Anuncian fondos para Reconversión Industrial en el Riachuelo
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Subsidios para la Reconversión Industrial en la Cuenca Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 21/11/2013
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Riachuelo
La Unidad Coordinadora General del Proyecto BIRF 7706AR (UCGP), dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que dirige el Dr. Juan José Mussi, otorgó un subsidio a la firma María Lettieri S.A., una empresa curtidora y terminadora de cueros instalada en Valentín Alsina, que ha sido declarada como Agente Contaminante por la ACUMAR y que se encuentra en proceso de reconversión de sus procesos industriales. La misma, al estar encuadrada como “Curtiembre”, se halla dentro de uno de los rubros industriales que representan mayor riesgo potencial de contaminación ambiental dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo.
El análisis cualitativo del tipo de contaminante identificado fuera de norma, representa carácter de alto riesgo de contaminación ambiental, habiendo sido identificada una contaminación causada por Cromo, DBO, DQO y pH. Por este motivo, el área técnica de la ACUMAR aprobó el proyecto de construcción de una Planta de Tratamiento de Efluentes que consta de un Sistema de Tratamiento Físico – Químico Primario y un Sistema de Tratamiento Biológico Secundario.
Maria Lettieri S.A. solicitó un subsidio a través de la UCGP BIRF 7706-AR, para lo cual presentó toda la documentación con el objetivo de calificar para la rúbrica de un Convenio de Reconversión Industrial (CRI). Una vez revisada la estructura económico financiera de la empresa, se dictaminó el cumplimiento de todos los criterios de elegibilidad acordados con el Banco Mundial a fin de otorgar el subsidio de $ 622.174, que para éste particular representa el 50% de la Inversión a realizar.
Revisada por la Unidad, y obtenida la No Objeción del Banco a la documentación presentada en concepto de respaldo de la inversión realizada para la instalación del Sistema Primario, se procedió a efectuar la primera transferencia en concepto de reintegro por la suma de $ 172.538,17.
Actualmente quedan pendientes dos nuevos reintegros. El primero se efectuará una vez se presente la documentación respaldatoria requerida de la instalación del Sistema Secundario, y el segundo, una vez que la ACUMAR declare a la empresa Reconvertida.
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Fecha de Publicación: 21/11/2013
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Riachuelo
La Unidad Coordinadora General del Proyecto BIRF 7706AR (UCGP), dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que dirige el Dr. Juan José Mussi, otorgó un subsidio a la firma María Lettieri S.A., una empresa curtidora y terminadora de cueros instalada en Valentín Alsina, que ha sido declarada como Agente Contaminante por la ACUMAR y que se encuentra en proceso de reconversión de sus procesos industriales. La misma, al estar encuadrada como “Curtiembre”, se halla dentro de uno de los rubros industriales que representan mayor riesgo potencial de contaminación ambiental dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo.
El análisis cualitativo del tipo de contaminante identificado fuera de norma, representa carácter de alto riesgo de contaminación ambiental, habiendo sido identificada una contaminación causada por Cromo, DBO, DQO y pH. Por este motivo, el área técnica de la ACUMAR aprobó el proyecto de construcción de una Planta de Tratamiento de Efluentes que consta de un Sistema de Tratamiento Físico – Químico Primario y un Sistema de Tratamiento Biológico Secundario.
Maria Lettieri S.A. solicitó un subsidio a través de la UCGP BIRF 7706-AR, para lo cual presentó toda la documentación con el objetivo de calificar para la rúbrica de un Convenio de Reconversión Industrial (CRI). Una vez revisada la estructura económico financiera de la empresa, se dictaminó el cumplimiento de todos los criterios de elegibilidad acordados con el Banco Mundial a fin de otorgar el subsidio de $ 622.174, que para éste particular representa el 50% de la Inversión a realizar.
Revisada por la Unidad, y obtenida la No Objeción del Banco a la documentación presentada en concepto de respaldo de la inversión realizada para la instalación del Sistema Primario, se procedió a efectuar la primera transferencia en concepto de reintegro por la suma de $ 172.538,17.
Actualmente quedan pendientes dos nuevos reintegros. El primero se efectuará una vez se presente la documentación respaldatoria requerida de la instalación del Sistema Secundario, y el segundo, una vez que la ACUMAR declare a la empresa Reconvertida.
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Habilitan a 15 Km de la capital riojana una mina de uranio
Habilitan una exploración de uranio en la capital de La Rioja
Fecha de Publicación: 21/11/2013
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: La Rioja
La Justicia Federal autorizó a reanudar las actividades mineras en El Cantadero, a 15 kilómetros de la ciudad.
La Justicia Federal de La Rioja habilitó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a continuar con la exploración de uranio a 15 kilómetros de la ciudad capital, lo que generó el rechazo de pobladores, que organizaron una marcha de protesta para esta tarde.
El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena hizo lugar al amparo presentado por la CNEA y ordenó a la municipalidad de La Rioja que permita reanudar las actividades mineras en Alipan I, de El Cantadero, una exploración ubicada en las afueras de esta ciudad.
Además, dejó sin efecto la ordenanza municipal 4.930 que declara al municipio "no tóxico", un concepto impulsado para frenar el avance de la minería de uranio por su poder contaminante.
La disposición judicial tiene fecha 7 de noviembre, pero recién se conoció hoy a través de la prensa local, tras lo cual la Asamblea Ciudadana Riojana Capital convocó a una movilización para el jueves desde las 20 a la plaza 25 de Mayo, frente a la gobernación.
La exploración había sido clausurada de manera preventiva por la Dirección General de Sanidad, Ecología y Medio Ambiente de la comuna por la violación de la ordenanza 4.930 y por no contar con la habilitación comunal correspondiente.
La CNEA argumentó que la acción municipal fue "arbitraria e ilegal" y "vulnera flagrantemente derechos y garantías constitucionales, generándose como consecuencia un grave y a la vez enorme perjuicio" a actividades "lícitas". Marisa Romero, una de las portavoces de la asamblea, detalló que Alipán es uno de los "11 emprendimientos" en búsqueda de uranio que la CNEA tiene en la zona de la capital.
La ambientalista dijo que más allá del pronunciamiento judicial "sabíamos que no se había cortado la actividad y que se siguió explorando. Algunos vecinos que se oponen a la exploración de uranio en la zona denunciaron que fueron amenazados".
Asimismo, señaló que el pronunciamiento judicial "nos pone a nosotros ante la certeza de que el gobierno nacional intentará seguir avanzando con estos proyectos más allá de la negativa y de la licencia social que no tienen, La Rioja no quiere megaminería".
"Para frenar la ordenanza tuvieron que interponer recursos por dos vías, vemos que no es suficiente la ordenanza, porque puede ser invalidada", añadió.
En consecuencia, advirtió que, como ya ocurrió en Famatina contra el oro, "lo único que tenemos como pueblo es la movilización. No queremos megaminería, no queremos uranio, con lo que ya están haciendo están causando daños al medioambiente".
Otra portavoz de la Asamblea, Cecilia Matta, dijo que en minería "la legalidad no está del lado del pueblo. Está del lado del poder político".
En consecuencia, sostuvo, "si la legislación está fuera de los intereses de la vida de la gente, lo que hay que cambiar es la legislación".
El abogado Emilio Rodriguez, representante de la municipalidad, señaló que la cautelar "está alejada del valor justicia, de la lógica y el sentido común".
Asimismo, sostuvo que "vulnera los derechos que están consagrados en la Constitución de La Rioja, los derechos que tenemos los ciudadanos a tener un ambiente sano", por lo cual el municipio apelará ante la Corte Suprema de la Nación si fuera necesario.
Raúl Vidable, presidente de la Fundación Ambiente y Desarrollo, denunció que la CNEA sacó "un permiso trucho por (Antonio) Nito Brizuela (secretario de Ambiente de la provincia) y el gobernador" Luis Beder Herrera, además de carecer de habilitaciones municipales.
"El uranio es un elemento muy peligroso, con él se hacen desde bombas hasta energía eléctrica, puede provocar cáncer, y sus efectos pueden durar durante muchísimos años", por lo cual cuando se lo quiere extraer cerca de núcleos urbanos necesita licencia social, añadió.
Sin embargo, dijo que en La Rioja "no se convocaron a audiencias públicas".
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Fecha de Publicación: 21/11/2013
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: La Rioja
La Justicia Federal autorizó a reanudar las actividades mineras en El Cantadero, a 15 kilómetros de la ciudad.
La Justicia Federal de La Rioja habilitó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a continuar con la exploración de uranio a 15 kilómetros de la ciudad capital, lo que generó el rechazo de pobladores, que organizaron una marcha de protesta para esta tarde.
El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena hizo lugar al amparo presentado por la CNEA y ordenó a la municipalidad de La Rioja que permita reanudar las actividades mineras en Alipan I, de El Cantadero, una exploración ubicada en las afueras de esta ciudad.
Además, dejó sin efecto la ordenanza municipal 4.930 que declara al municipio "no tóxico", un concepto impulsado para frenar el avance de la minería de uranio por su poder contaminante.
La disposición judicial tiene fecha 7 de noviembre, pero recién se conoció hoy a través de la prensa local, tras lo cual la Asamblea Ciudadana Riojana Capital convocó a una movilización para el jueves desde las 20 a la plaza 25 de Mayo, frente a la gobernación.
La exploración había sido clausurada de manera preventiva por la Dirección General de Sanidad, Ecología y Medio Ambiente de la comuna por la violación de la ordenanza 4.930 y por no contar con la habilitación comunal correspondiente.
La CNEA argumentó que la acción municipal fue "arbitraria e ilegal" y "vulnera flagrantemente derechos y garantías constitucionales, generándose como consecuencia un grave y a la vez enorme perjuicio" a actividades "lícitas". Marisa Romero, una de las portavoces de la asamblea, detalló que Alipán es uno de los "11 emprendimientos" en búsqueda de uranio que la CNEA tiene en la zona de la capital.
La ambientalista dijo que más allá del pronunciamiento judicial "sabíamos que no se había cortado la actividad y que se siguió explorando. Algunos vecinos que se oponen a la exploración de uranio en la zona denunciaron que fueron amenazados".
Asimismo, señaló que el pronunciamiento judicial "nos pone a nosotros ante la certeza de que el gobierno nacional intentará seguir avanzando con estos proyectos más allá de la negativa y de la licencia social que no tienen, La Rioja no quiere megaminería".
"Para frenar la ordenanza tuvieron que interponer recursos por dos vías, vemos que no es suficiente la ordenanza, porque puede ser invalidada", añadió.
En consecuencia, advirtió que, como ya ocurrió en Famatina contra el oro, "lo único que tenemos como pueblo es la movilización. No queremos megaminería, no queremos uranio, con lo que ya están haciendo están causando daños al medioambiente".
Otra portavoz de la Asamblea, Cecilia Matta, dijo que en minería "la legalidad no está del lado del pueblo. Está del lado del poder político".
