Una audiencia pública del Acumar que no sirve
16:34 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Polémica entre Greenpeace y ACUMAR por una audiencia pública en Cañuelas
Fecha de Publicación: 25/05/2012
Fuente: La información on line
Provincia/Región: Buenos Aires
La semana próxima se llevará a cabo en Cañuelas una audiencia pública convocada por ACUMAR para tratar el Plan Maestro para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Cuenca Matanza Riachuelo. Pero las entidades ambientalistas –entre ellas Greenpeace y el CELS- cuestionan el lugar elegido (alejado de la capital y el conurbano) y la falta de difusión de la convocatoria por parte de ACUMAR y los municipios. Hoy es el último día para inscribirse y participar.
Aunque prácticamente nadie lo sabe, el próximo martes 29 de mayo tendrá lugar en Cañuelas una importante audiencia pública convocada por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para tratar el Plan Maestro para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Cuenca Matanza Riachuelo (PMGIRSU-CMR), en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado Federal de Quilmes a cargo de Luis Armella.
La audiencia se llevará a cabo a las 10 de la mañana, en el salón de fiestas ubicado en Brandsen 1380, y podrán participar tanto personas físicas como jurídicas. Sin embargo, hoy es el último día de plazo para inscribirse y poder tener acceso a la audiencia, como orador o en forma presencial.
La polémica surgió justamente porque las entidades ecologistas tácitamente acusan a ACUMAR y los municipios que integran la cuenca de limitar la participación, al no difundir la convocatoria, únicamente visible a través de la página web de la autoridad de la cuenca.
En el caso de Cañuelas, ni el gobierno municipal ni la oficina de ACUMAR dirigida por el Dr. Maximiliano Mazzanti brindaron información al respecto, pese a que dicha oficina es incluso uno de los únicos tres lugares habilitados para inscribirse en la audiencia.
En un comunicado difundido en su página web, la organización Greenpeace, acompañada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Vecinos de la Boca, se quejaron por la convocatoria.
En primer término, cuestionaron que Cañuelas haya sido elegida como sede de la audiencia, señalando que “no resulta de fácil acceso para aquellas personas que busquen participar, ya que carece de alternativas de transporte que faciliten su llegada”, y que el ACUMAR debió fundamentar el lugar de la elección de la sede, cosa que no hizo.
También dijeron que el plazo para inscribirse fue “sumamente exiguo”, y que no hubo una campaña de difusión, facilitación y promoción de la participación. “La convocatoria tampoco fue difundida por las páginas webs de los municipios de la Cuenca, del CEAMSE, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales no cuentan con ningún tipo de información al respecto”, afirma el comunicado, que agrega que dicha información tampoco fue difundida en el espacio televisivo que ACUMAR tiene en la tanda publicitaria de “Fútbol para Todos”.
Los organismos ambientalistas también criticaron que la inscripción sólo pudiera efectuarse en las sedes de ACUMAR de Capital, Cañuelas y Monte Grande, y no por medio de la web oficial.
Y pidieron a todos los interesados que hagan un esfuerzo por concurrir y participar de la audiencia, más allá de las dificultades expresadas: “Más allá de las observaciones planteadas (…) hemos impulsado desde hace más de 10 años la necesidad de generar instancias de participación para debatir. Por ello, creemos que resulta muy importante que la ciudadanía pueda hacer escuchar sus opiniones en todas las instancias en que se la requiera, más allá las falencias que en dicho proceso se puedan generar”, concluyeron.
.
Fecha de Publicación: 25/05/2012
Fuente: La información on line
Provincia/Región: Buenos Aires
La semana próxima se llevará a cabo en Cañuelas una audiencia pública convocada por ACUMAR para tratar el Plan Maestro para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Cuenca Matanza Riachuelo. Pero las entidades ambientalistas –entre ellas Greenpeace y el CELS- cuestionan el lugar elegido (alejado de la capital y el conurbano) y la falta de difusión de la convocatoria por parte de ACUMAR y los municipios. Hoy es el último día para inscribirse y participar.
Aunque prácticamente nadie lo sabe, el próximo martes 29 de mayo tendrá lugar en Cañuelas una importante audiencia pública convocada por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para tratar el Plan Maestro para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Cuenca Matanza Riachuelo (PMGIRSU-CMR), en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado Federal de Quilmes a cargo de Luis Armella.
La audiencia se llevará a cabo a las 10 de la mañana, en el salón de fiestas ubicado en Brandsen 1380, y podrán participar tanto personas físicas como jurídicas. Sin embargo, hoy es el último día de plazo para inscribirse y poder tener acceso a la audiencia, como orador o en forma presencial.
La polémica surgió justamente porque las entidades ecologistas tácitamente acusan a ACUMAR y los municipios que integran la cuenca de limitar la participación, al no difundir la convocatoria, únicamente visible a través de la página web de la autoridad de la cuenca.
En el caso de Cañuelas, ni el gobierno municipal ni la oficina de ACUMAR dirigida por el Dr. Maximiliano Mazzanti brindaron información al respecto, pese a que dicha oficina es incluso uno de los únicos tres lugares habilitados para inscribirse en la audiencia.
En un comunicado difundido en su página web, la organización Greenpeace, acompañada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Vecinos de la Boca, se quejaron por la convocatoria.
En primer término, cuestionaron que Cañuelas haya sido elegida como sede de la audiencia, señalando que “no resulta de fácil acceso para aquellas personas que busquen participar, ya que carece de alternativas de transporte que faciliten su llegada”, y que el ACUMAR debió fundamentar el lugar de la elección de la sede, cosa que no hizo.
También dijeron que el plazo para inscribirse fue “sumamente exiguo”, y que no hubo una campaña de difusión, facilitación y promoción de la participación. “La convocatoria tampoco fue difundida por las páginas webs de los municipios de la Cuenca, del CEAMSE, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales no cuentan con ningún tipo de información al respecto”, afirma el comunicado, que agrega que dicha información tampoco fue difundida en el espacio televisivo que ACUMAR tiene en la tanda publicitaria de “Fútbol para Todos”.
Los organismos ambientalistas también criticaron que la inscripción sólo pudiera efectuarse en las sedes de ACUMAR de Capital, Cañuelas y Monte Grande, y no por medio de la web oficial.
Y pidieron a todos los interesados que hagan un esfuerzo por concurrir y participar de la audiencia, más allá de las dificultades expresadas: “Más allá de las observaciones planteadas (…) hemos impulsado desde hace más de 10 años la necesidad de generar instancias de participación para debatir. Por ello, creemos que resulta muy importante que la ciudadanía pueda hacer escuchar sus opiniones en todas las instancias en que se la requiera, más allá las falencias que en dicho proceso se puedan generar”, concluyeron.
.
La comunidad inspeccionará proyecto Agua Rica
Misión oficial y comunitaria inspeccionará proyecto Agua Rica
Fecha de Publicación: 24/05/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
Una "Misión Oficial" con participación comunitaria se hará presente este próximo sábado 26 de mayo de 2012 en el yacimiento minero Agua Rica. Esta acción ciudadana concreta un proyecto generado en el marco de la multisectorial de Andalgalá ante el intendente Prof. Alejandro Páez. Los objetivos abarcan conocer y evaluar el avance del proyecto, observar y registrar científicamente las labores en desarrollo, verificar el impacto al vasto patrimonio Arqueológico existente en la región y de la diversidad biológica y evaluar el impacto negativo al valor escénico del paisaje.
Las asambleas El Algarrobo, Mujeres del Silencio, 15 de Febrero, Los Nuevos Defensores, Vecinos Autoconvocados por la Vida, partidos políticos y organizaciones gremiales acuerdan un programa de actuaciones que consideran "fundamental de dotar a la visita a la zona del yacimiento, del acompañamiento, participación y aval técnico, científico, legal, político y comunitario, que certifiquen un diagnóstico certero y absolutamente confiable de las situaciones observadas y relevadas in-situ, como un modo efectivo de reafirmar nuestros derechos territoriales comunitarios y de absoluta autonomía municipal, conferida expresamente por nuestra Carta Orgánica Municipal, órgano rector y máximo que rige los destinos de esta comunidad, confiriendo y reservando expresamente al Departamento Ejecutivo Municipal, la potestad de ejercicio real del Poder de Policía en todo lo concerniente a la temática Ambiental; como así mismo a las funciones esenciales de: seguridad, higiene, salud de nuestra comunidad ( Capítulo V, artículos 22, 23, 26, 27, 29 y 31)."
La Comitiva está integrada por una delegación en representación de la Multisectorial Andalgalenes, integrantes de la organización Hermanos de la Tierra y Pro-Eco Grupo ecologista ( que coincide que son trabajadores de la UNT).
Siendo los Objetivos de la misión: 1- conocer y evaluar el avance del proyecto, conforme a la normativa existente emanada del Juzgado de Minas de la provincia y de la Secretaría de Estado de Minería, toda vez que se advierten graves contradicciones en los diferentes instrumentos sancionados oportunamente por estos organismos, que producen incertidumbre y fundado temor en la comunidad. 2- observar y registrar científicamente las labores y actividades en desarrollo por parte del proyecto, conforme a los antecedentes y estudios de base científicos existentes. 3- verificar la realidad y el impacto al vasto patrimonio Arqueológico existente en la región, para una futura investigación de las violaciones que pueden afectar a dicho patrimonio, de acuerdo a la normativa provincial y nacional existentes y, fundamentalmente a los convenios internacionales ( 169 OIT; de la diversidad biológica y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Originarios). 4- evaluar el impacto negativo al valor escénico del paisaje, su entorno y biodiversidad y, su traslación a la valoración económica y social de los recursos naturales y culturales asociados al ambiente.
La misión oficial con participación comunitaria destaca el carácter no-confrontativo del viaje, por lo que se verá acompañada por vecinos que se trasladaran hasta el ingreso al territorio del yacimiento y se quedaran en vigilia hasta que retorne la comitiva.
De esta manera esta Multisectorial de Andalgalá se propone avanzar en la evaluación de los resultados de la visita a los fines de mejor orientar las acciones y medidas inmediatas a llevarse a cabo, ya sea de manera individual y/ o conjuntas, en especial que el municipio genere los instrumentos administrativos y/o legales que complemente la acción reivindicatoria y necesarias que resulten asumir en el futuro.
.
Fecha de Publicación: 24/05/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
Una "Misión Oficial" con participación comunitaria se hará presente este próximo sábado 26 de mayo de 2012 en el yacimiento minero Agua Rica. Esta acción ciudadana concreta un proyecto generado en el marco de la multisectorial de Andalgalá ante el intendente Prof. Alejandro Páez. Los objetivos abarcan conocer y evaluar el avance del proyecto, observar y registrar científicamente las labores en desarrollo, verificar el impacto al vasto patrimonio Arqueológico existente en la región y de la diversidad biológica y evaluar el impacto negativo al valor escénico del paisaje.Las asambleas El Algarrobo, Mujeres del Silencio, 15 de Febrero, Los Nuevos Defensores, Vecinos Autoconvocados por la Vida, partidos políticos y organizaciones gremiales acuerdan un programa de actuaciones que consideran "fundamental de dotar a la visita a la zona del yacimiento, del acompañamiento, participación y aval técnico, científico, legal, político y comunitario, que certifiquen un diagnóstico certero y absolutamente confiable de las situaciones observadas y relevadas in-situ, como un modo efectivo de reafirmar nuestros derechos territoriales comunitarios y de absoluta autonomía municipal, conferida expresamente por nuestra Carta Orgánica Municipal, órgano rector y máximo que rige los destinos de esta comunidad, confiriendo y reservando expresamente al Departamento Ejecutivo Municipal, la potestad de ejercicio real del Poder de Policía en todo lo concerniente a la temática Ambiental; como así mismo a las funciones esenciales de: seguridad, higiene, salud de nuestra comunidad ( Capítulo V, artículos 22, 23, 26, 27, 29 y 31)."
La Comitiva está integrada por una delegación en representación de la Multisectorial Andalgalenes, integrantes de la organización Hermanos de la Tierra y Pro-Eco Grupo ecologista ( que coincide que son trabajadores de la UNT).
Siendo los Objetivos de la misión: 1- conocer y evaluar el avance del proyecto, conforme a la normativa existente emanada del Juzgado de Minas de la provincia y de la Secretaría de Estado de Minería, toda vez que se advierten graves contradicciones en los diferentes instrumentos sancionados oportunamente por estos organismos, que producen incertidumbre y fundado temor en la comunidad. 2- observar y registrar científicamente las labores y actividades en desarrollo por parte del proyecto, conforme a los antecedentes y estudios de base científicos existentes. 3- verificar la realidad y el impacto al vasto patrimonio Arqueológico existente en la región, para una futura investigación de las violaciones que pueden afectar a dicho patrimonio, de acuerdo a la normativa provincial y nacional existentes y, fundamentalmente a los convenios internacionales ( 169 OIT; de la diversidad biológica y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Originarios). 4- evaluar el impacto negativo al valor escénico del paisaje, su entorno y biodiversidad y, su traslación a la valoración económica y social de los recursos naturales y culturales asociados al ambiente.
La misión oficial con participación comunitaria destaca el carácter no-confrontativo del viaje, por lo que se verá acompañada por vecinos que se trasladaran hasta el ingreso al territorio del yacimiento y se quedaran en vigilia hasta que retorne la comitiva.
