Entre Ríos: ley de agroquímicos sigue discutiéndose
20:38 | 
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Ecologistas, empresas y funcionarios opinaron sobre la ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 13/12/2012
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
En la Comisión de Producción del Senado expusieron sus puntos de vista repersentantes del Foro Ecologista de Paraná, empresas agroaéreas y funcionarios de Producción.
En el marco de una reunión de la Comisión de Producción, que preside el representante de Colón Oscar Arlettaz, los legisladores que conforman este espacio recibieron la opinión de representantes del Foro Ecologista de Paraná, de la Cámara de Empresas Agro Aéreas y de funcionarios del ministerio de la producción sobre el proyecto de ley para regular el uso de agroquímicos. Los legisladores pidieron que las propuestas se hagan por escrito.
“El manejo y aplicación de agroquímicos es un tema central de nuestra agenda”, explicó Arlettaz y señaló que “el Senado mantiene y profundiza su concepto de oír a los interesados en brindar un punto de vista sobre los temas que tratamos”.
Después del encuentro, al que calificó que “intenso y enriquecedor”, comentó que le pidió a los participantes que acerquen por escrito sus posturas, tomando como base el proyecto que se encuentra en comisión.
Agregó que seguramente hará lo propio el conjunto de profesionales y asociaciones que trabajó en la sede del Colegio de Profesionales de la Agronomía y reiteró que “más allá de las posturas, hay que destacar el interés de los productores entrerrianos en contar con una norma moderna sobre regulación de agroquímicos y de los sectores de la comunidad organizada a través de asociaciones”.
“Cuando nos vayan entregando la documental la vamos a analizar con los asesores”, dijo, y reveló que “entre los senadores hemos observado la posibilidad de que una vez consensuado por nosotros un texto, lo volveremos a poner a consideración”.
“No es fácil encontrar un marco regulatorio que conforme a todos los interesados, pero habrá un trabajo a conciencia, recibiendo aportes como lo hacemos siempre, y de puertas abiertas para oír la mayor cantidad de opiniones posible”, reflexionó.
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Fecha de Publicación: 13/12/2012
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
En la Comisión de Producción del Senado expusieron sus puntos de vista repersentantes del Foro Ecologista de Paraná, empresas agroaéreas y funcionarios de Producción.
En el marco de una reunión de la Comisión de Producción, que preside el representante de Colón Oscar Arlettaz, los legisladores que conforman este espacio recibieron la opinión de representantes del Foro Ecologista de Paraná, de la Cámara de Empresas Agro Aéreas y de funcionarios del ministerio de la producción sobre el proyecto de ley para regular el uso de agroquímicos. Los legisladores pidieron que las propuestas se hagan por escrito.
“El manejo y aplicación de agroquímicos es un tema central de nuestra agenda”, explicó Arlettaz y señaló que “el Senado mantiene y profundiza su concepto de oír a los interesados en brindar un punto de vista sobre los temas que tratamos”.
Después del encuentro, al que calificó que “intenso y enriquecedor”, comentó que le pidió a los participantes que acerquen por escrito sus posturas, tomando como base el proyecto que se encuentra en comisión.
Agregó que seguramente hará lo propio el conjunto de profesionales y asociaciones que trabajó en la sede del Colegio de Profesionales de la Agronomía y reiteró que “más allá de las posturas, hay que destacar el interés de los productores entrerrianos en contar con una norma moderna sobre regulación de agroquímicos y de los sectores de la comunidad organizada a través de asociaciones”.
“Cuando nos vayan entregando la documental la vamos a analizar con los asesores”, dijo, y reveló que “entre los senadores hemos observado la posibilidad de que una vez consensuado por nosotros un texto, lo volveremos a poner a consideración”.
“No es fácil encontrar un marco regulatorio que conforme a todos los interesados, pero habrá un trabajo a conciencia, recibiendo aportes como lo hacemos siempre, y de puertas abiertas para oír la mayor cantidad de opiniones posible”, reflexionó.
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Pileta ilegal de vinaza de 5 km de largo
Detectan una pileta ilegal de vinaza de 5 km de largo, en el límite con Santiago
Fecha de Publicación: 12/12/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Por este motivo, el profesional tucumano Oscar Sarrulle denunció en la Justicia Federal la existencia de un gran riesgo ambiental por los residuos generados por el ingenio La Florida.
La pequeña localidad santiagueña El Palomar, en el departamento Jiménez, se ve nuevamente amenazada por la vinaza que genera el ingenio La Florida, de Tucumán, quien hace aproximadamente un mes, arrojó más de 80 millones de litros de desecho puro a la población a través del canal interprovincial del Este. Según reveló el abogado Oscar Sarrulle en diálogo exclusivo con EL LIBERAL, la firma que señaló pertenece a Jorge Rocchia Ferro y a su esposa Catalina Lonac, construyó dos reservorios clandestinos de vinaza de 5 kilómetros de largo, por 45 metros de ancho y 4,5 metros de profundidad, y que uno de ellos está repleto del desecho que se genera en la elaboración de bioetanol o alcohol de la melaza de caña de azúcar, muy cerca del acueducto.
“Santiago del Estero y la población de El Palomar se encuentran en riesgo”, indicó el letrado quien la semana pasada radicó una denuncia contra La Florida, al señalar que violó una disposición judicial del citado Juzgado Federal, que le impedía utilizar como reservorio los canales públicos de la vecina provincia.
Sarrulle hizo la presentación al tomar conocimiento del vuelco que se produjo el mes pasado en Tucumán y que llegó hasta la localidad santiagueña del departamento Jiménez. El abogado explicó que La Florida violó una sentencia dictada en 2011 en un recurso de amparo ambiental iniciado por Ramón Ricardo Rojas y otros 200 pobladores de la localidad de El Palomar, a quienes Sarrulle representó. Recordó que el entonces titular del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, Mario Racedo, prohibió arrojar vinaza en los canales de dominio público.
En tal sentido dijo que el Dr. Poviña debería pronunciarse rápidamente, en un trámite sumarísimo, y aplicar una multa que guarde relación con la magnitud del daño y con el beneficio que la planta industrial obtuvo al evitar el costo de tratar el residuo industrial. En tal sentido, haciendo cálculos de los 80 millones de litros de vinaza, y que a razón de que por cada litro de bioetanol se obtienen 13 litros de vinaza, Sarrulle expuso que la fábrica produjo 6.153.846 litros de biocombustible y que se paga $ 5 por litro. Por lo tanto, entiende que una multa debería superar los $ 30 millones, que resulta de multiplicar la cantidad de biocombustible por 5, el valor del litro de bioetanol.
“Esa es la clave de la bóveda, la producción de biocombustible es un negocio multimillonario, produce una renta extraordinaria al externalizar las industrias azucareras el costo de tratar la vinaza y trasladárselo a los pobres de Santiago del Estero”, cuestionó.
Al preguntársele si esos responsables tienen nombre y apellido, disparó: “En este caso, sí, Jorge Rocchia Ferro y Catalina Lonac, son los dueños, más allá de que le pongan nombre de fantasía como grupo Los Balcanes a la propietaria de la firma”.
Como se recordará, Santiago del Estero a través del fiscal de Estado, Raúl Abate; y el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, radicaron una denuncia en el Juzgado Federal de Santiago del Estero, por el vuelco de vinaza de La Florida.
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Fecha de Publicación: 12/12/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Por este motivo, el profesional tucumano Oscar Sarrulle denunció en la Justicia Federal la existencia de un gran riesgo ambiental por los residuos generados por el ingenio La Florida.La pequeña localidad santiagueña El Palomar, en el departamento Jiménez, se ve nuevamente amenazada por la vinaza que genera el ingenio La Florida, de Tucumán, quien hace aproximadamente un mes, arrojó más de 80 millones de litros de desecho puro a la población a través del canal interprovincial del Este. Según reveló el abogado Oscar Sarrulle en diálogo exclusivo con EL LIBERAL, la firma que señaló pertenece a Jorge Rocchia Ferro y a su esposa Catalina Lonac, construyó dos reservorios clandestinos de vinaza de 5 kilómetros de largo, por 45 metros de ancho y 4,5 metros de profundidad, y que uno de ellos está repleto del desecho que se genera en la elaboración de bioetanol o alcohol de la melaza de caña de azúcar, muy cerca del acueducto.
“Santiago del Estero y la población de El Palomar se encuentran en riesgo”, indicó el letrado quien la semana pasada radicó una denuncia contra La Florida, al señalar que violó una disposición judicial del citado Juzgado Federal, que le impedía utilizar como reservorio los canales públicos de la vecina provincia.
Sarrulle hizo la presentación al tomar conocimiento del vuelco que se produjo el mes pasado en Tucumán y que llegó hasta la localidad santiagueña del departamento Jiménez. El abogado explicó que La Florida violó una sentencia dictada en 2011 en un recurso de amparo ambiental iniciado por Ramón Ricardo Rojas y otros 200 pobladores de la localidad de El Palomar, a quienes Sarrulle representó. Recordó que el entonces titular del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, Mario Racedo, prohibió arrojar vinaza en los canales de dominio público.
En tal sentido dijo que el Dr. Poviña debería pronunciarse rápidamente, en un trámite sumarísimo, y aplicar una multa que guarde relación con la magnitud del daño y con el beneficio que la planta industrial obtuvo al evitar el costo de tratar el residuo industrial. En tal sentido, haciendo cálculos de los 80 millones de litros de vinaza, y que a razón de que por cada litro de bioetanol se obtienen 13 litros de vinaza, Sarrulle expuso que la fábrica produjo 6.153.846 litros de biocombustible y que se paga $ 5 por litro. Por lo tanto, entiende que una multa debería superar los $ 30 millones, que resulta de multiplicar la cantidad de biocombustible por 5, el valor del litro de bioetanol.
“Esa es la clave de la bóveda, la producción de biocombustible es un negocio multimillonario, produce una renta extraordinaria al externalizar las industrias azucareras el costo de tratar la vinaza y trasladárselo a los pobres de Santiago del Estero”, cuestionó.
Al preguntársele si esos responsables tienen nombre y apellido, disparó: “En este caso, sí, Jorge Rocchia Ferro y Catalina Lonac, son los dueños, más allá de que le pongan nombre de fantasía como grupo Los Balcanes a la propietaria de la firma”.
Como se recordará, Santiago del Estero a través del fiscal de Estado, Raúl Abate; y el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, radicaron una denuncia en el Juzgado Federal de Santiago del Estero, por el vuelco de vinaza de La Florida.
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Peritarán a Atanor por posible contaminación
El lunes comienzan los peritajes en Atanor por posible contaminación: buscarán detectar si es cierto que se enterraban residuos
Fecha de Publicación: 12/12/2012
Fuente: Diario El Norte
Provincia/Región: Buenos Aires
En el marco de una causa judicial que tiene por objeto determinar si existen o no desechos químicos contaminantes enterrados en el predio en que opera la planta química de Atanor en la zona sur de nuestra ciudad, a partir de este lunes comenzarán a desarrollarse peritajes ordenados por la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, y coordinados localmente desde la Unidad Funcional de Instrucción Nº6 (UFI 6) del Departamento Judicial de San Nicolás, a cargo del Dr. Darío Giagnorio.
El dato fue revelado desde la ong local «Protección Ambiental del Río Paraná, Control de la Contaminación y Restauración del Hábitat», que tiene como presidente a Walter Ibarra, ex trabajador de Atanor y testigo que declaró en el marco de la causa.
Desde la UFI 6 todavía no brindaron mayores precisiones al respecto, pero sí adelantaron que en la tarde del jueves o la mañana del viernes emitirán un comunicado de prensa a los medios locales informando cómo se instrumentará el operativo.
Los datos en cuanto a la metodología de los peritajes no serán de menor importancia, dado que es una cuestión en que Ibarra como la propia Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires tienen puesta su expectativa.
En concreto, Ibarra comentó a EL NORTE su intención de ser citado -junto con el resto de los testigos- a participar de las pericias “para indicar el lugar exacto donde están enterrados los productos”. Otro punto que el presidente de «Protección Ambiental del Río Paraná» entiende que es de importancia decisiva, tiene que ver con el método empleado para la constatación de eventuales desechos bajo la superficie del suelo.
“Hay que perforar”
“Luego de enterrar desechos contaminantes se hizo una especie de bóveda de hormigón. Por ese motivo, si en vez de perforar el suelo se emplean artefactos detectores, el resultado será negativo, porque dado el grosor de la capa de hormigón los artefactos no llegarán a detectar los materiales contaminantes”, explicó Ibarra.
Incluso refirió que el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Bonicatto, comparte estos criterios y estará este jueves en San Nicolás para participar -a las 12:30- de una reunión con el fiscal, a la que incluso sería convocado el intendente municipal Ismael Passaglia.
“Utilizando su poder, la empresa está tratando de digitar el allanamiento y pericias dispuestos por la Justicia en el marco de la investigación de la contaminación de los suelos, imponiendo pautas de manera de encubrir y retardar la aparición de la verdad. Nosotros [los testigos] deseamos señalar personalmente y en el lugar, el sitio donde se encuentra cada una de las fuentes de contaminación”, expresó la ong a través de un comunicado difundido ayer.