En consecuencia, sostuvo, "si la legislación está fuera de los intereses de la vida de la gente, lo que hay que cambiar es la legislación".
El abogado Emilio Rodriguez, representante de la municipalidad, señaló que la cautelar "está alejada del valor justicia, de la lógica y el sentido común".
Asimismo, sostuvo que "vulnera los derechos que están consagrados en la Constitución de La Rioja, los derechos que tenemos los ciudadanos a tener un ambiente sano", por lo cual el municipio apelará ante la Corte Suprema de la Nación si fuera necesario.
Raúl Vidable, presidente de la Fundación Ambiente y Desarrollo, denunció que la CNEA sacó "un permiso trucho por (Antonio) Nito Brizuela (secretario de Ambiente de la provincia) y el gobernador" Luis Beder Herrera, además de carecer de habilitaciones municipales.
"El uranio es un elemento muy peligroso, con él se hacen desde bombas hasta energía eléctrica, puede provocar cáncer, y sus efectos pueden durar durante muchísimos años", por lo cual cuando se lo quiere extraer cerca de núcleos urbanos necesita licencia social, añadió.
Sin embargo, dijo que en La Rioja "no se convocaron a audiencias públicas".
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Petroleras condenadas en Salta por un pozo abandonado
Nación y tres petroleras pagarán por daños ambientales que provocó un pozo abandonado
Fecha de Publicación: 20/11/2013
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
La Corte de Justicia de Salta rechazó las apelaciones presentadas por las petroleras YPF SA, Petrolera San José SRL y Tripetrol Petroleum –Netherfield Corporation- Puesto Guardián UTE y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del Estado Nacional contra la sentencia que condenó a recomponer el daño ambiental ocasionado por el pozo petrolero MDT 14 abandonado y que está fuera de control desde hace siete años.
La condena incluye la obligación de realizar las perforaciones necesarias para extraer muestras fiscalizadas de agua subterránea para ser sometidas a análisis químicos ante organismos competentes y proveer de aguas limpias al ganado de los emprendimientos pecuarios de Edgardo Carlos Bellini, quien presentó el amparo. Se ordenó además a la Secretaría de Energía de la Nación la supervisión del plan y su eventual aprobación, contrataciones y adjudicación tanto de seguridad como de remediación ambiental.
El pozo MDT 14 del yacimiento Puesto Guardián fue abandonado en 1978, pero en 2006 se descontroló provocando el daño ambiental que fuera denunciado en la demanda.
El Estado Nacional sostuvo en su apelación que el área Puesto Guardián está bajo control y administración de la Provincia desde enero de 2007 y agregó además que la perforación realizada en 1975 por YPF SE no tiene relación causal con los hechos denunciados.
Durante el trámite, YPF SA presentó un acta tratando de demostrar que el pozo en cuestión había dejado de contaminar, respecto de lo cual el Alto Tribunal consideró carece de entidad para tornar abstracta la cuestión y advirtió que el objeto del amparo no se agota en el cese de la contaminación ya que también se planteó la recomposición del daño ambiental.
El 1 de febrero de 2006 se produjo en el lugar una explosión que provocó cráteres en el terreno y fuertes emanaciones de ácido sulfhídrico, anhídrido carbónico y metano. La perforación fue abandonada en inadecuadas condiciones de seguridad en 1978 luego de una explosión que causó la muerte de un operario.
Recién desde 1996 están vigentes normas y procedimientos para el abandono de pozos hidrocarburíferos, una de las justificaciones que intentó esgrimirse en el tratamiento de la causa. Sobre este aspecto la Corte de Justicia de Salta recordó el principio de responsabilidad que es propio de la política ambiental en el sentido que “el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan”.
Recordó además el Alto Tribunal de la Provincia que el pozo está dentro del área CNQ-8 “Puesto Guardián” concedida a las empresas que fueron convocadas oportunamente junto a YPF SA por la Secretaría de Energía de la Nación para acordar el modo que se distribuirían las acciones para enfrentar el problema. Producto de este diálogo, las empresas Tripetrol Petroleum S.A., Netherfield Corporation y Petrolera San José S.R.L. asumieron el 8 de febrero de 2007 el compromiso de responder por los pagos que deban realizarse a cualquier propietario, superficiario o tercero por los daños producidos como consecuencia de lo ocurrido en el pozo abandonado.
Respecto de la responsabilidad del estado nacional, advirtió la Corte de Justicia que el hecho de que el área de explotación done está el pozo se encuentre bajo control de la Provincia desde 2007, no quita que el daño ambiental se originó en una perforación realizada en 1975 por una Sociedad del Estado Nacional que al abandonar la explotación en 1978, no cumplió con las condiciones de seguridad para neutralizar los efectos perjudiciales que luego se produjeron con el paso de los años. "Esa relación de causalidad es suficiente para responsabilizar al Estado por el accionar de Y.P.F. S.E.”, afirmó el Alto Tribunal.
Concluyó que el plan de trabajo para la reparación ambiental ordenada, debe ser compatibilizado con el aprobado por la Secretaría de Energía de la Nación y que está llevando adelante YPF SA en base a lo ya ordenado por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y puso en manos de la Secretaría de Energía de la Provincia la responsabilidad de procurar esa compatibilidad.
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Fecha de Publicación: 20/11/2013
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Salta
La Corte de Justicia de Salta rechazó las apelaciones presentadas por las petroleras YPF SA, Petrolera San José SRL y Tripetrol Petroleum –Netherfield Corporation- Puesto Guardián UTE y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del Estado Nacional contra la sentencia que condenó a recomponer el daño ambiental ocasionado por el pozo petrolero MDT 14 abandonado y que está fuera de control desde hace siete años.
La condena incluye la obligación de realizar las perforaciones necesarias para extraer muestras fiscalizadas de agua subterránea para ser sometidas a análisis químicos ante organismos competentes y proveer de aguas limpias al ganado de los emprendimientos pecuarios de Edgardo Carlos Bellini, quien presentó el amparo. Se ordenó además a la Secretaría de Energía de la Nación la supervisión del plan y su eventual aprobación, contrataciones y adjudicación tanto de seguridad como de remediación ambiental.
El pozo MDT 14 del yacimiento Puesto Guardián fue abandonado en 1978, pero en 2006 se descontroló provocando el daño ambiental que fuera denunciado en la demanda.
El Estado Nacional sostuvo en su apelación que el área Puesto Guardián está bajo control y administración de la Provincia desde enero de 2007 y agregó además que la perforación realizada en 1975 por YPF SE no tiene relación causal con los hechos denunciados.
Durante el trámite, YPF SA presentó un acta tratando de demostrar que el pozo en cuestión había dejado de contaminar, respecto de lo cual el Alto Tribunal consideró carece de entidad para tornar abstracta la cuestión y advirtió que el objeto del amparo no se agota en el cese de la contaminación ya que también se planteó la recomposición del daño ambiental.
El 1 de febrero de 2006 se produjo en el lugar una explosión que provocó cráteres en el terreno y fuertes emanaciones de ácido sulfhídrico, anhídrido carbónico y metano. La perforación fue abandonada en inadecuadas condiciones de seguridad en 1978 luego de una explosión que causó la muerte de un operario.
Recién desde 1996 están vigentes normas y procedimientos para el abandono de pozos hidrocarburíferos, una de las justificaciones que intentó esgrimirse en el tratamiento de la causa. Sobre este aspecto la Corte de Justicia de Salta recordó el principio de responsabilidad que es propio de la política ambiental en el sentido que “el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan”.
Recordó además el Alto Tribunal de la Provincia que el pozo está dentro del área CNQ-8 “Puesto Guardián” concedida a las empresas que fueron convocadas oportunamente junto a YPF SA por la Secretaría de Energía de la Nación para acordar el modo que se distribuirían las acciones para enfrentar el problema. Producto de este diálogo, las empresas Tripetrol Petroleum S.A., Netherfield Corporation y Petrolera San José S.R.L. asumieron el 8 de febrero de 2007 el compromiso de responder por los pagos que deban realizarse a cualquier propietario, superficiario o tercero por los daños producidos como consecuencia de lo ocurrido en el pozo abandonado.
Respecto de la responsabilidad del estado nacional, advirtió la Corte de Justicia que el hecho de que el área de explotación done está el pozo se encuentre bajo control de la Provincia desde 2007, no quita que el daño ambiental se originó en una perforación realizada en 1975 por una Sociedad del Estado Nacional que al abandonar la explotación en 1978, no cumplió con las condiciones de seguridad para neutralizar los efectos perjudiciales que luego se produjeron con el paso de los años. "Esa relación de causalidad es suficiente para responsabilizar al Estado por el accionar de Y.P.F. S.E.”, afirmó el Alto Tribunal.
Concluyó que el plan de trabajo para la reparación ambiental ordenada, debe ser compatibilizado con el aprobado por la Secretaría de Energía de la Nación y que está llevando adelante YPF SA en base a lo ya ordenado por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y puso en manos de la Secretaría de Energía de la Provincia la responsabilidad de procurar esa compatibilidad.
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Chaco: multas por infracción a la ley de Biocidas
Multan a productores y aplicadores de agroquímicos
Fecha de Publicación: 20/11/2013
Fuente: DataChaco
Provincia/Región: Chaco
Esto sucede en distintos puntos de la provincia, por infracción a la ley de Biocidas. Inspecciones a campo corroboraron las faltas.
El Ministerio de Planificación y Ambiente, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como organismo de aplicación de la Ley 7032 y su Decreto Reglamentario 1567/13, continúa realizando inspecciones programadas, o en respuesta a denuncias de pobladores y productores rurales, por la aplicación de agroquímicos en situaciones que podrían provocar afectaciones a la salud humana y daños a otros cultivos.
Cabe recordar que tal como fue informado, una productora minifundista de Napenay denunció semanas atrás a un productor agrícola y a un aplicador aéreo por incumplimiento de las distancias de resguardo establecidas para la aplicación de agroquímicos. Las inspecciones realizadas permitieron constatar que tanto el productor como al aplicador aéreo denunciados, no contaban con la Receta Agronómica de Aplicación por lo que fueron multados por el Ministerio de Planificación y Ambiente, tal como lo establece la legislación vigente.
En una nueva recorrida, el equipo de la Dirección de Fiscalización Ambiental llegó a Colonias Unidas, tras recibir la notificación de una denuncia policial realizada por un apicultor, vinculada a la posible afectación de su salud por la deriva de agroquímicos. Las inspecciones a campo permitieron determinar que el productor que efectuó la aplicación terrestre cercana al terreno del denunciante no poseía Receta de Aplicación, no se encontraba inscripto en el Registro de Aplicadores Terrestres y que la maquinaria utilizada no contaba con la Verificación Técnica Anual, por lo que fue multado por el organismo de aplicación.
