron su preocupación por el alcance que esta situación podría tener en el sitio Ramsar Bahía Lomas.
La Dra. Carmen Espoz, decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás y Directora del Centro Bahía Lomas señaló que “se trata del sitio de invernada más importante de todo Sudamérica para el Playero ártico (Calidris canutus rufa), una especie en peligro de extinción”. Cabe mencionar que en 2003 dicha universidad inició un programa de monitoreo ecológico de esta especie en el área que ha entregado información clave para su conservación a escala hemisférica. Por su parte Diego Luna Quevedo, especialista en conservación de la RHRAP “señaló que en este preciso momento Bahía Lomas está albergando al menos el 55% de la población de Calidris canutus rufa que llega a América del Sur. Cualquier evento de contaminación en el área podría tener consecuencias extremadamente negativas para esta especie.”
El humedal de Bahía Lomas es una zona de importancia para las aves playeras migratorias, lo que llevó a su nominación como “sitio Ramsar” en 2004 y como “Reserva Hemisférica” de la RHRAP. El Playero ártico está legalmente protegido en diversos países a lo largo de su ruta migratoria. En Argentina y Canadá es considerada como especie “en peligro”, mientras que en Estados Unidos está categorizada como “Amenazada” bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción. En Brasil, tiene el estatus de especie “Críticamente amenazada”. En Chile, está clasificada como especie “en peligro”. Cada año los playeros árticos emprenden la migración desde sus sitios de reproducción en el ártico canadiense hasta llegar a los sitios de invernada como Bahía Lomas, recorriendo una distancia cercana a los 30.000 km de ida y vuelta.
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San Isidro: surgieron islas y piden una reserva natural
Surgieron islas frente a la costa de San Isidro y serán reserva natural
Fecha de Publicación: 18/02/2018
Fuente: Agencia InfoBan
Provincia/Región: Buenos Aires
Están dentro de la jurisdicción de San Isidro. Se trata de un fenómeno que iba a suceder dentro de cien años, pero se adelantó por cambios en la sedimentación del Río de la Plata.
Sucedería en cien años, pero el fenómeno se adelantó frente a las costas de San Isidro. Allí se están formando islas en el Río de la Plata en la confluencia de los canales San Antonio y Luján dentro de la jurisdicción del Partido de San Isidro. El Municipio las declarará reserva natural.
La más grande tiene tres hectáreas y media y comenzó a consolidarse hace tres años; muy cerca hay islotes más pequeños. Si bien, aún hay bancos de arena y juncos, comenzarán a crecer otras especies vegetales: árboles como el sauce (típicos del Delta) hasta llegar a convertirse en tierra firme y consolidarse en islas, opinan expertos en biodiversidad.
Pensando a futuro, en el año 1996, cuando el hoy intendente Gustavo Posse era diputado provincial impulsó una ley en la que se logró establecer los nuevos límites del Partido que incluye los territorios que se formen en el Río de la Plata.
En otras palabras, toda isla que se forme en determinadas latitudes y longitudes pasaría a formar parte del distrito de San Isidro. “Pertenecen a la jurisdicción territorial del partido de San Isidro las Islas de la Primera Sección que se hallen ubicadas frente a la ribera del Río de la Plata, entre la línea determinada por la proyección de la calle Uruguay sobre el Río de La Plata hasta el punto geográfico situado a 34º 22’ de latitud sur y 58º 23’ de longitud oeste y la línea determinada por la proyección de la calle Paraná hasta el punto geográfico situado a 34º 25’ de latitud sur y 58º 19’ de longitud oeste", dice la ley provincial 12599.
Tras navegar la zona en lancha, Posse expresó: “Trabajamos durante más de 20 años para esto, desde antes que sea intendente. Defendemos este lugar que es propiedad de los vecinos de la provincia de Buenos Aires y lo declaramos como reserva natural para que puedan disfrutarlo ésta y las siguientes generaciones. La naturaleza es un bien social, donde todos somos iguales y nosotros tenemos el criterio de preservarla. Este es el último lugar punto del Delta bonaerense mirando hacia la Ciudad de Buenos Aires, justo frente a San Isidro”.
El subsecretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, Walter Pérez, explicó: “Si bien estos terrenos aluvionales pertenecen al gobierno de la Provincia de Buenos Aires al ser jurisdicción del Partido de San Isidro la zonificación y los usos los establece el Municipio”.
Se marcaron y referenciaron con boyas los límites de las islas que luego serán declaradas como área natural protegida en base a la Ordenanza 8461 “Sistema Municipal de Reservas Naturales Protegidas” promulgada por el Decreto 2084/09. En un futuro próximo, tal como en el Parque Municipal Ribera Norte, la gente podrá recorrer y visitar estas islas con guías locales.
La formación de estas islas se debe a que los ríos a lo largo de sus recorridos van arrastrando pequeñas partículas de sedimentos que se encuentran en el lecho y en las riberas.
Cuando el río llega a su desembocadura, la velocidad del agua disminuye y los sedimentos tienden a irse al fondo. Se forman así bancos de sedimentos que van creciendo continuamente. Estas zonas de desembocadura donde se acumulan sedimentos se llaman deltas, y luego de varios siglos o miles de años, los depósitos de sedimentos llegan a formar islas.
“San Isidro es pionero en la cantidad de áreas protegidas; tenemos dos costeras, dos en la barranca y recientemente se sumaron estas islas. Queremos conservar este humedal naturalmente, porque es un ambiente híper sensible y que lo podamos mantener como reserva natural implica que actúe como esponja, por ende cuando vengan crecidas y grandes temporales lluvia, esto va a amortiguar los efectos que produce, y a la vez, mejorará la calidad del aire y el agua”, señaló Bárbara Gasparri, directora de Ecología y Conservación de la Biodiversidad del Municipio.
Entre la fauna que se puede encontrar está el lobito del río, coipo, peces, ranitas, tortugas y carpinchos. Sumado a más de 150 especies de aves como chajás, patos, macás y garzas. Pero, en algunos años esa cifra llegará a duplicarse.
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Denuncian desmonte de bosques de ribera en Bernal
Asambleístas denuncian desmonte en la ribera de Bernal
Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Perspectiva Sur
Provincia/Región: Buenos Aires
La Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes – Avellaneda denunció que Edesur estaría realizando el desmonte del bosque nativo ribereño bajo la línea de cableado de alta tensión.
“Esta es una zona categorizada como área roja - de alto valor de conservación del bosque nativo ribereño. Evidentemente Edesur no conoce cómo proceder en un área protegida y el Municipio no fiscaliza”, señalaron los asambleístas.
“Esperamos que el OPDS intervenga para remediar este desastre ambiental y así evitar que se sumen futuras inundaciones a las que ya sufrimos en Quilmes”.
“Para demostrar que los vecinos nos paramos frente al desmonte, convocamos a reforestar, el sábado 17 de febrero a las 16, nos encontramos en Caseros y Espora, en la bajada de la Autopista Bs. As. - La Plata”.
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Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Perspectiva Sur
Provincia/Región: Buenos Aires
La Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes – Avellaneda denunció que Edesur estaría realizando el desmonte del bosque nativo ribereño bajo la línea de cableado de alta tensión.
“Esta es una zona categorizada como área roja - de alto valor de conservación del bosque nativo ribereño. Evidentemente Edesur no conoce cómo proceder en un área protegida y el Municipio no fiscaliza”, señalaron los asambleístas.
“Esperamos que el OPDS intervenga para remediar este desastre ambiental y así evitar que se sumen futuras inundaciones a las que ya sufrimos en Quilmes”.
“Para demostrar que los vecinos nos paramos frente al desmonte, convocamos a reforestar, el sábado 17 de febrero a las 16, nos encontramos en Caseros y Espora, en la bajada de la Autopista Bs. As. - La Plata”.