De esta manera esta Multisectorial de Andalgalá se propone avanzar en la evaluación de los resultados de la visita a los fines de mejor orientar las acciones y medidas inmediatas a llevarse a cabo, ya sea de manera individual y/ o conjuntas, en especial que el municipio genere los instrumentos administrativos y/o legales que complemente la acción reivindicatoria y necesarias que resulten asumir en el futuro.
.
Estudian limitar fumigaciones en la Región Centro
Estudian limitar fumigaciones con agroquímicos en la Región Centro
Fecha de Publicación: 24/05/2012
Fuente: fyo.com
Provincia/Región: Santa Fe - Córdoba - Entre Ríos
En la última Reunión de Parlamentarios de la Región Centro, que nuclea a representantes de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, la utilización de agroquímicos fue uno de los temas centrales.
En dicho cónclave las provincias se pusieron de acuerdo en la necesidad de poner límites al uso de estas sustancias para las fumigaciones aéreas.
En Entre Ríos, la Comisión de Tierras de la Cámara de Diputados avanza a paso lento en el estudio de los proyectos referidos a la prohibición. Según declaró la titular del cuerpo, Estela Almirón (FPV), el tema es “prioritario”, sin embargo recién se están clasificando los expedientes para su evaluación.
La iniciativa, que busca evitar el impacto que la fumigación tiene sobre la salud de la población, es de autoría del diputado mandato cumplido Héctor de la Fuente y prohíbe las fumigaciones aéreas en la provincia. Su discusión ya convocó a varios sectores durante el año pasado.
En Santa Fe, el proyecto duerme en los cajones del Senado, lo que motivó que diversas ONGs ambientalistas reclamaran su tratamiento. La historia de su discusión comenzó en 2010, cuando Diputados le dio media sanción a un proyecto que establecía que no se podía fumigar a menos de 500 metros de los vecinos. Sin embargo, en el Senado perdió estado parlamentario por no haber sido tratado.
En noviembre de 2011 el senador Juan Carlos Zabalza (PS) volvió a presentar el proyecto que había caducado, con intenciones de conseguir un lugar en el recinto. Ahora, los ambientalistas piden que se trate y que, además se modifique su letra, para que la zona de prevención en toda la provincia alcance los 800 metros, tal como dispuso la justicia en casos anteriores.
En Córdoba, existe la Ley Nº 9164 a partir de la cual el Ministerio de Agricultura lleva el registro en el que se deben inscribir los expendedores y aplicadores aéreos de productos químicos de uso agropecuario. Asimismo, un proyecto impulsado por el legislador del Frente Cívico y Social Roberto Birri pretende ampliar las zonas de prohibición de 500 a 800 metros y también fija la prohibición a una distancia determinada sobre los cursos de agua.
Tan actual es la discusión en la provincia que el Colegio de Ingenieros Agrónomos y el Ministerio de Agricultura convocaron a un debate sobre el uso de productos fitosanitarios para el 15 de junio próximo en Villa María.
La reunión de la Región Centro, según El Enfiteuta, volvió a poner este tema en el epicentro, al igual que la necesidad de apurar su control, mientras crece el número de enfermedades y muertes que los científicos no dudan en asociar al uso de agroquímicos.
.
Fecha de Publicación: 24/05/2012
Fuente: fyo.com
Provincia/Región: Santa Fe - Córdoba - Entre Ríos
En la última Reunión de Parlamentarios de la Región Centro, que nuclea a representantes de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, la utilización de agroquímicos fue uno de los temas centrales.
En dicho cónclave las provincias se pusieron de acuerdo en la necesidad de poner límites al uso de estas sustancias para las fumigaciones aéreas.
En Entre Ríos, la Comisión de Tierras de la Cámara de Diputados avanza a paso lento en el estudio de los proyectos referidos a la prohibición. Según declaró la titular del cuerpo, Estela Almirón (FPV), el tema es “prioritario”, sin embargo recién se están clasificando los expedientes para su evaluación.
La iniciativa, que busca evitar el impacto que la fumigación tiene sobre la salud de la población, es de autoría del diputado mandato cumplido Héctor de la Fuente y prohíbe las fumigaciones aéreas en la provincia. Su discusión ya convocó a varios sectores durante el año pasado.
En Santa Fe, el proyecto duerme en los cajones del Senado, lo que motivó que diversas ONGs ambientalistas reclamaran su tratamiento. La historia de su discusión comenzó en 2010, cuando Diputados le dio media sanción a un proyecto que establecía que no se podía fumigar a menos de 500 metros de los vecinos. Sin embargo, en el Senado perdió estado parlamentario por no haber sido tratado.
En noviembre de 2011 el senador Juan Carlos Zabalza (PS) volvió a presentar el proyecto que había caducado, con intenciones de conseguir un lugar en el recinto. Ahora, los ambientalistas piden que se trate y que, además se modifique su letra, para que la zona de prevención en toda la provincia alcance los 800 metros, tal como dispuso la justicia en casos anteriores.
En Córdoba, existe la Ley Nº 9164 a partir de la cual el Ministerio de Agricultura lleva el registro en el que se deben inscribir los expendedores y aplicadores aéreos de productos químicos de uso agropecuario. Asimismo, un proyecto impulsado por el legislador del Frente Cívico y Social Roberto Birri pretende ampliar las zonas de prohibición de 500 a 800 metros y también fija la prohibición a una distancia determinada sobre los cursos de agua.
Tan actual es la discusión en la provincia que el Colegio de Ingenieros Agrónomos y el Ministerio de Agricultura convocaron a un debate sobre el uso de productos fitosanitarios para el 15 de junio próximo en Villa María.
La reunión de la Región Centro, según El Enfiteuta, volvió a poner este tema en el epicentro, al igual que la necesidad de apurar su control, mientras crece el número de enfermedades y muertes que los científicos no dudan en asociar al uso de agroquímicos.
.
El increíble pasivo ambiental de YFP
Para Maza, el pasivo ambiental de las petroleras llega a $100 millones
Fecha de Publicación: 23/05/2012
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Pedirán a las empresas que difundan las inversiones ambientales año a año. Esperarán a que la nueva administración de YPF enfoque sus objetivos antes de pedirles esos mismos datos. “Cuando recorrimos en YPF, en particular en Cañadón Perdido, observamos muchísimos metros cúbicos de suelo empetrolado”, advirtió Eduardo Maza.
Tras una reunión con las principales empresas petroleras que operan en la provincia, el ministro de Ambiente de Chubut, Eduardo Maza, evaluó que el monto para reparar el pasivo ambiental supera los 100 millones de pesos “entre PAE, Capsa, Enap y Tecpetrol”.
Sin embargo, estimó que esa cifra podría ser el doble. Espera que el número real se conozca en los cinco días que dieron como plazo a las compañías para que den a conocer las inversiones en materia ambiental de los últimos años con detalles. “El Estado tiene facultad de reclamar algún tipo de modalidad de remediación y, de no cumplir, se aplicarán las multas”, dijo en diálogo con Radio del Mar.
El funcionario añadió que esas multas deberán ser “altas y firmes” para que no se consideren como “permiso de contaminación”. Al obtener la información de las empresas, el organismo ambiental del gobierno de Martín Buzzi tendrá para el 31 de mayo un informe sobre los pasivos ambientales que deja el petróleo en la región.
“En Chubut hemos decidido hacer un acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Petrominera para contratar a dos consultoras que estarán haciendo el trabajo en campo y con auditorías. Estamos día a día pidiendo información sobre los avances del trabajo y para el 31 de mayo tendremos un informe interesante en cuanto a una proyección de pasivos ambientales”, informó.
El ministro reconoció que existe un vacío legal muy grande en materia ambiental. “La gestión anterior jerarquizó el tema ambiental porque es real que la sociedad en su conjunto nos demanda mayores responsabilidades en cuanto a remediación para vivir en un ambiente sano”, aseguró.
En ese contexto, sostuvo que el gobierno de Buzzi tiene intenciones de concretar un relevamiento de los pasivos, identificar su ubicación y tipo de gravedad, y así iniciar inmediatamente los planes de remediación. Y agregó que la inversión de las empresas en ambiente ha sido insuficiente.
“Hoy (por ayer) nos juntamos con las operadoras PAE, Tecpetrol, Capsa, Enap Sipetrol y Sinopec y los días siguientes se intimará al resto (de las empresas) a presentar las inversiones”, advirtió.
Reconoció que el trabajo no llevará “un año sino 5 o tal vez 10 (años) pero la idea es tener inversiones ambientales en materia de prevención para sanear a todos los pasivos donde tendrá prioridad todo lo que esté en la zona urbana”.
En relación a YPF, que no estuvo contemplada entre las operadoras con las que se llevó a cabo la reunión, dijo: “estamos esperando un poco el reacomodamiento. Se va a sumar a esta iniciativa que planteamos desde el Ministerio”.
Manifestó que el saneamiento de pasivos tiene que ver con la adecuación de repositorios, con perforaciones, picadas, revegetaciones, disposición final de capacitores. “Con todas las cuestiones que requieren remediación con mucho suelo empetrolado”, agregó el ministro Maza.
“Cuando recorrimos en YPF, en particular en Cañadón Perdido, observamos muchísimos metros cúbicos de suelo empetrolado con repositorios de larga data en lugares donde acumulaban el suelo y no se hacía la remediación para poder volver a lugar”, ilustró el titular de la cartera de Ambiente.
“En el tema de YPF en particular, por la magnitud de la actividad y porque en el corto plazo el tribunal de tasación deberá determinar el valor de expropiación; en algún momento si corresponde que se establezca para indemnizar con un quantum que tendrá activos y pasivos y se debe tener la información como corresponde. Se está haciendo por eso un trabajo de relevamiento del pasivo ambiental”, explicó.
.
Fecha de Publicación: 23/05/2012
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Pedirán a las empresas que difundan las inversiones ambientales año a año. Esperarán a que la nueva administración de YPF enfoque sus objetivos antes de pedirles esos mismos datos. “Cuando recorrimos en YPF, en particular en Cañadón Perdido, observamos muchísimos metros cúbicos de suelo empetrolado”, advirtió Eduardo Maza.Tras una reunión con las principales empresas petroleras que operan en la provincia, el ministro de Ambiente de Chubut, Eduardo Maza, evaluó que el monto para reparar el pasivo ambiental supera los 100 millones de pesos “entre PAE, Capsa, Enap y Tecpetrol”.
Sin embargo, estimó que esa cifra podría ser el doble. Espera que el número real se conozca en los cinco días que dieron como plazo a las compañías para que den a conocer las inversiones en materia ambiental de los últimos años con detalles. “El Estado tiene facultad de reclamar algún tipo de modalidad de remediación y, de no cumplir, se aplicarán las multas”, dijo en diálogo con Radio del Mar.
El funcionario añadió que esas multas deberán ser “altas y firmes” para que no se consideren como “permiso de contaminación”. Al obtener la información de las empresas, el organismo ambiental del gobierno de Martín Buzzi tendrá para el 31 de mayo un informe sobre los pasivos ambientales que deja el petróleo en la región.
“En Chubut hemos decidido hacer un acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Petrominera para contratar a dos consultoras que estarán haciendo el trabajo en campo y con auditorías. Estamos día a día pidiendo información sobre los avances del trabajo y para el 31 de mayo tendremos un informe interesante en cuanto a una proyección de pasivos ambientales”, informó.
El ministro reconoció que existe un vacío legal muy grande en materia ambiental. “La gestión anterior jerarquizó el tema ambiental porque es real que la sociedad en su conjunto nos demanda mayores responsabilidades en cuanto a remediación para vivir en un ambiente sano”, aseguró.
En ese contexto, sostuvo que el gobierno de Buzzi tiene intenciones de concretar un relevamiento de los pasivos, identificar su ubicación y tipo de gravedad, y así iniciar inmediatamente los planes de remediación. Y agregó que la inversión de las empresas en ambiente ha sido insuficiente.
“Hoy (por ayer) nos juntamos con las operadoras PAE, Tecpetrol, Capsa, Enap Sipetrol y Sinopec y los días siguientes se intimará al resto (de las empresas) a presentar las inversiones”, advirtió.
Reconoció que el trabajo no llevará “un año sino 5 o tal vez 10 (años) pero la idea es tener inversiones ambientales en materia de prevención para sanear a todos los pasivos donde tendrá prioridad todo lo que esté en la zona urbana”.
En relación a YPF, que no estuvo contemplada entre las operadoras con las que se llevó a cabo la reunión, dijo: “estamos esperando un poco el reacomodamiento. Se va a sumar a esta iniciativa que planteamos desde el Ministerio”.
Manifestó que el saneamiento de pasivos tiene que ver con la adecuación de repositorios, con perforaciones, picadas, revegetaciones, disposición final de capacitores. “Con todas las cuestiones que requieren remediación con mucho suelo empetrolado”, agregó el ministro Maza.
“Cuando recorrimos en YPF, en particular en Cañadón Perdido, observamos muchísimos metros cúbicos de suelo empetrolado con repositorios de larga data en lugares donde acumulaban el suelo y no se hacía la remediación para poder volver a lugar”, ilustró el titular de la cartera de Ambiente.
“En el tema de YPF en particular, por la magnitud de la actividad y porque en el corto plazo el tribunal de tasación deberá determinar el valor de expropiación; en algún momento si corresponde que se establezca para indemnizar con un quantum que tendrá activos y pasivos y se debe tener la información como corresponde. Se está haciendo por eso un trabajo de relevamiento del pasivo ambiental”, explicó.