Asimismo, ante una denuncia originada en Las Breñas, el equipo técnico interdisciplinario de la Dirección de Fiscalización Ambiental constató la afectación de cultivos de algodón por deriva de agroquímicos, situación denunciada telefónicamente por el productor Pablo Procopiuk. En este caso, se ha intimado al aplicador terrestre y al productor responsable de la aplicación a que presenten la Receta Agronómica de Aplicación, la que debe avalar cada trabajo de aplicación, en todo lo referente a productos y dosis utilizadas.
Finalmente se ha realizado una inspección en La Montenegrina, atendiendo la situación del productor Juan Luis Konsimal, difundida por medios de comunicación, cuyo cultivo de algodón fue afectado por la deriva de agroquímicos. El productor se abstuvo de efectuar la denuncia por lo que los productores lindantes, previa identificación, serán intimados a presentar las Recetas Agronómicas a efectos comprobar si el producto utilizado no se encuentra prohibido en la provincia.
Cabe destacar que las inspecciones a campo realizadas por la Dirección de Fiscalización Ambiental se complementan con a las que han comenzado a realizarse en los comercios expendedores de agroquímicos, los que deben poseer las Recetas de Expendio de los productos, conforme a lo establecido en las normas vigentes en la materia.
La Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Planificación y Ambiente insta a todos los responsables de la cadena de aplicación de agroquímicos que opera en la Provincia del Chaco a adecuar sus prácticas para el cumplimiento de las normas que regulan dicha actividad. El teléfono de contacto es el 0362 – 4448089 y la dirección electrónica fiscaliz.ambiental@chaco.com.ar.
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Fecha de Publicación: 20/11/2013
Fuente: DataChaco
Provincia/Región: Chaco
Esto sucede en distintos puntos de la provincia, por infracción a la ley de Biocidas. Inspecciones a campo corroboraron las faltas.
El Ministerio de Planificación y Ambiente, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como organismo de aplicación de la Ley 7032 y su Decreto Reglamentario 1567/13, continúa realizando inspecciones programadas, o en respuesta a denuncias de pobladores y productores rurales, por la aplicación de agroquímicos en situaciones que podrían provocar afectaciones a la salud humana y daños a otros cultivos.
Cabe recordar que tal como fue informado, una productora minifundista de Napenay denunció semanas atrás a un productor agrícola y a un aplicador aéreo por incumplimiento de las distancias de resguardo establecidas para la aplicación de agroquímicos. Las inspecciones realizadas permitieron constatar que tanto el productor como al aplicador aéreo denunciados, no contaban con la Receta Agronómica de Aplicación por lo que fueron multados por el Ministerio de Planificación y Ambiente, tal como lo establece la legislación vigente.
En una nueva recorrida, el equipo de la Dirección de Fiscalización Ambiental llegó a Colonias Unidas, tras recibir la notificación de una denuncia policial realizada por un apicultor, vinculada a la posible afectación de su salud por la deriva de agroquímicos. Las inspecciones a campo permitieron determinar que el productor que efectuó la aplicación terrestre cercana al terreno del denunciante no poseía Receta de Aplicación, no se encontraba inscripto en el Registro de Aplicadores Terrestres y que la maquinaria utilizada no contaba con la Verificación Técnica Anual, por lo que fue multado por el organismo de aplicación.
Asimismo, ante una denuncia originada en Las Breñas, el equipo técnico interdisciplinario de la Dirección de Fiscalización Ambiental constató la afectación de cultivos de algodón por deriva de agroquímicos, situación denunciada telefónicamente por el productor Pablo Procopiuk. En este caso, se ha intimado al aplicador terrestre y al productor responsable de la aplicación a que presenten la Receta Agronómica de Aplicación, la que debe avalar cada trabajo de aplicación, en todo lo referente a productos y dosis utilizadas.
Finalmente se ha realizado una inspección en La Montenegrina, atendiendo la situación del productor Juan Luis Konsimal, difundida por medios de comunicación, cuyo cultivo de algodón fue afectado por la deriva de agroquímicos. El productor se abstuvo de efectuar la denuncia por lo que los productores lindantes, previa identificación, serán intimados a presentar las Recetas Agronómicas a efectos comprobar si el producto utilizado no se encuentra prohibido en la provincia.
Cabe destacar que las inspecciones a campo realizadas por la Dirección de Fiscalización Ambiental se complementan con a las que han comenzado a realizarse en los comercios expendedores de agroquímicos, los que deben poseer las Recetas de Expendio de los productos, conforme a lo establecido en las normas vigentes en la materia.
La Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Planificación y Ambiente insta a todos los responsables de la cadena de aplicación de agroquímicos que opera en la Provincia del Chaco a adecuar sus prácticas para el cumplimiento de las normas que regulan dicha actividad. El teléfono de contacto es el 0362 – 4448089 y la dirección electrónica fiscaliz.ambiental@chaco.com.ar.
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Conceden libera bajo fianza a Camila y Hernán
Rusia libera bajo fianza a brasileña y argentinos por protesta Greenpeace
Fecha de Publicación: 19/11/2013
Fuente: Reuters
Provincia/Región: Nacional
Una corte rusa concedió el martes la libertad bajo fianza a dos argentinos, una brasileña y un neozelandés detenidos por una protesta de Greenpeace contra la exploración de petróleo en el Ártico, una decisión que según abogados les permitiría regresar a sus países a la espera del juicio o de otra investigación.
El grupo ecologista informó que la brasileña Ana Paula Maciel, los argentinos Hernán Pérez Orsi y Camila Speziale y el neozelandés David Haussmann recibieron el beneficio, que ya había sido otorgado a tres rusos del grupo de 30 personas arrestadas por la protesta realizada en septiembre.
Los 30 fueron acusados ??de vandalismo por la protesta, durante la cual algunos de los activistas trataron de escalar una plataforma petrolera que es clave para los planes de Rusia de explorar el Ártico.
Los detenidos podrían ser condenados a hasta siete años de prisión si son declarados culpables en un caso que ha provocado las críticas de Occidente.
"Anunciadas las decisiones, la justicia rusa aún no divulgó cuáles serán las restricciones para quien esté en libertad provisional. Por lo tanto, aún no se sabe si Ana Paula podrá salir del país", comentó Greenpeace en un comunicado divulgado por internet.
Posteriormente, un portavoz del grupo dijo a Reuters que la corte de San Petersburgo también le concedió la excarcelación bajo fianza a los argentinos mientras continúa la investigación.
"Pérez Orsi, quien era Primer Oficial del barco de la organización, está detenido hace exactamente dos meses junto con la argentina Camila Speziale y otros 28 compañeros", agregó Greenpeace.
La justicia rusa había concedido el lunes la libertad bajo fianza a tres rusos que fueron detenidos en la protesta de Greenpeace del 18 de septiembre.
Los 28 activistas y dos periodistas fueron detenidos después de que la guardia costera abordó el rompehielos de Greenpeace Arctic Sunrise durante una manifestación en una plataforma de petróleo de la estatal rusa Gazprom en el Mar Pechora.
Entre los 30 detenidos estaban dos ciudadanos holandeses, seis británicos, cuatro rusos, dos argentinos, dos canadienses, dos neozelandeses, un hombre con ciudadanía sueco-estadounidense, y otras personas de Estados Unidos, Brasil, Australia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Suiza, Turquía y Ucrania.
Greenpeace afirma que la manifestación fue pacífica y considera que las acusaciones fueron infundadas.
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Fecha de Publicación: 19/11/2013
Fuente: Reuters
Provincia/Región: Nacional
Una corte rusa concedió el martes la libertad bajo fianza a dos argentinos, una brasileña y un neozelandés detenidos por una protesta de Greenpeace contra la exploración de petróleo en el Ártico, una decisión que según abogados les permitiría regresar a sus países a la espera del juicio o de otra investigación.
El grupo ecologista informó que la brasileña Ana Paula Maciel, los argentinos Hernán Pérez Orsi y Camila Speziale y el neozelandés David Haussmann recibieron el beneficio, que ya había sido otorgado a tres rusos del grupo de 30 personas arrestadas por la protesta realizada en septiembre.
Los 30 fueron acusados ??de vandalismo por la protesta, durante la cual algunos de los activistas trataron de escalar una plataforma petrolera que es clave para los planes de Rusia de explorar el Ártico.
Los detenidos podrían ser condenados a hasta siete años de prisión si son declarados culpables en un caso que ha provocado las críticas de Occidente.
"Anunciadas las decisiones, la justicia rusa aún no divulgó cuáles serán las restricciones para quien esté en libertad provisional. Por lo tanto, aún no se sabe si Ana Paula podrá salir del país", comentó Greenpeace en un comunicado divulgado por internet.
Posteriormente, un portavoz del grupo dijo a Reuters que la corte de San Petersburgo también le concedió la excarcelación bajo fianza a los argentinos mientras continúa la investigación.
"Pérez Orsi, quien era Primer Oficial del barco de la organización, está detenido hace exactamente dos meses junto con la argentina Camila Speziale y otros 28 compañeros", agregó Greenpeace.
La justicia rusa había concedido el lunes la libertad bajo fianza a tres rusos que fueron detenidos en la protesta de Greenpeace del 18 de septiembre.
Los 28 activistas y dos periodistas fueron detenidos después de que la guardia costera abordó el rompehielos de Greenpeace Arctic Sunrise durante una manifestación en una plataforma de petróleo de la estatal rusa Gazprom en el Mar Pechora.
Entre los 30 detenidos estaban dos ciudadanos holandeses, seis británicos, cuatro rusos, dos argentinos, dos canadienses, dos neozelandeses, un hombre con ciudadanía sueco-estadounidense, y otras personas de Estados Unidos, Brasil, Australia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Suiza, Turquía y Ucrania.
Greenpeace afirma que la manifestación fue pacífica y considera que las acusaciones fueron infundadas.
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Monsanto para su obra en Córdoba
La planta de Monsanto se quedó sin obreros
Fecha de Publicación: 19/11/2013
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
La construcción de la clasificadora de semillas de maíz en Malvinas está parada desde hace dos meses. La UOCRA reubicó a todos sus obreros.
Dos meses pasaron ya desde que se instaló la primera carpa para bloquear las entradas a la planta que Monsanto está construyendo en Malvinas Argentinas. Hace dos meses que la obra está parada y es por ello que los obreros que estaban afectados a la construcción de la clasificadora de semillas de maíz, ya no están trabajando al proyecto.
Así lo confirmó Néstor Chavarría, titular de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (Uocra), quien le explicó a Día a Día que la mayoría de las personas que estaban contratadas para el trabajo fueron derivadas hacia otros lugares, mientras que una pequeña porción que no se pudo reubicar fue indemnizada.
Chavarría indicó que para trabajar en Malvinas había 170 obreros contratados, de los que 165 fueron trasladados y 5 indemnizados. “Monsanto estaba ejecutando esta obra con contratistas y ante la imposibilidad de avanzar con el proyecto, esas empresas reubicaron a su personal. Los trabajadores que no pudieron ser trasladados fueron debidamente indemnizados”, explicó el dirigente gremial.
