Barrick: ratifican contaminación e imputan a directivo
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Derrame de San Juan: la UNCuyo defendió su informe sobre la contaminación en un río
Fecha de Publicación: 10/10/2015
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Tras el ataque del gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) defendió los análisis realizados en su laboratorio, que confirmarían la presencia de grandes cantidades de metales pesados en un río cercano a la mina Veladero, donde el 14 de septiembre se derramaron no menos de 1 millón de litros de solución cianurada. Ahora el Ejecutivo provincial evalúa la posibilidad de realizar una denuncia penal contra dos ambientalistas que opinaron sobre el tema para un portal de noticias.
El día del derrame, el comité de crisis formado en Jáchal tomó una muestra de agua en la zona que fue enviada a la UNCuyo, con sede en Mendoza, ya que los vecinos desconfían de la Universidad de San Juan, a la que acusan de responder a los intereses de la minera canadiense Barrick Gold. Los supuestos resultados se conocieron el domingo, a través del portal Unidiversidad, que pertenece a la UNCuyo. Para ello, el medio consultó a Saúl Zeballos y Domingo Jofré. El primero es un vecino de Jáchal que denunció a Veladero en la Justicia y forma parte del comité de crisis local y el segundo es un periodista que participa de la asamblea "Jáchal no se toca". Ellos encargaron y recibieron los estudios.
Las mediciones arrojaron, según Zeballos y Jofré, que en el río La Palca hay 1,4 mg/l de manganeso, lo que representa un 1.400% más de lo permitido y lejos del 0,25 mg/l de promedio histórico. Lo mismo ocurre con el aluminio: mientras la media suele ser de 4 mg/l y el máximo autorizado es de 5mg/l, los especialistas encontraron 70 mg/l. A su vez, en el pueblo de Mogna hallaron niveles de boro, arsénico, cloruros y sulfatos muy por encima de los topes establecidos en la Ley de Residuos Peligrosos. Y se detectó la presencia de la bacteria Escherichia coli, por lo que se puso en dudo la forma en que Veladero trata sus efluentes cloacales.
El informe no fue criticado por Barrick Gold, sino por el gobernador Gioja, que acusó a la UNCuyo de "sembrar terrorismo". En un tono poco frecuente para un primer mandatario, disparó: "No pueden venir a cagar así. Producen daño a la provincia, al pueblo de San Juan; que se la agarren conmigo y me digan lo que se les cante las bolas, tengo el cuero duro, llevo casi 50 años en esto".
Gioja hizo hincapié en que hay estudios de distintos organismos del Gobierno de San Juan y de Barrick Gold que no hallaron cianuro en los ríos de la zona o encontraron al metal en cantidades muy bajas. También citó una investigación de la ONU, pero desde Naciones Unidas lo desmintieron. Al margen, Jofré y Zeballos aclararon a Infobae que la diferencia del estudio de la UNCuyo es fundamental: "Ellos sólo buscaron cianuro. Nosotros también buscamos cianuro y no lo detectamos, pero sí detectamos elevados niveles de metales. Entonces, solicitamos que se nos dé toda la información posible, pero el informe oficial todavía no aparece", explicaron.
El gobernador instruyó al fiscal federal Ramiro González para que le pida a la UNCuyo que envíe el informe y "ratifique o rectifique" lo publicado. Hoy recibió la respuesta del vicerrector Jorge Barón. Dijo que lo publicado en el portal es una "actividad periodística" y que, como tal, está amparada en la libertad de expresión. Y señaló que en ese marco "resulta improcedente el requerimiento efectuado".
No obstante, subrayó "la objetividad y calidad técnica que pudiera tener el informe cuya elaboración ha sido atribuida al Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería" de la UNCuyo.
Según supo Infobae, en el entorno de Gioja analizan cómo seguir y estaría tomada la decisión de denunciar en la Justicia penal a Zeballos y Jofré, replicando la táctica empleada en La Rioja por la minera Midaish, que judicializó sus acusaciones contra 35 vecinos de la localidad de Famatina, incluidos el intendente Ismael Bordagaray, la diputada provincial Lucía Ávila y el sacerdote Omar Quinteros.
La UNCuyo le respondió a Gioja y ratificó su informe sobre contaminación en Jachal
Acusan por contaminación negligente a jefes de la mina de oro
“Es un desastre ecológico”, afirma una experta en medioambiente sobre el derrame de cianuro en San Juan
Imputaron a uno de los directivos de Barrick
Veladero: nueve gerentes de la Barrick, imputados por la contaminación
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Fecha de Publicación: 10/10/2015
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Tras el ataque del gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) defendió los análisis realizados en su laboratorio, que confirmarían la presencia de grandes cantidades de metales pesados en un río cercano a la mina Veladero, donde el 14 de septiembre se derramaron no menos de 1 millón de litros de solución cianurada. Ahora el Ejecutivo provincial evalúa la posibilidad de realizar una denuncia penal contra dos ambientalistas que opinaron sobre el tema para un portal de noticias.
El día del derrame, el comité de crisis formado en Jáchal tomó una muestra de agua en la zona que fue enviada a la UNCuyo, con sede en Mendoza, ya que los vecinos desconfían de la Universidad de San Juan, a la que acusan de responder a los intereses de la minera canadiense Barrick Gold. Los supuestos resultados se conocieron el domingo, a través del portal Unidiversidad, que pertenece a la UNCuyo. Para ello, el medio consultó a Saúl Zeballos y Domingo Jofré. El primero es un vecino de Jáchal que denunció a Veladero en la Justicia y forma parte del comité de crisis local y el segundo es un periodista que participa de la asamblea "Jáchal no se toca". Ellos encargaron y recibieron los estudios.
Las mediciones arrojaron, según Zeballos y Jofré, que en el río La Palca hay 1,4 mg/l de manganeso, lo que representa un 1.400% más de lo permitido y lejos del 0,25 mg/l de promedio histórico. Lo mismo ocurre con el aluminio: mientras la media suele ser de 4 mg/l y el máximo autorizado es de 5mg/l, los especialistas encontraron 70 mg/l. A su vez, en el pueblo de Mogna hallaron niveles de boro, arsénico, cloruros y sulfatos muy por encima de los topes establecidos en la Ley de Residuos Peligrosos. Y se detectó la presencia de la bacteria Escherichia coli, por lo que se puso en dudo la forma en que Veladero trata sus efluentes cloacales.
El informe no fue criticado por Barrick Gold, sino por el gobernador Gioja, que acusó a la UNCuyo de "sembrar terrorismo". En un tono poco frecuente para un primer mandatario, disparó: "No pueden venir a cagar así. Producen daño a la provincia, al pueblo de San Juan; que se la agarren conmigo y me digan lo que se les cante las bolas, tengo el cuero duro, llevo casi 50 años en esto".
Gioja hizo hincapié en que hay estudios de distintos organismos del Gobierno de San Juan y de Barrick Gold que no hallaron cianuro en los ríos de la zona o encontraron al metal en cantidades muy bajas. También citó una investigación de la ONU, pero desde Naciones Unidas lo desmintieron. Al margen, Jofré y Zeballos aclararon a Infobae que la diferencia del estudio de la UNCuyo es fundamental: "Ellos sólo buscaron cianuro. Nosotros también buscamos cianuro y no lo detectamos, pero sí detectamos elevados niveles de metales. Entonces, solicitamos que se nos dé toda la información posible, pero el informe oficial todavía no aparece", explicaron.
El gobernador instruyó al fiscal federal Ramiro González para que le pida a la UNCuyo que envíe el informe y "ratifique o rectifique" lo publicado. Hoy recibió la respuesta del vicerrector Jorge Barón. Dijo que lo publicado en el portal es una "actividad periodística" y que, como tal, está amparada en la libertad de expresión. Y señaló que en ese marco "resulta improcedente el requerimiento efectuado".
No obstante, subrayó "la objetividad y calidad técnica que pudiera tener el informe cuya elaboración ha sido atribuida al Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería" de la UNCuyo.
Según supo Infobae, en el entorno de Gioja analizan cómo seguir y estaría tomada la decisión de denunciar en la Justicia penal a Zeballos y Jofré, replicando la táctica empleada en La Rioja por la minera Midaish, que judicializó sus acusaciones contra 35 vecinos de la localidad de Famatina, incluidos el intendente Ismael Bordagaray, la diputada provincial Lucía Ávila y el sacerdote Omar Quinteros.
La UNCuyo le respondió a Gioja y ratificó su informe sobre contaminación en Jachal
Acusan por contaminación negligente a jefes de la mina de oro
“Es un desastre ecológico”, afirma una experta en medioambiente sobre el derrame de cianuro en San Juan
Imputaron a uno de los directivos de Barrick
Veladero: nueve gerentes de la Barrick, imputados por la contaminación
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Sigue la causa contra Armella por el Riachuelo
Riachuelo: Consejo de la Magistratura pidió informes sobre el juez Armella
Fecha de Publicación: 10/10/2015
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Ambito
El Consejo de la Magistratura resolvió solicitarle al juez federal de La Plata Pablo Kreplak que remita información al organismo sobre la situación del magistrado Luis Armella, quien fue citado a indagatoria por la actuación que tuvo en la investigación de un secuestro extorsivo, y además tiene un pedido de juicio político pendiente.
Los integrantes del Consejo decidieron que analizarán la información que les envíe Kreplak antes de iniciar el trámite de juicio político contra Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, quien está acusado de manejos irregulares en la causa por la limpieza del Riachuelo, que le había asignado la Corte Suprema.
La intención de los consejeros sería la de cruzar la información que existe en los dos expedientes antes de tomar una decisión con respecto a la situación de Armella.
El lunes pasado, Kreplak resolvió citar a Armella para el día 3 de noviembre con el propósito de indagarlo en una causa derivada del secuestro del empresario Leandro Bergara, ocurrido en 2008.
La acusación contra el magistrado se basa en el fallo que el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata dictó en el juicio al que fueron sometidas cinco personas acusadas por Armella de haber cometido el secuestro de Bergara.
Entre los imputados se encuentra el ex policía José Luis Pardini, quien estuvo detenido cinco años por orden de Armella y liberado por el TOF 1 de La Plata, que en su sentencia ordenaba investigar la conducta del juez en la investigación de esta causa.
A partir de ese fallo, la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvín) elaboró un dictamen en el que recomendaba la indagatoria de Armella.
Entre otros puntos, en el dictamen se sostenía que el juez en cuestión realizó la instrucción de la causa "cuando existía un impedimento en su contra", ya que el juez había denunciado a Pardini, dos meses antes, por "el presunto delito de amenazas" contra su persona.
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Fecha de Publicación: 10/10/2015
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Ambito
El Consejo de la Magistratura resolvió solicitarle al juez federal de La Plata Pablo Kreplak que remita información al organismo sobre la situación del magistrado Luis Armella, quien fue citado a indagatoria por la actuación que tuvo en la investigación de un secuestro extorsivo, y además tiene un pedido de juicio político pendiente.
Los integrantes del Consejo decidieron que analizarán la información que les envíe Kreplak antes de iniciar el trámite de juicio político contra Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, quien está acusado de manejos irregulares en la causa por la limpieza del Riachuelo, que le había asignado la Corte Suprema.
La intención de los consejeros sería la de cruzar la información que existe en los dos expedientes antes de tomar una decisión con respecto a la situación de Armella.
El lunes pasado, Kreplak resolvió citar a Armella para el día 3 de noviembre con el propósito de indagarlo en una causa derivada del secuestro del empresario Leandro Bergara, ocurrido en 2008.
La acusación contra el magistrado se basa en el fallo que el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata dictó en el juicio al que fueron sometidas cinco personas acusadas por Armella de haber cometido el secuestro de Bergara.
Entre los imputados se encuentra el ex policía José Luis Pardini, quien estuvo detenido cinco años por orden de Armella y liberado por el TOF 1 de La Plata, que en su sentencia ordenaba investigar la conducta del juez en la investigación de esta causa.
A partir de ese fallo, la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvín) elaboró un dictamen en el que recomendaba la indagatoria de Armella.
Entre otros puntos, en el dictamen se sostenía que el juez en cuestión realizó la instrucción de la causa "cuando existía un impedimento en su contra", ya que el juez había denunciado a Pardini, dos meses antes, por "el presunto delito de amenazas" contra su persona.
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Buenos Aires ruidosa
Buenos Aires sigue siendo una de las ciudades más ruidosas
Fecha de Publicación: 10/10/2015
Fuente: Prensa - UBA
Provincia/Región: CABA
El nivel de ruido presente en la ciudad supera ampliamente el límite de lo que se considera seguro para el organismo, afirman especialistas del Hospital de Clínicas.