.
Audiencia en Chaco por los desmontes
Greenpeace entregó a la Justicia y al Gobierno del Chaco imágenes de desmontes en El Impenetrable
Fecha de Publicación: 22/05/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Chaco
Greenpeace participó de una audiencia en la que entregó a la Justicia y al Gobierno del Chaco un informe detallado con imágenes de desmontes selectivos realizados en El Impenetrable chaqueño, autorizados por la provincia en clara violación de la Ley de Bosques.
De la audiencia convocada por la Dra. Iride Isabel María Grillo, en el Juzgado Civil Nº 6, participaron representantes de la Asociación Comunitaria de Nueva Pompeya, de la Asociación Comunitaria de Comandancias Frías, de la Asociación Comunitaria de Nueva Población del Gobierno de la Provincia y del Instituto de Colonización, el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, y el coordinador del Centro Nelson Mandela. Los participantes brindaron información a la magistrada sobre los impactos de la deforestación en la provincia.
“Las imágenes son contundentes: los sistemas silvopastoriles que se están autorizando en El Impenetrable no son sustentables y resultan un desmonte encubierto o en etapas. Luego de la aplicación del rolo o la topadora, son muy pocos los árboles que quedan en pie y se pierde casi toda la biodiversidad. Esto, sumado a la implantación de pasturas, implica la destrucción del bosque bajo, que es el sustento de la mayoría de la fauna chaqueña y el futuro del bosque”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El pasado 14 de mayo el gobierno provincial dictó una resolución mediante la cual suspendió por 60 días los aprovechamientos silvopastoriles en bosques nativos clasificados en la Categoría II (amarillo). La misma fue el resultado de la reunión entre el Gobernador Jorge Capitanich y representantes de Greenpeace, luego de que la organización ambientalista bloqueara dos topadoras que estaban desmontando en El Impenetrable con permisos otorgados por la provincia que violan la normativa nacional.
.
Fecha de Publicación: 22/05/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Chaco
Greenpeace participó de una audiencia en la que entregó a la Justicia y al Gobierno del Chaco un informe detallado con imágenes de desmontes selectivos realizados en El Impenetrable chaqueño, autorizados por la provincia en clara violación de la Ley de Bosques. De la audiencia convocada por la Dra. Iride Isabel María Grillo, en el Juzgado Civil Nº 6, participaron representantes de la Asociación Comunitaria de Nueva Pompeya, de la Asociación Comunitaria de Comandancias Frías, de la Asociación Comunitaria de Nueva Población del Gobierno de la Provincia y del Instituto de Colonización, el Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, y el coordinador del Centro Nelson Mandela. Los participantes brindaron información a la magistrada sobre los impactos de la deforestación en la provincia.
“Las imágenes son contundentes: los sistemas silvopastoriles que se están autorizando en El Impenetrable no son sustentables y resultan un desmonte encubierto o en etapas. Luego de la aplicación del rolo o la topadora, son muy pocos los árboles que quedan en pie y se pierde casi toda la biodiversidad. Esto, sumado a la implantación de pasturas, implica la destrucción del bosque bajo, que es el sustento de la mayoría de la fauna chaqueña y el futuro del bosque”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El pasado 14 de mayo el gobierno provincial dictó una resolución mediante la cual suspendió por 60 días los aprovechamientos silvopastoriles en bosques nativos clasificados en la Categoría II (amarillo). La misma fue el resultado de la reunión entre el Gobernador Jorge Capitanich y representantes de Greenpeace, luego de que la organización ambientalista bloqueara dos topadoras que estaban desmontando en El Impenetrable con permisos otorgados por la provincia que violan la normativa nacional.
.
Las fumigaciones en el Chaco denunciadas
Investigadora denuncia aborto en animales por fumigaciones y advierte alta contaminación
Fecha de Publicación: 22/05/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La doctora María del Carmen Seveso, profesional médico que desempeña sus tareas en el hospital 4 de junio de ésta ciudad, viene desarrollando una serie de investigaciones respecto al uso de plaguicidas en el medio ambiente local. En este contexto, adelantó como parte de ese informe, que existen casos concretos donde, por ejemplo, las vacas preñadas que son alcanzadas por los agroquímicos de los aviones fumigadores abortan, a la par que dijo que “cada vez hay más chicos con discapacidades que deben ser estudiadas para determinar si son por los plaguicidas”.
La profesión de la salud dijo que “hay enfermedades que se van mutando y creo que son por los efectos de los agroquímicos”. “Hay enfermedades que no respondían a los tratamientos habituales y empezamos a buscar y detectamos que era el contacto con campos sembrados y el uso de agroquímicos, sin prescindir de ellos nunca”, aseguró la profesional del hospital 4 de Junio de ésta ciudad.
Sostuvo que la cuestión relacionada a los biocidas, es un tema de Derechos Humanos fundamentalmente. Esto es una tecnología de poder que se ha hecho cargo de nuestro territorio, con biocidas desde la semilla que se fabrica y la semilla es transgénica, y podemos decir que el 80 o el 90% de la siembra que se realiza son con transgénicos, indicó. La semilla tiene introducida en su fabricación genes en su ADN, genes de otros seres vivos, incluso de seres humanos, de bacterias, de plantas y todas juntas, ni se conoce ni se tiene idea qué efecto va a producir utilizándolo como alimento, aunque sea alimento para ganado.
Explicó que esto perdura, produce mutaciones “y no sabemos qué va a pasar dentro de un tiempo cuando aparezcan y no sepamos cómo nos estaba pasando a nosotros con nuestro servicio que veíamos enfermedades conocidas, pero diferentes.
“Cada vez más niños discapacitados”
“La siembra de transgénicos requiere de esos chóteles, que juntos son más tóxicos que cada uno de ellos solos, se está utilizando en todo el territorio e incluso en nuestra ciudad, entonces nos preguntamos si hay investigaciones que demuestran que son muy graves para la genética humana, y estamos llenando los pueblos de niños discapacitados. Yo comentaba los otros días lo que veo que la comunidad se está movilizando para conseguir las combis para trasladar los niños discapacitados o hacer centros para que le hagan una escuela en el pueblo, y recuerdo que antes había una escuela común o me equivoco. Esto tiene que ver directamente con la mala utilización de estos productos. Ya que no hay forma de escapar, porque las casas y mismo las escuelas se encuentran lindantes a los sembradíos que son fumigados. Nadie está exento de esto en distintas patologías, tanto en humanos, como en animales, que no solo lo provoca el glifosato, los sistemas clorados, sino también la atracina que es muy tóxico”; afirmó la profesional.
“Las vacas abortan”
“El glifosato en determinados casos no anda, así que están implementando el 2-4D, las vacas a las pocas horas que pasa el avión abortan, y si eso pasa con los animales que pasará con los seres humanos. Nosotros estamos trabajando mucho con documentación de todo tipo, y esperamos tener respuesta a corto plazo, porque están queriendo sacar una Ley de Biocidas que es un chiste, si uno hace bien los cálculos, ahora el Gobierno les tiene que dar porque ellos arruinaron el clima y a su vez a la cosecha”; advirtió la doctora Seveso.
La facultativa puso como ejemplo que la localidad de Napenay “está rodeada de campos que se fumigan con agroquímicos de alto poder”, y que según consta en un trabajo de investigación, “los índices de mal formaciones y de personas afectadas por los agroquímicos son altas”, dijo.
.
Fecha de Publicación: 22/05/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La doctora María del Carmen Seveso, profesional médico que desempeña sus tareas en el hospital 4 de junio de ésta ciudad, viene desarrollando una serie de investigaciones respecto al uso de plaguicidas en el medio ambiente local. En este contexto, adelantó como parte de ese informe, que existen casos concretos donde, por ejemplo, las vacas preñadas que son alcanzadas por los agroquímicos de los aviones fumigadores abortan, a la par que dijo que “cada vez hay más chicos con discapacidades que deben ser estudiadas para determinar si son por los plaguicidas”.La profesión de la salud dijo que “hay enfermedades que se van mutando y creo que son por los efectos de los agroquímicos”. “Hay enfermedades que no respondían a los tratamientos habituales y empezamos a buscar y detectamos que era el contacto con campos sembrados y el uso de agroquímicos, sin prescindir de ellos nunca”, aseguró la profesional del hospital 4 de Junio de ésta ciudad.
Sostuvo que la cuestión relacionada a los biocidas, es un tema de Derechos Humanos fundamentalmente. Esto es una tecnología de poder que se ha hecho cargo de nuestro territorio, con biocidas desde la semilla que se fabrica y la semilla es transgénica, y podemos decir que el 80 o el 90% de la siembra que se realiza son con transgénicos, indicó. La semilla tiene introducida en su fabricación genes en su ADN, genes de otros seres vivos, incluso de seres humanos, de bacterias, de plantas y todas juntas, ni se conoce ni se tiene idea qué efecto va a producir utilizándolo como alimento, aunque sea alimento para ganado.
Explicó que esto perdura, produce mutaciones “y no sabemos qué va a pasar dentro de un tiempo cuando aparezcan y no sepamos cómo nos estaba pasando a nosotros con nuestro servicio que veíamos enfermedades conocidas, pero diferentes.
“Cada vez más niños discapacitados”
“La siembra de transgénicos requiere de esos chóteles, que juntos son más tóxicos que cada uno de ellos solos, se está utilizando en todo el territorio e incluso en nuestra ciudad, entonces nos preguntamos si hay investigaciones que demuestran que son muy graves para la genética humana, y estamos llenando los pueblos de niños discapacitados. Yo comentaba los otros días lo que veo que la comunidad se está movilizando para conseguir las combis para trasladar los niños discapacitados o hacer centros para que le hagan una escuela en el pueblo, y recuerdo que antes había una escuela común o me equivoco. Esto tiene que ver directamente con la mala utilización de estos productos. Ya que no hay forma de escapar, porque las casas y mismo las escuelas se encuentran lindantes a los sembradíos que son fumigados. Nadie está exento de esto en distintas patologías, tanto en humanos, como en animales, que no solo lo provoca el glifosato, los sistemas clorados, sino también la atracina que es muy tóxico”; afirmó la profesional.
“Las vacas abortan”
“El glifosato en determinados casos no anda, así que están implementando el 2-4D, las vacas a las pocas horas que pasa el avión abortan, y si eso pasa con los animales que pasará con los seres humanos. Nosotros estamos trabajando mucho con documentación de todo tipo, y esperamos tener respuesta a corto plazo, porque están queriendo sacar una Ley de Biocidas que es un chiste, si uno hace bien los cálculos, ahora el Gobierno les tiene que dar porque ellos arruinaron el clima y a su vez a la cosecha”; advirtió la doctora Seveso.
La facultativa puso como ejemplo que la localidad de Napenay “está rodeada de campos que se fumigan con agroquímicos de alto poder”, y que según consta en un trabajo de investigación, “los índices de mal formaciones y de personas afectadas por los agroquímicos son altas”, dijo.
.
Clima: se acentúan los temporales extremos
Habrá que acostumbrarse a eventos climáticos extremos
Fecha de Publicación: 21/05/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El tornado que, con vientos de hasta 250 km/h, arrasó con parte del conurbano bonaerense y la Capital el 5 de abril pasado, las tormentas de gran magnitud como la del 1° de febrero, los recordados episodios de granizo de 2006 y 2010, y ahora las extensas inundaciones en el campo bonaerense luego de la fuerte sequía del verano plantean el interrogante de si de aquí en más tendremos que acostumbrarnos a este tipo de eventos climáticos extremos.
"No hay registros que permitan determinar si los episodios de granizo o de vientos severos son realmente cada vez más frecuentes, pero indirectamente uno podría pensar que sí, ya que hay una tendencia positiva en el centro y el este de la Argentina a que aumenten las tormentas severas, que pueden acompañarse de eventos intensos de viento y granizo", comentó a LA NACION Carolina Vera, directora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Las evidencias proceden de la tesis doctoral de uno de los investigadores del CIMA, Federico Robledo, que analizó la variación de las lluvias más severas que se registraron en la Argentina en los últimos 50 años. "Evaluamos lo que se denomina acumulado de lluvia diaria extrema, que son 24 horas en las que llueve por encima de los 50 milímetros, y lo que observamos es que efectivamente está creciendo la intensidad de las lluvias", comentó Robledo.
Hace 50 años, 50 milímetros de agua en 24 horas era el promedio de una lluvia "extrema"; hoy el promedio está en 60 milímetros. "Pero no sólo está creciendo la intensidad, sino también la frecuencia de los eventos extremos", agregó Robledo. "Y aunque no tenemos registros de viento o granizo de tantos años, sabemos que un evento de precipitación extrema acumulada puede generar tormentas severas como las de principios de abril, con ráfagas de viento o granizo." "Es una hipótesis a confirmar: si, como hemos observado, se incrementa el acumulado diario de lluvia extrema, podría también evidenciarse un incremento del granizo y las ráfagas", agregó Robledo, investigador del Conicet y docente del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la UBA.
Ciudades más vulnerables
"El desastre que puede generar un evento extremo no sólo depende de la naturaleza, sino también de factores como la vulnerabilidad y la exposición", señaló Carolina Vera, que participó de la elaboración del informe Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático.