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Fecha de Publicación: 12/12/2012
Fuente: Diario El Norte
Provincia/Región: Buenos Aires
En el marco de una causa judicial que tiene por objeto determinar si existen o no desechos químicos contaminantes enterrados en el predio en que opera la planta química de Atanor en la zona sur de nuestra ciudad, a partir de este lunes comenzarán a desarrollarse peritajes ordenados por la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, y coordinados localmente desde la Unidad Funcional de Instrucción Nº6 (UFI 6) del Departamento Judicial de San Nicolás, a cargo del Dr. Darío Giagnorio.El dato fue revelado desde la ong local «Protección Ambiental del Río Paraná, Control de la Contaminación y Restauración del Hábitat», que tiene como presidente a Walter Ibarra, ex trabajador de Atanor y testigo que declaró en el marco de la causa.
Desde la UFI 6 todavía no brindaron mayores precisiones al respecto, pero sí adelantaron que en la tarde del jueves o la mañana del viernes emitirán un comunicado de prensa a los medios locales informando cómo se instrumentará el operativo.
Los datos en cuanto a la metodología de los peritajes no serán de menor importancia, dado que es una cuestión en que Ibarra como la propia Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires tienen puesta su expectativa.
En concreto, Ibarra comentó a EL NORTE su intención de ser citado -junto con el resto de los testigos- a participar de las pericias “para indicar el lugar exacto donde están enterrados los productos”. Otro punto que el presidente de «Protección Ambiental del Río Paraná» entiende que es de importancia decisiva, tiene que ver con el método empleado para la constatación de eventuales desechos bajo la superficie del suelo.
“Hay que perforar”
“Luego de enterrar desechos contaminantes se hizo una especie de bóveda de hormigón. Por ese motivo, si en vez de perforar el suelo se emplean artefactos detectores, el resultado será negativo, porque dado el grosor de la capa de hormigón los artefactos no llegarán a detectar los materiales contaminantes”, explicó Ibarra.
Incluso refirió que el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Bonicatto, comparte estos criterios y estará este jueves en San Nicolás para participar -a las 12:30- de una reunión con el fiscal, a la que incluso sería convocado el intendente municipal Ismael Passaglia.
“Utilizando su poder, la empresa está tratando de digitar el allanamiento y pericias dispuestos por la Justicia en el marco de la investigación de la contaminación de los suelos, imponiendo pautas de manera de encubrir y retardar la aparición de la verdad. Nosotros [los testigos] deseamos señalar personalmente y en el lugar, el sitio donde se encuentra cada una de las fuentes de contaminación”, expresó la ong a través de un comunicado difundido ayer.
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Siguen los asesinatos al pueblo Qom
Más asesinatos en la comunidad Qom de Formosa
Fecha de Publicación: 12/12/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Formosa
Mientras este domingo en Plaza de Mayo se festejaba la democracia y los derechos humanos, en la comunidad qom de Misión Tacaaglé de Formosa, las fuerzas de seguridad se llevaron otra vida. Ricardo Coyipé, su señora Celestina Jara y su nieta de ocho meses fueron atropellados por el gendarme Cardozo.
Celestina falleció durante la tarde, el esposo está muy herido y la beba muy grave. Félix Díaz dijo que "Cardozo después de atropellarlos se bajó del auto y en vez de auxiliarlos pateó al hermano".
Ricardo Coyipé y su esposa Celestina Jara, de la comunidad qom Misión Tacaaglé, en horas del mediodía del domingo circulaban en moto por la ruta cuando el gendarme Cardozo los atropelló con su auto. El matrimonio iba con su nieta de ocho meses. La señora falleció durante la tarde, Ricardo está "muy herido" pero "teme ir al hospital" y la beba "fue trasladada a Formosa Capital, en estado muy grave", según informó Clorinda Noticias.
El juez Gabriel Garzón, el mismo que acudió durante la represión a los qom el 23 de noviembre de 2010, se presentó en el lugar y caratuló la causa de "Homicidio Culposo".
Ricardo Coyipé había participado de la protesta en la ruta 86, el 23 de noviembre de 2010 y quedó con muchas secuelas por las heridas recibidas durante la brutal represión, cuando reclamaban el territorio ancestral que les quitaron.
Félix Díaz, de la comunidad qom, habló con Ricardo Romano de la fuente citada y dijo que "el gendarme Cardozo es de la zona" y "conoce a Coyipé". También agregó que "fue un acto totalmente intencional, fue intento de homicidio porque Cardozo después de atropellarlos se bajó del auto y en vez de auxiliarlos pateó al hermano. Siento mucho dolor porque nos tratan de esta forma, mucha impotencia, mucha injusticia, porque en vez de ser escuchados nos tratan de esta manera, tratan de matarnos y nos discriminan. En el reclamo territorial hay muchos intereses creados entonces nos presionan de esta manera, hasta matándonos, para que abandonemos la lucha, pero nunca dejaremos esta lucha porque la sangre que se derrama es muy valiosa y ya nunca se podrá retroceder. Porque la vida no tiene precio, porque es igual que la tierra y la tierra es la vida misma para nosotros", finalizó.
Una vez más, en la provincia de Formosa se demuestra que los derechos humanos no son para los aborígenes.
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Fecha de Publicación: 12/12/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Formosa
Mientras este domingo en Plaza de Mayo se festejaba la democracia y los derechos humanos, en la comunidad qom de Misión Tacaaglé de Formosa, las fuerzas de seguridad se llevaron otra vida. Ricardo Coyipé, su señora Celestina Jara y su nieta de ocho meses fueron atropellados por el gendarme Cardozo.Celestina falleció durante la tarde, el esposo está muy herido y la beba muy grave. Félix Díaz dijo que "Cardozo después de atropellarlos se bajó del auto y en vez de auxiliarlos pateó al hermano".
Ricardo Coyipé y su esposa Celestina Jara, de la comunidad qom Misión Tacaaglé, en horas del mediodía del domingo circulaban en moto por la ruta cuando el gendarme Cardozo los atropelló con su auto. El matrimonio iba con su nieta de ocho meses. La señora falleció durante la tarde, Ricardo está "muy herido" pero "teme ir al hospital" y la beba "fue trasladada a Formosa Capital, en estado muy grave", según informó Clorinda Noticias.
El juez Gabriel Garzón, el mismo que acudió durante la represión a los qom el 23 de noviembre de 2010, se presentó en el lugar y caratuló la causa de "Homicidio Culposo".
Ricardo Coyipé había participado de la protesta en la ruta 86, el 23 de noviembre de 2010 y quedó con muchas secuelas por las heridas recibidas durante la brutal represión, cuando reclamaban el territorio ancestral que les quitaron.
Félix Díaz, de la comunidad qom, habló con Ricardo Romano de la fuente citada y dijo que "el gendarme Cardozo es de la zona" y "conoce a Coyipé". También agregó que "fue un acto totalmente intencional, fue intento de homicidio porque Cardozo después de atropellarlos se bajó del auto y en vez de auxiliarlos pateó al hermano. Siento mucho dolor porque nos tratan de esta forma, mucha impotencia, mucha injusticia, porque en vez de ser escuchados nos tratan de esta manera, tratan de matarnos y nos discriminan. En el reclamo territorial hay muchos intereses creados entonces nos presionan de esta manera, hasta matándonos, para que abandonemos la lucha, pero nunca dejaremos esta lucha porque la sangre que se derrama es muy valiosa y ya nunca se podrá retroceder. Porque la vida no tiene precio, porque es igual que la tierra y la tierra es la vida misma para nosotros", finalizó.
Una vez más, en la provincia de Formosa se demuestra que los derechos humanos no son para los aborígenes.
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Macri dice que trabajará para reducir la basura
Aprobarán el plan de Macri para reducir basura
Fecha de Publicación: 11/12/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Capital Federal
La Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) aprobará hoy la propuesta que formalizó la semana pasada el gobierno de Mauricio Macri para reducir hasta en un 78% el envío de basura al relleno Norte III de José León Suárez.
El organismo, que integran por partes iguales el gobierno porteño y el bonaerense, se reunirá este mediodía en asamblea extraordinaria para darle fuerza de acta acuerdo al plan diseñado por Mauricio Macri y que fue aceptado por Daniel Scioli. Participarán del encuentro el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez; el ministro de Espacios Públicos, Diego Santilli: y el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Hugo Bilbao.
El acta servirá de herramienta legal para controlar el ingreso de basura porteña al territorio provincial y fiscalizar que la Ciudad cumpla con su compromiso. El martes pasado, luego del ultimátum de Scioli, Macri presentó un plan para achicar las toneladas de residuos hasta en un 78% en el plazo de un año y medio, a través de un esquema escalonado que arrancará en enero con una baja del 10 por ciento. Hoy, la Ciudad entierra 6000 toneladas diarias en el relleno de San Martín, es decir que a partir del primer mes de 2013, deberá enviar 600 toneladas menos. En marzo, deberá bajar un 30% más y en junio de 2014 deberá cumplir la meta del 78 por ciento.
¿Qué ocurrirá si el gobierno porteño no cumple? El gobierno de Scioli ya advirtió que devolverá la basura que exceda la pauta fijada. "El acta de la asamblea extraordinaria indicará que el kilo de basura que exceda el compromiso asumido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, será devuelto, es decir, no aceptado en Ceamse", sostuvo el titular del OPDS, Hugo Bilbao, y advirtió que el acta "es una ley, es una regla, determina y obliga a determinadas condiciones".
A principios de diciembre, Scioli intimó a Macri mediante una dura carta a cumplir con la Ley de Basura Cero, bajo amenaza de prohibir el ingreso de residuos sólidos al territorio bonaerense. El gobierno provincial trabaja, por su parte, para que los municipios del Conurbano también reduzcan las toneladas que envían al Norte III.«
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Fecha de Publicación: 11/12/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Capital Federal
La Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) aprobará hoy la propuesta que formalizó la semana pasada el gobierno de Mauricio Macri para reducir hasta en un 78% el envío de basura al relleno Norte III de José León Suárez.El organismo, que integran por partes iguales el gobierno porteño y el bonaerense, se reunirá este mediodía en asamblea extraordinaria para darle fuerza de acta acuerdo al plan diseñado por Mauricio Macri y que fue aceptado por Daniel Scioli. Participarán del encuentro el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez; el ministro de Espacios Públicos, Diego Santilli: y el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Hugo Bilbao.
El acta servirá de herramienta legal para controlar el ingreso de basura porteña al territorio provincial y fiscalizar que la Ciudad cumpla con su compromiso. El martes pasado, luego del ultimátum de Scioli, Macri presentó un plan para achicar las toneladas de residuos hasta en un 78% en el plazo de un año y medio, a través de un esquema escalonado que arrancará en enero con una baja del 10 por ciento. Hoy, la Ciudad entierra 6000 toneladas diarias en el relleno de San Martín, es decir que a partir del primer mes de 2013, deberá enviar 600 toneladas menos. En marzo, deberá bajar un 30% más y en junio de 2014 deberá cumplir la meta del 78 por ciento.
¿Qué ocurrirá si el gobierno porteño no cumple? El gobierno de Scioli ya advirtió que devolverá la basura que exceda la pauta fijada. "El acta de la asamblea extraordinaria indicará que el kilo de basura que exceda el compromiso asumido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, será devuelto, es decir, no aceptado en Ceamse", sostuvo el titular del OPDS, Hugo Bilbao, y advirtió que el acta "es una ley, es una regla, determina y obliga a determinadas condiciones".
A principios de diciembre, Scioli intimó a Macri mediante una dura carta a cumplir con la Ley de Basura Cero, bajo amenaza de prohibir el ingreso de residuos sólidos al territorio bonaerense. El gobierno provincial trabaja, por su parte, para que los municipios del Conurbano también reduzcan las toneladas que envían al Norte III.«
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Las tormentas fuertes serán más frecuentes
Pronostican para el verano tormentas fuertes cada 4 días
Fecha de Publicación: 11/12/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital Federal
Según los meteorólogos que trabajan para la Ciudad serán intensas y se darán en enero y febrero. Explicaron que se las llama “lluvias de recurrencia”, un fenómeno que no sucede desde 1963.
En 30 días la Ciudad padeció tres intensas tormentas que colapsaron calles y avenidas, dejaron miles de semáforos a oscuras, vecinos sin luz durante muchas horas, comerciantes en ruinas, autos flotando y el transporte público sin servicio; las vías de los trenes tapadas por el agua y cataratas ingresando a los subterráneos. Y en el Gran Buenos Aires el último temporal del jueves 6 fue peor, porque terminó en tragedia.
Tres hombres murieron : uno electrocutado en San Pedro y otros dos vecinos (uno de José León Suárez y el otro de Los Polvorines) fueron arrastrados por las aguas de un zanjón y un arroyo en medio de la lluvia.
La de ayer –cayeron 44 milímetros de agua en un lapso de algo más de dos horas– fue la más leve de las tres tormentas. Y aunque hubo barrios en los que también cayó granizo, al menos no hubo inundaciones importantes (ver Lluvia, viento ...).