La licenciada Silvia Caponetto, de la sección Fonoaudiologia (División Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas), explica que cuando el nivel de ruido supera los 80 decibeles, pasa a ser nocivo y lesionante, dando lugar a una contaminación sonora.
En el ranking mundial, Buenos aires es la cuarta ciudad más ruidosa. En primer lugar está Tokio, luego Nagasaki y tercera Nueva York. Estudios realizados en esquinas y lugares altamente transitados de la Ciudad, muestran que a las 8 de la mañana el ruido supera ya los 100 decibeles.
Asimismo, el ruido está presente en la vida cotidiana, los niveles de sonido de espectáculos y discotecas superan a veces el máximo recomendado. La especialista advierte además la responsabilidad de los padres sobre el cuidado de la salud auditiva de los chicos, que suelen escuchar música con auriculares a un volumen alto.
Pero no se trata solo del ruido, Caponetto explica que además hay ruidos subterráneos, que a veces no son audibles, pero producen vibraciones. Esas vibraciones son un tipo de ruido constante, permanente y que no puede ser controlado. A favor de las circunstancias, la profesional reconoce que se ha avanzado mucho en la salud auditiva de los trabajadores y de la población en general, pero es idiosincrasia: los argentinos somos ruidosos.
A nivel físico, el ruido provoca daños y disminución de la audición, al mismo tiempo que puede generar alteraciones nerviosas y emocionales. “La prevención de estas consecuencias físicas es posible, si se toma conciencia sobre el volumen de los aparatos domésticos y los lugares a los que asistimos, usando protecciones en el trabajo y manteniendo una higiene auditiva. No hay especial cuidado sobre el oído y hay que empezar a tenerlo”, puntualiza la licenciada Caponetto.
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Fecha de Publicación: 10/10/2015
Fuente: Prensa - UBA
Provincia/Región: CABA
El nivel de ruido presente en la ciudad supera ampliamente el límite de lo que se considera seguro para el organismo, afirman especialistas del Hospital de Clínicas.
La licenciada Silvia Caponetto, de la sección Fonoaudiologia (División Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas), explica que cuando el nivel de ruido supera los 80 decibeles, pasa a ser nocivo y lesionante, dando lugar a una contaminación sonora.
En el ranking mundial, Buenos aires es la cuarta ciudad más ruidosa. En primer lugar está Tokio, luego Nagasaki y tercera Nueva York. Estudios realizados en esquinas y lugares altamente transitados de la Ciudad, muestran que a las 8 de la mañana el ruido supera ya los 100 decibeles.
Asimismo, el ruido está presente en la vida cotidiana, los niveles de sonido de espectáculos y discotecas superan a veces el máximo recomendado. La especialista advierte además la responsabilidad de los padres sobre el cuidado de la salud auditiva de los chicos, que suelen escuchar música con auriculares a un volumen alto.
Pero no se trata solo del ruido, Caponetto explica que además hay ruidos subterráneos, que a veces no son audibles, pero producen vibraciones. Esas vibraciones son un tipo de ruido constante, permanente y que no puede ser controlado. A favor de las circunstancias, la profesional reconoce que se ha avanzado mucho en la salud auditiva de los trabajadores y de la población en general, pero es idiosincrasia: los argentinos somos ruidosos.
A nivel físico, el ruido provoca daños y disminución de la audición, al mismo tiempo que puede generar alteraciones nerviosas y emocionales. “La prevención de estas consecuencias físicas es posible, si se toma conciencia sobre el volumen de los aparatos domésticos y los lugares a los que asistimos, usando protecciones en el trabajo y manteniendo una higiene auditiva. No hay especial cuidado sobre el oído y hay que empezar a tenerlo”, puntualiza la licenciada Caponetto.
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Acumar, autoridades y BM recorren el Riachuelo
Julián Alvarez navegó el Riachuelo con representantes de Acumar y el Banco Mundial
Fecha de Publicación: 09/10/2015
Fuente: Telam
Provincia/Región: Riachuelo
El secretario de Justicia estuvo acompañado por el titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, Gerardo López Arrojo, y la funcionaria del BM Paula Caballero. Fue en el marco de una visita técnica de la entidad financiera para supervisar el desarrollo del plan de saneamiento ambiental.
"El Riachuelo se contaminó durante 150 años y hace siete que se está limpiando por una decisión política de este gobierno nacional", sostuvo Álvarez, quien se embarcó en La Boca junto con los equipos técnicos para recorrer desde allí hasta el Puente Alsina, en Lanús, y dirigirse luego al obrador que Acumar tiene en Avellaneda.
Caballero, directora de Práctica Global de Medio Ambiente y Recursos Naturales del BM, también recibió un informe sobre los avances del Plan Integral de Saneamiento Ambiental elaborado por Acumar.
A bordo de una de las dos embarcaciones que recorrieron el Riachuelo también estaba el vicepresidente de Acumar, Antolín Magallanes.
Julián Álvarez navegó el riachuelo con Acumar y el Banco Mundial
“Desde el propio Riachuelo se puede ver que las obras que hicimos son notorias, el gobierno nacional ha invertido millones de pesos para cambiar la realidad de todos los vecinos que rodean la cuenca”, aseguró Álvarez, y añadió que el lugar “continuará siendo productivo para las empresas, pero deberán preservar el medioambiente y la calidad de vida de los vecinos”.
López Arrojo, por su parte, afirmó que se avanzó “en un primer foco de contaminación y ya se está trabajando en el sector industrial”, y explicó que uno de los objetivos “es resolver el problema de las cloacas para los vecinos de Capital Federal y la provincia”.
Las autoridades partieron desde la Boca y bordearon la ribera de Lanús hasta Avellaneda, donde recorrieron la futura sede de la Universidad Nacional de Avellaneda, en la que se emplazará la Facultad de Ciencias Ambientales, y el Centro Integral de Monitoreo Ambiental de Acumar.
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Fecha de Publicación: 09/10/2015
Fuente: Telam
Provincia/Región: Riachuelo
El secretario de Justicia estuvo acompañado por el titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, Gerardo López Arrojo, y la funcionaria del BM Paula Caballero. Fue en el marco de una visita técnica de la entidad financiera para supervisar el desarrollo del plan de saneamiento ambiental.
"El Riachuelo se contaminó durante 150 años y hace siete que se está limpiando por una decisión política de este gobierno nacional", sostuvo Álvarez, quien se embarcó en La Boca junto con los equipos técnicos para recorrer desde allí hasta el Puente Alsina, en Lanús, y dirigirse luego al obrador que Acumar tiene en Avellaneda.
Caballero, directora de Práctica Global de Medio Ambiente y Recursos Naturales del BM, también recibió un informe sobre los avances del Plan Integral de Saneamiento Ambiental elaborado por Acumar.
A bordo de una de las dos embarcaciones que recorrieron el Riachuelo también estaba el vicepresidente de Acumar, Antolín Magallanes.
Julián Álvarez navegó el riachuelo con Acumar y el Banco Mundial
“Desde el propio Riachuelo se puede ver que las obras que hicimos son notorias, el gobierno nacional ha invertido millones de pesos para cambiar la realidad de todos los vecinos que rodean la cuenca”, aseguró Álvarez, y añadió que el lugar “continuará siendo productivo para las empresas, pero deberán preservar el medioambiente y la calidad de vida de los vecinos”.
López Arrojo, por su parte, afirmó que se avanzó “en un primer foco de contaminación y ya se está trabajando en el sector industrial”, y explicó que uno de los objetivos “es resolver el problema de las cloacas para los vecinos de Capital Federal y la provincia”.
Las autoridades partieron desde la Boca y bordearon la ribera de Lanús hasta Avellaneda, donde recorrieron la futura sede de la Universidad Nacional de Avellaneda, en la que se emplazará la Facultad de Ciencias Ambientales, y el Centro Integral de Monitoreo Ambiental de Acumar.
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Presentan un Plan de Gestión del Delta
Se presentará en Paraná el proyecto del Plan de gestión del Delta
Fecha de Publicación: 09/10/2015
Fuente: El Día de Gualeguaychú
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno entrerriano, a través de la Secretaría de Ambiente, viene trabajando en la definición de estrategias de ordenamiento ambiental de todo el Delta entrerriano.
En ese marco, este viernes se presentará en Paraná el proyecto para la elaboración del Plan de Gestión Integrada para el Desarrollo Productivo Sostenible del Delta Entrerriano, que estará a cargo de una consultora especializada y será financiado con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este ordenamiento será un instrumento para el fomento del desarrollo de actividades productivas más convenientes, tendiente a revertir, recuperar y reorientar el desarrollo más adecuado para la región.
Durante 11 meses la firma CEDyAT, seleccionada a través de una licitación internacional, realizará un conjunto de trabajos referidos al estudio, análisis y propuesta del ordenamiento ambiental y manejo del Delta Entrerriano. Dicho plan se constituirá en una herramienta de planificación y gestión que le permita a la Secretaría de Ambiente monitorear planes y proyectos productivos sostenibles en el territorio del ecosistema Delta.
“Que se realice este proyecto tiene una importancia estratégica para la Provincia, ya que hablamos de un territorio de más de un millón de hectáreas, que tiene un potencial muy grande para uso productivo y, a su vez, como reservorio de biodiversidad y de agua dulce que es un bien escaso en el mundo”, afirmó el secretario de Ambiente de la provincia, Fernando Raffo.
Y agregó que esto “tiene un enfoque innovador que favorecerá y promoverá actividades productivas que tengan una visión sustentable del uso de los recursos naturales donde se van a desarrollar. La idea es que se puedan generar más recursos pero a la vez, respetando el ecosistema donde se desarrollan, teniendo en cuenta que es un ambiente muy frágil. Y también brindar mejores condiciones de vida a las personas que hoy habitan el lugar”.
El secretario precisó que la consultora ya comenzó a trabajar y afirmó que “el proyecto cuenta con un fuerte componente que es la participación ciudadana, es decir, con la consulta y realización de talleres en el territorio para escuchar a la gente que allí vive”.
Toda propuesta incluida en el Plan debe considerar los lineamientos y recomendaciones que fueron aprobados en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación del Ambiente Sustentable del Delta del Paraná (Piecas-DP), que Entre Ríos integra junto con la Nación y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, desde 2008. Las directrices de ordenamiento y evaluación de impactos ambientales trazadas por el Piecas, han tenido una amplia aceptación en la comunidad científica vinculada y reiteradamente ponderada por el Defensor del Pueblo de la Nación.
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Fecha de Publicación: 09/10/2015
Fuente: El Día de Gualeguaychú
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno entrerriano, a través de la Secretaría de Ambiente, viene trabajando en la definición de estrategias de ordenamiento ambiental de todo el Delta entrerriano.
En ese marco, este viernes se presentará en Paraná el proyecto para la elaboración del Plan de Gestión Integrada para el Desarrollo Productivo Sostenible del Delta Entrerriano, que estará a cargo de una consultora especializada y será financiado con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este ordenamiento será un instrumento para el fomento del desarrollo de actividades productivas más convenientes, tendiente a revertir, recuperar y reorientar el desarrollo más adecuado para la región.
Durante 11 meses la firma CEDyAT, seleccionada a través de una licitación internacional, realizará un conjunto de trabajos referidos al estudio, análisis y propuesta del ordenamiento ambiental y manejo del Delta Entrerriano. Dicho plan se constituirá en una herramienta de planificación y gestión que le permita a la Secretaría de Ambiente monitorear planes y proyectos productivos sostenibles en el territorio del ecosistema Delta.
“Que se realice este proyecto tiene una importancia estratégica para la Provincia, ya que hablamos de un territorio de más de un millón de hectáreas, que tiene un potencial muy grande para uso productivo y, a su vez, como reservorio de biodiversidad y de agua dulce que es un bien escaso en el mundo”, afirmó el secretario de Ambiente de la provincia, Fernando Raffo.
Y agregó que esto “tiene un enfoque innovador que favorecerá y promoverá actividades productivas que tengan una visión sustentable del uso de los recursos naturales donde se van a desarrollar. La idea es que se puedan generar más recursos pero a la vez, respetando el ecosistema donde se desarrollan, teniendo en cuenta que es un ambiente muy frágil. Y también brindar mejores condiciones de vida a las personas que hoy habitan el lugar”.
El secretario precisó que la consultora ya comenzó a trabajar y afirmó que “el proyecto cuenta con un fuerte componente que es la participación ciudadana, es decir, con la consulta y realización de talleres en el territorio para escuchar a la gente que allí vive”.
