Córdoba sufre un ícono de la desidia nuclear
08:00 | 
Publicado por
Luis Tuninetti |
Ícono de la desidia nuclear
Fecha de Publicación: 22/12/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La explotación de uranio dejó de funcionar en 1990, pero nunca se realizaron los trabajos de remediación para evitar que siga contaminando. La Comisión Nacional de Energía Atómica analiza trasladar allí los desechos radiactivos de la fábrica Dioxitek.La mina de uranio que funcionó en la década de 1980 en Los Gigantes parece dormida. Pero, para los pobladores de la zona y ambientalistas, aquel sueño ha dejado peligrosas secuelas.
Desde la altura de este sistema montañoso de las Sierras Grandes, clave para la generación de agua en Córdoba, se observa cómo está hoy el lugar. Mantiene sus instalaciones casi intactas, a excepción de la zona de los dormitorios, ya demolida. Tampoco están los gigantescos tachos donde se depositaba el ácido sulfúrico, necesario para el proceso de concentración del uranio.
A la distancia, lo que más llama la atención es el dique principal con un líquido de color oscuro. En el predio están todos los residuos que se generaron durante la explotación de la mina entre 1982 y 1990. Estériles, diques de cola, marginales de cantera y lodos. Millones de toneladas de desechos que concentran materiales radiactivos y metales pesados. Representan un riesgo potencial para la biodiversidad y para una de las fuentes de agua de la provincia, el dique San Roque.
“La gente que viene a hacer trekking nos pregunta si hay riesgo de contaminación o de radiación. Todos preguntan”, asegura José Luis Amuchástegui, dueño del campo Valle de Los Lisos.
En tanto, Manuel Guerrero Díaz, exempleado de la planta, muestra el recorrido de los efluentes que se arrojaban desde los diques con desechos cuando funcionaba la mina. “Cuando se tiró una solución ácida, se murieron los peces. Nosotros bajábamos a pescar, porque teníamos un entretiempo entre un turno y otro. Las piedras estaban babosas y la vegetación se había muerto. Eso llegó hasta el río San Antonio”, asegura.
Raúl Montenegro, de la Fundación para el Ambiente (Funam), asegura que el riesgo sigue latente. “Es un lugar donde se han acumulado artificialmente toneladas de residuos que tienen concentraciones de elementos radiactivos, metales pesados y metaloides”, señala.
Y explica que hay riesgo de que se genere un colapso en la zona por una lluvia torrencial o como consecuencia de un terremoto. El 5 de noviembre pasado, dos diques con desechos mineros colapsaron en el estado de Mina Gerais, Brasil. El derrame provocó 11 muertos y 15 desaparecidos. Además, se suspendió el suministro de agua potable de 230 localidades de la región que se alimentaban del río Doce, el cual seguirá “muerto” y contaminado por varias décadas.
El campo donde está la mina pertenece a la orden de los franciscanos, quien se lo alquila a la Cnea. La explotación fue concesionada a la empresa Sánchez Granel Ingeniería SA, con ningún antecedente en la actividad minera. Se extrajeron 200 toneladas de uranio en ocho años y luego cerró. Este diario intentó hablar con los responsables de la firma, pero no respondieron a la requisitoria periodística.
Como recuerda Guerrero, durante su funcionamiento se produjeron varios derrames de sustancias ácidas y alcalinas que encendieron la alarma de la población. “Después de muchos de estos episodios, la mina comenzó a preocupar a la gente porque estaba afectando el turismo. Se decidió cerrarla, pero esto nunca se remedió”, apunta Montenegro.
Y agrega: “Desde 1990 hasta ahora sigue contaminando. El Gobierno provincial también es cómplice porque nunca le exigió a la Cnea que realizara los trabajos de remediación”.
Vecinos preocupados
Desde hace unas semanas, un grupo de vecinos autoconvocados está pidiendo la remediación definitiva del lugar. En una carta enviada al presidente Mauricio Macri y al gobernador Juan Schiaretti, reclaman que se realice la reparación del sitio “previa a la presentación del estudio de impacto ambiental y a la realización de la correspondiente audiencia pública”.
“El temor es que el yacimiento pueda llegar a contaminar o que ya esté contaminando los cursos de agua. Estamos con un fenómeno del Niño fuerte, tenemos miedo de que se desborden los piletones y el material radiactivo llegue hasta el río San Antonio, desde donde los municipios de Punilla captan el agua para potabilizarla”, dice Juan Carlos Paesani, presidente de la Fundación Educación Ambiente y Trabajo e ingeniero químico.
En 1998, la Cnea presentó un proyecto al Banco Mundial con el objetivo de obtener un crédito para financiar los trabajos de remediación de todas las minas de uranio de Argentina y de la fábrica Dioxitek, en la ciudad de Córdoba. El crédito, por 30 millones de dólares, fue aprobado en 2008, pero el organismo nacional debía formar un Foro Social integrado por vecinos y organizaciones de cada sitio.
“La Cnea se comprometió a mantener informado al Foro Social sobre los pasos que se iban tomando en la remediación, pero no tenemos ningún dato y se nos niega el ingreso al predio”, señala Paesani.
Pasaron siete años desde que se obtuvo el crédito, pero en Los Gigantes no se ven avances. La Cnea ha focalizado los trabajos en Malargüe, con la esperanza de poder volver a explotar la veta de uranio de Sierra Pintada que hay allí.
¿Qué desechos hay?
A pesar de que fue consultada varias veces por este diario, la Cnea no accedió a brindar información. El último estudio indica que el dique principal tiene 120 millones de litros de líquidos con elementos contaminantes en altas concentraciones, como amonio, radio y manganeso. Y metales pesados como plomo, cobre y zinc. Alcanzan para llenar 48 piletas olímpicas.
También hay 2,4 millones de toneladas de colas de mineral (restos de mineral al que se le extrajo el uranio), 1,6 millones de toneladas de marginales y estériles de cantera, rocas extraídas pero que no fueron procesadas.
En 2014, la Autoridad de Regulación Nuclear (ARN) determinó que la concentración promedio de radio 226 (elemento radiactivo en el que se transforma el uranio) aguas abajo de la mina fue de 14,9 milibecquerel por litro (mBq/l), con un máximo de 40,8. Aguas arriba, este elemento no fue detectado. La Organización Mundial de la Salud marca como límite los 1.000 mBq/l.
El Arroyo de la Mina (tributario del río Cajón y este, del San Antonio) es el más afectado, aunque aguas abajo la concentración de los contaminantes está por debajo de los máximos tolerables, según la normativa nacional. En 2000 se realizó un estudio sobre la fauna acuática. A diferencia de otros cursos de agua de la zona, el Arroyo de la Mina no tenía seres vivos salvo dos especies de algas.
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Fecha de Publicación: 22/12/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La explotación de uranio dejó de funcionar en 1990, pero nunca se realizaron los trabajos de remediación para evitar que siga contaminando. La Comisión Nacional de Energía Atómica analiza trasladar allí los desechos radiactivos de la fábrica Dioxitek.La mina de uranio que funcionó en la década de 1980 en Los Gigantes parece dormida. Pero, para los pobladores de la zona y ambientalistas, aquel sueño ha dejado peligrosas secuelas.
Desde la altura de este sistema montañoso de las Sierras Grandes, clave para la generación de agua en Córdoba, se observa cómo está hoy el lugar. Mantiene sus instalaciones casi intactas, a excepción de la zona de los dormitorios, ya demolida. Tampoco están los gigantescos tachos donde se depositaba el ácido sulfúrico, necesario para el proceso de concentración del uranio.
A la distancia, lo que más llama la atención es el dique principal con un líquido de color oscuro. En el predio están todos los residuos que se generaron durante la explotación de la mina entre 1982 y 1990. Estériles, diques de cola, marginales de cantera y lodos. Millones de toneladas de desechos que concentran materiales radiactivos y metales pesados. Representan un riesgo potencial para la biodiversidad y para una de las fuentes de agua de la provincia, el dique San Roque.
“La gente que viene a hacer trekking nos pregunta si hay riesgo de contaminación o de radiación. Todos preguntan”, asegura José Luis Amuchástegui, dueño del campo Valle de Los Lisos.
En tanto, Manuel Guerrero Díaz, exempleado de la planta, muestra el recorrido de los efluentes que se arrojaban desde los diques con desechos cuando funcionaba la mina. “Cuando se tiró una solución ácida, se murieron los peces. Nosotros bajábamos a pescar, porque teníamos un entretiempo entre un turno y otro. Las piedras estaban babosas y la vegetación se había muerto. Eso llegó hasta el río San Antonio”, asegura.
Raúl Montenegro, de la Fundación para el Ambiente (Funam), asegura que el riesgo sigue latente. “Es un lugar donde se han acumulado artificialmente toneladas de residuos que tienen concentraciones de elementos radiactivos, metales pesados y metaloides”, señala.
Y explica que hay riesgo de que se genere un colapso en la zona por una lluvia torrencial o como consecuencia de un terremoto. El 5 de noviembre pasado, dos diques con desechos mineros colapsaron en el estado de Mina Gerais, Brasil. El derrame provocó 11 muertos y 15 desaparecidos. Además, se suspendió el suministro de agua potable de 230 localidades de la región que se alimentaban del río Doce, el cual seguirá “muerto” y contaminado por varias décadas.
El campo donde está la mina pertenece a la orden de los franciscanos, quien se lo alquila a la Cnea. La explotación fue concesionada a la empresa Sánchez Granel Ingeniería SA, con ningún antecedente en la actividad minera. Se extrajeron 200 toneladas de uranio en ocho años y luego cerró. Este diario intentó hablar con los responsables de la firma, pero no respondieron a la requisitoria periodística.
Como recuerda Guerrero, durante su funcionamiento se produjeron varios derrames de sustancias ácidas y alcalinas que encendieron la alarma de la población. “Después de muchos de estos episodios, la mina comenzó a preocupar a la gente porque estaba afectando el turismo. Se decidió cerrarla, pero esto nunca se remedió”, apunta Montenegro.
Y agrega: “Desde 1990 hasta ahora sigue contaminando. El Gobierno provincial también es cómplice porque nunca le exigió a la Cnea que realizara los trabajos de remediación”.
Vecinos preocupados
Desde hace unas semanas, un grupo de vecinos autoconvocados está pidiendo la remediación definitiva del lugar. En una carta enviada al presidente Mauricio Macri y al gobernador Juan Schiaretti, reclaman que se realice la reparación del sitio “previa a la presentación del estudio de impacto ambiental y a la realización de la correspondiente audiencia pública”.
“El temor es que el yacimiento pueda llegar a contaminar o que ya esté contaminando los cursos de agua. Estamos con un fenómeno del Niño fuerte, tenemos miedo de que se desborden los piletones y el material radiactivo llegue hasta el río San Antonio, desde donde los municipios de Punilla captan el agua para potabilizarla”, dice Juan Carlos Paesani, presidente de la Fundación Educación Ambiente y Trabajo e ingeniero químico.
En 1998, la Cnea presentó un proyecto al Banco Mundial con el objetivo de obtener un crédito para financiar los trabajos de remediación de todas las minas de uranio de Argentina y de la fábrica Dioxitek, en la ciudad de Córdoba. El crédito, por 30 millones de dólares, fue aprobado en 2008, pero el organismo nacional debía formar un Foro Social integrado por vecinos y organizaciones de cada sitio.
“La Cnea se comprometió a mantener informado al Foro Social sobre los pasos que se iban tomando en la remediación, pero no tenemos ningún dato y se nos niega el ingreso al predio”, señala Paesani.
Pasaron siete años desde que se obtuvo el crédito, pero en Los Gigantes no se ven avances. La Cnea ha focalizado los trabajos en Malargüe, con la esperanza de poder volver a explotar la veta de uranio de Sierra Pintada que hay allí.
¿Qué desechos hay?
A pesar de que fue consultada varias veces por este diario, la Cnea no accedió a brindar información. El último estudio indica que el dique principal tiene 120 millones de litros de líquidos con elementos contaminantes en altas concentraciones, como amonio, radio y manganeso. Y metales pesados como plomo, cobre y zinc. Alcanzan para llenar 48 piletas olímpicas.
También hay 2,4 millones de toneladas de colas de mineral (restos de mineral al que se le extrajo el uranio), 1,6 millones de toneladas de marginales y estériles de cantera, rocas extraídas pero que no fueron procesadas.
En 2014, la Autoridad de Regulación Nuclear (ARN) determinó que la concentración promedio de radio 226 (elemento radiactivo en el que se transforma el uranio) aguas abajo de la mina fue de 14,9 milibecquerel por litro (mBq/l), con un máximo de 40,8. Aguas arriba, este elemento no fue detectado. La Organización Mundial de la Salud marca como límite los 1.000 mBq/l.
El Arroyo de la Mina (tributario del río Cajón y este, del San Antonio) es el más afectado, aunque aguas abajo la concentración de los contaminantes está por debajo de los máximos tolerables, según la normativa nacional. En 2000 se realizó un estudio sobre la fauna acuática. A diferencia de otros cursos de agua de la zona, el Arroyo de la Mina no tenía seres vivos salvo dos especies de algas.
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Proyecto San Jorge sigue a pesar de la 7722
A pesar del revés judicial en Mendoza, insisten con un proyecto minero de la mano de San Juan
Fecha de Publicación: 22/12/2015
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Mendoza
El CEO del proyecto San Jorge, que se ubica en Uspallata muy cerca de Calingasta, aún está a la espera de ser tratado en la Legislatura mendocina con la idea que los autorice a extraer el mineral en Mendoza y procesarlo en San Juan.