Fue casi un anticipo de lo que vendrá. Según los meteorólogos que trabajan para el Gobierno porteño, durante el verano habría una tormenta cada cuatro días . Y pronostican que serán muy intensas.
Lo había dicho Mauricio Macri el jueves pasado cuando los comerciantes de la zona de Belgrano, afectados por el lento escurrimiento del arroyo Vega, todavía estaban sacando el agua del interior de sus locales: “Entre enero y febrero vamos a tener ocho tormentas cada mes ”, dijo Mauricio Macri.
Desde hace un tiempo el Ministerio de Ambiente y Espacio Público cuenta con un grupo de meteorólogos trabajando junto a la Dirección General de Sistema Pluvial. De este equipo surgió el dato que Macri trasladó a la opinión pública.
“El Niño es un fenómeno que se puede predecir con hasta doce meses de anticipación. Sabemos que se relaciona con lluvias más intensas, o por encima de lo normal, dentro de los ciclos previstos como lluviosos, que en nuestro país se dan entre septiembre y abril . Todo el tiempo estamos tratando de entender qué sucede con el clima. Por lo pronto ahora mismo existe una corriente antártica que genera fuertes descargas de agua en nuestra región. Es una cantidad de lluvia inusual que está padeciendo la Ciudad. Se denomina lluvias de recurrencia y el fenómeno no se daba tan claramente desde 1963”, explicó el meteorólogo Carlos Nadále, al frente del equipo. Por eso estimaron entre 6 y 8 tormentas por mes en el trimestre de diciembre, enero y febrero.
“Nuestro promedio histórico –registrado a lo largo de cien años– es de seis tormentas en enero. Lo que no quiere decir que esto suceda. De hecho la tormenta más espectacular de la que hayamos tenido noticias se dio un 31 de mayo de 1985, cuando llovieron 305 milímetros en solo 16 horas”, graficó a Clarín el director del Servicio Meteorológico Nacional, Héctor Ciappesoni. Hace casi 49 años que trabaja allí y recuerda como “la Ciudad quedó partida en dos por la avenida Juan B. Justo” (ver 31/5/1985). “Lo que sucede en los últimos tiempos es que no aumentó la cantidad de lluvia caída a lo largo del año, sino que han aumentado su intensidad . Tenemos que entender que vivimos en una Ciudad cuya red pluvial fue diseñada a principios del siglo pasado y pensada para soportar la caída de 30 milímetros de agua por hora . Es una Ciudad muy plana, con poco desnivel, sin pendiente y el agua no escurre”, sintetizó Ciappesoni.
Por su parte, el ministro del área, Diego Santilli, prometió ayer que en los próximos meses “la Ciudad estará en alerta constante con cuadrillas de limpieza, equipos de desobstrucción de sumideros y de arbolado. Además estarán en la calle los equipos de emergencias y Defensa Civil”. Y exhortó a la gente a cambiar los hábitos: “Ayer, cuando hacía varios días que se había anunciado la tormenta, había bolsas de basura en la calle a las 15”.
La última gran obra hidráulica fue la ampliación del entubamiento del arroyo Maldonado . Así es que al menos los vecinos de Juan B. Justo por fin acabaron con los padecimientos. Ahora todos miran a los de Belgrano, que esperan que arranquen cuanto ante las obras en el arroyo Vega .
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Fecha de Publicación: 11/12/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital Federal
Según los meteorólogos que trabajan para la Ciudad serán intensas y se darán en enero y febrero. Explicaron que se las llama “lluvias de recurrencia”, un fenómeno que no sucede desde 1963.
En 30 días la Ciudad padeció tres intensas tormentas que colapsaron calles y avenidas, dejaron miles de semáforos a oscuras, vecinos sin luz durante muchas horas, comerciantes en ruinas, autos flotando y el transporte público sin servicio; las vías de los trenes tapadas por el agua y cataratas ingresando a los subterráneos. Y en el Gran Buenos Aires el último temporal del jueves 6 fue peor, porque terminó en tragedia.
Tres hombres murieron : uno electrocutado en San Pedro y otros dos vecinos (uno de José León Suárez y el otro de Los Polvorines) fueron arrastrados por las aguas de un zanjón y un arroyo en medio de la lluvia.
La de ayer –cayeron 44 milímetros de agua en un lapso de algo más de dos horas– fue la más leve de las tres tormentas. Y aunque hubo barrios en los que también cayó granizo, al menos no hubo inundaciones importantes (ver Lluvia, viento ...).
Fue casi un anticipo de lo que vendrá. Según los meteorólogos que trabajan para el Gobierno porteño, durante el verano habría una tormenta cada cuatro días . Y pronostican que serán muy intensas.
Lo había dicho Mauricio Macri el jueves pasado cuando los comerciantes de la zona de Belgrano, afectados por el lento escurrimiento del arroyo Vega, todavía estaban sacando el agua del interior de sus locales: “Entre enero y febrero vamos a tener ocho tormentas cada mes ”, dijo Mauricio Macri.
Desde hace un tiempo el Ministerio de Ambiente y Espacio Público cuenta con un grupo de meteorólogos trabajando junto a la Dirección General de Sistema Pluvial. De este equipo surgió el dato que Macri trasladó a la opinión pública.
“El Niño es un fenómeno que se puede predecir con hasta doce meses de anticipación. Sabemos que se relaciona con lluvias más intensas, o por encima de lo normal, dentro de los ciclos previstos como lluviosos, que en nuestro país se dan entre septiembre y abril . Todo el tiempo estamos tratando de entender qué sucede con el clima. Por lo pronto ahora mismo existe una corriente antártica que genera fuertes descargas de agua en nuestra región. Es una cantidad de lluvia inusual que está padeciendo la Ciudad. Se denomina lluvias de recurrencia y el fenómeno no se daba tan claramente desde 1963”, explicó el meteorólogo Carlos Nadále, al frente del equipo. Por eso estimaron entre 6 y 8 tormentas por mes en el trimestre de diciembre, enero y febrero.
“Nuestro promedio histórico –registrado a lo largo de cien años– es de seis tormentas en enero. Lo que no quiere decir que esto suceda. De hecho la tormenta más espectacular de la que hayamos tenido noticias se dio un 31 de mayo de 1985, cuando llovieron 305 milímetros en solo 16 horas”, graficó a Clarín el director del Servicio Meteorológico Nacional, Héctor Ciappesoni. Hace casi 49 años que trabaja allí y recuerda como “la Ciudad quedó partida en dos por la avenida Juan B. Justo” (ver 31/5/1985). “Lo que sucede en los últimos tiempos es que no aumentó la cantidad de lluvia caída a lo largo del año, sino que han aumentado su intensidad . Tenemos que entender que vivimos en una Ciudad cuya red pluvial fue diseñada a principios del siglo pasado y pensada para soportar la caída de 30 milímetros de agua por hora . Es una Ciudad muy plana, con poco desnivel, sin pendiente y el agua no escurre”, sintetizó Ciappesoni.
Por su parte, el ministro del área, Diego Santilli, prometió ayer que en los próximos meses “la Ciudad estará en alerta constante con cuadrillas de limpieza, equipos de desobstrucción de sumideros y de arbolado. Además estarán en la calle los equipos de emergencias y Defensa Civil”. Y exhortó a la gente a cambiar los hábitos: “Ayer, cuando hacía varios días que se había anunciado la tormenta, había bolsas de basura en la calle a las 15”.
La última gran obra hidráulica fue la ampliación del entubamiento del arroyo Maldonado . Así es que al menos los vecinos de Juan B. Justo por fin acabaron con los padecimientos. Ahora todos miran a los de Belgrano, que esperan que arranquen cuanto ante las obras en el arroyo Vega .
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Botnia contamina a veces, a veces no... por ahí...
Uruguay reconoce que 'Botnia contamina en casos aislados y en forma alternada'
Fecha de Publicación: 11/12/2012
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Para el presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), Gastón Silberman, “UPM contamina en casos aislados y en forma alternada”. También admitió que se oponen a que se informe a la población en tiempo real.
El 27 de noviembre se realizó una interpelación en la Comisión de Asuntos Internacionales del parlamento uruguayo, donde asistieron el canciller Luis Almagro; el presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), el capitán de navío (R) Gastón Silberman; entre otros funcionarios. Allí, Silberman reconoció que la pastera Botnia (UPM) contamina “en casos aislados y en forma alternada”.
EL ARGENTINO accedió a la versión taquigráfica N° 1405 del 27 de noviembre de 2012 del parlamento uruguayo, donde constan estas declaraciones de forma textual, además de otras que dejan al descubierto la constante negativa uruguaya para que se informe a la población en tiempo real.
Allí, Silberman hace un repaso a los parlamentarios desde la declaración conjunta de los Presidentes en Anchorena hasta el Acuerdo de Olivos y las notas reversales firmadas por los cancilleres donde se da una serie de pautas para proceder al monitoreo de la planta Orión, ex Botnia.
Al responder por qué no se ha podido divulgar los informes de los monitoreos, Silberman reconoció que “ha habido diferencias en la interpretación de distintos elementos que han ido cambiando con el tiempo. Quiero aclarar que cuando se hace un ingreso a la planta de UPM, es a los alrededores, no al funcionamiento dentro de la planta”.
“Las muestras que se toman se dividen en dos partes. Una, va para el Comité Científico y, la otra, para la Dinama. Lo mismo ocurre en el río Gualeguaychú. Es decir que en nuestro país, Dinama realiza los mismos análisis de las mismas muestras. Uruguay tiene los resultados de su propia Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)”.
“Con respecto a los monitoreos, en las notas reversales estaban establecidos tres planes específicos. El primero se está llevando adelante ahora en UPM y en la desembocadura del río Gualeguaychú; el segundo se hará en cuanto a la calidad de aguas a lo largo de los quinientos kilómetros de aguas comunes jurisdiccionales del río Uruguay, desde Nueva Palmira, Punta Gorda, hasta el Río Cuareim; el tercero será un monitoreo puntual de una y otra ribera de los centros poblados de los establecimientos agropecuarios y de las plantas industriales”, contextualizó y sostuvo que “el primer plan de trabajo es el que ahora se está llevando adelante. El segundo plan está elaborado, pero todavía está a estudio y no está aprobado. El tercero será más distante en el tiempo y todavía no se ha elaborado”.
“La pregunta concreta es la situación actual con respecto a por qué no se ha podido hacer un informe procedente de la Comisión Administradora del Río Uruguay y de su órgano subsidiario, el Comité Científico. Ha habido diferentes causas. La primera fue una diferencia en la temperatura de los efluentes de la planta Orión UPM y en su interpretación.
Admite violación al Tratado y al Digesto del río Uruguay
Silberman reconoció que Botnia presentó “una solicitud de modificación de temperatura de vertido de los efluentes”. Y describió que “luego de efectuados todos los estudios correspondientes por parte de la Dirección de Medio Ambiente (Dinama), se emite la Resolución Nº 370 del 29 de abril de 2011, donde establece que la temperatura máxima de los efluentes podría llegar hasta 37 grados. Quiero aclarar que esto no es para el río Uruguay”, es decir, es una autorización exclusiva para Botnia y no para el resto de las industrias. Luego reconoce que la normativa en Entre Ríos para el caso estricto del río Uruguay “se ajusta a los propios estatutos y el propio Digesto”, algo que Uruguay no ha respetado.
Silberman ahonda y sostiene que “por la Resolución Nº 370, se autoriza a que los efluentes de la planta Orion puedan tener una temperatura de hasta 37 grados. Hasta ahora, la realidad es que la temperatura de los efluentes nunca superó los 32 grados; por lo general ha sido de 31 grados y décimas. ¿Qué ocurrió? Ese cambio fue notificado por la delegación uruguaya a la delegación argentina, para que a su vez lo trasladara a su Cancillería, a su Estado, pero ésta no accedió”, es decir, Argentina rechazó esa autorización.
“Lógicamente, como la CARU es un organismo binacional, para que como tal se pueda expedir, debe tener la aprobación de las dos delegaciones. En este caso, la delegación argentina no aceptó la modificación introducida. Por lo tanto, no se le pudo dar al Comité Científico el cambio de temperatura admitido”, reconoció.
“Ese fue el elemento que durante muchos meses no permitió que la Caru pudiera sacar sus conclusiones de las muestras remitidas a laboratorios canadienses -cuyos resultados los recibe la Caru, las delegaciones y los presidentes de las delegaciones. No se pudieron difundir los resultados ni llegar a una conclusión porque, según el Comité Científico, para los delegados argentinos la temperatura de los efluentes era de 30 grados y para los delegados uruguayos, la temperatura máxima de los mismos era de 37 grados”. Es oportuno recordar que para el Digesto del Río Uruguay (que es una normativa Caru), la temperatura del agua que se introduzca al río no puede ser superior a la ambiente. Y esto es grave: porque introducir temperatura al río es introducir energía y eso es –manual básico- contaminar.
“Contamina, pero de vez en cuando”
Acto seguido, Silberman reconoció que “existe la convicción de que no hay contaminación que supere los parámetros establecidos, aunque de vez en cuando, algún parámetro es sobrepasado”.