Toda propuesta incluida en el Plan debe considerar los lineamientos y recomendaciones que fueron aprobados en el marco del Plan Integral Estratégico para la Conservación del Ambiente Sustentable del Delta del Paraná (Piecas-DP), que Entre Ríos integra junto con la Nación y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, desde 2008. Las directrices de ordenamiento y evaluación de impactos ambientales trazadas por el Piecas, han tenido una amplia aceptación en la comunidad científica vinculada y reiteradamente ponderada por el Defensor del Pueblo de la Nación.
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Córdoba sigue con el demonte en su zona norte
El desmonte no cesa en la provincia de Córdoba
Fecha de Publicación: 09/10/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El último relevamiento oficial detectó 931,6 hectáreas deforestadas, la mitad de ellas de manera ilegal. Afectó la zona nordeste.
El desmonte de junio casi duplicó la cifra de mayo, el mes con menos deforestación de 2015. Esta actividad volvió a sus valores promedio de este año: unas 40 canchas de fútbol afectadas por día (30 hectáreas). Luego de tres meses consecutivos de baja (marzo, abril y mayo), en junio el desmonte fue de 931,6 hectáreas, según el último relevamiento de la Provincia, que utiliza imágenes satelitales y recorridos terrestres y aéreos.
Esta cifra incluye tanto las intervenciones legales e ilegales, que también pueden dividirse en desmonte total o parcial. Por las acciones ilegales se deforestaron 439,5 hectáreas. En siete de cada 10 se eliminó toda la vegetación autóctona.
En el resto del bosque nativo intervenido hubo desmontes parciales, la mayoría autorizados por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos provincial. Las normas autorizan cierto tipo de intervenciones, como la eliminación total o parcial de los arbustos y parte del arbolado para permitir la cría de ganado. Incluso también el rolado de mantenimiento en predios ya intervenidos.
El departamento más afectado fue Río Seco donde se desmontaron 285,8 hectáreas de forma total e ilegal. “En esta región la vegetación predominante se compone de espartillares, matorrales, arbustales y otras especies de pequeño porte en el área de los Bañados del Río Dulce”, indicaron desde la Policía Ambiental, encargada de realizar el relevamiento.
En el informe concluyen que la gran mayoría de los desmontes totales se realizaron en pequeñas superficies (apertura de caminos, cortaderas de fuego y otras obras). “Esto da claras señales acerca de la robustez del sistema de detección y control utilizado”, explican.
Policía Ambiental asegura que frecuentemente llegan al sitio afectado al poco tiempo de haber comenzado las intervenciones, evitando que aumente la superficie desmontada.
Histórico
Entre 2012 y 2015 se deforestaron 23.884,5 hectáreas, o el equivalente a 25,3 canchas de fútbol por día, en un cálculo que incluye los datos oficiales desde septiembre de 2014 y los relevamiento anteriores de Guyra Paraguay.
Desde 2004 y hasta la sanción de la ley provincial 9.814 de 2010, Córdoba perdió el 40 por ciento de los bosques nativos del norte y oeste de la provincia, por un total de 269 mil hectáreas.
A su vez, antes de 2004 sólo quedaba el 10 por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque que había en Córdoba a principios del siglo 20.
Ambientalistas y productores reclaman un cambio de fondo en las normativas (ley 9.814 y decretos reglamentarios 170/11 y 1.131/12) porque no conforman a ningún sector y, en algunos aspectos, son contrarias a la ley nacional.
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Fecha de Publicación: 09/10/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El último relevamiento oficial detectó 931,6 hectáreas deforestadas, la mitad de ellas de manera ilegal. Afectó la zona nordeste.
El desmonte de junio casi duplicó la cifra de mayo, el mes con menos deforestación de 2015. Esta actividad volvió a sus valores promedio de este año: unas 40 canchas de fútbol afectadas por día (30 hectáreas). Luego de tres meses consecutivos de baja (marzo, abril y mayo), en junio el desmonte fue de 931,6 hectáreas, según el último relevamiento de la Provincia, que utiliza imágenes satelitales y recorridos terrestres y aéreos.
Esta cifra incluye tanto las intervenciones legales e ilegales, que también pueden dividirse en desmonte total o parcial. Por las acciones ilegales se deforestaron 439,5 hectáreas. En siete de cada 10 se eliminó toda la vegetación autóctona.
En el resto del bosque nativo intervenido hubo desmontes parciales, la mayoría autorizados por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos provincial. Las normas autorizan cierto tipo de intervenciones, como la eliminación total o parcial de los arbustos y parte del arbolado para permitir la cría de ganado. Incluso también el rolado de mantenimiento en predios ya intervenidos.
El departamento más afectado fue Río Seco donde se desmontaron 285,8 hectáreas de forma total e ilegal. “En esta región la vegetación predominante se compone de espartillares, matorrales, arbustales y otras especies de pequeño porte en el área de los Bañados del Río Dulce”, indicaron desde la Policía Ambiental, encargada de realizar el relevamiento.
En el informe concluyen que la gran mayoría de los desmontes totales se realizaron en pequeñas superficies (apertura de caminos, cortaderas de fuego y otras obras). “Esto da claras señales acerca de la robustez del sistema de detección y control utilizado”, explican.
Policía Ambiental asegura que frecuentemente llegan al sitio afectado al poco tiempo de haber comenzado las intervenciones, evitando que aumente la superficie desmontada.
Histórico
Entre 2012 y 2015 se deforestaron 23.884,5 hectáreas, o el equivalente a 25,3 canchas de fútbol por día, en un cálculo que incluye los datos oficiales desde septiembre de 2014 y los relevamiento anteriores de Guyra Paraguay.
Desde 2004 y hasta la sanción de la ley provincial 9.814 de 2010, Córdoba perdió el 40 por ciento de los bosques nativos del norte y oeste de la provincia, por un total de 269 mil hectáreas.
A su vez, antes de 2004 sólo quedaba el 10 por ciento de los 12 millones de hectáreas de bosque que había en Córdoba a principios del siglo 20.
Ambientalistas y productores reclaman un cambio de fondo en las normativas (ley 9.814 y decretos reglamentarios 170/11 y 1.131/12) porque no conforman a ningún sector y, en algunos aspectos, son contrarias a la ley nacional.
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¿Qué proponen los candidatos sobre medio ambiente?
Ecología y Medioambiente. ¿Qué proponen Scioli, Macri y Massa?
Fecha de Publicación: 08/10/2015
Fuente: puntonoticias.com
Provincia/Región: Nacional
Los candidatos no suelen hablar de Ecología y Medioambiente, pero es indispensable que este tema se trate con seriedad y profundidad, ya que es responsabilidad de todos cuidar “la casa común”, tal como llama a la madre tierra el Papa Francisco.
Desde la Fundación Argentina Sustentable, tienen como objetivo promover la necesidad de prácticas sustentables a través del desarrollo de programas de comunicación y educación sobre el tema.
El derrame de cianuro en San Juan, las severas inundaciones y los extremos fenómenos climáticos de los últimos años, ponen en evidencia que el cuidado del medioambiente es un tema central. ¿Qué proponen en esta materia los tres candidatos presidenciales con más posibilidades de sentarse en el Sillón de Rivadavia?
Sergio Massa, cuya referente en el tema es Sergio Federovisky, periodista ambiental, apuesta a la concientización y propone la incorporación de la materia Ecología para todos los niveles del sistema educativo. Además, el líder del Frente Renovador hace un fuerte hincapié en la cuestión de las energías renovables: sostiene que con un fondo específico destinado a financiar energía eólica y solar es posible llegar a 2025 con un %20 de energías alternativas en la matriz energética nacional.
Juan Carlos Villalonga, ambientalista y referente de Macri, señala la importancia de la reducción progresiva de rellenos sanitarios, la reducción de generación de residuos y del aumento del reciclado. También defiende la política hídrica de la Ciudad y considera la necesidad de expandir el fomento intensivo del uso de bicicletas a todas las ciudades del país.
Daniel Scioli apunta a la elevación de la Secretaría de Medio Ambiente a Ministerio, como ya lo hizo en la PBA con la creación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. En materia energética el gran objetivo es la soberanía nacional. Siendo su postura frente a la polémica del fracking abordar el tema técnicamente y generando que participen todos los implicados para garantizar la compatibilidad entre desarrollo, progreso económico y sustentabilidad. La misma postura rige frente a la minería y a las diversas actividades productivas que tengan consecuencias ambientales.
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Fecha de Publicación: 08/10/2015
Fuente: puntonoticias.com
Provincia/Región: Nacional
Los candidatos no suelen hablar de Ecología y Medioambiente, pero es indispensable que este tema se trate con seriedad y profundidad, ya que es responsabilidad de todos cuidar “la casa común”, tal como llama a la madre tierra el Papa Francisco.
Desde la Fundación Argentina Sustentable, tienen como objetivo promover la necesidad de prácticas sustentables a través del desarrollo de programas de comunicación y educación sobre el tema.
El derrame de cianuro en San Juan, las severas inundaciones y los extremos fenómenos climáticos de los últimos años, ponen en evidencia que el cuidado del medioambiente es un tema central. ¿Qué proponen en esta materia los tres candidatos presidenciales con más posibilidades de sentarse en el Sillón de Rivadavia?
Sergio Massa, cuya referente en el tema es Sergio Federovisky, periodista ambiental, apuesta a la concientización y propone la incorporación de la materia Ecología para todos los niveles del sistema educativo. Además, el líder del Frente Renovador hace un fuerte hincapié en la cuestión de las energías renovables: sostiene que con un fondo específico destinado a financiar energía eólica y solar es posible llegar a 2025 con un %20 de energías alternativas en la matriz energética nacional.
Juan Carlos Villalonga, ambientalista y referente de Macri, señala la importancia de la reducción progresiva de rellenos sanitarios, la reducción de generación de residuos y del aumento del reciclado. También defiende la política hídrica de la Ciudad y considera la necesidad de expandir el fomento intensivo del uso de bicicletas a todas las ciudades del país.
Daniel Scioli apunta a la elevación de la Secretaría de Medio Ambiente a Ministerio, como ya lo hizo en la PBA con la creación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. En materia energética el gran objetivo es la soberanía nacional. Siendo su postura frente a la polémica del fracking abordar el tema técnicamente y generando que participen todos los implicados para garantizar la compatibilidad entre desarrollo, progreso económico y sustentabilidad. La misma postura rige frente a la minería y a las diversas actividades productivas que tengan consecuencias ambientales.
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Chubut: suspenden perforación petrolera sin rentabilidad
Interrumpen por 50 días la perforación petrolera en Chubut
Fecha de Publicación: 08/10/2015
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Chubut
El ministerio de Economía, los sindicatos, las empresas y la provincia de Chubut negocian detener la perforación de pozos en el golfo de San Jorge. El “plan de contingencia”, como lo llaman en el sector, arrancaría el próximo 1º de diciembre y durará 50 días, hasta el 20 de enero del año próximo. El acuerdo implica paralizar la perforación porque el petróleo de exportación -la mayoría del que se extrae en Chubut- no está siendo rentable, según el sector.
Los empresarios petroleros pelean para que el Gobierno nacional siga pagando un precio de barril de crudo de mercado interno más alto que el internacional. “Alejandro (Bulgheroni) se la pasa llorando”, graficó Néstor Di Pierro, intendente de Comodoro Rivadavia en un evento organizado por Pan American Energy, la segunda petrolera del país, que es propiedad de British Petroleum (60%) y Bridas (de la familia Bulgheroni), con 40%.
“No tendría que haber retenciones para la exportación de petróleo por arriba de los US$ 45”, detallaba Jorge Avila, del sindicato de Petróleo y Gas de Chubut. Bulgheroni, Di Pierro y Avila, que más de una vez tuvieron encontronazos y desacuerdos, ayer posaban como amigos, todos encolumnados. Ya tuvieron una reunión con Nicolás Arceo, una de las espadas del ministro de Economía Axel Kicillof en la cuestión petrolera, para implementar el plan para disminuir la actividad.
PAE, Tecpetrol, Sipetrol ya estuvieron acordando con sindicatos y autoridades. “La idea es parar ahora, aprovechar las vacaciones y que los equipos vuelvan a las bases”, pintó Di Pierro, que está dejando la intendencia de Comodoro Rivadavia. “Esto se hace para que las empresas cumplan con su plan de inversiones de US$ 4.000 millones en 2016”, destaco Àvila.
YPF se sumará a la mesa de negociación, según los entrevistados. “Durante 50 días, paran la mitad de los equipos de perforación y vuelven a las bases. Esto se hará en dos rondas, de 25 días cada uno”, adelantó Avila.