El bloqueo a la multinacional en la ruta A-88 lo encara la asamblea Malvinas Lucha por la Vida junto al colectivo de Médicos y Pueblos Fumigados. Los asambleístas piden una consulta popular en Malvinas para que sus vecinos aprueben o no la instalación de Monsanto en el pueblo. Ante la negativa de la Provincia y la propia comuna de Malvinas Argentinas, el reclamo de “fuera Monsanto” echó raíces fuertes, con cinco portones bloqueados, pese a que la obra tienen el aval del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para continuar.
En la firma había expectativas respecto a la resolución del conflicto después de las elecciones. Monsanto presentó en la Justicia una denuncia por “turbación de la propiedad” para liberar los portones de acceso a la planta para que pueda continuar, pero esas denuncias todavía no han tenido resolución. En tanto, los directivos de la multinacional afirmaron que no se ha planteado la posibilidad de “mudar” el proyecto, aunque la obra no tenga fecha de reinicio.
Mientras, Jorge Lawson, ministro de Industria de la Provincia, ratificó el apoyo del Gobierno a la multinacional: “Monsanto cumple con la ley y los que están allí obstruyendo los portones no. La firma respetó todos los pasos legales para poder construir y para funcionar deberán tener el estudio de impacto ambiental aprobado. Esto no ayuda en nada al clima de negocios e inversiones en Córdoba. La Justicia ya le dio la razón a la empresa”.
Por otro lado, el médico Medardo Ávila Vázquez, representante de la asamblea, aseguró: “Hacemos un balance excelente del bloqueo porque logramos parar la obra pese a que Monsanto tiene el aval del TSJ. Eso es porque nuestra protesta tiene consenso social. Nosotros vamos a continuar con esta medida por seis meses más, hasta que nos habiliten una instancia participativa, que la podemos perder o ganar. Si es trasparente y perdemos, entonces el bloqueo puede ser relativizado. Acá hay derechos ambientales que no se están cumplimento”.
Parada. La obra está parada porque no pueden ingresar materiales a la planta. Monsanto espera que actúe la Justicia.
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Fecha de Publicación: 19/11/2013
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
La construcción de la clasificadora de semillas de maíz en Malvinas está parada desde hace dos meses. La UOCRA reubicó a todos sus obreros.
Dos meses pasaron ya desde que se instaló la primera carpa para bloquear las entradas a la planta que Monsanto está construyendo en Malvinas Argentinas. Hace dos meses que la obra está parada y es por ello que los obreros que estaban afectados a la construcción de la clasificadora de semillas de maíz, ya no están trabajando al proyecto.
Así lo confirmó Néstor Chavarría, titular de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (Uocra), quien le explicó a Día a Día que la mayoría de las personas que estaban contratadas para el trabajo fueron derivadas hacia otros lugares, mientras que una pequeña porción que no se pudo reubicar fue indemnizada.
Chavarría indicó que para trabajar en Malvinas había 170 obreros contratados, de los que 165 fueron trasladados y 5 indemnizados. “Monsanto estaba ejecutando esta obra con contratistas y ante la imposibilidad de avanzar con el proyecto, esas empresas reubicaron a su personal. Los trabajadores que no pudieron ser trasladados fueron debidamente indemnizados”, explicó el dirigente gremial.
El bloqueo a la multinacional en la ruta A-88 lo encara la asamblea Malvinas Lucha por la Vida junto al colectivo de Médicos y Pueblos Fumigados. Los asambleístas piden una consulta popular en Malvinas para que sus vecinos aprueben o no la instalación de Monsanto en el pueblo. Ante la negativa de la Provincia y la propia comuna de Malvinas Argentinas, el reclamo de “fuera Monsanto” echó raíces fuertes, con cinco portones bloqueados, pese a que la obra tienen el aval del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para continuar.
En la firma había expectativas respecto a la resolución del conflicto después de las elecciones. Monsanto presentó en la Justicia una denuncia por “turbación de la propiedad” para liberar los portones de acceso a la planta para que pueda continuar, pero esas denuncias todavía no han tenido resolución. En tanto, los directivos de la multinacional afirmaron que no se ha planteado la posibilidad de “mudar” el proyecto, aunque la obra no tenga fecha de reinicio.
Mientras, Jorge Lawson, ministro de Industria de la Provincia, ratificó el apoyo del Gobierno a la multinacional: “Monsanto cumple con la ley y los que están allí obstruyendo los portones no. La firma respetó todos los pasos legales para poder construir y para funcionar deberán tener el estudio de impacto ambiental aprobado. Esto no ayuda en nada al clima de negocios e inversiones en Córdoba. La Justicia ya le dio la razón a la empresa”.
Por otro lado, el médico Medardo Ávila Vázquez, representante de la asamblea, aseguró: “Hacemos un balance excelente del bloqueo porque logramos parar la obra pese a que Monsanto tiene el aval del TSJ. Eso es porque nuestra protesta tiene consenso social. Nosotros vamos a continuar con esta medida por seis meses más, hasta que nos habiliten una instancia participativa, que la podemos perder o ganar. Si es trasparente y perdemos, entonces el bloqueo puede ser relativizado. Acá hay derechos ambientales que no se están cumplimento”.
Parada. La obra está parada porque no pueden ingresar materiales a la planta. Monsanto espera que actúe la Justicia.
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El Ordenamiento Territorial sin criterios unificados
Advierten por disparidades en la Ley de Ordenamiento Territorial
Fecha de Publicación: 18/11/2013
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
A seis años, investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA señalan que existe una disparidad en la interpretación de los criterios de sustentabilidad ambiental, calidades técnicas contrastantes y un bajo nivel de coherencia entre las categorías de conservación.
La Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) advirtió que transcurridos seis años desde la sanción de la Ley Nº 26.331, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), existe una gran disparidad de criterios utilizados por cada provincia de la Argentina para su implementación
"Existe una gran disparidad en la interpretación de los criterios de sustentabilidad ambiental, calidades técnicas contrastantes y un bajo nivel de coherencia entre las categorías de conservación", señaló Agustina García Collazo, investigadora del Departamento de Métodos Cuantitativos de la FAUBA, quien realizó un informe publicado en agosto de 2013 en la revista de Ecología Austral, junto a un equipo de investigadores coordinado por José Paruelo, director de la carrera de Ciencias Ambientales de la FAUBA.
"Hay zonas donde las categorías para zonificar el bosque (según colores rojo, amarilla y verde) cambian abruptamente entre provincias, incluso en aquellas que comparten ecorregiones, y pocas son las provincias que han explicitado la metodología empleada para arribar a la zonificación a partir de los criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en la Ley, dificultando la replicación del proceso", agregó.
La Ley Nº 26.331constituye la primera experiencia a nivel nacional de ordenamiento territorial que regula cambios en el uso del suelo de un tipo de cobertura en particular, los bosques nativos, y aspira a promover la conservación y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria.
En 2007, este instrumento legal permitió que las provincias suspendieran los permisos de desmonte, que en los últimos 10 años se habían incrementado de manera exponencial. Según datos de la Dirección de Bosques de la Nación, mientras que entre 1987- 1998 se deforestaban 180.000 ha/año, en el período 1998-2002 esa tasa se incrementó a 235.100 ha/año.
De acuerdo a información elaborada por INTA Salta a partir del uso de satélites, en los últimos 30 años se desmontó el 26% del total de bosques existentes a fines de los ’70. En tanto, a fines de 2007, frente a la inminente sanción de la Ley Nº 26.331, se registra el valor más alto de la historia, con una tasa de desmonte de 2,1% anual.
La Ley de Ordenamiento Territorial establece tres categorías para zonificar el bosque. De acuerdo a la legislación nacional, no se permite desmontar las categorías I (marcadas con rojo) y II (con amarillo).
"No obstante, pese a que la mayoría de las provincias sancionaron una ley provincial de OTBN, la falta de un protocolo de trabajo estandarizado y consensuado, junto con el bajo nivel de acuerdo en las zonificaciones provinciales, habría conducido a una desarticulación a nivel regional, agudizada frente a la interpretación dispar de los criterios de sustentabilidad ambiental y las diversas modalidades de aplicación de la ley", afirma el informe de la FAUBA.
Además, advierte que "en el noroeste argentino, la mayoría de las provincias (Jujuy, Salta y Tucumán, a excepción de Santiago del Estero) contemplaron los 10 criterios de sustentabilidad ambiental previstas por la Ley. En la región noreste y de Cuyo únicamente los informes de Corrientes y Mendoza consideraron todos estos criterios. Mientras que la región Patagónica, en ningún caso se evidenció el empleo de todos los criterios. En referencia a la metodología empleada para la valoración de los criterios, las provincias que han hecho explícitos los métodos utilizados sólo han sido Corrientes, Mendoza, Tucumán y San Juan".
La investigadora de la FAUBA destacó el valor de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, debido a que, por primera vez en la Argentina, se reconoce jurídicamente a los servicios ecosistémicos que brindan los bosques, como, por ejemplo la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua, y la defensa de la identidad cultural, entre otros aspectos.
Además, García Collazo destacó que la Secretaría de Ambiente de la Nación, encargada de aprobar los ordenamientos territoriales propuestos por cada provincia (para que puedan acceder al Fondo Nacional para la Compensación de Bosques Nativos), reconoce todos estos problemas y ha establecido los contenidos mínimos de los planes técnicos, que acompañan a los mapas de zonificación.
En este marco, en abril de 2013 la FAUBA, el Ministerio de Agricultura de la Nación y la FAO organizaron un Taller de Ordenamiento Territorial Rural en instalaciones del INTA Chile, coordinado por José Paruelo, Agustina García Collazo y Hernán Dieguez, también docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la presencia de profesionales de todo el país, provenientes de los ámbitos políticos y académicos.
Este taller generó las bases del libro "Ordenamiento territorial rural: conceptos, métodos y experiencias", que resumen el estado de esta problemática en el país y provee una guía metodológica para su abordaje a nivel municipal.
Actualmente, la Licenciatura de Ciencias Ambientales de la FAUBA está realizando la segunda edición del curso de Ordenamiento Territorial Rural en el cual se realiza una revisión de los marcos conceptuales y herramientas disponibles para su abordaje, los marcos legales existentes, las metodologías para la elaboración de planes y la realización de un ejercicio de ordenamiento territorial a nivel de municipio rural. Algunas de estas experiencias también fueron sistematizadas en el libro.
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Fecha de Publicación: 18/11/2013
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
A seis años, investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA señalan que existe una disparidad en la interpretación de los criterios de sustentabilidad ambiental, calidades técnicas contrastantes y un bajo nivel de coherencia entre las categorías de conservación.
La Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) advirtió que transcurridos seis años desde la sanción de la Ley Nº 26.331, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), existe una gran disparidad de criterios utilizados por cada provincia de la Argentina para su implementación
"Existe una gran disparidad en la interpretación de los criterios de sustentabilidad ambiental, calidades técnicas contrastantes y un bajo nivel de coherencia entre las categorías de conservación", señaló Agustina García Collazo, investigadora del Departamento de Métodos Cuantitativos de la FAUBA, quien realizó un informe publicado en agosto de 2013 en la revista de Ecología Austral, junto a un equipo de investigadores coordinado por José Paruelo, director de la carrera de Ciencias Ambientales de la FAUBA.
"Hay zonas donde las categorías para zonificar el bosque (según colores rojo, amarilla y verde) cambian abruptamente entre provincias, incluso en aquellas que comparten ecorregiones, y pocas son las provincias que han explicitado la metodología empleada para arribar a la zonificación a partir de los criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en la Ley, dificultando la replicación del proceso", agregó.
La Ley Nº 26.331constituye la primera experiencia a nivel nacional de ordenamiento territorial que regula cambios en el uso del suelo de un tipo de cobertura en particular, los bosques nativos, y aspira a promover la conservación y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria.
En 2007, este instrumento legal permitió que las provincias suspendieran los permisos de desmonte, que en los últimos 10 años se habían incrementado de manera exponencial. Según datos de la Dirección de Bosques de la Nación, mientras que entre 1987- 1998 se deforestaban 180.000 ha/año, en el período 1998-2002 esa tasa se incrementó a 235.100 ha/año.
De acuerdo a información elaborada por INTA Salta a partir del uso de satélites, en los últimos 30 años se desmontó el 26% del total de bosques existentes a fines de los ’70. En tanto, a fines de 2007, frente a la inminente sanción de la Ley Nº 26.331, se registra el valor más alto de la historia, con una tasa de desmonte de 2,1% anual.
La Ley de Ordenamiento Territorial establece tres categorías para zonificar el bosque. De acuerdo a la legislación nacional, no se permite desmontar las categorías I (marcadas con rojo) y II (con amarillo).
"No obstante, pese a que la mayoría de las provincias sancionaron una ley provincial de OTBN, la falta de un protocolo de trabajo estandarizado y consensuado, junto con el bajo nivel de acuerdo en las zonificaciones provinciales, habría conducido a una desarticulación a nivel regional, agudizada frente a la interpretación dispar de los criterios de sustentabilidad ambiental y las diversas modalidades de aplicación de la ley", afirma el informe de la FAUBA.
Además, advierte que "en el noroeste argentino, la mayoría de las provincias (Jujuy, Salta y Tucumán, a excepción de Santiago del Estero) contemplaron los 10 criterios de sustentabilidad ambiental previstas por la Ley. En la región noreste y de Cuyo únicamente los informes de Corrientes y Mendoza consideraron todos estos criterios. Mientras que la región Patagónica, en ningún caso se evidenció el empleo de todos los criterios. En referencia a la metodología empleada para la valoración de los criterios, las provincias que han hecho explícitos los métodos utilizados sólo han sido Corrientes, Mendoza, Tucumán y San Juan".
La investigadora de la FAUBA destacó el valor de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, debido a que, por primera vez en la Argentina, se reconoce jurídicamente a los servicios ecosistémicos que brindan los bosques, como, por ejemplo la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua, y la defensa de la identidad cultural, entre otros aspectos.
Además, García Collazo destacó que la Secretaría de Ambiente de la Nación, encargada de aprobar los ordenamientos territoriales propuestos por cada provincia (para que puedan acceder al Fondo Nacional para la Compensación de Bosques Nativos), reconoce todos estos problemas y ha establecido los contenidos mínimos de los planes técnicos, que acompañan a los mapas de zonificación.
En este marco, en abril de 2013 la FAUBA, el Ministerio de Agricultura de la Nación y la FAO organizaron un Taller de Ordenamiento Territorial Rural en instalaciones del INTA Chile, coordinado por José Paruelo, Agustina García Collazo y Hernán Dieguez, también docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la presencia de profesionales de todo el país, provenientes de los ámbitos políticos y académicos.
Este taller generó las bases del libro "Ordenamiento territorial rural: conceptos, métodos y experiencias", que resumen el estado de esta problemática en el país y provee una guía metodológica para su abordaje a nivel municipal.
Actualmente, la Licenciatura de Ciencias Ambientales de la FAUBA está realizando la segunda edición del curso de Ordenamiento Territorial Rural en el cual se realiza una revisión de los marcos conceptuales y herramientas disponibles para su abordaje, los marcos legales existentes, las metodologías para la elaboración de planes y la realización de un ejercicio de ordenamiento territorial a nivel de municipio rural. Algunas de estas experiencias también fueron sistematizadas en el libro.
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Fumigaciones y las distancias en debate
Polémica por las distancias
Fecha de Publicación: 18/11/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Fallos judiciales de Chaco, Salta, Córdoba, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires establecen límites de entre 800 y 1500 metros para las fumigaciones con agroquímicos. Médicos de pueblos fumigados, en base a estudios científicos, y organizaciones sociales impulsan leyes con distancias similares. En contraposición, el Ministerio de Agricultura de la Nación distribuyó entre productores un documento que propone fumigar a cien metros de las viviendas. El documento fue realizado junto a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe, espacio de las grandes compañías de agroquímicos), Aapresid (empresas de siembra directa) y la Federación de Cámaras Agroaéreas (dueños de aviones fumigadores).
“El documento llamado ‘Pautas sobre aplicaciones fitosanitarias en áreas periurbanas’ carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas”, afirmó desde la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) Raúl Montenegro, y destacó que “no es casual” que funcionarios y grandes productores omitan mencionar que en la Comunidad Europea está prohibida la fumigación aérea.
Horacio Brignone, de la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, calificó el documento de “burdo, es el trabajo de una voluntad sectorial corporativa”, y cuestionó que no se dio lugar a análisis interdisciplinarios y tampoco se tuvo en cuenta a las familias afectadas y organizaciones que trabajan la problemática y padecen las fumigaciones.
Claudio Lowy, desde la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), consideró que el documento “carece de legitimidad científica, política y jurídica”. Evaluó que es “una maniobra” para presionar a legisladores, aseguró que se omitieron estudios epidemiológicos y “ninguno de los datos sobre distancia que ponen como ejemplos tiene referencia bibliográfica, lo que le quita seriedad a todo el documento”.
Carlos Manessi, de Cepronat (Centro de Protección a la Naturaleza) y la Multisectorial, explicó que están trabajando en todo Santa Fe, señaló que se articulan acciones con otras provincias y con todos los sectores de la sociedad por un simple motivo: “El lobby sojero opera en la Legislatura, en los medios de comunicación, en las universidades. En todos lados encuentra socios, pero también resistencias”.
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Fecha de Publicación: 18/11/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Fallos judiciales de Chaco, Salta, Córdoba, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires establecen límites de entre 800 y 1500 metros para las fumigaciones con agroquímicos. Médicos de pueblos fumigados, en base a estudios científicos, y organizaciones sociales impulsan leyes con distancias similares. En contraposición, el Ministerio de Agricultura de la Nación distribuyó entre productores un documento que propone fumigar a cien metros de las viviendas. El documento fue realizado junto a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe, espacio de las grandes compañías de agroquímicos), Aapresid (empresas de siembra directa) y la Federación de Cámaras Agroaéreas (dueños de aviones fumigadores).
“El documento llamado ‘Pautas sobre aplicaciones fitosanitarias en áreas periurbanas’ carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas”, afirmó desde la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) Raúl Montenegro, y destacó que “no es casual” que funcionarios y grandes productores omitan mencionar que en la Comunidad Europea está prohibida la fumigación aérea.
Horacio Brignone, de la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, calificó el documento de “burdo, es el trabajo de una voluntad sectorial corporativa”, y cuestionó que no se dio lugar a análisis interdisciplinarios y tampoco se tuvo en cuenta a las familias afectadas y organizaciones que trabajan la problemática y padecen las fumigaciones.
Claudio Lowy, desde la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), consideró que el documento “carece de legitimidad científica, política y jurídica”. Evaluó que es “una maniobra” para presionar a legisladores, aseguró que se omitieron estudios epidemiológicos y “ninguno de los datos sobre distancia que ponen como ejemplos tiene referencia bibliográfica, lo que le quita seriedad a todo el documento”.
Carlos Manessi, de Cepronat (Centro de Protección a la Naturaleza) y la Multisectorial, explicó que están trabajando en todo Santa Fe, señaló que se articulan acciones con otras provincias y con todos los sectores de la sociedad por un simple motivo: “El lobby sojero opera en la Legislatura, en los medios de comunicación, en las universidades. En todos lados encuentra socios, pero también resistencias”.
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Media sanción para ley para protección de humedales
Avanza una ley para preservar humedales
Fecha de Publicación: 18/11/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
La semana pasada obtuvo media sanción del Senado de la nación la ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales.
El despacho surgió del consenso entre el proyecto presentado por el senador del FAP, Rubén Giustiniani, elaborado por organizaciones ecologistas de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, y el proyecto de la legisladora por el FPV Elsa Ruiz Díaz. Luego del trabajo por consenso en la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el proyecto de ley pasará a la cámara de diputados para su debate en 2014.
Al respecto Emilio Spataro, referente de Guardianes del Iberá e impulsor de uno de los proyectos junto organizaciones ambientales, detalló las diferencias entre el proyecto consensuado y el presentado por los grupos ecologistas litoraleños: “en el proyecto consensuado no se establecen actividades prohibidas o sancionables, pero se ordena a las provincias a que determinen y restrinjan actividades agrícolas o industriales en la zona”.
La inciativa establece un fondo nacional para la protección de humedales naturales y artificiales cuya transferencia de recursos a las provincias corre por la autoridad de aplicación, con el objetivo de que los estados provinciales realicen una categorización de los humedales presentes en su territorio.
Esto implica una transferencia de recursos a las provincias y la realización de un inventario nacional que establezca cuáles y dónde están los humedales argentinos. A la vez, el proyecto reivindica el uso tradicional que hacen las comunidades que habitan en esos espacios, puestas en el centro de la escena.
“Se incluyeron los humedales de origen artificial, porque se tomó la definición de la Convención Ramsar, de la que Argentina es signataria. Se trata de una medida importante, porque obliga a que las provincias reconozcan que tienen humedales que brindan servicios a la sociedad, y que establezcan qué categorías se le van a dar a esos humedales y que actividades se realizan en ellos. Hoy en Corrientes al no haber nada establecido, se deja hacer”, detalló Spataro.
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Fecha de Publicación: 18/11/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
La semana pasada obtuvo media sanción del Senado de la nación la ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales.
El despacho surgió del consenso entre el proyecto presentado por el senador del FAP, Rubén Giustiniani, elaborado por organizaciones ecologistas de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, y el proyecto de la legisladora por el FPV Elsa Ruiz Díaz. Luego del trabajo por consenso en la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el proyecto de ley pasará a la cámara de diputados para su debate en 2014.