“Uno de los últimos planteos argentinos fue hacer de público conocimiento los resultados de la planta Orion, de UPM. Argentina planteaba publicar, por un lado, los resultados de UPM y, además, que los resultados fueran publicados en pantallas públicas, en las plazas o en lugares de mucha concurrencia, tanto en Gualeguaychú como en Fray Bentos”.
“También pretendía introducir -lo cual no estaba previsto en las Notas Reversales ni en los protocolos- algo que se hace científicamente, pero no para la gente común: exhibir cálculos másicos. Por ejemplo, planteaban que hay un parámetro que se excedió: fósforo, nitrógeno. Este es un excedente similar a los efluentes de una ciudad de 238 mil habitantes”, admitió Silberman la intensidad de la contaminación de Botnia. Al respecto es oportuno recordar que Gualeguaychú tardó 200 años en tener aproximadamente 90 mil habitantes y de un solo acto se instala una planta como la de Botnia que contamina al nivel de una ciudad de casi 240 mil habitantes, es decir, Botnia representa poco más que dos Gualeguaychú y medias.
Por eso Silberman les aclaró a los parlamentarios que esa propuesta “no fue aceptada por Uruguay”. Y sostuvo esa negativa porque “más allá de lo que estaba establecido en las Notas Reversales (de los cancilleres) y en los protocolos (científicos), había una intención de influir psicológicamente en la población. Si bien en el ámbito científico son elementos que se tienen en cuenta y se intercambian”.
“Podemos aseverar que no hay contaminación con mayúsculas por encima de los parámetros, salvo en casos aislados y en forma alternada”, reiteró el presidente de la delegación uruguaya ante la Caru.
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Fecha de Publicación: 11/12/2012
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Para el presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), Gastón Silberman, “UPM contamina en casos aislados y en forma alternada”. También admitió que se oponen a que se informe a la población en tiempo real. El 27 de noviembre se realizó una interpelación en la Comisión de Asuntos Internacionales del parlamento uruguayo, donde asistieron el canciller Luis Almagro; el presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), el capitán de navío (R) Gastón Silberman; entre otros funcionarios. Allí, Silberman reconoció que la pastera Botnia (UPM) contamina “en casos aislados y en forma alternada”.
EL ARGENTINO accedió a la versión taquigráfica N° 1405 del 27 de noviembre de 2012 del parlamento uruguayo, donde constan estas declaraciones de forma textual, además de otras que dejan al descubierto la constante negativa uruguaya para que se informe a la población en tiempo real.
Allí, Silberman hace un repaso a los parlamentarios desde la declaración conjunta de los Presidentes en Anchorena hasta el Acuerdo de Olivos y las notas reversales firmadas por los cancilleres donde se da una serie de pautas para proceder al monitoreo de la planta Orión, ex Botnia.
Al responder por qué no se ha podido divulgar los informes de los monitoreos, Silberman reconoció que “ha habido diferencias en la interpretación de distintos elementos que han ido cambiando con el tiempo. Quiero aclarar que cuando se hace un ingreso a la planta de UPM, es a los alrededores, no al funcionamiento dentro de la planta”.
“Las muestras que se toman se dividen en dos partes. Una, va para el Comité Científico y, la otra, para la Dinama. Lo mismo ocurre en el río Gualeguaychú. Es decir que en nuestro país, Dinama realiza los mismos análisis de las mismas muestras. Uruguay tiene los resultados de su propia Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)”.
“Con respecto a los monitoreos, en las notas reversales estaban establecidos tres planes específicos. El primero se está llevando adelante ahora en UPM y en la desembocadura del río Gualeguaychú; el segundo se hará en cuanto a la calidad de aguas a lo largo de los quinientos kilómetros de aguas comunes jurisdiccionales del río Uruguay, desde Nueva Palmira, Punta Gorda, hasta el Río Cuareim; el tercero será un monitoreo puntual de una y otra ribera de los centros poblados de los establecimientos agropecuarios y de las plantas industriales”, contextualizó y sostuvo que “el primer plan de trabajo es el que ahora se está llevando adelante. El segundo plan está elaborado, pero todavía está a estudio y no está aprobado. El tercero será más distante en el tiempo y todavía no se ha elaborado”.
“La pregunta concreta es la situación actual con respecto a por qué no se ha podido hacer un informe procedente de la Comisión Administradora del Río Uruguay y de su órgano subsidiario, el Comité Científico. Ha habido diferentes causas. La primera fue una diferencia en la temperatura de los efluentes de la planta Orión UPM y en su interpretación.
Admite violación al Tratado y al Digesto del río Uruguay
Silberman reconoció que Botnia presentó “una solicitud de modificación de temperatura de vertido de los efluentes”. Y describió que “luego de efectuados todos los estudios correspondientes por parte de la Dirección de Medio Ambiente (Dinama), se emite la Resolución Nº 370 del 29 de abril de 2011, donde establece que la temperatura máxima de los efluentes podría llegar hasta 37 grados. Quiero aclarar que esto no es para el río Uruguay”, es decir, es una autorización exclusiva para Botnia y no para el resto de las industrias. Luego reconoce que la normativa en Entre Ríos para el caso estricto del río Uruguay “se ajusta a los propios estatutos y el propio Digesto”, algo que Uruguay no ha respetado.
Silberman ahonda y sostiene que “por la Resolución Nº 370, se autoriza a que los efluentes de la planta Orion puedan tener una temperatura de hasta 37 grados. Hasta ahora, la realidad es que la temperatura de los efluentes nunca superó los 32 grados; por lo general ha sido de 31 grados y décimas. ¿Qué ocurrió? Ese cambio fue notificado por la delegación uruguaya a la delegación argentina, para que a su vez lo trasladara a su Cancillería, a su Estado, pero ésta no accedió”, es decir, Argentina rechazó esa autorización.
“Lógicamente, como la CARU es un organismo binacional, para que como tal se pueda expedir, debe tener la aprobación de las dos delegaciones. En este caso, la delegación argentina no aceptó la modificación introducida. Por lo tanto, no se le pudo dar al Comité Científico el cambio de temperatura admitido”, reconoció.
“Ese fue el elemento que durante muchos meses no permitió que la Caru pudiera sacar sus conclusiones de las muestras remitidas a laboratorios canadienses -cuyos resultados los recibe la Caru, las delegaciones y los presidentes de las delegaciones. No se pudieron difundir los resultados ni llegar a una conclusión porque, según el Comité Científico, para los delegados argentinos la temperatura de los efluentes era de 30 grados y para los delegados uruguayos, la temperatura máxima de los mismos era de 37 grados”. Es oportuno recordar que para el Digesto del Río Uruguay (que es una normativa Caru), la temperatura del agua que se introduzca al río no puede ser superior a la ambiente. Y esto es grave: porque introducir temperatura al río es introducir energía y eso es –manual básico- contaminar.
“Contamina, pero de vez en cuando”
Acto seguido, Silberman reconoció que “existe la convicción de que no hay contaminación que supere los parámetros establecidos, aunque de vez en cuando, algún parámetro es sobrepasado”.
“Uno de los últimos planteos argentinos fue hacer de público conocimiento los resultados de la planta Orion, de UPM. Argentina planteaba publicar, por un lado, los resultados de UPM y, además, que los resultados fueran publicados en pantallas públicas, en las plazas o en lugares de mucha concurrencia, tanto en Gualeguaychú como en Fray Bentos”.
“También pretendía introducir -lo cual no estaba previsto en las Notas Reversales ni en los protocolos- algo que se hace científicamente, pero no para la gente común: exhibir cálculos másicos. Por ejemplo, planteaban que hay un parámetro que se excedió: fósforo, nitrógeno. Este es un excedente similar a los efluentes de una ciudad de 238 mil habitantes”, admitió Silberman la intensidad de la contaminación de Botnia. Al respecto es oportuno recordar que Gualeguaychú tardó 200 años en tener aproximadamente 90 mil habitantes y de un solo acto se instala una planta como la de Botnia que contamina al nivel de una ciudad de casi 240 mil habitantes, es decir, Botnia representa poco más que dos Gualeguaychú y medias.
Por eso Silberman les aclaró a los parlamentarios que esa propuesta “no fue aceptada por Uruguay”. Y sostuvo esa negativa porque “más allá de lo que estaba establecido en las Notas Reversales (de los cancilleres) y en los protocolos (científicos), había una intención de influir psicológicamente en la población. Si bien en el ámbito científico son elementos que se tienen en cuenta y se intercambian”.
“Podemos aseverar que no hay contaminación con mayúsculas por encima de los parámetros, salvo en casos aislados y en forma alternada”, reiteró el presidente de la delegación uruguaya ante la Caru.
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Entre Ríos: el agro no quiere límites para fumigar
Quieren que la nueva ley no fije distancias para las fumigaciones
Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace, el INTA y la Federación Agraria se oponen este tipo de prohibición para el uso de agroquímicos. Proponen que se regule según el tipo de producto a utilizar en cada caso
La Mesa de Enlace provincial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Facultad de Agronomía y el Colegio de Ingenieros Agrónomos elevarán al Senado antes de fin de año la propuesta para modificar algunos puntos del proyecto de ley que plantea una nueva regulación al uso de agroquímicos.
En ese marco, el dirigente de Federación Agraria (FAA) Entre Ríos, Alfredo Bel, adelantó que en su presentación habrá diferencias con el texto original en lo que refiere a las distancias que deben respetarse desde zonas pobladas o escuelas para realizar aplicaciones.
“Esta semana va a haber una nueva reunión en el Colegio de Ingenieros y vamos a ir avanzando en una propuesta concreta que vamos a llevar al Senado. Está casi lista pero tenemos que terminar de redactarla, antes de fin de año estaremos en condiciones de presentarla”, indicó al sitio digital Recintonet el dirigente de la FAA.
“Estamos de acuerdo con el tema de los registros, los organismos de aplicación, también en sostener un glosario muy amplio y especifico planteado en el proyecto, en eso no hay modificación. No obstante, seguimos con diferencias en el tema de las distancias. Nosotros volvemos a insistir en que no debe quedar marcado en la ley un límite de distancia y como contrapartida hacerlo con mecanismos que limiten el tipo de productos a usar”, señaló.
En ese sentido, explicó: “Hay productos más amigables con el medioambiente, con menor toxicidad; usar esas bandas ya establecidas para así restringir el tipo de producto”.
Bel no quiere “una cosa lineal y arbitraria por el lado de la distancia, sino decir que en tales condiciones urbanas, periurbanas, pequeños poblados, escuelas, cursos de agua y demás no se pueden usar estos productos y en estas condiciones”.
El tema volvió a estar en la consideración social durante las últimas semanas tras registrarse nuevos casos de fumigaciones en establecimientos escolares, que fueron denunciados por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos.
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Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace, el INTA y la Federación Agraria se oponen este tipo de prohibición para el uso de agroquímicos. Proponen que se regule según el tipo de producto a utilizar en cada caso
La Mesa de Enlace provincial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Facultad de Agronomía y el Colegio de Ingenieros Agrónomos elevarán al Senado antes de fin de año la propuesta para modificar algunos puntos del proyecto de ley que plantea una nueva regulación al uso de agroquímicos.
En ese marco, el dirigente de Federación Agraria (FAA) Entre Ríos, Alfredo Bel, adelantó que en su presentación habrá diferencias con el texto original en lo que refiere a las distancias que deben respetarse desde zonas pobladas o escuelas para realizar aplicaciones.
“Esta semana va a haber una nueva reunión en el Colegio de Ingenieros y vamos a ir avanzando en una propuesta concreta que vamos a llevar al Senado. Está casi lista pero tenemos que terminar de redactarla, antes de fin de año estaremos en condiciones de presentarla”, indicó al sitio digital Recintonet el dirigente de la FAA.
“Estamos de acuerdo con el tema de los registros, los organismos de aplicación, también en sostener un glosario muy amplio y especifico planteado en el proyecto, en eso no hay modificación. No obstante, seguimos con diferencias en el tema de las distancias. Nosotros volvemos a insistir en que no debe quedar marcado en la ley un límite de distancia y como contrapartida hacerlo con mecanismos que limiten el tipo de productos a usar”, señaló.
En ese sentido, explicó: “Hay productos más amigables con el medioambiente, con menor toxicidad; usar esas bandas ya establecidas para así restringir el tipo de producto”.
Bel no quiere “una cosa lineal y arbitraria por el lado de la distancia, sino decir que en tales condiciones urbanas, periurbanas, pequeños poblados, escuelas, cursos de agua y demás no se pueden usar estos productos y en estas condiciones”.
El tema volvió a estar en la consideración social durante las últimas semanas tras registrarse nuevos casos de fumigaciones en establecimientos escolares, que fueron denunciados por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos.
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La minería avanza en La Rioja, incluso en Reservas
Minería en la reserva
Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: La Rioja
Las localidades riojanas de Famatina y Chilecito fueron noticia nacional luego de echar en 2007 a la minera Barrick Gold y, a inicios de 2012, por las masivas movilizaciones contra otra empresa minera (Osisko). Las asambleas socioambientales no dejaron de movilizarse, pero el gobierno de La Rioja tampoco se detiene: habilitó la actividad minera en una reserva natural y aprobó 21 proyectos de uranio, incluso en el distrito capital, donde está prohibida –por ley– toda actividad contaminante. “Desde el año 2006 el modelo extractivo se viene instalando sin pausa en nuestra región, imponiéndose a espaldas del pueblo por el accionar del gobierno nacional, provincial y municipales”, denunció Marisa Romero, de las Asambleas Ciudadanas Riojanas.