"En general, el desarrollo urbano se viene dando sin una planificación del manejo de desastres -agregó Vera-. Cuando uno construye una obra de magnitud como un puente o un dique lo hace sobre estimaciones de cuál es la tormenta máxima probable, pero eso no suele tenerse en cuenta en el desarrollo de las ciudades, lo que deriva en asentamientos en lugares inundables, por ejemplo, aumentando la vulnerabilidad."
De verificarse la tendencia, ¿podría el aumento en la frecuencia de temporales como el del 5 de abril impactar en la forma en que se construye? "Es probable que si esto es una tendencia que se verifique haya alguna modificación, pero sólo alcanzará a las construcciones que ya hoy se realizan cumpliendo con todos los requerimientos, que no son las que se destruyeron el día del temporal", respondió Raúl Husni, director del Departamento de Construcciones y Estructuras de la Facultad de Ingeniería de la UBA.
La irrupción de eventos climáticos no usuales en la Capital y el GBA está teniendo un impacto en las compañías aseguradoras, que en episodios como el granizo de 2006 y 2010 debieron enfrentar pagos millonarios por los daños ocasionados a vehículos y hogares. Esto probablemente se traduzca en el corto plazo en una adecuación de las pólizas a valores "más reales".
"Antes de 2006, las coberturas por granizo se daban en forma gratuita o directamente no se ofrecían. Pero después las tormentas generaron la necesidad de cubrir los daños ocasionados por el granizo, y hoy incluso hay publicidades de seguros relacionadas", comentó Hernán Aschendorf, gerente de líneas personales de Liberty Seguros.
"El impacto del cambio climático desafía a la industria a desarrollar o ampliar sus coberturas", comentó un vocero de la compañía Zurich, que agregó que "el seguro de hogar actualmente incluye la cobertura de huracán, vendaval, ciclón y tornado para cubrir los daños edilicios frente a un evento de tales características."
.
Fecha de Publicación: 21/05/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El tornado que, con vientos de hasta 250 km/h, arrasó con parte del conurbano bonaerense y la Capital el 5 de abril pasado, las tormentas de gran magnitud como la del 1° de febrero, los recordados episodios de granizo de 2006 y 2010, y ahora las extensas inundaciones en el campo bonaerense luego de la fuerte sequía del verano plantean el interrogante de si de aquí en más tendremos que acostumbrarnos a este tipo de eventos climáticos extremos.
"No hay registros que permitan determinar si los episodios de granizo o de vientos severos son realmente cada vez más frecuentes, pero indirectamente uno podría pensar que sí, ya que hay una tendencia positiva en el centro y el este de la Argentina a que aumenten las tormentas severas, que pueden acompañarse de eventos intensos de viento y granizo", comentó a LA NACION Carolina Vera, directora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Las evidencias proceden de la tesis doctoral de uno de los investigadores del CIMA, Federico Robledo, que analizó la variación de las lluvias más severas que se registraron en la Argentina en los últimos 50 años. "Evaluamos lo que se denomina acumulado de lluvia diaria extrema, que son 24 horas en las que llueve por encima de los 50 milímetros, y lo que observamos es que efectivamente está creciendo la intensidad de las lluvias", comentó Robledo.
Hace 50 años, 50 milímetros de agua en 24 horas era el promedio de una lluvia "extrema"; hoy el promedio está en 60 milímetros. "Pero no sólo está creciendo la intensidad, sino también la frecuencia de los eventos extremos", agregó Robledo. "Y aunque no tenemos registros de viento o granizo de tantos años, sabemos que un evento de precipitación extrema acumulada puede generar tormentas severas como las de principios de abril, con ráfagas de viento o granizo." "Es una hipótesis a confirmar: si, como hemos observado, se incrementa el acumulado diario de lluvia extrema, podría también evidenciarse un incremento del granizo y las ráfagas", agregó Robledo, investigador del Conicet y docente del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la UBA.
Ciudades más vulnerables
"El desastre que puede generar un evento extremo no sólo depende de la naturaleza, sino también de factores como la vulnerabilidad y la exposición", señaló Carolina Vera, que participó de la elaboración del informe Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático.
"En general, el desarrollo urbano se viene dando sin una planificación del manejo de desastres -agregó Vera-. Cuando uno construye una obra de magnitud como un puente o un dique lo hace sobre estimaciones de cuál es la tormenta máxima probable, pero eso no suele tenerse en cuenta en el desarrollo de las ciudades, lo que deriva en asentamientos en lugares inundables, por ejemplo, aumentando la vulnerabilidad."
De verificarse la tendencia, ¿podría el aumento en la frecuencia de temporales como el del 5 de abril impactar en la forma en que se construye? "Es probable que si esto es una tendencia que se verifique haya alguna modificación, pero sólo alcanzará a las construcciones que ya hoy se realizan cumpliendo con todos los requerimientos, que no son las que se destruyeron el día del temporal", respondió Raúl Husni, director del Departamento de Construcciones y Estructuras de la Facultad de Ingeniería de la UBA.
La irrupción de eventos climáticos no usuales en la Capital y el GBA está teniendo un impacto en las compañías aseguradoras, que en episodios como el granizo de 2006 y 2010 debieron enfrentar pagos millonarios por los daños ocasionados a vehículos y hogares. Esto probablemente se traduzca en el corto plazo en una adecuación de las pólizas a valores "más reales".
"Antes de 2006, las coberturas por granizo se daban en forma gratuita o directamente no se ofrecían. Pero después las tormentas generaron la necesidad de cubrir los daños ocasionados por el granizo, y hoy incluso hay publicidades de seguros relacionadas", comentó Hernán Aschendorf, gerente de líneas personales de Liberty Seguros.
"El impacto del cambio climático desafía a la industria a desarrollar o ampliar sus coberturas", comentó un vocero de la compañía Zurich, que agregó que "el seguro de hogar actualmente incluye la cobertura de huracán, vendaval, ciclón y tornado para cubrir los daños edilicios frente a un evento de tales características."
.
Richuelo: el plan para los RSU tiene feo olor
Audiencia Pública por el Plan de Residuos para la Cuenca Matanza-Riachuelo
Fecha de Publicación: 21/05/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Greenpeace llama a los vecinos a participar de la Audiencia Pública para evaluar el Plan Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Cuenca Matanza Riachuelo, convocada por ACUMAR para el 29 de mayo a las 10 horas en la calle Brandsen Nº 1380, partido de Cañuelas. La inscripción es en Mesa General de Entradas de ACUMAR (Esmeralda N° 255, PB) hasta el 24 mayo.
ACUMAR convocó por orden judicial a una Audiencia Pública, con el fin de evaluar el Plan Maestro de Gestión Integral de RSU de la Cuenca Matanza Riachuelo (PMGIRSU-CMR). En el marco de dicho plan se incluyen diversas propuestas de generación de energía a partir de residuos sólidos urbanos provenientes de la Cuenca, entre las que se encuentra el proyecto de Incineración a desarrollarse en el predio Norte III denominado “Termovalorización de Residuos Sólidos Urbanos” y el Proyecto CARE “Centro Ambiental de Recomposición Energética” en Gonzalez Catán, ambos licitados por ENARSA.
Las propuestas de este plan se basan en gran medida en el tratamiento en destino de residuos sin separación previa e incluyen la incorporación de nuevas tecnologías para la obtención de energía de los RSU como una opción atractiva, pero se omite irresponsablemente evaluar los riesgos de estos emprendimientos. Lamentablemente, frente al incumplimiento de leyes que establecen directivas basadas en la minimización en la generación, el reciclado y la recuperación de los materiales presentes en los residuos, se apuesta a soluciones “mágicas”, que lejos de resolver el actual colapso de los rellenos sanitarios de la CEAMSE, significaran en los hechos nuevos riesgos ambientales y sanitarios que serán visibles en el corto y largo plazo.
Está reconocido internacionalmente que las plantas de incineración, presentadas como nuevas tecnologías o valorización energética, emiten sustancias tóxicas persistentes al ambiente y afectan la salud de la población; compiten con los programas de reciclaje y de reducción en la generación de desechos y producen gastos desproporcionados e injustificados a las ciudades o municipios. Asimismo, la energía que puede recuperar un incinerador es mucho menor que la que puede ahorrarse reduciendo o reciclando los residuos.
.
Fecha de Publicación: 21/05/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Greenpeace llama a los vecinos a participar de la Audiencia Pública para evaluar el Plan Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Cuenca Matanza Riachuelo, convocada por ACUMAR para el 29 de mayo a las 10 horas en la calle Brandsen Nº 1380, partido de Cañuelas. La inscripción es en Mesa General de Entradas de ACUMAR (Esmeralda N° 255, PB) hasta el 24 mayo. ACUMAR convocó por orden judicial a una Audiencia Pública, con el fin de evaluar el Plan Maestro de Gestión Integral de RSU de la Cuenca Matanza Riachuelo (PMGIRSU-CMR). En el marco de dicho plan se incluyen diversas propuestas de generación de energía a partir de residuos sólidos urbanos provenientes de la Cuenca, entre las que se encuentra el proyecto de Incineración a desarrollarse en el predio Norte III denominado “Termovalorización de Residuos Sólidos Urbanos” y el Proyecto CARE “Centro Ambiental de Recomposición Energética” en Gonzalez Catán, ambos licitados por ENARSA.
Las propuestas de este plan se basan en gran medida en el tratamiento en destino de residuos sin separación previa e incluyen la incorporación de nuevas tecnologías para la obtención de energía de los RSU como una opción atractiva, pero se omite irresponsablemente evaluar los riesgos de estos emprendimientos. Lamentablemente, frente al incumplimiento de leyes que establecen directivas basadas en la minimización en la generación, el reciclado y la recuperación de los materiales presentes en los residuos, se apuesta a soluciones “mágicas”, que lejos de resolver el actual colapso de los rellenos sanitarios de la CEAMSE, significaran en los hechos nuevos riesgos ambientales y sanitarios que serán visibles en el corto y largo plazo.
Está reconocido internacionalmente que las plantas de incineración, presentadas como nuevas tecnologías o valorización energética, emiten sustancias tóxicas persistentes al ambiente y afectan la salud de la población; compiten con los programas de reciclaje y de reducción en la generación de desechos y producen gastos desproporcionados e injustificados a las ciudades o municipios. Asimismo, la energía que puede recuperar un incinerador es mucho menor que la que puede ahorrarse reduciendo o reciclando los residuos.
.
Etiquetas:
Buenos Aires,
Capital Federal,
contaminación,
política ambiental,
residuos,
Riachuelo
|
0
comentarios
La Rioja marchó contra la megaminería
Asambleas ciudadanas de la Provincia se manifestaron contra la megaminería
Fecha de Publicación: 21/05/2012
Fuente: El Independiente
Provincia/Región: La Rioja
El aniversario de La Rioja fue el día elegido por las asambleas ciudadanas para movilizarse en rechazo de las políticas mineras del gobierno. Frente a la Legislatura dieron lectura a un crítico documento.
La convocatoria contó con una importante adhesión de ciudadanos que se concentró a las 8,30, en Ortiz de Ocampo y Carlos Menem (ex avenida Laprida), donde se esperó el arribo de "Los caminantes de la Vida" del Corte de Alto Carrizal, que salieron el jueves último recorriendo 240 kilómetros a pie. En ese punto de confluencia se unieron al resto de las asambleas antimineras de Campanas, Chañarmuyo, Chilecito, Vichigasta, Patquía, Castro Barros, Los Sauces, Villa Unión, Sanagasta y Capital para marchar juntos hasta la plaza 9 de Julio.
De la manifestación participaron el intendente de Famatina, Ismael Bodagaray; el cura párroco de Famatina, Omar Quinteros, los diputados nacionales por la UCR, Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria; integrantes de otros partido políticos como Izquierda Unida, Partido Comunista, Socialista y Partido Intransigente. Asimismo, se sumaron los sindicatos nucleados por la CTA de los Trabajadores que lidera Regelio De Leonardi, entre otros gremios y expresiones.
Marcharon por Ortiz de Ocampo, hasta el Tribunal Electoral de la Provincia, donde hicieron un repudio por la declaración de inconstitucionalidad de la ley 5.989 que rige el proceso de revocatoria popular. Desde ahí, continuaron hasta Dalmacio Vélez, y en sentido contrario avanzaron hasta Legislatura donde hicieron un acto pacífico y dieron lectura a un documento con las reclamos de todas las asambleas.
Fue leído por los integrantes de la asamblea de Capital, Roque Silva y Andrés Cejas. Se denunció que "hoy 20 de mayo (por ayer) se cumplen 421 años, de la fundación de La Rioja al pie del Velasco por error. Ramírez de Velasco creyó estar al pie del Famatina, al pie del oro, parado en su codicia. Por eso, éste es un día de pesar y reflexión, ya que nos pone en la inevitable tarea de pensar en el genocidio de nuestros pueblos originarios, de su cultura y del magro registro que ha quedado de ellos en la memoria colectiva de este pueblo. Pero además, estamos frente a una "nueva instancia colonialista", que aún persiste, como antaño la codicia por el oro; a la que se suman el resto de los metales y minerales como el uranio y que incluye la devastación de los territorios, del agua, el ambiente; y con ellos la amenaza sobre la vida de nuestros pueblos".
Se pidió a los gobernantes paren con el plan de desarrollo minero y ratificaron que estas movilizaciones "son la expresión de un pueblo que ha decidido no dar licencia social al proyecto extractivo, contaminante y saqueador, en pleno ejercicio de sus derechos". Remarcaron que no están dispuestos "a acatar decisiones que jamás nos han consultado".