Al respecto Emilio Spataro, referente de Guardianes del Iberá e impulsor de uno de los proyectos junto organizaciones ambientales, detalló las diferencias entre el proyecto consensuado y el presentado por los grupos ecologistas litoraleños: “en el proyecto consensuado no se establecen actividades prohibidas o sancionables, pero se ordena a las provincias a que determinen y restrinjan actividades agrícolas o industriales en la zona”.
La inciativa establece un fondo nacional para la protección de humedales naturales y artificiales cuya transferencia de recursos a las provincias corre por la autoridad de aplicación, con el objetivo de que los estados provinciales realicen una categorización de los humedales presentes en su territorio.
Esto implica una transferencia de recursos a las provincias y la realización de un inventario nacional que establezca cuáles y dónde están los humedales argentinos. A la vez, el proyecto reivindica el uso tradicional que hacen las comunidades que habitan en esos espacios, puestas en el centro de la escena.
“Se incluyeron los humedales de origen artificial, porque se tomó la definición de la Convención Ramsar, de la que Argentina es signataria. Se trata de una medida importante, porque obliga a que las provincias reconozcan que tienen humedales que brindan servicios a la sociedad, y que establezcan qué categorías se le van a dar a esos humedales y que actividades se realizan en ellos. Hoy en Corrientes al no haber nada establecido, se deja hacer”, detalló Spataro.
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Etiquetas:
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
Nacional,
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Las Universidades en Córdoba cuestionan a Monsanto
Universidades cuestionan autorización a Monsanto
Fecha de Publicación: 17/11/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde la UNC, la UCC y la UNRC reprochan la decisión provincial de permitir la construcción de la planta sin el estudio de impacto ambiental previo.
Más allá de las consideraciones técnicas y ambientales que surjan sobre la radicación de Monsanto en Córdoba, tres de las principales universidades de la provincia opinan de manera casi idéntica en otro aspecto: critican el proceso de autorización inicial que permitió el comienzo de la construcción de la planta de acondicionamiento y secado de semillas de maíz.
Cuestionan un punto central: que se haya procedido sin que la compañía multinacional presentara antes la evaluación de impacto ambiental (EIA).
Los informes provienen del Observatorio de Prácticas de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
En el caso de la UNC y la UNRC, estas conclusiones son independientes de las valoraciones que pudieran surgir de las distintas facultades que forman estas universidades respecto de las consecuencias ambientales –o de la falta de ella– en el proceso industrial que realizará Monsanto.
La Provincia fue consultada sobre el tema, ya que la Secretaría de Ambiente es el blanco de las críticas. Pero hasta ayer no hubo respuesta.
Por el lado de la empresa, ayer publicamos en nuestra sección Opinión un artículo de su vicepresidente en Argentina, Pablo Vaquero, en el que dice que Monsanto “nunca incumplió ninguna ley nacional, provincial o local en la inversión productiva en Córdoba”.
Sostuvo que “la Justicia provincial ratificó en diversas instancias que los derechos de Monsanto son violentados por activistas políticos” y agregó que “desde hace más de un año” están en contacto con los vecinos de Malvinas Argentinas.
UNC. Señala que el proyecto “es uno solo” y “debe ser objeto de evaluación de impacto ambiental previa a su ejecución”. Cuestiona que, al fraccionar el proyecto en etapas y ser autorizado por la Secretaría de Ambiente de Córdoba a presentar sólo evaluaciones parciales, se produce como resultado “una segmentación de sucesivos informes meramente declarativos y parciales” (ver Informe de la UNC).
Agrega que “la Secretaría de Ambiente realizó una clasificación o categorización inicial del proyecto, estableciendo que quedaba sometido a una evaluación de impacto ambiental completa. Pero, sugestivamente, adopta y adapta el esquema desagregado (...), según las etapas que la propia Monsanto Argentina Saic formula en su presentación”.
El informe resalta que el “diferimiento de la EIA, que ya no será previa sino ex post de la emisión de sucesivos salvoconductos amoldados a los requerimientos y etapas delineados por la propia empresa, impedirá contemplar posibilidades de mejoramiento o cambios de la localización o diseños alternativos del proyecto”.
En resumen, el Observatorio señala que no se cumplió con la Ley General del Ambiente 25.675 respecto de los pasos previos que deben asegurar la participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la información necesaria para ello (como la EIA). Y que su cumplimiento es obligatorio para la Provincia.
UCC. También cuestionó el proceso jurídico que autorizó la construcción de la planta de Monsanto. Señaló que la EIA debió ser previa a su ejecución y recordó que en este caso debe regir el principio precautorio: “El derecho a un ambiente sano es un derecho humano; nuestra legislación prevé utilizar el principio precautorio ante situaciones de inminente impacto ambiental negativo. Derechos y legislación deben ser respetados”, señalaron, en el mismo sentido que la UNC (ver Comunicado de prensa de la UCC 27/09/2013).
UNRC. El Observatorio señala que “se debería consultar por qué no está como antecedente en el Aviso de Proyecto la factibilidad de ubicación, documentación indispensable sin la cual la Secretaría de Ambiente ni siquiera acepta el ingreso del expediente”. Señala que la reglamentación de la ley provincial 7.343 incluye requisitos que en este caso justifican la exigencia del estudio de impacto ambiental previo (ver Informe de la UNRC).
Afirma que Monsanto “debería aguardar a la Licencia Ambiental, otorgada por resolución por la Secretaría de Ambiente de la Provincia, para comenzar cualquier obra en el terreno”. Agrega que, “como se supone no ha habido un pronunciamiento a ese respecto, las obras emprendidas podrían estar constituyendo una manifiesta irregularidad”.
Por último, recomienda “exigir el estudio de impacto ambiental, junto con una audiencia pública que den legitimidad ambiental y social, para autorizar un emprendimiento de esta magnitud”.
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Fecha de Publicación: 17/11/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde la UNC, la UCC y la UNRC reprochan la decisión provincial de permitir la construcción de la planta sin el estudio de impacto ambiental previo.
Más allá de las consideraciones técnicas y ambientales que surjan sobre la radicación de Monsanto en Córdoba, tres de las principales universidades de la provincia opinan de manera casi idéntica en otro aspecto: critican el proceso de autorización inicial que permitió el comienzo de la construcción de la planta de acondicionamiento y secado de semillas de maíz.
Cuestionan un punto central: que se haya procedido sin que la compañía multinacional presentara antes la evaluación de impacto ambiental (EIA).
Los informes provienen del Observatorio de Prácticas de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
En el caso de la UNC y la UNRC, estas conclusiones son independientes de las valoraciones que pudieran surgir de las distintas facultades que forman estas universidades respecto de las consecuencias ambientales –o de la falta de ella– en el proceso industrial que realizará Monsanto.
La Provincia fue consultada sobre el tema, ya que la Secretaría de Ambiente es el blanco de las críticas. Pero hasta ayer no hubo respuesta.
Por el lado de la empresa, ayer publicamos en nuestra sección Opinión un artículo de su vicepresidente en Argentina, Pablo Vaquero, en el que dice que Monsanto “nunca incumplió ninguna ley nacional, provincial o local en la inversión productiva en Córdoba”.
Sostuvo que “la Justicia provincial ratificó en diversas instancias que los derechos de Monsanto son violentados por activistas políticos” y agregó que “desde hace más de un año” están en contacto con los vecinos de Malvinas Argentinas.
UNC. Señala que el proyecto “es uno solo” y “debe ser objeto de evaluación de impacto ambiental previa a su ejecución”. Cuestiona que, al fraccionar el proyecto en etapas y ser autorizado por la Secretaría de Ambiente de Córdoba a presentar sólo evaluaciones parciales, se produce como resultado “una segmentación de sucesivos informes meramente declarativos y parciales” (ver Informe de la UNC).
Agrega que “la Secretaría de Ambiente realizó una clasificación o categorización inicial del proyecto, estableciendo que quedaba sometido a una evaluación de impacto ambiental completa. Pero, sugestivamente, adopta y adapta el esquema desagregado (...), según las etapas que la propia Monsanto Argentina Saic formula en su presentación”.
El informe resalta que el “diferimiento de la EIA, que ya no será previa sino ex post de la emisión de sucesivos salvoconductos amoldados a los requerimientos y etapas delineados por la propia empresa, impedirá contemplar posibilidades de mejoramiento o cambios de la localización o diseños alternativos del proyecto”.
En resumen, el Observatorio señala que no se cumplió con la Ley General del Ambiente 25.675 respecto de los pasos previos que deben asegurar la participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la información necesaria para ello (como la EIA). Y que su cumplimiento es obligatorio para la Provincia.
UCC. También cuestionó el proceso jurídico que autorizó la construcción de la planta de Monsanto. Señaló que la EIA debió ser previa a su ejecución y recordó que en este caso debe regir el principio precautorio: “El derecho a un ambiente sano es un derecho humano; nuestra legislación prevé utilizar el principio precautorio ante situaciones de inminente impacto ambiental negativo. Derechos y legislación deben ser respetados”, señalaron, en el mismo sentido que la UNC (ver Comunicado de prensa de la UCC 27/09/2013).
UNRC. El Observatorio señala que “se debería consultar por qué no está como antecedente en el Aviso de Proyecto la factibilidad de ubicación, documentación indispensable sin la cual la Secretaría de Ambiente ni siquiera acepta el ingreso del expediente”. Señala que la reglamentación de la ley provincial 7.343 incluye requisitos que en este caso justifican la exigencia del estudio de impacto ambiental previo (ver Informe de la UNRC).
Afirma que Monsanto “debería aguardar a la Licencia Ambiental, otorgada por resolución por la Secretaría de Ambiente de la Provincia, para comenzar cualquier obra en el terreno”. Agrega que, “como se supone no ha habido un pronunciamiento a ese respecto, las obras emprendidas podrían estar constituyendo una manifiesta irregularidad”.
Por último, recomienda “exigir el estudio de impacto ambiental, junto con una audiencia pública que den legitimidad ambiental y social, para autorizar un emprendimiento de esta magnitud”.
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Otro desmonte conflictivo e ilegal en Salta
Aprobarán otro desmonte en una zona en conflicto con campesinos
Fecha de Publicación: 16/11/2013
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta
Una nueva recategorización de las que viene realizando el Ministerio de Ambiente se pudo conocer tras ser publicada en el Boletín Oficial la convocatoria a una audiencia pública para el desmonte de 5.745 hectáreas en la Finca Pluma de Pato, en el departamento Rivadavia.
La zona que estaba dispuesta en color amarillo, y que se encuentra habitada por distintas familias de campesinos, fue recategorizada y, según la empresa, entre los requisitos cumplidos ante la conflictividad que presenta esta zona, los empresarios Fernando Munzi, y Agustín Vidizzoni (que solicitaron este desmonte), indicaron que en la zona se había logrado disponer por convenio la entrega de tierras y relocalización de las familias campesinas con entregas que van de 50 a 100 hectáreas por familia y en la que se incluye la construcción de una vivienda.
La finca, que según la convocatoria del desmonte se denomina "La Luz del Chaco", se encuentra entre "dos pueblos de pastajeros", por lo cual llevó a hacer el análisis, en tanto se extiende entre Rivadavia y hasta Dragones (en el departamento San Martín).
Si bien se conoce de esta acción llevada adelante con los campesinos, desde la Mesa Coordinadora de Tierras de la ruta Nº 81 se indicó que se participará de la audiencia convocada para el próximo jueves, aunque con una posición contraria a los desmontes. "Entendemos que el desmonte es perjudicial y a gran escala no solo perjudica a los que están alrededor. Esta no es una zona para hacer los desmontes por los vientos o los calores", dijo Lucia Ruiz, una de las integrantes de la mesa mencionada.
Indicó que si bien hubo acuerdos con los empresarios, fue por la reubicación de un camino que pasaba por medio de la Finca. La nueva vía se realizó orillando la finca.
Y es que en principio se quería llevar el camino dentro del lote fiscal Nº 21, pero los que viven dentro de esas tierras no quisieron en tanto aumenta en ese caso el riesgo de robo de animales, además de quitarles espacio.
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Fecha de Publicación: 16/11/2013
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta
Una nueva recategorización de las que viene realizando el Ministerio de Ambiente se pudo conocer tras ser publicada en el Boletín Oficial la convocatoria a una audiencia pública para el desmonte de 5.745 hectáreas en la Finca Pluma de Pato, en el departamento Rivadavia.
La zona que estaba dispuesta en color amarillo, y que se encuentra habitada por distintas familias de campesinos, fue recategorizada y, según la empresa, entre los requisitos cumplidos ante la conflictividad que presenta esta zona, los empresarios Fernando Munzi, y Agustín Vidizzoni (que solicitaron este desmonte), indicaron que en la zona se había logrado disponer por convenio la entrega de tierras y relocalización de las familias campesinas con entregas que van de 50 a 100 hectáreas por familia y en la que se incluye la construcción de una vivienda.
La finca, que según la convocatoria del desmonte se denomina "La Luz del Chaco", se encuentra entre "dos pueblos de pastajeros", por lo cual llevó a hacer el análisis, en tanto se extiende entre Rivadavia y hasta Dragones (en el departamento San Martín).
Si bien se conoce de esta acción llevada adelante con los campesinos, desde la Mesa Coordinadora de Tierras de la ruta Nº 81 se indicó que se participará de la audiencia convocada para el próximo jueves, aunque con una posición contraria a los desmontes. "Entendemos que el desmonte es perjudicial y a gran escala no solo perjudica a los que están alrededor. Esta no es una zona para hacer los desmontes por los vientos o los calores", dijo Lucia Ruiz, una de las integrantes de la mesa mencionada.
Indicó que si bien hubo acuerdos con los empresarios, fue por la reubicación de un camino que pasaba por medio de la Finca. La nueva vía se realizó orillando la finca.
Y es que en principio se quería llevar el camino dentro del lote fiscal Nº 21, pero los que viven dentro de esas tierras no quisieron en tanto aumenta en ese caso el riesgo de robo de animales, además de quitarles espacio.
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Etiquetas:
agricultura industrial,
Desmontes,
legislación y derecho ambiental,
Salta
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Las Sierras de Córdoba bajo estres hídrico
5 ciudades de Sierras Chicas con cortes de agua
Fecha de Publicación: 16/11/2013
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
Son los 100 mil habitantes de Villa Allende, La Calera, Saldán, Unquillo y Mendiolaza. Es por la rotura de un caño que lleva agua del Suquía.
A los problemas de agua crónicos que tienen cada verano las localidades de las Sierras Chicas, se suma uno: la rotura del caño que lleva agua cruda del río Suquía a la planta potabilizadora que está en La Calera.
Consecuencia: unos 100 mil vecinos desde La Calera hasta Unquillo con problemas de abastecimiento desde el viernes a la noche y hasta, con suerte, el lunes.
"La Provincia nos informó que está trabajando en la reparación, pero estamos en alerta, recomendando a todos que consuman sólo lo estrictamente necesario", dijo a Día a Día Raúl Hoya, presidente de la Cooperativa de Agua de Unquillo y Mendiolaza.
Si bien hasta el lunes la Provincia hizo un arreglo parcial, el ingreso de agua a la planta potabilizadora es mucho menor al habitual, lo que hace mermar fuertemente la cantidad de agua distribuida.
"El problema es que luego de 12 horas sin nada de agua (desde el viernes que se rompió), se vació todo el sistema y, ahora, recuperarlo con poco ingreso de líquido es muy complicado y lento", reconoció Hoya.
Hasta ahora, no está previsto suspender las clases el lunes en estas ciudades, pero todo dependerá de la evolución del parche y del tiempo que lleve arreglar el caño mañana.
"Me informaron de la Provincia que está garantizado el servicio. Al parecer hay un 50 por ciento de agua que está entrando", dijo Daniel Salibi, intendente de Mendiolaza.
Hay que esperar. Pero por las dudas, si vive en estas localidades y tiene servicio de agua, reserve lo que hay en el tanque. Las más complicadas serán los clientes de Unquillo, porque el agua tardará más en volver a los lugares más altos.
Una alternativa sería "abrir el grifo" por un par de días desde el dique La Quebrada, una válvula que se cerró hace dos meses para preservar el agua de ese lago para los habitantes de Río Ceballos.
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Fecha de Publicación: 16/11/2013
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
Son los 100 mil habitantes de Villa Allende, La Calera, Saldán, Unquillo y Mendiolaza. Es por la rotura de un caño que lleva agua del Suquía.
A los problemas de agua crónicos que tienen cada verano las localidades de las Sierras Chicas, se suma uno: la rotura del caño que lleva agua cruda del río Suquía a la planta potabilizadora que está en La Calera.
Consecuencia: unos 100 mil vecinos desde La Calera hasta Unquillo con problemas de abastecimiento desde el viernes a la noche y hasta, con suerte, el lunes.
"La Provincia nos informó que está trabajando en la reparación, pero estamos en alerta, recomendando a todos que consuman sólo lo estrictamente necesario", dijo a Día a Día Raúl Hoya, presidente de la Cooperativa de Agua de Unquillo y Mendiolaza.
Si bien hasta el lunes la Provincia hizo un arreglo parcial, el ingreso de agua a la planta potabilizadora es mucho menor al habitual, lo que hace mermar fuertemente la cantidad de agua distribuida.
"El problema es que luego de 12 horas sin nada de agua (desde el viernes que se rompió), se vació todo el sistema y, ahora, recuperarlo con poco ingreso de líquido es muy complicado y lento", reconoció Hoya.
Hasta ahora, no está previsto suspender las clases el lunes en estas ciudades, pero todo dependerá de la evolución del parche y del tiempo que lleve arreglar el caño mañana.
"Me informaron de la Provincia que está garantizado el servicio. Al parecer hay un 50 por ciento de agua que está entrando", dijo Daniel Salibi, intendente de Mendiolaza.
Hay que esperar. Pero por las dudas, si vive en estas localidades y tiene servicio de agua, reserve lo que hay en el tanque. Las más complicadas serán los clientes de Unquillo, porque el agua tardará más en volver a los lugares más altos.
Una alternativa sería "abrir el grifo" por un par de días desde el dique La Quebrada, una válvula que se cerró hace dos meses para preservar el agua de ese lago para los habitantes de Río Ceballos.
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Reserva Nacional de Pizarro: piden acelerar los trámites
Piden al Congreso acelerar la creación de la Reserva Nacional de Pizarro
Fecha de Publicación: 15/11/2013
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Nacional
Tras a dar a conocer el informe de los distintos incumplimientos en la zona donde se pretende establecer la anhelada Reserva Nacional de Pizarro, desde Greenpeace se hizo una presentación a la Cámara de Diputados de la Nación a fin de que se acelere el proceso de aprobación de la Reserva Nacional de Pizarro, en Anta.
En la carta se manifestó la preocupación que existe entre los ambientalistas "frente a la posible no concreción de la Reserva Nacional Pizarro -ubicada en el departamento Anta de la provincia de Salta- por vencimiento del plazo para aceptar la cesión de jurisdicción efectuada oportunamente por la provincia".
El área protegida de Pizarro fue creada en 1995 para preservar una diversidad de ambientes del norte argentino.
En febrero de 2004 una ley provincial desafectó a la reserva de su condición de área protegida, con el objetivo de lotearla, rematarla y destinarla a distintas actividades agropecuarias.
El caso motivó el rechazo de la Universidad Nacional de Salta, de los habitantes de la reserva y de numerosas organizaciones ambientalistas. El conflicto tuvo su pico de tensión cuando un grupo de compradores de la reserva se aprestaba a iniciar el desmonte en la zona.
En ese momento se intensifica la campaña y la Administración de Parques Nacionales (APN) manifiesta su interés en incorporar a Pizarro a su jurisdicción.
Así, el 29 de septiembre de 2005 el presidente Néstor Kirchner se comprometió a intervenir en el caso, luego de recibir a una delegación de la comunidad wichí.
Si bien se firmó en 2005 un acuerdo entre APN y el Gobierno provincial para llegar a tener una reserva de cerca de 60.000 hectáreas poco se avanzó en la concreción del acuerdo.
Hubo desmontes en distintas zonas que se esperaba, fueran dispuestas en la reserva nacional. Ante esta realidad, que pone en peligro la funcionalidad de la futura reserva, se solicitó que se "urgentemente sobre tablas el proyecto de creación de la Reserva Nacional Pizarro en los términos acordados hace ocho años entre la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de Salta".
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Fecha de Publicación: 15/11/2013
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Nacional
Tras a dar a conocer el informe de los distintos incumplimientos en la zona donde se pretende establecer la anhelada Reserva Nacional de Pizarro, desde Greenpeace se hizo una presentación a la Cámara de Diputados de la Nación a fin de que se acelere el proceso de aprobación de la Reserva Nacional de Pizarro, en Anta.
En la carta se manifestó la preocupación que existe entre los ambientalistas "frente a la posible no concreción de la Reserva Nacional Pizarro -ubicada en el departamento Anta de la provincia de Salta- por vencimiento del plazo para aceptar la cesión de jurisdicción efectuada oportunamente por la provincia".
El área protegida de Pizarro fue creada en 1995 para preservar una diversidad de ambientes del norte argentino.
En febrero de 2004 una ley provincial desafectó a la reserva de su condición de área protegida, con el objetivo de lotearla, rematarla y destinarla a distintas actividades agropecuarias.
El caso motivó el rechazo de la Universidad Nacional de Salta, de los habitantes de la reserva y de numerosas organizaciones ambientalistas. El conflicto tuvo su pico de tensión cuando un grupo de compradores de la reserva se aprestaba a iniciar el desmonte en la zona.
En ese momento se intensifica la campaña y la Administración de Parques Nacionales (APN) manifiesta su interés en incorporar a Pizarro a su jurisdicción.
Así, el 29 de septiembre de 2005 el presidente Néstor Kirchner se comprometió a intervenir en el caso, luego de recibir a una delegación de la comunidad wichí.
Si bien se firmó en 2005 un acuerdo entre APN y el Gobierno provincial para llegar a tener una reserva de cerca de 60.000 hectáreas poco se avanzó en la concreción del acuerdo.
Hubo desmontes en distintas zonas que se esperaba, fueran dispuestas en la reserva nacional. Ante esta realidad, que pone en peligro la funcionalidad de la futura reserva, se solicitó que se "urgentemente sobre tablas el proyecto de creación de la Reserva Nacional Pizarro en los términos acordados hace ocho años entre la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de Salta".
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Córdoba: crean nuevas reservas, pero fuera de la ley
Nuevos parques provinciales no se ajustan a la ley vigente
Fecha de Publicación: 15/11/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El Foro Ambiental reclama a la Provincia que en los proyectos de creación de parques en el Cerro Colorado y en los bañados del río Dulce se mencione la ley de áreas naturales.
El Foro Ambiental Córdoba presentó notas a integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Provincia para reclamar que los proyectos de creación de parques en el Cerro Colorado y los bañados del río Dulce se ajusten a la actual ley de áreas naturales.
Las iniciativas enviadas a la Legislatura por el Poder Ejecutivo promueven la creación de un Parque Natural de Interés Provincial en unas 700 mil hectáreas en los bañados del río Dulce y laguna Mar Chiquita y un Parque Cultural de Interés Provincial, en un área de 522 hectáreas en la zona de Cerro Colorado.
Estas dos categorías no están previstas en la ley 6.964 de áreas naturales. De hecho los proyectos ni siquiera mencionan esta norma madre en materia de protección de ecosistemas provinciales.
La ONG envío 74 notas dirigidas al gobernador, a la vicegobernadora, al ministro de Agua, Ambiente y Energía, a la ministra de Justicia y a los 70 legisladores.
“Encuadran a los predios en categorías de conservación que no existen en nuestro marco legal, por lo que resulta incierto si serán más o menos restrictivas que las categorías en que se encuentran actualmente”, resume Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental.
La ley 6.964 fija las normas de protección en área naturales. La categoría más restrictiva, áreas destinadas a uso no extractivo y rigurosa intervención del Estado, son los Parques Naturales Provinciales.
Hay una sutil diferencia de denominación entre “Parque Natural Provincial” y “Parque Natural de Interés Provincial” que se puede prestar a malas interpretaciones, alertaron desde la ONG.
En la actualidad, los bañados del río Dulce son una Reserva Natural, e incluye predios estatales y privados. El nuevo proyecto prevé la expropiación de los campos particulares siempre y cuando no “estén destinados o tengan aptitud para la explotación agrícola”.
Legado cultural
Una situación similar ocurre con el proyecto de Cerro Colorado. El concepto de “Parque Cultural de Interés Provincial” no existe en la norma. Esta región está protegida como Reserva Cultural Natural en el marco de la ley 6.964.
Desde la ONG entienden que si se quisiera mejorar su nivel de protección, se debería modificar la norma pues no incluye una categoría de protección máxima para regiones que además de un valor natural tengan valor cultural.
Otra opción que plantean es directamente incluirla con Parque Natural Provincial, “cuyo manejo esté especialmente dirigido para la protección de testimonio cultural que representan las pinturas rupestres.
Guillermo Bornancini, astrónomo y estudiante de antropología que ha estudiado el legado cultural del Cerro Colorado, apunta que el proyecto es negativo. “La iniciativa podría afectar a los campesinos y picaderos artesanos, pues se expropiarían sus campos”, dice.
Y agrega: “Con el proyecto se expropiará el 80 por ciento de los sitios con pinturas rupestres. Los guías particulares podrían hacer un uso excesivo de los restantes sitios (por medio de visitas), produciendo alteraciones graves, aceleradas y no estipuladas, tanto del ambiente cercano a los sitios como a los sitios mismos”.
Los proyectos
Nordeste. En los bañados del río Dulce se creará un Parque Natural de Interés Provincial, de 700 mil hectáreas.
Cultural. En la zona del Cerro Colorado se creará un Parque Cultural de Interés Provincial, de 522 hectáreas.
La ley. La ley 6.964 de áreas natural no prevé estas categorías.
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Fecha de Publicación: 15/11/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El Foro Ambiental reclama a la Provincia que en los proyectos de creación de parques en el Cerro Colorado y en los bañados del río Dulce se mencione la ley de áreas naturales.
El Foro Ambiental Córdoba presentó notas a integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Provincia para reclamar que los proyectos de creación de parques en el Cerro Colorado y los bañados del río Dulce se ajusten a la actual ley de áreas naturales.
Las iniciativas enviadas a la Legislatura por el Poder Ejecutivo promueven la creación de un Parque Natural de Interés Provincial en unas 700 mil hectáreas en los bañados del río Dulce y laguna Mar Chiquita y un Parque Cultural de Interés Provincial, en un área de 522 hectáreas en la zona de Cerro Colorado.
Estas dos categorías no están previstas en la ley 6.964 de áreas naturales. De hecho los proyectos ni siquiera mencionan esta norma madre en materia de protección de ecosistemas provinciales.
La ONG envío 74 notas dirigidas al gobernador, a la vicegobernadora, al ministro de Agua, Ambiente y Energía, a la ministra de Justicia y a los 70 legisladores.
“Encuadran a los predios en categorías de conservación que no existen en nuestro marco legal, por lo que resulta incierto si serán más o menos restrictivas que las categorías en que se encuentran actualmente”, resume Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental.
La ley 6.964 fija las normas de protección en área naturales. La categoría más restrictiva, áreas destinadas a uso no extractivo y rigurosa intervención del Estado, son los Parques Naturales Provinciales.
Hay una sutil diferencia de denominación entre “Parque Natural Provincial” y “Parque Natural de Interés Provincial” que se puede prestar a malas interpretaciones, alertaron desde la ONG.
En la actualidad, los bañados del río Dulce son una Reserva Natural, e incluye predios estatales y privados. El nuevo proyecto prevé la expropiación de los campos particulares siempre y cuando no “estén destinados o tengan aptitud para la explotación agrícola”.
Legado cultural
Una situación similar ocurre con el proyecto de Cerro Colorado. El concepto de “Parque Cultural de Interés Provincial” no existe en la norma. Esta región está protegida como Reserva Cultural Natural en el marco de la ley 6.964.
Desde la ONG entienden que si se quisiera mejorar su nivel de protección, se debería modificar la norma pues no incluye una categoría de protección máxima para regiones que además de un valor natural tengan valor cultural.
Otra opción que plantean es directamente incluirla con Parque Natural Provincial, “cuyo manejo esté especialmente dirigido para la protección de testimonio cultural que representan las pinturas rupestres.
Guillermo Bornancini, astrónomo y estudiante de antropología que ha estudiado el legado cultural del Cerro Colorado, apunta que el proyecto es negativo. “La iniciativa podría afectar a los campesinos y picaderos artesanos, pues se expropiarían sus campos”, dice.
Y agrega: “Con el proyecto se expropiará el 80 por ciento de los sitios con pinturas rupestres. Los guías particulares podrían hacer un uso excesivo de los restantes sitios (por medio de visitas), produciendo alteraciones graves, aceleradas y no estipuladas, tanto del ambiente cercano a los sitios como a los sitios mismos”.
Los proyectos
Nordeste. En los bañados del río Dulce se creará un Parque Natural de Interés Provincial, de 700 mil hectáreas.
Cultural. En la zona del Cerro Colorado se creará un Parque Cultural de Interés Provincial, de 522 hectáreas.
La ley. La ley 6.964 de áreas natural no prevé estas categorías.
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Quieren sacar si o si la nueva ley de agroquímicos
La ley de agroquímicos saldría, 'así sea en la última sesión'
Fecha de Publicación: 14/11/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Buenos Aires
La comisión de Producción de la Cámara de Diputados provincial se reunirá la semana próxima para tratar el proyecto de ley sobre agroquímicos, confirmó a AIM el presidente del órgano, Oscar Arlettaz, quien afirmó que “haremos lo posible para sacarla, así sea en la última sesión”.
En diálogo con esta Agencia, el presidente de la comisión de Producción informó que el miércoles a las 9 se reunirán para retomar el trabajo en torno a la ley de agroquímicos. “La última vez tuvimos que suspender el encuentro por la sesión, así que pedí que no me modifiquen ésta vez”, indicó el senador.
Consulado sobre el posible tratamiento de la ley antes de fin de año, Arlettaz señaló que “haremos lo posible para sacarla, así sea en la última sesión”.
Los senadores entrerrianos han puesto énfasis en el caso de las escuelas rurales, “a las que habría que generarles además una barrera arbórea, que es una de las propuestas surgidas en comisión”.
Y en lo que hace a la disposición final de los envases, añadió que se trabaja teniendo en cuenta las prácticas que se observan en el campo entrerriano, tratando de alejar, con el buen manejo, el peligro para los trabajadores y habitantes.
Además, “revisaremos lo que se encuentra en comisión; si hay algo para mandar a archivo pero creemos que se encuentra todo ordenado”, añadió.
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Fecha de Publicación: 14/11/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Buenos Aires
La comisión de Producción de la Cámara de Diputados provincial se reunirá la semana próxima para tratar el proyecto de ley sobre agroquímicos, confirmó a AIM el presidente del órgano, Oscar Arlettaz, quien afirmó que “haremos lo posible para sacarla, así sea en la última sesión”.
En diálogo con esta Agencia, el presidente de la comisión de Producción informó que el miércoles a las 9 se reunirán para retomar el trabajo en torno a la ley de agroquímicos. “La última vez tuvimos que suspender el encuentro por la sesión, así que pedí que no me modifiquen ésta vez”, indicó el senador.
Consulado sobre el posible tratamiento de la ley antes de fin de año, Arlettaz señaló que “haremos lo posible para sacarla, así sea en la última sesión”.
Los senadores entrerrianos han puesto énfasis en el caso de las escuelas rurales, “a las que habría que generarles además una barrera arbórea, que es una de las propuestas surgidas en comisión”.
Y en lo que hace a la disposición final de los envases, añadió que se trabaja teniendo en cuenta las prácticas que se observan en el campo entrerriano, tratando de alejar, con el buen manejo, el peligro para los trabajadores y habitantes.
Además, “revisaremos lo que se encuentra en comisión; si hay algo para mandar a archivo pero creemos que se encuentra todo ordenado”, añadió.
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