La reserva provincial Laguna Brava está ubicada al noroeste de la provincia. Cordillera riojana, zona de turismo y agricultura campesina, paisaje de postal, montañas, espejos de agua, vicuñas y flamencos. Es reserva provincial desde 1980 con el fin de proteger la “flora, fauna y cultura”. Y, desde 2003, un “sitio Ramsar”, convenio internacional de protección de humedales.
La resolución 280/12 (de agosto pasado) firmada por el secretario de Ambiente de La Rioja, Nito Brizuela, reglamentó la actividad minera en la reserva provincial bajo el término de “reserva de usos múltiples”. Las empresas pueden ingresar legalmente maquinaria pesada, explosivos y sustancias tóxicas.
Las Asambleas Riojanas realizaron un informe sobre la base de los edictos publicados por la Secretaría de Minería. Revelaron que desde 2003 hasta la actualidad se entregó a dieciséis empresas en concesión minera el 60 por ciento de la reserva provincial Laguna Brava (240 mil hectáreas de las 405 mil totales). En los últimos meses y con la nueva resolución de la Secretaría de Ambiente, el gobernador Luis Beder Herrera ya entregó en concesión 36000 hectáreas. A pesar de que es un sitio natural protegido (provincial e internacional), la intención es extraer litio, oro, plata, cobre y zinc.
También avanza en La Rioja la minería de uranio. El gobierno riojano autorizó 21 proyectos de exploración de uranio a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y 150 mil hectáreas la empresa Uranio AG. Las Asambleas Riojanas detallaron que afecta a cuatro departamentos (Sanagasta, Felipe Varela, Castro Barros y Capital). “Todos estos proyectos están ubicados a pocos kilómetros de las poblaciones”, remarcó Romero.
El intendente de la capital riojana, Ricardo Quintela, llegó al gobierno como aliado político del gobernador y no cuestionaba la minería. Luego de las masivas marchas de inicios de año, Quintela comenzó la conformación de una multisectorial opositora, reconoció sus aspiraciones a gobernador y comenzó a cuestionar la minería. En agosto pasado, impulsó la aprobación de la ordenanza 4930 que declara al municipio Capital “no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable”.
Las Asambleas Ciudadanas Riojanas están conformadas por espacios asamblearios de la capital provincial, Chilecito, Nonogasta, Vichigasta, Campanas, Olta, Chamical, Patquia y Vinchina. Y a nivel nacional forma parte de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Periódicamente elaboran documentos precisos, en base a información de organismos públicos, sobre la avanzada extractiva en la provincia. Denunciaron que la minería de uranio viola la flamante ordenanza y también alertan que la instalación de una planta de dióxido de uranio (llamada Dioxitek).
En julio pasado, el juez de Chilecito, Daniel Flores, suspendió la actividad minera de Osisko en Famatina hasta que se realice el inventario que establece la Ley de Glaciares. El Gobierno anunció la suspensión del contrato con Osisko. Pero en agosto, con la resolución 271, Brizuela aprobó el Informe de Impacto Ambiental Osisko para el “proyecto Famatina - Etapa de prospección”.
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Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: La Rioja
Las localidades riojanas de Famatina y Chilecito fueron noticia nacional luego de echar en 2007 a la minera Barrick Gold y, a inicios de 2012, por las masivas movilizaciones contra otra empresa minera (Osisko). Las asambleas socioambientales no dejaron de movilizarse, pero el gobierno de La Rioja tampoco se detiene: habilitó la actividad minera en una reserva natural y aprobó 21 proyectos de uranio, incluso en el distrito capital, donde está prohibida –por ley– toda actividad contaminante. “Desde el año 2006 el modelo extractivo se viene instalando sin pausa en nuestra región, imponiéndose a espaldas del pueblo por el accionar del gobierno nacional, provincial y municipales”, denunció Marisa Romero, de las Asambleas Ciudadanas Riojanas.La reserva provincial Laguna Brava está ubicada al noroeste de la provincia. Cordillera riojana, zona de turismo y agricultura campesina, paisaje de postal, montañas, espejos de agua, vicuñas y flamencos. Es reserva provincial desde 1980 con el fin de proteger la “flora, fauna y cultura”. Y, desde 2003, un “sitio Ramsar”, convenio internacional de protección de humedales.
La resolución 280/12 (de agosto pasado) firmada por el secretario de Ambiente de La Rioja, Nito Brizuela, reglamentó la actividad minera en la reserva provincial bajo el término de “reserva de usos múltiples”. Las empresas pueden ingresar legalmente maquinaria pesada, explosivos y sustancias tóxicas.
Las Asambleas Riojanas realizaron un informe sobre la base de los edictos publicados por la Secretaría de Minería. Revelaron que desde 2003 hasta la actualidad se entregó a dieciséis empresas en concesión minera el 60 por ciento de la reserva provincial Laguna Brava (240 mil hectáreas de las 405 mil totales). En los últimos meses y con la nueva resolución de la Secretaría de Ambiente, el gobernador Luis Beder Herrera ya entregó en concesión 36000 hectáreas. A pesar de que es un sitio natural protegido (provincial e internacional), la intención es extraer litio, oro, plata, cobre y zinc.
También avanza en La Rioja la minería de uranio. El gobierno riojano autorizó 21 proyectos de exploración de uranio a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y 150 mil hectáreas la empresa Uranio AG. Las Asambleas Riojanas detallaron que afecta a cuatro departamentos (Sanagasta, Felipe Varela, Castro Barros y Capital). “Todos estos proyectos están ubicados a pocos kilómetros de las poblaciones”, remarcó Romero.
El intendente de la capital riojana, Ricardo Quintela, llegó al gobierno como aliado político del gobernador y no cuestionaba la minería. Luego de las masivas marchas de inicios de año, Quintela comenzó la conformación de una multisectorial opositora, reconoció sus aspiraciones a gobernador y comenzó a cuestionar la minería. En agosto pasado, impulsó la aprobación de la ordenanza 4930 que declara al municipio Capital “no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable”.
Las Asambleas Ciudadanas Riojanas están conformadas por espacios asamblearios de la capital provincial, Chilecito, Nonogasta, Vichigasta, Campanas, Olta, Chamical, Patquia y Vinchina. Y a nivel nacional forma parte de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Periódicamente elaboran documentos precisos, en base a información de organismos públicos, sobre la avanzada extractiva en la provincia. Denunciaron que la minería de uranio viola la flamante ordenanza y también alertan que la instalación de una planta de dióxido de uranio (llamada Dioxitek).
En julio pasado, el juez de Chilecito, Daniel Flores, suspendió la actividad minera de Osisko en Famatina hasta que se realice el inventario que establece la Ley de Glaciares. El Gobierno anunció la suspensión del contrato con Osisko. Pero en agosto, con la resolución 271, Brizuela aprobó el Informe de Impacto Ambiental Osisko para el “proyecto Famatina - Etapa de prospección”.
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Santiago: desalojo comunidad indígena Ayllu
Jueza ordena desalojo comunidad indígena en Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero
En explícito incumplimiento de la ley nacional 26160 y su prórroga, ley 26554, la jueza María Cecilia Paskevicius, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de 3º Nominación de Santiago del Estero, ordenó el desalojo de una familia del territorio de la comunidad indígena Ayllu de Tulúm Tulúm del Pueblo Diaguita Cacano.
Entre los argumentos para fundar la medida la jueza habría sostenido que ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI), nunca habrían informado que se haya relevado la comunidad en el marco de la ley 26160; que no existiría tal comunidad y; que no serían 17 familias indígenas en el territorio sino solamente una.
En el mes de octubre del año 2011 el juez Federico Argibay Berdaguer, a cargo del Juzgado, había ordenado el desalojo de la familia Orellana del campo denominado Tulúm Tulúm en el Departamento Atamisqui, perteneciente al territorio del Ayllu Ashpa Nockayshpa Sapym Tulúm Tulúmanta (Ayllu de Tulúm Tulúm) del Pueblo Diaguita Cacano. Esta medida fue suspendida luego de que desde el INAI se informara al Juzgado de la existencia de una comunidad indígena a la cual pertenece la familia Orellana; en el mismo sentido informó el Comité de Emergencia perteneciente a la Dirección de Relaciones Institucionales dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero tras una inspección ocular solicitada por el mismo Juez. Como consecuencia de sendos informes y, en respeto a la vigencia de la Ley 26160, Argibay Berdaguer ordena la suspensión del desalojo y solicita al INAI se proceda a relevar el territorio de la comunidad. Dando cumplimiento a lo pedido por el Juzgado los días 15 y 16 de junio del corriente año se procedió al Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral del territorio de ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, constatando la existencia de la misma y, de la familia Orellana como parte del Ayllu. Esta información fue oportunamente enviada al INAI desde el Programa de Relevamiento Territorial para su notificación al Juzgado.
Este año, luego de un recambio de jueces, asume en el citado juzgado Paskevicius, quien procede a realizar personalmente una nueva inspección ocular, quien llega al lugar acompañada de la parte que solicita el desalojo. En esa ocasión fue recibida en el domicilio de los Orellana no sólo por miembros de la familia, sino también por el resto de la comunidad, a los cuales la jueza se dirigía cuando les hablaba como “supuesta comunidad indígena”.
Como parte de esta inspección la jueza visitó al comisionado municipal de Medellín, Julio Abdala, a quien le consultó si tenía conocimiento de la existencia de alguna comunidad indígena en el territorio, a lo cual Abdala respondió que “… cara de indios tienen, pero no son… son un grupo de vagos que no saben sembrar ni una planta de perejil en una maceta y no dejan trabajar a los que vienen a traer trabajo a la zona…”. Este Abdala, a quien la jueza tomó como informante clave, es el mismo a quien el 1 de junio de 2011 el Fisco de la provincia le remató, por incumplimiento fiscal, 400,00 hectáreas también pertenecientes al Ayllu de Tulum Tulúm que él se hallaba usurpando; el mismo que en el año 2007 salió como testigo a favor del empresario de origen cordobés Sbiglio en su intento por usurpar el territorio del Ayllu Puncu Atun, declarando que en el lugar no había familias viviendo y; es el mismo que hoy, niega el agua a las familias indígenas y campesinas que no aceptan dejar su tierra y trasladarse al pueblo de Medellín. Tal vez desconoce el comisionado que el propio pueblo de Medellín se encuentra dentro del territorio de la comunidad Ayllu Taa Ayllus Kuska y que la mitad de las familias que están radicadas en el pueblo pertenecen a la comunidad. Otro informante al que recurrió la jueza Paskevicius en su visita fue la Directora de la Escuela Nº 749 de Puesto del Rosario, Marcela Gómez, quien consultada al igual que Abdala habría respondido que “algo escuchó … pero es gente que se reúne en secreto …”. A pesar del secreto que la directora dice que esta comunidad guarda, no puede ocultar que obligada por la vigencia de la Ley tuvo que aceptar en el año 2010 la presencia de censistas indígenas en el Censo Nacional de Población y Vivienda; ni las gestiones que realizó en más de una oportunidad para acercar documentación de la comunidad necesaria para las becas indígenas. Sin embargo ante la jueza sólo habría expresado que “algo escuchó”.
El relevamiento del territorio del Ayllu de Tulúm Tulúm fue de conocimiento público a raiz de la detención del comunero Víctor Anchaval por parte de personal policial de la Seccional 20 de Villa Atamisqui producida el 14 de junio, un día antes de la realización del relevamiento ordenado por el juez Argibay Berdaguer en cumplimiento de la ley 26160. Al momento de la detención Anchaval fue interrogado por la policía sobre quienes serían los que vendrían al día siguiente a la comunidad y con qué propósito.
La ley 26160, y su prórroga, expresan en su artículo 1º “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, …” y, en su artículo 2º “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada -23 de noviembre de 2013-, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el art. 1º”. Esta es la ley que la jueza Paskevicius se niega a cumplir, desestimando igualmente el resultado del relevamiento territorial realizado por el INAI así como el Informe del Comité de Emergencia que da cuenta de la existencia de la comunidad en el territorio.
El Pueblo Diaguita Cacano respetará la Ley 26160 y, en respeto de la Ley, no permitirá el desalojo de la familia Orellana del territorio del Ayllu, ni de ninguna otra familia. Es responsabilidad de la jueza Paskevicius lo que pueda ocurrir ante el intento de desalojo. Desde la Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano se ha puesto en conocimiento del INAI de esta situación generada desde una jueza de la provincia, que no sólo incumple con la Ley sino que además pone en grave riesgo los derechos y la integridad física de los miembros de la comunidad. Esta orden de desalojo sólo esta alentada por los intereses económicos de quienes pretenden deforestar El Alto, bosque sagrado del Pueblo Diaguita Cacano y, único cordón de bosque nativo, categorizado como I, Rojo, por la Ley de Bosques.
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Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero
En explícito incumplimiento de la ley nacional 26160 y su prórroga, ley 26554, la jueza María Cecilia Paskevicius, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de 3º Nominación de Santiago del Estero, ordenó el desalojo de una familia del territorio de la comunidad indígena Ayllu de Tulúm Tulúm del Pueblo Diaguita Cacano.
Entre los argumentos para fundar la medida la jueza habría sostenido que ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI), nunca habrían informado que se haya relevado la comunidad en el marco de la ley 26160; que no existiría tal comunidad y; que no serían 17 familias indígenas en el territorio sino solamente una.
En el mes de octubre del año 2011 el juez Federico Argibay Berdaguer, a cargo del Juzgado, había ordenado el desalojo de la familia Orellana del campo denominado Tulúm Tulúm en el Departamento Atamisqui, perteneciente al territorio del Ayllu Ashpa Nockayshpa Sapym Tulúm Tulúmanta (Ayllu de Tulúm Tulúm) del Pueblo Diaguita Cacano. Esta medida fue suspendida luego de que desde el INAI se informara al Juzgado de la existencia de una comunidad indígena a la cual pertenece la familia Orellana; en el mismo sentido informó el Comité de Emergencia perteneciente a la Dirección de Relaciones Institucionales dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero tras una inspección ocular solicitada por el mismo Juez. Como consecuencia de sendos informes y, en respeto a la vigencia de la Ley 26160, Argibay Berdaguer ordena la suspensión del desalojo y solicita al INAI se proceda a relevar el territorio de la comunidad. Dando cumplimiento a lo pedido por el Juzgado los días 15 y 16 de junio del corriente año se procedió al Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral del territorio de ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, constatando la existencia de la misma y, de la familia Orellana como parte del Ayllu. Esta información fue oportunamente enviada al INAI desde el Programa de Relevamiento Territorial para su notificación al Juzgado.
Este año, luego de un recambio de jueces, asume en el citado juzgado Paskevicius, quien procede a realizar personalmente una nueva inspección ocular, quien llega al lugar acompañada de la parte que solicita el desalojo. En esa ocasión fue recibida en el domicilio de los Orellana no sólo por miembros de la familia, sino también por el resto de la comunidad, a los cuales la jueza se dirigía cuando les hablaba como “supuesta comunidad indígena”.
Como parte de esta inspección la jueza visitó al comisionado municipal de Medellín, Julio Abdala, a quien le consultó si tenía conocimiento de la existencia de alguna comunidad indígena en el territorio, a lo cual Abdala respondió que “… cara de indios tienen, pero no son… son un grupo de vagos que no saben sembrar ni una planta de perejil en una maceta y no dejan trabajar a los que vienen a traer trabajo a la zona…”. Este Abdala, a quien la jueza tomó como informante clave, es el mismo a quien el 1 de junio de 2011 el Fisco de la provincia le remató, por incumplimiento fiscal, 400,00 hectáreas también pertenecientes al Ayllu de Tulum Tulúm que él se hallaba usurpando; el mismo que en el año 2007 salió como testigo a favor del empresario de origen cordobés Sbiglio en su intento por usurpar el territorio del Ayllu Puncu Atun, declarando que en el lugar no había familias viviendo y; es el mismo que hoy, niega el agua a las familias indígenas y campesinas que no aceptan dejar su tierra y trasladarse al pueblo de Medellín. Tal vez desconoce el comisionado que el propio pueblo de Medellín se encuentra dentro del territorio de la comunidad Ayllu Taa Ayllus Kuska y que la mitad de las familias que están radicadas en el pueblo pertenecen a la comunidad. Otro informante al que recurrió la jueza Paskevicius en su visita fue la Directora de la Escuela Nº 749 de Puesto del Rosario, Marcela Gómez, quien consultada al igual que Abdala habría respondido que “algo escuchó … pero es gente que se reúne en secreto …”. A pesar del secreto que la directora dice que esta comunidad guarda, no puede ocultar que obligada por la vigencia de la Ley tuvo que aceptar en el año 2010 la presencia de censistas indígenas en el Censo Nacional de Población y Vivienda; ni las gestiones que realizó en más de una oportunidad para acercar documentación de la comunidad necesaria para las becas indígenas. Sin embargo ante la jueza sólo habría expresado que “algo escuchó”.
El relevamiento del territorio del Ayllu de Tulúm Tulúm fue de conocimiento público a raiz de la detención del comunero Víctor Anchaval por parte de personal policial de la Seccional 20 de Villa Atamisqui producida el 14 de junio, un día antes de la realización del relevamiento ordenado por el juez Argibay Berdaguer en cumplimiento de la ley 26160. Al momento de la detención Anchaval fue interrogado por la policía sobre quienes serían los que vendrían al día siguiente a la comunidad y con qué propósito.
La ley 26160, y su prórroga, expresan en su artículo 1º “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, …” y, en su artículo 2º “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada -23 de noviembre de 2013-, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el art. 1º”. Esta es la ley que la jueza Paskevicius se niega a cumplir, desestimando igualmente el resultado del relevamiento territorial realizado por el INAI así como el Informe del Comité de Emergencia que da cuenta de la existencia de la comunidad en el territorio.
El Pueblo Diaguita Cacano respetará la Ley 26160 y, en respeto de la Ley, no permitirá el desalojo de la familia Orellana del territorio del Ayllu, ni de ninguna otra familia. Es responsabilidad de la jueza Paskevicius lo que pueda ocurrir ante el intento de desalojo. Desde la Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano se ha puesto en conocimiento del INAI de esta situación generada desde una jueza de la provincia, que no sólo incumple con la Ley sino que además pone en grave riesgo los derechos y la integridad física de los miembros de la comunidad. Esta orden de desalojo sólo esta alentada por los intereses económicos de quienes pretenden deforestar El Alto, bosque sagrado del Pueblo Diaguita Cacano y, único cordón de bosque nativo, categorizado como I, Rojo, por la Ley de Bosques.
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El avance hacia el mar de las areas protegidas
Áreas protegidas argentinas se proyectan al mar
Fecha de Publicación: 09/12/2012
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Argentina está dando pasos acelerados en la creación de áreas marinas protegidas. En los últimos 10 años, este tipo de preservación en aguas saladas se extendió y por primera vez se sumará a la red una zona en el océano Atlántico.
El Congreso Nacional legislativo aprobó a fines de noviembre la creación de dos parques costeros en aguas oceánicas en la austral provincia de Santa Cruz y dio media sanción al proyecto de crear un área protegida en torno a la meseta submarina identificada como Banco Burdwood.
Esta área, con una muy rica diversidad biológica y alta vulnerabilidad, está situada al sudoeste de las islas Malvinas, el archipiélago reclamado por Argentina a Gran Bretaña, y 150 kilómetros al este de la isla de los Estados, que pertenece a la austral provincia de Tierra del Fuego.
Será la primera área protegida oceánica dentro de la zona económica exclusiva de Argentina, pero fuera del área de influencia jurisdiccional de las provincias, lo cual quiere decir que, dada la estructura federal del país, quedará bajo administración del Estado nacional.
La iniciativa del Banco Burdwood convocó a múltiples actores políticos, científicos y ambientalistas, que respaldaron la idea. El proyecto fue aprobado casi por unanimidad en la Cámara de Diputados y avanza hacia su segura confirmación en el Senado.
Con estos pasos "nos acercamos mucho al compromiso de proteger 10 por ciento de los mares para 2020", dijo a IPS la coordinadora del Programa de Áreas Protegidas de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Andrea Michelson.
La activista se refirió así a la meta 11 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, suscrito por los países participantes en la X Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 10), que se realizó en 2010 en la noroccidental ciudad japonesa de Nagoya.
La meta es que para 2020, al menos 10 por ciento de las zonas marinas y costeras, "especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas".
La Administración de Parques Nacionales indica que en este país, que tenía protegido solo 0,5 por ciento de sus costas marinas en 2003, esa área creció en noviembre hasta 1,8 por ciento tras la creación de los dos parques de Santa Cruz y, con Banco Burdwood, se podrá llegar hasta cuatro por ciento.
Hasta ahora, las áreas protegidas existentes son costeras. Se trata de los parques Marino Costero Patagonia Austral, en la sureña provincia de Chubut, Monte León y los recién creados Isla Pingüino y Makenke, todos en Santa Cruz.
Pero con la creación del área oceánica, mucho más extensa, se avanza a paso ligero para alcanzar las llamadas Metas de Aichi sobre diversidad, por el nombre de la provincia japonesa en cuya capital se firmó el Protocolo de Nagoya (https://www.cbd.int/doc/strategic- plan/2011-2020/Aichi-Targets-es.pdf).
"Es muy difícil llegar al 10 por ciento sugerido solo con áreas costeras, y no será tan rica y diversa la zona de protección si no incorporamos parte del océano", explicó Michelson, quien tiene gran expectativa en la sanción del proyecto que protege el Banco Burdwood.
Para la Fundación Vida Silvestre y otras organizaciones ambientalistas, la creación de un área protegida puramente marina plantea un enorme desafío para su manejo, a cargo de varios organismos estatales y ministerios, ya que se trata de hacer un seguimiento remoto de un espacio en el que intervienen múltiples actores.
El proyecto propone dar a la nueva área de preservación el nombre de Namuncurá, por el indígena patagónico Ceferino, fallecido joven a comienzos del siglo XX y hoy en proceso de canonización. Pero mantendrá el nombre de Burdwood para el accidente geográfico, en cuyo entorno se prevé una zonificación clave de 34.000 kilómetros cuadrados.
El biólogo Santiago Krapovickas, coordinador del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, dijo a IPS, refiriéndose a la creación del área oceánica, que "será la primera vez que se intenta algo así en Argentina".
"Los que trabajamos en conservación estamos muy ilusionados con esta novedad, porque se trata de un sitio único en el mar Argentino, muy singular, poco explorado, delicado, con especies que ni siquiera aún han sido descritas", anticipó.
A raíz de este proyecto, el Foro, que reúne a diversas organizaciones de Argentina, Chile, Uruguay y otras internacionales, está recopilando información científica sobre el área para divulgar la riqueza que guardan esos fondos marinos.
En el área en cuestión hay esponjas, crustáceos, tiburones, merluzas de cola, austral y negra, pingüinos de penacho amarillo y de frente dorada, variedades de albatros y petreles, delfines australes, elefantes y lobos marinos, entre otras especies. Krapovickas explicó que la meseta submarina es circunvalada por una corriente marina fría que tiene de las islas Malvinas y, al encontrarse con ese escollo, remueve el fondo, que es muy rico en nutrientes, generando un área ideal para la reproducción.
También destacó que, al ser un fondo marino relativamente poco profundo sobre la meseta -entre 100 y 200 metros-, recibe luz solar, un fenómeno que permite el desarrollo del fitoplancton que está en la base de la cadena alimenticia.
El biólogo dijo que actualmente el banco no está amenazado. No es una zona tan apetecida como pesquería, porque hay otras de más fácil acceso y porque en este momento los precios internacionales no justificarían el esfuerzo de captura.
Añadió que tampoco se aprecia riesgo de exploración de hidrocarburos, al menos no por el momento, pese a estar cerca de las islas Malvinas, en disputa de soberanía con Gran Bretaña que las ocupa desde el siglo XIX y en torno de las cuales sí hay proyectos de prospección.
De todos modos, el coordinador del Foro cree que es "un buen momento" para delimitar allí un área de protección y de paz. "Es importante para la investigación científica, que es una actividad pacífica y para beneficio de la humanidad", indicó.
Respecto del seguimiento, Krapovickas confió en que las nuevas tecnologías permitan un control y hasta un programa de investigación realizado a distancia. "No es necesario disponer todo el tiempo de barcos o helicópteros, pues tenemos satélites, incluso uno argentino, el SAC-D Aquarius, con sensores remotos diseñados especialmente para obtener datos marinos", destacó.
Por eso, sostuvo, desde ahora hay que alentar a la comunidad científica a prepararse para bajar esta información y acceder a conocimientos que permitan la mejor preservación de este confín oceánico.
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Fecha de Publicación: 09/12/2012
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Argentina está dando pasos acelerados en la creación de áreas marinas protegidas. En los últimos 10 años, este tipo de preservación en aguas saladas se extendió y por primera vez se sumará a la red una zona en el océano Atlántico.
El Congreso Nacional legislativo aprobó a fines de noviembre la creación de dos parques costeros en aguas oceánicas en la austral provincia de Santa Cruz y dio media sanción al proyecto de crear un área protegida en torno a la meseta submarina identificada como Banco Burdwood.
Esta área, con una muy rica diversidad biológica y alta vulnerabilidad, está situada al sudoeste de las islas Malvinas, el archipiélago reclamado por Argentina a Gran Bretaña, y 150 kilómetros al este de la isla de los Estados, que pertenece a la austral provincia de Tierra del Fuego.
Será la primera área protegida oceánica dentro de la zona económica exclusiva de Argentina, pero fuera del área de influencia jurisdiccional de las provincias, lo cual quiere decir que, dada la estructura federal del país, quedará bajo administración del Estado nacional.