Según manifestaron "la megaminería en La Rioja compromete casi el 70 por ciento del territorio, según el Plan Estratégico Territorial (PET). Aunque hoy el Gobierno nacional aparente replantear su política frente a la soberanía sobre los recursos naturales, es necesario recordar que los 40 convenios firmados en estos años: Osisko, Shandong Gold, Minas Argentinas en la cordillera y las decenas de emprendimientos de uranio que tenemos en la provincia de La Rioja, se firmaron bajo el paquete legal que diseñaron Menem y Cavallo".
Asimismo, repudiaron la represión a los pueblos de Tinogasta, Andalgalá, Belén, y la persecución de los luchadores de todos los pueblos sometidos a los emprendimientos extractivos.
Tras la lectura del documento, finalizó el acto de la plaza 9 de Julio. Los manifestantes encabezados por el intendente Bordagaray y asambleístas de Famatina, se trasladaron hasta la plaza 25 de Mayo para sumarse al acto organizado por intendente Ricardo Quintela, pero no todos las personas que estuvieron en la plaza 9 de Julio acompañaron esa decisión y optaron por retirarse.
.
Fecha de Publicación: 21/05/2012
Fuente: El Independiente
Provincia/Región: La Rioja
El aniversario de La Rioja fue el día elegido por las asambleas ciudadanas para movilizarse en rechazo de las políticas mineras del gobierno. Frente a la Legislatura dieron lectura a un crítico documento.La convocatoria contó con una importante adhesión de ciudadanos que se concentró a las 8,30, en Ortiz de Ocampo y Carlos Menem (ex avenida Laprida), donde se esperó el arribo de "Los caminantes de la Vida" del Corte de Alto Carrizal, que salieron el jueves último recorriendo 240 kilómetros a pie. En ese punto de confluencia se unieron al resto de las asambleas antimineras de Campanas, Chañarmuyo, Chilecito, Vichigasta, Patquía, Castro Barros, Los Sauces, Villa Unión, Sanagasta y Capital para marchar juntos hasta la plaza 9 de Julio.
De la manifestación participaron el intendente de Famatina, Ismael Bodagaray; el cura párroco de Famatina, Omar Quinteros, los diputados nacionales por la UCR, Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria; integrantes de otros partido políticos como Izquierda Unida, Partido Comunista, Socialista y Partido Intransigente. Asimismo, se sumaron los sindicatos nucleados por la CTA de los Trabajadores que lidera Regelio De Leonardi, entre otros gremios y expresiones.
Marcharon por Ortiz de Ocampo, hasta el Tribunal Electoral de la Provincia, donde hicieron un repudio por la declaración de inconstitucionalidad de la ley 5.989 que rige el proceso de revocatoria popular. Desde ahí, continuaron hasta Dalmacio Vélez, y en sentido contrario avanzaron hasta Legislatura donde hicieron un acto pacífico y dieron lectura a un documento con las reclamos de todas las asambleas.
Fue leído por los integrantes de la asamblea de Capital, Roque Silva y Andrés Cejas. Se denunció que "hoy 20 de mayo (por ayer) se cumplen 421 años, de la fundación de La Rioja al pie del Velasco por error. Ramírez de Velasco creyó estar al pie del Famatina, al pie del oro, parado en su codicia. Por eso, éste es un día de pesar y reflexión, ya que nos pone en la inevitable tarea de pensar en el genocidio de nuestros pueblos originarios, de su cultura y del magro registro que ha quedado de ellos en la memoria colectiva de este pueblo. Pero además, estamos frente a una "nueva instancia colonialista", que aún persiste, como antaño la codicia por el oro; a la que se suman el resto de los metales y minerales como el uranio y que incluye la devastación de los territorios, del agua, el ambiente; y con ellos la amenaza sobre la vida de nuestros pueblos".
Se pidió a los gobernantes paren con el plan de desarrollo minero y ratificaron que estas movilizaciones "son la expresión de un pueblo que ha decidido no dar licencia social al proyecto extractivo, contaminante y saqueador, en pleno ejercicio de sus derechos". Remarcaron que no están dispuestos "a acatar decisiones que jamás nos han consultado".
Según manifestaron "la megaminería en La Rioja compromete casi el 70 por ciento del territorio, según el Plan Estratégico Territorial (PET). Aunque hoy el Gobierno nacional aparente replantear su política frente a la soberanía sobre los recursos naturales, es necesario recordar que los 40 convenios firmados en estos años: Osisko, Shandong Gold, Minas Argentinas en la cordillera y las decenas de emprendimientos de uranio que tenemos en la provincia de La Rioja, se firmaron bajo el paquete legal que diseñaron Menem y Cavallo".
Asimismo, repudiaron la represión a los pueblos de Tinogasta, Andalgalá, Belén, y la persecución de los luchadores de todos los pueblos sometidos a los emprendimientos extractivos.
Tras la lectura del documento, finalizó el acto de la plaza 9 de Julio. Los manifestantes encabezados por el intendente Bordagaray y asambleístas de Famatina, se trasladaron hasta la plaza 25 de Mayo para sumarse al acto organizado por intendente Ricardo Quintela, pero no todos las personas que estuvieron en la plaza 9 de Julio acompañaron esa decisión y optaron por retirarse.
.
Argentina no quiere "economía verde"
Argentina le dirá 'No a la economía verde' en Río+20
Fecha de Publicación: 20/05/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Desde Ambiente sostienen que esta idea surge de los centros de poder y no está dirigida a los países en desarrollo. Argentina radicaliza su discurso y se acerca a Evo y Chávez.
La posición de Argentina en la cumbre de Río+20 tendrá como eje el lema “No a la Economía Verde que proponen los centros de poder”, indicó la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora.
La megarreunión de la Naciones Unidas tendrá lugar del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro, 20 años después de la Cumbre de la Tierra de 1992.
La categoría de Economía Verde “no está dirigida a naciones en vías de desarrollo, exige un nivel de tecnología que sólo tienen países como los de la Unión Europea y funciona como barrera comercial encubierta”, explicó la funcionaria a la agencia Télam.
Révora participó ayer del encuentro “Jóvenes por un ambiente sustentable-Hacia Río+20”, en el que tuvieron parte varias agrupaciones políticas kirchneristas.
El jueves, en la apertura del encuentro, el secretario de Ambiente, Juan Mussi, se había expresado en la misma línea.
“Tenemos que decirles a los países desarrollados que no somos conejitos de India, que no ensayen productos tecnológicos en nuestro país a costa de la salud de los argentinos”, dijo.
De esta manera, Argentina se aleja de su tradicional posición conciliadora en cumbres ambientales, y se acercará a una posición más combativa, característica de país como Venezuela y Bolivia.
En tanto, el legislador porteño kirchnerista, Juan Cabandié, también presente en el encuentro, indicó: “No tenemos que tomar los enlatados de las ONG que se ocupan del tema. Primero hay que recordarles que se preocupen por su país de origen. Tenemos que enfocarnos en mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”.
“Concebimos al ambiente no sólo como la protección del patrimonio natural o como el resultante de las relaciones de la sociedad y la naturaleza, sino centralmente como el derecho de todos los argentinos y argentinas a una calidad de vida que solamente puede ser alcanzada si el Estado es garante del interés público a través de medidas que logren una mayor equidad social y ambiental”, dice el primer punto del documento.
Ese texto fue firmado por agrupaciones K como La Cámpora, el Movimiento Evita y Kolina, entre otras.
La declaración plantea la necesidad de “evitar medidas proteccionistas verdes que constituyan restricciones encubiertas al comercio”.
.
Fecha de Publicación: 20/05/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Desde Ambiente sostienen que esta idea surge de los centros de poder y no está dirigida a los países en desarrollo. Argentina radicaliza su discurso y se acerca a Evo y Chávez.
La posición de Argentina en la cumbre de Río+20 tendrá como eje el lema “No a la Economía Verde que proponen los centros de poder”, indicó la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora.
La megarreunión de la Naciones Unidas tendrá lugar del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro, 20 años después de la Cumbre de la Tierra de 1992.
La categoría de Economía Verde “no está dirigida a naciones en vías de desarrollo, exige un nivel de tecnología que sólo tienen países como los de la Unión Europea y funciona como barrera comercial encubierta”, explicó la funcionaria a la agencia Télam.
Révora participó ayer del encuentro “Jóvenes por un ambiente sustentable-Hacia Río+20”, en el que tuvieron parte varias agrupaciones políticas kirchneristas.
El jueves, en la apertura del encuentro, el secretario de Ambiente, Juan Mussi, se había expresado en la misma línea.
“Tenemos que decirles a los países desarrollados que no somos conejitos de India, que no ensayen productos tecnológicos en nuestro país a costa de la salud de los argentinos”, dijo.
De esta manera, Argentina se aleja de su tradicional posición conciliadora en cumbres ambientales, y se acercará a una posición más combativa, característica de país como Venezuela y Bolivia.
En tanto, el legislador porteño kirchnerista, Juan Cabandié, también presente en el encuentro, indicó: “No tenemos que tomar los enlatados de las ONG que se ocupan del tema. Primero hay que recordarles que se preocupen por su país de origen. Tenemos que enfocarnos en mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”.
“Concebimos al ambiente no sólo como la protección del patrimonio natural o como el resultante de las relaciones de la sociedad y la naturaleza, sino centralmente como el derecho de todos los argentinos y argentinas a una calidad de vida que solamente puede ser alcanzada si el Estado es garante del interés público a través de medidas que logren una mayor equidad social y ambiental”, dice el primer punto del documento.
Ese texto fue firmado por agrupaciones K como La Cámpora, el Movimiento Evita y Kolina, entre otras.
La declaración plantea la necesidad de “evitar medidas proteccionistas verdes que constituyan restricciones encubiertas al comercio”.
.
Sali-Dulce: Dos ingenios recibieron duras sanciones
Dos ingenios recibieron duras sanciones por parte de organismos de Tucumán
Fecha de Publicación: 20/05/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La Corona recibió la prohibición de la utilización de todo tipo de piletones que contengan vinaza; mientras que Santa Rosa fue castigada con veinte días de suspensión, debido a filtraciones.
Los ingenios La Corona y Santa Rosa recibieron duras sanciones por parte de organismos del gobierno de Tucumán, luego de haber detectado vuelcos de vinaza hacia la cuenca Salí Dulce e incumplir de esta manera uno de los puntos del acta acuerdo firmado entre los gobiernos de las dos provincias y la Defensoría del Pueblo, en el que la Secretaría de Ambiente de la Nación es garante.
La detección del vuelco fue dada a conocer esta semana por EL LIBERAL y el último viernes las autoridades de la vecina provincia cayeron con el peso en contra de los ingenios La Corona, que recibió una multa de dinero y la prohibición de la utilización de todo tipo de piletones que contenga vinaza; mientras que Santa Rosa fue castigada con veinte días de suspensión, debido a que hubo una filtración.
La noticia fue confirmada por el Defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, quien expresó respecto a Santa Rosa, que “ellos tenían prohibido iniciar la destilación hasta tanto solucionen y terminen de hacer el tratamiento de las piletas que, hasta ahora no lo hicieron, razón por la cual, ahora tienen veinte días más de suspensión amén de la multa económica que recibieron”.
Por su parte, a La Corona le prohibieron terminantemente la utilización de todas las piletas para el almacenamiento de vinaza. “Ellos dicen que tuvieron un problema accidental, producto de un temporal que generó una creciente, que entró el agua de lluvia y que a su vez arrastró a la vinaza”, describió.
Asimismo indicó que en el caso de La Corona “ellos ya tenían otro sistema para disponer la vinaza en otro lugar, lo único que tenían que hacer era taponar todos los canales que llevaban la vinaza a esta pileta y dejar habilitado el sistema de riego de campos salinos sódicos, que es adonde llevará la vinaza el ingenio para aplicar la película y hacer el mejoramiento de suelo”.
Consultado acerca de cómo fue recibida la noticia, Díaz Achával dijo “por un lado con la amargura de de saber que hubo un vuelco de vinaza en la cuenca y que eso pone de mal humor; pero por otro lado vemos de buen ánimo saber que el mecanismo de control que nos habíamos propuesto funciona”.
En cuanto al mecanismo de monitoreo, detalló que “nosotros detectamos una irregularidad, avisamos a Tucumán y ellos hicieron el trabajo fino: detectó la industria, le cayó el control, la multa y la sanción; así como la Secretaría de Ambiente de la Nación estuvo acompañando desde que nosotros dijimos aquí hay vinaza”.
Por último, contó con personal de la defensoría está capacitándose para realizar controles..
.
Fecha de Publicación: 20/05/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La Corona recibió la prohibición de la utilización de todo tipo de piletones que contengan vinaza; mientras que Santa Rosa fue castigada con veinte días de suspensión, debido a filtraciones.Los ingenios La Corona y Santa Rosa recibieron duras sanciones por parte de organismos del gobierno de Tucumán, luego de haber detectado vuelcos de vinaza hacia la cuenca Salí Dulce e incumplir de esta manera uno de los puntos del acta acuerdo firmado entre los gobiernos de las dos provincias y la Defensoría del Pueblo, en el que la Secretaría de Ambiente de la Nación es garante.