El convenio también incluye un tratamiento especial para el impuesto a las Ganancias de los petroleros. En diciembre, con el aguinaldo, los sueldos de los trabajadores alcanzan escalas de gravámenes muy elevados.
Pero, con el parate, los números darían diferentes y los sindicalistas zafarían de pagar ese impuesto al trabajo mejor remunerado.
Todo está sujeto a la luz verde oficial, del gobierno nacional, pero Arceo ya habría dado su aval, lo que implicaría el beneplácito de Kicillof.
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Fecha de Publicación: 08/10/2015
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Chubut
El ministerio de Economía, los sindicatos, las empresas y la provincia de Chubut negocian detener la perforación de pozos en el golfo de San Jorge. El “plan de contingencia”, como lo llaman en el sector, arrancaría el próximo 1º de diciembre y durará 50 días, hasta el 20 de enero del año próximo. El acuerdo implica paralizar la perforación porque el petróleo de exportación -la mayoría del que se extrae en Chubut- no está siendo rentable, según el sector.
Los empresarios petroleros pelean para que el Gobierno nacional siga pagando un precio de barril de crudo de mercado interno más alto que el internacional. “Alejandro (Bulgheroni) se la pasa llorando”, graficó Néstor Di Pierro, intendente de Comodoro Rivadavia en un evento organizado por Pan American Energy, la segunda petrolera del país, que es propiedad de British Petroleum (60%) y Bridas (de la familia Bulgheroni), con 40%.
“No tendría que haber retenciones para la exportación de petróleo por arriba de los US$ 45”, detallaba Jorge Avila, del sindicato de Petróleo y Gas de Chubut. Bulgheroni, Di Pierro y Avila, que más de una vez tuvieron encontronazos y desacuerdos, ayer posaban como amigos, todos encolumnados. Ya tuvieron una reunión con Nicolás Arceo, una de las espadas del ministro de Economía Axel Kicillof en la cuestión petrolera, para implementar el plan para disminuir la actividad.
PAE, Tecpetrol, Sipetrol ya estuvieron acordando con sindicatos y autoridades. “La idea es parar ahora, aprovechar las vacaciones y que los equipos vuelvan a las bases”, pintó Di Pierro, que está dejando la intendencia de Comodoro Rivadavia. “Esto se hace para que las empresas cumplan con su plan de inversiones de US$ 4.000 millones en 2016”, destaco Àvila.
YPF se sumará a la mesa de negociación, según los entrevistados. “Durante 50 días, paran la mitad de los equipos de perforación y vuelven a las bases. Esto se hará en dos rondas, de 25 días cada uno”, adelantó Avila.
El convenio también incluye un tratamiento especial para el impuesto a las Ganancias de los petroleros. En diciembre, con el aguinaldo, los sueldos de los trabajadores alcanzan escalas de gravámenes muy elevados.
Pero, con el parate, los números darían diferentes y los sindicalistas zafarían de pagar ese impuesto al trabajo mejor remunerado.
Todo está sujeto a la luz verde oficial, del gobierno nacional, pero Arceo ya habría dado su aval, lo que implicaría el beneplácito de Kicillof.
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Congreso de Agroecología, otro modelo productivo
Hay otro modelo para el campo
Fecha de Publicación: 08/10/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Desde hoy, hasta el viernes, se realizará el encuentro sobre agroecología. Habrá conferencias de especialistas, medio centenar de mesas redondas y debates, 500 trabajos científicos. La propuesta central es que se puede producir a gran escala sin agroquímicos.
Producen alimentos sanos, sin agroquímicos. No dependen de insumos de multinacionales, generan trabajo genuino y promueven el desarrollo local. Se trata de un modelo basado en la agroecología, que cuenta con numerosas experiencias concretas en articulación entre productores, organizaciones sociales y académicos. Es parte de lo que se puede conocer desde hoy y hasta el viernes en La Plata, en el V Congreso Latinoamericano de Agroecología, donde se insistirá en la necesidad de un modelo agropecuario sin extractivismo, con campesinos, indígenas y pequeños productores como actores centrales.
“La agroecología es tanto una ciencia como un conjunto de prácticas. La agroecología es ir más allá de las prácticas agrícolas alternativas y desarrollar agroecosistemas con una mínima dependencia de agroquímicos e insumos de energía”, señala el documento de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (Socla), impulsora del V Congreso. El encuentro se desarrollará hasta el viernes en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Habrá una decena de conferencias, medio centenar de mesas redondas y debates, 500 trabajos científicos y más de 2000 inscriptos.
Una de las críticas recurrentes a la agroecología, provenientes desde el sector empresario, es que no se puede producir a gran escala sin químicos ni transgénicos. Uno de los paneles mostrará que existen innumerables experiencias y, como prueba concreta, estarán Juan Kier (productor bonaerense de Benito Juárez, del establecimiento “La Aurora”), Remo Vénica (Granja Naturaleza Viva, de la localidad santafecina de Guadalupe Norte) y Bruno Vasquetto (productor ganadero con pasturas agroecológicas, en Córdoba).
“Las prácticas y experiencias de diversos sistemas llevan a replantear que otra agricultura es posible. El cómo, dónde y cuándo es la clave y cada caso es único e irrepetible, no hay recetas”, explican los productores. Durante los tres días se trabajarán sobre casi veinte ejes temáticos. Un panel que derribará mitos de la agricultura industrial será el titulado “¿Necesitamos cultivos transgénicos?”, a cargo de Pablo Galeano (Universidad de la República, Uruguay), Walter Pengue (Universidad de General Sarmiento) y Silvia Ribeiro (Grupo ETC, México). Problematizarán sobre los impactos socioambientales de los transgénicos y se contrastará con las propuestas agroecológicas. También analizarán el rol de los organismos públicos de ciencia y técnica, y de los organismos que debieran controlar la difusión de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
“América latina y sobre todo el Cono Sur (Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay) continúan en una fuerte tendencia de aumento en el uso de cultivos transgénicos. Al conocido desarrollo biotecnológico por parte de corporaciones multinacionales se suman iniciativas conformadas por consorcios público-privados”, alertan los disertantes.
Otro eje será “Semillas: derechos de los agricultores y sistema agroalimentario”, en el que se hará un recorrido por las experiencias de conservación y difusión de semillas criollas. Y se trabajará sobre los “graves procesos de erosión genética” impulsados por el agronegocio. Se analizarán los intentos de las grandes empresas de avanzar con nuevas leyes de semillas en todos los países de la región.
Otro de los espacios de debate será Areas Periurbanas y agroquímicos. ¿Agroecología o Mar de soja?, que busca problematizar sobre la necesidad de zonas libres de fumigaciones y que protejan la salud de la población. El Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (Maela) abordará las experiencias regionales en la construcción de territorios agroecológicos y propondrá acciones para definir acciones para fortalecer al campesinado, los pueblos indígenas y “enfrentar al agronegocio y al modelo extractivista”.
Durante las jornadas se presentarán trabajos científicos que confirman la gran incidencia que tiene el agronegocio en el cambio climático y, por contraposición, la agricultura campesina contribuye a “enfriar el planeta” y combatir el calentamiento global.
Y no podría estar ausente un tema central: el acceso y tenencia de la tierra, imprescindible para la agroecología y la soberanía alimentaria. Participarán la Unión Trabajadores de la Tierra (Frente Popular Darío Santillán), la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios (Paraguay) y el Consejo de Economía Comunal de Alto Tuy (Venezuela). En paralelo al Congreso se desarrollará una feria de productores agroecológicos provenientes de diferentes regiones de Argentina. También habrá espacio para intercambiar semillas criollas e indígenas. También se analizará la expansión de monocultivos y su consecuente incremento en el uso de agrotóxicos. Se hará hincapié en la salud socioambiental y en cómo la agroecología brinda opciones productivas para disminuir (o eliminar) el uso de plaguicidas. “La agroecología, a partir de sus prácticas que propician el enriquecimiento de los suelos y la biodiversidad, determinan el restablecimiento de los agroecosistemas y con ello la reducción paulatina, hasta su eliminación, de los plaguicidas”, afirma la convocatoria.
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Fecha de Publicación: 08/10/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Desde hoy, hasta el viernes, se realizará el encuentro sobre agroecología. Habrá conferencias de especialistas, medio centenar de mesas redondas y debates, 500 trabajos científicos. La propuesta central es que se puede producir a gran escala sin agroquímicos.
Producen alimentos sanos, sin agroquímicos. No dependen de insumos de multinacionales, generan trabajo genuino y promueven el desarrollo local. Se trata de un modelo basado en la agroecología, que cuenta con numerosas experiencias concretas en articulación entre productores, organizaciones sociales y académicos. Es parte de lo que se puede conocer desde hoy y hasta el viernes en La Plata, en el V Congreso Latinoamericano de Agroecología, donde se insistirá en la necesidad de un modelo agropecuario sin extractivismo, con campesinos, indígenas y pequeños productores como actores centrales.
“La agroecología es tanto una ciencia como un conjunto de prácticas. La agroecología es ir más allá de las prácticas agrícolas alternativas y desarrollar agroecosistemas con una mínima dependencia de agroquímicos e insumos de energía”, señala el documento de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (Socla), impulsora del V Congreso. El encuentro se desarrollará hasta el viernes en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Habrá una decena de conferencias, medio centenar de mesas redondas y debates, 500 trabajos científicos y más de 2000 inscriptos.
Una de las críticas recurrentes a la agroecología, provenientes desde el sector empresario, es que no se puede producir a gran escala sin químicos ni transgénicos. Uno de los paneles mostrará que existen innumerables experiencias y, como prueba concreta, estarán Juan Kier (productor bonaerense de Benito Juárez, del establecimiento “La Aurora”), Remo Vénica (Granja Naturaleza Viva, de la localidad santafecina de Guadalupe Norte) y Bruno Vasquetto (productor ganadero con pasturas agroecológicas, en Córdoba).
“Las prácticas y experiencias de diversos sistemas llevan a replantear que otra agricultura es posible. El cómo, dónde y cuándo es la clave y cada caso es único e irrepetible, no hay recetas”, explican los productores. Durante los tres días se trabajarán sobre casi veinte ejes temáticos. Un panel que derribará mitos de la agricultura industrial será el titulado “¿Necesitamos cultivos transgénicos?”, a cargo de Pablo Galeano (Universidad de la República, Uruguay), Walter Pengue (Universidad de General Sarmiento) y Silvia Ribeiro (Grupo ETC, México). Problematizarán sobre los impactos socioambientales de los transgénicos y se contrastará con las propuestas agroecológicas. También analizarán el rol de los organismos públicos de ciencia y técnica, y de los organismos que debieran controlar la difusión de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
“América latina y sobre todo el Cono Sur (Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay) continúan en una fuerte tendencia de aumento en el uso de cultivos transgénicos. Al conocido desarrollo biotecnológico por parte de corporaciones multinacionales se suman iniciativas conformadas por consorcios público-privados”, alertan los disertantes.
Otro eje será “Semillas: derechos de los agricultores y sistema agroalimentario”, en el que se hará un recorrido por las experiencias de conservación y difusión de semillas criollas. Y se trabajará sobre los “graves procesos de erosión genética” impulsados por el agronegocio. Se analizarán los intentos de las grandes empresas de avanzar con nuevas leyes de semillas en todos los países de la región.
Otro de los espacios de debate será Areas Periurbanas y agroquímicos. ¿Agroecología o Mar de soja?, que busca problematizar sobre la necesidad de zonas libres de fumigaciones y que protejan la salud de la población. El Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (Maela) abordará las experiencias regionales en la construcción de territorios agroecológicos y propondrá acciones para definir acciones para fortalecer al campesinado, los pueblos indígenas y “enfrentar al agronegocio y al modelo extractivista”.
Durante las jornadas se presentarán trabajos científicos que confirman la gran incidencia que tiene el agronegocio en el cambio climático y, por contraposición, la agricultura campesina contribuye a “enfriar el planeta” y combatir el calentamiento global.
Y no podría estar ausente un tema central: el acceso y tenencia de la tierra, imprescindible para la agroecología y la soberanía alimentaria. Participarán la Unión Trabajadores de la Tierra (Frente Popular Darío Santillán), la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios (Paraguay) y el Consejo de Economía Comunal de Alto Tuy (Venezuela). En paralelo al Congreso se desarrollará una feria de productores agroecológicos provenientes de diferentes regiones de Argentina. También habrá espacio para intercambiar semillas criollas e indígenas. También se analizará la expansión de monocultivos y su consecuente incremento en el uso de agrotóxicos. Se hará hincapié en la salud socioambiental y en cómo la agroecología brinda opciones productivas para disminuir (o eliminar) el uso de plaguicidas. “La agroecología, a partir de sus prácticas que propician el enriquecimiento de los suelos y la biodiversidad, determinan el restablecimiento de los agroecosistemas y con ello la reducción paulatina, hasta su eliminación, de los plaguicidas”, afirma la convocatoria.
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Jáchal contaminado por la Barrick según la UNCu
La megaminería, nuevamente en entredicho
Fecha de Publicación: 07/10/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan - Nacional
En el imaginario ambiental de nuestro país circulan palabras que han adquirido un significado tenebroso, como uranio, glifosato o cianuro. Aun cuando existe un debate sobre las características de cada uno de esos términos, seguramente cianuro es el que más rechazo genera. Es por eso que la noticia de que en el yacimiento minero de Veladero, manejado por la empresa minera canadiense Barrick, se había producido un derrame de un líquido que lo contenía captó inmediatamente el interés del público.
La minería a gran escala -“megaminería”- se viene desarrollando en Argentina desde mediados de los ´90 y se han concretado ocho emprendimientos, uno de los cuales, la Alumbrera, en pocos años terminará su ciclo productivo. Esta actividad ha generado una serie de problemas, básicamente por la poca transparencia en lo que se refiere a sus potenciales impactos ambientales, económicos y sociales. Y esto se hace más grave si consideramos que la minería, si bien tiene una localización precisa en el territorio, parte de decisiones nacionales y provinciales que usualmente no consideran la opinión de la población local o, si lo hacen, es en base a consultas no vinculantes.
Esta situación y la falta de información confiable, han producido en muchos casos la oposición de la sociedad local. A la fecha por lo menos cuatro grandes proyectos de inversión han sido detenidos por la acción de este tipo de movimientos sociales.
Es en este contexto que se produce el incidente en Veladero, un yacimiento ubicado en la alta cordillera de San Juan. Desde un principio esta provincia se declaró abiertamente prominera y los incipientes movimientos de oposición no pudieron desarrollarse, en buena medida porque los yacimientos en actividad (son actualmente tres) se encuentran muy alejados de los centros poblados y hasta el momento no habían generado mayores problemas ambientales. Sin embargo, se ubican en las cabeceras de los ríos que terminan en las áreas de riego y los centros poblados, por lo que la contaminación de los mismos es preocupante. Ya Barrick había sido el centro del ataque de diferentes movimientos ambientalistas por su posible acción sobre área glaciarias y peri glaciarias. Por otra parte, la misma empresa tiene paradas sus actividades en Chile desde hace un año por decisión del gobierno por problemas de contaminación. Por todo eso la noticia del derrame de líquido cianurado es de especial interés, y en este caso el tema de la información se mezcla con el accionar de los diversos actores e intereses en juego. Un primer tema, que pone en duda el resto del proceso, es que la minera comunica finalmente que el volumen del derrame no era como había informado al principio de 200.000 litros, sino de un millón. Esta cifra es en sí misma alarmante si consideramos que el derrame se produce sobre un arroyo que en esta época tiene un caudal que no llega al metro cúbico por segundo.
Al tomar el problema estado público, comienzan a actuar los usuales mecanismos de oscurecimiento y negación por parte de los interesados. El ministro de minería de San Juan, por ejemplo, habla de un “pequeño derrame” y el Colegio de Ingenieros en Minas saca una apresurada solicitada diciendo que en realidad el derrame no implica peligro alguno. Pero al mismo tiempo la Provincia comienza a distribuir agua embotellada entre la población cercana al río presuntamente contaminado y la justicia interviene cerrando parte del proceso de producción de la mina por un mes.
En pocos días esta medida es revertida, mientras se producen acusaciones de los fiscales provinciales y nacionales dirigidas a identificar los responsables. Por su parte, las autoridades en ambos niveles, abiertamente defensoras de la actividad minera, guardan silencio o hacen grandilocuentes declaraciones intrascendentes. Al mismo tiempo se producen manifestaciones en varias ciudades de la provincia solicitando que se tomen medidas para evitar la contaminación del agua y los movimientos ambientalistas contrarios a la megaminería ver reforzados sus reclamos.
A riesgo de que el tema se diluya en el tiempo, la sociedad espera vanamente que se produzca alguna solicitada aclaratoria por parte de, por ejemplo, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la Secretaría de Minería, el gobierno de San Juan o de la propia empresa. Esta incapacidad para informar con claridad a la población sobre un evidente caso de contaminación, explicar cuál es su verdadera magnitud y que acciones de control se tomarán para prevenirlo, reabre una serie de interrogantes sobre el futuro de la minería tanto en San Juan como en el resto del país y refuerza la necesidad de abrir un diálogo con la sociedad sobre esta actividad tan problemática.
Más Información:
El derrame de la Barrick envenenó el agua de Jáchal
La UNCuyo afirma que el derrame de la Barrick envenenó el agua de Jáchal
Gioja pidió explicaciones a la Universidad de Cuyo por informe contra minera
Investigan si derrame de cianuro de Barrick se extendió por ríos de Argentina
Declaran ejecutivos de Barrick Gold por el derrame de cianuro
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Fecha de Publicación: 07/10/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan - Nacional
En el imaginario ambiental de nuestro país circulan palabras que han adquirido un significado tenebroso, como uranio, glifosato o cianuro. Aun cuando existe un debate sobre las características de cada uno de esos términos, seguramente cianuro es el que más rechazo genera. Es por eso que la noticia de que en el yacimiento minero de Veladero, manejado por la empresa minera canadiense Barrick, se había producido un derrame de un líquido que lo contenía captó inmediatamente el interés del público.
La minería a gran escala -“megaminería”- se viene desarrollando en Argentina desde mediados de los ´90 y se han concretado ocho emprendimientos, uno de los cuales, la Alumbrera, en pocos años terminará su ciclo productivo. Esta actividad ha generado una serie de problemas, básicamente por la poca transparencia en lo que se refiere a sus potenciales impactos ambientales, económicos y sociales. Y esto se hace más grave si consideramos que la minería, si bien tiene una localización precisa en el territorio, parte de decisiones nacionales y provinciales que usualmente no consideran la opinión de la población local o, si lo hacen, es en base a consultas no vinculantes.
Esta situación y la falta de información confiable, han producido en muchos casos la oposición de la sociedad local. A la fecha por lo menos cuatro grandes proyectos de inversión han sido detenidos por la acción de este tipo de movimientos sociales.
Es en este contexto que se produce el incidente en Veladero, un yacimiento ubicado en la alta cordillera de San Juan. Desde un principio esta provincia se declaró abiertamente prominera y los incipientes movimientos de oposición no pudieron desarrollarse, en buena medida porque los yacimientos en actividad (son actualmente tres) se encuentran muy alejados de los centros poblados y hasta el momento no habían generado mayores problemas ambientales. Sin embargo, se ubican en las cabeceras de los ríos que terminan en las áreas de riego y los centros poblados, por lo que la contaminación de los mismos es preocupante. Ya Barrick había sido el centro del ataque de diferentes movimientos ambientalistas por su posible acción sobre área glaciarias y peri glaciarias. Por otra parte, la misma empresa tiene paradas sus actividades en Chile desde hace un año por decisión del gobierno por problemas de contaminación. Por todo eso la noticia del derrame de líquido cianurado es de especial interés, y en este caso el tema de la información se mezcla con el accionar de los diversos actores e intereses en juego. Un primer tema, que pone en duda el resto del proceso, es que la minera comunica finalmente que el volumen del derrame no era como había informado al principio de 200.000 litros, sino de un millón. Esta cifra es en sí misma alarmante si consideramos que el derrame se produce sobre un arroyo que en esta época tiene un caudal que no llega al metro cúbico por segundo.
Al tomar el problema estado público, comienzan a actuar los usuales mecanismos de oscurecimiento y negación por parte de los interesados. El ministro de minería de San Juan, por ejemplo, habla de un “pequeño derrame” y el Colegio de Ingenieros en Minas saca una apresurada solicitada diciendo que en realidad el derrame no implica peligro alguno. Pero al mismo tiempo la Provincia comienza a distribuir agua embotellada entre la población cercana al río presuntamente contaminado y la justicia interviene cerrando parte del proceso de producción de la mina por un mes.
En pocos días esta medida es revertida, mientras se producen acusaciones de los fiscales provinciales y nacionales dirigidas a identificar los responsables. Por su parte, las autoridades en ambos niveles, abiertamente defensoras de la actividad minera, guardan silencio o hacen grandilocuentes declaraciones intrascendentes. Al mismo tiempo se producen manifestaciones en varias ciudades de la provincia solicitando que se tomen medidas para evitar la contaminación del agua y los movimientos ambientalistas contrarios a la megaminería ver reforzados sus reclamos.
A riesgo de que el tema se diluya en el tiempo, la sociedad espera vanamente que se produzca alguna solicitada aclaratoria por parte de, por ejemplo, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la Secretaría de Minería, el gobierno de San Juan o de la propia empresa. Esta incapacidad para informar con claridad a la población sobre un evidente caso de contaminación, explicar cuál es su verdadera magnitud y que acciones de control se tomarán para prevenirlo, reabre una serie de interrogantes sobre el futuro de la minería tanto en San Juan como en el resto del país y refuerza la necesidad de abrir un diálogo con la sociedad sobre esta actividad tan problemática.
Más Información:
El derrame de la Barrick envenenó el agua de Jáchal
La UNCuyo afirma que el derrame de la Barrick envenenó el agua de Jáchal
Gioja pidió explicaciones a la Universidad de Cuyo por informe contra minera
Investigan si derrame de cianuro de Barrick se extendió por ríos de Argentina
Declaran ejecutivos de Barrick Gold por el derrame de cianuro
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Se retoma vieja contaminación de YPF en Mendoza
Se reaviva la causa por contaminación contra YPF
Fecha de Publicación: 07/10/2015
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
A través de un oficio, la Justicia le pidió a la petrolera que se “abstenga” de realizar tareas que modifiquen el área de la denuncia original realizada por Pérez en 2012.
El expediente perdido apareció. Es una vieja pieza de tres cuerpos, que data de 2012, en la que constan las pesquisas para determinar si la entonces Repsol-YPF contaminó o no en las áreas Barrancas y La Ventana. Para ser rigurosos, apareció el 14 de agosto pasado y a los pocos días fue traspasado a la Fiscalía de Delitos Complejos que comanda Daniel Carniello.
El 15 de setiembre, por orden del nuevo fiscal, se hizo una inspección ocular en la zona. Lo que se encontró aún no ha trascendido, pero por lo pronto ya se liberó un oficio ordenándole a la actual YPF que “se abstenga provisoriamente de realizar cualquier trabajo y/o tarea que modifique el estado de situación de los hechos que se habrían verificado”.
El tiempo pasa y lo que ayer era una patriada en busca de la recuperación de la “soberanía energética”, hoy es un inconveniente político, porque la investigada es la recuperada YPF, cuyo mayoritario capital accionario es propiedad del Estado y su presidente es uno de los preferidos de la presidenta Cristina Fernández (ver aparte).
Hoy parece lejano que el propio gobernador Francisco Pérez fue el que ordenó las inspecciones ambientales y la posterior denuncia penal contra Repsol.
Es más, los pasivos ambientales encontrados en marzo de 2012 en las áreas Barrancas y La Ventana eran uno de los argumentos para sacarle la concesión a YPF e incluso hasta para no pagarle compensación alguna a la empresa española que la gerenció hasta mayo de 2012. Hoy las palabras del oficio remitido a la petrolera sugieren que la situación ha cambiado poco, pero ahora la gerencia reporta directamente a la Presidenta.
El 25 de julio Los Andes informaba que el expediente 158.830/12 estaba perdido desde tres semanas antes de la publicación. También se indicaba que se había ordenado la reconstrucción del expediente y la Procuración pedía una investigación para saber qué había pasado.
Un par de semanas después una auxiliar de la Fiscalía Luján-Maipú encontró los tres tomos de esa pieza en un casillero de la secretaría del turno tarde de esa dependencia.
El 1 de setiembre el fiscal Fabricio Sidoti decide pasar la pesquisa a Carniello, por la complejidad de la prueba que se requiere, porque el nuevo fiscal tiene causas similares y porque hay funcionarios públicos vinculados.
El 8 de setiembre Carniello toma su primera medida como fiscal de esta causa. Ordena la realización de una inspección ocular en la zona para el 15 de setiembre pasado.
Ese día, una pequeña comitiva conformada por personal de la fiscalía y efectivos policiales fue a La Ventana.
No se sabe el resultado final de la inspección. En el expediente consta la entrega de material fotográfico relevado por los efectivos policiales que estuvieron en la zona.
Carniello salió de la provincia unos días y lo subrogó Claudia Ríos. El 29 de setiembre Ríos hace constar la presentación de esa prueba y, de paso, ordena que YPF se “abstenga” de hacer trabajos que alteren la situación en la zona relevada.
A continuación, Ríos enumera excepciones a la prohibición. “con excepción de aquellas labores que resulten imprescindibles para detener la presunta contaminación por presuntos derrames de petróleo y de agua de purga que se habrían detectado en las cercanías de los pozos PB- 107 y PB-22”.
Competencia provincial
Han pasado casi tres años y medio y todo parece lejano. El gobernador Francisco Pérez buscaba ser uno de los mimados de la presidenta Cristina Fernández y fue uno de los primeros en subirse a la avanzada contra Repsol-YPF. El 1 de marzo de 2012 se hizo la inspección en La Ventana y Barrancas y llamativamente en sólo siete días estuvo lista la demanda penal contra la petrolera. Mendoza presentó dos denuncias con los mismos argumentos, una en la Justicia provincial y otra en la Federal.
Curiosamente la demanda provincial cayó en la fiscalía de Daniel Carniello, quien al enterarse que había una pesquisa federal archivó las actuaciones. Walter Bento llevaba la investigación federal: en noviembre de 2012 decidió que la causa era jurisdicción provincial y la mandó la Fiscalía Luján-Maipú, dónde la tramitó Fabricio Sidoti hasta el extravío.
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Fecha de Publicación: 07/10/2015
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
A través de un oficio, la Justicia le pidió a la petrolera que se “abstenga” de realizar tareas que modifiquen el área de la denuncia original realizada por Pérez en 2012.
El expediente perdido apareció. Es una vieja pieza de tres cuerpos, que data de 2012, en la que constan las pesquisas para determinar si la entonces Repsol-YPF contaminó o no en las áreas Barrancas y La Ventana. Para ser rigurosos, apareció el 14 de agosto pasado y a los pocos días fue traspasado a la Fiscalía de Delitos Complejos que comanda Daniel Carniello.
El 15 de setiembre, por orden del nuevo fiscal, se hizo una inspección ocular en la zona. Lo que se encontró aún no ha trascendido, pero por lo pronto ya se liberó un oficio ordenándole a la actual YPF que “se abstenga provisoriamente de realizar cualquier trabajo y/o tarea que modifique el estado de situación de los hechos que se habrían verificado”.
El tiempo pasa y lo que ayer era una patriada en busca de la recuperación de la “soberanía energética”, hoy es un inconveniente político, porque la investigada es la recuperada YPF, cuyo mayoritario capital accionario es propiedad del Estado y su presidente es uno de los preferidos de la presidenta Cristina Fernández (ver aparte).
Hoy parece lejano que el propio gobernador Francisco Pérez fue el que ordenó las inspecciones ambientales y la posterior denuncia penal contra Repsol.
Es más, los pasivos ambientales encontrados en marzo de 2012 en las áreas Barrancas y La Ventana eran uno de los argumentos para sacarle la concesión a YPF e incluso hasta para no pagarle compensación alguna a la empresa española que la gerenció hasta mayo de 2012. Hoy las palabras del oficio remitido a la petrolera sugieren que la situación ha cambiado poco, pero ahora la gerencia reporta directamente a la Presidenta.
El 25 de julio Los Andes informaba que el expediente 158.830/12 estaba perdido desde tres semanas antes de la publicación. También se indicaba que se había ordenado la reconstrucción del expediente y la Procuración pedía una investigación para saber qué había pasado.
Un par de semanas después una auxiliar de la Fiscalía Luján-Maipú encontró los tres tomos de esa pieza en un casillero de la secretaría del turno tarde de esa dependencia.
El 1 de setiembre el fiscal Fabricio Sidoti decide pasar la pesquisa a Carniello, por la complejidad de la prueba que se requiere, porque el nuevo fiscal tiene causas similares y porque hay funcionarios públicos vinculados.
El 8 de setiembre Carniello toma su primera medida como fiscal de esta causa. Ordena la realización de una inspección ocular en la zona para el 15 de setiembre pasado.
Ese día, una pequeña comitiva conformada por personal de la fiscalía y efectivos policiales fue a La Ventana.
No se sabe el resultado final de la inspección. En el expediente consta la entrega de material fotográfico relevado por los efectivos policiales que estuvieron en la zona.
Carniello salió de la provincia unos días y lo subrogó Claudia Ríos. El 29 de setiembre Ríos hace constar la presentación de esa prueba y, de paso, ordena que YPF se “abstenga” de hacer trabajos que alteren la situación en la zona relevada.
A continuación, Ríos enumera excepciones a la prohibición. “con excepción de aquellas labores que resulten imprescindibles para detener la presunta contaminación por presuntos derrames de petróleo y de agua de purga que se habrían detectado en las cercanías de los pozos PB- 107 y PB-22”.
Competencia provincial
Han pasado casi tres años y medio y todo parece lejano. El gobernador Francisco Pérez buscaba ser uno de los mimados de la presidenta Cristina Fernández y fue uno de los primeros en subirse a la avanzada contra Repsol-YPF. El 1 de marzo de 2012 se hizo la inspección en La Ventana y Barrancas y llamativamente en sólo siete días estuvo lista la demanda penal contra la petrolera. Mendoza presentó dos denuncias con los mismos argumentos, una en la Justicia provincial y otra en la Federal.
Curiosamente la demanda provincial cayó en la fiscalía de Daniel Carniello, quien al enterarse que había una pesquisa federal archivó las actuaciones. Walter Bento llevaba la investigación federal: en noviembre de 2012 decidió que la causa era jurisdicción provincial y la mandó la Fiscalía Luján-Maipú, dónde la tramitó Fabricio Sidoti hasta el extravío.
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Minera en Neuquén frenada por el momento
Asamblea para Las Coloradas
Fecha de Publicación: 07/10/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
A 90 kilómetros de Junín de los Andes, una asamblea vecinal en Las Coloradas logró suspender la realización de audiencias para la apertura de una mina extractiva de cobre. Defienden el río Catán Lil, que provee de agua a toda la región.
El Boletín Oficial de Neuquén del 12 de junio fue el momento de quiebre. Anunciaba que la multinacional Southern Copper, una de las mineras más cuestionadas del continente, pretendía explorar en busca de cobre. Ya nada fue igual para Las Coloradas, la tranquila localidad del sudeste neuquino. Nació una asamblea, se conformaron grupos de apoyo en Aluminé, Junín y San Martín de los Andes, y ganaron las calles: más de 300 personas marcharon en una localidad con mil habitantes. Cuestionan la actividad extractiva y defienden el río Catán Lil, que provee de agua a la región. El Poder Judicial suspendió, a pedido de los vecinos, una audiencia pública (paso inicial para la instalación de la empresa).
Las Coloradas está ubicada a 90 kilómetros de Junín de los Andes. Son aproximadamente veinte manzanas de casas bajas y calles de ripio. El río Catán Lil da vida a la región. A menos de treinta minutos de auto sobresalen montañas con nieve (las conocidas cumbres del Chachil y Sierras del Catán Lil) y, según geólogos, cobre y oro en sus entrañas. En esas alturas nacen los cursos de agua que alimentan a la zona.
La multinacional Southern Copper fue autorizada por el gobierno de Neuquén para explorar la zona y, de confirmar la riqueza mineral, explotar los yacimientos conocidos como “Las nenas” y “la voluntad”. La compañía opera en México, Chile y Perú. En este último tiene un accionar muy conocido, a cargo del cuestionado proyecto “Tía María”, que ya ocasionó represiones y una decena asesinatos de activistas sociales. En México provocó un derrame, en 2014, de 40 millones de residuos tóxicos de sulfato de cobre en ríos.
Nadie en Las Coloradas sabía del emprendimiento minero. La información comenzó a circular de la mano de vecinos y organizaciones de la región. Y surgieron las reuniones en el salón comunitario de la parroquia del pueblo. Sorprendió la numerosa concurrencia. Nació la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Las Coloradas.
Otro factor fundamental, la afectación de los territorios de las comunidades mapuches (Cayulef, Namuncurá, Cayupán, Paineo y Felipín). Los pueblos indígenas cuentan con derechos que obligan a que el Estado obtenga el consentimiento de las comunidades originarias cuando se pudieran afectar sus territorios y forma de vida. La comunidad Felipín ya expresó su “más enérgico rechazo a la minería” y denunció que la actividad “pone en riesgo la vida de la comunidad y de los pueblos cercanos”.
El 7 de agosto se realizó una histórica marcha en Las Coloradas. Bajo el lema “No a la mina. Sí a la vida”, más de 300 personas (en una localidad de mil) caminaron alrededor del pueblo con sus carteles de rechazo al extractivismo. Se sumaron asambleas de Junín y San Martín de los Andes, Loncopué, Aluminé, Zapala y de la capital provincial. Y todas las comunidades mapuches de la región.
El intendente, Lucrecio Varela, concurrió a una de las asambleas. Prometió que no hará nada a espaldas del pueblo e impulsó una ordenanza que prohíbe la “minería contaminante”. Desde la asamblea dieron la bienvenida a la norma, pero también reconocieron que deja zonas grises que pueden posibilitar la instalación de mineras.
La provincia y la empresa planificaban una audiencia pública (es un paso administrativo obligatorio para comenzar a explorar). Pero fijaron como lugar de audiencia un sitio muy alejado (a más de una hora de vehículo y donde no existe transporte público). “Hacen todo a espaldas del pueblo”, denunció Sandra Ferrero, del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa).
La Asamblea presentó un amparo. El Poder Judicial le dio la razón y suspendió la audiencia por falta de información oficial. Fue el primer freno al emprendimiento.
Desde la Asamblea explican que la herramienta más importante fue la información, que nunca provino de fuentes oficiales, sino de organizaciones sociales, de otras asambleas, de medios de comunicación alternativos. “No sabíamos nada de minería, pero aprendimos y no dejamos que nos mientan”, explicó Fernando Mena, joven asambleísta. Al mismo tiempo, en la vecina Aluminé ya se redactó un proyecto que prohíbe la minería.
Se sucedieron charlas, panfleteadas y marchas. También llegaron enviados de la empresa y del gobierno provincial. Prometieron que se puede hacer “minería sustentable”, dijeron que habría trabajo y que no se afectarían los cursos de agua.
Luego de los hechos de San Juan (donde Barrick Gold derramó más de un millón de litros de solución contaminante con cianuro), los vecinos volvieron a marchar. En pocos días juntaron firmas (casi la mitad del padrón electoral), se reunieron con el Intendente y concejales, y les pidieron que explícitamente rechacen ante la provincia el proyecto minero.
En paralelo, la minera contrató sociólogos que se instalaron en la localidad. El cura Martín Goettle afirmó que “buscan estudiar a la comunidad y buscar apoyos a la minería”. Desde la Asamblea ya los definieron como “operadores mineros que hacen espionaje” para la Southern Copper y los declararon “personas no gratas”.
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Fecha de Publicación: 07/10/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
A 90 kilómetros de Junín de los Andes, una asamblea vecinal en Las Coloradas logró suspender la realización de audiencias para la apertura de una mina extractiva de cobre. Defienden el río Catán Lil, que provee de agua a toda la región.
El Boletín Oficial de Neuquén del 12 de junio fue el momento de quiebre. Anunciaba que la multinacional Southern Copper, una de las mineras más cuestionadas del continente, pretendía explorar en busca de cobre. Ya nada fue igual para Las Coloradas, la tranquila localidad del sudeste neuquino. Nació una asamblea, se conformaron grupos de apoyo en Aluminé, Junín y San Martín de los Andes, y ganaron las calles: más de 300 personas marcharon en una localidad con mil habitantes. Cuestionan la actividad extractiva y defienden el río Catán Lil, que provee de agua a la región. El Poder Judicial suspendió, a pedido de los vecinos, una audiencia pública (paso inicial para la instalación de la empresa).
Las Coloradas está ubicada a 90 kilómetros de Junín de los Andes. Son aproximadamente veinte manzanas de casas bajas y calles de ripio. El río Catán Lil da vida a la región. A menos de treinta minutos de auto sobresalen montañas con nieve (las conocidas cumbres del Chachil y Sierras del Catán Lil) y, según geólogos, cobre y oro en sus entrañas. En esas alturas nacen los cursos de agua que alimentan a la zona.
La multinacional Southern Copper fue autorizada por el gobierno de Neuquén para explorar la zona y, de confirmar la riqueza mineral, explotar los yacimientos conocidos como “Las nenas” y “la voluntad”. La compañía opera en México, Chile y Perú. En este último tiene un accionar muy conocido, a cargo del cuestionado proyecto “Tía María”, que ya ocasionó represiones y una decena asesinatos de activistas sociales. En México provocó un derrame, en 2014, de 40 millones de residuos tóxicos de sulfato de cobre en ríos.
Nadie en Las Coloradas sabía del emprendimiento minero. La información comenzó a circular de la mano de vecinos y organizaciones de la región. Y surgieron las reuniones en el salón comunitario de la parroquia del pueblo. Sorprendió la numerosa concurrencia. Nació la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Las Coloradas.
Otro factor fundamental, la afectación de los territorios de las comunidades mapuches (Cayulef, Namuncurá, Cayupán, Paineo y Felipín). Los pueblos indígenas cuentan con derechos que obligan a que el Estado obtenga el consentimiento de las comunidades originarias cuando se pudieran afectar sus territorios y forma de vida. La comunidad Felipín ya expresó su “más enérgico rechazo a la minería” y denunció que la actividad “pone en riesgo la vida de la comunidad y de los pueblos cercanos”.
El 7 de agosto se realizó una histórica marcha en Las Coloradas. Bajo el lema “No a la mina. Sí a la vida”, más de 300 personas (en una localidad de mil) caminaron alrededor del pueblo con sus carteles de rechazo al extractivismo. Se sumaron asambleas de Junín y San Martín de los Andes, Loncopué, Aluminé, Zapala y de la capital provincial. Y todas las comunidades mapuches de la región.
El intendente, Lucrecio Varela, concurrió a una de las asambleas. Prometió que no hará nada a espaldas del pueblo e impulsó una ordenanza que prohíbe la “minería contaminante”. Desde la asamblea dieron la bienvenida a la norma, pero también reconocieron que deja zonas grises que pueden posibilitar la instalación de mineras.
La provincia y la empresa planificaban una audiencia pública (es un paso administrativo obligatorio para comenzar a explorar). Pero fijaron como lugar de audiencia un sitio muy alejado (a más de una hora de vehículo y donde no existe transporte público). “Hacen todo a espaldas del pueblo”, denunció Sandra Ferrero, del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa).
La Asamblea presentó un amparo. El Poder Judicial le dio la razón y suspendió la audiencia por falta de información oficial. Fue el primer freno al emprendimiento.
Desde la Asamblea explican que la herramienta más importante fue la información, que nunca provino de fuentes oficiales, sino de organizaciones sociales, de otras asambleas, de medios de comunicación alternativos. “No sabíamos nada de minería, pero aprendimos y no dejamos que nos mientan”, explicó Fernando Mena, joven asambleísta. Al mismo tiempo, en la vecina Aluminé ya se redactó un proyecto que prohíbe la minería.
Se sucedieron charlas, panfleteadas y marchas. También llegaron enviados de la empresa y del gobierno provincial. Prometieron que se puede hacer “minería sustentable”, dijeron que habría trabajo y que no se afectarían los cursos de agua.
Luego de los hechos de San Juan (donde Barrick Gold derramó más de un millón de litros de solución contaminante con cianuro), los vecinos volvieron a marchar. En pocos días juntaron firmas (casi la mitad del padrón electoral), se reunieron con el Intendente y concejales, y les pidieron que explícitamente rechacen ante la provincia el proyecto minero.
En paralelo, la minera contrató sociólogos que se instalaron en la localidad. El cura Martín Goettle afirmó que “buscan estudiar a la comunidad y buscar apoyos a la minería”. Desde la Asamblea ya los definieron como “operadores mineros que hacen espionaje” para la Southern Copper y los declararon “personas no gratas”.
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Condenan a un año de prisión por talar 10 mil hectáreas
Condenan a un salteño por talar 10 mil hectáreas
Fecha de Publicación: 06/10/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Salta
Ocurrió en Tartagal. La justicia penó al dueño de una finca a un año de prisión por haber infringido zonas vedadas para desmontes.
La justicia de Salta condenó al dueño de una finca de la localidad de Tartagal a un año de prisión por haber infringido zonas vedadas para desmontes, donde taló 10.000 hectáreas de vegetación de manera ilegítima.
Fuentes judiciales destacaron que el fallo dado a conocer el viernes se convirtió en la primera sentencia punitiva a causa desmontes ilegales a nivel nacional.
Y, destacaron que si bien la figura de desmontes ilegales no se encuentra apuntada en el código penal a partir de ahora habrá un precedente jurisprudencial directo.
Culpables
La justicia penal de Tartagal condenó al hacendado Juan José Karlen a un año de prisión por sus actuaciones desde 2013 en zonas del norte salteño adonde estaba prohibido el desmonte.
El hijo del sentenciado, Daniel Karlen, y el encargado de la finca, Miguel Ángel González, fueron absueltos luego de los alegatos, las testimoniales y las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Estos últimos ratificaron que el 11 de abril de 2013 habían detectado una incipiente actividad ilegal en los terruños de los Karlen y que por ello los intimaron legalmente a que desistieran de seguir avanzando.
Para ello inclusive pusieron franjas de clausura.
Sin embargo, según la acusación, los Karlen removieron las franjas inhibitorias y continuaron con sus desmontes hasta alcanzar la superficie de 10.000 hectáreas taladas de una zona protegida por la Ley de Bosques.
Por ello, el veredicto judicial le atribuye al padre la culpabilidad en el delito de desobediencia judicial agravado por una práctica ilegal, el desmonte de zonas explícitamente protegidas.
El fiscal Pablo Cabot fundamentó el pedido de condena en el artículo 239 del Código Penal que indica que "será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".
Karlen recibió la máxima condena que podía recibir según el delito que se le imputaba, ya que no sólo desoyó las intimaciones sino que hasta actuó impunemente removiendo las demarcaciones que la Secretaría de Ambiente había hecho en el lugar.
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Fecha de Publicación: 06/10/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Salta
Ocurrió en Tartagal. La justicia penó al dueño de una finca a un año de prisión por haber infringido zonas vedadas para desmontes.
La justicia de Salta condenó al dueño de una finca de la localidad de Tartagal a un año de prisión por haber infringido zonas vedadas para desmontes, donde taló 10.000 hectáreas de vegetación de manera ilegítima.
Fuentes judiciales destacaron que el fallo dado a conocer el viernes se convirtió en la primera sentencia punitiva a causa desmontes ilegales a nivel nacional.
Y, destacaron que si bien la figura de desmontes ilegales no se encuentra apuntada en el código penal a partir de ahora habrá un precedente jurisprudencial directo.
Culpables
La justicia penal de Tartagal condenó al hacendado Juan José Karlen a un año de prisión por sus actuaciones desde 2013 en zonas del norte salteño adonde estaba prohibido el desmonte.
El hijo del sentenciado, Daniel Karlen, y el encargado de la finca, Miguel Ángel González, fueron absueltos luego de los alegatos, las testimoniales y las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Estos últimos ratificaron que el 11 de abril de 2013 habían detectado una incipiente actividad ilegal en los terruños de los Karlen y que por ello los intimaron legalmente a que desistieran de seguir avanzando.
Para ello inclusive pusieron franjas de clausura.
Sin embargo, según la acusación, los Karlen removieron las franjas inhibitorias y continuaron con sus desmontes hasta alcanzar la superficie de 10.000 hectáreas taladas de una zona protegida por la Ley de Bosques.
Por ello, el veredicto judicial le atribuye al padre la culpabilidad en el delito de desobediencia judicial agravado por una práctica ilegal, el desmonte de zonas explícitamente protegidas.
El fiscal Pablo Cabot fundamentó el pedido de condena en el artículo 239 del Código Penal que indica que "será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".
Karlen recibió la máxima condena que podía recibir según el delito que se le imputaba, ya que no sólo desoyó las intimaciones sino que hasta actuó impunemente removiendo las demarcaciones que la Secretaría de Ambiente había hecho en el lugar.
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Capital podría tener una ley de humedales propia
Presentan una ley de humedales para la Ciudad
Fecha de Publicación: 06/10/2015
Fuente: Semanario Parlamentario
Provincia/Región: CABA
La iniciativa plantea su protección, conservación y restauración ecológica.
La legisladora porteña María Rosa Muiños (FpV) presentó un proyecto de Ley para proteger los humedales que se encuentran dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa busca, entre otras cosas, limitar desarrollos urbanos y prevenir inundaciones.
“En la Ciudad se encuentran diversos humedales, que presentan un alto grado de intervención debido al aumento de los niveles de urbanización, que contribuyen a su degradación constante. Por eso, el objetivo de esta iniciativa es establecer la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de las extensiones de pantanos y superficies cubiertas de aguas cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”, argumentó la diputada en los fundamentos de la iniciativa.
Además, Muiños enumeró los servicios que estos reservorios brindan a la sociedad, entre los que pueden mencionarse “amortiguación de inundaciones, estabilización climática, provisión de agua y hábitats, control de la erosión costera, valores culturales, recreación y turismo, entre otras”.
Entre los humedales que existen en la Ciudad, el expediente menciona “los que están asociados a la cuenca del Riachuelo, la costa del río de la Plata, y diversos humedales creados por el hombre. Estos son: las Reservas Ecológicas de la Costanera Sur y de Ciudad Universitaria, el Riachuelo y sus márgenes; los lagos de Palermo, Parque Norte, Parque de la Ciudad, Parque Centenario, Lugano y Soldati; la laguna de Agronomía; y el reservorio de Parque Sarmiento”.
La ley de humedales prevé la confección de un inventario que deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de cinco años, que pueda verificar los cambios en las superficies y características ecológicas de los mismos, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su protección.
Por último, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el cual deberá reglamentar las actividades y modos de ocupación de las áreas pertinentes; establecer la limitación de desarrollos urbanos, industriales y vuelcos de desechos; llevar adelante la evaluación de impacto ambiental respecto de las obras de infraestructura y actividades humanas que pudieran afectar su integridad ecológica; y garantizar instancias de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en la ley N°1.777 (Ley de Comunas).
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Fecha de Publicación: 06/10/2015
Fuente: Semanario Parlamentario
Provincia/Región: CABA
La iniciativa plantea su protección, conservación y restauración ecológica.
La legisladora porteña María Rosa Muiños (FpV) presentó un proyecto de Ley para proteger los humedales que se encuentran dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa busca, entre otras cosas, limitar desarrollos urbanos y prevenir inundaciones.
“En la Ciudad se encuentran diversos humedales, que presentan un alto grado de intervención debido al aumento de los niveles de urbanización, que contribuyen a su degradación constante. Por eso, el objetivo de esta iniciativa es establecer la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de las extensiones de pantanos y superficies cubiertas de aguas cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”, argumentó la diputada en los fundamentos de la iniciativa.
Además, Muiños enumeró los servicios que estos reservorios brindan a la sociedad, entre los que pueden mencionarse “amortiguación de inundaciones, estabilización climática, provisión de agua y hábitats, control de la erosión costera, valores culturales, recreación y turismo, entre otras”.
Entre los humedales que existen en la Ciudad, el expediente menciona “los que están asociados a la cuenca del Riachuelo, la costa del río de la Plata, y diversos humedales creados por el hombre. Estos son: las Reservas Ecológicas de la Costanera Sur y de Ciudad Universitaria, el Riachuelo y sus márgenes; los lagos de Palermo, Parque Norte, Parque de la Ciudad, Parque Centenario, Lugano y Soldati; la laguna de Agronomía; y el reservorio de Parque Sarmiento”.
La ley de humedales prevé la confección de un inventario que deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de cinco años, que pueda verificar los cambios en las superficies y características ecológicas de los mismos, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su protección.
Por último, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el cual deberá reglamentar las actividades y modos de ocupación de las áreas pertinentes; establecer la limitación de desarrollos urbanos, industriales y vuelcos de desechos; llevar adelante la evaluación de impacto ambiental respecto de las obras de infraestructura y actividades humanas que pudieran afectar su integridad ecológica; y garantizar instancias de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en la ley N°1.777 (Ley de Comunas).
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Críticas a legislatura entrerriana por la Ley de Agroquímicos
Ley de agroquímicos: organizaciones socioambientales criticaron el accionar de la legislatura provincial
Fecha de Publicación: 06/10/2015
Fuente: Diario del Sur
Provincia/Región: Entre Ríos
Estuvieron presentes integrantes del Foro Ecologista y de la Red Ecosocialista.
El tratamiento del proyecto del senador oficialista César Melchiori quedó trunco por presiones del sector agropecuario durante la jornada de este jueves en la legislatura provincial. Allí, integrantes de la Mesa por Entre Ríos sin Agrotóxicos se hicieron presentes para exigir explicaciones y formar parte de las discusiones en comisiones donde se rediscutirá el proyecto. Según pudo saber ANALISIS DIGITAL para las organizaciones socioambientales el proyecto no era el ideal, pero significaba avances en la regulación de una práctica que tiene altos riesgos para la salud pública. El eje central de la discusión por la cual la Federación Agraria y la Sociedad Rural pusieron el grito en el cielo, en contrapartida con la adhesión "inegociable" por parte de las organizaciones ambientales es la prohibición de la fumigación aérea, clave para garantizar que los químicos no se trasladen a los lugares habitados.
Con la ausencia por obligaciones en su departamento del senador provincial que redactó el proyecto, la Cámara Alta provincial envió el proyecto que regula la práctica de agrotóxicos a las comisiones de Producción y Asuntos Legislativos. Pero la jornada no pasó sin sobresaltos, la presencia de organizaciones socioambientales pusieron la discusión en un tono elevado al cual los senadores están desacostumbrados por la hegemonía oficialista en una Cámara monocolor.
El Foro Ecologista y la Red Ecosocialista, ambas organizaciones integrantes de la Mesa por Entre Ríos sin Agrotóxicos, exigieron respuestas y elevaron su queja por el no tratamiento del proyecto, al cual adhieren con diferencias, pero que consideran un avance en la materia. La organización se reunirá el martes próximo para evaluar pasos a seguir, ya que solicitaron a viva voz que se los invite a las discusiones en las comisiones.
El temor de los militantes defensores de la vida es que las presiones del sector agropecuario, que pretende sostener los altos niveles de rentabilidad que tienen gracias a la utilización de los químicos. De hecho, fue por presiones de la Federación Agraria y la Sociedad Rural que el proyecto se echó para atrás. Cabe contextualizar el momento de negociaciones que el gobierno provincial sostiene con el sector agropecuario, ante los violentas manifestaciones de los productores tiempo atrás.
"Desde la Red Ecosocialista tenemos reservas sobre algunos puntos de la ley que quedan muy ambiguas y bueno eso siempre beneficia al poderoso. Ahora, hay cosas de la ley que consideramos inegociables como la prohibición de la fumigación aérea y este es un tema sensible para los sectores del agronegocio y es aparentemente lo que mas quieren discutir", señaló a ANALISIS DIGITAL la dirigente de la organización Nadia Burgos, una de las presentes en la jornada legislativa.
En ese sentido, para la militante socioambiental sostuvo que "los senadores no estuvieron a la altura de la situación entrerriana", algo que Burgos señaló en la propia sesión legislativa. "Tenemos ciudades con las tasas mas alta de muertes por cáncer y la cantidad de niños y jóvenes enfermos es una creciente", agregó.
Por su parte, el referente del Foro Ecologista Daniel Verzeñassi también alzó la voz en plena sesión y explicó, desde un perfil más técnico, los pormenores de la gravedad de la utilización de los agrotóxicos en nuestra provincia, como engranaje de un modelo de producción que dejará secuelas irreversibles. El dirigente señaló el peligro que implica que los jóvenes consuman estos químicos y luego, por ejemplo en materia de salud pública, se realicen transfusiones con sangre eventualmente contaminada, ya que no se hacen controles adecuados, a otras personas con un sistema inmunológico debilitado.
Además, para Verzeñassi es clave que científicos independientes y universidades, hagan valer su autonomía y puedan dar una discusión técnica con un contenido humano y ambiental. Sin embargo es necesario comprender que las facultades del sector tienen una estrecha relación con los productores y las empresas del agro que no pretenden cambiar el estado de situación de las cosas, a pesar de las consecuencias mortales e irreversibles.
La mesa se reunirá este martes para trazar los lineamientos de lucha en relación a la temática y formalizar el pedido de participación en las comisiones donde se volverá a discutir la ley.
Una de las pocas sesiones pintadas de otro color
El senado provincial está acostumbrado a la poca discusión y los tratamientos de leyes sin mayores dificultades. Todo parece quedar ahí dentro ante la ausencia de un contrapeso legislativo que balancee lo que pretende hacer el Frente para la Victoria.
El vicegobernador, en su carácter de presidente de la Cámara, dio lugar a la discusión del proyecto de Melchiori. Sin embargo, fue el presidente de la bancada oficialista, Enrique Cresto, quien solicitó que se vuelva a comisiones porque "hubo sectores que no discutieron la ley". Este espíritu de presunta democratización de la discusión fue utilizado más bien para incluir a la Federación Agraria y la Sociedad Rural en la discusión, dos sectores que sostienen en gran parte el modelo de producción sojero y con los agrotóxicos como herramienta fundamental para su rentabilidad.
Cuando se decidió el traspaso a comisiones por imposición de Cresto, se había dado por finalizada la sesión pero las organizaciones socioambientales hicieron una intervención elevando la voz y reclamando explicaciones sobre el accionar legislativo. Nadia Burgos y Daniel Verzeñassi fueron quienes hablaron en representación de los militantes, ante la mirada de sorpresa por parte de todos los legisladores oficialistas, desacostumbrados a que se desacredite su palabra en la Cámara Alta.
Allí las organizaciones solicitaron formar parte de la discusión en comisiones, pensando en que si no había un contrapeso a dicha discusión, el gobierno iba a optar con facilidad por la postura del sector agropecuario que no quiere regular la práctica. "Acá ustedes se van a sus casas y somos nosotros y nuestras familias las que sufren las consecuencias de este modelo", señaló Burgos a los legisladores y señaló un "doble discurso" por parte del oficialismo por sus aparentes peleas con la Sociedad Rural, pero que luego "se arrodillan ante sus pedidos".
Verzeñassi expresó su preocupación por dejar de lado al área de hidráulica provincial, sin tener en cuenta que en la mayoría de los departamentos provinciales los ciudadanos toman agua de pozo, contaminada por los agrotóxicos y eso implica graves efectos negativos en la salud pública y las poblaciones. Además, el dirigente ambiental señaló que hay otras formas de producir y que se debe trabajar en una transición que permita cambiar el modelo.
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Fecha de Publicación: 06/10/2015
Fuente: Diario del Sur
Provincia/Región: Entre Ríos
Estuvieron presentes integrantes del Foro Ecologista y de la Red Ecosocialista.
El tratamiento del proyecto del senador oficialista César Melchiori quedó trunco por presiones del sector agropecuario durante la jornada de este jueves en la legislatura provincial. Allí, integrantes de la Mesa por Entre Ríos sin Agrotóxicos se hicieron presentes para exigir explicaciones y formar parte de las discusiones en comisiones donde se rediscutirá el proyecto. Según pudo saber ANALISIS DIGITAL para las organizaciones socioambientales el proyecto no era el ideal, pero significaba avances en la regulación de una práctica que tiene altos riesgos para la salud pública. El eje central de la discusión por la cual la Federación Agraria y la Sociedad Rural pusieron el grito en el cielo, en contrapartida con la adhesión "inegociable" por parte de las organizaciones ambientales es la prohibición de la fumigación aérea, clave para garantizar que los químicos no se trasladen a los lugares habitados.
Con la ausencia por obligaciones en su departamento del senador provincial que redactó el proyecto, la Cámara Alta provincial envió el proyecto que regula la práctica de agrotóxicos a las comisiones de Producción y Asuntos Legislativos. Pero la jornada no pasó sin sobresaltos, la presencia de organizaciones socioambientales pusieron la discusión en un tono elevado al cual los senadores están desacostumbrados por la hegemonía oficialista en una Cámara monocolor.
El Foro Ecologista y la Red Ecosocialista, ambas organizaciones integrantes de la Mesa por Entre Ríos sin Agrotóxicos, exigieron respuestas y elevaron su queja por el no tratamiento del proyecto, al cual adhieren con diferencias, pero que consideran un avance en la materia. La organización se reunirá el martes próximo para evaluar pasos a seguir, ya que solicitaron a viva voz que se los invite a las discusiones en las comisiones.
El temor de los militantes defensores de la vida es que las presiones del sector agropecuario, que pretende sostener los altos niveles de rentabilidad que tienen gracias a la utilización de los químicos. De hecho, fue por presiones de la Federación Agraria y la Sociedad Rural que el proyecto se echó para atrás. Cabe contextualizar el momento de negociaciones que el gobierno provincial sostiene con el sector agropecuario, ante los violentas manifestaciones de los productores tiempo atrás.
"Desde la Red Ecosocialista tenemos reservas sobre algunos puntos de la ley que quedan muy ambiguas y bueno eso siempre beneficia al poderoso. Ahora, hay cosas de la ley que consideramos inegociables como la prohibición de la fumigación aérea y este es un tema sensible para los sectores del agronegocio y es aparentemente lo que mas quieren discutir", señaló a ANALISIS DIGITAL la dirigente de la organización Nadia Burgos, una de las presentes en la jornada legislativa.
En ese sentido, para la militante socioambiental sostuvo que "los senadores no estuvieron a la altura de la situación entrerriana", algo que Burgos señaló en la propia sesión legislativa. "Tenemos ciudades con las tasas mas alta de muertes por cáncer y la cantidad de niños y jóvenes enfermos es una creciente", agregó.
Por su parte, el referente del Foro Ecologista Daniel Verzeñassi también alzó la voz en plena sesión y explicó, desde un perfil más técnico, los pormenores de la gravedad de la utilización de los agrotóxicos en nuestra provincia, como engranaje de un modelo de producción que dejará secuelas irreversibles. El dirigente señaló el peligro que implica que los jóvenes consuman estos químicos y luego, por ejemplo en materia de salud pública, se realicen transfusiones con sangre eventualmente contaminada, ya que no se hacen controles adecuados, a otras personas con un sistema inmunológico debilitado.
Además, para Verzeñassi es clave que científicos independientes y universidades, hagan valer su autonomía y puedan dar una discusión técnica con un contenido humano y ambiental. Sin embargo es necesario comprender que las facultades del sector tienen una estrecha relación con los productores y las empresas del agro que no pretenden cambiar el estado de situación de las cosas, a pesar de las consecuencias mortales e irreversibles.
La mesa se reunirá este martes para trazar los lineamientos de lucha en relación a la temática y formalizar el pedido de participación en las comisiones donde se volverá a discutir la ley.
Una de las pocas sesiones pintadas de otro color
El senado provincial está acostumbrado a la poca discusión y los tratamientos de leyes sin mayores dificultades. Todo parece quedar ahí dentro ante la ausencia de un contrapeso legislativo que balancee lo que pretende hacer el Frente para la Victoria.
El vicegobernador, en su carácter de presidente de la Cámara, dio lugar a la discusión del proyecto de Melchiori. Sin embargo, fue el presidente de la bancada oficialista, Enrique Cresto, quien solicitó que se vuelva a comisiones porque "hubo sectores que no discutieron la ley". Este espíritu de presunta democratización de la discusión fue utilizado más bien para incluir a la Federación Agraria y la Sociedad Rural en la discusión, dos sectores que sostienen en gran parte el modelo de producción sojero y con los agrotóxicos como herramienta fundamental para su rentabilidad.
Cuando se decidió el traspaso a comisiones por imposición de Cresto, se había dado por finalizada la sesión pero las organizaciones socioambientales hicieron una intervención elevando la voz y reclamando explicaciones sobre el accionar legislativo. Nadia Burgos y Daniel Verzeñassi fueron quienes hablaron en representación de los militantes, ante la mirada de sorpresa por parte de todos los legisladores oficialistas, desacostumbrados a que se desacredite su palabra en la Cámara Alta.
Allí las organizaciones solicitaron formar parte de la discusión en comisiones, pensando en que si no había un contrapeso a dicha discusión, el gobierno iba a optar con facilidad por la postura del sector agropecuario que no quiere regular la práctica. "Acá ustedes se van a sus casas y somos nosotros y nuestras familias las que sufren las consecuencias de este modelo", señaló Burgos a los legisladores y señaló un "doble discurso" por parte del oficialismo por sus aparentes peleas con la Sociedad Rural, pero que luego "se arrodillan ante sus pedidos".
Verzeñassi expresó su preocupación por dejar de lado al área de hidráulica provincial, sin tener en cuenta que en la mayoría de los departamentos provinciales los ciudadanos toman agua de pozo, contaminada por los agrotóxicos y eso implica graves efectos negativos en la salud pública y las poblaciones. Además, el dirigente ambiental señaló que hay otras formas de producir y que se debe trabajar en una transición que permita cambiar el modelo.
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