La iniciativa del Banco Burdwood convocó a múltiples actores políticos, científicos y ambientalistas, que respaldaron la idea. El proyecto fue aprobado casi por unanimidad en la Cámara de Diputados y avanza hacia su segura confirmación en el Senado.
Con estos pasos "nos acercamos mucho al compromiso de proteger 10 por ciento de los mares para 2020", dijo a IPS la coordinadora del Programa de Áreas Protegidas de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Andrea Michelson.
La activista se refirió así a la meta 11 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, suscrito por los países participantes en la X Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 10), que se realizó en 2010 en la noroccidental ciudad japonesa de Nagoya.
La meta es que para 2020, al menos 10 por ciento de las zonas marinas y costeras, "especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas".
La Administración de Parques Nacionales indica que en este país, que tenía protegido solo 0,5 por ciento de sus costas marinas en 2003, esa área creció en noviembre hasta 1,8 por ciento tras la creación de los dos parques de Santa Cruz y, con Banco Burdwood, se podrá llegar hasta cuatro por ciento.
Hasta ahora, las áreas protegidas existentes son costeras. Se trata de los parques Marino Costero Patagonia Austral, en la sureña provincia de Chubut, Monte León y los recién creados Isla Pingüino y Makenke, todos en Santa Cruz.
Pero con la creación del área oceánica, mucho más extensa, se avanza a paso ligero para alcanzar las llamadas Metas de Aichi sobre diversidad, por el nombre de la provincia japonesa en cuya capital se firmó el Protocolo de Nagoya (https://www.cbd.int/doc/strategic- plan/2011-2020/Aichi-Targets-es.pdf).
"Es muy difícil llegar al 10 por ciento sugerido solo con áreas costeras, y no será tan rica y diversa la zona de protección si no incorporamos parte del océano", explicó Michelson, quien tiene gran expectativa en la sanción del proyecto que protege el Banco Burdwood.
Para la Fundación Vida Silvestre y otras organizaciones ambientalistas, la creación de un área protegida puramente marina plantea un enorme desafío para su manejo, a cargo de varios organismos estatales y ministerios, ya que se trata de hacer un seguimiento remoto de un espacio en el que intervienen múltiples actores.
El proyecto propone dar a la nueva área de preservación el nombre de Namuncurá, por el indígena patagónico Ceferino, fallecido joven a comienzos del siglo XX y hoy en proceso de canonización. Pero mantendrá el nombre de Burdwood para el accidente geográfico, en cuyo entorno se prevé una zonificación clave de 34.000 kilómetros cuadrados.
El biólogo Santiago Krapovickas, coordinador del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, dijo a IPS, refiriéndose a la creación del área oceánica, que "será la primera vez que se intenta algo así en Argentina".
"Los que trabajamos en conservación estamos muy ilusionados con esta novedad, porque se trata de un sitio único en el mar Argentino, muy singular, poco explorado, delicado, con especies que ni siquiera aún han sido descritas", anticipó.
A raíz de este proyecto, el Foro, que reúne a diversas organizaciones de Argentina, Chile, Uruguay y otras internacionales, está recopilando información científica sobre el área para divulgar la riqueza que guardan esos fondos marinos.
En el área en cuestión hay esponjas, crustáceos, tiburones, merluzas de cola, austral y negra, pingüinos de penacho amarillo y de frente dorada, variedades de albatros y petreles, delfines australes, elefantes y lobos marinos, entre otras especies. Krapovickas explicó que la meseta submarina es circunvalada por una corriente marina fría que tiene de las islas Malvinas y, al encontrarse con ese escollo, remueve el fondo, que es muy rico en nutrientes, generando un área ideal para la reproducción.
También destacó que, al ser un fondo marino relativamente poco profundo sobre la meseta -entre 100 y 200 metros-, recibe luz solar, un fenómeno que permite el desarrollo del fitoplancton que está en la base de la cadena alimenticia.
El biólogo dijo que actualmente el banco no está amenazado. No es una zona tan apetecida como pesquería, porque hay otras de más fácil acceso y porque en este momento los precios internacionales no justificarían el esfuerzo de captura.
Añadió que tampoco se aprecia riesgo de exploración de hidrocarburos, al menos no por el momento, pese a estar cerca de las islas Malvinas, en disputa de soberanía con Gran Bretaña que las ocupa desde el siglo XIX y en torno de las cuales sí hay proyectos de prospección.
De todos modos, el coordinador del Foro cree que es "un buen momento" para delimitar allí un área de protección y de paz. "Es importante para la investigación científica, que es una actividad pacífica y para beneficio de la humanidad", indicó.
Respecto del seguimiento, Krapovickas confió en que las nuevas tecnologías permitan un control y hasta un programa de investigación realizado a distancia. "No es necesario disponer todo el tiempo de barcos o helicópteros, pues tenemos satélites, incluso uno argentino, el SAC-D Aquarius, con sensores remotos diseñados especialmente para obtener datos marinos", destacó.
Por eso, sostuvo, desde ahora hay que alentar a la comunidad científica a prepararse para bajar esta información y acceder a conocimientos que permitan la mejor preservación de este confín oceánico.
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Monitoreo continuo para el Riachuelo
Monitoreo continuo en la Cuenca Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 09/12/2012
Fuente: Urbano
Provincia/Región: Riachuelo
Ya está en marcha la primera estación de monitoreo de calidad de agua y de aire de la Cuenca Matanza Riachuelo, esta se encuentra ubicada en el Club Regatas de Avellaneda y se le sumarán tres puestos más en el Puente La Noria, en el cruce con la Autopista Ricchieri y en Cañuelas.
La inauguración fue realizada durante la séptima remada por el Riachuelo, allí el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Juan José Mussi, puso en marcha la primera Estación de monitoreo continuo y automático de calidad y caudal de agua ubicada en el Club Regatas de Avellaneda, en el marco de la séptima Remada por el Riachuelo que organiza la Fundación X La Boca.
La Estación de monitoreo inicia la primera etapa de instalación y puesta en funcionamiento de este tipo de dispositivos, compuesta por otras tres estaciones más a ser instaladas próximamente en el Puente La Noria, en el cruce con la Autopista Ricchieri y en Cañuelas.
La estructura en su interior alojará en el primer piso el instrumental para monitoreo continuo de calidad de agua y en el segundo piso los equipos para el monitoreo continuo de calidad de aire. Los variables ambientales que se medirán son: caudal, temperatura, cromo total, oxígeno disuelto, amonio, fósforo total, pH, conductividad, DQO, hidrocarburos totales, nitratos.
Este monitoreo permitirá medir la dinámica hídrica en esta sección del río, considerando los pulsos de caudal por las mareas y eventos de sudestada, además de poder evaluar las variaciones de las variables en estudio y los eventos esporádicos que alteran la calidad del agua, como los vuelcos clandestinos, para proponer acciones concretas en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
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Fecha de Publicación: 09/12/2012
Fuente: Urbano
Provincia/Región: Riachuelo
Ya está en marcha la primera estación de monitoreo de calidad de agua y de aire de la Cuenca Matanza Riachuelo, esta se encuentra ubicada en el Club Regatas de Avellaneda y se le sumarán tres puestos más en el Puente La Noria, en el cruce con la Autopista Ricchieri y en Cañuelas.La inauguración fue realizada durante la séptima remada por el Riachuelo, allí el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Juan José Mussi, puso en marcha la primera Estación de monitoreo continuo y automático de calidad y caudal de agua ubicada en el Club Regatas de Avellaneda, en el marco de la séptima Remada por el Riachuelo que organiza la Fundación X La Boca.
La Estación de monitoreo inicia la primera etapa de instalación y puesta en funcionamiento de este tipo de dispositivos, compuesta por otras tres estaciones más a ser instaladas próximamente en el Puente La Noria, en el cruce con la Autopista Ricchieri y en Cañuelas.
La estructura en su interior alojará en el primer piso el instrumental para monitoreo continuo de calidad de agua y en el segundo piso los equipos para el monitoreo continuo de calidad de aire. Los variables ambientales que se medirán son: caudal, temperatura, cromo total, oxígeno disuelto, amonio, fósforo total, pH, conductividad, DQO, hidrocarburos totales, nitratos.
Este monitoreo permitirá medir la dinámica hídrica en esta sección del río, considerando los pulsos de caudal por las mareas y eventos de sudestada, además de poder evaluar las variaciones de las variables en estudio y los eventos esporádicos que alteran la calidad del agua, como los vuelcos clandestinos, para proponer acciones concretas en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
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Nube tóxica de agrotóxico prohibido en Europa
Nube tóxica, nube de dudas
Fecha de Publicación: 08/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
Tras el escape del plaguicida que provocó alarma el jueves en la Ciudad, hubo críticas a la empresa de la Terminal 4 por el manejo de las cargas y por la falta de información sobre las sustancias que se almacenan. El agrotóxico involucrado está prohibido en Europa.
El día después de la nube tóxica que afectó a Buenos Aires se desarrolló bajo una nube de cuestionamientos, preguntas e inquietudes de entidades ambientalistas y trabajadores portuarios. En esta nube pueden discernirse varios nubarrones específicos: 1) La acusación a la empresa que administra la Terminal 4 por falta de medidas de seguridad y mal manejo de las cargas: el accidente se habría originado en la exposición del contenedor a excesiva temperatura; 2) críticas a los gobiernos nacional y porteño por “falta de coordinación y planificación ante accidentes de este orden”; 3) “falta de información adecuada sobre presencia de sustancias tóxicas a pocas cuadras de zonas densamente pobladas”; 4) cuestionamiento de fondo al empleo de plaguicidas como el que ocasionó el accidente, cuyo uso está prohibido en la Unión Europea. En respuesta, una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación sostuvo que “se aplicaron protocolos internacionales” y que “hubo mala información y errores del gobierno porteño”.
Los trabajadores de la Terminal 4 del puerto de Buenos Aires –donde el jueves se produjo el estallido en un container que almacenaba el plaguicida Thiodicarb– se negaron ayer a tomar servicio y criticaron “la falta de información sobre la nube tóxica y el detalle de lo que había en el contenedor”, sumados a “un sistema de evacuación insuficiente”: responsabilizan a la empresa APM Terminal, a cargo del servicio. Según Juan Carlos Andrade –delegado de Terminal 4, Marina Mercante–, “la empresa almacena hasta un 20 por ciento más de los contenedores que caben en la Terminal 4, lo cual hace que no los disponga adecuadamente: los que tienen plaguicidas como el Thiodicarb deben estar a una temperatura que no supere los 23 grados: esto no se cumplió y podría explicar el accidente”. Además, “no hubo un plan de evacuación correcto y sí mucha confusión entre la Prefectura nacional y Defensa Civil de la Ciudad: unos decían que había que evacuar y otros que nos quedáramos”.
Por su parte, el Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) pidió que el trabajo de los estibadores vuelva a considerarse insalubre, en relación con “la manipulación cotidiana de los contenedores”.
También Lorena Pujó –coordinadora de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace Argentina– sostuvo que “la gente recibió información confusa, sin coordinación entre la Nación, de la que depende el puerto, y la Ciudad de Buenos Aires, donde el puerto está. Debe haber procedimientos previamente establecidos para contingencias, en los puertos de la Ciudad y de Dock Sud. Ya hace unos meses hubo un derrame de amoníaco y, el jueves, si no hubiera llovido, no sabemos hasta dónde se hubiera extendido el peligro”. Pujó también denunció que ayer “quisimos tomar muestras del agua y sedimentos, pero la Prefectura nos lo impidió”. Verónica Odriozola –coordinadora para América latina de la ONG Salud Sin Daño– advirtió que “el Thiodicarb, al incendiarse, puede haber producido compuestos con más toxicidad que la que el producto tiene en principio y, de hecho, se midió ácido sulfhídrico en el aire”.
Una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación respondió que, cuando se produjo el accidente, “se aplicó el protocolo internacional de seguridad. Identificada la sustancia y establecido su grado de toxicidad, moderada, el secretario de Seguridad informó a la población, procurando bajar el nivel de alarma generado por informaciones erróneas como que se trataba de mercurio. Hubo, sí, un problema de comunicación del Gobierno de la Ciudad: llegaron a evacuar el Edificio del Plata, lo cual no correspondía”. En cuanto a la prohibición de ingreso ayer a Greenpeace, “fue porque la Justicia investiga lo sucedido y hay que preservar las pruebas”.
La ambientalista Odriozola agregó que “el hecho de que esto haya sucedido en Buenos Aires hace más visible un tema que en comunidades del interior está muy presente: los riesgos del uso de plaguicidas expone a las poblaciones cercanas, como se vio en el caso testigo del barrio Ituzaingó, en Córdoba”, y destacó que “el Thiodicarb está prohibido en la Unión Europea”. Efectivamente, el 31 de mayo de 2007 la Comisión Europea decidió retirar la autorización para productos conteniendo Thiodicarb, porque implica “un riesgo dietario para niños de uno a tres años en caso de consumo de uvas tratadas con el producto, y para adultos por consumir vino”, así como por “posible contaminación de aguas subterráneas”.
Una fuente del Senasa destacó que, en el país, “el Thiodicarb está registrado como de ‘toxicidad moderada’ y su producción y uso están sujetos al cumplimiento de las normativas”.
Durante la tarde de ayer, este diario intentó en vano comunicarse con la empresa APM Terminal, así como con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha de Publicación: 08/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
Tras el escape del plaguicida que provocó alarma el jueves en la Ciudad, hubo críticas a la empresa de la Terminal 4 por el manejo de las cargas y por la falta de información sobre las sustancias que se almacenan. El agrotóxico involucrado está prohibido en Europa.El día después de la nube tóxica que afectó a Buenos Aires se desarrolló bajo una nube de cuestionamientos, preguntas e inquietudes de entidades ambientalistas y trabajadores portuarios. En esta nube pueden discernirse varios nubarrones específicos: 1) La acusación a la empresa que administra la Terminal 4 por falta de medidas de seguridad y mal manejo de las cargas: el accidente se habría originado en la exposición del contenedor a excesiva temperatura; 2) críticas a los gobiernos nacional y porteño por “falta de coordinación y planificación ante accidentes de este orden”; 3) “falta de información adecuada sobre presencia de sustancias tóxicas a pocas cuadras de zonas densamente pobladas”; 4) cuestionamiento de fondo al empleo de plaguicidas como el que ocasionó el accidente, cuyo uso está prohibido en la Unión Europea. En respuesta, una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación sostuvo que “se aplicaron protocolos internacionales” y que “hubo mala información y errores del gobierno porteño”.
Los trabajadores de la Terminal 4 del puerto de Buenos Aires –donde el jueves se produjo el estallido en un container que almacenaba el plaguicida Thiodicarb– se negaron ayer a tomar servicio y criticaron “la falta de información sobre la nube tóxica y el detalle de lo que había en el contenedor”, sumados a “un sistema de evacuación insuficiente”: responsabilizan a la empresa APM Terminal, a cargo del servicio. Según Juan Carlos Andrade –delegado de Terminal 4, Marina Mercante–, “la empresa almacena hasta un 20 por ciento más de los contenedores que caben en la Terminal 4, lo cual hace que no los disponga adecuadamente: los que tienen plaguicidas como el Thiodicarb deben estar a una temperatura que no supere los 23 grados: esto no se cumplió y podría explicar el accidente”. Además, “no hubo un plan de evacuación correcto y sí mucha confusión entre la Prefectura nacional y Defensa Civil de la Ciudad: unos decían que había que evacuar y otros que nos quedáramos”.
Por su parte, el Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) pidió que el trabajo de los estibadores vuelva a considerarse insalubre, en relación con “la manipulación cotidiana de los contenedores”.
También Lorena Pujó –coordinadora de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace Argentina– sostuvo que “la gente recibió información confusa, sin coordinación entre la Nación, de la que depende el puerto, y la Ciudad de Buenos Aires, donde el puerto está. Debe haber procedimientos previamente establecidos para contingencias, en los puertos de la Ciudad y de Dock Sud. Ya hace unos meses hubo un derrame de amoníaco y, el jueves, si no hubiera llovido, no sabemos hasta dónde se hubiera extendido el peligro”. Pujó también denunció que ayer “quisimos tomar muestras del agua y sedimentos, pero la Prefectura nos lo impidió”. Verónica Odriozola –coordinadora para América latina de la ONG Salud Sin Daño– advirtió que “el Thiodicarb, al incendiarse, puede haber producido compuestos con más toxicidad que la que el producto tiene en principio y, de hecho, se midió ácido sulfhídrico en el aire”.
Una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación respondió que, cuando se produjo el accidente, “se aplicó el protocolo internacional de seguridad. Identificada la sustancia y establecido su grado de toxicidad, moderada, el secretario de Seguridad informó a la población, procurando bajar el nivel de alarma generado por informaciones erróneas como que se trataba de mercurio. Hubo, sí, un problema de comunicación del Gobierno de la Ciudad: llegaron a evacuar el Edificio del Plata, lo cual no correspondía”. En cuanto a la prohibición de ingreso ayer a Greenpeace, “fue porque la Justicia investiga lo sucedido y hay que preservar las pruebas”.
La ambientalista Odriozola agregó que “el hecho de que esto haya sucedido en Buenos Aires hace más visible un tema que en comunidades del interior está muy presente: los riesgos del uso de plaguicidas expone a las poblaciones cercanas, como se vio en el caso testigo del barrio Ituzaingó, en Córdoba”, y destacó que “el Thiodicarb está prohibido en la Unión Europea”. Efectivamente, el 31 de mayo de 2007 la Comisión Europea decidió retirar la autorización para productos conteniendo Thiodicarb, porque implica “un riesgo dietario para niños de uno a tres años en caso de consumo de uvas tratadas con el producto, y para adultos por consumir vino”, así como por “posible contaminación de aguas subterráneas”.
Una fuente del Senasa destacó que, en el país, “el Thiodicarb está registrado como de ‘toxicidad moderada’ y su producción y uso están sujetos al cumplimiento de las normativas”.
Durante la tarde de ayer, este diario intentó en vano comunicarse con la empresa APM Terminal, así como con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
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Otro año más sin fondos para la ley de bosques
Por quinto año se incumple la ley de bosques
Fecha de Publicación: 08/12/2012
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional
Fecha de Publicación: 08/12/2012
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional
Un año más, un presupuesto más y, como se esperaba, un nuevo incumplimiento. Se trata del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.El actual proyecto de ley de Presupuesto, asignó al fondo $230 millones mientras que la norma N° 26.331, art. 31, incisos a) y b): se establece una partida no menor del 0,3% del Presupuesto Nacional, ($ 1.515 millones), y una asignación específica del 2% de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, que elevaría el monto a $2.327 millones.
El hecho deja ver al menos dos problemas: el primero y más evidente es el incumplimiento y la falta de voluntad política en avanzar en una protección genuina. Y el segundo, tal vez aún más grave, es que de este modo se pone en duda la creación de fondos especiales para poder afrontar otro tipo de conflictos ambientales. Uno que se discute hoy, por caso, es el que crea el proyecto para la disposición de residuos eléctricos y electrónicos. Y se da la razón a los grupos que ponen trabas para que este tipo de normas no avance.
Ante la pobre asignación al fondo de bosques y como todavía el presupuesto está en etapa de discusión, las ONG Fundación Vida Silvestre Argentina, Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y asociaciones de productores y de la industria foresto-industrial (como FAIMA y AFOA), manifestaron su preocupación frente a la insuficiente partida y enviaron una carta a los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados.
El Fondo para la conservación de los bosques nativos establece en el artículo 30 “el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan”. El fondo tiene un sentido federal, ya que el 30% está destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control, mientras que el 70% restante a compensar a los titulares que efectúen tareas de conservación y manejo sostenible de los bosques.
“A cinco años de la promulgación de la Ley de Bosques, ésta se encuentra muy lejos de cumplirse, ya que viene padeciendo falencias similares desde el año 2008. Por esta razón, las cinco organizaciones firmantes solicitan de carácter urgente apoyar un incremento en el presupuesto . Del mismo modo, el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), y provincias como Tierra del Fuego, San Luis, Misiones, Salta y Chaco, ya vienen reclamando hace un tiempo sobre esta problemática“, indicaron las ONG mediante un comunicado.
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Nube de agroquímicos sobre Capital Federal
Una nube tóxica causó caos y pánico en el centro de la ciudad
Fecha de Publicación: 07/12/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital Federal
Durante dos horas hubo autoevacuaciones y preocupación por la combustión de un pesticida en un contenedor en la terminal 4; un olor nauseabundo afectó Puerto Madero, Retiro, San Telmo y Recoleta
Una densa y fétida nube tóxica, provocada por la combustión de un contenedor con pesticidas en el puerto, generó ayer pánico y caos en el centro porteño. A las 9.30, la nube, que afectó principalmente a los barrios de Retiro, San Telmo, Constitución, Puerto Madero y zonas de Recoleta, generó preocupación y trastornos durante dos horas. Oficinistas que se autoevacuaban de los edificios del microcentro, las líneas de subte que no completaban su recorrido, el tránsito colapsado y los vuelos demorados fueron algunas de las consecuencias del siniestro.
La sustancia, identificada por las autoridades como Thiodicarb, es un pesticida fabricado a base de carbamato, incluido entre los productos que pueden explotar o hacer reacciones de autocombustión por exposición a altas temperaturas, como las ocurridas ayer, que son las causas que se analizan en la investigación del siniestro que ocurrió en la terminal 4 del Puerto de Buenos Aires.
A pesar de la situación crítica que se vivió durante algunos minutos, no se registraron heridos de gravedad: "Por prevención se atendió a 150 personas en el lugar y sus inmediaciones, y se trasladó a 97 personas a hospitales porteños", indicaron en el Ministerio de Salud de la ciudad. Los cuadros generales presentados por los atendidos fueron cefaleas, mareos, náuseas e irritación ocular.
La emergencia fue atendida inmediatamente por la Prefectura Naval Argentina y Defensa Civil de la ciudad de Buenos Aires. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, que se presentó en la zona donde se incendió el contenedor con un mameluco para protección química blanco y máscara antigás, aseguró: "Fue un incendio dentro de un container. Estamos produciendo el enfriamiento de los tambores donde venía el plaguicida".
"En la oficina nos preocupamos porque pensamos que alguien había dejado abierta una hornalla o el horno y abrimos las ventanas, pero apenas nos dimos cuenta de que venía de afuera las volvimos a cerrar", contó Mirta Peralta, una empleada de una empresa de Retiro. "Más tarde, un par de compañeras mías se descompusieron y tuvieron que venir a atenderlas", agregó.
Minutos más tarde se descartó que la toxicidad del producto pudiera expandirse más allá de un radio de 600 metros. Fue precisamente ese perímetro el que quedó restringido. Se evacuó el puerto de Buenos Aires, se cortó la circulación vehicular de la autopista Illia y se cerró la estación de Retiro.
La línea C de subtes interrumpió su servicio y las demás no llegaban hasta sus cabeceras del centro porteño. También se evacuaron algunos edificios, como los tribunales de Comodoro Py. También se vio afectada la actividad del aeroparque metropolitano y de la estación de Buquebus.
"Hay que llevar tranquilidad para todos los vecinos: ya no hay riesgo tóxico en la ciudad", aseguró por la tarde Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público.
"Esta mañana nuestra estación de monitoreo de control del aire de La Boca detectó lo que estaba sucediendo y nos indicó que había un alto nivel de ácido sulfhídrico", agregó. Ese ácido surge como reacción de la mezcla del plaguicida con el agua.
"El nivel más alto se detectó a las 9.15 en la estación de monitoreo de La Boca (Brasil al 100) y fue disminuyendo posteriormente hasta volver a valores normales", indicaron en el gobierno porteño.
Uno de los trascendidos de ayer daba cuenta de que cuando el humo comenzó a salir del contenedor, especulando con que alguno de los tambores se habría caído y sufrido una fisura, se le tiró agua para tratar de sofocarlo. Este hecho podría haber potenciado la emanación posterior. Sin embargo, hasta anoche era investigada esta versión.
El contenedor que sufrió el siniestro, por causas que se investigan, estaba cargado con más de 17 toneladas de insecticida sólido, envasado en 390 tambores. Arribó al puerto de Buenos Aires el 26 de noviembre desde el puerto de Shanghai, China, y su destino final era la terminal de Caacupé-Miports, en Paraguay.
Según pudo saber LA NACION, se encontraba en "tránsito" en la terminal 4 del puerto de Buenos Aires, aguardando el servicio de barcazas para partir rumbo a Paraguay. Al ser un contenedor de trasbordo, la terminal no tiene conocimiento de qué contiene ni del fabricante ni del cliente. Es que se trata de una exportación de China a Paraguay con escala en Buenos Aires.
Al menos 30 contenedores de 40 pies, como el que sufrió el incidente, se encuentran todavía estibados en la terminal 4. Sólo se sabe que contienen sustancias peligrosas, aunque no si se trata del mismo pesticida. La intensa lluvia de ayer demoró los peritajes que realizaban en forma conjunta el organismo a cargo de la seguridad portuaria, la Prefectura Naval, y las autoridades de Toxicología y Medio Ambiente del Ministerio de Salud.
El protocolo operativo para contenedores cargados con "sustancias tóxicas", una vez descargados del buque, comienza con una "estiba segregada". Aunque no se sabe exactamente cuál es la carga, se sabe que es un código IMO 6.1, es decir, sustancia tóxica según el código de la Organización Marítima Internacional (IMO, en inglés). "Al no venir con ninguna indicación específica sobre su almacenamiento, se lo estibó a la intemperie, que es lo común en estos casos", dijeron fuentes de la terminal.
La naviera a cargo del transporte de la carga es la alemana Hamburg Süd, que declinó revelar el nombre del cargador.
Más Información:
- Greenpeace - Reclama información precisa sobre la nube tóxica
- Río Negro OL - Nube tóxica y temporal colapsaron Buenos Aires
- Renace - Levemente muertos: Humo de agrotóxicos en el Puerto de BsAs
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