La detección del vuelco fue dada a conocer esta semana por EL LIBERAL y el último viernes las autoridades de la vecina provincia cayeron con el peso en contra de los ingenios La Corona, que recibió una multa de dinero y la prohibición de la utilización de todo tipo de piletones que contenga vinaza; mientras que Santa Rosa fue castigada con veinte días de suspensión, debido a que hubo una filtración.
La noticia fue confirmada por el Defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, quien expresó respecto a Santa Rosa, que “ellos tenían prohibido iniciar la destilación hasta tanto solucionen y terminen de hacer el tratamiento de las piletas que, hasta ahora no lo hicieron, razón por la cual, ahora tienen veinte días más de suspensión amén de la multa económica que recibieron”.
Por su parte, a La Corona le prohibieron terminantemente la utilización de todas las piletas para el almacenamiento de vinaza. “Ellos dicen que tuvieron un problema accidental, producto de un temporal que generó una creciente, que entró el agua de lluvia y que a su vez arrastró a la vinaza”, describió.
Asimismo indicó que en el caso de La Corona “ellos ya tenían otro sistema para disponer la vinaza en otro lugar, lo único que tenían que hacer era taponar todos los canales que llevaban la vinaza a esta pileta y dejar habilitado el sistema de riego de campos salinos sódicos, que es adonde llevará la vinaza el ingenio para aplicar la película y hacer el mejoramiento de suelo”.
Consultado acerca de cómo fue recibida la noticia, Díaz Achával dijo “por un lado con la amargura de de saber que hubo un vuelco de vinaza en la cuenca y que eso pone de mal humor; pero por otro lado vemos de buen ánimo saber que el mecanismo de control que nos habíamos propuesto funciona”.
En cuanto al mecanismo de monitoreo, detalló que “nosotros detectamos una irregularidad, avisamos a Tucumán y ellos hicieron el trabajo fino: detectó la industria, le cayó el control, la multa y la sanción; así como la Secretaría de Ambiente de la Nación estuvo acompañando desde que nosotros dijimos aquí hay vinaza”.
Por último, contó con personal de la defensoría está capacitándose para realizar controles..
.
Que el árbol no nos tape la motosierra
Que el árbol no nos tape la motosierra
Fecha de Publicación: 20/05/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El martes por la mañana debería producirse una audiencia muy singular en la sede del Juzgado Civil 6 de Resistencia. Para ese día, a las 9.30, fueron citados por la jueza Iride Isabel Grillo nada menos que el gobernador Jorge Capitanich; otros funcionarios provinciales; dirigentes de asociaciones comunitarias de El Impenetrable; y representantes de la organización internacional ecologista Greenpeace.
La convocatoria guarda relación con el monitoreo que la jueza Grillo realiza sobre el grado de cumplimiento que va teniendo la resolución judicial por la cual se prohibió la continuidad de explotaciones forestales en territorios del oeste provincial que son de propiedad comunitaria indígena.
El expediente respectivo había sido iniciado en 2004 y el caso no registraba novedades, pero las recientes denuncias de Greenpeace -y del Centro de Estudios Nelson Mandela, que también participaría de la audiencia de pasado mañana con su coordinador, Rolando Núñez-, sobre talados ilegales en la región más fascinante y desconocida del Chaco, hicieron que Grillo decidiera revisar la situación.
El trámite no es más que lo que puede leerse, y es probable que el gobernador delegue su representación en algún integrante de su gabinete, pero la cita en el despacho de una de las juezas más respetadas de la estructura judicial provincial contiene valores y simbologías que van más allá de los papeles y los protocolos.
Es, por ejemplo, una de las pocas veces que los desmontes quedan en posición de tener que ser explicados por las autoridades de turno. Eso, en una provincia que lleva a la depredación forestal histórica como uno de los signos distintivos de su extraña pobreza enriquecedora, es mucho.
Los invasores imperiales
La intervención judicial aparece en un contexto también novedoso. Es difícil hallar en la memoria otro momento en el que el avance extractivo sobre el monte chaqueño haya sido puesto de un modo tan candente como tema de debate. Lo cual no quiere decir que lo de ahora sea extraordinario en términos absolutos. Lo es apenas en comparación a los largos silencios que siempre -salvo breves interrupciones- cubrió al asunto en esta provincia.
Como también ocurrió años en la década pasada con las obscenas muertes de aborígenes por hambre y desatención sanitaria o con el escándalo de los negociados con tierras fiscales (hechos de los años radicales que tuvieron mucho que ver con el veto ciudadano a la continuidad de la Alianza en el poder), ahora la paulatina destrucción del monte también sale de la oscuridad no por factores internos sino por repercusiones externas.
Ni los reclamos y denuncias de las ONG’s locales ni el drama de las comunidades afectadas lograron el impacto del operativo de Greenpeace, que con sus “jaguares” bloqueó el trabajo de una topadora cerca de Miraflores y en pocas horas logró que cientos de medios reprodujeran las imágenes de la movida. Las quejas y condenas posteriores, por parte de funcionarios y empresarios, sólo amplificaron la presencia del tema en la vidriera pública.
Pero además, esas reacciones fueron nuevos pasos en falso. “¿Qué creen estos de Puerto Madero? ¿Que nos van a venir a manejar a nosotros, al Chaco? No muchachos, cuidado, están muy equivocados, porque los productores se van a empezar a armar. Y si yo estoy en regla y vos vas a entrar a mi campo, no te voy a dejar entrar”, declaró Noé Khon en Sáenz Peña, antes de pedirle al gobierno que frene a Greenpeace porque de lo contrario “el productor va a tomar medidas por sus propias manos, y después vamos a lamentarnos”.
No mucho más hábil estuvo Miguel López, el titular de la Dirección de Bosques, habitual blanco de las denuncias del Centro Mandela (entidad a la que el funcionario le dirigió una carta documento por ellas). En un escrito redactado tras la audiencia que Capitanich le concedió a Greenpeace por las denuncias de la organización verde, López también buscó solidaridad chauvinista: “Greenpeace, mirando desde sus oficinas en Puerto Madero, cumple mandatos imperialistas (como intentaron en 1806)”, dijo, en una poco feliz comparación entre el operativo de los militantes verdes y las invasiones inglesas del siglo XIX.
“Pero acá encuentra una provincia que ha dejado de ser Territorio Nacional y decide sobre sus recursos naturales y no va a permitir que vengan extranjeros, ni de otras provincias siquiera, a decirnos lo que tenemos que hacer”, agregó López.
Entre varias cosas curiosas del episodio, conviene hacer notar una: una parte importante de los desmontes recientes van dirigidos a profundizar el proceso de sojización del Chaco. La soja en la provincia mueve cada año en la provincia cientos de millones de dólares. Se estima que un 70% de la producción está en manos de inversores de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y -en menor medida- otros distritos. Una “invasión” que, sin embargo, no molesta.
Contexto incómodo
Es cierto que el estilo espectacular de Greenpeace es polémico y que hasta para los ambientalistas locales es difícil a veces la relación con la organización ecologista más conocida del planeta. Pero su aparición en escena sacudió un tablero repleto de intereses cruzados. En una sociedad normal, eso debería servir para algún cambio positivo. En el Chaco, imposible saberlo.
El interrogante principal es qué hará Capitanich. Hay incluso una duda anterior a ésa: si Capitanich hará algo. Para algunos, dio una señal al recibir a los representantes de Greenpeace, al resolver la suspensión por 60 días de nuevas autorizaciones para explotaciones silvopastoriles (las que defienden López y Miguel Brunswig, el subsecretario de Recursos Naturales) y al no reunirse con productores forestales, entidades profesionales y legisladores que son partidarios de proteger sólo a sus árboles genealógicos.
Lo del gobernador podría haber sido también un gesto para ganar tiempo y calmar las aguas. Podría pensar que lo que menos necesita ahora es que se le abra otro frente conflictivo -con riesgosa exposición nacional- cuando tiene por delante un horizonte financiero que cruje cada vez más fuerte.
Además, el negocio de la madera nunca fue apolítico. Los caudillos políticos locales habitualmente estuvieron detrás, cuando no delante. Es el modo de obtener protección cuando las explotaciones son clandestinas o tramposamente legales. Por si faltara algo, el lío se instala justo cuando hay una fuerte arremetida de Gustavo Martínez por controlar el Instituto de Colonización, desde donde Raúl John Paris viene quejándose de la falta de apoyo para relevar tierras públicas.
En todo caso, se podrá tener una visión más clara sobre el posicionamiento del Poder Ejecutivo luego de la audiencia del martes en el Juzgado Civil 6, y sobre todo después de ver si Capitanich asiste o no, y en caso de que no lo haga en quién delega su representación.
Caso por caso
Algo que podría resultar de la diligencia judicial es que se acuerde un relevamiento concreto y puntual de los desmontes denunciados. Algo que Brunswig le reprochó a Greenpeace es que sus fotos sobre supuestas explotaciones forestales ilegales no permiten saber exactamente de qué lugares se trata, como para permitir una constatación.
El Centro Mandela, que vino difundiendo una serie de documentos con datos más específicos y referencias geográficas, parece estar en condiciones de despejar ambigüedades. ¿Se podrá, entonces, encarar una gira esclarecedora que permite marcar una línea divisoria entre los que dicen la verdad y los que mienten?
Esteban Branco Capitanich, gerente de Colonización, publicó en su blog un texto sobre lo sucedido. “Lamentablemente le apuntamos a Greenpeace un logro, entregando, aunque más no sea por un rato, una bandera que es bien peronista y nuestra: el liderazgo en la defensa de nuestros recursos”, se quejó.
“También ha quedado expuesta -agrega- la organizada catarata de descalificaciones hacia la transnacional tanto de funcionarios del área como de productores y profesionales vinculados a la explotación forestal y sojera, que poco menos que colocaba a los ‘Jaguares’ en un lugar más dañoso que los que históricamente nos han depredado y expoliado. (...) De modo que de nada sirve seguir cargando las tintas adjudicando a otros fundamentalismo y mercantilismo, mientras los hechos nos desnudan”.
Luego sigue: “Escuchamos desde los despachos oficiales decir que ‘ese desmonte es legal porque tiene permiso’. El permiso no es garantía de legalidad. Gran parte del Chaco ha sido enajenado en sus tierras y sus bosques con apariencia de legalidad, con títulos y permisos durante el rozismo. Pero no somos el rozismo, y las leyes no están para que ‘les busquemos la vuelta’ como para violarlas y hacer parecer que las estamos cumpliendo”.
Lo dice -vale la pena reiterarlo- un funcionario que integra la gestión actual.
Un siglo atrás, el 84% del territorio del Chaco estaba cubierto de montes. Es decir, había unas 8,4 millones de hectáreas de bosques. Según el gobierno, quedaban en 2011 casi 5 millones. Organizaciones ambientalistas creen que, como mucho, sobreviven 3,6 millones de hectáreas.
En esa transformación hay de todo: recursos que ingresaron a la economía regional y empujaron el desarrollo, generación de empleo, la posibilidad de un salto industrial sectorial. También depredación incontrolada, seres humanos que vieron desaparecer lo que era su hábitat, desertización.
Demasiadas cosas y demasiadas vidas como para cambiar de canal.
.
Fecha de Publicación: 20/05/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El martes por la mañana debería producirse una audiencia muy singular en la sede del Juzgado Civil 6 de Resistencia. Para ese día, a las 9.30, fueron citados por la jueza Iride Isabel Grillo nada menos que el gobernador Jorge Capitanich; otros funcionarios provinciales; dirigentes de asociaciones comunitarias de El Impenetrable; y representantes de la organización internacional ecologista Greenpeace.
La convocatoria guarda relación con el monitoreo que la jueza Grillo realiza sobre el grado de cumplimiento que va teniendo la resolución judicial por la cual se prohibió la continuidad de explotaciones forestales en territorios del oeste provincial que son de propiedad comunitaria indígena.
El expediente respectivo había sido iniciado en 2004 y el caso no registraba novedades, pero las recientes denuncias de Greenpeace -y del Centro de Estudios Nelson Mandela, que también participaría de la audiencia de pasado mañana con su coordinador, Rolando Núñez-, sobre talados ilegales en la región más fascinante y desconocida del Chaco, hicieron que Grillo decidiera revisar la situación.
El trámite no es más que lo que puede leerse, y es probable que el gobernador delegue su representación en algún integrante de su gabinete, pero la cita en el despacho de una de las juezas más respetadas de la estructura judicial provincial contiene valores y simbologías que van más allá de los papeles y los protocolos.
Es, por ejemplo, una de las pocas veces que los desmontes quedan en posición de tener que ser explicados por las autoridades de turno. Eso, en una provincia que lleva a la depredación forestal histórica como uno de los signos distintivos de su extraña pobreza enriquecedora, es mucho.
Los invasores imperiales
La intervención judicial aparece en un contexto también novedoso. Es difícil hallar en la memoria otro momento en el que el avance extractivo sobre el monte chaqueño haya sido puesto de un modo tan candente como tema de debate. Lo cual no quiere decir que lo de ahora sea extraordinario en términos absolutos. Lo es apenas en comparación a los largos silencios que siempre -salvo breves interrupciones- cubrió al asunto en esta provincia.
Como también ocurrió años en la década pasada con las obscenas muertes de aborígenes por hambre y desatención sanitaria o con el escándalo de los negociados con tierras fiscales (hechos de los años radicales que tuvieron mucho que ver con el veto ciudadano a la continuidad de la Alianza en el poder), ahora la paulatina destrucción del monte también sale de la oscuridad no por factores internos sino por repercusiones externas.