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Debate legislativo por los agroquímicos en Entre Ríos
Se viene el debate legislativo por la regulación del uso de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Ambientalistas pusieron en agenda el tema. Al reanudarse la actividad parlamentaria, Diputados definirá si se avanza o no con la polémica iniciativa
La actividad legislativa provincial, a poco de iniciarse el período de sesiones ordinarias, se avizora como intensa en función de los proyectos que deberán discutirse en ambas cámaras. La regulación del uso de agrotóxicos plasmada en un proyecto, con media sanción en Senadores, puso en alerta a organizaciones ambientalistas, gremialistas y políticas, que en la calle visibilizaron el rechazo a la iniciativa que fuera aprobada sobre tablas el 26 de diciembre. Durante buena parte de enero y con adhesiones que se fueron sumando en diferentes localidades, el movimiento que se rige por las decisiones de una asamblea ratificó su repudio al polémico proyecto e instó a los diputados a votar en contra en el caso de ser tratado. Casa de Gobierno fue el epicentro de las actividades, pero las acciones se repitieron en Concordia, Gualeguaychú y otros departamentos con el objetivo de mantener viva la protesta y hacer saber a la sociedad sobre el riesgo que implica el uso de químicos en la salud y el medio ambiente.
Todo parece indicar que luego de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias, previsto para el jueves luego del discurso del gobernador, Gustavo Bordet, se reanude el trabajo en comisiones y con ello se avance en posibles modificaciones al texto girado desde Senadores.
"No es una ley mala"
La diputada Gabriela Lena (Chajarí-Cambiemos), que preside la comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, adelantó que el proyecto deberá ser examinado previamente por las comisiones correspondientes. "Se verá si tiene las mayorías como para poder ser tratado en la Cámara. Es un proyecto que viene del Senado, nosotros todavía no lo recibimos, pero irá a las comisiones que corresponda", aseguró en comunicación con UNO. El texto que alude a la regulación en el uso de los fitosanitarios y cuyo autoría pertenece al senador Mario Torres, se plasmó en forma consensuada entre diferentes actores de la sociedad civil, y por supuesto, contó con la participación de una comisión bicameral. Al respecto Lena manifestó: "Hace más de un año y medio que se viene trabajando con una Comisión Bicameral, reuniéndose con todos los actores. Conozco bien el proyecto. Va a ser tratado en comisión, como todos los proyectos".
En cuanto a la valoración del articulado de la ley y los puntos cuestionados por los ambientalistas y sectores gremiales, respondió: "No me parece una ley mala, todo depende de cómo se la vaya a aplicar. Pero es una ley marco, no es una ley mala".
Sobre las discrepancias que genera la norma en cuanto a las distancias de las aplicaciones terrestres, la legisladora interpretó: "Con respecto a eso quizás hay una falta de información o de percepción de lo que dice la ley, porque lo que establece son parámetros mínimos, o sea que toda la provincia no se puede unificar porque la geografía es diferente, establece zonas sensibles. En el decreto reglamentario van a estar presentes los ambientalistas en la redacción y definirán exactamente la cantidad de metros para cada lugar específico de la provincia".
Acerca de la elaboración del texto definitivo, la diputada de Cambiemos negó que las entidades ambientales no hayan sido consultadas. "Fueron escuchados en la audiencia pública que hubo en Villaguay. Muchas de las cuestiones que ellos plantearon fueron plasmadas".
"Donde hay jurisdicción de cada Municipalidad, obviamente que van a tener la potestad, si bien la ley establece que se prohíbe toda la aplicación de agroquímicos dentro de la planta urbana de los municipios. Por eso no es necesario ninguna ordenanza en cada una de las ciudades. Es cierto que dentro de los ejidos hay diferentes realidades dentro de la provincia, existen localidades que tienen ejidos rurales muy grandes y otras que no lo tienen. Entonces eso debe estar regulado por cada municipio. Son los parámetros que la ley otorga", amplió en relación a los controles en caso de detectarse fumigaciones.
La representante de la oposición consideró importante que se otorguen los recursos necesarios para las tareas de control. "Se establece que el 0,50% de lo recaudado en el impuesto Inmobiliario Rural sea destinado al control, además de las multas, de todas las aplicaciones que en la actualidad no existen", apuntó.
Diego Lara: "No hay apuro en darle tratamiento"
El diputado Diego Lara (FPV-María Grande) también dio su parecer sobre el proyecto que viene a reemplazar a la normativa vigente desde 1980. En declaraciones formuladas a UNO manifestó: "Al proyecto no lo conozco en profundidad, lo sé por el debate que se ha generado a través de los medios y por la repercusión en la opinión pública", opinó, y sobre el debate que se viene en las diferentes comisiones avizoró: "Va a ingresar en más de una, seguramente en Asuntos Agrarios, Salud y Legislación General. No hay apuro en darle tratamiento, sino que sea previo a tener un dictamen, y para tener un dictamen en las comisiones eso tiene que debatirse. Es un tema sensible, que tiene una alta repercusión en la sociedad en su conjunto. Me parece que tenemos que darle el debate necesario, escuchar a todos los sectores que están involucrados y que se tengan todas las miradas que puedan contribuir a una ley tan relevante".
Lara insistió con el planteo de que no existe "ninguna determinación política de avanzar en algún plazo determinado" para un proyecto en materia de agroquímicos.
Acerca del rechazo al texto entre grupos ambientalistas, sectores gremiales y algunos partidos políticos, Lara brindó su postura. "No podemos mirar para otro lado. Es una temática de por sí muy polémica, porque acá hay que conjugar lo que tiene que ver con el mundo productivo, con el desarrollo y las potencialidades de nuestra provincia. Pero por encima de eso está la salud de la población y el medio ambiente. Hay que lograr un punto de equilibrio".
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Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Ambientalistas pusieron en agenda el tema. Al reanudarse la actividad parlamentaria, Diputados definirá si se avanza o no con la polémica iniciativa
La actividad legislativa provincial, a poco de iniciarse el período de sesiones ordinarias, se avizora como intensa en función de los proyectos que deberán discutirse en ambas cámaras. La regulación del uso de agrotóxicos plasmada en un proyecto, con media sanción en Senadores, puso en alerta a organizaciones ambientalistas, gremialistas y políticas, que en la calle visibilizaron el rechazo a la iniciativa que fuera aprobada sobre tablas el 26 de diciembre. Durante buena parte de enero y con adhesiones que se fueron sumando en diferentes localidades, el movimiento que se rige por las decisiones de una asamblea ratificó su repudio al polémico proyecto e instó a los diputados a votar en contra en el caso de ser tratado. Casa de Gobierno fue el epicentro de las actividades, pero las acciones se repitieron en Concordia, Gualeguaychú y otros departamentos con el objetivo de mantener viva la protesta y hacer saber a la sociedad sobre el riesgo que implica el uso de químicos en la salud y el medio ambiente.
Todo parece indicar que luego de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias, previsto para el jueves luego del discurso del gobernador, Gustavo Bordet, se reanude el trabajo en comisiones y con ello se avance en posibles modificaciones al texto girado desde Senadores.
"No es una ley mala"
La diputada Gabriela Lena (Chajarí-Cambiemos), que preside la comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, adelantó que el proyecto deberá ser examinado previamente por las comisiones correspondientes. "Se verá si tiene las mayorías como para poder ser tratado en la Cámara. Es un proyecto que viene del Senado, nosotros todavía no lo recibimos, pero irá a las comisiones que corresponda", aseguró en comunicación con UNO. El texto que alude a la regulación en el uso de los fitosanitarios y cuyo autoría pertenece al senador Mario Torres, se plasmó en forma consensuada entre diferentes actores de la sociedad civil, y por supuesto, contó con la participación de una comisión bicameral. Al respecto Lena manifestó: "Hace más de un año y medio que se viene trabajando con una Comisión Bicameral, reuniéndose con todos los actores. Conozco bien el proyecto. Va a ser tratado en comisión, como todos los proyectos".
En cuanto a la valoración del articulado de la ley y los puntos cuestionados por los ambientalistas y sectores gremiales, respondió: "No me parece una ley mala, todo depende de cómo se la vaya a aplicar. Pero es una ley marco, no es una ley mala".
Sobre las discrepancias que genera la norma en cuanto a las distancias de las aplicaciones terrestres, la legisladora interpretó: "Con respecto a eso quizás hay una falta de información o de percepción de lo que dice la ley, porque lo que establece son parámetros mínimos, o sea que toda la provincia no se puede unificar porque la geografía es diferente, establece zonas sensibles. En el decreto reglamentario van a estar presentes los ambientalistas en la redacción y definirán exactamente la cantidad de metros para cada lugar específico de la provincia".
Acerca de la elaboración del texto definitivo, la diputada de Cambiemos negó que las entidades ambientales no hayan sido consultadas. "Fueron escuchados en la audiencia pública que hubo en Villaguay. Muchas de las cuestiones que ellos plantearon fueron plasmadas".
"Donde hay jurisdicción de cada Municipalidad, obviamente que van a tener la potestad, si bien la ley establece que se prohíbe toda la aplicación de agroquímicos dentro de la planta urbana de los municipios. Por eso no es necesario ninguna ordenanza en cada una de las ciudades. Es cierto que dentro de los ejidos hay diferentes realidades dentro de la provincia, existen localidades que tienen ejidos rurales muy grandes y otras que no lo tienen. Entonces eso debe estar regulado por cada municipio. Son los parámetros que la ley otorga", amplió en relación a los controles en caso de detectarse fumigaciones.
La representante de la oposición consideró importante que se otorguen los recursos necesarios para las tareas de control. "Se establece que el 0,50% de lo recaudado en el impuesto Inmobiliario Rural sea destinado al control, además de las multas, de todas las aplicaciones que en la actualidad no existen", apuntó.
Diego Lara: "No hay apuro en darle tratamiento"
El diputado Diego Lara (FPV-María Grande) también dio su parecer sobre el proyecto que viene a reemplazar a la normativa vigente desde 1980. En declaraciones formuladas a UNO manifestó: "Al proyecto no lo conozco en profundidad, lo sé por el debate que se ha generado a través de los medios y por la repercusión en la opinión pública", opinó, y sobre el debate que se viene en las diferentes comisiones avizoró: "Va a ingresar en más de una, seguramente en Asuntos Agrarios, Salud y Legislación General. No hay apuro en darle tratamiento, sino que sea previo a tener un dictamen, y para tener un dictamen en las comisiones eso tiene que debatirse. Es un tema sensible, que tiene una alta repercusión en la sociedad en su conjunto. Me parece que tenemos que darle el debate necesario, escuchar a todos los sectores que están involucrados y que se tengan todas las miradas que puedan contribuir a una ley tan relevante".
Lara insistió con el planteo de que no existe "ninguna determinación política de avanzar en algún plazo determinado" para un proyecto en materia de agroquímicos.
Acerca del rechazo al texto entre grupos ambientalistas, sectores gremiales y algunos partidos políticos, Lara brindó su postura. "No podemos mirar para otro lado. Es una temática de por sí muy polémica, porque acá hay que conjugar lo que tiene que ver con el mundo productivo, con el desarrollo y las potencialidades de nuestra provincia. Pero por encima de eso está la salud de la población y el medio ambiente. Hay que lograr un punto de equilibrio".
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Rosario con 674 mil m2 de construcciones sustentables
La ciudad ya suma 674 mil metros cuadrados de construcciones sustentables
Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Rosario Nuestro
Provincia/Región: Santa Fe
Son un total de 219 edificios que se construyeron con técnicas y materiales que reducen el consumo energético para climatización en hasta un 40%.
En cuatro años de aplicación de la ordenanza que creó el Programa de Construcciones Sustentables, la Municipalidad de Rosario logró que 219 edificaciones nuevas, desde locales comerciales hasta casas y departamentos, fueran hechas con técnicas y materiales que reducen el consumo energético para climatización en hasta un 40%. Hoy, la ciudad suma 674 mil metros cuadrados nuevos de este tipo de espacios, y en 2018 la norma alcanzará a construcciones de menos de 500 metros cuadrados.
“En la última etapa posicionaremos a Rosario como el único municipio que hoy lleva adelante políticas efectivas para el ahorro de energía”, dijo el secretario de Planeamiento, Pablo Ábalos. El funcionario valoró que “a partir de un responsable debate legislativo en el que participaron los colegios profesionales y los constructores, la Municipalidad de Rosario hizo un aporte más al sistema energético del país de forma gradual y sostenida durante los últimos 4 años. Estableció pautas claras, límites y acompaña a los constructores”.
Para Ábalos, el resultado de este trabajo “es una ciudad que hoy cuenta con edificaciones más duraderas y que trasladan un costo menor a los que viven y trabajan dentro”. “Este tipo de políticas son a las que nos referimos cuando hablamos de sustentabilidad: una mejora en la calidad de vida de los vecinos y vecinas, el cuidado del medio ambiente y el crecimiento de una ciudad equilibrada”, agregó.
La experiencia
Desde que el 1 de julio de 2017 la normativa bajó la vara a menos de mil metros cuadrados, los nuevos edificios con planta baja y al menos tres pisos deben ser construidos con los parámetros de sustentabilidad que indica la Ordenanza 8757.
La recomendación es asumir un sobrecosto y poner doble pared, utilizar una aislación térmica en techos o buscar una mejor orientación para puertas y ventanas. Además del ahorro energético para comerciantes, propietarios o inquilinos, las técnicas ayudan a prevenir problemas en las construcciones y reducir el mantenimiento a futuro.
Arquitectos que ya abordaron proyectos de construcción de edificios para vivienda bajo este nuevo paradigma resaltan que el sobrecosto que implican las nuevas técnicas es “mínimo”, mientras que el ahorro a posteriori en materia de climatización es “muy importante”. Asimismo, remarcaron el acompañamiento del municipio asesorando durante el proceso.
Es el caso de la arquitecta María Laura Sessa, quien trabaja en el proyecto de construcción de un edificio de seis pisos en Santiago 651. La profesional formó parte de la comisión que trabajó en la confección de la ordenanza.
“Este edificio es una buena forma de practicar” los nuevos paradigmas de construcción sustentable. Sin embargo, no se trata del primer edificio de estas características que proyecta, aunque sí el primero que se encuadra en la reglamentación. “Algunos de los requisitos de la ordenanza los cumplíamos sin obligación”, afirmó.
Para Sessa, la nueva metodología de construcción no es más complicada que la tradicional. “Hay que explicarlo bien a la gente que esté en obra, desde el encargado técnico hasta el que la va a ejecutar”, sostuvo. Asimismo, destacó que “en realidad no se incrementa demasiado el costo final, apenas un poquitito pero se recupera con la inversión en gastos de energía que hagan cuando estén funcionando”.
“El mayor ahorro está en el funcionamiento de la unidad cuando esté terminada”, explicó. Según sus cálculos, un departamento construido con las nuevas técnicas consume hasta la mitad de electricidad que uno tradicional.
La arquitecta y maestra mayor de obras María Eugenia Villalba trabaja en la construcción de un edificio de seis pisos que se levanta en Rioja al 2300. Se trata de su primera experiencia de construcción sustentable bajo el mandato de la Ordenanza 8.757.
“No fue dificultoso porque nosotros ya veníamos utilizando algunas de estas características”, aseguró. La profesional destacó especialmente el acompañamiento de la Municipalidad durante la confección del proyecto y la ejecución. “Hubo un contacto fluido, el acompañamiento fue total, las veces que fui a la oficina a consultar la atención fue excelente”, señaló.
“La aislación te favorece en el consumo eléctrico, de gas, la pérdida de calor, te baja mucho el consumo”, remarcó como ventaja, al tiempo que negó que “eleve mucho el costo de la construcción” la utilización de nuevas técnicas. “No lo considero así”, remarcó y enfatizó que una vez que la persona habite la unidad “se va a ver todo el ahorro energético”.
Una apuesta gradual
En 2017, el programa de Construcciones Sustentables trabajó sobre 124 expedientes de profesionales que necesitaban saber cómo adecuarse a la nueva ordenanza. Los criterios de sustentabilidad también fueron aplicados en edificios públicos como el Mercado del Patio y próximamente en el Museo Castagnino, que será ampliado, y el Complejo Educativo, Deportivo y Recreativo del Parque de la Independencia, otro de los proyectos en marcha.
Se trata del último avance de una ordenanza que se va aplicando de manera gradual, según los metros cuadrados de las construcciones, desde su promulgación, allá por el 2013. Ese año, fue obligación para las nuevas construcciones de más de 4 mil metros cuadrados. En ese lapso, hubo cinco casos que sumaron 33.363 metros.
En 2014, cuando la exigencia fue a construcciones de más de 3 mil metros cuadrados, se presentaron 11 casos y se hicieron 55.293 metros cuadrados. Entre 2015 y 2016 hubo 31 casos de proyectos con hasta 2 mil metros cuadrados que tuvieron que adecuarse a la normativa, con un total de 152.356 metros cuadrados. Entre 2016 y 2017 se sumaron 97 construcciones nuevas con un total de 252.346 metros cuadrados.
Desde junio del año pasado, cuando la normativa alcanzó a quienes levanten más de 500 metros cuadrados, un total de 75 construcciones consiguieron el permiso y fueron 142.902 los metros cuadrados construidos bajo criterios de eficiencia energética a la ciudad. En paralelo, el programa de la Secretaría de Planeamiento evalúa asesorar a las construcciones que fueron levantadas antes de la normativa para adecuarse y hacer más eficientes las estructuras.
Lo que viene
En noviembre de 2017, el programa retomó las reuniones con una comisión especial para analizar cómo continuar la aplicación de la ordenanza a partir del 1 de julio de 2018. Participan representantes del Colegio de Arquitectos, de Ingenieros Civiles y de Ingenieros Especialistas. Colaboran las autoridades de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (FAPyD) y de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) más la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Rosario forma parte de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), que agrupa a 119 distritos de 18 provincias que desarrollan políticas activas para reducir el consumo energético y que tuvo su asamblea en nuestra ciudad el pasado jueves 8 de febrero
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Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Rosario Nuestro
Provincia/Región: Santa Fe
Son un total de 219 edificios que se construyeron con técnicas y materiales que reducen el consumo energético para climatización en hasta un 40%.
En cuatro años de aplicación de la ordenanza que creó el Programa de Construcciones Sustentables, la Municipalidad de Rosario logró que 219 edificaciones nuevas, desde locales comerciales hasta casas y departamentos, fueran hechas con técnicas y materiales que reducen el consumo energético para climatización en hasta un 40%. Hoy, la ciudad suma 674 mil metros cuadrados nuevos de este tipo de espacios, y en 2018 la norma alcanzará a construcciones de menos de 500 metros cuadrados.
“En la última etapa posicionaremos a Rosario como el único municipio que hoy lleva adelante políticas efectivas para el ahorro de energía”, dijo el secretario de Planeamiento, Pablo Ábalos. El funcionario valoró que “a partir de un responsable debate legislativo en el que participaron los colegios profesionales y los constructores, la Municipalidad de Rosario hizo un aporte más al sistema energético del país de forma gradual y sostenida durante los últimos 4 años. Estableció pautas claras, límites y acompaña a los constructores”.
Para Ábalos, el resultado de este trabajo “es una ciudad que hoy cuenta con edificaciones más duraderas y que trasladan un costo menor a los que viven y trabajan dentro”. “Este tipo de políticas son a las que nos referimos cuando hablamos de sustentabilidad: una mejora en la calidad de vida de los vecinos y vecinas, el cuidado del medio ambiente y el crecimiento de una ciudad equilibrada”, agregó.
La experiencia
Desde que el 1 de julio de 2017 la normativa bajó la vara a menos de mil metros cuadrados, los nuevos edificios con planta baja y al menos tres pisos deben ser construidos con los parámetros de sustentabilidad que indica la Ordenanza 8757.
La recomendación es asumir un sobrecosto y poner doble pared, utilizar una aislación térmica en techos o buscar una mejor orientación para puertas y ventanas. Además del ahorro energético para comerciantes, propietarios o inquilinos, las técnicas ayudan a prevenir problemas en las construcciones y reducir el mantenimiento a futuro.
Arquitectos que ya abordaron proyectos de construcción de edificios para vivienda bajo este nuevo paradigma resaltan que el sobrecosto que implican las nuevas técnicas es “mínimo”, mientras que el ahorro a posteriori en materia de climatización es “muy importante”. Asimismo, remarcaron el acompañamiento del municipio asesorando durante el proceso.
Es el caso de la arquitecta María Laura Sessa, quien trabaja en el proyecto de construcción de un edificio de seis pisos en Santiago 651. La profesional formó parte de la comisión que trabajó en la confección de la ordenanza.
“Este edificio es una buena forma de practicar” los nuevos paradigmas de construcción sustentable. Sin embargo, no se trata del primer edificio de estas características que proyecta, aunque sí el primero que se encuadra en la reglamentación. “Algunos de los requisitos de la ordenanza los cumplíamos sin obligación”, afirmó.
Para Sessa, la nueva metodología de construcción no es más complicada que la tradicional. “Hay que explicarlo bien a la gente que esté en obra, desde el encargado técnico hasta el que la va a ejecutar”, sostuvo. Asimismo, destacó que “en realidad no se incrementa demasiado el costo final, apenas un poquitito pero se recupera con la inversión en gastos de energía que hagan cuando estén funcionando”.
“El mayor ahorro está en el funcionamiento de la unidad cuando esté terminada”, explicó. Según sus cálculos, un departamento construido con las nuevas técnicas consume hasta la mitad de electricidad que uno tradicional.
La arquitecta y maestra mayor de obras María Eugenia Villalba trabaja en la construcción de un edificio de seis pisos que se levanta en Rioja al 2300. Se trata de su primera experiencia de construcción sustentable bajo el mandato de la Ordenanza 8.757.
“No fue dificultoso porque nosotros ya veníamos utilizando algunas de estas características”, aseguró. La profesional destacó especialmente el acompañamiento de la Municipalidad durante la confección del proyecto y la ejecución. “Hubo un contacto fluido, el acompañamiento fue total, las veces que fui a la oficina a consultar la atención fue excelente”, señaló.
“La aislación te favorece en el consumo eléctrico, de gas, la pérdida de calor, te baja mucho el consumo”, remarcó como ventaja, al tiempo que negó que “eleve mucho el costo de la construcción” la utilización de nuevas técnicas. “No lo considero así”, remarcó y enfatizó que una vez que la persona habite la unidad “se va a ver todo el ahorro energético”.
Una apuesta gradual
En 2017, el programa de Construcciones Sustentables trabajó sobre 124 expedientes de profesionales que necesitaban saber cómo adecuarse a la nueva ordenanza. Los criterios de sustentabilidad también fueron aplicados en edificios públicos como el Mercado del Patio y próximamente en el Museo Castagnino, que será ampliado, y el Complejo Educativo, Deportivo y Recreativo del Parque de la Independencia, otro de los proyectos en marcha.
Se trata del último avance de una ordenanza que se va aplicando de manera gradual, según los metros cuadrados de las construcciones, desde su promulgación, allá por el 2013. Ese año, fue obligación para las nuevas construcciones de más de 4 mil metros cuadrados. En ese lapso, hubo cinco casos que sumaron 33.363 metros.
En 2014, cuando la exigencia fue a construcciones de más de 3 mil metros cuadrados, se presentaron 11 casos y se hicieron 55.293 metros cuadrados. Entre 2015 y 2016 hubo 31 casos de proyectos con hasta 2 mil metros cuadrados que tuvieron que adecuarse a la normativa, con un total de 152.356 metros cuadrados. Entre 2016 y 2017 se sumaron 97 construcciones nuevas con un total de 252.346 metros cuadrados.
Desde junio del año pasado, cuando la normativa alcanzó a quienes levanten más de 500 metros cuadrados, un total de 75 construcciones consiguieron el permiso y fueron 142.902 los metros cuadrados construidos bajo criterios de eficiencia energética a la ciudad. En paralelo, el programa de la Secretaría de Planeamiento evalúa asesorar a las construcciones que fueron levantadas antes de la normativa para adecuarse y hacer más eficientes las estructuras.
Lo que viene
En noviembre de 2017, el programa retomó las reuniones con una comisión especial para analizar cómo continuar la aplicación de la ordenanza a partir del 1 de julio de 2018. Participan representantes del Colegio de Arquitectos, de Ingenieros Civiles y de Ingenieros Especialistas. Colaboran las autoridades de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (FAPyD) y de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) más la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Rosario forma parte de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), que agrupa a 119 distritos de 18 provincias que desarrollan políticas activas para reducir el consumo energético y que tuvo su asamblea en nuestra ciudad el pasado jueves 8 de febrero
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