Aunque la Suprema Corte de Justicia de Mendoza falló a favor de la constitucionalidad de la Ley Provincial 7.722 (prohibe el uso de sustancias tóxicas como por ejemplo el cianuro), algunos proyectos relacionados con la extracción minera esperan el aval gubernamental para ser puestos en marcha lo antes posible. Uno de ellos es el de la minera San Jorge, cuyos inversores de Rusia están expectantes y confiados en que dicho proyecto está 'adecuado' a la legislación local, luego de las reformas técnicas tras el rechazo legislativo de hace cuatro años y la resistencia social de los sectores ambientalistas.
Taras Nechiporenko, CEO de San Jorge S.A., explicó que 'nuestro proyecto está listo y sigue tal cual lo presentamos públicamente por última vez', es decir, que el mineral de cobre sea extraído de las canteras en Uspallata y sea trasladado vía ferrocarril a San Juan, donde sería procesado con los métodos permitidos en la vecina provincia.
En ese sentido, remarcó que 'el fallo (de la Suprema Corte) no cambió en nada nuestro proyecto, ya que es una opción totalmente adaptada a la Ley 7722' y aseguró que 'falta solamente un aval del gobierno'. Cabe recordar que la declaración de impacto ambiental (DIA) de San Jorge está en la Legislatura a la espera de ser tratado en comisiones.
Fuentes del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza reconocieron que hubo contactos tanto con los inversores rusos, al igual que 'con todo el mundo' y se destacaron las palabras que el ministro Enrique Vaquié enunció sobre la cuestión minera: 'Toda actividad minera tiene que construir la licencia social, como todos los demás sectores'.
Fallo sobre la Ley 7.722
El CEO ruso de San Jorge consideró que la declaración de constitucionalidad por parte del máximo tribunal mendocino provoca 'un impacto muy fuerte y un mensaje negativo a los inversionistas y al mundo empresarial'. 'La resolución misma nos parece muy irreal e hipócrita, porque estoy seguro que los mismos miembros de la Corte aprovechan los productos de minería todos los días y visitan los países y provincias mineras frecuentemente, sabiendo que esta industria es un origen de ingresos, puestos de trabajo y mejor calidad de vida', detalló.
A su vez, Nechiporenko contrastó la decisión de la Suprema Corte con las políticas del Estado nacional: '(El fallo) sucedió el mismo día que el Gobierno federal (sic) hizo un paso muy importante en su liberación de la economía, cancelando el cepo de dólares y permitiendo condiciones favorables para inversionistas. Es muy contradictorio y paradójico'.
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Fecha de Publicación: 22/12/2015
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Mendoza
El CEO del proyecto San Jorge, que se ubica en Uspallata muy cerca de Calingasta, aún está a la espera de ser tratado en la Legislatura mendocina con la idea que los autorice a extraer el mineral en Mendoza y procesarlo en San Juan.
Aunque la Suprema Corte de Justicia de Mendoza falló a favor de la constitucionalidad de la Ley Provincial 7.722 (prohibe el uso de sustancias tóxicas como por ejemplo el cianuro), algunos proyectos relacionados con la extracción minera esperan el aval gubernamental para ser puestos en marcha lo antes posible. Uno de ellos es el de la minera San Jorge, cuyos inversores de Rusia están expectantes y confiados en que dicho proyecto está 'adecuado' a la legislación local, luego de las reformas técnicas tras el rechazo legislativo de hace cuatro años y la resistencia social de los sectores ambientalistas.
Taras Nechiporenko, CEO de San Jorge S.A., explicó que 'nuestro proyecto está listo y sigue tal cual lo presentamos públicamente por última vez', es decir, que el mineral de cobre sea extraído de las canteras en Uspallata y sea trasladado vía ferrocarril a San Juan, donde sería procesado con los métodos permitidos en la vecina provincia.
En ese sentido, remarcó que 'el fallo (de la Suprema Corte) no cambió en nada nuestro proyecto, ya que es una opción totalmente adaptada a la Ley 7722' y aseguró que 'falta solamente un aval del gobierno'. Cabe recordar que la declaración de impacto ambiental (DIA) de San Jorge está en la Legislatura a la espera de ser tratado en comisiones.
Fuentes del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza reconocieron que hubo contactos tanto con los inversores rusos, al igual que 'con todo el mundo' y se destacaron las palabras que el ministro Enrique Vaquié enunció sobre la cuestión minera: 'Toda actividad minera tiene que construir la licencia social, como todos los demás sectores'.
Fallo sobre la Ley 7.722
El CEO ruso de San Jorge consideró que la declaración de constitucionalidad por parte del máximo tribunal mendocino provoca 'un impacto muy fuerte y un mensaje negativo a los inversionistas y al mundo empresarial'. 'La resolución misma nos parece muy irreal e hipócrita, porque estoy seguro que los mismos miembros de la Corte aprovechan los productos de minería todos los días y visitan los países y provincias mineras frecuentemente, sabiendo que esta industria es un origen de ingresos, puestos de trabajo y mejor calidad de vida', detalló.
A su vez, Nechiporenko contrastó la decisión de la Suprema Corte con las políticas del Estado nacional: '(El fallo) sucedió el mismo día que el Gobierno federal (sic) hizo un paso muy importante en su liberación de la economía, cancelando el cepo de dólares y permitiendo condiciones favorables para inversionistas. Es muy contradictorio y paradójico'.
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Jujuy quiere otra dinámica ambiental
Una nueva institucionalidad ambiental que marca el inicio de un nuevo tiempo
Fecha de Publicación: 22/12/2015
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
La Ministra de Ambiente María Inés Zigarán señaló que la construcción de una nueva institucionalidad ambiental en Jujuy, que se expresa con la creación de la cartera, juzgados y fiscalías ambientales, marcan el inicio de un nuevo tiempo que estará signado por políticas activas que pondrán término a la anomia en materia ambiental, frenarán los daños causados por la laxa fiscalización y estimulará procesos de remediación.
Pero además, agregó, “esta nueva institucionalidad definirá un escenario claro para el diálogo estratégico entre la gestión ambiental, la protección de los recursos naturales, de la biodiversidad y el desarrollo económico y productivo. “El piso es el cumplimiento de toda la normativa que se ha desarrollado a nivel internacional, regional, nacional y provincial, que define los presupuestos mínimos de protección ambiental, así como las responsabilidades, las obligaciones, deberes y derechos”.
Puso de relieve que la cartera que conduce es producto de la decisión del nuevo gobierno que lidera el Gobernador Gerardo Morales y que tiene como eje conceptual el respeto a la Pachamama. “Este núcleo de sentido representa para la gestión pública el respeto y reconocimiento al vínculo especial que mantienen los pueblos andinos con los recursos naturales, la valorización de la diversidad cultural y natural que nos define y la necesidad de garantizar las posibilidades de vida en estas tierras para las nuevas generaciones”.
“El Ministerio de Ambiente tiene en sus manos la posibilidad de que haya futuro”, enfatizó la Ministra y destacó que “las actividades del presente no pueden comprometer la vida de las futuras generaciones”, por eso señaló que es necesario desarrollar una política ambiental que garantice condiciones de futuro y al mismo tiempo contribuya al desarrollo económico.
“Ni conservacionista, ni productivista, el perfil de nuestro Ministerio de Ambiente, será el del construir un equilibrio entre el cuidado de los recursos naturales, la preservación de la biodiversidad y la creación de un marco que haga posible el desarrollo económico, que es lo que genera trabajo e inclusión”, destacó María Inés Zigarán y precisó que acompañan su gestión Fernanda Yapur, Hernán De Arriba y Lucio Giménez, como Secretarios de Calidad Ambiental, Desarrollo Sustentable y Biodiversidad, respectivamente.
Zigarán precisó que la cartera ambiental tiene como misión formular, implementar, evaluar y controlar políticas, programas y proyectos vinculados a la preservación y protección ambiental, al desarrollo sustentable, a la utilización racional y conservación de los recursos naturales renovables y no renovables, tendientes a alcanzar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, proponiendo y promoviendo estrategias dirigidas a un aprovechamiento integral y racional de los mismos.
También busca construir la gobernanza ambiental y promover la participación ciudadana y su corresponsabilidad en la construcción de las agendas ambientales”, y agregó que a esto se suma un nuevo modelo de gestión de la política ambiental basado en la “transparencia, la rendición de cuentas, la ética pública y la integración en red de los sectores público, privado y de la sociedad civil”, en línea con el gobierno abierto que promueve la administración que conduce Gerardo Morales.
Fecha de Publicación: 22/12/2015
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
La Ministra de Ambiente María Inés Zigarán señaló que la construcción de una nueva institucionalidad ambiental en Jujuy, que se expresa con la creación de la cartera, juzgados y fiscalías ambientales, marcan el inicio de un nuevo tiempo que estará signado por políticas activas que pondrán término a la anomia en materia ambiental, frenarán los daños causados por la laxa fiscalización y estimulará procesos de remediación.
Pero además, agregó, “esta nueva institucionalidad definirá un escenario claro para el diálogo estratégico entre la gestión ambiental, la protección de los recursos naturales, de la biodiversidad y el desarrollo económico y productivo. “El piso es el cumplimiento de toda la normativa que se ha desarrollado a nivel internacional, regional, nacional y provincial, que define los presupuestos mínimos de protección ambiental, así como las responsabilidades, las obligaciones, deberes y derechos”.
Puso de relieve que la cartera que conduce es producto de la decisión del nuevo gobierno que lidera el Gobernador Gerardo Morales y que tiene como eje conceptual el respeto a la Pachamama. “Este núcleo de sentido representa para la gestión pública el respeto y reconocimiento al vínculo especial que mantienen los pueblos andinos con los recursos naturales, la valorización de la diversidad cultural y natural que nos define y la necesidad de garantizar las posibilidades de vida en estas tierras para las nuevas generaciones”.
“El Ministerio de Ambiente tiene en sus manos la posibilidad de que haya futuro”, enfatizó la Ministra y destacó que “las actividades del presente no pueden comprometer la vida de las futuras generaciones”, por eso señaló que es necesario desarrollar una política ambiental que garantice condiciones de futuro y al mismo tiempo contribuya al desarrollo económico.
“Ni conservacionista, ni productivista, el perfil de nuestro Ministerio de Ambiente, será el del construir un equilibrio entre el cuidado de los recursos naturales, la preservación de la biodiversidad y la creación de un marco que haga posible el desarrollo económico, que es lo que genera trabajo e inclusión”, destacó María Inés Zigarán y precisó que acompañan su gestión Fernanda Yapur, Hernán De Arriba y Lucio Giménez, como Secretarios de Calidad Ambiental, Desarrollo Sustentable y Biodiversidad, respectivamente.
Zigarán precisó que la cartera ambiental tiene como misión formular, implementar, evaluar y controlar políticas, programas y proyectos vinculados a la preservación y protección ambiental, al desarrollo sustentable, a la utilización racional y conservación de los recursos naturales renovables y no renovables, tendientes a alcanzar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, proponiendo y promoviendo estrategias dirigidas a un aprovechamiento integral y racional de los mismos.
También busca construir la gobernanza ambiental y promover la participación ciudadana y su corresponsabilidad en la construcción de las agendas ambientales”, y agregó que a esto se suma un nuevo modelo de gestión de la política ambiental basado en la “transparencia, la rendición de cuentas, la ética pública y la integración en red de los sectores público, privado y de la sociedad civil”, en línea con el gobierno abierto que promueve la administración que conduce Gerardo Morales.
Las primeras acciones
Detalló la Ministra de Ambiente que su cartera está trabajando en la continuidad del proyecto Chanchillos que permitirá ir solucionando la grave problemática de los residuos sólidos urbanos en Jujuy. También indicó que Ambiente está participando del Comité coordinador del Dakar en Jujuy para garantizar el menor impacto ambiental posible, para lo cual se van a adoptar una serie de medidas y se van a definir compromisos con las comunidades indígenas”.
“Estamos refundando una diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas que han sido los principales guardianes de los recursos naturales”, destacó y puso de relieve la articulación que en tal sentido lleva adelante la flamante Secretaria de Pueblos Indígenas, Natalia Sarapura.
María Inés Zigarán indicó que el Ministerio de Ambiente reforzará su capacidad de control y fiscalización ambiental, para garantizar que las actividades humanas minimicen los impactos negativos, pero además trabajará en la remediación de pasivos, en el ordenamiento ambiental del territorio, la mejora de la aplicación y el aprovechamiento de leyes fundamentales como la Ley de Presupuestos Mínimos para la preservación de bosques nativos. Anticipó también que se revisará la legislación en materia de glaciares, y se desarrollará nuevas normativas en materia de fondo ambiental y pasivos ambientales.
“Tenemos la enorme responsabilidad de fortalecer la institucionalidad ambiental, de llevar adelante un proceso ordenado de transformación de la Secretaría de Gestión Ambiental en Ministerio de Ambiente y al mismo tiempo, estamos trabajando en las políticas públicas que el Estado le adeuda a la sociedad”, refirió.
Finalmente, María Inés Zigarán manifestó que la decisión del Gobernador Gerardo Morales de remitir a la Legislatura una norma para hacer cesar la explotación hidrocarburíferas en Parque Nacional Calilegüa constituye una de las medidas más importantes en materia ambiental de las últimas décadas.
“Sabemos que aún resta un proceso institucional, jurídico y político para lograr la remediación de los pasivos generados por la explotación de petróleos, pero tenemos plena confianza que vamos a llevar adelante ese proceso con el menor costo posible y el extraordinario beneficio que significa garantizar la conservación de la biodiversidad del Parque que presta enormes servicios ambientales”, remató.
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Macri planea dar más beneficios a la minería
El Gobierno Nacional trabaja para la eliminación de las retenciones al sector minero
Fecha de Publicación: 21/12/2015
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Lo confirmó el Diputado Nacional Eduardo Cáceres luego de mantener una reunión con el Ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren. Según se pudo conocer, se espera que la eliminación de la retención se produzca en el corto plazo.
Buenos Aires.- Luego del anuncio de la eliminación de las retenciones para la Industria, el sector minero espera con ansias que esa misma medida se aplique a la actividad y de esa manera favorecer a la reactivación, sobre todo a la inversión y a la exploración.
Eduardo Cáceres, vicepresidente de la comisión de Minería de Diputados, mantuvo este viernes una reunión con el flamante Ministro de Minería de la Nación Juan José Aranguren y tras el encuentro habló con DIARIO DE CUYO donde explicó que “es una definición muy importante de este gobierno que quiere apoyar al sector. Lo importante es tener en claro que esto le abre la puerta de par en par a las inversiones mineras y evitar lo que ha pasado en los últimos años que las inversiones se iban a otro país”.
Si bien la medida todavía no es efectiva, Cáceres manifestó que “uno de los puntos centrales, además de la eliminación de las retenciones, fue el cuidado del medio ambiente con un trabajo en conjunto con el Ministro de Ambiente, Sergio Bergman”.
Por otro lado, el diputado explicó “lo que estaba previsto en ahorro para el estado en materia de retenciones del sector minero para el 2016 rondaba los 200 millones de dólares. Sacando esto se le da más vida a los proyectos ya existentes”.
Al finalizar, Cáceres aclaró que el Gobierno Nacional estima que entre los proyectos Agua Rica, Potasio Río Colorado y Pachón “habrá una inversión de 25.000 millones de dólares en los 8 años. Por lo que el Gobierno está trabajando para favorecer este tipo de inversiones”.
El próximo martes el Ministerio de Energía hará la presentación formal de la cartera ante la prensa y según confirmó el Diputado “se ha cursado una invitación a José Luis Gioja para que participe”, destacó.
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Fecha de Publicación: 21/12/2015
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Lo confirmó el Diputado Nacional Eduardo Cáceres luego de mantener una reunión con el Ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren. Según se pudo conocer, se espera que la eliminación de la retención se produzca en el corto plazo.
Buenos Aires.- Luego del anuncio de la eliminación de las retenciones para la Industria, el sector minero espera con ansias que esa misma medida se aplique a la actividad y de esa manera favorecer a la reactivación, sobre todo a la inversión y a la exploración.
Eduardo Cáceres, vicepresidente de la comisión de Minería de Diputados, mantuvo este viernes una reunión con el flamante Ministro de Minería de la Nación Juan José Aranguren y tras el encuentro habló con DIARIO DE CUYO donde explicó que “es una definición muy importante de este gobierno que quiere apoyar al sector. Lo importante es tener en claro que esto le abre la puerta de par en par a las inversiones mineras y evitar lo que ha pasado en los últimos años que las inversiones se iban a otro país”.
Si bien la medida todavía no es efectiva, Cáceres manifestó que “uno de los puntos centrales, además de la eliminación de las retenciones, fue el cuidado del medio ambiente con un trabajo en conjunto con el Ministro de Ambiente, Sergio Bergman”.
Por otro lado, el diputado explicó “lo que estaba previsto en ahorro para el estado en materia de retenciones del sector minero para el 2016 rondaba los 200 millones de dólares. Sacando esto se le da más vida a los proyectos ya existentes”.
Al finalizar, Cáceres aclaró que el Gobierno Nacional estima que entre los proyectos Agua Rica, Potasio Río Colorado y Pachón “habrá una inversión de 25.000 millones de dólares en los 8 años. Por lo que el Gobierno está trabajando para favorecer este tipo de inversiones”.
El próximo martes el Ministerio de Energía hará la presentación formal de la cartera ante la prensa y según confirmó el Diputado “se ha cursado una invitación a José Luis Gioja para que participe”, destacó.
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En Argentina la erosión avanza a ritmo preocupante
El desierto y la erosión avanzan sin freno
Fecha de Publicación: 21/12/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El 37,5% de los suelos del país están afectados por la erosión hídrica o eólica, que sumó 45 millones de hectáreas en los últimos años; la desertificación también se acelera y amenaza a la Patagonia y a las regiones áridas y semiáridas
Así como en lo urgente las reservas del Banco Central son decisivas para la marcha de la economía de los próximos días, en las cuestiones importantes que decidirán el futuro de los argentinos en los próximos decenios hay indicadores que siguen sin tomarse en cuenta. A pesar de que demuestran situaciones de gravedad continúan pasando desapercibidos, afuera de toda preocupación y discusión pública.
El estado de salud de nuestros suelos es uno de estos casos. Con una delgada capa de tierra fértil que tiene apenas entre 20 y 30 centímetros de espesor, los suelos juegan un rol tan crucial como silencioso en el desarrollo de las actividades productivas. Pero estudios recientes denuncian que el deterioro de los suelos en el territorio nacional, lejos de estar controlado es creciente. Los procesos de erosión y de desertificación consumen millones de hectáreas por año. En la actualidad la erosión afecta al 37,5% del país, 105 millones de hectáreas. Más grave aún es que se deterioraron 45 millones de hectáreas desde la última estimación realizada en 1990. Esto significa que cada año se suman 1,8 millones de hectáreas a los suelos erosionados.
Esta y otras conclusiones de similar gravedad se encuentran en el libro El Deterioro del Suelo y del Ambiente en la Argentina, una obra dirigida y compilada por los ingenieros Roberto R. Casas y Gabriela F. Albarracín con la participación de 150 autores de distintas disciplinas. Ellos observaron que había llegado el momento de evaluar y realizar un diagnóstico del estado de salud de los suelos después de los cambios que se produjeron en los mismos a raíz de la ampliación de la frontera agropecuaria y la mayor variabilidad climática.
Lo cierto es que el importante incremento en las estimaciones de erosión hídrica y eólica correspondiente al 2015 conspira contra la sustentabilidad de los modelos productivos actuales. La erosión hídrica se llegó a duplicar en este último cuarto de siglo, con 34,6 millones de hectáreas afectadas.
En cambio, el crecimiento de los procesos eólicos fue algo menor, aunque hay 13 millones de hectáreas con esta condición. Los distintos autores compilados en la obra, no dejan de señalar que el mayor crecimiento de la erosión se registra en los grados ligero y moderado con alrededor de 44 millones de hectáreas, mientras que los grados severo y grave se ha mantenido estable. De observarlo en forma optimista se estaría a tiempo de actuar para que estos procesos ligeros y moderados no pasen a los grados superiores con mayores pérdidas de suelo. De no actuar se estaría afectando de manera irreversible su capacidad productiva.
Las principales causas
A nivel nacional, la causa más importante de los procesos erosivos es el monocultivo y la falta de rotación de los cultivos. Lo siguen el desmonte, la expansión de la frontera agrícola y el sobrepastoreo. Más atrás en orden de importancia, aunque en algunas regiones son relevantes, los autores mencionan a los incendios de bosques y pastizales, las labranzas inadecuadas y la escasa adopción de tecnología conservacionista. De ordenarse estos factores de degradación por el impacto que tienen en las distintas regiones resultaría que para las regiones NOA y NEA, las principales causas son el desmonte y expansión de la frontera agrícola. En la región pampeana se consigna la falta de rotaciones, el desmonte y la intensificación agrícola. En cambio para la región de Cuyo los factores causales más importantes son el manejo deficiente del riego, el sobrepastoreo y la minería.
Un fenómeno que se consigna en el libro es la relevancia que en los últimos años han cobrado los incendios como factor de reducción de la cobertura del suelo y activador de los procesos erosivos. En la provincia de Chubut, en los últimos treinta años, la superficie afectada por este fenómeno creció el 2800%.
Otro de los procesos poco conocido pero que viene cobrando una especial importancia en los últimos años que se consigna en el libro El Deterioro del Suelo es el avance de la urbanización sobre las tierras agrícolas, tanto en secano como de riego. La falta de planificación está generando serios problemas de degradación de los recursos naturales y de contaminación ambiental, además de la pérdida del recurso productivo.
El desierto avanza
El libro también deja en claro que la erosión no es el único problema en la degradación de los suelos. Hay procesos más extremos e irreversibles como la desertificación que se están incrementando año a año. Impunes avanzan sobre la región patagónica y secas occidentales. Hay que considerar que dos terceras partes de nuestro territorio es árido o semiárido. Estas regiones se encuentran con recursos muy limitados en suelo en cuanto a la provisión de agua y la cobertura vegetal. Estas son condiciones propicias para que la desertificación avance de no efectuar un manejo adecuado de los recursos naturales.
El pastoreo extensivo de lanares es y ha sido la principal desencadenante del proceso de desertificación. Y en orden de relevancia lo siguen el desmonte, el uso del fuego y los daños y contaminación que provocan la actividad petrolera y la minera. Las consecuencias negativas en lo ambiental, social y productivo son inevitables. Las escasas alternativas productivas, el ausentismo, los problemas de comercialización y el aislamiento generan pobreza y migración, factores que a su vez, como en un círculo vicioso, incrementan la desertificación. Detener este proceso no es fácil por su nivel de complejidad. "La desertificación es la pérdida de vegetación con la formación de médanos incontrolables en un proceso que se vuelve irreversible. Si bien son grandes las pérdidas económicas, lo más grave que provoca la desertificación de los suelos es la desaparición de poblaciones enteras. ¿No será hora de incorporar la conservación del suelo como tema de agenda nacional?", se pregunta Roberto Casas.
La respuesta se puede encontrar entre las conclusiones del libro El Deterioro del Suelo y del Ambiente cuando se afirma que el cuidado de los suelos y la gestión del ambiente serán estratégicos para la Argentina de los próximos años. Se sumaría a muchos países que abordan esta problemática con responsabilidad. Los especialistas aspiran a que la sociedad valorice el recurso natural suelo, se interese por la preservación de su salud y a partir de ello se comprometa en su defensa y conservación.
En cuanto a las principales recomendaciones que se presentan en el trabajo está la de analizar la expansión de la agricultura particularmente en ambientes vulnerables. Una forma apropiada sería aumentar la productividad de los mejores suelos mientras se disminuye la presión sobre los ecosistemas más frágiles.
Otra de las formas de salir del estado de vulnerabilidad de los suelos es revertir la tendencia a la simplificación extrema de los sistemas productivos. Mediante la utilización de incentivos económicos se podría diversificar la producción que es una de las claves de la sustentabilidad no sólo ambiental sino social.
Esta diversificación contribuirá a mejorar el empleo, la distribución del ingreso y disminuir el éxodo rural. Todos problemas que son tan acuciantes como importantes para el desarrollo del país.
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Fecha de Publicación: 21/12/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El 37,5% de los suelos del país están afectados por la erosión hídrica o eólica, que sumó 45 millones de hectáreas en los últimos años; la desertificación también se acelera y amenaza a la Patagonia y a las regiones áridas y semiáridas
Así como en lo urgente las reservas del Banco Central son decisivas para la marcha de la economía de los próximos días, en las cuestiones importantes que decidirán el futuro de los argentinos en los próximos decenios hay indicadores que siguen sin tomarse en cuenta. A pesar de que demuestran situaciones de gravedad continúan pasando desapercibidos, afuera de toda preocupación y discusión pública.
El estado de salud de nuestros suelos es uno de estos casos. Con una delgada capa de tierra fértil que tiene apenas entre 20 y 30 centímetros de espesor, los suelos juegan un rol tan crucial como silencioso en el desarrollo de las actividades productivas. Pero estudios recientes denuncian que el deterioro de los suelos en el territorio nacional, lejos de estar controlado es creciente. Los procesos de erosión y de desertificación consumen millones de hectáreas por año. En la actualidad la erosión afecta al 37,5% del país, 105 millones de hectáreas. Más grave aún es que se deterioraron 45 millones de hectáreas desde la última estimación realizada en 1990. Esto significa que cada año se suman 1,8 millones de hectáreas a los suelos erosionados.
Esta y otras conclusiones de similar gravedad se encuentran en el libro El Deterioro del Suelo y del Ambiente en la Argentina, una obra dirigida y compilada por los ingenieros Roberto R. Casas y Gabriela F. Albarracín con la participación de 150 autores de distintas disciplinas. Ellos observaron que había llegado el momento de evaluar y realizar un diagnóstico del estado de salud de los suelos después de los cambios que se produjeron en los mismos a raíz de la ampliación de la frontera agropecuaria y la mayor variabilidad climática.
Lo cierto es que el importante incremento en las estimaciones de erosión hídrica y eólica correspondiente al 2015 conspira contra la sustentabilidad de los modelos productivos actuales. La erosión hídrica se llegó a duplicar en este último cuarto de siglo, con 34,6 millones de hectáreas afectadas.
En cambio, el crecimiento de los procesos eólicos fue algo menor, aunque hay 13 millones de hectáreas con esta condición. Los distintos autores compilados en la obra, no dejan de señalar que el mayor crecimiento de la erosión se registra en los grados ligero y moderado con alrededor de 44 millones de hectáreas, mientras que los grados severo y grave se ha mantenido estable. De observarlo en forma optimista se estaría a tiempo de actuar para que estos procesos ligeros y moderados no pasen a los grados superiores con mayores pérdidas de suelo. De no actuar se estaría afectando de manera irreversible su capacidad productiva.
Las principales causas
A nivel nacional, la causa más importante de los procesos erosivos es el monocultivo y la falta de rotación de los cultivos. Lo siguen el desmonte, la expansión de la frontera agrícola y el sobrepastoreo. Más atrás en orden de importancia, aunque en algunas regiones son relevantes, los autores mencionan a los incendios de bosques y pastizales, las labranzas inadecuadas y la escasa adopción de tecnología conservacionista. De ordenarse estos factores de degradación por el impacto que tienen en las distintas regiones resultaría que para las regiones NOA y NEA, las principales causas son el desmonte y expansión de la frontera agrícola. En la región pampeana se consigna la falta de rotaciones, el desmonte y la intensificación agrícola. En cambio para la región de Cuyo los factores causales más importantes son el manejo deficiente del riego, el sobrepastoreo y la minería.
Un fenómeno que se consigna en el libro es la relevancia que en los últimos años han cobrado los incendios como factor de reducción de la cobertura del suelo y activador de los procesos erosivos. En la provincia de Chubut, en los últimos treinta años, la superficie afectada por este fenómeno creció el 2800%.
Otro de los procesos poco conocido pero que viene cobrando una especial importancia en los últimos años que se consigna en el libro El Deterioro del Suelo es el avance de la urbanización sobre las tierras agrícolas, tanto en secano como de riego. La falta de planificación está generando serios problemas de degradación de los recursos naturales y de contaminación ambiental, además de la pérdida del recurso productivo.
El desierto avanza
El libro también deja en claro que la erosión no es el único problema en la degradación de los suelos. Hay procesos más extremos e irreversibles como la desertificación que se están incrementando año a año. Impunes avanzan sobre la región patagónica y secas occidentales. Hay que considerar que dos terceras partes de nuestro territorio es árido o semiárido. Estas regiones se encuentran con recursos muy limitados en suelo en cuanto a la provisión de agua y la cobertura vegetal. Estas son condiciones propicias para que la desertificación avance de no efectuar un manejo adecuado de los recursos naturales.
El pastoreo extensivo de lanares es y ha sido la principal desencadenante del proceso de desertificación. Y en orden de relevancia lo siguen el desmonte, el uso del fuego y los daños y contaminación que provocan la actividad petrolera y la minera. Las consecuencias negativas en lo ambiental, social y productivo son inevitables. Las escasas alternativas productivas, el ausentismo, los problemas de comercialización y el aislamiento generan pobreza y migración, factores que a su vez, como en un círculo vicioso, incrementan la desertificación. Detener este proceso no es fácil por su nivel de complejidad. "La desertificación es la pérdida de vegetación con la formación de médanos incontrolables en un proceso que se vuelve irreversible. Si bien son grandes las pérdidas económicas, lo más grave que provoca la desertificación de los suelos es la desaparición de poblaciones enteras. ¿No será hora de incorporar la conservación del suelo como tema de agenda nacional?", se pregunta Roberto Casas.
La respuesta se puede encontrar entre las conclusiones del libro El Deterioro del Suelo y del Ambiente cuando se afirma que el cuidado de los suelos y la gestión del ambiente serán estratégicos para la Argentina de los próximos años. Se sumaría a muchos países que abordan esta problemática con responsabilidad. Los especialistas aspiran a que la sociedad valorice el recurso natural suelo, se interese por la preservación de su salud y a partir de ello se comprometa en su defensa y conservación.
En cuanto a las principales recomendaciones que se presentan en el trabajo está la de analizar la expansión de la agricultura particularmente en ambientes vulnerables. Una forma apropiada sería aumentar la productividad de los mejores suelos mientras se disminuye la presión sobre los ecosistemas más frágiles.
Otra de las formas de salir del estado de vulnerabilidad de los suelos es revertir la tendencia a la simplificación extrema de los sistemas productivos. Mediante la utilización de incentivos económicos se podría diversificar la producción que es una de las claves de la sustentabilidad no sólo ambiental sino social.
Esta diversificación contribuirá a mejorar el empleo, la distribución del ingreso y disminuir el éxodo rural. Todos problemas que son tan acuciantes como importantes para el desarrollo del país.
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Fuerte plan de reforestación en Resistencia
Prevén plantar 10 mil árboles por año en Resistencia
Fecha de Publicación: 21/12/2015
Fuente: DataChaco
Provincia/Región: Chaco
El intendente Jorge Capitanich presentó este viernes el plan de arbolado urbano para Resistencia, mediante el cual se impulsa una meta de 10 mil unidades de distintas especies por año apuntando a una gran participación ciudadana y transformando la ciudad desde el punto de vista ecoambiental.
En un acto en la Escuela de Jardinería del Centro de Tecnología Agroforestal, Capitanich también planteó la necesidad de declaración de emergencia ambiental, iniciativa que ya está en manos del Concejo y sería aprobada el martes próximo.
“Vamos a plantar 40 mil árboles durante los próximos cuatro años a través de un programa que incluye a expertos en la materia y para el cual convocamos a todos los vecinos”, aseguró el intendente.
La iniciativa apunta a que cada cuadra de Resistencia cuente con al menos 24 árboles, es decir, una docena por vereda, de manera de ampliar considerablemente la actual cantidad de especies y ejemplares.
En este programa trabajarán el titular de la Escuela de Jardinería, el reconocido ingeniero agrónomo José Ruchessi –flamante coordinador de la Unidad de Ordenamiento de Espacios Verdes- y el secretario de Ambiente de la Municipalidad Luis Casas.
El municipio dispondrá de un registro para que los vecinos interesados en sumar árboles a la ciudad en sus veredas se inscriban y puedan acceder a los plantines.
También está prevista la puesta en marcha de una serie de incentivos para los frentistas que realicen tareas de cuidado de sus veredas y embellecimiento de sus jardines y casas.
“Esto recién empieza y sabemos que no será fácil y nos va a costar mucho esfuerzo pero queremos transmitir a la ciudadanía que trabajaremos fuertemente para lograrlo”, especificó el intendente, y agregó: “Convocamos a los vecinos a trabajar juntos para que todos tengamos una mejor ciudad; por eso propiciamos programas de padrinazgo de espacios verdes, plazas y plazoletas”, explicó.
Emergencia ambiental
En lo que respecta al pedido de declaración de emergencia ambiental, el jefe comunal indicó que se trata de una herramienta sumamente necesaria para el Ejecutivo municipal para avanzar en una serie de soluciones para afrontar los actuales problemas en materia de residuos urbanos, basurales a cielo abierto y taponamiento de desagües pluviales.
“Durante todas nuestras recorridas y los operativos integrales hemos advertido que la ciudad tiene los mismos problemas en distintas zonas y por eso impulsamos un paquete de soluciones integrales”, sostuvo Capitanich.
El pedido de emergencia, que será tratado por los concejales este martes, abarca un período de 180 días en los que el Ejecutivo tendrá facultades para implementar medidas para el tratamiento de los desperdicios urbanos, industriales y patológicos; además de un abordaje directo sobre los desagües pluviales para evitar anegamientos en caso de lluvias copiosas.
A partir de la emergencia la Municipalidad de Resistencia podrá instaurar un marco regulatorio adecuado para un correcto abordaje ambiental de la ciudad mejorando sustancialmente los servicios públicos.
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Fecha de Publicación: 21/12/2015
Fuente: DataChaco
Provincia/Región: Chaco
El intendente Jorge Capitanich presentó este viernes el plan de arbolado urbano para Resistencia, mediante el cual se impulsa una meta de 10 mil unidades de distintas especies por año apuntando a una gran participación ciudadana y transformando la ciudad desde el punto de vista ecoambiental.
En un acto en la Escuela de Jardinería del Centro de Tecnología Agroforestal, Capitanich también planteó la necesidad de declaración de emergencia ambiental, iniciativa que ya está en manos del Concejo y sería aprobada el martes próximo.
“Vamos a plantar 40 mil árboles durante los próximos cuatro años a través de un programa que incluye a expertos en la materia y para el cual convocamos a todos los vecinos”, aseguró el intendente.
La iniciativa apunta a que cada cuadra de Resistencia cuente con al menos 24 árboles, es decir, una docena por vereda, de manera de ampliar considerablemente la actual cantidad de especies y ejemplares.
En este programa trabajarán el titular de la Escuela de Jardinería, el reconocido ingeniero agrónomo José Ruchessi –flamante coordinador de la Unidad de Ordenamiento de Espacios Verdes- y el secretario de Ambiente de la Municipalidad Luis Casas.
El municipio dispondrá de un registro para que los vecinos interesados en sumar árboles a la ciudad en sus veredas se inscriban y puedan acceder a los plantines.
También está prevista la puesta en marcha de una serie de incentivos para los frentistas que realicen tareas de cuidado de sus veredas y embellecimiento de sus jardines y casas.
“Esto recién empieza y sabemos que no será fácil y nos va a costar mucho esfuerzo pero queremos transmitir a la ciudadanía que trabajaremos fuertemente para lograrlo”, especificó el intendente, y agregó: “Convocamos a los vecinos a trabajar juntos para que todos tengamos una mejor ciudad; por eso propiciamos programas de padrinazgo de espacios verdes, plazas y plazoletas”, explicó.
Emergencia ambiental
En lo que respecta al pedido de declaración de emergencia ambiental, el jefe comunal indicó que se trata de una herramienta sumamente necesaria para el Ejecutivo municipal para avanzar en una serie de soluciones para afrontar los actuales problemas en materia de residuos urbanos, basurales a cielo abierto y taponamiento de desagües pluviales.
“Durante todas nuestras recorridas y los operativos integrales hemos advertido que la ciudad tiene los mismos problemas en distintas zonas y por eso impulsamos un paquete de soluciones integrales”, sostuvo Capitanich.
El pedido de emergencia, que será tratado por los concejales este martes, abarca un período de 180 días en los que el Ejecutivo tendrá facultades para implementar medidas para el tratamiento de los desperdicios urbanos, industriales y patológicos; además de un abordaje directo sobre los desagües pluviales para evitar anegamientos en caso de lluvias copiosas.
A partir de la emergencia la Municipalidad de Resistencia podrá instaurar un marco regulatorio adecuado para un correcto abordaje ambiental de la ciudad mejorando sustancialmente los servicios públicos.
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Sorpresiva declaración del vice de APN sobre represas
Parques Nacionales en contra de las represas
Fecha de Publicación: 20/12/2015
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
Es la primera vez que alguien de la institución opina sobre el proyecto. El nuevo vicepresidente de APN Emiliano Ezcurra anticipó que la institución tendrá una opinión aguerrida sobre el proyecto de las represas, y que se analizará presentaciones legales.
El vicepresidente de Parques Nacionales Emiliano Ezcurra anticipó la oposición de la institución nacional al proyecto de las represas dejando abierta las puertas para una presentación judicial.
El flamante funcionario nacional dijo que nunca se consultó a la Administración de Parques Nacionales sobre su opinión en cuanto al proyecto de las represas.
Antes de asumir en la vicepresidencia de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra lideró la asociación ambientalista Banco de Bosques, la que tiene un planteo realizado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar las obras de las represas.
Ahora, como funcionario, explicó que por presiones políticas Parques Nacionales no tenía una posición aguerrida en el tema, y “ahora la va a tener”.
Dijo que las represas en el rio Santa Cruz son un daño innecesario a la patria. “Si uno puede probar que esas represas son muy eficientes, que son la única solución y que luego de analizar estudios energéticos alternativos no hay posibilidad alguna de generar la misma energía con otros medios, me la banco, pero acá no hay ni un solo papel que diga que se analizaran otras opciones”, dijo Ezcurra.
Agregó que no hay necesidad de generar ese daño ambiental. “Nos van a sacar ese río al pedo”, se animó a decir el funcionario nacional.
También contestó que la Administración de Parques Nacionales no fue consultada sobre el proyecto de las dos presas, pese a ser una obra que puede impactar en su jurisdicción. “Los técnicos que tenemos en parques nacionales no están de adorno”, agregó.
Ezcurra dijo que Parques fijará una posición que no estaba fijada, “y se estudiará si podemos complementar las dos acciones legales que ya están iniciadas”.
Como se recuerda, la Asociación de Abogados Ambientalista de la Patagonia y banco de Bosques, pidieron una cautelar a la Corte Suprema para frenar el inicio de obra, cosa que no fue resuelto hasta el momento.
Además defendió el cambio de la dependencia de los parques nacionales. La APN dependió desde hace muchos años del ministerio de Turismo, mientras que el nuevo gobierno la pasó al flamante ministerio de Medio Ambiente. “Está bien porque los Parques, ante todo, protegen el patrimonio genético de la nación. Por supuesto que el componente turístico es clave y se va a profundizar lo bien que se venía haciendo desde esto”, comentó.
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Fecha de Publicación: 20/12/2015
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
Es la primera vez que alguien de la institución opina sobre el proyecto. El nuevo vicepresidente de APN Emiliano Ezcurra anticipó que la institución tendrá una opinión aguerrida sobre el proyecto de las represas, y que se analizará presentaciones legales.
El vicepresidente de Parques Nacionales Emiliano Ezcurra anticipó la oposición de la institución nacional al proyecto de las represas dejando abierta las puertas para una presentación judicial.
El flamante funcionario nacional dijo que nunca se consultó a la Administración de Parques Nacionales sobre su opinión en cuanto al proyecto de las represas.
Antes de asumir en la vicepresidencia de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra lideró la asociación ambientalista Banco de Bosques, la que tiene un planteo realizado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar las obras de las represas.
Ahora, como funcionario, explicó que por presiones políticas Parques Nacionales no tenía una posición aguerrida en el tema, y “ahora la va a tener”.
Dijo que las represas en el rio Santa Cruz son un daño innecesario a la patria. “Si uno puede probar que esas represas son muy eficientes, que son la única solución y que luego de analizar estudios energéticos alternativos no hay posibilidad alguna de generar la misma energía con otros medios, me la banco, pero acá no hay ni un solo papel que diga que se analizaran otras opciones”, dijo Ezcurra.
Agregó que no hay necesidad de generar ese daño ambiental. “Nos van a sacar ese río al pedo”, se animó a decir el funcionario nacional.
También contestó que la Administración de Parques Nacionales no fue consultada sobre el proyecto de las dos presas, pese a ser una obra que puede impactar en su jurisdicción. “Los técnicos que tenemos en parques nacionales no están de adorno”, agregó.
Ezcurra dijo que Parques fijará una posición que no estaba fijada, “y se estudiará si podemos complementar las dos acciones legales que ya están iniciadas”.
Como se recuerda, la Asociación de Abogados Ambientalista de la Patagonia y banco de Bosques, pidieron una cautelar a la Corte Suprema para frenar el inicio de obra, cosa que no fue resuelto hasta el momento.
Además defendió el cambio de la dependencia de los parques nacionales. La APN dependió desde hace muchos años del ministerio de Turismo, mientras que el nuevo gobierno la pasó al flamante ministerio de Medio Ambiente. “Está bien porque los Parques, ante todo, protegen el patrimonio genético de la nación. Por supuesto que el componente turístico es clave y se va a profundizar lo bien que se venía haciendo desde esto”, comentó.
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El XXV encuentro de la UAC en Malvinas Argentinas
Por el crecimiento pero verde
Fecha de Publicación: 20/12/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Asambleas de todo el país se congregaron en Malvinas Argentinas para el XXV encuentro de la UAC. Compartieron experiencias de lucha e inquietudes comunes para preservar la tierra y el medio ambiente. Habrá un nuevo encuentro en febrero.
Asambleas de San Juan, La Rioja, Chubut, Mendoza y Salta que luchan contra la minería. Organizaciones de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos que resisten a la avanzada de las fumigaciones con agrotóxicos. Comunidades que confirman la contaminación petrolera en Neuquén y la violación de derechos indígenas. Todos ellos se reunieron en el XXV encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), el espacio que desde hace casi una década se reúne de manera periódica para articular acciones territoriales. Los activistas denunciaron al modelo extractivo y la creciente criminalización de sus acciones, y auguraron un 2016 con mayor conflictividad.
“En todo el país se profundiza el modelo extractivo, de contaminación, saqueo y represión. Pero también son múltiples las luchas”, señaló la convocatoria de la XXV UAC, cuyo punto de reunión –en los últimos días de noviembre– fue la localidad de Malvinas Argentinas, a veinte minutos de Córdoba Capital. Ese lugar se transformó en 2012 en el epicentro de la lucha contra Monsanto, la mayor corporación del agro mundial. La empresa planificaba construir allí una megaplanta de maíz transgénico, pero, en un hecho inédito para la multinacional, hace dos años que el proyecto está frenado por el rechazo de la población.
Estuvieron presentes comunidades wichí de Salta, docentes de Entre Ríos que se organizan para que no fumiguen sus escuelas, asambleas de Paraná, Mar del Plata y Rosario. La Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos (que logró prohibir una planta experimental de Monsanto), Asambleas de Mendoza (Maipú, San Rafael y la capital provincial) que exigen que se mantenga vigente la Ley 7722 –que prohíbe la megaminería–, el Foro de Salud y Ambiente de Vicente López, y el espacio Intercuencas (defensa de los ríos Reconquista, de la Plata y Riachuelo).
Uno de los temas más trabajados en las reuniones fue el de las leyes que reducen las distancias de fumigaciones con agrotóxicos, el acompañamiento al acampe contra Monsanto en Malvinas Argentinas, el apoyo a las recuperación de territorios mapuches y la expresión de solidaridad con los habitantes de El Galpón, la localidad ubicada a 180 kilómetros de Salta capital, que cumplirán mil días de bloqueo para impedir la instalación de una planta de explosivos para minería, de la empresa Nitratos Austin (subsidiaria de la estadounidense Austin Powder).
Uno de los momentos más conmovedores del encuentro fue el relato de las mujeres y hombres de Jáchal, Iglesias y San Juan Capital. Detallaron cómo es vivir en una provincia donde una megaempresa como Barrick Gold se transforma en un “Estado paralelo”. Recordaron que desde antes de la construcción de la mina Veladero, de oro y cobre, alertaron sobre las consecuencias sociales, ambientales y en la salud. Lamentaron que no se las haya escuchado. El 13 de septiembre pasado, trabajadores de la empresa alertaron a sus familias de una derrame de agua con cianuro. Horas después, la empresa reconoció una pérdida de 15.000 litros. Una semana después, Barrick Gold confirmó que el derrame fue de un millón de litros.
Los activistas sanjuaninos afirmaron que, en realidad, al menos cinco millones de litros de agua con cianuro llegaron a ríos.
También estuvieron presentes los santafesinos que denuncian la complicidad del gobierno provincial con el modelo transgénico. Durante dos años impulsaron un proyecto de ley para alejar las fumigaciones con agrotóxicos al menos 800 metros de centros poblados. Pero el gobierno provincial dio media sanción a un proyecto que permite fumigar a 100 metros de las viviendas. A comienzos de noviembre, los activistas realizaron una “caravana por la vida”, desde Rosario hasta Ceres, para pedir que se privilegie la salud de la población y los negocios.
En la XXV UAC hubo espacio para talleres, plenarios y propuestas. Se proyectó el documental La jugada del peón, sobre la avanzada de los transgénicos. Los asambleístas cordobeses puntualizaron el avance del desmonte por dos motivos: agronegocios y especulación inmobiliaria. Otros temas centrales fueron el fracking, la megaminería, los transgénicos y las fumigaciones. También se trataron cuestiones de agroecología y conservación de semillas criollas.
“Estamos fortaleciendo la lucha en tiempo de recambio de políticos, que sabemos también intentarán avanzar con su modelo de saqueo y contaminación. También sabemos que seguiremos organizados, con más acciones directas y por vías judiciales”, advirtió Lucas Vaca, de la Asambleas de Vecinos de Malvinas Argentinas. Juan Nicastro, de la Comisión de Prensa de la UAC, afirmó: “La represión será más descarnada. Estuvimos en lucha estos años y seguiremos. Están en juego los territorios y, con ellos, nuestras vidas”.
Las asambleas confirmaron la convocatoria a una jornada de lucha nacional para el 4 de febrero, que consistirá en la realización de eventos informativos, marchas y cortes de ruta. En marzo será la UAC XXVI en Jáchal, donde participarán productores agroecológicos y redes de comercio justo, para profundizar en las alternativas al capitalismo. Las UAC comenzaron en 2006, aunque reconocen antecedentes en otras luchas, desde militantes de la década del 70, hasta activistas que han pasado por organizaciones de desocupadas y, asambleas nacidas post Esquel (2003).
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Fecha de Publicación: 20/12/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Asambleas de todo el país se congregaron en Malvinas Argentinas para el XXV encuentro de la UAC. Compartieron experiencias de lucha e inquietudes comunes para preservar la tierra y el medio ambiente. Habrá un nuevo encuentro en febrero.
Asambleas de San Juan, La Rioja, Chubut, Mendoza y Salta que luchan contra la minería. Organizaciones de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos que resisten a la avanzada de las fumigaciones con agrotóxicos. Comunidades que confirman la contaminación petrolera en Neuquén y la violación de derechos indígenas. Todos ellos se reunieron en el XXV encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), el espacio que desde hace casi una década se reúne de manera periódica para articular acciones territoriales. Los activistas denunciaron al modelo extractivo y la creciente criminalización de sus acciones, y auguraron un 2016 con mayor conflictividad.
“En todo el país se profundiza el modelo extractivo, de contaminación, saqueo y represión. Pero también son múltiples las luchas”, señaló la convocatoria de la XXV UAC, cuyo punto de reunión –en los últimos días de noviembre– fue la localidad de Malvinas Argentinas, a veinte minutos de Córdoba Capital. Ese lugar se transformó en 2012 en el epicentro de la lucha contra Monsanto, la mayor corporación del agro mundial. La empresa planificaba construir allí una megaplanta de maíz transgénico, pero, en un hecho inédito para la multinacional, hace dos años que el proyecto está frenado por el rechazo de la población.
Estuvieron presentes comunidades wichí de Salta, docentes de Entre Ríos que se organizan para que no fumiguen sus escuelas, asambleas de Paraná, Mar del Plata y Rosario. La Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos (que logró prohibir una planta experimental de Monsanto), Asambleas de Mendoza (Maipú, San Rafael y la capital provincial) que exigen que se mantenga vigente la Ley 7722 –que prohíbe la megaminería–, el Foro de Salud y Ambiente de Vicente López, y el espacio Intercuencas (defensa de los ríos Reconquista, de la Plata y Riachuelo).
Uno de los temas más trabajados en las reuniones fue el de las leyes que reducen las distancias de fumigaciones con agrotóxicos, el acompañamiento al acampe contra Monsanto en Malvinas Argentinas, el apoyo a las recuperación de territorios mapuches y la expresión de solidaridad con los habitantes de El Galpón, la localidad ubicada a 180 kilómetros de Salta capital, que cumplirán mil días de bloqueo para impedir la instalación de una planta de explosivos para minería, de la empresa Nitratos Austin (subsidiaria de la estadounidense Austin Powder).
Uno de los momentos más conmovedores del encuentro fue el relato de las mujeres y hombres de Jáchal, Iglesias y San Juan Capital. Detallaron cómo es vivir en una provincia donde una megaempresa como Barrick Gold se transforma en un “Estado paralelo”. Recordaron que desde antes de la construcción de la mina Veladero, de oro y cobre, alertaron sobre las consecuencias sociales, ambientales y en la salud. Lamentaron que no se las haya escuchado. El 13 de septiembre pasado, trabajadores de la empresa alertaron a sus familias de una derrame de agua con cianuro. Horas después, la empresa reconoció una pérdida de 15.000 litros. Una semana después, Barrick Gold confirmó que el derrame fue de un millón de litros.
Los activistas sanjuaninos afirmaron que, en realidad, al menos cinco millones de litros de agua con cianuro llegaron a ríos.
También estuvieron presentes los santafesinos que denuncian la complicidad del gobierno provincial con el modelo transgénico. Durante dos años impulsaron un proyecto de ley para alejar las fumigaciones con agrotóxicos al menos 800 metros de centros poblados. Pero el gobierno provincial dio media sanción a un proyecto que permite fumigar a 100 metros de las viviendas. A comienzos de noviembre, los activistas realizaron una “caravana por la vida”, desde Rosario hasta Ceres, para pedir que se privilegie la salud de la población y los negocios.
En la XXV UAC hubo espacio para talleres, plenarios y propuestas. Se proyectó el documental La jugada del peón, sobre la avanzada de los transgénicos. Los asambleístas cordobeses puntualizaron el avance del desmonte por dos motivos: agronegocios y especulación inmobiliaria. Otros temas centrales fueron el fracking, la megaminería, los transgénicos y las fumigaciones. También se trataron cuestiones de agroecología y conservación de semillas criollas.
“Estamos fortaleciendo la lucha en tiempo de recambio de políticos, que sabemos también intentarán avanzar con su modelo de saqueo y contaminación. También sabemos que seguiremos organizados, con más acciones directas y por vías judiciales”, advirtió Lucas Vaca, de la Asambleas de Vecinos de Malvinas Argentinas. Juan Nicastro, de la Comisión de Prensa de la UAC, afirmó: “La represión será más descarnada. Estuvimos en lucha estos años y seguiremos. Están en juego los territorios y, con ellos, nuestras vidas”.
Las asambleas confirmaron la convocatoria a una jornada de lucha nacional para el 4 de febrero, que consistirá en la realización de eventos informativos, marchas y cortes de ruta. En marzo será la UAC XXVI en Jáchal, donde participarán productores agroecológicos y redes de comercio justo, para profundizar en las alternativas al capitalismo. Las UAC comenzaron en 2006, aunque reconocen antecedentes en otras luchas, desde militantes de la década del 70, hasta activistas que han pasado por organizaciones de desocupadas y, asambleas nacidas post Esquel (2003).
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Denuncian venta de fauna silvestre en Catamarca
Sin freno, se comercializan animales en la vía pública
Fecha de Publicación: 20/12/2015
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
Aunque en la Provincia está en vigencia la Ley 4855 de Fauna Silvestre, la comercialización de animales en la vía pública, en las calles capitalinas –más aún en pleno microcentro-, no tiene freno. Menos aún con una disposición de la Dirección de Biodiversidad de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable que permite, con determinadas condiciones, la venta de especies como loros o catas.
La esquina de San Martín y Peatonal Rivadavia, la principal calle comercial de la Capital, se terminó de convertir en una suerte de mercado persa improvisado. En ocasiones, allí se comercializan catas en pésimas condiciones. Bajo el calor de un verano inminente, sin agua ni alimentos que alivien a los animales.
Sin embargo, de acuerdo con la disposición que esta Dirección firmó el año pasado, está permitida la comercialización de catas. Para ello, los interesados deben estar inscriptos y cumplir con una serie de requisitos. Según esta disposición, solo se pueden vender catas si éstas tienen plumas, no estén hacinadas en sus jaulas y se encuentren bien alimentadas y con agua, entre otras cuestiones.
En diciembre de 2012 –exactamente hace tres años-, la Dirección Provincial de Biodiversidad, dependiente de la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, comunicó a toda la población que "se encuentra prohibida la tenencia y comercialización de cotorras argentinas (Myopsitta monachus), sin autorización por parte de la autoridad de aplicación, según lo establece la Ley Provincial de Fauna Silvestre 4855”. La misma nota remarcó que quedaba expresamente prohibido la tenencia y comercialización del loro hablador (Amazona aestiva). "Este animal es considerado especie protegida vulnerable, excepto aquellos ejemplares que tengan documentación de venta legal. También se prohíbe la tenencia de las tortugas terrestres (Chelonoides chilensis) las cuales son consideradas especie protegida amenazada”, se indicó.
Por otra parte, se establecía que aquellos comercios interesados en la comercialización de cotorras argentinas, deberán presentarse en las oficinas de la Dirección Provincial de Biodiversidad, que se encuentra en el pabellón N° 8 del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE), ubicado en el ex Regimiento, en el horario de 8 a 13, donde podrán obtener un permiso habilitante cumplimentando una serie de requisitos impuestos por la Secretaría competente.
En aquel año, durante enero y febrero, la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Estado de Ambiente y Recursos Sustentables realizó varios operativos y se habían secuestrado entre 100 a 200 ejemplares. El primer bimestre del año "es la temporada alta”, se había advertido en aquella oportunidad.
En 2012, se constató durante el primer bimestre del año, se labraron entre 4 a 10 actas diarias. Desde esta Dirección, las autoridades a cargo consideraban que este tipo de ventas es un acto de infracción y, por lo tanto, se debe multar.
Se explicó que de acuerdo con la cantidad de animales que se secuestren en cada operativo y la cantidad de infracciones que se estén acumulando, la Dirección de Despacho de esta Secretaría aplica una sanción.
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Fecha de Publicación: 20/12/2015
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Catamarca
Aunque en la Provincia está en vigencia la Ley 4855 de Fauna Silvestre, la comercialización de animales en la vía pública, en las calles capitalinas –más aún en pleno microcentro-, no tiene freno. Menos aún con una disposición de la Dirección de Biodiversidad de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable que permite, con determinadas condiciones, la venta de especies como loros o catas.
La esquina de San Martín y Peatonal Rivadavia, la principal calle comercial de la Capital, se terminó de convertir en una suerte de mercado persa improvisado. En ocasiones, allí se comercializan catas en pésimas condiciones. Bajo el calor de un verano inminente, sin agua ni alimentos que alivien a los animales.
Sin embargo, de acuerdo con la disposición que esta Dirección firmó el año pasado, está permitida la comercialización de catas. Para ello, los interesados deben estar inscriptos y cumplir con una serie de requisitos. Según esta disposición, solo se pueden vender catas si éstas tienen plumas, no estén hacinadas en sus jaulas y se encuentren bien alimentadas y con agua, entre otras cuestiones.
En diciembre de 2012 –exactamente hace tres años-, la Dirección Provincial de Biodiversidad, dependiente de la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, comunicó a toda la población que "se encuentra prohibida la tenencia y comercialización de cotorras argentinas (Myopsitta monachus), sin autorización por parte de la autoridad de aplicación, según lo establece la Ley Provincial de Fauna Silvestre 4855”. La misma nota remarcó que quedaba expresamente prohibido la tenencia y comercialización del loro hablador (Amazona aestiva). "Este animal es considerado especie protegida vulnerable, excepto aquellos ejemplares que tengan documentación de venta legal. También se prohíbe la tenencia de las tortugas terrestres (Chelonoides chilensis) las cuales son consideradas especie protegida amenazada”, se indicó.
Por otra parte, se establecía que aquellos comercios interesados en la comercialización de cotorras argentinas, deberán presentarse en las oficinas de la Dirección Provincial de Biodiversidad, que se encuentra en el pabellón N° 8 del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE), ubicado en el ex Regimiento, en el horario de 8 a 13, donde podrán obtener un permiso habilitante cumplimentando una serie de requisitos impuestos por la Secretaría competente.
En aquel año, durante enero y febrero, la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Estado de Ambiente y Recursos Sustentables realizó varios operativos y se habían secuestrado entre 100 a 200 ejemplares. El primer bimestre del año "es la temporada alta”, se había advertido en aquella oportunidad.
En 2012, se constató durante el primer bimestre del año, se labraron entre 4 a 10 actas diarias. Desde esta Dirección, las autoridades a cargo consideraban que este tipo de ventas es un acto de infracción y, por lo tanto, se debe multar.
Se explicó que de acuerdo con la cantidad de animales que se secuestren en cada operativo y la cantidad de infracciones que se estén acumulando, la Dirección de Despacho de esta Secretaría aplica una sanción.
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No más industria petrolera en el PN Calilegua en Jujuy
No habrá más explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua
Fecha de Publicación: 19/12/2015
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
La legislatura jujeña aprobó anoche la anulación de las concesiones hidrocarburíferas otorgadas en el Parque Nacional Calilegua. La medida surge en respuesta al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, organizaciones sociales, y a la intensa campaña de Greenpeace, que contó con el apoyo de más de 270 mil personas y expuso lo absurdo, peligroso e ilegal que resulta extraer petróleo en un área protegida.
“Es una medida para celebrar, un logro de todos los argentinos: salvamos el Parque Nacional de la voracidad petrolera. La extracción de hidrocarburos en Calilegua violaba tres leyes nacionales e implicaba un riesgo enorme para miles de hectáreas de Selva de Yungas, además de ser un antecedente sumamente peligroso para las áreas protegidas de todo el país. Ahora se deben remediar los pasivos ambientales”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La organización ambientalista se sumó al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, la Fundación Pámpanos y legisladores, y difundió un informe que daba cuenta de los impactos de la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, y advertía que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la propia empresa admite que la expansión de las actividades hidrocarburíferas en el área protegida ponían en riesgo de contaminación por derrames, incendios y derrumbes más de 20 mil hectáreas de selva, una superficie equivalente a la Ciudad de Buenos Aires. La explotación petrolera en Calilegua era contraria a tres leyes nacionales: la de Parques Nacionales (22.351), la de Bosques Nativos (26.331) y la de Hidrocarburos (17.319).
La campaña de Greenpeace, de la que participaron más de 270 mil personas, comenzó con una protesta frente a la Casa de Jujuy en Buenos Aires y contó con el apoyo de Mario Pergolini, que se sumó públicamente, al igual que otras figuras, al reclamo al ex gobernador Eduardo Fellner para que saque a las petroleras del Parque Nacional. Los activistas reclamaron también en la gobernación provincial y llevaron al ex mandatario muestras de contaminación extraídas del área protegida.
Más de 70 organizaciones sociales, comunidades indígenas, especialistas y dirigentes políticos de todo el país firmaron un documento conjunto en agosto de este año (3) en repudio a la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua que, creado el 19 de julio de 1979, es zona núcleo de la Reserva de Biósfera de las Yungas de la UNESCO. Protege 76.306 hectáreas de uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina y alberga la mitad de las aves del país, y especies en peligro de extinción como el yaguareté. Por su parte, el mes pasado la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a la Provincia y la Nación a cancelar la actividad hidrocarburífera en el área protegida y remediar los pasivos ambientales.
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Fecha de Publicación: 19/12/2015
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
La legislatura jujeña aprobó anoche la anulación de las concesiones hidrocarburíferas otorgadas en el Parque Nacional Calilegua. La medida surge en respuesta al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, organizaciones sociales, y a la intensa campaña de Greenpeace, que contó con el apoyo de más de 270 mil personas y expuso lo absurdo, peligroso e ilegal que resulta extraer petróleo en un área protegida.
“Es una medida para celebrar, un logro de todos los argentinos: salvamos el Parque Nacional de la voracidad petrolera. La extracción de hidrocarburos en Calilegua violaba tres leyes nacionales e implicaba un riesgo enorme para miles de hectáreas de Selva de Yungas, además de ser un antecedente sumamente peligroso para las áreas protegidas de todo el país. Ahora se deben remediar los pasivos ambientales”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La organización ambientalista se sumó al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, la Fundación Pámpanos y legisladores, y difundió un informe que daba cuenta de los impactos de la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, y advertía que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la propia empresa admite que la expansión de las actividades hidrocarburíferas en el área protegida ponían en riesgo de contaminación por derrames, incendios y derrumbes más de 20 mil hectáreas de selva, una superficie equivalente a la Ciudad de Buenos Aires. La explotación petrolera en Calilegua era contraria a tres leyes nacionales: la de Parques Nacionales (22.351), la de Bosques Nativos (26.331) y la de Hidrocarburos (17.319).
La campaña de Greenpeace, de la que participaron más de 270 mil personas, comenzó con una protesta frente a la Casa de Jujuy en Buenos Aires y contó con el apoyo de Mario Pergolini, que se sumó públicamente, al igual que otras figuras, al reclamo al ex gobernador Eduardo Fellner para que saque a las petroleras del Parque Nacional. Los activistas reclamaron también en la gobernación provincial y llevaron al ex mandatario muestras de contaminación extraídas del área protegida.
Más de 70 organizaciones sociales, comunidades indígenas, especialistas y dirigentes políticos de todo el país firmaron un documento conjunto en agosto de este año (3) en repudio a la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua que, creado el 19 de julio de 1979, es zona núcleo de la Reserva de Biósfera de las Yungas de la UNESCO. Protege 76.306 hectáreas de uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina y alberga la mitad de las aves del país, y especies en peligro de extinción como el yaguareté. Por su parte, el mes pasado la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a la Provincia y la Nación a cancelar la actividad hidrocarburífera en el área protegida y remediar los pasivos ambientales.
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Redefinen políticas por el Riachuelo
Expectativa por el Riachuelo: se reorganiza el ente para sanearlo
Fecha de Publicación: 19/12/2015
Fuente: La Nacion
Provincia/Región: Riachuelo
Habrá nuevos nombramientos y dependerá del Ministerio de Ambiente de la Nación; instrumentar un mayor control a las industrias y un plan sanitario para los pobladores, dos de las principales deudas
Mayor control a las industrias, auditoría de los planes de reconversión de las empresas, revisión de las contrataciones y de los convenios existentes, junto con la puesta en marcha de un plan sanitario regional, son algunos de los ítem que debería incluir el nuevo plan de saneamiento del Riachuelo que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) debe presentar ante la Justicia en los próximos meses.
Hasta hoy, lo que se sabe es que la Acumar -organismo tripartito compuesto por la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires- volverá a depender del Ministerio de Ambiente de la Nación y que su gestión será uno de los ejes de la política ambiental de Cambiemos. Los nombres, por ahora, son una incógnita.
El rabino Sergio Bergman, en su condición de ministro de Ambiente nacional, es el presidente ejecutivo de Acumar, pero siguen sin definición las identidades de los directores ejecutivos, que son los que encaran día a día la actividad. Hoy, por caso, se suspendió una audiencia en el juzgado federal de Morón por no haber un interlocutor para avanzar. Ese juzgado es el encargado de hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en julio de 2008, ordenó a los tres estados recuperar la cuenca.
El plan de saneamiento de uno de los ríos más contaminados del continente está prácticamente detenido hace un año. En 2014, se avanzó con algunas relocalizaciones de habitantes que sufrían la contaminación del Riachuelo, se consolidó la limpieza de márgenes y del espejo de agua y no mucho más; este año, apenas se avanzó con el traslado de más familias de la ribera.
Pero todavía están pendientes acciones fundamentales: el cese de contaminación industrial, los planes sanitarios para la población, la readecuación y la mudanza de la población del Polo Petroquímico de Dock Sud, y la eliminación de los basurales a cielo abierto.
Cabe recordar que también se espera la concreción de un colector cloacal de la margen izquierda que ya cuenta con financiamiento aprobado del Banco Mundial por 840 millones de dólares. La obra ya estaría a punto de comenzar; fue adjudicada a la empresa italiana Ghella y demandará unos cinco años de ejecución. Su objetivo principal es evitar que los líquidos cloacales caigan directamente en el caudal de agua.
Paralelamente, debe continuar el plan de la empresa estatal AySA para la ampliación de la red de saneamiento y la construcción de las cascadas que darán aire a las aguas del río que, en su cuenca baja, no tiene oxígeno. Al frente de AySA estará Daniel Chain, ex ministro de Desarrollo Urbano porteño.
Poco claro
La Acumar cuenta con un presupuesto proyectado para 2016 de unos 1000 millones de pesos. En la actualidad, cuenta con aproximadamente 600 empleados; un porcentaje de ellos, nombrado en el último mes. El dinero está depositado en un fideicomiso del Banco Provincia de Buenos Aires y, desde allí, se utiliza para pagar los sueldos y para las acciones y convenios que se firman con municipios y universidades.
Sin embargo, estas contrataciones no siempre son claras. Por ejemplo, la última disposición que se aprobó en el organismo habilitó una compra de camiones, palas y otros elementos de construcción por 170 millones de pesos. El tema central de la discusión era que ninguno de los municipios había pedido esos elementos o, al menos, no lo había hecho formalmente.
Para Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, una de las cuestiones centrales que deben ser atendidas es la del fortalecimiento del organismo. "Hay que convertir a la Acumar en un organismo transparente y participativo. Es necesario saber en qué se han gastado los cuantiosos fondos presupuestarios, cuántos empleados tiene, qué tarea cumple cada uno y cuáles han sido los productos concretos que han generado las consultorías contratadas durante los últimos años", indicó el abogado, que integra el cuerpo colegiado que nombró la Corte para controlar todo el proceso.
Nápoli también menciona que "es necesario que se nombre al frente del Acumar a un equipo de personas idóneas, que conozcan la compleja temática del Riachuelo y que tengan antecedentes en la materia".
Por el momento, según pudo saber LA NACION, no se definió quién será el director ejecutivo del organismo ni tampoco quiénes serán los representantes de cada una de las jurisdicciones. Existe una interna entre dos importantes referentes de Pro: Eduardo Monzó, actual presidente de la Cámara de Diputados, y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño. Monzó quiere que quede al frente del organismo el arquitecto Amílcar López, que se desempeña en la Acumar desde el primer mandato de Mauricio Macri en la ciudad. Compite por el mismo puesto Gabriela Seijo, ex legisladora macrista especializada en ambiente.
A quien finalmente obtenga el cargo lo acompañarán tres representantes de la Nación; dos de la Ciudad y dos de la provincia. Fuentes oficiales aseguran que por la gestión de Acumar pasará buena parte de la política ambiental del nuevo gobierno. Incluso se rumorea que será uno de los primeros organismos que auditará la Oficina Anticorrupción.
Otra gran deuda es nombrar al titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que debe liderar el cuerpo colegiado. Hace dos años está acéfala. Como el plan de saneamiento.
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Fecha de Publicación: 19/12/2015
Fuente: La Nacion
Provincia/Región: Riachuelo
Habrá nuevos nombramientos y dependerá del Ministerio de Ambiente de la Nación; instrumentar un mayor control a las industrias y un plan sanitario para los pobladores, dos de las principales deudas
Mayor control a las industrias, auditoría de los planes de reconversión de las empresas, revisión de las contrataciones y de los convenios existentes, junto con la puesta en marcha de un plan sanitario regional, son algunos de los ítem que debería incluir el nuevo plan de saneamiento del Riachuelo que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) debe presentar ante la Justicia en los próximos meses.
Hasta hoy, lo que se sabe es que la Acumar -organismo tripartito compuesto por la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires- volverá a depender del Ministerio de Ambiente de la Nación y que su gestión será uno de los ejes de la política ambiental de Cambiemos. Los nombres, por ahora, son una incógnita.
El rabino Sergio Bergman, en su condición de ministro de Ambiente nacional, es el presidente ejecutivo de Acumar, pero siguen sin definición las identidades de los directores ejecutivos, que son los que encaran día a día la actividad. Hoy, por caso, se suspendió una audiencia en el juzgado federal de Morón por no haber un interlocutor para avanzar. Ese juzgado es el encargado de hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en julio de 2008, ordenó a los tres estados recuperar la cuenca.
El plan de saneamiento de uno de los ríos más contaminados del continente está prácticamente detenido hace un año. En 2014, se avanzó con algunas relocalizaciones de habitantes que sufrían la contaminación del Riachuelo, se consolidó la limpieza de márgenes y del espejo de agua y no mucho más; este año, apenas se avanzó con el traslado de más familias de la ribera.
Pero todavía están pendientes acciones fundamentales: el cese de contaminación industrial, los planes sanitarios para la población, la readecuación y la mudanza de la población del Polo Petroquímico de Dock Sud, y la eliminación de los basurales a cielo abierto.
Cabe recordar que también se espera la concreción de un colector cloacal de la margen izquierda que ya cuenta con financiamiento aprobado del Banco Mundial por 840 millones de dólares. La obra ya estaría a punto de comenzar; fue adjudicada a la empresa italiana Ghella y demandará unos cinco años de ejecución. Su objetivo principal es evitar que los líquidos cloacales caigan directamente en el caudal de agua.
Paralelamente, debe continuar el plan de la empresa estatal AySA para la ampliación de la red de saneamiento y la construcción de las cascadas que darán aire a las aguas del río que, en su cuenca baja, no tiene oxígeno. Al frente de AySA estará Daniel Chain, ex ministro de Desarrollo Urbano porteño.
Poco claro
La Acumar cuenta con un presupuesto proyectado para 2016 de unos 1000 millones de pesos. En la actualidad, cuenta con aproximadamente 600 empleados; un porcentaje de ellos, nombrado en el último mes. El dinero está depositado en un fideicomiso del Banco Provincia de Buenos Aires y, desde allí, se utiliza para pagar los sueldos y para las acciones y convenios que se firman con municipios y universidades.
Sin embargo, estas contrataciones no siempre son claras. Por ejemplo, la última disposición que se aprobó en el organismo habilitó una compra de camiones, palas y otros elementos de construcción por 170 millones de pesos. El tema central de la discusión era que ninguno de los municipios había pedido esos elementos o, al menos, no lo había hecho formalmente.
Para Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, una de las cuestiones centrales que deben ser atendidas es la del fortalecimiento del organismo. "Hay que convertir a la Acumar en un organismo transparente y participativo. Es necesario saber en qué se han gastado los cuantiosos fondos presupuestarios, cuántos empleados tiene, qué tarea cumple cada uno y cuáles han sido los productos concretos que han generado las consultorías contratadas durante los últimos años", indicó el abogado, que integra el cuerpo colegiado que nombró la Corte para controlar todo el proceso.
Nápoli también menciona que "es necesario que se nombre al frente del Acumar a un equipo de personas idóneas, que conozcan la compleja temática del Riachuelo y que tengan antecedentes en la materia".
Por el momento, según pudo saber LA NACION, no se definió quién será el director ejecutivo del organismo ni tampoco quiénes serán los representantes de cada una de las jurisdicciones. Existe una interna entre dos importantes referentes de Pro: Eduardo Monzó, actual presidente de la Cámara de Diputados, y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño. Monzó quiere que quede al frente del organismo el arquitecto Amílcar López, que se desempeña en la Acumar desde el primer mandato de Mauricio Macri en la ciudad. Compite por el mismo puesto Gabriela Seijo, ex legisladora macrista especializada en ambiente.
A quien finalmente obtenga el cargo lo acompañarán tres representantes de la Nación; dos de la Ciudad y dos de la provincia. Fuentes oficiales aseguran que por la gestión de Acumar pasará buena parte de la política ambiental del nuevo gobierno. Incluso se rumorea que será uno de los primeros organismos que auditará la Oficina Anticorrupción.
Otra gran deuda es nombrar al titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que debe liderar el cuerpo colegiado. Hace dos años está acéfala. Como el plan de saneamiento.
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Frenan desmontes en Chaco
Bosques paró un desmonte que se realizaba en la zona del Aeropuerto de Sáenz Peña
Fecha de Publicación: 19/12/2015
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El director de Bosques de la Provincia, Emanuel Carrocino, explicó ante la prensa, lo actuado ante la denuncia de la diputada Marilyn Canata, en la Comisaría 4ª, por un desmonte que se estaba produciendo en el aeropuerto local por parte de la Universidad Nacional del Chaco Austral, para la habilitación de la Carrera de Aeronáutica.
“Recibimos la denuncia correspondiente, constamos el desmonte de aproximadamente una hectárea y, tras la inspección en campo, se paró todo trabajo que se estaba realizando en ese lugar”, comenzó explicando el funcionario provincial.
Carrocino indicó que el permiso para este tipo de trabajos se encontraba en proceso de aprobación, era una solicitud elevada por la Universidad Nacional del Chaco Austral que había sido presentada en la Dirección de Bosques por una persona de dicha Casa de Estudios, Rene Judis; a cargo de todas las gestiones.
“Se llegó a un acuerdo verbal de cooperación, donde la Universidad se iba a encargar de hacer el estudio de impacto ambiental, que es uno de los requisitos mínimos que se necesitan para este tema; mientras que la Dirección de Bosques se iba a encargar del Plan Técnico. Una vez que esto concluía, se iba a remitir el expediente a la Subsecretaría de Recursos Naturales para de esta manera cumplir el requisito de la participación ciudadana a través de una consulta o audiencia pública”, explicó.
El director de Bosques, agregó que “este pedido ya se encontraba con una factibilidad técnica, pero faltaba uno de los requisitos esenciales, como es la participación ciudadana y esta etapa no se cumplió. Por eso es que nos constituimos en el predio a detener las tareas que se estaba n realizando. Todo lo actuado se va a remitir a la Subsecretaría de Recursos Naturales en calidad de organismos local de aplicación de la Ley 26331, para que determine cuál es el procedimiento a seguir”.
Se paralizó el trabajo
“Por el momento - sostuvo Emanuel Carrocino - están paralizados los trabajos y estamos remitiendo a Resistencia todo lo actuado, para continuar el trámite”. Vale señalar que el asesor legal de la Municipalidad de Sáenz Peña, Dr. Julio García, fue quien tomó contacto con la Dirección de Bosques, comunicándose con el jefe de Fiscalización, Dr. Andreis, respecto de este tema.
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Fecha de Publicación: 19/12/2015
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El director de Bosques de la Provincia, Emanuel Carrocino, explicó ante la prensa, lo actuado ante la denuncia de la diputada Marilyn Canata, en la Comisaría 4ª, por un desmonte que se estaba produciendo en el aeropuerto local por parte de la Universidad Nacional del Chaco Austral, para la habilitación de la Carrera de Aeronáutica.
“Recibimos la denuncia correspondiente, constamos el desmonte de aproximadamente una hectárea y, tras la inspección en campo, se paró todo trabajo que se estaba realizando en ese lugar”, comenzó explicando el funcionario provincial.
Carrocino indicó que el permiso para este tipo de trabajos se encontraba en proceso de aprobación, era una solicitud elevada por la Universidad Nacional del Chaco Austral que había sido presentada en la Dirección de Bosques por una persona de dicha Casa de Estudios, Rene Judis; a cargo de todas las gestiones.
“Se llegó a un acuerdo verbal de cooperación, donde la Universidad se iba a encargar de hacer el estudio de impacto ambiental, que es uno de los requisitos mínimos que se necesitan para este tema; mientras que la Dirección de Bosques se iba a encargar del Plan Técnico. Una vez que esto concluía, se iba a remitir el expediente a la Subsecretaría de Recursos Naturales para de esta manera cumplir el requisito de la participación ciudadana a través de una consulta o audiencia pública”, explicó.
El director de Bosques, agregó que “este pedido ya se encontraba con una factibilidad técnica, pero faltaba uno de los requisitos esenciales, como es la participación ciudadana y esta etapa no se cumplió. Por eso es que nos constituimos en el predio a detener las tareas que se estaba n realizando. Todo lo actuado se va a remitir a la Subsecretaría de Recursos Naturales en calidad de organismos local de aplicación de la Ley 26331, para que determine cuál es el procedimiento a seguir”.
Se paralizó el trabajo
“Por el momento - sostuvo Emanuel Carrocino - están paralizados los trabajos y estamos remitiendo a Resistencia todo lo actuado, para continuar el trámite”. Vale señalar que el asesor legal de la Municipalidad de Sáenz Peña, Dr. Julio García, fue quien tomó contacto con la Dirección de Bosques, comunicándose con el jefe de Fiscalización, Dr. Andreis, respecto de este tema.
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La Ley 7.722 es constitucional
La Corte confirmó la prohibición del uso de sustancias tóxicas en la minería
Fecha de Publicación: 18/12/2015
Fuente: Diario Uno (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
Fuentes judiciales anticiparon que el máximo tribunal sentenció, por plena mayoría, que en Mendoza no se podrán utilizar sustancias tóxicas en la actividad minera. Se trata de la Ley 7.722.
La Suprema Corte de Mendoza sentenció por unanimidad que la Ley 7.722 es constitucional. Así lo confirmaron a Diario UNO fuentes judiciales, sin embargo, los fundamentos del fallo se darán a conocer recién a medianoche.
En 2007 la ley fue aprobada luego de que el proyecto de Diego Seoane y Jorge Difonso pasara por ambas cámaras en la Legislatura de Mendoza. El texto prohíbe el uso de "sustancias químicas dañosas en la actividad minera" y pone énfasis en el cuidado del recurso hídrico provincial.
Tras su aprobación, se presentaron en la Justicia diez pedidos de nulidad de la legislación alegando que se trataba de una legislación inconstitucional ya que se rompía el principio de igualdad debido a que sólo se limita la actividad minera.
Pedro Llorente, Mario Adaro, Alejandro Pérez Hualde, Julio Gómez, Jorge Nanclares, Hernán Salvini y Omar Palermo fueron los encargados de dictar la suerte de la reglamentación y el dictado se habría dado por unanimidad, según fuentes judiciales le confiaron a este medio.
Ya en septiembre de este año, el procurador Rodolfo González avaló la constitucionalidad de la normativa que a partir de ahora quedará vigente.
"Ley antiminera", "Ley a favor del agua", "La ley del pueblo"; con estos nombres los ambientalistas salieron en varias ocasiones a la calle para pedir que se respetara y aplicara en todo el territorio la Ley 7722.
Uno de los departamentos más comprometidos fue San Carlos, allí fue "esperado" el 9 de julio de 2012 el por entonces gobernador Francisco Pérez, ex socio del estudio de abogados que defiende a las empresas denunciantes, con una marcha de ambientalistas.
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Fecha de Publicación: 18/12/2015
Fuente: Diario Uno (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
Fuentes judiciales anticiparon que el máximo tribunal sentenció, por plena mayoría, que en Mendoza no se podrán utilizar sustancias tóxicas en la actividad minera. Se trata de la Ley 7.722.
La Suprema Corte de Mendoza sentenció por unanimidad que la Ley 7.722 es constitucional. Así lo confirmaron a Diario UNO fuentes judiciales, sin embargo, los fundamentos del fallo se darán a conocer recién a medianoche.
En 2007 la ley fue aprobada luego de que el proyecto de Diego Seoane y Jorge Difonso pasara por ambas cámaras en la Legislatura de Mendoza. El texto prohíbe el uso de "sustancias químicas dañosas en la actividad minera" y pone énfasis en el cuidado del recurso hídrico provincial.
Tras su aprobación, se presentaron en la Justicia diez pedidos de nulidad de la legislación alegando que se trataba de una legislación inconstitucional ya que se rompía el principio de igualdad debido a que sólo se limita la actividad minera.
Pedro Llorente, Mario Adaro, Alejandro Pérez Hualde, Julio Gómez, Jorge Nanclares, Hernán Salvini y Omar Palermo fueron los encargados de dictar la suerte de la reglamentación y el dictado se habría dado por unanimidad, según fuentes judiciales le confiaron a este medio.
Ya en septiembre de este año, el procurador Rodolfo González avaló la constitucionalidad de la normativa que a partir de ahora quedará vigente.
"Ley antiminera", "Ley a favor del agua", "La ley del pueblo"; con estos nombres los ambientalistas salieron en varias ocasiones a la calle para pedir que se respetara y aplicara en todo el territorio la Ley 7722.
Uno de los departamentos más comprometidos fue San Carlos, allí fue "esperado" el 9 de julio de 2012 el por entonces gobernador Francisco Pérez, ex socio del estudio de abogados que defiende a las empresas denunciantes, con una marcha de ambientalistas.
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Jujuy: crean un Tribunal y dos fiscalías ambientales
Crearon un Tribunal y dos fiscalías ambientales en Jujuy
Fecha de Publicación: 18/12/2015
Fuente: Jujuy al Momento
Fecha de Publicación: 18/12/2015
Fuente: Jujuy al Momento
Provincia/Región: Jujuy
Desde el Gobierno aseguran que son un una herramienta clave para asegurar una adecuada protección y tutela jurisdiccional a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Intervendrán en cuestiones como la explotación petrolífera en Calilegua y la instalación de Chanchillos.
El tema del cuidado ambiental ha saltado a los primeros planos en la provincia de Jujuy en los últimos tiempos a partir de las denuncias por explotación petrolífera en el Parque Nacional Calilegua, algo totalmente prohibido por ley, pero que el ex Gobernador Eduardo Fellner hizo caso omiso y le otorgó la concesión por 30 años para su explotación a empresas chinas.
Otro de los temas ambientales que nunca se resolvió fue la instalación del Centro de Disposición Final Chanchillos, cuyo proyecto existe desde hace al menos dos décadas.
Para resolver estas y otras cuestiones ambientales, el Poder Judicial ha decidido la creación de un Tribunal Ambiental y dos fiscalías ambientales, además del nuevo Ministerio de Medio Ambiente creado por el Gobernador Morales, que trabajarán conjuntamente en todos estos temas.
En este sentido, la nueva Secretaria de Calidad Ambiental, Fernanda Yapur, comentó a Radio 2 que “la creación del Tribunal Ambiental y de Fiscalías Ambientales son un una herramienta clave para asegurar lo que es una adecuada protección y tutela jurisdiccional a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, sin comprometer a las generaciones futuras”.
“Esta ley contempla la creación de un Tribunal Ambiental, es decir un juzgado compuesto por tres jueces que van a estar acompañados de un equipo interdisciplinario de especialistas ambientales con más de cinco años en su profesión y también contempla la creación de dos fiscalías ambientales que quedan facultadas para ejercer funciones en todas las causas ambientales que se tramitan ante el Tribunal Ambiental o también ejercer acción penal ante los organismos competentes”, señaló.
Asimismo, Yapur indicó que “estas fiscalías también pueden actuar de oficio, pueden recibir denuncias, van a intervenir también haciendo informes a la Legislatura, pueden actuar en los procesos sancionatorios previstos por la normativa que regula los recursos naturales en la provincia de Jujuy, también pueden recibir denuncias en su caso, efectuar derivaciones al ministerio o a los organismos que correspondan, pueden intervenir en audiencias públicas o en cuestiones contravencionales, tienen mucha participación”.
“La verdad que es un enorme avance para nosotros en esta nueva gestión, donde tenemos una meta y unos planes a corto, mediano y largo plazo que tienen que ver con el respeto a nuestra tierra, muy diferente a lo que se venía haciendo”, dijo.
Políticas ambientales en materia de residuos
En cuanto a los temas de los que se ocuparán tanto el nuevo tribunal como las nuevas fiscalías ambientales, Yapur puntualizó que “yo tengo un expediente en relación a Chanchillos, estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con las autorizaciones porque está autorizada la parte de construcción y en este momento hemos pedido a la empresa todo lo que tiene que ver con autorizaciones para seguir adelante con la parte operativa. Hay cuatro plantas de tratamiento en la Quebrada y en San Pedro y estamos abordando toda esta dinámica, aparte de lo que es la transición, que fue muy desprolija, donde de pronto ni siquiera tenemos la posibilidad de haber recibido un informe con lo más urgente, como los expedientes de bosques para pedir financiamiento, que se nos vence esta semana”.
“Sin embargo, podemos seguir adelante, tenemos la voluntad y un equipo de especialistas que no se mueve, porque nadie va a quedarse sin trabajo, con quienes nos estamos conociendo y la verdad que estamos trabajando muy bien”.
“Esta idea de la creación de un tribunal y fiscalías ambientales nos va a ayudar muchísimo en esta gestión. Por ejemplo, en cuanto al amparo ambiental que presentamos en 2013 en relación a Calilegua fue al Juzgado federal con el juez (Wenceslao) Cardozo y fue muy difícil. Incluso hoy en día es muy difícil llevar adelante una causa ambiental”, finalizó.
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Pascua-Lama podría estar frenada hasta el 2020
Cierre de Pascua-Lama podría llegar hasta 2020 por dudas en optimización del proyecto
Fecha de Publicación: 18/12/2015
Fuente: Diario Financiero
Provincia/Región: San Juan
“El proyecto se encuentra en una condición de incerteza respecto de cuándo estará en condiciones de poder reiniciar actividades”, dijo Barrick en su petición.
El largo camino que ha recorrido el proyecto minero binacional Pascua-Lama está lejos de terminar y, más que acortarse, nuevas señales pronostican que se pueda extender todavía más.
A fines de agosto Barrick, titular del proyecto a través de la sociedad Minera Nevada, solicitó formalmente un plan de cierre temporal de la iniciativa de oro para disminuir los costos de mantención de la futura mina. Un mes después, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) aprobó la suspensión por los dos años solicitados, pero dejó en claro que es probable que esta se extienda en base a lo que permite la ley sobre cierre de faenas, es decir, tres años más.
En una resolución de 16 páginas, señaló que dada la incertidumbre del tiempo que tomará realizar el plan de optimización de Pascua-Lama, la suspensión de la iniciativa hasta 2020, no es un escenario improbable. Eso sí, de solicitar un plazo adicional de cierre temporal, la firma tendrá que disponer de un monto adicional de garantía equivalente al 30% del total de ella.
“Compañía Minera Nevada SpA ha solicitado un plazo de dos años (...) para el cierre temporal parcial de la faena minera, sin embargo, y en razón que no existe certeza de la fecha en que Compañía Minera Nevada SpA culminará el estudio de optimización del proyecto Pascua-Lama, ésta podría solicitar prórroga”, dice la resolución de Sernageomin.
En primera instancia, la reactivación del proyecto debería ser el 29 de septiembre de 2017, pero, además de los tiempos que tomará la revisión por parte de la autoridad ambiental de los cambios a la iniciativa, se suma las dudas sobre el precio del oro.
“Esta condición se ve agravada por los costos asociados a las actividades que se desarrollan actualmente en Pascua-Lama. A lo anterior se suma el hecho que en los últimos dos años el mercado de los metales ha sufrido una tendencia a la baja que se ha reflejado en una disminución significativa de sus precios, con el consiguiente impacto en los indicadores económicos del proyecto, todo lo cual ha generado la necesidad de diseñar y desarrollar un proceso de optimización del mismo en todos sus aspectos”, señaló Barrick en la carta que solicita la paralización.
“El proyecto se encuentra en una condición de incerteza respecto de cuándo estará en condiciones de poder reiniciar sus actividades”, agregan. También informa que la infraestructura para las plantas y operación llevan poco más de 40% de avance, mientras que el prestripping de la mina -que marca la capacidad de operación- no supera el 15%.
El detalle de la paralización
En el resumen que realiza la resolución de Sernageomin, divide el plan de cierre temporal en tres grupos: instalaciones mineras, infraestructura de apoyo (para los sectores mina, campamento y Pascua) y manejo de aguas.
“Las instalaciones que forman el primer grupo serán cerradas temporalmente. El segundo grupo, infraestructura de apoyo, presenta algunas instalaciones que se mantendrán operativas para facilitar las actividades de cierre y seguimiento; mientras que el tercer grupo, manejo de aguas, se mantendrá operativo”, dice.
Entre lo que sigue operando se encuentra, entre otros, el taller de armado de palas y, con restricción de acceso, los caminos. Los sectores administrativos, como el edificio de gerencia o casino, están funcionando.
Lo que tampoco se detiene es el monitoreo comprometido de los glaciares ubicados en la zona, consistente en la toma anual de imágenes satelitales, permitiendo caracterizar las variaciones de las masas de hielo. El monitoreo de calidad de aire se comprometió un informe semestral.
Una vez cumplidos los plazos, para poder retomar los trabajos en la mina, Barrick deberá informar a la autoridad sobre este interés y presentar el nuevo plan minero. Asimismo, entregar un cronograma detallado de reinicio por área y contratación del personal requerido, entre otras cosas.
El otro plazo para barrick
El periodo de cierre temporal autorizado por la autoridad no es el único plazo que monitorea Barrick. De acuerdo a información oficial de la canadiense, Pascua-Lama recibió US$ 403 millones en devoluciones de IVA por parte del Estado chileno, los que deberán ser reintegrados de no estar en producción la mina el 30 de junio de 2018.
Dada la suspensión temporal de la iniciativa, en la empresa se adelantan a eventualmente aumentar el plazo, por lo que "Barrick espera poder extender el plazo de 2018 para evitar la devolución de estas cantidades", informaron en su reporte financiero al tercer trimestre.
Según conocedores de la industria, Pascua-Lama se acogió a beneficios económicos establecidos en el decreto supremo 348 de 1975 que entrega créditos fiscales para exportadores de bienes. En la normativa, los futuros exportadores pueden solicitar devoluciones de IVA anticipadas para compra de bienes necesarios para establecer la actividad económica que sustentará la exportación.
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Fecha de Publicación: 18/12/2015
Fuente: Diario Financiero
Provincia/Región: San Juan
“El proyecto se encuentra en una condición de incerteza respecto de cuándo estará en condiciones de poder reiniciar actividades”, dijo Barrick en su petición.
El largo camino que ha recorrido el proyecto minero binacional Pascua-Lama está lejos de terminar y, más que acortarse, nuevas señales pronostican que se pueda extender todavía más.
A fines de agosto Barrick, titular del proyecto a través de la sociedad Minera Nevada, solicitó formalmente un plan de cierre temporal de la iniciativa de oro para disminuir los costos de mantención de la futura mina. Un mes después, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) aprobó la suspensión por los dos años solicitados, pero dejó en claro que es probable que esta se extienda en base a lo que permite la ley sobre cierre de faenas, es decir, tres años más.
En una resolución de 16 páginas, señaló que dada la incertidumbre del tiempo que tomará realizar el plan de optimización de Pascua-Lama, la suspensión de la iniciativa hasta 2020, no es un escenario improbable. Eso sí, de solicitar un plazo adicional de cierre temporal, la firma tendrá que disponer de un monto adicional de garantía equivalente al 30% del total de ella.
“Compañía Minera Nevada SpA ha solicitado un plazo de dos años (...) para el cierre temporal parcial de la faena minera, sin embargo, y en razón que no existe certeza de la fecha en que Compañía Minera Nevada SpA culminará el estudio de optimización del proyecto Pascua-Lama, ésta podría solicitar prórroga”, dice la resolución de Sernageomin.
En primera instancia, la reactivación del proyecto debería ser el 29 de septiembre de 2017, pero, además de los tiempos que tomará la revisión por parte de la autoridad ambiental de los cambios a la iniciativa, se suma las dudas sobre el precio del oro.
“Esta condición se ve agravada por los costos asociados a las actividades que se desarrollan actualmente en Pascua-Lama. A lo anterior se suma el hecho que en los últimos dos años el mercado de los metales ha sufrido una tendencia a la baja que se ha reflejado en una disminución significativa de sus precios, con el consiguiente impacto en los indicadores económicos del proyecto, todo lo cual ha generado la necesidad de diseñar y desarrollar un proceso de optimización del mismo en todos sus aspectos”, señaló Barrick en la carta que solicita la paralización.
“El proyecto se encuentra en una condición de incerteza respecto de cuándo estará en condiciones de poder reiniciar sus actividades”, agregan. También informa que la infraestructura para las plantas y operación llevan poco más de 40% de avance, mientras que el prestripping de la mina -que marca la capacidad de operación- no supera el 15%.
El detalle de la paralización
En el resumen que realiza la resolución de Sernageomin, divide el plan de cierre temporal en tres grupos: instalaciones mineras, infraestructura de apoyo (para los sectores mina, campamento y Pascua) y manejo de aguas.
“Las instalaciones que forman el primer grupo serán cerradas temporalmente. El segundo grupo, infraestructura de apoyo, presenta algunas instalaciones que se mantendrán operativas para facilitar las actividades de cierre y seguimiento; mientras que el tercer grupo, manejo de aguas, se mantendrá operativo”, dice.
Entre lo que sigue operando se encuentra, entre otros, el taller de armado de palas y, con restricción de acceso, los caminos. Los sectores administrativos, como el edificio de gerencia o casino, están funcionando.
Lo que tampoco se detiene es el monitoreo comprometido de los glaciares ubicados en la zona, consistente en la toma anual de imágenes satelitales, permitiendo caracterizar las variaciones de las masas de hielo. El monitoreo de calidad de aire se comprometió un informe semestral.
Una vez cumplidos los plazos, para poder retomar los trabajos en la mina, Barrick deberá informar a la autoridad sobre este interés y presentar el nuevo plan minero. Asimismo, entregar un cronograma detallado de reinicio por área y contratación del personal requerido, entre otras cosas.
El otro plazo para barrick
El periodo de cierre temporal autorizado por la autoridad no es el único plazo que monitorea Barrick. De acuerdo a información oficial de la canadiense, Pascua-Lama recibió US$ 403 millones en devoluciones de IVA por parte del Estado chileno, los que deberán ser reintegrados de no estar en producción la mina el 30 de junio de 2018.
Dada la suspensión temporal de la iniciativa, en la empresa se adelantan a eventualmente aumentar el plazo, por lo que "Barrick espera poder extender el plazo de 2018 para evitar la devolución de estas cantidades", informaron en su reporte financiero al tercer trimestre.
Según conocedores de la industria, Pascua-Lama se acogió a beneficios económicos establecidos en el decreto supremo 348 de 1975 que entrega créditos fiscales para exportadores de bienes. En la normativa, los futuros exportadores pueden solicitar devoluciones de IVA anticipadas para compra de bienes necesarios para establecer la actividad económica que sustentará la exportación.
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