Ni los reclamos y denuncias de las ONG’s locales ni el drama de las comunidades afectadas lograron el impacto del operativo de Greenpeace, que con sus “jaguares” bloqueó el trabajo de una topadora cerca de Miraflores y en pocas horas logró que cientos de medios reprodujeran las imágenes de la movida. Las quejas y condenas posteriores, por parte de funcionarios y empresarios, sólo amplificaron la presencia del tema en la vidriera pública.
Pero además, esas reacciones fueron nuevos pasos en falso. “¿Qué creen estos de Puerto Madero? ¿Que nos van a venir a manejar a nosotros, al Chaco? No muchachos, cuidado, están muy equivocados, porque los productores se van a empezar a armar. Y si yo estoy en regla y vos vas a entrar a mi campo, no te voy a dejar entrar”, declaró Noé Khon en Sáenz Peña, antes de pedirle al gobierno que frene a Greenpeace porque de lo contrario “el productor va a tomar medidas por sus propias manos, y después vamos a lamentarnos”.
No mucho más hábil estuvo Miguel López, el titular de la Dirección de Bosques, habitual blanco de las denuncias del Centro Mandela (entidad a la que el funcionario le dirigió una carta documento por ellas). En un escrito redactado tras la audiencia que Capitanich le concedió a Greenpeace por las denuncias de la organización verde, López también buscó solidaridad chauvinista: “Greenpeace, mirando desde sus oficinas en Puerto Madero, cumple mandatos imperialistas (como intentaron en 1806)”, dijo, en una poco feliz comparación entre el operativo de los militantes verdes y las invasiones inglesas del siglo XIX.
“Pero acá encuentra una provincia que ha dejado de ser Territorio Nacional y decide sobre sus recursos naturales y no va a permitir que vengan extranjeros, ni de otras provincias siquiera, a decirnos lo que tenemos que hacer”, agregó López.
Entre varias cosas curiosas del episodio, conviene hacer notar una: una parte importante de los desmontes recientes van dirigidos a profundizar el proceso de sojización del Chaco. La soja en la provincia mueve cada año en la provincia cientos de millones de dólares. Se estima que un 70% de la producción está en manos de inversores de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y -en menor medida- otros distritos. Una “invasión” que, sin embargo, no molesta.
Contexto incómodo
Es cierto que el estilo espectacular de Greenpeace es polémico y que hasta para los ambientalistas locales es difícil a veces la relación con la organización ecologista más conocida del planeta. Pero su aparición en escena sacudió un tablero repleto de intereses cruzados. En una sociedad normal, eso debería servir para algún cambio positivo. En el Chaco, imposible saberlo.
El interrogante principal es qué hará Capitanich. Hay incluso una duda anterior a ésa: si Capitanich hará algo. Para algunos, dio una señal al recibir a los representantes de Greenpeace, al resolver la suspensión por 60 días de nuevas autorizaciones para explotaciones silvopastoriles (las que defienden López y Miguel Brunswig, el subsecretario de Recursos Naturales) y al no reunirse con productores forestales, entidades profesionales y legisladores que son partidarios de proteger sólo a sus árboles genealógicos.
Lo del gobernador podría haber sido también un gesto para ganar tiempo y calmar las aguas. Podría pensar que lo que menos necesita ahora es que se le abra otro frente conflictivo -con riesgosa exposición nacional- cuando tiene por delante un horizonte financiero que cruje cada vez más fuerte.
Además, el negocio de la madera nunca fue apolítico. Los caudillos políticos locales habitualmente estuvieron detrás, cuando no delante. Es el modo de obtener protección cuando las explotaciones son clandestinas o tramposamente legales. Por si faltara algo, el lío se instala justo cuando hay una fuerte arremetida de Gustavo Martínez por controlar el Instituto de Colonización, desde donde Raúl John Paris viene quejándose de la falta de apoyo para relevar tierras públicas.
En todo caso, se podrá tener una visión más clara sobre el posicionamiento del Poder Ejecutivo luego de la audiencia del martes en el Juzgado Civil 6, y sobre todo después de ver si Capitanich asiste o no, y en caso de que no lo haga en quién delega su representación.
Caso por caso
Algo que podría resultar de la diligencia judicial es que se acuerde un relevamiento concreto y puntual de los desmontes denunciados. Algo que Brunswig le reprochó a Greenpeace es que sus fotos sobre supuestas explotaciones forestales ilegales no permiten saber exactamente de qué lugares se trata, como para permitir una constatación.
El Centro Mandela, que vino difundiendo una serie de documentos con datos más específicos y referencias geográficas, parece estar en condiciones de despejar ambigüedades. ¿Se podrá, entonces, encarar una gira esclarecedora que permite marcar una línea divisoria entre los que dicen la verdad y los que mienten?
Esteban Branco Capitanich, gerente de Colonización, publicó en su blog un texto sobre lo sucedido. “Lamentablemente le apuntamos a Greenpeace un logro, entregando, aunque más no sea por un rato, una bandera que es bien peronista y nuestra: el liderazgo en la defensa de nuestros recursos”, se quejó.
“También ha quedado expuesta -agrega- la organizada catarata de descalificaciones hacia la transnacional tanto de funcionarios del área como de productores y profesionales vinculados a la explotación forestal y sojera, que poco menos que colocaba a los ‘Jaguares’ en un lugar más dañoso que los que históricamente nos han depredado y expoliado. (...) De modo que de nada sirve seguir cargando las tintas adjudicando a otros fundamentalismo y mercantilismo, mientras los hechos nos desnudan”.
Luego sigue: “Escuchamos desde los despachos oficiales decir que ‘ese desmonte es legal porque tiene permiso’. El permiso no es garantía de legalidad. Gran parte del Chaco ha sido enajenado en sus tierras y sus bosques con apariencia de legalidad, con títulos y permisos durante el rozismo. Pero no somos el rozismo, y las leyes no están para que ‘les busquemos la vuelta’ como para violarlas y hacer parecer que las estamos cumpliendo”.
Lo dice -vale la pena reiterarlo- un funcionario que integra la gestión actual.
Un siglo atrás, el 84% del territorio del Chaco estaba cubierto de montes. Es decir, había unas 8,4 millones de hectáreas de bosques. Según el gobierno, quedaban en 2011 casi 5 millones. Organizaciones ambientalistas creen que, como mucho, sobreviven 3,6 millones de hectáreas.
En esa transformación hay de todo: recursos que ingresaron a la economía regional y empujaron el desarrollo, generación de empleo, la posibilidad de un salto industrial sectorial. También depredación incontrolada, seres humanos que vieron desaparecer lo que era su hábitat, desertización.
Demasiadas cosas y demasiadas vidas como para cambiar de canal.
.
Justicia en Córdoba interviene por las fumigaciones
La Justicia investigará si hay relación entre fumigaciones y cáncer
Fecha de Publicación: 19/05/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es el primer caso en el que se toma una medida de este tipo. Imputaron a dos productores por "contaminación dolosa". Otras dos causas similares van a juicio el 11 de junio.
Por primera vez en Córdoba, la Justicia investigará si hay relación directa entre la fumigación con plaguicidas (por ejemplo, endosulfan) y las muertes por cáncer. La medida fue dictada ayer por el fiscal Carlos Matheu, al imputar a dos productores rurales en una de las causas en las que se investigan eventuales responsabilidades por la contaminación en barrio Ituzaingó Anexo.
Se trata de hechos ocurridos entre 2002 y 2004, denunciados por la Fundación para el Medio Ambiente (Funam), que sostiene que los imputados violaron las ordenanzas 10.505 (Emergencia ambiental en Ituzaingó Anexo) y 10.590 (que prohíbe fumigar a menos de 2500 metros de las viviendas del barrio). La causa es paralela a la que entrará a juicio el 11 de junio. En ese proceso se investigarán las fumigaciones clandestinas en el lugar, pero no las secuelas de la contaminación (ver aparte).
Dos de los que se sentarán en el banquillo de acusados el mes próximo son los imputados ayer: los productores Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra.
La Funam pide que se investigue a “todos los responsables” y que “se establezca la relación de causalidad entre las conductas denunciadas” y las muertes y “el impacto en la salud a casi cinco mil vecinos del lugar”.
Relevamientos. El fiscal contaba con estudios previos de organismos públicos de los que se desprenden que hay tres posibles causas contaminantes: la fumigación clandestina, los transformadores de Epec con PCB, y el agua contaminada por arsénico y plomo. El “cóctel” contaminante habría dejado enfermos de leucemia, cáncer de próstata y otras enfermedades oncológicas y respiratorias.
La causa se inició en 2002 y la instrucción inicial recayó en la Fiscalía Federal Nº3, pero luego pasó a la Justicia Provincial. Tras varios años de parálisis, ahora se analizan los casos desde el enfoque de la ley de residuos peligrosos 24.051.
Hasta 2010, la Fiscalía relevó 169 casos de cáncer, y más de 30 muertes por esa enfermedad. Si se establece que los plaguicidas utilizados tuvieron una incidencia directa en estos casos, la figura de “contaminación dolosa” sería agravada con “resultado de muerte”, que contempla penas de 10 a 25 años de prisión.
En el barrio de Ituzaingó Anexo fue vital la lucha de las madres, que consiguieron la provisión de agua de red a todo el sector, que se sacara el PCB de los transformadores, y que se sancionaran una ordenanza y una ley para restringir las fumigaciones cerca de zonas pobladas en toda Córdoba.
Premio ambiental
Distinción. Sofía Gatica, una de las Madres de Ituzaingó, recibió el 16 de abril el Premio Goldman, el “Nobel Verde” que se otorga a un líder ambiental de cada continente. Se trata de la primera argentina en obtener tamaña distinción.
Relevamiento. Las Madres de Ituzaingó y los equipos de Atención Primaria del barrio relevaron cantidades anormales de vecinos enfermos de cáncer y otras graves afecciones de origen ambiental.
.
Fecha de Publicación: 19/05/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es el primer caso en el que se toma una medida de este tipo. Imputaron a dos productores por "contaminación dolosa". Otras dos causas similares van a juicio el 11 de junio.Por primera vez en Córdoba, la Justicia investigará si hay relación directa entre la fumigación con plaguicidas (por ejemplo, endosulfan) y las muertes por cáncer. La medida fue dictada ayer por el fiscal Carlos Matheu, al imputar a dos productores rurales en una de las causas en las que se investigan eventuales responsabilidades por la contaminación en barrio Ituzaingó Anexo.
Se trata de hechos ocurridos entre 2002 y 2004, denunciados por la Fundación para el Medio Ambiente (Funam), que sostiene que los imputados violaron las ordenanzas 10.505 (Emergencia ambiental en Ituzaingó Anexo) y 10.590 (que prohíbe fumigar a menos de 2500 metros de las viviendas del barrio). La causa es paralela a la que entrará a juicio el 11 de junio. En ese proceso se investigarán las fumigaciones clandestinas en el lugar, pero no las secuelas de la contaminación (ver aparte).
Dos de los que se sentarán en el banquillo de acusados el mes próximo son los imputados ayer: los productores Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra.
La Funam pide que se investigue a “todos los responsables” y que “se establezca la relación de causalidad entre las conductas denunciadas” y las muertes y “el impacto en la salud a casi cinco mil vecinos del lugar”.
Relevamientos. El fiscal contaba con estudios previos de organismos públicos de los que se desprenden que hay tres posibles causas contaminantes: la fumigación clandestina, los transformadores de Epec con PCB, y el agua contaminada por arsénico y plomo. El “cóctel” contaminante habría dejado enfermos de leucemia, cáncer de próstata y otras enfermedades oncológicas y respiratorias.
La causa se inició en 2002 y la instrucción inicial recayó en la Fiscalía Federal Nº3, pero luego pasó a la Justicia Provincial. Tras varios años de parálisis, ahora se analizan los casos desde el enfoque de la ley de residuos peligrosos 24.051.
Hasta 2010, la Fiscalía relevó 169 casos de cáncer, y más de 30 muertes por esa enfermedad. Si se establece que los plaguicidas utilizados tuvieron una incidencia directa en estos casos, la figura de “contaminación dolosa” sería agravada con “resultado de muerte”, que contempla penas de 10 a 25 años de prisión.
En el barrio de Ituzaingó Anexo fue vital la lucha de las madres, que consiguieron la provisión de agua de red a todo el sector, que se sacara el PCB de los transformadores, y que se sancionaran una ordenanza y una ley para restringir las fumigaciones cerca de zonas pobladas en toda Córdoba.
Premio ambiental
Distinción. Sofía Gatica, una de las Madres de Ituzaingó, recibió el 16 de abril el Premio Goldman, el “Nobel Verde” que se otorga a un líder ambiental de cada continente. Se trata de la primera argentina en obtener tamaña distinción.
Relevamiento. Las Madres de Ituzaingó y los equipos de Atención Primaria del barrio relevaron cantidades anormales de vecinos enfermos de cáncer y otras graves afecciones de origen ambiental.
.
