Demuestran que el glifosato no se degrada en la tierra
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El glifosato no se degrada, se acumula en la tierra argentina
Fecha de Publicación: 29/01/2018
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Nacional
Un estudio del CONICET, publicado en la revista internacional Environmental Pollution, reveló que el peligroso herbicida glifosato se acumula en los campos argentinos, sobre todo en Entre Ríos. La exagerada cantidad utilizada supera la capacidad de degradación de la tierra.
“Dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica“, revela la investigación publicada por la revista internacional y realizada por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), según un articulo del periodista Patricio Eleisegui, autor del libro ‘Envenenados‘, quien accedió a esta nueva evidencia.
Recordemos que recientemente otro artículo había demostrado que además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el veneno creado por Monsanto está generando su némesis: especies nativas resistentes al mismo herbicida, utilizado por el sector agropecuario argentino en cantidades alarmantes.
El artículo de Eleisegui continúa así: “La investigación citada señala entre sus resultados que ‘bajo las prácticas actuales, las tasas de aplicación son más altas que las tasas de disipación'”. Para luego resaltar que “por lo tanto, glifosato y AMPA -su metabolito- deben ser considerados pseudo persistentes”.
El estudio en cuestión, sujeto a muestras tomadas durante 2015 de distintos lotes ubicados en el distrito de Urdinarrain, en la provincia de Entre Ríos, sostiene que la concentración de glifosato constatada en esa zona se encuentra entre las más altas a nivel mundial. El equipo de científicos también ubicó rastros del herbicida en aguas de superficie, aunque a niveles más bajos que los comprobados en el suelo.
Damián Marino, doctor en Química y uno de los especialistas del CONICET que coordinó la experiencia, consultado por este medio explicó que, en concreto, el monitoreo demuestra que “el glifosato no desaparece” en tanto “se vuelca en el ambiente más herbicida de lo que la naturaleza puede llegar a degradar“.
Esto último, la acumulación, también es consecuencia del amplio paquete de plaguicidas que pulverizan los productores más allá del citado glifosato. Marino lo explica con claridad: “Todo lo que se aplica en el campo no ha hecho más que degradar a los microorganismos que se podrían encargar de hacer desaparecer al glifosato. Hoy por hoy, estas opciones de degradación están tan afectadas que casi no operan. El sistema de producción rompió al sistema que limpia. Y continúa echando más glifosato que antes“.
A tono con lo anterior, vale decir que Argentina aparece hoy, como el país con mayor consumo de glifosato en el planeta, siempre en términos de cantidad de población. Así, mientras que naciones como Estados Unidos -uso anual de 136 millones de litros- promedian 0,42 litros del herbicida por habitante, Argentina -187 millones- ostenta una pauta de 4,3 litros por cada persona que puebla nuestra geografía. Siempre en términos anuales, claro.
“El glifosato y el AMPA muestran afinidad por las matrices sólidas, esto es, suelo y sedimentos. No se detectó concentración en aguas subterráneas“, concluye el estudio, que además recomienda “una revisión de las prácticas actuales de gestión agrícola con el fin de detener la acumulación constatada”, y exige una “reevaluación de riesgo toxicológico dadas las concentraciones (de glifosato) encontradas”.
“Hay un uso y un abuso del suelo, con una micro fauna afectada y una carga de químicos de uso permanente. El estudio no hace más que reafirmar que tenemos glifosato en todas partes y cada vez en mayor cantidad“, concluyó Marino.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
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Fecha de Publicación: 29/01/2018
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Nacional
Un estudio del CONICET, publicado en la revista internacional Environmental Pollution, reveló que el peligroso herbicida glifosato se acumula en los campos argentinos, sobre todo en Entre Ríos. La exagerada cantidad utilizada supera la capacidad de degradación de la tierra.
“Dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica“, revela la investigación publicada por la revista internacional y realizada por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), según un articulo del periodista Patricio Eleisegui, autor del libro ‘Envenenados‘, quien accedió a esta nueva evidencia.
Recordemos que recientemente otro artículo había demostrado que además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el veneno creado por Monsanto está generando su némesis: especies nativas resistentes al mismo herbicida, utilizado por el sector agropecuario argentino en cantidades alarmantes.
El artículo de Eleisegui continúa así: “La investigación citada señala entre sus resultados que ‘bajo las prácticas actuales, las tasas de aplicación son más altas que las tasas de disipación'”. Para luego resaltar que “por lo tanto, glifosato y AMPA -su metabolito- deben ser considerados pseudo persistentes”.
El estudio en cuestión, sujeto a muestras tomadas durante 2015 de distintos lotes ubicados en el distrito de Urdinarrain, en la provincia de Entre Ríos, sostiene que la concentración de glifosato constatada en esa zona se encuentra entre las más altas a nivel mundial. El equipo de científicos también ubicó rastros del herbicida en aguas de superficie, aunque a niveles más bajos que los comprobados en el suelo.
Damián Marino, doctor en Química y uno de los especialistas del CONICET que coordinó la experiencia, consultado por este medio explicó que, en concreto, el monitoreo demuestra que “el glifosato no desaparece” en tanto “se vuelca en el ambiente más herbicida de lo que la naturaleza puede llegar a degradar“.
Esto último, la acumulación, también es consecuencia del amplio paquete de plaguicidas que pulverizan los productores más allá del citado glifosato. Marino lo explica con claridad: “Todo lo que se aplica en el campo no ha hecho más que degradar a los microorganismos que se podrían encargar de hacer desaparecer al glifosato. Hoy por hoy, estas opciones de degradación están tan afectadas que casi no operan. El sistema de producción rompió al sistema que limpia. Y continúa echando más glifosato que antes“.
A tono con lo anterior, vale decir que Argentina aparece hoy, como el país con mayor consumo de glifosato en el planeta, siempre en términos de cantidad de población. Así, mientras que naciones como Estados Unidos -uso anual de 136 millones de litros- promedian 0,42 litros del herbicida por habitante, Argentina -187 millones- ostenta una pauta de 4,3 litros por cada persona que puebla nuestra geografía. Siempre en términos anuales, claro.
“El glifosato y el AMPA muestran afinidad por las matrices sólidas, esto es, suelo y sedimentos. No se detectó concentración en aguas subterráneas“, concluye el estudio, que además recomienda “una revisión de las prácticas actuales de gestión agrícola con el fin de detener la acumulación constatada”, y exige una “reevaluación de riesgo toxicológico dadas las concentraciones (de glifosato) encontradas”.
“Hay un uso y un abuso del suelo, con una micro fauna afectada y una carga de químicos de uso permanente. El estudio no hace más que reafirmar que tenemos glifosato en todas partes y cada vez en mayor cantidad“, concluyó Marino.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
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Tras la muerte de cóndores piden trazabilidad de agrotóxicos
Ambientalistas piden ley de trazabilidad para agrotóxicos por la muerte de 34 cóndores en Mendoza
Fecha de Publicación: 29/01/2018
Fuente: Agencia Télam
Provincia/Región: Mendoza
Esta especie "amenazada" en el país puede pasar a la categoría de "en peligro de extinción", aseguró el director del Programa de Conservación del Cóndor Andino, Luis Jacome.
La fundación Cullunche, con 25 años de trayectoria en la protección ambiental en Mendoza, aseguró hoy que no cejará hasta lograr "una ley de trazabilidad que contemple hasta el último eslabón de la cadena" de los agrotóxicos, tras la muerte de 34 cóndores envenenados con esos productos en Malargüe.
"Es una pérdida enorme", afirmó la presidenta de la entidad, Jennifer Ibarra, al manifestar su tristeza por lo ocurrido con los 34 ejemplares en Los Molles, casi todos adultos, porque además "los pichones mueren de hambre en los nidos" al no regresar sus padres con la comida que salieron a buscar.
Ibarra coincidió con el director del Programa de Conservación del Cóndor Andino, Luis Jacome, en que, con esas muertes, esta especie "amenazada" en el país puede pasar a la categoría de "en peligro de extinción".
"Mi apreciación al respecto es de profunda tristeza e indignación, porque esto es un retroceso muy grande para la conservación de la fauna y de los cóndores en Argentina", afirmó.
La ambientalista sumó la reciente muerte de los 34 cóndores a las 32 registradas en todo el país durante 2017: "En estos últimos 13 meses hemos volado de la faz de la tierra 66 ejemplares", lamentó.
"Los de Mendoza para colmo fueron todos adultos, o sea que vamos a tener un impasse muy importante, importantísimo, de nacimientos, porque un cóndor tiene la edad fértil entre los 8 y 10 años, dos años demora hasta que nace y queda terminado un pichón. Esto -remarcó- es una pérdida importante".
Además, dijo, "hay pichones que quedaron solos en los nidos y seguramente ya han muerto de hambre, porque los padres han muerto yendo a buscar la comida".
Sobre los agrotóxicos
Esta pérdida, dijo, "es también turística, porque muchos extranjeros vienen a Mendoza a ver cóndores y va a costar ahora hacer avistajes, no solo aquí sino también en Chile y en provincias aledañas como Neuquén, San Juan, La Rioja y hasta en la Catamarca" pues "en un día vuelan entre 200 a 300 kilómetros".
La dirigente conservacionista manifestó: "Es realmente muy triste lo que ha pasado y además es gravísimo y fuera de la ley esto de estar diseminando en el piso y en el agua agrotóxicos, que no se deberían poder comprar libremente".
"Vamos a trabajar hasta el final en una ley de trazabilidad que contemple hasta el último eslabón de la cadena, que la persona que compré un agrotóxico deba tener prescripción de un agrónomo", dijo Ibarra al referirse a las sustancias que suelen usar en el campo para eliminar pumas y otros animales silvestres depredadores del ganado.
Hallazgo y detenciones
Los cóndores, 20 machos y 14 hembras, fueron hallados a unos 3.000 metros de altura en Los Molles -paraje cercano al centro invernal Las Leñas-, amontonados y parcialmente quemados en un área pequeña en la que también había un puma, cabras y ovejas, por lo que los investigadores apuntaron rápidamente a un caso de envenenamiento
Este martes detuvieron a un hombre y otro se fugó, en allanamientos a dos puestos en Los Molles y El Sosneado en los que encontraron veneno fosforado, según la inspección ocular realizada por los bomberos.
Una especie amenazada
Los análisis para determinar qué sustancia mató a los animales y si es compatible con la secuestrada en los puestos demorará como mínimo entre 15 a 20 días, estimaron.
"No es el puma ni el zorro" el culpable "de todos los males de los puesteros. Son el último eslabón de una serie de infortunios y de malas políticas respecto a la producción, dijo Ibarra al señalar que tampoco "la forma de controlar es tirando veneno al ambiente".
Ibarra consideró que Argentina tiene una población importante de cóndores en buenas condiciones, que estimó de entre 2.000 y 2.500 ejemplares, a diferencia de otros países andinos como Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.
No obstante, sostuvo que en este caso "se han transgredido las leyes de ambiente, de protección de la fauna " y la que en Mendoza reconoce al cóndor como "monumento natural provincial".
"No nos podemos dar el lujo de hacer desaparecer esta especie, por lo que yo creo que esto tiene que ser castigado como corresponde", dijo la presidenta de Cullunche.
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Fecha de Publicación: 29/01/2018
Fuente: Agencia Télam
Provincia/Región: Mendoza
Esta especie "amenazada" en el país puede pasar a la categoría de "en peligro de extinción", aseguró el director del Programa de Conservación del Cóndor Andino, Luis Jacome.
La fundación Cullunche, con 25 años de trayectoria en la protección ambiental en Mendoza, aseguró hoy que no cejará hasta lograr "una ley de trazabilidad que contemple hasta el último eslabón de la cadena" de los agrotóxicos, tras la muerte de 34 cóndores envenenados con esos productos en Malargüe.
"Es una pérdida enorme", afirmó la presidenta de la entidad, Jennifer Ibarra, al manifestar su tristeza por lo ocurrido con los 34 ejemplares en Los Molles, casi todos adultos, porque además "los pichones mueren de hambre en los nidos" al no regresar sus padres con la comida que salieron a buscar.
Ibarra coincidió con el director del Programa de Conservación del Cóndor Andino, Luis Jacome, en que, con esas muertes, esta especie "amenazada" en el país puede pasar a la categoría de "en peligro de extinción".
"Mi apreciación al respecto es de profunda tristeza e indignación, porque esto es un retroceso muy grande para la conservación de la fauna y de los cóndores en Argentina", afirmó.
La ambientalista sumó la reciente muerte de los 34 cóndores a las 32 registradas en todo el país durante 2017: "En estos últimos 13 meses hemos volado de la faz de la tierra 66 ejemplares", lamentó.
"Los de Mendoza para colmo fueron todos adultos, o sea que vamos a tener un impasse muy importante, importantísimo, de nacimientos, porque un cóndor tiene la edad fértil entre los 8 y 10 años, dos años demora hasta que nace y queda terminado un pichón. Esto -remarcó- es una pérdida importante".
Además, dijo, "hay pichones que quedaron solos en los nidos y seguramente ya han muerto de hambre, porque los padres han muerto yendo a buscar la comida".
Sobre los agrotóxicos
Esta pérdida, dijo, "es también turística, porque muchos extranjeros vienen a Mendoza a ver cóndores y va a costar ahora hacer avistajes, no solo aquí sino también en Chile y en provincias aledañas como Neuquén, San Juan, La Rioja y hasta en la Catamarca" pues "en un día vuelan entre 200 a 300 kilómetros".
La dirigente conservacionista manifestó: "Es realmente muy triste lo que ha pasado y además es gravísimo y fuera de la ley esto de estar diseminando en el piso y en el agua agrotóxicos, que no se deberían poder comprar libremente".
"Vamos a trabajar hasta el final en una ley de trazabilidad que contemple hasta el último eslabón de la cadena, que la persona que compré un agrotóxico deba tener prescripción de un agrónomo", dijo Ibarra al referirse a las sustancias que suelen usar en el campo para eliminar pumas y otros animales silvestres depredadores del ganado.
Hallazgo y detenciones
Los cóndores, 20 machos y 14 hembras, fueron hallados a unos 3.000 metros de altura en Los Molles -paraje cercano al centro invernal Las Leñas-, amontonados y parcialmente quemados en un área pequeña en la que también había un puma, cabras y ovejas, por lo que los investigadores apuntaron rápidamente a un caso de envenenamiento
Este martes detuvieron a un hombre y otro se fugó, en allanamientos a dos puestos en Los Molles y El Sosneado en los que encontraron veneno fosforado, según la inspección ocular realizada por los bomberos.
Una especie amenazada
Los análisis para determinar qué sustancia mató a los animales y si es compatible con la secuestrada en los puestos demorará como mínimo entre 15 a 20 días, estimaron.
"No es el puma ni el zorro" el culpable "de todos los males de los puesteros. Son el último eslabón de una serie de infortunios y de malas políticas respecto a la producción, dijo Ibarra al señalar que tampoco "la forma de controlar es tirando veneno al ambiente".
Ibarra consideró que Argentina tiene una población importante de cóndores en buenas condiciones, que estimó de entre 2.000 y 2.500 ejemplares, a diferencia de otros países andinos como Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.
No obstante, sostuvo que en este caso "se han transgredido las leyes de ambiente, de protección de la fauna " y la que en Mendoza reconoce al cóndor como "monumento natural provincial".
"No nos podemos dar el lujo de hacer desaparecer esta especie, por lo que yo creo que esto tiene que ser castigado como corresponde", dijo la presidenta de Cullunche.
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Programa santafesino “Producción más Limpia”
En Santa Fe más de 250 empresas participan del programa “Producción más Limpia”
Fecha de Publicación: 29/01/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Permite mejorar la competitividad y reducir el impacto ambiental de las actividades económicas. Pertenece al ministerio de Medio Ambiente que trabaja en conjunto con Producción. Estiman que posibilita un ahorro del 30% en gastos generales
Ahorrar, mejorar las condiciones de trabajo, generar un vínculo amigable con el medio ambiente y sumar capacidad productiva son los objetivos del programa Producción más Limpia que se desarrolla en el ministerio de Medio Ambiente de la provincia.
El subsecretario de Gestión Ambiental Edgardo Seguro fue el encargado de explicar detalles de una estrategia que se puso en marcha en 2008, “prácticamente con el inicio de la administración del Frente Progresista” y que pasó de una pequeña unidad de trabajo, a un decreto de Antonio Bonfatti que en 2011 le dio institucionalidad al programa y alcanzó, en la gestión de Miguel Lifschitz una estructura propia en el gobierno. “Esa evolución es importante porque permite mostrar la continuidad de la política ambiental”.
- ¿Cuál es el objetivo de Producción más Limpia?
- El objetivo siempre fue trabajar con las empresas para mejorar su eficiencia ambiental, cuestión que redunda en su eficiencia productiva. La realidad es que los impactos ambientales negativos en todas las actividades -industriales, de servicios, pecuarias, agrícolas- tienen que ver con ineficiencias en el sistema productivo: se desperdician recursos, se gasta más agua, más energía, se desechan elementos que podrían ser vendidos, reciclados o recuperados.
El efecto inmediato de la aplicación del programa es que se mejora la productividad, se gasta menos energía y agua, la mano de obra es más productiva y por lo tanto se abre la posibilidad de incorporar más personal. O sea que con el mismo recurso, se aprovechan mejor los insumos, materiales y mano de obra. Esto permite a la empresa producir más, ser más eficiente y a su vez blanquear su proceso ambiental, de manera que la provincia la pueda acompañar.
- ¿En qué se diferencia de procesos anteriores?
- Con los mecanismos históricos de control y castigo, si había una ineficiencia o un problema, se sancionaba y después se corregía la situación con el impacto ya producido, a la vez que había una pérdida económica por las sanciones.
Este proceso es voluntario, la empresa acepta participar y permite que en una tarea conjunta con el Estado se observen y encuentren los problemas y se analicen las mejoras: si el problema es la pérdida de agua, en lugar de sancionar, se va a trabajar en cómo reducirlo. En consecuencia, la empresa mejora su productividad, se vuelve más eficiente y gana más dinero, aunque en realidad pierde menos. El potencial de ahorro es el 30 % de los gastos generales.
- ¿Cómo se decide qué empresas se pueden incorporar al programa?
- La provincia decidió trabajar por cadenas de valor. Desde 2009 se trabaja con industria láctea, del mueble, del cuero; las directas y las que están relacionadas. Eso no solo implica comprender el proceso sino también trabajar con las cámaras, generar un mayor conocimiento por parte del Estado, y tiene como plus que a veces la ineficiencia es de la empresa pero en ocasiones hay problemas no resueltos de la cadena de valor: por ejemplo el tema de los efluentes y el uso del suelo en las industrias lácteas. Entonces, se trabaja para encontrar soluciones globales.
Hoy son más de 250 empresas las que se incorporaron en distintas etapas del programa. Algunas ya desarrollaron una medida, otras dos o tres. La provincia, a través de los consultores, dice cómo hacerlo y la empresa sigue después en esa tarea: la acompañamos tecnológicamente o profesionalmente, pero luego el empresario sabe hacia dónde va.
- ¿Cómo se realiza este acompañamiento?
- El proceso dura tres o cuatro meses. Se asigna un profesional de Medio Ambiente más uno del grupo empresario que va a quedar como asesor y se empieza a trabajar en todos los procesos: en el agua, la energía, los materiales.
Hay una clase teórica con herramientas que permiten identificar el problema y a la clase siguiente se va con los consultores a la empresa. Al promediar el curso la persona tiene identificados los problemas y las posibles soluciones, y se hace un plan específico de acción. Se ponderan los problemas según el nivel de gravedad y las posibles salidas para establecer cuál es la más económica, de manera que se pueda dar un vuelco rápido a la gestión.
Con esta información el empresario puede solicitar un préstamo para llevar adelante la acción recomendada. Hemos visto que más allá de lo que el Estado pone de dinero, el empresario invierte lo mismo o más porque entendió de qué se trata.
- ¿Cómo se accede a los fondos?
- A la hora de obtener un crédito, se puede apelar a dos formatos: para las pymes más grandes que son sujetos de crédito bancario hay una línea del Banco Nación que trabajamos junto con la secretaría de Industria de la provincia. Se trata de créditos blandos para pymes con posibilidad de endeudamiento y cartera de préstamos saneada.
Para aquellas pequeñas o micro empresas que no alcanzan los estándares para acceder a un crédito se generaron unidades locales microregionales, que asisten a varias localidades. Allí se forman consultores y se asigna dinero para organizar el espacio de trabajo y posibilitar un préstamo de hasta 200 mil pesos a muy baja tasa.
Aquí es donde el programa mostró sus mayores bondades con empresas que no son sujeto de crédito y pueden organizar su gestión ambiental. Cuando terminaron el proceso, se convirtieron en pequeñas empresas en blanco, salieron de la informalidad, pasaron de ser sujetos de subsidios a ser sujetos de créditos bancarios de mayor envergadura.
En proceso
En la actualidad, se trabaja con las cámaras empresarias: todas las empresas de la industria del cuero están dentro del programa; la industria láctea tiene 23 firmas incorporadas y el Parque Industrial de Sauce Viejo se sumó en una primera etapa con 10 firmas.
“Para este año está previsto sumar otras cadenas de valor y trabajar en una complementación internacional con otros países que están más avanzados en esta temática, como Brasil”, anticipó Seguro.
Por otra parte, se prevé poner en marcha nuevas unidades locales de gestión y más unidades sectoriales distribuidas por la provincia, a la vez que se contempla fortalecer el trabajo con otras áreas, como turismo y el sector frutihortícola.
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Fecha de Publicación: 29/01/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Permite mejorar la competitividad y reducir el impacto ambiental de las actividades económicas. Pertenece al ministerio de Medio Ambiente que trabaja en conjunto con Producción. Estiman que posibilita un ahorro del 30% en gastos generales
Ahorrar, mejorar las condiciones de trabajo, generar un vínculo amigable con el medio ambiente y sumar capacidad productiva son los objetivos del programa Producción más Limpia que se desarrolla en el ministerio de Medio Ambiente de la provincia.
El subsecretario de Gestión Ambiental Edgardo Seguro fue el encargado de explicar detalles de una estrategia que se puso en marcha en 2008, “prácticamente con el inicio de la administración del Frente Progresista” y que pasó de una pequeña unidad de trabajo, a un decreto de Antonio Bonfatti que en 2011 le dio institucionalidad al programa y alcanzó, en la gestión de Miguel Lifschitz una estructura propia en el gobierno. “Esa evolución es importante porque permite mostrar la continuidad de la política ambiental”.
- ¿Cuál es el objetivo de Producción más Limpia?
- El objetivo siempre fue trabajar con las empresas para mejorar su eficiencia ambiental, cuestión que redunda en su eficiencia productiva. La realidad es que los impactos ambientales negativos en todas las actividades -industriales, de servicios, pecuarias, agrícolas- tienen que ver con ineficiencias en el sistema productivo: se desperdician recursos, se gasta más agua, más energía, se desechan elementos que podrían ser vendidos, reciclados o recuperados.
El efecto inmediato de la aplicación del programa es que se mejora la productividad, se gasta menos energía y agua, la mano de obra es más productiva y por lo tanto se abre la posibilidad de incorporar más personal. O sea que con el mismo recurso, se aprovechan mejor los insumos, materiales y mano de obra. Esto permite a la empresa producir más, ser más eficiente y a su vez blanquear su proceso ambiental, de manera que la provincia la pueda acompañar.
- ¿En qué se diferencia de procesos anteriores?
- Con los mecanismos históricos de control y castigo, si había una ineficiencia o un problema, se sancionaba y después se corregía la situación con el impacto ya producido, a la vez que había una pérdida económica por las sanciones.
Este proceso es voluntario, la empresa acepta participar y permite que en una tarea conjunta con el Estado se observen y encuentren los problemas y se analicen las mejoras: si el problema es la pérdida de agua, en lugar de sancionar, se va a trabajar en cómo reducirlo. En consecuencia, la empresa mejora su productividad, se vuelve más eficiente y gana más dinero, aunque en realidad pierde menos. El potencial de ahorro es el 30 % de los gastos generales.
- ¿Cómo se decide qué empresas se pueden incorporar al programa?
- La provincia decidió trabajar por cadenas de valor. Desde 2009 se trabaja con industria láctea, del mueble, del cuero; las directas y las que están relacionadas. Eso no solo implica comprender el proceso sino también trabajar con las cámaras, generar un mayor conocimiento por parte del Estado, y tiene como plus que a veces la ineficiencia es de la empresa pero en ocasiones hay problemas no resueltos de la cadena de valor: por ejemplo el tema de los efluentes y el uso del suelo en las industrias lácteas. Entonces, se trabaja para encontrar soluciones globales.
Hoy son más de 250 empresas las que se incorporaron en distintas etapas del programa. Algunas ya desarrollaron una medida, otras dos o tres. La provincia, a través de los consultores, dice cómo hacerlo y la empresa sigue después en esa tarea: la acompañamos tecnológicamente o profesionalmente, pero luego el empresario sabe hacia dónde va.
- ¿Cómo se realiza este acompañamiento?
- El proceso dura tres o cuatro meses. Se asigna un profesional de Medio Ambiente más uno del grupo empresario que va a quedar como asesor y se empieza a trabajar en todos los procesos: en el agua, la energía, los materiales.
Hay una clase teórica con herramientas que permiten identificar el problema y a la clase siguiente se va con los consultores a la empresa. Al promediar el curso la persona tiene identificados los problemas y las posibles soluciones, y se hace un plan específico de acción. Se ponderan los problemas según el nivel de gravedad y las posibles salidas para establecer cuál es la más económica, de manera que se pueda dar un vuelco rápido a la gestión.
Con esta información el empresario puede solicitar un préstamo para llevar adelante la acción recomendada. Hemos visto que más allá de lo que el Estado pone de dinero, el empresario invierte lo mismo o más porque entendió de qué se trata.
- ¿Cómo se accede a los fondos?
- A la hora de obtener un crédito, se puede apelar a dos formatos: para las pymes más grandes que son sujetos de crédito bancario hay una línea del Banco Nación que trabajamos junto con la secretaría de Industria de la provincia. Se trata de créditos blandos para pymes con posibilidad de endeudamiento y cartera de préstamos saneada.
Para aquellas pequeñas o micro empresas que no alcanzan los estándares para acceder a un crédito se generaron unidades locales microregionales, que asisten a varias localidades. Allí se forman consultores y se asigna dinero para organizar el espacio de trabajo y posibilitar un préstamo de hasta 200 mil pesos a muy baja tasa.
Aquí es donde el programa mostró sus mayores bondades con empresas que no son sujeto de crédito y pueden organizar su gestión ambiental. Cuando terminaron el proceso, se convirtieron en pequeñas empresas en blanco, salieron de la informalidad, pasaron de ser sujetos de subsidios a ser sujetos de créditos bancarios de mayor envergadura.
En proceso
En la actualidad, se trabaja con las cámaras empresarias: todas las empresas de la industria del cuero están dentro del programa; la industria láctea tiene 23 firmas incorporadas y el Parque Industrial de Sauce Viejo se sumó en una primera etapa con 10 firmas.
“Para este año está previsto sumar otras cadenas de valor y trabajar en una complementación internacional con otros países que están más avanzados en esta temática, como Brasil”, anticipó Seguro.
Por otra parte, se prevé poner en marcha nuevas unidades locales de gestión y más unidades sectoriales distribuidas por la provincia, a la vez que se contempla fortalecer el trabajo con otras áreas, como turismo y el sector frutihortícola.
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Córdoba: desmontes sin control real oficial
En 2017 hubo menos desmonte, aunque no hay cifras oficiales
Fecha de Publicación: 28/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La noticia es agridulce. Lo positivo es que bajó el desmonte en Córdoba. Lo malo es que se sigue deforestando a pesar de que hay una ley que lo restringe.
También es negativo que la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos no publique más el monitoreo que realiza de estas intervenciones.
De enero a septiembre de 2016 se perdieron 1.470 hectáreas de bosques nativos en la provincia. En igual períodos de 2017, desaparecieron 527 hectáreas, es decir, casi dos tercios menos.
Reiteramos, no son datos oficiales, sino de la ONG Guyra, que realiza un monitoreo sobre la deforestación en el Bosque Chaqueño Sudamericano a partir de imágenes satelitales.
El monitoreo provincial incluye inspecciones por tierra y por aire, además de los datos satelitales. En el sitio web sólo hay información hasta junio de 2016. Este diario pidió una actualización de los datos, pero no hubo respuestas. Se realiza desde septiembre de 2014.
Según Guyra, la tasa diaria de desmonte fue de 5,4 hectáreas o 7,3 canchas de fútbol como la del estadio Kempes. En 2017, la cifra fue de dos hectáreas o 2,5 canchas por día.
Por departamento, el más afectado fue Cruz del Eje, con 160 hectáreas. Le siguieron Ischilín (119), Tulumba (73), Sobremonte (71), Pocho (51), Río Primero (50) y San Javier (5).
En su momento, las autoridades provinciales criticaron el monitoreo de la ONG Guyra por ser impreciso. Desde el organismo, radicado en Paraguay, reconocieron que su método puede tener fallas, pero recordaron que el bosque chaqueño de Córdoba es menos del uno por ciento de toda la superficie que monitorean, con lo cual en su sistema serían errores a microescala.
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, recordó que los datos de Guyra son una fuente de información independiente muy importante.
“Nos permitió conocer un pico de desmontes sucedido en junio de 2012, con 3.302 hectáreas deforestadas. Y ayudó a mantener el tema en los medios, cuando la inacción oficial y la falta de respuesta a las solicitudes de información fueron la regla”, comentó.
Según Kopta, desde 2014 el monitoreo de la Policía Ambiental impulsó a que la superficie desmontada disminuyera paulatinamente. Pero luego recordó que en noviembre de 2015, la Policía Ambiental comenzó a reducir el detalle de los datos informados, ya que sólo dio a conocer la superficie intervenida en forma ilegal, pero no la autorizada.
“Que ahora deje de publicar esos datos significa un enorme retroceso en el acceso a la información pública ambiental”, aseguró.
Causas
Las principales causas del desmonte son la eliminación de sotobosque para realizar ganadería en el norte provincial, para la cual sólo dejan en pie algunos árboles para dar sombra. Salvo algunas excepciones, la ley provincial de bosques nativos (9.814) prohíbe estas intervenciones.
Otras veces, las imágenes satelitales detectan desmontes de mantenimiento de picadas y franjas cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa. Aunque a menor escala, también se dan desmontes por loteos, los cuales están prohibidos por ley.
Lo informado
Los únicos controles de desmonte de la Policía Ambiental que se conocieron son los publicados por el área de prensa del Gobierno.
Durante 2017 fueron siete. En casi todos ellos, la denuncia fue realizada por vecinos. Y fueron intervenciones de pocas hectáreas para realizar algún tipo de loteo urbano o periurbano.
El primero fue el 4 de enero en Las Bajadas (Calamuchita), tras una denuncia de vecinos. El desmonte fue de una hectárea para una exploración para la extracción de cuarzo.
El último procedimiento de 2017 informado por Policía Ambiental fue el 12 de septiembre en Las Saladas, departamento Río Primero. En un patrullaje de rutina realizado desde un avión, se divisó una máquina realizando un desmonte. Se confirmó que la intervención era ilegal.
Fecha de Publicación: 28/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La noticia es agridulce. Lo positivo es que bajó el desmonte en Córdoba. Lo malo es que se sigue deforestando a pesar de que hay una ley que lo restringe.
También es negativo que la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos no publique más el monitoreo que realiza de estas intervenciones.
De enero a septiembre de 2016 se perdieron 1.470 hectáreas de bosques nativos en la provincia. En igual períodos de 2017, desaparecieron 527 hectáreas, es decir, casi dos tercios menos.
Reiteramos, no son datos oficiales, sino de la ONG Guyra, que realiza un monitoreo sobre la deforestación en el Bosque Chaqueño Sudamericano a partir de imágenes satelitales.
El monitoreo provincial incluye inspecciones por tierra y por aire, además de los datos satelitales. En el sitio web sólo hay información hasta junio de 2016. Este diario pidió una actualización de los datos, pero no hubo respuestas. Se realiza desde septiembre de 2014.
Según Guyra, la tasa diaria de desmonte fue de 5,4 hectáreas o 7,3 canchas de fútbol como la del estadio Kempes. En 2017, la cifra fue de dos hectáreas o 2,5 canchas por día.
Por departamento, el más afectado fue Cruz del Eje, con 160 hectáreas. Le siguieron Ischilín (119), Tulumba (73), Sobremonte (71), Pocho (51), Río Primero (50) y San Javier (5).
En su momento, las autoridades provinciales criticaron el monitoreo de la ONG Guyra por ser impreciso. Desde el organismo, radicado en Paraguay, reconocieron que su método puede tener fallas, pero recordaron que el bosque chaqueño de Córdoba es menos del uno por ciento de toda la superficie que monitorean, con lo cual en su sistema serían errores a microescala.
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, recordó que los datos de Guyra son una fuente de información independiente muy importante.
“Nos permitió conocer un pico de desmontes sucedido en junio de 2012, con 3.302 hectáreas deforestadas. Y ayudó a mantener el tema en los medios, cuando la inacción oficial y la falta de respuesta a las solicitudes de información fueron la regla”, comentó.
Según Kopta, desde 2014 el monitoreo de la Policía Ambiental impulsó a que la superficie desmontada disminuyera paulatinamente. Pero luego recordó que en noviembre de 2015, la Policía Ambiental comenzó a reducir el detalle de los datos informados, ya que sólo dio a conocer la superficie intervenida en forma ilegal, pero no la autorizada.
“Que ahora deje de publicar esos datos significa un enorme retroceso en el acceso a la información pública ambiental”, aseguró.
Causas
Las principales causas del desmonte son la eliminación de sotobosque para realizar ganadería en el norte provincial, para la cual sólo dejan en pie algunos árboles para dar sombra. Salvo algunas excepciones, la ley provincial de bosques nativos (9.814) prohíbe estas intervenciones.
Otras veces, las imágenes satelitales detectan desmontes de mantenimiento de picadas y franjas cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa. Aunque a menor escala, también se dan desmontes por loteos, los cuales están prohibidos por ley.
Lo informado
Los únicos controles de desmonte de la Policía Ambiental que se conocieron son los publicados por el área de prensa del Gobierno.
Durante 2017 fueron siete. En casi todos ellos, la denuncia fue realizada por vecinos. Y fueron intervenciones de pocas hectáreas para realizar algún tipo de loteo urbano o periurbano.
El primero fue el 4 de enero en Las Bajadas (Calamuchita), tras una denuncia de vecinos. El desmonte fue de una hectárea para una exploración para la extracción de cuarzo.
El último procedimiento de 2017 informado por Policía Ambiental fue el 12 de septiembre en Las Saladas, departamento Río Primero. En un patrullaje de rutina realizado desde un avión, se divisó una máquina realizando un desmonte. Se confirmó que la intervención era ilegal.
Una ley sin derecho ni revés ni controles
La Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
El último inciso del artículo 20° de la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos dice: “Realizar un monitoreo satelital de las distintas ecorregiones, garantizar el acceso público a la información y mantener actualizado el inventario de bosques nativos de la Provincia de Córdoba”.
Hoy por hoy no se cumple. La Policía Ambiental dejó de publicar los datos de sus monitoreos desde junio de 2016, lo que siembra la duda sobre si se siguen haciendo. En su momento, estos controles fueron un ejemplo para imitar por otras provincias.
La fecha tampoco parece casual porque fue durante esos meses cuando el Ejecutivo, en coincidencia con las asociaciones rurales, comenzó a lanzar la idea de que había que cambiar la ley.
Sin embargo, esto es apenas una muestra de lo que parece ser ya una norma muerta. El mapa anexo a la ley que define las categorías de conservación del monte autóctono está desactualizado, además de que cuando se aprobó se parecía más a una selfie geográfica de Córdoba que a un mapa georreferenciado y a escala.
Por otro lado, la Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
Ambiente decidió darle curso al expediente y llamar a una audiencia pública, no sin algunas desprolijidades.
Este es sólo un caso más del uso controvertido que se hace de la norma que debe proteger nuestros bosques. Su real efecto está en duda, aunque quizá no toda la culpa es del texto de la ley, sino de quienes deben cumplirla y hacerla cumplir.
Desde que se sancionó en 2010, se perdieron unas 30 mil hectáreas de bosque nativo. Y la ley no permite el desmonte total, salvo excepciones como la obra pública.
Esto significa menos paisaje para el turismo, menos agua en tiempos de sequía, inundaciones más catastróficas, aire menos puro y menos hábitat para las especies autóctonas.
A fines de 2016, el Ejecutivo y los legisladores quisieron cambiarla y actualizar el mapa, pero a espaldas de las normas nacionales que prevén mecanismos de participación amplia y criterios ambientales precisos. La respuesta estuvo en la calle con movilizaciones masivas.
Mientras tanto, continúa esta sangría verde.
Quizá el desmonte de los últimos años es bajo, pero ocurre que ya queda poco bosque nativo. Tan poco que hasta el más pequeño arbolito cuenta para sostener nuestro bienestar.
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La Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
El último inciso del artículo 20° de la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos dice: “Realizar un monitoreo satelital de las distintas ecorregiones, garantizar el acceso público a la información y mantener actualizado el inventario de bosques nativos de la Provincia de Córdoba”.
Hoy por hoy no se cumple. La Policía Ambiental dejó de publicar los datos de sus monitoreos desde junio de 2016, lo que siembra la duda sobre si se siguen haciendo. En su momento, estos controles fueron un ejemplo para imitar por otras provincias.
La fecha tampoco parece casual porque fue durante esos meses cuando el Ejecutivo, en coincidencia con las asociaciones rurales, comenzó a lanzar la idea de que había que cambiar la ley.
Sin embargo, esto es apenas una muestra de lo que parece ser ya una norma muerta. El mapa anexo a la ley que define las categorías de conservación del monte autóctono está desactualizado, además de que cuando se aprobó se parecía más a una selfie geográfica de Córdoba que a un mapa georreferenciado y a escala.
Por otro lado, la Provincia parece tolerar desmontes totales a pesar de que la ley lo prohíbe. El último caso es la luz verde que recibió un loteo en San Javier-Yacanto.
Ambiente decidió darle curso al expediente y llamar a una audiencia pública, no sin algunas desprolijidades.
Este es sólo un caso más del uso controvertido que se hace de la norma que debe proteger nuestros bosques. Su real efecto está en duda, aunque quizá no toda la culpa es del texto de la ley, sino de quienes deben cumplirla y hacerla cumplir.
Desde que se sancionó en 2010, se perdieron unas 30 mil hectáreas de bosque nativo. Y la ley no permite el desmonte total, salvo excepciones como la obra pública.
Esto significa menos paisaje para el turismo, menos agua en tiempos de sequía, inundaciones más catastróficas, aire menos puro y menos hábitat para las especies autóctonas.
A fines de 2016, el Ejecutivo y los legisladores quisieron cambiarla y actualizar el mapa, pero a espaldas de las normas nacionales que prevén mecanismos de participación amplia y criterios ambientales precisos. La respuesta estuvo en la calle con movilizaciones masivas.
Mientras tanto, continúa esta sangría verde.
Quizá el desmonte de los últimos años es bajo, pero ocurre que ya queda poco bosque nativo. Tan poco que hasta el más pequeño arbolito cuenta para sostener nuestro bienestar.
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Chaco: venden tatúes por redes sociales
Denuncian la venta ilegal de tatúes por redes sociales
Fecha de Publicación: 28/01/2018
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco
Un lector de Diario Chaco denunció la venta de tatúes mulita a través de un grupo de whatsapp en el que un integrante lo comercializa.
"¿Cómo se puede hacer para detener esto?", planteó al enviar capturas de pantallas en donde se observa que una persona pone a la venta dos especies a un costo de 500 pesos.
En comunicación con la Dirección de Fauna, Parques y Ecología, perteneciente al Ministerio de Producción de la Provincia, confirmaron que está prohibido la caza, tenencia y venta de especies silvestres, en la que incluyé al tatú en la provincia del Chaco.
Al ser consultado si el animal se encuentra en peligro de extinsión, desde la cartera aseguraron que "está en retroceso numérico en algunas partes de la provincia".
De todos modos, al no ser declarado oficialmente en peligro en la provincia, su carne se consume, principal riesgo que sufre la especie. Y es perseguido por los cazadores para venderlos. Se lo captura también para llevarlo a los zoológicos, museos, coleccionistas, o bien para ocupar el caparazón como caja de resonancia o exhibirlo taxidermizado.
Para denunciar la caza, tenencia o venta de tatú, desde la Dirección de Fauna, Parques y Ecología recomiendan realizar la denuncia de forma personal en su sede, ubicada en Remedios de Escalada 46 (Resistencia), o bien, comunicarse al teléfono: 0362 - 4421428.
Las multas por la venta ilegal de especies no permitidas, arrancan desde el valor del precio de 100 litros de combustible.
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Fecha de Publicación: 28/01/2018
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco
Un lector de Diario Chaco denunció la venta de tatúes mulita a través de un grupo de whatsapp en el que un integrante lo comercializa.
"¿Cómo se puede hacer para detener esto?", planteó al enviar capturas de pantallas en donde se observa que una persona pone a la venta dos especies a un costo de 500 pesos.
En comunicación con la Dirección de Fauna, Parques y Ecología, perteneciente al Ministerio de Producción de la Provincia, confirmaron que está prohibido la caza, tenencia y venta de especies silvestres, en la que incluyé al tatú en la provincia del Chaco.
Al ser consultado si el animal se encuentra en peligro de extinsión, desde la cartera aseguraron que "está en retroceso numérico en algunas partes de la provincia".
De todos modos, al no ser declarado oficialmente en peligro en la provincia, su carne se consume, principal riesgo que sufre la especie. Y es perseguido por los cazadores para venderlos. Se lo captura también para llevarlo a los zoológicos, museos, coleccionistas, o bien para ocupar el caparazón como caja de resonancia o exhibirlo taxidermizado.
Para denunciar la caza, tenencia o venta de tatú, desde la Dirección de Fauna, Parques y Ecología recomiendan realizar la denuncia de forma personal en su sede, ubicada en Remedios de Escalada 46 (Resistencia), o bien, comunicarse al teléfono: 0362 - 4421428.
Las multas por la venta ilegal de especies no permitidas, arrancan desde el valor del precio de 100 litros de combustible.
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Otro derrame de YPF ahora en de Comodoro Rivadavia
Aguardan informes para determinar si se sanciona a YPF por la pérdida de petróleo
Fecha de Publicación: 28/01/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El lunes se detectó una pérdida de petróleo y gas en el yacimiento de Manantiales Behr que opera YPF. La compañía implementó un operativo de contingencia para controlar el derrame y hoy continuarán las tareas de remediación en el sector. La rotura no afectó al ejido de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, se espera el informe final de la operadora por parte del área provincial de Ambiente para saber cuál fue la falla que provocó el incidente y determinar si se sanciona a la compañía.
Luego de que el lunes en el yacimiento Manantiales Behr, que es operado por YPF, se detectara una pérdida de petróleo y gas, la compañía inició las tareas de remediación con un “Plan de Respuesta ante Emergencias”.
Ayer por la tarde continuaron los trabajos en el área. En el operativo participaron más de 50 personas y equipos especializados, destacándose el trabajo de brigadistas entrenados que realizaron maniobras específicas y de un grupo de técnicos y profesionales de la operadora y de empresas contratistas.
Según fuentes consultadas por El Patagónico, en horas de la tarde autoridades municipales y provinciales recorrieron la zona para evaluar los daños, y hoy se realizará un nuevo recorrido para tratar de tener más detalles de lo ocurrido en el yacimiento. Mientras tanto, el Gobierno provincial espera el informe final de YPF para determinar si corresponde sancionar a la operadora por este incidente.
Uno de los funcionarios que ayer recorrió la zona fue el subsecretario de Medio Ambiente municipal, Daniel González, ya que se temía que la pérdida pudiera llegar al ejido urbano de Comodoro Rivadavia.
El titular de la cartera, en diálogo con El Patagónico, explicó que la pérdida “no afectó a los vecinos”. Sin embargo, confirmó que el incidente “afectó una superficie bastante grande porque se generó como una especie de lluvia bien finita que se expandió con ayuda del viento”.
“El viento hizo que la pérdida arrastre todo hasta un cañadón que queda debajo de las oficinas de YPF. Ahora la operadora tendrá que responder ante las autoridades de Provincia para sanear ese sector”, aseguró.
El funcionario confirmó también que desde la Municipalidad se les pidió a las autoridades de la compañía que una vez concluidas las tareas de saneamiento brinden una charla a la Subsecretaría de Medio Ambiente y Defensa Civil para conocer cómo se actúa en este tipo de situaciones.
“Estos incidentes podrían pasar dentro del ejido urbano y tenemos que tener información más precisa de cómo debe tratarse esto. Hoy (por ayer) me comuniqué con el gerente de YPF, Daniel Rodríguez, y me comunicó que el rol de emergencia se activó muy bien y que esto permitió actuar rápidamente sobre el caso, por eso es bueno que nosotros también estemos preparados”, aseguró González.
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Fecha de Publicación: 28/01/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El lunes se detectó una pérdida de petróleo y gas en el yacimiento de Manantiales Behr que opera YPF. La compañía implementó un operativo de contingencia para controlar el derrame y hoy continuarán las tareas de remediación en el sector. La rotura no afectó al ejido de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, se espera el informe final de la operadora por parte del área provincial de Ambiente para saber cuál fue la falla que provocó el incidente y determinar si se sanciona a la compañía.
Luego de que el lunes en el yacimiento Manantiales Behr, que es operado por YPF, se detectara una pérdida de petróleo y gas, la compañía inició las tareas de remediación con un “Plan de Respuesta ante Emergencias”.
Ayer por la tarde continuaron los trabajos en el área. En el operativo participaron más de 50 personas y equipos especializados, destacándose el trabajo de brigadistas entrenados que realizaron maniobras específicas y de un grupo de técnicos y profesionales de la operadora y de empresas contratistas.
Según fuentes consultadas por El Patagónico, en horas de la tarde autoridades municipales y provinciales recorrieron la zona para evaluar los daños, y hoy se realizará un nuevo recorrido para tratar de tener más detalles de lo ocurrido en el yacimiento. Mientras tanto, el Gobierno provincial espera el informe final de YPF para determinar si corresponde sancionar a la operadora por este incidente.
Uno de los funcionarios que ayer recorrió la zona fue el subsecretario de Medio Ambiente municipal, Daniel González, ya que se temía que la pérdida pudiera llegar al ejido urbano de Comodoro Rivadavia.
El titular de la cartera, en diálogo con El Patagónico, explicó que la pérdida “no afectó a los vecinos”. Sin embargo, confirmó que el incidente “afectó una superficie bastante grande porque se generó como una especie de lluvia bien finita que se expandió con ayuda del viento”.
“El viento hizo que la pérdida arrastre todo hasta un cañadón que queda debajo de las oficinas de YPF. Ahora la operadora tendrá que responder ante las autoridades de Provincia para sanear ese sector”, aseguró.
El funcionario confirmó también que desde la Municipalidad se les pidió a las autoridades de la compañía que una vez concluidas las tareas de saneamiento brinden una charla a la Subsecretaría de Medio Ambiente y Defensa Civil para conocer cómo se actúa en este tipo de situaciones.
“Estos incidentes podrían pasar dentro del ejido urbano y tenemos que tener información más precisa de cómo debe tratarse esto. Hoy (por ayer) me comuniqué con el gerente de YPF, Daniel Rodríguez, y me comunicó que el rol de emergencia se activó muy bien y que esto permitió actuar rápidamente sobre el caso, por eso es bueno que nosotros también estemos preparados”, aseguró González.
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¿Una Ley de Presupuestos Mínimos para fumigaciones?
El Gobierno busca reglamentar las fumigaciones en las que se utilicen agroquímicos
Fecha de Publicación: 27/01/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional
Frente a la falta de generar un verdadero debate respecto del uso agroquímicos en el Parlamento, el Ministerio de Medio Ambiente y Agroindustria avanzan en la reglamentación para el reordenamiento y control de las fumigaciones tanto aéreas como terrestres que permita buscar coincidencias de "pautas comunes", en todo el país ante las "inconsistencias" que se imponen en provincias y municipios. Para eso, en febrero se invitará a las autoridades del interior del país a que acerquen las distintas prácticas que se utilizan para que sean plasmadas en una resolución a publicar en dos meses, y en donde se le pedirá a los gobernadores ser parte de la misma.
Según pudo saber BAE Negocios a partir de fuentes de ambas carteras, es que en dos semanas se convocará por un lado al Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y al Consejo Federal Agropecuario (CFA), a los cuales se les presentará un borrador de lo quiere el Ejecutivo respecto de las fumigaciones.
Para esto habrá que acercar las normas que tengan en cada jurisdicción con el fin de llegar a un mayor consenso. "No se trata de los metros en las fumigaciones sino todas las definiciones al respecto. Densidad de población, mensuras, parámetros para fijar las distancias, qué técnicas se usan para la aplicación tanto en la manipulación del operario como en la maquinaria llamese, nivel de control y monitoreo", resaltaron desde Medio Ambiente.
El borrador que fue diseñado por los técnicos de ambas carteras y que tiene definiciones "en general", pero que buscar aplicar "políticas de estado a partir de estándares" basadas en las buenas prácticas agrícolas (BPA); tendrá por otro lado limitaciones mínimas y donde los municipios podrán legislar hacia arriba, pero estarán impedidos de hacerlo para abajo.
Sin embargo, fuentes de Agroindustria reconocieron que todavía falta coincidir en las zonas de amortiguamiento, las cuales siguen en "discusión" ya que también se propone retirar las zonas de exclusión como concepto de reaseguro; esto significa que, directamente, no se podrá fumigar.
Lo que se busca "es que las provincias tengan una referencia de lo que hay que hacer y siempre y cuando quieran abrir sus respectivas legislaciones para que luego éstas la trasladen a los municipios", afirmaron desde Paseo Colón al 900.
Si hay una negativa por parte de los gobernadores, "avisaremos a los vecinos de cada jurisdicción que sus representantes no quieren adherir lo que significa que no buscan normalizar la situación", resaltaron en Medio Ambiente.
Respecto de los controles, ambas fuentes coincidieron en la necesidad de que cada jurisdicción tome el verdadero poder de policía invirtiendo en personal idóneo que haga cumplir las leyes. "Esto quiere decir que si un avión fumiga sobre una escuela, cuando el piloto baja, va preso porque es un delito penal", subrayaron desde la cartera medioambiental.
Además, remarcaron que así como hay una trazabilidad en los alimentos, esto mismo se puede trasladar a los aplicadores, como puede ser colocando un GPS a los aviones. De esta forma se valida el efecto de los agroquímicos sobre la salud de la gente.
Lo que quiere el Gobierno es que haya una referencia que hoy no la existe y principalmente presionar, si se quiere, al productor a estar bajo la lupa del Estado para que insista con las BPA, generando así una cadena de confianza que va desde la puesta de un asesor presente en el campo hasta personal tecnificado para el manejo de las máquinas y productos agroquímicos.
Nuevo paradigma
Los ministerios de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología trabajan junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para que el campo vaya hacia la química verde. En ese sentido buscan reemplazar el uso del paraquat, un herbicida que elimina las malezas por otro de origen orgánico como es el ácido pelargónico que se encuentra en el reino animal y vegetal. Los técnicos locales buscan extraerlo del girasol para de esa forma ofrecer un reemplazo sustentable.
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Fecha de Publicación: 27/01/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional
Frente a la falta de generar un verdadero debate respecto del uso agroquímicos en el Parlamento, el Ministerio de Medio Ambiente y Agroindustria avanzan en la reglamentación para el reordenamiento y control de las fumigaciones tanto aéreas como terrestres que permita buscar coincidencias de "pautas comunes", en todo el país ante las "inconsistencias" que se imponen en provincias y municipios. Para eso, en febrero se invitará a las autoridades del interior del país a que acerquen las distintas prácticas que se utilizan para que sean plasmadas en una resolución a publicar en dos meses, y en donde se le pedirá a los gobernadores ser parte de la misma.
Según pudo saber BAE Negocios a partir de fuentes de ambas carteras, es que en dos semanas se convocará por un lado al Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y al Consejo Federal Agropecuario (CFA), a los cuales se les presentará un borrador de lo quiere el Ejecutivo respecto de las fumigaciones.
Para esto habrá que acercar las normas que tengan en cada jurisdicción con el fin de llegar a un mayor consenso. "No se trata de los metros en las fumigaciones sino todas las definiciones al respecto. Densidad de población, mensuras, parámetros para fijar las distancias, qué técnicas se usan para la aplicación tanto en la manipulación del operario como en la maquinaria llamese, nivel de control y monitoreo", resaltaron desde Medio Ambiente.
El borrador que fue diseñado por los técnicos de ambas carteras y que tiene definiciones "en general", pero que buscar aplicar "políticas de estado a partir de estándares" basadas en las buenas prácticas agrícolas (BPA); tendrá por otro lado limitaciones mínimas y donde los municipios podrán legislar hacia arriba, pero estarán impedidos de hacerlo para abajo.
Sin embargo, fuentes de Agroindustria reconocieron que todavía falta coincidir en las zonas de amortiguamiento, las cuales siguen en "discusión" ya que también se propone retirar las zonas de exclusión como concepto de reaseguro; esto significa que, directamente, no se podrá fumigar.
Lo que se busca "es que las provincias tengan una referencia de lo que hay que hacer y siempre y cuando quieran abrir sus respectivas legislaciones para que luego éstas la trasladen a los municipios", afirmaron desde Paseo Colón al 900.
Si hay una negativa por parte de los gobernadores, "avisaremos a los vecinos de cada jurisdicción que sus representantes no quieren adherir lo que significa que no buscan normalizar la situación", resaltaron en Medio Ambiente.
Respecto de los controles, ambas fuentes coincidieron en la necesidad de que cada jurisdicción tome el verdadero poder de policía invirtiendo en personal idóneo que haga cumplir las leyes. "Esto quiere decir que si un avión fumiga sobre una escuela, cuando el piloto baja, va preso porque es un delito penal", subrayaron desde la cartera medioambiental.
Además, remarcaron que así como hay una trazabilidad en los alimentos, esto mismo se puede trasladar a los aplicadores, como puede ser colocando un GPS a los aviones. De esta forma se valida el efecto de los agroquímicos sobre la salud de la gente.
Lo que quiere el Gobierno es que haya una referencia que hoy no la existe y principalmente presionar, si se quiere, al productor a estar bajo la lupa del Estado para que insista con las BPA, generando así una cadena de confianza que va desde la puesta de un asesor presente en el campo hasta personal tecnificado para el manejo de las máquinas y productos agroquímicos.
Nuevo paradigma
Los ministerios de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología trabajan junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para que el campo vaya hacia la química verde. En ese sentido buscan reemplazar el uso del paraquat, un herbicida que elimina las malezas por otro de origen orgánico como es el ácido pelargónico que se encuentra en el reino animal y vegetal. Los técnicos locales buscan extraerlo del girasol para de esa forma ofrecer un reemplazo sustentable.
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Memorando con Rusia por el uranio ¿sin minería? ... pero...
Cómo es el memorando firmado con Rusia por el uranio
Fecha de Publicación: 27/01/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional - Chubut
La visita del presidente Mauricio Macri a Rusia dejó varias novedades en el rubro energético, entre ellas, la firma de un memorando de entendimiento para la exploración y explotación de uranio en nuestro país, que reportaría una inversión inicial de u$s 250 millones y la generación de unos 500 puestos de trabajo.
El titular de UrAmerica SA, Omar Adra, quien firmó el convenio junto al canciller Jorge Faurie (en representación del ministerio de Ciencia), y el presidente de la empresa rusa Uranium One Group, sostuvo que Argentina "puede tener una Vaca Muerta en uranio".
"Eso es lo que dicen los expertos mundiales", explicó Adra en diálogo con ámbito.com: "Creemos tener una cuenca similar a la Kazajstán, por lo que podríamos autoabastecer, a costos bajos y mayor seguridad, las plantas nucleares en funcionamiento y las próximas por construir" (al mismo tiempo, la agencia estatal nuclear rusa Rosatom propuso la construcción de una central de energía nuclear en Argentina). "Podemos llegar a ser un proveedor de uranio mundial, pero especialmente para la región. Nuestro socio ya provee a Brasil, por lo que hacerlo desde nuestro país sería ideal", agregó.
De acuerdo a un informe especial elaborado por la Dirección de Economía Minera a fines de 2016, pese a que Argentina "integra el reducido número de diez países que dominan el ciclo de combustible" del uranio, no se lleva a cabo la cadena completa de actividades de explotación y concentración "debido a conflictos socio-políticos, legales y medioambientales".
Así, actualmente se importan en su totalidad las 250 toneladas anuales que consumen los tres reactores nucleares (Atucha I, Atucha II y CN Embalse) a plena potencia. En 2015, el monto de importación de uranio alcanzó los u$s 61.862.878.
UrAmerica lleva a cabo su proyecto en la meseta central de Chubut, dentro de la cuenca de San Jorge, al que intentará dotar del método de extracción "recuperación in situ", desarrollado por la rusa Uranium One, considerado el más eficiente en función de sus bajos costos y su mínimo impacto ambiental.
"No se utilizan ácidos, gracias a que el terreno alcalino permite licuarlo. En términos básicos: es como una esponja que se solidificó con jabón y quedó dura; al inyectarle agua hace espuma, esa espuma se retira y una vez que se precipita, se convierte en jabón, que vendría a ser el uranio", relata.
Aunque para un neófito el proceso puede remitir al tan cuestionado "fracking", Adra aclara que "no tiene nada que ver, porque el fracking necesita un nivel de presión de agua distinto. Además este procedimiento utiliza el agua del mismo yacimiento, que quedó impregnada en los fragmentos, y que luego se recicla y se vuelve a usar. El suelo no se toca en la superficie y con el tiempo el área desértica pasa a ser fértil y puede emplearse para producciones agrícolas".
Según el documento de Minería, la relevancia del uranio reside en ser el punto de partida del ciclo del combustible nuclear y, en consecuencia, de la generación nucleoeléctrica. "Su valor estratégico es de suma relevancia más allá de su costo en el mercado internacional", debido a su aporte a la "seguridad energética", asegura, además de ser "un tipo de energía libre de emisiones de dióxido de carbono".
Finalmente, detalla que la baja en los precios en los últimos años generó una caída en los emprendimientos de extracción, pero anticipa un incremento de los precios en la próxima década, que llevaría a la vez a un repunte de la actividad exploratoria de la mano de un alza en la demanda. China introdujo 20 nuevos reactores entre 2002 y 2014 y está construyendo otros 30. India tiene 6 en construcción y otros 22 en carpeta. Rusia posee 9 en proceso y planea 22 más. Corea del Sur tiene 12 nuevos reactores planificados y/o próximos a construir, mientras que varios países europeos extenderán la vida de sus centrales actuales. Por su parte, EEUU sumó 19 nuevos reactores y añadirá otros 5.
"Es una gran oportunidad. Es la primera vez que se aplicará este proceso en Latinoamérica, y esto recién empieza, porque seguiremos explorando. El socio es de una magnitud importante y tiene un interés claro en nuestro país. Somos una compañía argentina manejada por argentinos y con un equipo técnico argentino. Debemos ser líderes en la región en materia nuclear. Por eso, la inversión en principio es de u$s 250 millones, pero a futuro no tiene límites", concluye Adra.
En la actualidad Australia, seguida por Kazajstán, Rusia y Canadá, encabezan el ránking de reservas mundiales conocidas y económicamente explotables a nivel mundial, según datos de la World Nuclear Association. En ese punto, varias provincias argentinas siguieron el anuncio con interés. De acuerdo a las estadísticas oficiales, existen unas 30 mil toneladas de reservas comprobadas de uranio distribuidas en yacimientos ubicados en Mendoza, Salta, Chubut, La Rioja, San Luis y Córdoba.
Uranio: Chubut desconoce memorándum con Rusia
La provincia se negó a firmar el año pasado el Pacto Federal Minero en rechazo a la explotación, precisamente, de este mineral. Reparos del Gobierno y polémica en puerta.
La euforia que exudó Mauricio Macri tras la firma del memorándum con el Gobierno ruso de Vladímir Putin para la explotación de uranio en nuestro país chocó ayer con la reacción del Gobierno de Chubut, que advirtió que no sólo no fue informado sobre el contenido del acuerdo, sino que le recordó al Presidente que el recurso le pertenece a la provincia, donde, además, la actividad minera está prohibida por ley. Sin embargo, la restricción no alcanza al uranio, considerado como un recurso estratégico cuya extracción puede ser autorizada por la Comisión Nacional de Energía Atómica.
"Recordemos que por jurisdicción los recursos son nuestros, de la provincia y van a tener que venir a informarnos a la provincia" sostuvo el gobernador Mariano Arcioni. "Lo veo como una carta de intención que firmó la República Argentina con Rusia para poder tener una intención para explotar el uranio, simplemente eso, pero es muy clara la Constitución Nacional y Provincial y la Ley 5001", agregó el mandatario.
El lunes, en el marco de la gira presidencial por Rusia, el canciller Jorge Faurie (en representación del Ministerio de Ciencia) firmó un convenio con el presidente de la empresa rusa Uranium One Group y el titular de UrAmerica SA, Omar Adra, que podría reportarle a la Argentina una inversión inicial de u$s250 millones y la generación de unos 500 puestos de trabajo.
Pero el entendimiento, centrado en la potencialidad de los yacimientos Cerro Solo, Laguna Salada, Laguna Colorada y Meseta Central, esquivó la cuestión ecológica que, por caso, hace 30 años le costó a la provincia de Mendoza uno de los daños más graves de la historia ambiental, que requirió un crédito del Banco Mundial y el pago de una multa millonaria aplicada por la Corte Suprema.
En diálogo con Ámbito Financiero, Adra sostuvo que Argentina "puede tener una Vaca Muerta en uranio".
"Creemos tener una cuenca similar a la Kazajstán, por lo que podríamos autoabastecer, a costos bajos y mayor seguridad, las plantas nucleares en funcionamiento y las próximas por construir", calculó Adra y agregó: "Podemos llegar a ser un proveedor de uranio mundial, pero especialmente para la región. Nuestro socio ya provee a Brasil, por lo que hacerlo desde nuestro país sería ideal".
Los diputados provinciales Jerónimo García, de Chubut Somos Todos, y Gustavo Fita, del Frente para la Victoria, recordaron que el recurso natural le pertenece a la provincia. En idéntico sentido se manifestó el ministro Coordinador, Sergio Mammarelli.
"Como mínimo habrá que revisarlo y discutirlo. El canciller firmó esto en Rusia, sin la presencia de ningún funcionario o aval de la provincia del Chubut. Estamos sorprendidos", expresaron desde el ala política de la provincia.
El legislador provincial recordó que, al menos a título personal, "no le decimos que no a la minería, pero sí creemos que hay que ver los pros y los contras. Lo que está claro es que los recursos son de la provincia, y que es Chubut y los chubutenses los que deciden sobre ellos", enfatizó.
El año pasado, el fallecido gobernador Mario Das Neves se negó a suscribir el Pacto Federal Minero que sucribió Macri con los distritos productores, con excepción también de La Pampa y La Rioja, bajo el argumento no sólo de que la Nación no tiene por qué establecer un marco regulador sobre recursos que, de acuerdo con la reforma constitucional de 1994, le corresponden a las provincias, sino que la negativa del contrato social para esa actividad ha sido contundente, especialmente en la ciudad de Esquel.
Ayer, Arcioni retomó esa postura pero dejó abierto el canal de un debate. "La postura de este Ejecutivo con respecto a la megaminería está clara. Nosotros respetamos lo que se firmó con Das Neves en Rawson junto a los intendentes en la Cumbre Ambiental, en donde se firmó un acuerdo en rechazo a la megaminería", dijo aunque anticipó que está dispuesto a habilitar "el debate sobre la minería".
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Fecha de Publicación: 27/01/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional - Chubut
La visita del presidente Mauricio Macri a Rusia dejó varias novedades en el rubro energético, entre ellas, la firma de un memorando de entendimiento para la exploración y explotación de uranio en nuestro país, que reportaría una inversión inicial de u$s 250 millones y la generación de unos 500 puestos de trabajo.
El titular de UrAmerica SA, Omar Adra, quien firmó el convenio junto al canciller Jorge Faurie (en representación del ministerio de Ciencia), y el presidente de la empresa rusa Uranium One Group, sostuvo que Argentina "puede tener una Vaca Muerta en uranio".
"Eso es lo que dicen los expertos mundiales", explicó Adra en diálogo con ámbito.com: "Creemos tener una cuenca similar a la Kazajstán, por lo que podríamos autoabastecer, a costos bajos y mayor seguridad, las plantas nucleares en funcionamiento y las próximas por construir" (al mismo tiempo, la agencia estatal nuclear rusa Rosatom propuso la construcción de una central de energía nuclear en Argentina). "Podemos llegar a ser un proveedor de uranio mundial, pero especialmente para la región. Nuestro socio ya provee a Brasil, por lo que hacerlo desde nuestro país sería ideal", agregó.
De acuerdo a un informe especial elaborado por la Dirección de Economía Minera a fines de 2016, pese a que Argentina "integra el reducido número de diez países que dominan el ciclo de combustible" del uranio, no se lleva a cabo la cadena completa de actividades de explotación y concentración "debido a conflictos socio-políticos, legales y medioambientales".
Así, actualmente se importan en su totalidad las 250 toneladas anuales que consumen los tres reactores nucleares (Atucha I, Atucha II y CN Embalse) a plena potencia. En 2015, el monto de importación de uranio alcanzó los u$s 61.862.878.
UrAmerica lleva a cabo su proyecto en la meseta central de Chubut, dentro de la cuenca de San Jorge, al que intentará dotar del método de extracción "recuperación in situ", desarrollado por la rusa Uranium One, considerado el más eficiente en función de sus bajos costos y su mínimo impacto ambiental.
"No se utilizan ácidos, gracias a que el terreno alcalino permite licuarlo. En términos básicos: es como una esponja que se solidificó con jabón y quedó dura; al inyectarle agua hace espuma, esa espuma se retira y una vez que se precipita, se convierte en jabón, que vendría a ser el uranio", relata.
Aunque para un neófito el proceso puede remitir al tan cuestionado "fracking", Adra aclara que "no tiene nada que ver, porque el fracking necesita un nivel de presión de agua distinto. Además este procedimiento utiliza el agua del mismo yacimiento, que quedó impregnada en los fragmentos, y que luego se recicla y se vuelve a usar. El suelo no se toca en la superficie y con el tiempo el área desértica pasa a ser fértil y puede emplearse para producciones agrícolas".
Según el documento de Minería, la relevancia del uranio reside en ser el punto de partida del ciclo del combustible nuclear y, en consecuencia, de la generación nucleoeléctrica. "Su valor estratégico es de suma relevancia más allá de su costo en el mercado internacional", debido a su aporte a la "seguridad energética", asegura, además de ser "un tipo de energía libre de emisiones de dióxido de carbono".
Finalmente, detalla que la baja en los precios en los últimos años generó una caída en los emprendimientos de extracción, pero anticipa un incremento de los precios en la próxima década, que llevaría a la vez a un repunte de la actividad exploratoria de la mano de un alza en la demanda. China introdujo 20 nuevos reactores entre 2002 y 2014 y está construyendo otros 30. India tiene 6 en construcción y otros 22 en carpeta. Rusia posee 9 en proceso y planea 22 más. Corea del Sur tiene 12 nuevos reactores planificados y/o próximos a construir, mientras que varios países europeos extenderán la vida de sus centrales actuales. Por su parte, EEUU sumó 19 nuevos reactores y añadirá otros 5.
"Es una gran oportunidad. Es la primera vez que se aplicará este proceso en Latinoamérica, y esto recién empieza, porque seguiremos explorando. El socio es de una magnitud importante y tiene un interés claro en nuestro país. Somos una compañía argentina manejada por argentinos y con un equipo técnico argentino. Debemos ser líderes en la región en materia nuclear. Por eso, la inversión en principio es de u$s 250 millones, pero a futuro no tiene límites", concluye Adra.
En la actualidad Australia, seguida por Kazajstán, Rusia y Canadá, encabezan el ránking de reservas mundiales conocidas y económicamente explotables a nivel mundial, según datos de la World Nuclear Association. En ese punto, varias provincias argentinas siguieron el anuncio con interés. De acuerdo a las estadísticas oficiales, existen unas 30 mil toneladas de reservas comprobadas de uranio distribuidas en yacimientos ubicados en Mendoza, Salta, Chubut, La Rioja, San Luis y Córdoba.
Uranio: Chubut desconoce memorándum con Rusia
La provincia se negó a firmar el año pasado el Pacto Federal Minero en rechazo a la explotación, precisamente, de este mineral. Reparos del Gobierno y polémica en puerta.
La euforia que exudó Mauricio Macri tras la firma del memorándum con el Gobierno ruso de Vladímir Putin para la explotación de uranio en nuestro país chocó ayer con la reacción del Gobierno de Chubut, que advirtió que no sólo no fue informado sobre el contenido del acuerdo, sino que le recordó al Presidente que el recurso le pertenece a la provincia, donde, además, la actividad minera está prohibida por ley. Sin embargo, la restricción no alcanza al uranio, considerado como un recurso estratégico cuya extracción puede ser autorizada por la Comisión Nacional de Energía Atómica.
"Recordemos que por jurisdicción los recursos son nuestros, de la provincia y van a tener que venir a informarnos a la provincia" sostuvo el gobernador Mariano Arcioni. "Lo veo como una carta de intención que firmó la República Argentina con Rusia para poder tener una intención para explotar el uranio, simplemente eso, pero es muy clara la Constitución Nacional y Provincial y la Ley 5001", agregó el mandatario.
El lunes, en el marco de la gira presidencial por Rusia, el canciller Jorge Faurie (en representación del Ministerio de Ciencia) firmó un convenio con el presidente de la empresa rusa Uranium One Group y el titular de UrAmerica SA, Omar Adra, que podría reportarle a la Argentina una inversión inicial de u$s250 millones y la generación de unos 500 puestos de trabajo.
Pero el entendimiento, centrado en la potencialidad de los yacimientos Cerro Solo, Laguna Salada, Laguna Colorada y Meseta Central, esquivó la cuestión ecológica que, por caso, hace 30 años le costó a la provincia de Mendoza uno de los daños más graves de la historia ambiental, que requirió un crédito del Banco Mundial y el pago de una multa millonaria aplicada por la Corte Suprema.
En diálogo con Ámbito Financiero, Adra sostuvo que Argentina "puede tener una Vaca Muerta en uranio".
"Creemos tener una cuenca similar a la Kazajstán, por lo que podríamos autoabastecer, a costos bajos y mayor seguridad, las plantas nucleares en funcionamiento y las próximas por construir", calculó Adra y agregó: "Podemos llegar a ser un proveedor de uranio mundial, pero especialmente para la región. Nuestro socio ya provee a Brasil, por lo que hacerlo desde nuestro país sería ideal".
Los diputados provinciales Jerónimo García, de Chubut Somos Todos, y Gustavo Fita, del Frente para la Victoria, recordaron que el recurso natural le pertenece a la provincia. En idéntico sentido se manifestó el ministro Coordinador, Sergio Mammarelli.
"Como mínimo habrá que revisarlo y discutirlo. El canciller firmó esto en Rusia, sin la presencia de ningún funcionario o aval de la provincia del Chubut. Estamos sorprendidos", expresaron desde el ala política de la provincia.
El legislador provincial recordó que, al menos a título personal, "no le decimos que no a la minería, pero sí creemos que hay que ver los pros y los contras. Lo que está claro es que los recursos son de la provincia, y que es Chubut y los chubutenses los que deciden sobre ellos", enfatizó.
El año pasado, el fallecido gobernador Mario Das Neves se negó a suscribir el Pacto Federal Minero que sucribió Macri con los distritos productores, con excepción también de La Pampa y La Rioja, bajo el argumento no sólo de que la Nación no tiene por qué establecer un marco regulador sobre recursos que, de acuerdo con la reforma constitucional de 1994, le corresponden a las provincias, sino que la negativa del contrato social para esa actividad ha sido contundente, especialmente en la ciudad de Esquel.
Ayer, Arcioni retomó esa postura pero dejó abierto el canal de un debate. "La postura de este Ejecutivo con respecto a la megaminería está clara. Nosotros respetamos lo que se firmó con Das Neves en Rawson junto a los intendentes en la Cumbre Ambiental, en donde se firmó un acuerdo en rechazo a la megaminería", dijo aunque anticipó que está dispuesto a habilitar "el debate sobre la minería".
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Acuífero Guaraní: de Entre Ríos se cuestiona a su gobierno
Acuífero Guaraní: enojo por la inacción del oficialismo provincial
Fecha de Publicación: 27/01/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde la Asamblea se viene impulsando la defensa a la mayor reserva de agua dulce de la región y esta resistencia derivó en la prohibición del fracking en suelo entrerriano sancionada por la legislatura. Pero el problema se presenta del otro lado del río y requieren acciones de gobierno para avanzar en el control e impedimento de prácticas que pondrían en riesgo el recurso elemental.
Las perforaciones petroleras en la localidad de Salto motivaron un duro comunicado, emitido desde la Asamblea Ciudadana de Concordia, en donde manifestaron su preocupación y enojo ante la inacción del oficialismo provincial. "Parecería que el tema de la contaminación de nuestros reservorios de agua dulce no les interesa a quienes tienen poder de decisión", expresó el documento.
En el texto, dirigido al senador por el oficialismo de Concordia, Ángel Giano, reclamaron "acciones preventivas pertinentes y oportunas que garanticen la demanda de protección de las aguas pluviales, superficiales y subterráneas, incluyendo el Acuífero Guaraní".
Calificaron como "escasos" los resultados obtenidos "por parte de autoridades nacionales y/o provinciales ante los hechos relacionados con las perforaciones de la actividad hidrocarburífera en el territorio de la ROU". "Las perforaciones se concretaron en Paysandú y serán seguidas a la brevedad por las planificadas en el Departamento Salto", dice el documento.
Señalaron, además, que hay movimientos y organizaciones del país vecino que acompañan la lucha "lo que pone en evidencia que las autoridades uruguayas no tienen licencia social para avanzar con estos emprendimientos y que los daños sobre el Sistema Acuífero Guaraní ya se están perpetrando". Afirmaron, además, que "aun cuando no se llegue a aplicar la técnica de fractura hidráulica o fracking, el daño contaminante que producen y producirán las perforaciones ya en marcha sobre los acuíferos de la región es impredecible" .
Finalmente, manifestaron que desde el envío de la primera comunicación referida al tema el 1 de febrero de 2017, después de que se conociera a través de la prensa que la Comisión de Salud Pública, Medio ambiente Humano y Drogadicción había elevado un Proyecto de Comunicación a Cancillería, Exped.12064-12523, solicitando medidas referidas al cuidado del Acuífero Guaraní y/o de la estructura del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, "nunca más tuvimos noticias, ni directa ni indirectamente, acerca de la continuidad o resultado de esa gestión".
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Fecha de Publicación: 27/01/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde la Asamblea se viene impulsando la defensa a la mayor reserva de agua dulce de la región y esta resistencia derivó en la prohibición del fracking en suelo entrerriano sancionada por la legislatura. Pero el problema se presenta del otro lado del río y requieren acciones de gobierno para avanzar en el control e impedimento de prácticas que pondrían en riesgo el recurso elemental.
Las perforaciones petroleras en la localidad de Salto motivaron un duro comunicado, emitido desde la Asamblea Ciudadana de Concordia, en donde manifestaron su preocupación y enojo ante la inacción del oficialismo provincial. "Parecería que el tema de la contaminación de nuestros reservorios de agua dulce no les interesa a quienes tienen poder de decisión", expresó el documento.
En el texto, dirigido al senador por el oficialismo de Concordia, Ángel Giano, reclamaron "acciones preventivas pertinentes y oportunas que garanticen la demanda de protección de las aguas pluviales, superficiales y subterráneas, incluyendo el Acuífero Guaraní".
Calificaron como "escasos" los resultados obtenidos "por parte de autoridades nacionales y/o provinciales ante los hechos relacionados con las perforaciones de la actividad hidrocarburífera en el territorio de la ROU". "Las perforaciones se concretaron en Paysandú y serán seguidas a la brevedad por las planificadas en el Departamento Salto", dice el documento.
Señalaron, además, que hay movimientos y organizaciones del país vecino que acompañan la lucha "lo que pone en evidencia que las autoridades uruguayas no tienen licencia social para avanzar con estos emprendimientos y que los daños sobre el Sistema Acuífero Guaraní ya se están perpetrando". Afirmaron, además, que "aun cuando no se llegue a aplicar la técnica de fractura hidráulica o fracking, el daño contaminante que producen y producirán las perforaciones ya en marcha sobre los acuíferos de la región es impredecible" .
Finalmente, manifestaron que desde el envío de la primera comunicación referida al tema el 1 de febrero de 2017, después de que se conociera a través de la prensa que la Comisión de Salud Pública, Medio ambiente Humano y Drogadicción había elevado un Proyecto de Comunicación a Cancillería, Exped.12064-12523, solicitando medidas referidas al cuidado del Acuífero Guaraní y/o de la estructura del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, "nunca más tuvimos noticias, ni directa ni indirectamente, acerca de la continuidad o resultado de esa gestión".
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Avanza la apliación Parque Fotovoltaico en San Luis
Continúan los trabajos de ampliación del Parque Fotovoltaico de Terrazas del Portezuelo
Fecha de Publicación: 27/01/2018
Fuente: Agencia San Luis
Provincia/Región: San Luis
Se instalarán más de 4.500 nuevos paneles solares, lo que se traducirá en la generación de energía limpia para cubrir el 55 % del consumo de la Casa de Gobierno.
El Gobierno de San Luis tiene un compromiso asumido con el cuidado del medio ambiente, es por esto que trabaja día a día en diferentes políticas para hacerle frente al cambio climático. Una de ellas es la generación de energías renovables, a través del Parque Fotovoltaico de Terrazas del Portezuelo.
Desde junio del año pasado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, se trabaja en la ampliación del Parque. La obra consta de la instalación de más 4.500 paneles solares.
Con una potencia actual de 1 megawatt, el nuevo equipamiento permitirá alcanzar una potencia de 2,4 megawatts. “Con esta importante ampliación se logrará abastecer, por medio de energía renovable, el 55 % de la energía utilizada por la Casa de Gobierno”, informaron desde la cartera ambiental.
Asimismo, se refirieron a las etapas de la ampliación: “El trabajo está divido en dos partes. La primera es aumentar el 20 % de la capacidad de los paneles del parque actual y la segunda es crear un nuevo parque similar, de 1,2 megawatts. Estamos trabajando en lo que sería el segundo tramo, es decir, ya recibimos los paneles y finalizando su colocación. Luego se realizará la etapa de cableado e instalación de los transformadores”.
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Fecha de Publicación: 27/01/2018
Fuente: Agencia San Luis
Provincia/Región: San Luis
Se instalarán más de 4.500 nuevos paneles solares, lo que se traducirá en la generación de energía limpia para cubrir el 55 % del consumo de la Casa de Gobierno.
El Gobierno de San Luis tiene un compromiso asumido con el cuidado del medio ambiente, es por esto que trabaja día a día en diferentes políticas para hacerle frente al cambio climático. Una de ellas es la generación de energías renovables, a través del Parque Fotovoltaico de Terrazas del Portezuelo.
Desde junio del año pasado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, se trabaja en la ampliación del Parque. La obra consta de la instalación de más 4.500 paneles solares.
Con una potencia actual de 1 megawatt, el nuevo equipamiento permitirá alcanzar una potencia de 2,4 megawatts. “Con esta importante ampliación se logrará abastecer, por medio de energía renovable, el 55 % de la energía utilizada por la Casa de Gobierno”, informaron desde la cartera ambiental.
Asimismo, se refirieron a las etapas de la ampliación: “El trabajo está divido en dos partes. La primera es aumentar el 20 % de la capacidad de los paneles del parque actual y la segunda es crear un nuevo parque similar, de 1,2 megawatts. Estamos trabajando en lo que sería el segundo tramo, es decir, ya recibimos los paneles y finalizando su colocación. Luego se realizará la etapa de cableado e instalación de los transformadores”.
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Urtubey se hecha atrás: ordena parar desmonte de Braun Peña
El gobierno de Urtubey intimó a Braun Peña para que frene el desmonte
Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
Tras esta medida, las topadoras que estaban trabajando en la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, deberán detener su marcha
El Gobierno de Salta, que encabeza Juan Manuel Urtubey, intimó Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, que suspenda el desmonte de la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Según detalló el Ejecutivo provincial, esta medida fue realizada luego de una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según un comunicado de la gobernación salteña, el "Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación".
Asimismo, explicó el escrito, "la medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente" y destaca: "La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo", es por eso que "Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca".
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Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
Tras esta medida, las topadoras que estaban trabajando en la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, deberán detener su marcha
El Gobierno de Salta, que encabeza Juan Manuel Urtubey, intimó Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, que suspenda el desmonte de la finca Cuchuy, en el norte provincial, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Según detalló el Ejecutivo provincial, esta medida fue realizada luego de una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Según un comunicado de la gobernación salteña, el "Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación".
Asimismo, explicó el escrito, "la medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente" y destaca: "La resolución nacional insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo", es por eso que "Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca".
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Desmontes,
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Río Negro: YPF "bajó" medio cerro de área protegida
Freno a la explotación de YPF en Lamarque
Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
“Bajaron medio cerro del área protegida”, aseguró el intendente Sergio Hernández, luego de recorrer el Bajo Santa Rosa. Medio Ambiente de Provincia dictó el cese por 30 días.
El intendente de Lamarque, Sergio Hernández, visitó el Bajo Santa Rosa y sostuvo “la empresa que explota la cantera bajó medio cerro y se produjeron daños irreparables en el área protegida”. Tras esto, desde la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable se decidió “el cese inmediato de los trabajos en ejecución por razones precautorias y la suspensión de la resolución ambiental hasta tanto la empresa responsable de la explotación realice los relevamientos de campo y las evaluaciones técnicas pertinentes”.
La controversia se desató la semana pasada, luego que vecinos denunciaran ante el Municipio el crecimiento de las tareas de la empresa YPF en el área protegida. Si bien los trabajos de extracción de arena en el lugar se encuentran suspendidas, desde el Municipio también se cuestionó la legitimidad del estudio de impacto ambiental que se presentó en provincia en el año 2016 y que ha permitido a YPF trabajar en el área.
Hernández relató que dos años atrás, Daniel Marin compró a la familia Berthe 8.000 hectáreas, donde esta la cantera. Para su explotación presentó un estudio de impacto ambiental. El año pasado Marín vendió la cantera que comenzó a identificarse como “Cimsa RN” (Compañía de Inversiones Mineras) empresa de servicios que trabaja para YPF. Pero para su explotación se utilizó el mismo estudio de impacto ambiental. El permiso le habilitaba a la empresa poder explotar la cantera hasta el 15 de marzo del 2018.
Hernández, remarcó que en ningún momento desde el área se realizaron inspecciones para poder frenar lo que finalmente terminó sucediendo. Ahora, desde tres las tres partes se planean realizar relevamientos. Desde el Municipio de Lamarque se convocará al reconocido paleontólogo, Leonardo Salgado, para evaluar el alcance del daño. Desde YPF se hará un relevamiento paleontológico. Mientras que desde provincia, a partir de la nota fechada en Viedma el pasado martes, se pide que la empresa “realice los relevamientos de campo y las evaluaciones técnicas pertinentes por intermedio de profesional idóneo, que permitan identificar los posibles impactos sobre el patrimonio cultural, elaborar un plan de actividades tendientes a su rescate y preservación de acuerdo a los términos de la ley Nº 3041”. La suspensión dictada por la provincia tendría un período mínimo de 30 días.
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Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
“Bajaron medio cerro del área protegida”, aseguró el intendente Sergio Hernández, luego de recorrer el Bajo Santa Rosa. Medio Ambiente de Provincia dictó el cese por 30 días.
El intendente de Lamarque, Sergio Hernández, visitó el Bajo Santa Rosa y sostuvo “la empresa que explota la cantera bajó medio cerro y se produjeron daños irreparables en el área protegida”. Tras esto, desde la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable se decidió “el cese inmediato de los trabajos en ejecución por razones precautorias y la suspensión de la resolución ambiental hasta tanto la empresa responsable de la explotación realice los relevamientos de campo y las evaluaciones técnicas pertinentes”.
La controversia se desató la semana pasada, luego que vecinos denunciaran ante el Municipio el crecimiento de las tareas de la empresa YPF en el área protegida. Si bien los trabajos de extracción de arena en el lugar se encuentran suspendidas, desde el Municipio también se cuestionó la legitimidad del estudio de impacto ambiental que se presentó en provincia en el año 2016 y que ha permitido a YPF trabajar en el área.
Hernández relató que dos años atrás, Daniel Marin compró a la familia Berthe 8.000 hectáreas, donde esta la cantera. Para su explotación presentó un estudio de impacto ambiental. El año pasado Marín vendió la cantera que comenzó a identificarse como “Cimsa RN” (Compañía de Inversiones Mineras) empresa de servicios que trabaja para YPF. Pero para su explotación se utilizó el mismo estudio de impacto ambiental. El permiso le habilitaba a la empresa poder explotar la cantera hasta el 15 de marzo del 2018.
Hernández, remarcó que en ningún momento desde el área se realizaron inspecciones para poder frenar lo que finalmente terminó sucediendo. Ahora, desde tres las tres partes se planean realizar relevamientos. Desde el Municipio de Lamarque se convocará al reconocido paleontólogo, Leonardo Salgado, para evaluar el alcance del daño. Desde YPF se hará un relevamiento paleontológico. Mientras que desde provincia, a partir de la nota fechada en Viedma el pasado martes, se pide que la empresa “realice los relevamientos de campo y las evaluaciones técnicas pertinentes por intermedio de profesional idóneo, que permitan identificar los posibles impactos sobre el patrimonio cultural, elaborar un plan de actividades tendientes a su rescate y preservación de acuerdo a los términos de la ley Nº 3041”. La suspensión dictada por la provincia tendría un período mínimo de 30 días.
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Fumigaciones en Córdoba resistidas y reprimidas
La policía cordobesa, del lado de los sojeros
Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Córdoba
Sofía Gatica fue arrestada ayer en la localidad de Dique Chico, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Fue liberada tras una manifestación de apoyo, aunque continúa imputada por violación de la propiedad privada y resistencia contra la autoridad.
Sofía Gatica, conocida activista en contra del uso de agroquímicos, fue detenida ayer por la policía cordobesa cuando intentaban impedir las fumigaciones masivas ilegales en el campo junto a otros vecinos de la localidad de Dique Chico, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Después de numerosas manifestaciones públicas que pidieron su excarcelación, fue liberada por la tarde de ayer, aunque continúa imputada por violación de la propiedad privada y resistencia contra la autoridad.
A través de un comunicado, los vecinos autoconvocados de Dique Chico denunciaron la detención y resaltaron que el productor Alejandro Dalmasso estaba violando la resolución 242/201, que prohibía las fumigaciones a 1000 metros de la zona urbanizada. A pesar de que a fin de año, la Justicia otorgó una medida cautelar para que los sojeros pudieran continuar con su actividad, esta se había interrumpido por la feria judicial. “La Justicia dejó en claro que no podían fumigar hasta febrero y luego de presentar libretas fitosanitarias y autorizaciones de ganadería y agricultura de la provincia”, alertaron en el escrito.
Sin embargo, los vecinos afirmaron que los productores siguieron adelante con sus planes, incumpliendo las resoluciones judiciales. “Se precipitaron, no respetaron los tiempos judiciales. La soja se les estaba llenando de maleza y fueron a fumigar”, acusaron en el documento.
Tanto Gatica, Premio Medioambiental Goldman en 2012, como los vecinos estaban intentando evitar que nuevamente Dalmasso fumigara el campo de la entrada al pueblo, cercano a la escuela Bernardo de Monteagudo a la que asisten los niños de la localidad. En el documento, los vecinos autoconvocados resaltaron que ellos son “los afectados ambientales más vulnerables de este modelo de mala muerte”. “En ese marco se llevaron detenida a la compañera Sofía Gatica, referente indiscutida de la lucha contra los agrotóxicos”, explicaron en el comunicado, en el que convocaban a otras organizaciones a repudiar la situación
El abogado cordobés, Carlos “Chuzo” González Quintana, informó luego que a las 15 horas de ayer liberaron finalmente a Gatica, pero la Policía mantuvo las imputaciones. “Vamos a defenderla en esta nueva instancia judicial que su acción contra los agroquímicos le pone frente a su camino… en definitiva Sofía acumula casi una decena de causas en diferentes jurisdicciones del país por no claudicar en su consecuente lucha de años”, escribió en su página de Facebook.
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Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Córdoba
Sofía Gatica fue arrestada ayer en la localidad de Dique Chico, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Fue liberada tras una manifestación de apoyo, aunque continúa imputada por violación de la propiedad privada y resistencia contra la autoridad.
Sofía Gatica, conocida activista en contra del uso de agroquímicos, fue detenida ayer por la policía cordobesa cuando intentaban impedir las fumigaciones masivas ilegales en el campo junto a otros vecinos de la localidad de Dique Chico, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Después de numerosas manifestaciones públicas que pidieron su excarcelación, fue liberada por la tarde de ayer, aunque continúa imputada por violación de la propiedad privada y resistencia contra la autoridad.
A través de un comunicado, los vecinos autoconvocados de Dique Chico denunciaron la detención y resaltaron que el productor Alejandro Dalmasso estaba violando la resolución 242/201, que prohibía las fumigaciones a 1000 metros de la zona urbanizada. A pesar de que a fin de año, la Justicia otorgó una medida cautelar para que los sojeros pudieran continuar con su actividad, esta se había interrumpido por la feria judicial. “La Justicia dejó en claro que no podían fumigar hasta febrero y luego de presentar libretas fitosanitarias y autorizaciones de ganadería y agricultura de la provincia”, alertaron en el escrito.
Sin embargo, los vecinos afirmaron que los productores siguieron adelante con sus planes, incumpliendo las resoluciones judiciales. “Se precipitaron, no respetaron los tiempos judiciales. La soja se les estaba llenando de maleza y fueron a fumigar”, acusaron en el documento.
Tanto Gatica, Premio Medioambiental Goldman en 2012, como los vecinos estaban intentando evitar que nuevamente Dalmasso fumigara el campo de la entrada al pueblo, cercano a la escuela Bernardo de Monteagudo a la que asisten los niños de la localidad. En el documento, los vecinos autoconvocados resaltaron que ellos son “los afectados ambientales más vulnerables de este modelo de mala muerte”. “En ese marco se llevaron detenida a la compañera Sofía Gatica, referente indiscutida de la lucha contra los agrotóxicos”, explicaron en el comunicado, en el que convocaban a otras organizaciones a repudiar la situación
El abogado cordobés, Carlos “Chuzo” González Quintana, informó luego que a las 15 horas de ayer liberaron finalmente a Gatica, pero la Policía mantuvo las imputaciones. “Vamos a defenderla en esta nueva instancia judicial que su acción contra los agroquímicos le pone frente a su camino… en definitiva Sofía acumula casi una decena de causas en diferentes jurisdicciones del país por no claudicar en su consecuente lucha de años”, escribió en su página de Facebook.
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Un cuarto de la población del Conurbano cerca de basurales
Alarma en el Conurbano: dos millones y medios de personas viven cerca de un basural
Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Buenos Aires
De acuerdo con lo que informó la UCA, la zona más afectada es el oeste. Además, más de la mitad de las villas se ubican cerca de un centro de resituos sin tratar.
El Observatorio de la Deuda Social de la UCA informó de una cifra alarmante: el 25 por ciento de las familias que viven en Gran Buenos Aires están ubicadas cerca de un basural. Es decir que dos millones y medio de personas conviven con la acumulación de residuos cerca de su hogar.
De acuerdo con el relevamiento hecho a pedido de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, una de cada cuatro familias sufre una problemática que afecta directamente la salud y que puede perjudicar el desarrollo de los chicos.
Además, el texto indica que la situación se agravó en un 2 por ciento y se vuelve más grave a medida que baja la condición residencial, con lo que se agrega una nueva dificultad al segmento de la sociedad que más complicaciones tiene.
"La gente incluso vive arriba de los basurales” reveló a Diario Popular Nieves Baldaccini, integrante del Foro Regional en Defensa del Río de La Plata. La especialista explicó que “rellenan una zona baja con cascotes y basura, después se asienta la población”.
“Cuando hay creciente, los primeros perjudicados son los que viven al costado del arroyo", agrega.
De acuerdo con lo que informó el diario, el estudio precisó que apenas un 3,6 por ciento de los hogares con un Nivel Socio Económico (NSE) Alto tiene un basural cerca de su casa, pero ese número aumenta bruscamente en los niveles Medio y Medio Bajo hasta el 25,9.
En tanto, casi una de cada tres familias que viven con un NSE Bajo o Vulnerable está cerca de residuos acumulados sin tratar. Las villas o los asentamientos son lugares en los que más el 55,4 por ciento vive con un basural en sus inmediaciones.
En el plano geográfico, el oeste del Conurbano es la zona más afectada con un 34,3 por ciento de los habitantes viviendo cerca de los basurales, con un aumento desde 2010 que supera los 6 puntos porcentuales. En la zona sur se ubica a un 21,7 de los vecinos, mientras que en la norte afecta al 17.
A raíz de este flagelo, las ONG ambientalistas denuncian que aún no hay un tratamiento correcto para la basura pese a que la ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos promueve "dar a los residuos producidos en una zona, el destino y tratamiento adecuado, de una manera ambientalmente sustentable, técnica y económicamente factible y socialmente aceptable".
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Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Buenos Aires
De acuerdo con lo que informó la UCA, la zona más afectada es el oeste. Además, más de la mitad de las villas se ubican cerca de un centro de resituos sin tratar.
El Observatorio de la Deuda Social de la UCA informó de una cifra alarmante: el 25 por ciento de las familias que viven en Gran Buenos Aires están ubicadas cerca de un basural. Es decir que dos millones y medio de personas conviven con la acumulación de residuos cerca de su hogar.
De acuerdo con el relevamiento hecho a pedido de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, una de cada cuatro familias sufre una problemática que afecta directamente la salud y que puede perjudicar el desarrollo de los chicos.
Además, el texto indica que la situación se agravó en un 2 por ciento y se vuelve más grave a medida que baja la condición residencial, con lo que se agrega una nueva dificultad al segmento de la sociedad que más complicaciones tiene.
"La gente incluso vive arriba de los basurales” reveló a Diario Popular Nieves Baldaccini, integrante del Foro Regional en Defensa del Río de La Plata. La especialista explicó que “rellenan una zona baja con cascotes y basura, después se asienta la población”.
“Cuando hay creciente, los primeros perjudicados son los que viven al costado del arroyo", agrega.
De acuerdo con lo que informó el diario, el estudio precisó que apenas un 3,6 por ciento de los hogares con un Nivel Socio Económico (NSE) Alto tiene un basural cerca de su casa, pero ese número aumenta bruscamente en los niveles Medio y Medio Bajo hasta el 25,9.
En tanto, casi una de cada tres familias que viven con un NSE Bajo o Vulnerable está cerca de residuos acumulados sin tratar. Las villas o los asentamientos son lugares en los que más el 55,4 por ciento vive con un basural en sus inmediaciones.
En el plano geográfico, el oeste del Conurbano es la zona más afectada con un 34,3 por ciento de los habitantes viviendo cerca de los basurales, con un aumento desde 2010 que supera los 6 puntos porcentuales. En la zona sur se ubica a un 21,7 de los vecinos, mientras que en la norte afecta al 17.
A raíz de este flagelo, las ONG ambientalistas denuncian que aún no hay un tratamiento correcto para la basura pese a que la ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos promueve "dar a los residuos producidos en una zona, el destino y tratamiento adecuado, de una manera ambientalmente sustentable, técnica y económicamente factible y socialmente aceptable".
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Represas: advertencia de glaciólogos internacionales
Glaciólogos internacionales alertan sobre el impacto de las Represas
Fecha de Publicación: 25/01/2018
Fuente: Ahora Calafate
Provincia/Región: Santa Cruz
Desde Suecia, Austria, Japón y España se expidieron expertos sobre el impacto que las represas ocasionarían a la cuenca del río santa Cruz, que incluye a varios glaciares. Remarcan que se necesitan estudios más profundos que permitan despejar esa duda. Una ONG pide que sus posturas enviadas por escrito sean incluidas en la demanda judicial que presentaron meses atrás.
Reconocidos glaciólogos a nivel mundial se pronunciaron alertando sobre la alteración irreversible del sistema hidrológico de la cuenca fluvial del río Santa Cruz, ante la construcción de las represas en dicho curso de agua.
Cuatro expertos en glaciares plasmaron su postura en escritos que la Fundación Banco de Bosques pide incluir en el expediente que se tramita en la Justicia Federal, y en la que apelan la decisión de la Jueza Marra Giménez, quien levantó la cautelar que frenaba las obras hidroeléctricas, ahora reiniciadas.
La novedad la brindó el representante legal de la ONG, Dr. Cristian Fernández, en declaraciones a FM Dimensión. “Justo antes del inicio de la feria judicial acompañamos una serie de documentos nuevos. Son pronunciamientos de glaciólogos internacionales muy respetados y con mucho conocimiento en el Hielo Patagónico Sur”.
El científico japonés Dr. Shin Sugiyama (Profesor en el Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University) es autor de importantes publicaciones y actualmente trabajando en un proyecto en ejecución en los glaciares del Hielo Patagónico Sur.
El Dr. Helmut Rott, es profesor de Sensores Remotos de la Universidad de Innsbruck, Austria; conocedor del Hielo Patagónico Sur y sus glaciares a través de numerosas campañas de campo y publicaciones, en particular sobre Glaciar Perito Moreno;
El Dr. Hernán De Ángelis es geólogo argentino a cargo del Departamento de Geografía Física de la Universidad de Estocolmo, ha participado en varias campañas a los glaciares Moreno y Upsala y posee publicaciones sobre el Hielo Patagónico Sur;
El Dr. Francisco Navarro es Presidente de la Sociedad Glaciológica Internacional, y Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid (España). Se especializa en balance de masa y dinámica glaciar.
En sus escritos a los que accedió AHORA CALAFATE, los expertos coinciden en “la necesidad de contar con estudios de riesgos más profundos sobre la totalidad de los glaciares sobre los que podrían impactar las represas.
También han señalado que la cota actual planeada para la represa Néstor Kirchner es demasiado alta como para asegurar la estabilidad a largo plazo de los glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur.
“Considero que la cota actual planeada para la represa Néstor Kirchner (Cóndor Cliff) es demasiado alta como para asegurar la estabilidad a largo plazo de los glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur”, sostiene desde Suecia el Dr. Hernán De Angelis, quien entre 1998 y2014 se desempeñó en el Instituto Antártico Argentino.
El científico recomendó que debe realizarse “estudios de riesgo más profundos para llegar a una estimación de la cota de la represa que resguarde a los glaciares de eventualidades improbables, pero de posibles consecuencias catastróficas”.
En tanto, el Dr. Navarro citó que en la Audiencia Pública sobre las represas, el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Fidel A. Roig “pone claramente de manifiesto que el estudio de impacto ambiental efectuado, en lo referente al impacto sobre el conjunto de glaciares de la cuenca del Río Santa Cruz, incluyendo el Campo de Hielo Patagónico Sur, resulta incompleto y presenta presuntas inconsistencias, por lo que requiere posteriores estudios más detallados antes de poder efectuar un informe concluyente”.
A su vez, el especialista Shin Sugiyama (citado por el propio IANIGLA en su dictamen técnico) recuerda que el caso de represas en los Alpes Suizos que ocasionó el retroceso y derretimiento de glaciares.
En su escrito presentado a la Jueza Marra Giménez, se expresa que “la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) comparte la misma preocupación sobre el potencial impacto de la construcción de represas sobre el Río Santa Cruz en los glaciares de nuestro país”.
Invocando el art. 335 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite la introducción de documentos de fecha posterior a la demanda bajo juramento de que no se ha tenido conocimiento de ellos con anterioridad, la fundación banco de Bosques solicita que estas opiniones de los expertos se incorporen al expediente”.
“La Jueza (Marra Giménez) va a tener que decidir si admite o no esta prueba”, dijo el abogado Fernández en el programa Radio Activa. En caso de admitirla, la magistrada deberá “correr traslado a las empresas y al Estado Nacional, quienes deben responder para la evaluación previa a una sentencia definitiva, agregó.
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Fecha de Publicación: 25/01/2018
Fuente: Ahora Calafate
Provincia/Región: Santa Cruz
Desde Suecia, Austria, Japón y España se expidieron expertos sobre el impacto que las represas ocasionarían a la cuenca del río santa Cruz, que incluye a varios glaciares. Remarcan que se necesitan estudios más profundos que permitan despejar esa duda. Una ONG pide que sus posturas enviadas por escrito sean incluidas en la demanda judicial que presentaron meses atrás.
Reconocidos glaciólogos a nivel mundial se pronunciaron alertando sobre la alteración irreversible del sistema hidrológico de la cuenca fluvial del río Santa Cruz, ante la construcción de las represas en dicho curso de agua.
Cuatro expertos en glaciares plasmaron su postura en escritos que la Fundación Banco de Bosques pide incluir en el expediente que se tramita en la Justicia Federal, y en la que apelan la decisión de la Jueza Marra Giménez, quien levantó la cautelar que frenaba las obras hidroeléctricas, ahora reiniciadas.
La novedad la brindó el representante legal de la ONG, Dr. Cristian Fernández, en declaraciones a FM Dimensión. “Justo antes del inicio de la feria judicial acompañamos una serie de documentos nuevos. Son pronunciamientos de glaciólogos internacionales muy respetados y con mucho conocimiento en el Hielo Patagónico Sur”.
El científico japonés Dr. Shin Sugiyama (Profesor en el Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University) es autor de importantes publicaciones y actualmente trabajando en un proyecto en ejecución en los glaciares del Hielo Patagónico Sur.
El Dr. Helmut Rott, es profesor de Sensores Remotos de la Universidad de Innsbruck, Austria; conocedor del Hielo Patagónico Sur y sus glaciares a través de numerosas campañas de campo y publicaciones, en particular sobre Glaciar Perito Moreno;
El Dr. Hernán De Ángelis es geólogo argentino a cargo del Departamento de Geografía Física de la Universidad de Estocolmo, ha participado en varias campañas a los glaciares Moreno y Upsala y posee publicaciones sobre el Hielo Patagónico Sur;
El Dr. Francisco Navarro es Presidente de la Sociedad Glaciológica Internacional, y Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid (España). Se especializa en balance de masa y dinámica glaciar.
En sus escritos a los que accedió AHORA CALAFATE, los expertos coinciden en “la necesidad de contar con estudios de riesgos más profundos sobre la totalidad de los glaciares sobre los que podrían impactar las represas.
También han señalado que la cota actual planeada para la represa Néstor Kirchner es demasiado alta como para asegurar la estabilidad a largo plazo de los glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur.
“Considero que la cota actual planeada para la represa Néstor Kirchner (Cóndor Cliff) es demasiado alta como para asegurar la estabilidad a largo plazo de los glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur”, sostiene desde Suecia el Dr. Hernán De Angelis, quien entre 1998 y2014 se desempeñó en el Instituto Antártico Argentino.
El científico recomendó que debe realizarse “estudios de riesgo más profundos para llegar a una estimación de la cota de la represa que resguarde a los glaciares de eventualidades improbables, pero de posibles consecuencias catastróficas”.
En tanto, el Dr. Navarro citó que en la Audiencia Pública sobre las represas, el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Fidel A. Roig “pone claramente de manifiesto que el estudio de impacto ambiental efectuado, en lo referente al impacto sobre el conjunto de glaciares de la cuenca del Río Santa Cruz, incluyendo el Campo de Hielo Patagónico Sur, resulta incompleto y presenta presuntas inconsistencias, por lo que requiere posteriores estudios más detallados antes de poder efectuar un informe concluyente”.
A su vez, el especialista Shin Sugiyama (citado por el propio IANIGLA en su dictamen técnico) recuerda que el caso de represas en los Alpes Suizos que ocasionó el retroceso y derretimiento de glaciares.
En su escrito presentado a la Jueza Marra Giménez, se expresa que “la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) comparte la misma preocupación sobre el potencial impacto de la construcción de represas sobre el Río Santa Cruz en los glaciares de nuestro país”.
Invocando el art. 335 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite la introducción de documentos de fecha posterior a la demanda bajo juramento de que no se ha tenido conocimiento de ellos con anterioridad, la fundación banco de Bosques solicita que estas opiniones de los expertos se incorporen al expediente”.
“La Jueza (Marra Giménez) va a tener que decidir si admite o no esta prueba”, dijo el abogado Fernández en el programa Radio Activa. En caso de admitirla, la magistrada deberá “correr traslado a las empresas y al Estado Nacional, quienes deben responder para la evaluación previa a una sentencia definitiva, agregó.
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