La SCJ sancionó a la CNEA por una mina de uranio
Dura sanción por la contaminación con uranio en Malargüe
Fecha de Publicación: 18/05/2012
Fuente: MDZOL
Provincia/Región: Mendoza - Nacional
La Suprema Corte de Justicia acaba de ratificar una dura sanción contra el Gobierno nacional por la contaminación que dejó en Malargüe la mina e uranio que funcionó allí hasta 1987. Se trata de una sanción aplicada luego de detectar altos niveles de uranio en un cauce de agua, producto de los residuos dejados por la mina. Por eso la Comisión Nacional de Energía Atómica deberá pagar 1 millón de pesos al Departamento General de Irrigación.
La multa fue aplicada en el año 2002, pero la CNEA recurrió a la Corte para que la anulara. Luego de años de análisis y peritajes (los últimos estudios se realizaron en 2010) el Tribunal dejó firme la sanción.
En el Fallo la Corte destaca que la CNEA no había cumplido con la remediación de los pasivos ambientales tal como se había comprometido en la Declaración de Impacto Ambiental. Igualmente destacan que en los últimos años sí hubo un cambio y se comenzaron a realizar trabajos de remediación de manera consensuada.
La sanción
El Complejo Fabril Malargüe produjo uranio hasta el año 1987. Luego la CNEA debía realizar trabajos de remediación sobre los pasivos ambientales que había dejado. Pero nunca se completaron en los tiempos estipulados. En el año 2002 la Policía del Agua de Irrigación realizó un monitorea de distintos cauces aledaños a la fábrica. La muestras fueron analizadas por la División Laboratorio de Química del Departamento Regional Cuyo de la CNEA y por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo y por un laboratorio privado de San Rafael. Allí se detectó que 2 muestras “evidenciaron un elevado nivel de Uranio”, por lo que se intimó a la CNEA para que realice “las acciones necesarias tendientes a dar a los residuos (colas de mineral) su gestión final, para evitar la afectación del recurso hídrico y el medio ambiente en general”.
Por eso, el Departamento de Control de Contaminación de la Dirección de Policía del Agua, calificó a la situación como “de gravedad en virtud de que se está produciendo la contaminación de las Napas Freáticas del Lugar, las cuales tienen un impacto directo sobre los cauces superficiales aledaños”, describe el Fallo.
La CNEA dijo que no había realizado la remediación como correspondía por falta de financiamiento y objetó las muestras cuestionadas. Y por eso determinan la multa de 1 millón de pesos, la máxima sanción prevista.
La Corte ratifica la sanción por considerar que se puso en peligro los cursos de agua. “Lo sancionado no fue la situación de contaminación de la freática que escurre por debajo del ex CFM, de larga data, sino un hecho concreto de difusión de la freática hacia los cauces públicos, que no fue detectado sino hasta el 2002, por efecto del sistema de monitoreo anexo a las obras de remediación aprobadas por la DIA, y que apareció como violatorio de los deberes asumidos por la CNEA”, describe el ministro de la Corte Jorge Nanclares. Incluso sugieren que lo que pasó puede ser motivo de una denuncia penal.
El fallo, con el número 77173 y firmado también por Alejandro Pérez Hualde, se conoce en un contexto complicado, cuando desde el Gobierno nacional y local promocionan la reapertura de la mina Sierra Pintada (dondetambién quedaron pasivos ambientales sin remediar) para extraer uranio.
.
Fecha de Publicación: 18/05/2012
Fuente: MDZOL
Provincia/Región: Mendoza - Nacional
La Suprema Corte de Justicia acaba de ratificar una dura sanción contra el Gobierno nacional por la contaminación que dejó en Malargüe la mina e uranio que funcionó allí hasta 1987. Se trata de una sanción aplicada luego de detectar altos niveles de uranio en un cauce de agua, producto de los residuos dejados por la mina. Por eso la Comisión Nacional de Energía Atómica deberá pagar 1 millón de pesos al Departamento General de Irrigación.La multa fue aplicada en el año 2002, pero la CNEA recurrió a la Corte para que la anulara. Luego de años de análisis y peritajes (los últimos estudios se realizaron en 2010) el Tribunal dejó firme la sanción.
En el Fallo la Corte destaca que la CNEA no había cumplido con la remediación de los pasivos ambientales tal como se había comprometido en la Declaración de Impacto Ambiental. Igualmente destacan que en los últimos años sí hubo un cambio y se comenzaron a realizar trabajos de remediación de manera consensuada.
La sanción
El Complejo Fabril Malargüe produjo uranio hasta el año 1987. Luego la CNEA debía realizar trabajos de remediación sobre los pasivos ambientales que había dejado. Pero nunca se completaron en los tiempos estipulados. En el año 2002 la Policía del Agua de Irrigación realizó un monitorea de distintos cauces aledaños a la fábrica. La muestras fueron analizadas por la División Laboratorio de Química del Departamento Regional Cuyo de la CNEA y por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo y por un laboratorio privado de San Rafael. Allí se detectó que 2 muestras “evidenciaron un elevado nivel de Uranio”, por lo que se intimó a la CNEA para que realice “las acciones necesarias tendientes a dar a los residuos (colas de mineral) su gestión final, para evitar la afectación del recurso hídrico y el medio ambiente en general”.
Por eso, el Departamento de Control de Contaminación de la Dirección de Policía del Agua, calificó a la situación como “de gravedad en virtud de que se está produciendo la contaminación de las Napas Freáticas del Lugar, las cuales tienen un impacto directo sobre los cauces superficiales aledaños”, describe el Fallo.
La CNEA dijo que no había realizado la remediación como correspondía por falta de financiamiento y objetó las muestras cuestionadas. Y por eso determinan la multa de 1 millón de pesos, la máxima sanción prevista.
La Corte ratifica la sanción por considerar que se puso en peligro los cursos de agua. “Lo sancionado no fue la situación de contaminación de la freática que escurre por debajo del ex CFM, de larga data, sino un hecho concreto de difusión de la freática hacia los cauces públicos, que no fue detectado sino hasta el 2002, por efecto del sistema de monitoreo anexo a las obras de remediación aprobadas por la DIA, y que apareció como violatorio de los deberes asumidos por la CNEA”, describe el ministro de la Corte Jorge Nanclares. Incluso sugieren que lo que pasó puede ser motivo de una denuncia penal.
El fallo, con el número 77173 y firmado también por Alejandro Pérez Hualde, se conoce en un contexto complicado, cuando desde el Gobierno nacional y local promocionan la reapertura de la mina Sierra Pintada (dondetambién quedaron pasivos ambientales sin remediar) para extraer uranio.
.
Etiquetas:
contaminación,
legislación y derecho ambiental,
Mendoza,
minería,
Nacional
|
0
comentarios
Alta incidencia de cáncer en pueblos fumigados
Pueblos fumigados casi duplican la media nacional de muertes por cáncer
Fecha de Publicación: 17/05/2012
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
El dato surgió del relevamiento que los médicos realizaron en oficinas del Registro Civil de localidades sitiadas por el uso indebido de agrotóxicos. El cáncer desplazó a los fallecimientos por afecciones cardiovasculares como principal causa de decesos.
La principal causa de muerte en el país son las afecciones cardiovasculares. En los pueblos fumigados cordobeses, esta causa la representan los fallecimientos por cáncer.
El dato surgió de un relevamiento realizado por los médicos de esos lugares en las oficinas del Registro Civil.
De las estadísticas se desprende que el cáncer en estas localidades sitiadas por las fumigaciones con agrotóxicos, se impuso como la principal causa de muerte, desplazando a la que a nivel nacional representan las enfermedades caridovasculares, relacionadas al estilo de vida de los ciudadanos.
Al respecto, Medardo Ávila Vázquez, integrante de Médicos de Pueblos Fumigados, indicó a este medio que según las localidades varía el valor, pero en la mayoría promedia un 31 o 32 por ciento de muertes por cáncer.
“Esto significa que del total de fallecimientos en cada localidad el 32% son por cáncer, cuando la media nacional es del 18%”, explicó el especialista.
En San Marcos Sud por ejemplo este índice es del 31% y en barrio Ituzaingó del 33%. Vale recordar que este barrio registra los índices más altos de la provincia, con una población de 4.000 personas, registra en la actualidad 220 casos de cáncer.
Ávila Vázquez detalló que la cantidad de casos comenzaron a aumentar desde el año 2000, cuando se produjo el “boom” de la soja en nuestro país, “esta es una situación que antes no existía”, añadió.
Los especialistas atribuyen este comportamiento sanitario a la utilización de las fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos en zonas pobladas.
“La más grave es la fumigación aérea por su poder de dispersión, lo que las vuelve incontrolables, pero las terrestres también son nocivas por que son altamente contaminantes”, indicó el médico.
Vale recordar que ya son 13 las localidades que prohibieron las fumigaciones en Córdoba. Se trata de San Francisco, Jesús María, Colonia Caroya, Oncativo, Ituzaingó Anexo en Córdoba Capital, Estación Juárez Celman, Anisacate, Villa General Belgrano, Parque Los Reartes, Las Calles, San Marcos Sierras, Huinca Renancó y Oliva.
Más chicos con malformaciones
Un informe de la genetista Gladys Trombotto, quien realizó un registro desde el año 1972 de niños con malformaciones que nacieron en la Maternidad Nacional de Córdoba, indica que se triplicaron los nacimientos de bebés con malformaciones.
El informe detalla que Córdoba tenía hace 15 años un índice de 2 niños cada 100 que nacían con algún problema de malformación. Desde 1996 este índice comenzó a aumentar hasta alcanzar a cinco de cada 100. No se encontró otra causa genética que explicara este fenómeno (como diabetes, consumo de alcohol, cigarrillo o drogas durante el embarazo).
“Ninguna de las causas estaba aumentada en este grupo de niños, es un análisis sobre 110.000 nacimientos”, añadió Ávila Vázquez.
La media hace 15 años atrás era de 1.5 o 2 por ciento, valor que se ha triplicado en algunos casos.
Europa por ejemplo, donde se prohibió el uso de agrotóxicos, mantiene todavía los niveles normales de un 2% , mientras en Córdoba este valor es del 5% en la población en general pero en las zonas fumigadas este índice asciende hasta un 8 o 9 %.
.
Fecha de Publicación: 17/05/2012
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
El dato surgió del relevamiento que los médicos realizaron en oficinas del Registro Civil de localidades sitiadas por el uso indebido de agrotóxicos. El cáncer desplazó a los fallecimientos por afecciones cardiovasculares como principal causa de decesos.La principal causa de muerte en el país son las afecciones cardiovasculares. En los pueblos fumigados cordobeses, esta causa la representan los fallecimientos por cáncer.
El dato surgió de un relevamiento realizado por los médicos de esos lugares en las oficinas del Registro Civil.
De las estadísticas se desprende que el cáncer en estas localidades sitiadas por las fumigaciones con agrotóxicos, se impuso como la principal causa de muerte, desplazando a la que a nivel nacional representan las enfermedades caridovasculares, relacionadas al estilo de vida de los ciudadanos.
Al respecto, Medardo Ávila Vázquez, integrante de Médicos de Pueblos Fumigados, indicó a este medio que según las localidades varía el valor, pero en la mayoría promedia un 31 o 32 por ciento de muertes por cáncer.
“Esto significa que del total de fallecimientos en cada localidad el 32% son por cáncer, cuando la media nacional es del 18%”, explicó el especialista.
En San Marcos Sud por ejemplo este índice es del 31% y en barrio Ituzaingó del 33%. Vale recordar que este barrio registra los índices más altos de la provincia, con una población de 4.000 personas, registra en la actualidad 220 casos de cáncer.
Ávila Vázquez detalló que la cantidad de casos comenzaron a aumentar desde el año 2000, cuando se produjo el “boom” de la soja en nuestro país, “esta es una situación que antes no existía”, añadió.
Los especialistas atribuyen este comportamiento sanitario a la utilización de las fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos en zonas pobladas.
“La más grave es la fumigación aérea por su poder de dispersión, lo que las vuelve incontrolables, pero las terrestres también son nocivas por que son altamente contaminantes”, indicó el médico.
Vale recordar que ya son 13 las localidades que prohibieron las fumigaciones en Córdoba. Se trata de San Francisco, Jesús María, Colonia Caroya, Oncativo, Ituzaingó Anexo en Córdoba Capital, Estación Juárez Celman, Anisacate, Villa General Belgrano, Parque Los Reartes, Las Calles, San Marcos Sierras, Huinca Renancó y Oliva.
Más chicos con malformaciones
Un informe de la genetista Gladys Trombotto, quien realizó un registro desde el año 1972 de niños con malformaciones que nacieron en la Maternidad Nacional de Córdoba, indica que se triplicaron los nacimientos de bebés con malformaciones.
El informe detalla que Córdoba tenía hace 15 años un índice de 2 niños cada 100 que nacían con algún problema de malformación. Desde 1996 este índice comenzó a aumentar hasta alcanzar a cinco de cada 100. No se encontró otra causa genética que explicara este fenómeno (como diabetes, consumo de alcohol, cigarrillo o drogas durante el embarazo).
“Ninguna de las causas estaba aumentada en este grupo de niños, es un análisis sobre 110.000 nacimientos”, añadió Ávila Vázquez.
La media hace 15 años atrás era de 1.5 o 2 por ciento, valor que se ha triplicado en algunos casos.
Europa por ejemplo, donde se prohibió el uso de agrotóxicos, mantiene todavía los niveles normales de un 2% , mientras en Córdoba este valor es del 5% en la población en general pero en las zonas fumigadas este índice asciende hasta un 8 o 9 %.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios