Respaldo del Conicet al uso del glifosato
18:55 | 
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Respaldo del Conicet al uso del glifosato en el campo argentino
Fecha de Publicación: 08/09/2009
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Lo hizo al presentar las conclusiones de la evaluación de los trabajos científicos nacionales e internacionales referidos a los efectos del herbicida
Un informe del Consejo Científico Interdisciplinario, creado en el ámbito del Conicet, concluyó que "si se aplica responsablemente, el uso del glifosato no tiene mayores riesgos para la salud humana o el medio ambiente".
Lo hizo al presentar las conclusiones del documento de evaluación de los trabajos científicos nacionales e internacionales referidos a los efectos del herbicida.
El informe final del trabajo de evaluación realizado por el Consejo de expertos, convocados por la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, concluyó que "no hay vestigios de glifosato en harina ni en aceite de soja".
Si bien destacó que "en granos sí pueden encontrarse", estimó que "con un uso responsable del producto, el consumo de alimentos y agua que contengan residuos de la molécula o el metabolito no debería implicar riesgos para la salud humana".
De todos modos, la Comisión recomendó "el monitoreo de residuos".
Asimismo, indicó que "los efectos tóxicos de la molécula, sumetabolito o el tensioactivo en mamíferos no humanos se observan con vías de ingreso al organismo a dosis difícilmente alcanzables en ambientes rurales en los que se aplique el producto en forma apropiada".
También señaló que "el producto no se bioacumula", y afirmó que "el glifosato y su metabolito son sustancias ligeramente tóxicas para mamíferos".
Remarcó que "la muerte en seres humanos puede provocarse con ingestas en grandes cantidades con fines suicidas", y puso de relieve que "los estudios revisados no demuestran correlación entre exposición al glifosato e incidencia de cáncer".
"Tampoco, los estudios revisados, demuestran correlación en el aumento de defectos de nacimiento y anormalidades en el desarrollo de hijos de aplicadores", puntualizó el informe.
Subrayó que "concentraciones que llegan a alterar el ADN de células de mamíferos son improbables de encontrar en medios biológicos humanos".
El Consejo Científico Interdisciplinario fue creado por la Comisión Nacional de Investigación, establecida en enero de este año, y está formado por ingenieros agrónomos, médicos, toxicólogos, bioquímicos y químicos, además de especialistas en biología, los cuales durante dos meses llevaron a cabo una revisión crítica de los trabajos científicos publicados sobre el glifosato a nivel internacional.
Fecha de Publicación: 08/09/2009
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Lo hizo al presentar las conclusiones de la evaluación de los trabajos científicos nacionales e internacionales referidos a los efectos del herbicida
Un informe del Consejo Científico Interdisciplinario, creado en el ámbito del Conicet, concluyó que "si se aplica responsablemente, el uso del glifosato no tiene mayores riesgos para la salud humana o el medio ambiente".
Lo hizo al presentar las conclusiones del documento de evaluación de los trabajos científicos nacionales e internacionales referidos a los efectos del herbicida.
El informe final del trabajo de evaluación realizado por el Consejo de expertos, convocados por la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, concluyó que "no hay vestigios de glifosato en harina ni en aceite de soja".
Si bien destacó que "en granos sí pueden encontrarse", estimó que "con un uso responsable del producto, el consumo de alimentos y agua que contengan residuos de la molécula o el metabolito no debería implicar riesgos para la salud humana".
De todos modos, la Comisión recomendó "el monitoreo de residuos".
Asimismo, indicó que "los efectos tóxicos de la molécula, sumetabolito o el tensioactivo en mamíferos no humanos se observan con vías de ingreso al organismo a dosis difícilmente alcanzables en ambientes rurales en los que se aplique el producto en forma apropiada".
También señaló que "el producto no se bioacumula", y afirmó que "el glifosato y su metabolito son sustancias ligeramente tóxicas para mamíferos".
Remarcó que "la muerte en seres humanos puede provocarse con ingestas en grandes cantidades con fines suicidas", y puso de relieve que "los estudios revisados no demuestran correlación entre exposición al glifosato e incidencia de cáncer".
"Tampoco, los estudios revisados, demuestran correlación en el aumento de defectos de nacimiento y anormalidades en el desarrollo de hijos de aplicadores", puntualizó el informe.
Subrayó que "concentraciones que llegan a alterar el ADN de células de mamíferos son improbables de encontrar en medios biológicos humanos".
El Consejo Científico Interdisciplinario fue creado por la Comisión Nacional de Investigación, establecida en enero de este año, y está formado por ingenieros agrónomos, médicos, toxicólogos, bioquímicos y químicos, además de especialistas en biología, los cuales durante dos meses llevaron a cabo una revisión crítica de los trabajos científicos publicados sobre el glifosato a nivel internacional.
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500 especies animales en extinción en Argentina
Hay más de quinientas especies animales en extinción en Argentina
Fecha de Publicación: 07/09/2009
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Pese a que hay casi 3.000 normas destinadas a conservar la naturaleza, existe una gran impunidad en los delitos contra la flora y la fauna. El principal responsable es el hombre, que también es la única solución
La semana pasada, la Justicia de China rechazó poner freno al comercio de los productos obtenidos a partir los felinos, como pieles, colmillos, bigotes y huesos, empujando así a la extinción a los cerca de mil trescientos ejemplares que quedan en estado salvaje. ¿Cuál es la situación en la Argentina?
Consultado por Infobae.com, Claudio Bertonatti, director de la revista de la Fundación Vida Silvestre Argentina, dijo que en Argentina hay más de 500 especies de vertebrados en peligro de extinción, "anfibios, peces, reptiles, aves y mamíferos y más de 250 de plantas", explicó que "las razones son muchas, pero convergentes” y agregó que "algunas de ellas son directas, como la destrucción de los escenarios naturales y otras indirectas, como la indiferencia, la falta de conocimiento y aprecio por la naturaleza".
En la mayoría de los casos, el accionar del hombre tiene incidencia en el número que refleja que cada día miles de animales desaparezcan de la tierra, pero también es quien tiene el poder de evitarlo.
"Nos guste o no, la responsabilidad de convivir y salvar las especies amenazadas recae en nosotros. Nosotros es 'todos nosotros': especialistas, autoridades, docentes, periodistas, estudiantes, etc. Acaso, ¿existe alguien que se considera que no tiene responsabilidad en el cuidado del patrimonio nacional?", planteó Bertonatti.
En la Republica Argentina hay instituciones que se ocupan de cuidar la naturaleza, como los parques nacionales, los parques provinciales y municipales como así también los zoológicos, acuarios, jardines botánicos, estaciones de cría y museos.
También hay más de 3.000 normas que regulan o apuntan a regular la conservación de la naturaleza. El director de la revista manifestó que no les preocupa "tanto" que se violen esas normas como "que no se castigue a quienes lo hacen, porque esto provoca impunidad y alimenta el crimen organizado en esta materia".
Pese a la gran cantidad de normas, el tráfico de especies existe y en ocasiones zoológicos y circos incurren en delitos, pero no suele haber penalidades desalentadoras y a veces, ni siquiera hay penalidades.
A esto se refiere Bertonatti e informa que "recientemente, Vida Silvestre denunció a un zoológico por violar una norma de la Provincia de Buenos Aires porque ese lugar fomenta y permite que los visitantes tomen contacto directo y se tomen fotos montando, por ejemplo, un león o un elefante. Esto es una locura, pero más allá de lo que a nosotros pueda parecernos está prohibido", sentenció.
Finalmente, destacó que "creer que la conservación de las especies amenazadas depende de la Secretaría de Medio Ambiente, Vida Silvestre o Greenpeace es una ingenuidad o bien un pensamiento equívoco. Todos podemos hacer algo. Incluso, cuando la Justicia no funciona como quisiéramos, podemos evitar daños mayores", subrayó Bertonatti.
Las especies en peligro
Existen unas 985 especies de aves, 345 mamíferos, 248 reptiles, 145 anfibios y 710 peces, en la Argentina 529 de ellas están amenazadas. Entre los reptiles que peligran se encuentran la tortuga verde, la boa vizcachera y la constrictor. Entre las aves como el loro vinoso, el pájaro campana, el cauquén colorado, el flamenco austral, el güila manera, el zorzal colorado, la urraca, la calandria, el tucán, también el cardenal imperial.
Mamíferos como el huemul, el ciervo, el gato montes, el gato tigre, el yaguareté, el ocelote, el tatú carreta, el lobito de mar y de río, la Chinchilla, el gato de los pajonales, los zorros gris, pampeano y del monte, el zorrino, el guanaco, la vicuña y el oso hormiguero son las especies en peligro de desaparecer.
Fecha de Publicación: 07/09/2009
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Pese a que hay casi 3.000 normas destinadas a conservar la naturaleza, existe una gran impunidad en los delitos contra la flora y la fauna. El principal responsable es el hombre, que también es la única solución
La semana pasada, la Justicia de China rechazó poner freno al comercio de los productos obtenidos a partir los felinos, como pieles, colmillos, bigotes y huesos, empujando así a la extinción a los cerca de mil trescientos ejemplares que quedan en estado salvaje. ¿Cuál es la situación en la Argentina?
Consultado por Infobae.com, Claudio Bertonatti, director de la revista de la Fundación Vida Silvestre Argentina, dijo que en Argentina hay más de 500 especies de vertebrados en peligro de extinción, "anfibios, peces, reptiles, aves y mamíferos y más de 250 de plantas", explicó que "las razones son muchas, pero convergentes” y agregó que "algunas de ellas son directas, como la destrucción de los escenarios naturales y otras indirectas, como la indiferencia, la falta de conocimiento y aprecio por la naturaleza".
En la mayoría de los casos, el accionar del hombre tiene incidencia en el número que refleja que cada día miles de animales desaparezcan de la tierra, pero también es quien tiene el poder de evitarlo.
"Nos guste o no, la responsabilidad de convivir y salvar las especies amenazadas recae en nosotros. Nosotros es 'todos nosotros': especialistas, autoridades, docentes, periodistas, estudiantes, etc. Acaso, ¿existe alguien que se considera que no tiene responsabilidad en el cuidado del patrimonio nacional?", planteó Bertonatti.
En la Republica Argentina hay instituciones que se ocupan de cuidar la naturaleza, como los parques nacionales, los parques provinciales y municipales como así también los zoológicos, acuarios, jardines botánicos, estaciones de cría y museos.
También hay más de 3.000 normas que regulan o apuntan a regular la conservación de la naturaleza. El director de la revista manifestó que no les preocupa "tanto" que se violen esas normas como "que no se castigue a quienes lo hacen, porque esto provoca impunidad y alimenta el crimen organizado en esta materia".
Pese a la gran cantidad de normas, el tráfico de especies existe y en ocasiones zoológicos y circos incurren en delitos, pero no suele haber penalidades desalentadoras y a veces, ni siquiera hay penalidades.
A esto se refiere Bertonatti e informa que "recientemente, Vida Silvestre denunció a un zoológico por violar una norma de la Provincia de Buenos Aires porque ese lugar fomenta y permite que los visitantes tomen contacto directo y se tomen fotos montando, por ejemplo, un león o un elefante. Esto es una locura, pero más allá de lo que a nosotros pueda parecernos está prohibido", sentenció.
Finalmente, destacó que "creer que la conservación de las especies amenazadas depende de la Secretaría de Medio Ambiente, Vida Silvestre o Greenpeace es una ingenuidad o bien un pensamiento equívoco. Todos podemos hacer algo. Incluso, cuando la Justicia no funciona como quisiéramos, podemos evitar daños mayores", subrayó Bertonatti.
Las especies en peligro
Existen unas 985 especies de aves, 345 mamíferos, 248 reptiles, 145 anfibios y 710 peces, en la Argentina 529 de ellas están amenazadas. Entre los reptiles que peligran se encuentran la tortuga verde, la boa vizcachera y la constrictor. Entre las aves como el loro vinoso, el pájaro campana, el cauquén colorado, el flamenco austral, el güila manera, el zorzal colorado, la urraca, la calandria, el tucán, también el cardenal imperial.
Mamíferos como el huemul, el ciervo, el gato montes, el gato tigre, el yaguareté, el ocelote, el tatú carreta, el lobito de mar y de río, la Chinchilla, el gato de los pajonales, los zorros gris, pampeano y del monte, el zorrino, el guanaco, la vicuña y el oso hormiguero son las especies en peligro de desaparecer.
Hacer alga para el futuro
Hacer alga para el futuro
Fecha de Publicación: 07/09/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Mendoza
Son biocombustibles de tercera generación. Las algas consumen desechos, purifican las aguas cloacales y pueden ser utilizadas sin afectar tierras de cultivo alimentario. El proyecto avanza en la Universidad Nacional de Cuyo.
Se lanzó el primer proyecto para producir comercialmente, en la Argentina, biocombustibles a partir del cultivo de algas. Lo desarrollan ingenieros de la Universidad Nacional de Cuyo, y ofrece perspectivas a tres puntas. Una es poner al país en la primera línea para producir el biocombustible que más apuestas a futuro convoca. Otra es aprovechar el hecho de que, para estas algas, los desechos que más repugnan al humano son manjares exquisitos, y utilizarlas para purificar las aguas cloacales, en este caso de la capital mendocina. Todavía otra perspectiva es usarlas para reciclar el dióxido de carbono de fábricas y centrales eléctricas y así integrarlas en la respuesta al calentamiento global. Las algas unicelulares –capaces de duplicar su tamaño en 24 horas– son la estrella de la “tercera generación” de biocombustibles. La primera generación, que utiliza plantas tradicionalmente empleadas para alimentación humana como el maíz o la caña de azúcar, es cada vez más cuestionada, no sólo por entidades ambientalistas sino por organismos supranacionales incluida la Unión Europea.
El equipo de la Facultad de Ingeniería de la universidad cuyana está dirigido por Jorge Barón: “Ya logramos producir aceite apto para fabricar biodiesel, a partir de algas unicelulares, con rendimientos muy interesantes, aprovechando las excelentes condiciones del sol durante el verano mendocino”. El desafío, en la Argentina y en el mundo, es “hacerlo a escala industrial, en condiciones económicamente sustentables”. Para anotarse en esta carrera, los investigadores cuentan ya con financiación, proveniente de una empresa norteamericana. “En el nivel científico, ya lo hemos probado: ahora se trata de dar el salto al nivel tecnológico.”
Las algas pertenecen a la denominada tercera generación en biocombustibles. La primera corresponde a la obtención de alcohol etílico a partir de cultivos como el maíz, la caña de azúcar o la soja. Este procedimiento es hoy fuertemente objetado: primero, porque quita tierra cultivable a la producción de alimentos; segundo, porque, aunque libere a la atmósfera menos dióxido de carbono que el petróleo o el gas, de todos modos el balance ambiental resulta negativo, especialmente si se considera la energía necesaria para las distintas etapas del cultivo, incluido el uso de fertilizantes. Por eso la Unión Europea, que a fines del año pasado estableció la obligación de que el diez por ciento del combustible usado en transporte en su territorio provenga de fuentes renovables, puso en condicional el uso de estas fuentes.
La segunda generación de biocombustibles utiliza las mismas plantas de cultivo pero se vale de partes residuales, sin valor alimenticio, como podría ser el bagazo de la caña de azúcar o las hojas de los árboles que se cultivan por su madera. Pero las tecnologías necesarias son demasiado caras. Según evaluó la Unión Europea, “es improbable que la segunda generación de biocombustibles sea competitiva con la primera antes de 2020”.
La tercera generación, la más promisoria, apela a cultivos desarrollados exclusivamente para la obtención de combustible: incluye palmeras de muy rápido desarrollo, pero la estrella son las algas. Estas son consideradas los organismos más eficientes de la tierra por su altísima tasa de crecimiento –algunas especies duplican su tamaño cada 24 horas– y su alto contenido de aceite aprovechable. Además, como se cultivan en agua, no usurpan tierra destinada a producir alimentos.
El agua donde han de cultivarse las algas no necesita estar limpia y en realidad es mejor que no lo esté. En el caso del proyecto de la Universidad de Cuyo, “pensamos aprovechar las aguas de Campo Espejo, que es el lugar donde se tratan todas las aguas cloacales de la ciudad de Mendoza”, contó Barón. Estas aguas ya reciben un tratamiento, mediante bacterias que degradan el material orgánico y las dejan en condiciones de ser utilizadas para el riego de cultivos no destinados a alimento. “Estamos en tratativas con el gobierno provincial para utilizar esas aguas servidas en el cultivo comercial de algas: componentes que son dañinos para la salud humana, como el amoníaco, para las algas son un alimento muy bueno. Y, como subproducto, quedará un agua totalmente purificada.”
Para alcanzar sus enormes velocidades de crecimiento, las algas –como todas las plantas– necesitan tres cosas: sol, para la fotosíntesis; nutrientes, señaladamente el nitrógeno; y dióxido de carbono. Otra de las patas del proyecto mendocino es “aprovechar el dióxido de carbono que emiten las fábricas o centrales de electricidad”, agregó Barón, y explicó: “El gas de la chimenea de la fábrica se hace pasar por el agua donde crecen las algas: así el dióxido de carbono se disuelve para formar agua carbonatada, una especie de soda: bajo la luz del sol, el alga absorbe ese dióxido de carbono y lo transforma en moléculas orgánicas más grandes, como azúcares, proteínas o aceite”. Este procedimiento “tiene la ventaja adicional de que reduce la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera por parte de las industrias involucradas”. Esto, además de su valor ecológico, tiene un valor económico gracias a los “bonos de carbono” que establece el Protocolo de Kyoto.
De todos modos, “por más que el desarrollo de las algas ya esté logrado a nivel científico, no es fácil poner a punto las tecnologías necesarias para hacerlo económicamente rentable, que incluyen determinar la temperatura, la salinidad y la acidez del agua –comentó Barón—. Si bien en la Argentina hay otros proyectos de investigación en el plano científico, el nuestro es el primero que encara la producción a escala industrial”.
Fecha de Publicación: 07/09/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Mendoza
Son biocombustibles de tercera generación. Las algas consumen desechos, purifican las aguas cloacales y pueden ser utilizadas sin afectar tierras de cultivo alimentario. El proyecto avanza en la Universidad Nacional de Cuyo.
Se lanzó el primer proyecto para producir comercialmente, en la Argentina, biocombustibles a partir del cultivo de algas. Lo desarrollan ingenieros de la Universidad Nacional de Cuyo, y ofrece perspectivas a tres puntas. Una es poner al país en la primera línea para producir el biocombustible que más apuestas a futuro convoca. Otra es aprovechar el hecho de que, para estas algas, los desechos que más repugnan al humano son manjares exquisitos, y utilizarlas para purificar las aguas cloacales, en este caso de la capital mendocina. Todavía otra perspectiva es usarlas para reciclar el dióxido de carbono de fábricas y centrales eléctricas y así integrarlas en la respuesta al calentamiento global. Las algas unicelulares –capaces de duplicar su tamaño en 24 horas– son la estrella de la “tercera generación” de biocombustibles. La primera generación, que utiliza plantas tradicionalmente empleadas para alimentación humana como el maíz o la caña de azúcar, es cada vez más cuestionada, no sólo por entidades ambientalistas sino por organismos supranacionales incluida la Unión Europea.
El equipo de la Facultad de Ingeniería de la universidad cuyana está dirigido por Jorge Barón: “Ya logramos producir aceite apto para fabricar biodiesel, a partir de algas unicelulares, con rendimientos muy interesantes, aprovechando las excelentes condiciones del sol durante el verano mendocino”. El desafío, en la Argentina y en el mundo, es “hacerlo a escala industrial, en condiciones económicamente sustentables”. Para anotarse en esta carrera, los investigadores cuentan ya con financiación, proveniente de una empresa norteamericana. “En el nivel científico, ya lo hemos probado: ahora se trata de dar el salto al nivel tecnológico.”
Las algas pertenecen a la denominada tercera generación en biocombustibles. La primera corresponde a la obtención de alcohol etílico a partir de cultivos como el maíz, la caña de azúcar o la soja. Este procedimiento es hoy fuertemente objetado: primero, porque quita tierra cultivable a la producción de alimentos; segundo, porque, aunque libere a la atmósfera menos dióxido de carbono que el petróleo o el gas, de todos modos el balance ambiental resulta negativo, especialmente si se considera la energía necesaria para las distintas etapas del cultivo, incluido el uso de fertilizantes. Por eso la Unión Europea, que a fines del año pasado estableció la obligación de que el diez por ciento del combustible usado en transporte en su territorio provenga de fuentes renovables, puso en condicional el uso de estas fuentes.
La segunda generación de biocombustibles utiliza las mismas plantas de cultivo pero se vale de partes residuales, sin valor alimenticio, como podría ser el bagazo de la caña de azúcar o las hojas de los árboles que se cultivan por su madera. Pero las tecnologías necesarias son demasiado caras. Según evaluó la Unión Europea, “es improbable que la segunda generación de biocombustibles sea competitiva con la primera antes de 2020”.
La tercera generación, la más promisoria, apela a cultivos desarrollados exclusivamente para la obtención de combustible: incluye palmeras de muy rápido desarrollo, pero la estrella son las algas. Estas son consideradas los organismos más eficientes de la tierra por su altísima tasa de crecimiento –algunas especies duplican su tamaño cada 24 horas– y su alto contenido de aceite aprovechable. Además, como se cultivan en agua, no usurpan tierra destinada a producir alimentos.
El agua donde han de cultivarse las algas no necesita estar limpia y en realidad es mejor que no lo esté. En el caso del proyecto de la Universidad de Cuyo, “pensamos aprovechar las aguas de Campo Espejo, que es el lugar donde se tratan todas las aguas cloacales de la ciudad de Mendoza”, contó Barón. Estas aguas ya reciben un tratamiento, mediante bacterias que degradan el material orgánico y las dejan en condiciones de ser utilizadas para el riego de cultivos no destinados a alimento. “Estamos en tratativas con el gobierno provincial para utilizar esas aguas servidas en el cultivo comercial de algas: componentes que son dañinos para la salud humana, como el amoníaco, para las algas son un alimento muy bueno. Y, como subproducto, quedará un agua totalmente purificada.”
Para alcanzar sus enormes velocidades de crecimiento, las algas –como todas las plantas– necesitan tres cosas: sol, para la fotosíntesis; nutrientes, señaladamente el nitrógeno; y dióxido de carbono. Otra de las patas del proyecto mendocino es “aprovechar el dióxido de carbono que emiten las fábricas o centrales de electricidad”, agregó Barón, y explicó: “El gas de la chimenea de la fábrica se hace pasar por el agua donde crecen las algas: así el dióxido de carbono se disuelve para formar agua carbonatada, una especie de soda: bajo la luz del sol, el alga absorbe ese dióxido de carbono y lo transforma en moléculas orgánicas más grandes, como azúcares, proteínas o aceite”. Este procedimiento “tiene la ventaja adicional de que reduce la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera por parte de las industrias involucradas”. Esto, además de su valor ecológico, tiene un valor económico gracias a los “bonos de carbono” que establece el Protocolo de Kyoto.
De todos modos, “por más que el desarrollo de las algas ya esté logrado a nivel científico, no es fácil poner a punto las tecnologías necesarias para hacerlo económicamente rentable, que incluyen determinar la temperatura, la salinidad y la acidez del agua –comentó Barón—. Si bien en la Argentina hay otros proyectos de investigación en el plano científico, el nuestro es el primero que encara la producción a escala industrial”.
A favor y en contra de prohibir el glifosato
Fuertes lobbies en el Gobierno a favor y en contra de prohibir el glifosato
Fecha de Publicación: 06/09/2009
Fuente: Diario Perfil
Provincia/Región: Nacional
Desde principìos de este año se están cuestionando los efectos secundarios del uso de glifosato, el herbicida clave en el negocio de la soja. Se argumenta que es tóxico y responsable de malformaciones. El debate llegó hasta la Casa Rosada, y la presidenta de la Nación pidió más evidencia científica para determinar si se puede seguir fumigando o no. Esta semana se filtró un documento que dejó al descubierto las internas en el Gobierno. Los proyectos para prohibirlo.
“Si llega a comprobarse que un solo chico nació con malformaciones por culpa del glifosato, lo prohíbo por decreto.” Las palabras de la presidenta Cristina Kirchner, sensibilizada por las imágenes de niños nacidos con enfermedades congénitas que mostraba un informe de televisión, resonaron en los oídos de un par de sus más estrechos colaboradores. Y volvieron a desnudar una interna que se da en el Gobierno respecto de qué hacer con el principal herbicida usado en el campo como elemento clave para la producción de soja.
Por un lado, hay un sector relacionado con el perfil productivo industrial del país, que busca detener el impulso del modelo sojero. Para ellos, vienen de perillas los informes y denuncias acerca de que el uso de este agroquímico podría provocar defectos en los embriones y hasta estar relacionado con las altas tasas de cáncer en las zonas de cultivo (con el caso emblemático de Ituzaingó, en Córdoba). Ellos son los que le dicen a Cristina que hay que ponerle freno (el contexto de la “guerra contra el campo” ayuda, por supuesto).
Del otro lado, existe en el mismo Gobierno un sector que sostiene que no hay pruebas concluyentes sobre la toxicidad del glifosato. Encabezado por el ministro de Ciencia, Lino Barañao (un sospechado de “poco peronista” que prefirió no hablar para esta nota), este sector busca que se compruebe con rigor científico los problemas que causa, o no, esta sustancia química en las personas, los animales y el medio ambiente.
Investigaciones. Convencida de la necesidad de asesoría científica en el tema, en enero de este año la Presidenta firmó el decreto 21/2009 para que se creara en el ámbito del Ministerio de Salud una comisión “para la investigación, prevencion, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación” por agroquímicos (toma en cuenta un total de 12, aunque hace foco en el glifosato). La comisión está integrada por Salud, la Secretaría de Ambiente, la de Agricultura, el INTA y el INTI; luego se invitó al Ministerio de Ciencia, que constituyó un consejo científico en el marco del Conicet.
En el contexto de estas internas, esta semana se filtró un borrador del informe que elaboró el Conicet a pedido de esa comisión, en el que se repasa qué dice la bibliografía internacional sobre la toxicidad del glifosato. Sin embargo, para enojo de varios de sus integrantes, se difundió públicamente como si fuera la concusión final de la comisión. El informe tiene 130 páginas en las que, en síntesis, se absuelve al agroquímico aunque se asegura que “faltan más estudios”. Y tiene las carencias propias de su carácter parcial.
Según pudo saber PERFIL, los responsables aseguran que el informe final será más completo y no una mera revisión bibliográfica y se presentará dentro de 10 o 15 días. “Hará foco en la necesidad de buenas prácticas agropecuarias, de reforzar la legislación y que haya controles incluso del Ministerio de Trabajo a la hora de la fumigación”, manifestaron. Es la misma postura que sostienen las empresas que venden el producto: puede haber excesos a la hora de utilizarlo, pero en sí el glifosato es de los agroquímicos más suaves entre los existentes. Y se lo compara con la lavandina, que al ingerirla puede causar la muerte, pero bien usada es un gran producto higiénico y no por errores en el uso hay que prohibirla, argumentan.
Parcial. Mientras tanto, Enrique Martínez, presidente del INTI, uno de los organismos que integran la comisión investigadora de agroquímicos, sostuvo a este diario que la institución que preside “no va a avalar este informe ni uno opuesto; nuestra tarea técnica en esa comisión ya terminó”, dijo a la vez que negó que su partida signifique descalificar la comisión que creó la Presidenta. También rechazó haber tenido algún tipo de conversación con Cristina sobre este tema. “Hemos comunicado a la comisión que nuestro aporte ya está hecho. Hicimos sugerencias acerca de cómo manejar los envases y recomendación sobre aspectos estrictamente de tecnología industrial. No queremos avalar un informe como el que se emitió”, señaló a PERFIL.
—¿Qué hacer mientras tanto? –preguntó este diario.
—El glifosato se usa hace más de veinte años. En rigor, se tendría que haber discutido este tema antes de adoptarlo, y, en todo caso, hay numerosas disposiciones provinciales y municpales sobre cómo evitar contacto peligroso entre población y glifosato. Hay que prohibir la fumigación por avión y controlar las que se hacen por tierra. En fin, un sistema complejo no tan difícil de implementar. Pero hay una superposición de un sistema que busca la ganancia y una situación de salud que muchas veces no se resuleve adecuadamente.
—¿Se evalúa la prohibición vía decreto presidencial?
—Cómo lo puedo saber, hermano (sic). Si la comisión no dictó opinión no se puede saber, no tengo la manera de saberlo.
Otras opciones. Pero el decreto que evalúa Cristina Kirchner si la comisión llegara a concluir que el glifosato provoca malformaciones no sería la única vía contra el herbicida. Hay al menos dos proyectos de ley de legisladores oficialistas que buscan “prohibir su comercialización hasta tanto se compruebe que no es nocivo”, tal como dijo a PERFIL Juan Sylvestre Begnis, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y coautor de uno de ellos. El proyecto de Begnis -firmado también por Claudio Morgado, Julio Piumato y Remo Carlotto, entre otros- fue presentado el 14 de agosto y hoy está en poder de los asesores que analizan, entre otras cuestiones, las consecuencias económicas de la prohibición (ver recuadro).
Pero hay más. El también diputado oficialista de Entre Ríos, Raúl P. Solanas está detrás de un proyecto de prohibición total del comercio y utilización del glifosato en todas sus formas, ingresado el 28 de abril de este año. Y la senadora Blanca Osuna ha dedicado esfuerzos en este sentido, aunque sólo fueron pedidos de informes.
Fecha de Publicación: 06/09/2009
Fuente: Diario Perfil
Provincia/Región: Nacional
Desde principìos de este año se están cuestionando los efectos secundarios del uso de glifosato, el herbicida clave en el negocio de la soja. Se argumenta que es tóxico y responsable de malformaciones. El debate llegó hasta la Casa Rosada, y la presidenta de la Nación pidió más evidencia científica para determinar si se puede seguir fumigando o no. Esta semana se filtró un documento que dejó al descubierto las internas en el Gobierno. Los proyectos para prohibirlo.
“Si llega a comprobarse que un solo chico nació con malformaciones por culpa del glifosato, lo prohíbo por decreto.” Las palabras de la presidenta Cristina Kirchner, sensibilizada por las imágenes de niños nacidos con enfermedades congénitas que mostraba un informe de televisión, resonaron en los oídos de un par de sus más estrechos colaboradores. Y volvieron a desnudar una interna que se da en el Gobierno respecto de qué hacer con el principal herbicida usado en el campo como elemento clave para la producción de soja.
Por un lado, hay un sector relacionado con el perfil productivo industrial del país, que busca detener el impulso del modelo sojero. Para ellos, vienen de perillas los informes y denuncias acerca de que el uso de este agroquímico podría provocar defectos en los embriones y hasta estar relacionado con las altas tasas de cáncer en las zonas de cultivo (con el caso emblemático de Ituzaingó, en Córdoba). Ellos son los que le dicen a Cristina que hay que ponerle freno (el contexto de la “guerra contra el campo” ayuda, por supuesto).
Del otro lado, existe en el mismo Gobierno un sector que sostiene que no hay pruebas concluyentes sobre la toxicidad del glifosato. Encabezado por el ministro de Ciencia, Lino Barañao (un sospechado de “poco peronista” que prefirió no hablar para esta nota), este sector busca que se compruebe con rigor científico los problemas que causa, o no, esta sustancia química en las personas, los animales y el medio ambiente.
Investigaciones. Convencida de la necesidad de asesoría científica en el tema, en enero de este año la Presidenta firmó el decreto 21/2009 para que se creara en el ámbito del Ministerio de Salud una comisión “para la investigación, prevencion, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación” por agroquímicos (toma en cuenta un total de 12, aunque hace foco en el glifosato). La comisión está integrada por Salud, la Secretaría de Ambiente, la de Agricultura, el INTA y el INTI; luego se invitó al Ministerio de Ciencia, que constituyó un consejo científico en el marco del Conicet.
En el contexto de estas internas, esta semana se filtró un borrador del informe que elaboró el Conicet a pedido de esa comisión, en el que se repasa qué dice la bibliografía internacional sobre la toxicidad del glifosato. Sin embargo, para enojo de varios de sus integrantes, se difundió públicamente como si fuera la concusión final de la comisión. El informe tiene 130 páginas en las que, en síntesis, se absuelve al agroquímico aunque se asegura que “faltan más estudios”. Y tiene las carencias propias de su carácter parcial.
Según pudo saber PERFIL, los responsables aseguran que el informe final será más completo y no una mera revisión bibliográfica y se presentará dentro de 10 o 15 días. “Hará foco en la necesidad de buenas prácticas agropecuarias, de reforzar la legislación y que haya controles incluso del Ministerio de Trabajo a la hora de la fumigación”, manifestaron. Es la misma postura que sostienen las empresas que venden el producto: puede haber excesos a la hora de utilizarlo, pero en sí el glifosato es de los agroquímicos más suaves entre los existentes. Y se lo compara con la lavandina, que al ingerirla puede causar la muerte, pero bien usada es un gran producto higiénico y no por errores en el uso hay que prohibirla, argumentan.
Parcial. Mientras tanto, Enrique Martínez, presidente del INTI, uno de los organismos que integran la comisión investigadora de agroquímicos, sostuvo a este diario que la institución que preside “no va a avalar este informe ni uno opuesto; nuestra tarea técnica en esa comisión ya terminó”, dijo a la vez que negó que su partida signifique descalificar la comisión que creó la Presidenta. También rechazó haber tenido algún tipo de conversación con Cristina sobre este tema. “Hemos comunicado a la comisión que nuestro aporte ya está hecho. Hicimos sugerencias acerca de cómo manejar los envases y recomendación sobre aspectos estrictamente de tecnología industrial. No queremos avalar un informe como el que se emitió”, señaló a PERFIL.
—¿Qué hacer mientras tanto? –preguntó este diario.
—El glifosato se usa hace más de veinte años. En rigor, se tendría que haber discutido este tema antes de adoptarlo, y, en todo caso, hay numerosas disposiciones provinciales y municpales sobre cómo evitar contacto peligroso entre población y glifosato. Hay que prohibir la fumigación por avión y controlar las que se hacen por tierra. En fin, un sistema complejo no tan difícil de implementar. Pero hay una superposición de un sistema que busca la ganancia y una situación de salud que muchas veces no se resuleve adecuadamente.
—¿Se evalúa la prohibición vía decreto presidencial?
—Cómo lo puedo saber, hermano (sic). Si la comisión no dictó opinión no se puede saber, no tengo la manera de saberlo.
Otras opciones. Pero el decreto que evalúa Cristina Kirchner si la comisión llegara a concluir que el glifosato provoca malformaciones no sería la única vía contra el herbicida. Hay al menos dos proyectos de ley de legisladores oficialistas que buscan “prohibir su comercialización hasta tanto se compruebe que no es nocivo”, tal como dijo a PERFIL Juan Sylvestre Begnis, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y coautor de uno de ellos. El proyecto de Begnis -firmado también por Claudio Morgado, Julio Piumato y Remo Carlotto, entre otros- fue presentado el 14 de agosto y hoy está en poder de los asesores que analizan, entre otras cuestiones, las consecuencias económicas de la prohibición (ver recuadro).
Pero hay más. El también diputado oficialista de Entre Ríos, Raúl P. Solanas está detrás de un proyecto de prohibición total del comercio y utilización del glifosato en todas sus formas, ingresado el 28 de abril de este año. Y la senadora Blanca Osuna ha dedicado esfuerzos en este sentido, aunque sólo fueron pedidos de informes.
“Agua, minería y glaciares: Un país de rodillas”
“Agua, minería y glaciares: Un país de rodillas”
Fecha de Publicación: 06/09/2009
Fuente: ADN Río Negro - Por Magdalena Odarda, Legisladora Provincial, ARI
Provincia/Región: Nacional
El agua constituye un bien social y natural imprescindible para la vida y el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos. La obviedad de esta afirmación es inobjetable.Sin embargo, el sentido común y la conciencia de autopreservación, no siempre caracterizan las decisiones de los gobiernos y de las empresas que, procurando el lucro ilimitado, parecen conducir a la humanidad a un suicidio que no hemos elegido.
El agua, sustancial para la vida, se encuentra hoy escasa en algunos lugares del planeta, por ello La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación reconoce que para el 2050, 1800 millones de personas podrían vivir en zonas sin acceso al agua potable, y prevé que más de dos tercios de la población mundial sufrirá problemas hídricos.
El agua dulce, corresponde solo a 3% del total de agua en el planeta, el resto se encuentra congelado en los polos y en los glaciares.
La contaminación y su uso abusivo, provocan la escasez en algunos países, y esto se relaciona con la pobreza y el deterioro ambiental. La situación de vulnerabilidad, conflictos sociales, económicos, ecológicos y geopolíticos que emergen de esta condición, preocupa a organismos internacionales y a algunos gobiernos del planeta.
Esta situación es impensada para los países que, generosamente, han disfrutado de este bien natural permitiendo su uso sin observación, lo cual hace que las restricciones sean inexistentes o insignificantes, aun cuando se trata de impresionantes consumos por parte de emprendimientos industriales y agrícolas a gran escala.
Por otro lado, algunos países no parecen ser concientes de la importancia del agua por su valor estratégico en las actuales circunstancias de recalentamiento global y retraimiento de glaciares y casquetes polares, pues se ofrece este recurso escaso con gratuidad a algunas empresas extractivas que la utilizan en forma exorbitante y descontrolada. Es el caso de nuestro país, donde en los últimos años, los sucesivos gobiernos parecen facilitar y promover la continuidad de la maquinaria de succión de recursos naturales a mansalva, es decir, propiciar que el saqueo continué.
Agua y minería
Recientemente Chile anunció que buscaría importar agua desde Argentina para abastecer zonas mineras ya que, la minería es una actividad industrial que demanda gran cantidad de agua para todos los procesos.
Debemos recordar que durante 1997 ambos países firmaron el Tratado de Complementación Minera entre Chile y Argentina, ratificado en el 2000 por ambos parlamentos, constituyendo este un conjunto normas para implementar y concretar un Acuerdo de Complementación Económica firmado por ambos países en 1991, facilitando de esta forma a ambos lados de la cordillera todos los recursos naturales en forma irrestricta, incluyendo sin duda el agua, y protegiendo jurídica las inversiones. En el marco de un aparente fortalecimiento de las relaciones y las inversiones privadas en la frontera de ambos países, este tratado ha beneficiado casi exclusivamente a capitales trasnacionales.
A la luz de estos privilegios, la industria minera de Chile tendría el derecho de usar este recurso y de hecho ya lo ha usado, como otras empresas del lado argentino, en detrimento de las poblaciones precordilleranas.
Esta legislación, que crea una zona franca minera de más de 200.000 km2, entre ambos países, fue la base jurídica que utilizó la empresa minera Barrick Gold SA, situada en la provincia de San Juan.
Es sabido que la actividad minera es contaminante y que el uso del agua en cantidades exorbitantes provoca daños irreversibles debido a la contaminación por filtraciones, lixiviación, drenajes, la reducción de los niveles de agua o del afloramiento de agua dulce, lo que provoco múltiples y gravísimos daños a la salud de las poblaciones, desaparición de flora y fauna, pérdida de cultivos y una sucesión de perjuicios resultantes. Si solo pensamos que a lo largo de nuestra cordillera central, las empresas utilizan 800 a 1000 litros del agua por segundo, podemos deducir que esta dimensión gigantesca afecta, y de forma determinante, la vida económica, social y cultural de los pueblos de esas regiones cordilleranas.
Solo algunas muestras son suficientes para comprobar lo que vengo diciendo. En Catamarca, el río Vis-Vis esta contaminado a consecuencia de filtraciones en el llamado "dique de colas".
La cuenca del Río Salim en Tucumán está contaminada con cromo y cobre por la actividad de las empresas mineras.
En 2004, el río Hondo y el Dulce de la provincia de Santiago de Estero fueron impactados por minerales pesados tóxicos derramados por una minera.
Minera Alumbrera fue denunciada por daño ambiental colectivo por la presunta contaminación del lago de las Termas de Río Hondo y la cuenca del propio río Dulce.
El Valle Calchaquí se encuentra gravemente afectado en la calidad de sus aguas y por supuesto, aves y flora. Estas son solo algunas muestras de los desastres ocasionados.
Glaciares y el veto presidencial
Los 63 glaciares monitoreados en la región patagónica están en retroceso de forma más acelerada que la prevista por los estudios científicos. Nueve de estos están en Argentina.
Los glaciares aumentan su masa con grandes nevadas y temperaturas frescas en verano, mientras que se achican cuando los años son secos y muy cálidos. Los cambios climáticos, entonces, han acelerado su derretimiento. Es importante destacar que en la región central de los andes cordilleranos, cuando los años vienen secos, los glaciares suministran hasta el 70% de los caudales de los ríos. Es el caso de Mendoza y San Juan, porcentaje que se incrementa hasta el 85% si se considera la contribución de los glaciares cubiertos por detritos y de escombros (Leiva, 2004, 2007; Milana 1998). Este cálculo demuestra el papel fundamental en la regulación del recurso hídrico que se le otorga a las masas de hielo en los Andes Centrales.
Esto nos permite concluir que cuando el calentamiento global y el derretimiento acelerado de los glaciares son una realidad y preocupación de científicos de Argentina y otros lugares, es deber adoptar una actitud responsable para evitar catástrofes irreversibles.
Pero, paradójicamente, esto no es así en nuestro país, y pese a las sugerencias y declaraciones internacionales, los recursos hidrológicos son entregados a intereses privados sin más recaudos.
Uno de los proyecto más representativos de la minería a gran escala es Pascua Lama de Barrick Gold SA, compartido con Chile y Argentina que, pese a sus nefastos antecedentes y violaciones a los derechos humanos en varios lugares del planeta, se empeña – no sin apoyo de los gobiernos - en la remoción de glaciares para realizar la explotación de minerales que se encuentran debajo, situación que los científicos del mundo califican como una atrocidad.
Parte de la historia oscura de los negociados de la empresa en nuestro país, expondrìa la connivencia del senador Gioja – proveedor de la minera- y su hermano, gobernador de San Juan, quien se sabrìa que ha sido el promotor junto a la empresa, del veto de la Ley 26.148, conocida popularmente como Ley de Glaciares.
La ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, fue aprobada por el Congreso Nacional, y vetada a fines del año pasado por la presidenta Cristina F. de Kichner porque impedía la afectación de los glaciares y el ambiente periglacial de las cumbres cordilleranas con el fin de preservar el agua de esta importante fuente y garantizar, con fines estratégicos y geopolíticos, la provisión a futuro –en calidad y cantidad- de este recurso, evitando el progresivo avance de las industrias extractivas contaminantes sobre estos reservorios de agua dulce.
El veto presidencial dejó en evidencia tanto el poder de los lobbies de la transnacional minera, como la complicidad de algunos funcionarios.
Con posterioridad, el Poder Ejecutivo Nacional impulsó la formación de una comisión para su modificación - desairando las atribuciones del parlamento nacional- en la que se plantearon cambios que eliminan la protección al “ambiente periglacial”, el cual comprende las zonas donde se encuentran los hielos impermanentes, los suelos congelados de alta montaña que son fundamentales para la alimentación de los ríos, porque se congelan y descongelan, regulando el régimen hídrico.
Esas zonas, que podemos llamar fábricas de agua, son vitales para las comunidades aguas abajo y sus economías, sobre todo en periodos de sequía.
Peor aún, en la nueva ley propuesta, se establece que con una simple declaración de “interés público”, sería suficiente para que cualquier proyecto pueda instalarse y manipular los glaciares.
Una estrategia para evitar el nuevo tratamiento de la ley original, ha sido la presentación de cuatro proyectos sobre glaciares, lo que ha dificultado la discusión en el seno de la comisión legislativa.
Conclusión.
La entrega de los recursos naturales ha sido una constante en los últimos años. En la década del 90 se sentaron, mayormente, las bases para la expoliación y saqueo de las riquezas de nuestro país a favor de las corporaciones transnacionales de la minería, el petróleo, las hidroeléctricas, las de la biotecnología – semillas y agroquímicos asociados- para la expansión de la soja y otros cultivos transgénicos, entre tantas concesiones legitimadas a través de leyes que garantizan seguridad jurídica, regalías irrisorias y eliminación de gravámenes.
Los gobiernos han mentido flagrantemente cada vez que justificaron la entrega en una mayor generación de empleo, desarrollo y riqueza para las regiones, pues no se consideraron –o no se quisieron considerar- las gravísimas externalidades –contaminación de agua, suelo, aire- de todas esas actividades, el sometimiento de nuestra economía nacional, el empobrecimiento y decaimiento de las economías regionales, la afectación social, la pérdida de la cultura y la calidad de vida de los pueblos, que un ambiente saludable brinda.
El agua constituye para las industrias enumeradas un mero recurso, un insumo necesario desde una mirada mercantilizada. Para los pueblos, el agua es un bien natural insustituible y vital, un derecho humano que conecta con la vida misma y la cultura de la tierra.
Nuestro país ha sido puesto de rodillas para priorizar intereses de capitales trasnacionales, concediendo todo, hasta el agua. Las limosnas que en forma habitual las empresas aportan a escuelas, hospitales y universidades – con el fin de que los pueblos olviden los enormes privilegios otorgados, son una humillación que no debemos permitir.
A través de la des – protección de los glaciares, nuestro país sigue regalando los bienes naturales que son de todos, a costa de la dependencia, la contaminación, la exclusión y el hambre de miles de argentinos.
Fecha de Publicación: 06/09/2009
Fuente: ADN Río Negro - Por Magdalena Odarda, Legisladora Provincial, ARI
Provincia/Región: Nacional
El agua constituye un bien social y natural imprescindible para la vida y el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos. La obviedad de esta afirmación es inobjetable.Sin embargo, el sentido común y la conciencia de autopreservación, no siempre caracterizan las decisiones de los gobiernos y de las empresas que, procurando el lucro ilimitado, parecen conducir a la humanidad a un suicidio que no hemos elegido.
El agua, sustancial para la vida, se encuentra hoy escasa en algunos lugares del planeta, por ello La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación reconoce que para el 2050, 1800 millones de personas podrían vivir en zonas sin acceso al agua potable, y prevé que más de dos tercios de la población mundial sufrirá problemas hídricos.
El agua dulce, corresponde solo a 3% del total de agua en el planeta, el resto se encuentra congelado en los polos y en los glaciares.
La contaminación y su uso abusivo, provocan la escasez en algunos países, y esto se relaciona con la pobreza y el deterioro ambiental. La situación de vulnerabilidad, conflictos sociales, económicos, ecológicos y geopolíticos que emergen de esta condición, preocupa a organismos internacionales y a algunos gobiernos del planeta.
Esta situación es impensada para los países que, generosamente, han disfrutado de este bien natural permitiendo su uso sin observación, lo cual hace que las restricciones sean inexistentes o insignificantes, aun cuando se trata de impresionantes consumos por parte de emprendimientos industriales y agrícolas a gran escala.
Por otro lado, algunos países no parecen ser concientes de la importancia del agua por su valor estratégico en las actuales circunstancias de recalentamiento global y retraimiento de glaciares y casquetes polares, pues se ofrece este recurso escaso con gratuidad a algunas empresas extractivas que la utilizan en forma exorbitante y descontrolada. Es el caso de nuestro país, donde en los últimos años, los sucesivos gobiernos parecen facilitar y promover la continuidad de la maquinaria de succión de recursos naturales a mansalva, es decir, propiciar que el saqueo continué.
Agua y minería
Recientemente Chile anunció que buscaría importar agua desde Argentina para abastecer zonas mineras ya que, la minería es una actividad industrial que demanda gran cantidad de agua para todos los procesos.
Debemos recordar que durante 1997 ambos países firmaron el Tratado de Complementación Minera entre Chile y Argentina, ratificado en el 2000 por ambos parlamentos, constituyendo este un conjunto normas para implementar y concretar un Acuerdo de Complementación Económica firmado por ambos países en 1991, facilitando de esta forma a ambos lados de la cordillera todos los recursos naturales en forma irrestricta, incluyendo sin duda el agua, y protegiendo jurídica las inversiones. En el marco de un aparente fortalecimiento de las relaciones y las inversiones privadas en la frontera de ambos países, este tratado ha beneficiado casi exclusivamente a capitales trasnacionales.
A la luz de estos privilegios, la industria minera de Chile tendría el derecho de usar este recurso y de hecho ya lo ha usado, como otras empresas del lado argentino, en detrimento de las poblaciones precordilleranas.
Esta legislación, que crea una zona franca minera de más de 200.000 km2, entre ambos países, fue la base jurídica que utilizó la empresa minera Barrick Gold SA, situada en la provincia de San Juan.
Es sabido que la actividad minera es contaminante y que el uso del agua en cantidades exorbitantes provoca daños irreversibles debido a la contaminación por filtraciones, lixiviación, drenajes, la reducción de los niveles de agua o del afloramiento de agua dulce, lo que provoco múltiples y gravísimos daños a la salud de las poblaciones, desaparición de flora y fauna, pérdida de cultivos y una sucesión de perjuicios resultantes. Si solo pensamos que a lo largo de nuestra cordillera central, las empresas utilizan 800 a 1000 litros del agua por segundo, podemos deducir que esta dimensión gigantesca afecta, y de forma determinante, la vida económica, social y cultural de los pueblos de esas regiones cordilleranas.
Solo algunas muestras son suficientes para comprobar lo que vengo diciendo. En Catamarca, el río Vis-Vis esta contaminado a consecuencia de filtraciones en el llamado "dique de colas".
La cuenca del Río Salim en Tucumán está contaminada con cromo y cobre por la actividad de las empresas mineras.
En 2004, el río Hondo y el Dulce de la provincia de Santiago de Estero fueron impactados por minerales pesados tóxicos derramados por una minera.
Minera Alumbrera fue denunciada por daño ambiental colectivo por la presunta contaminación del lago de las Termas de Río Hondo y la cuenca del propio río Dulce.
El Valle Calchaquí se encuentra gravemente afectado en la calidad de sus aguas y por supuesto, aves y flora. Estas son solo algunas muestras de los desastres ocasionados.
Glaciares y el veto presidencial
Los 63 glaciares monitoreados en la región patagónica están en retroceso de forma más acelerada que la prevista por los estudios científicos. Nueve de estos están en Argentina.
Los glaciares aumentan su masa con grandes nevadas y temperaturas frescas en verano, mientras que se achican cuando los años son secos y muy cálidos. Los cambios climáticos, entonces, han acelerado su derretimiento. Es importante destacar que en la región central de los andes cordilleranos, cuando los años vienen secos, los glaciares suministran hasta el 70% de los caudales de los ríos. Es el caso de Mendoza y San Juan, porcentaje que se incrementa hasta el 85% si se considera la contribución de los glaciares cubiertos por detritos y de escombros (Leiva, 2004, 2007; Milana 1998). Este cálculo demuestra el papel fundamental en la regulación del recurso hídrico que se le otorga a las masas de hielo en los Andes Centrales.
Esto nos permite concluir que cuando el calentamiento global y el derretimiento acelerado de los glaciares son una realidad y preocupación de científicos de Argentina y otros lugares, es deber adoptar una actitud responsable para evitar catástrofes irreversibles.
Pero, paradójicamente, esto no es así en nuestro país, y pese a las sugerencias y declaraciones internacionales, los recursos hidrológicos son entregados a intereses privados sin más recaudos.
Uno de los proyecto más representativos de la minería a gran escala es Pascua Lama de Barrick Gold SA, compartido con Chile y Argentina que, pese a sus nefastos antecedentes y violaciones a los derechos humanos en varios lugares del planeta, se empeña – no sin apoyo de los gobiernos - en la remoción de glaciares para realizar la explotación de minerales que se encuentran debajo, situación que los científicos del mundo califican como una atrocidad.
Parte de la historia oscura de los negociados de la empresa en nuestro país, expondrìa la connivencia del senador Gioja – proveedor de la minera- y su hermano, gobernador de San Juan, quien se sabrìa que ha sido el promotor junto a la empresa, del veto de la Ley 26.148, conocida popularmente como Ley de Glaciares.
La ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, fue aprobada por el Congreso Nacional, y vetada a fines del año pasado por la presidenta Cristina F. de Kichner porque impedía la afectación de los glaciares y el ambiente periglacial de las cumbres cordilleranas con el fin de preservar el agua de esta importante fuente y garantizar, con fines estratégicos y geopolíticos, la provisión a futuro –en calidad y cantidad- de este recurso, evitando el progresivo avance de las industrias extractivas contaminantes sobre estos reservorios de agua dulce.
El veto presidencial dejó en evidencia tanto el poder de los lobbies de la transnacional minera, como la complicidad de algunos funcionarios.
Con posterioridad, el Poder Ejecutivo Nacional impulsó la formación de una comisión para su modificación - desairando las atribuciones del parlamento nacional- en la que se plantearon cambios que eliminan la protección al “ambiente periglacial”, el cual comprende las zonas donde se encuentran los hielos impermanentes, los suelos congelados de alta montaña que son fundamentales para la alimentación de los ríos, porque se congelan y descongelan, regulando el régimen hídrico.
Esas zonas, que podemos llamar fábricas de agua, son vitales para las comunidades aguas abajo y sus economías, sobre todo en periodos de sequía.
Peor aún, en la nueva ley propuesta, se establece que con una simple declaración de “interés público”, sería suficiente para que cualquier proyecto pueda instalarse y manipular los glaciares.
Una estrategia para evitar el nuevo tratamiento de la ley original, ha sido la presentación de cuatro proyectos sobre glaciares, lo que ha dificultado la discusión en el seno de la comisión legislativa.
Conclusión.
La entrega de los recursos naturales ha sido una constante en los últimos años. En la década del 90 se sentaron, mayormente, las bases para la expoliación y saqueo de las riquezas de nuestro país a favor de las corporaciones transnacionales de la minería, el petróleo, las hidroeléctricas, las de la biotecnología – semillas y agroquímicos asociados- para la expansión de la soja y otros cultivos transgénicos, entre tantas concesiones legitimadas a través de leyes que garantizan seguridad jurídica, regalías irrisorias y eliminación de gravámenes.
Los gobiernos han mentido flagrantemente cada vez que justificaron la entrega en una mayor generación de empleo, desarrollo y riqueza para las regiones, pues no se consideraron –o no se quisieron considerar- las gravísimas externalidades –contaminación de agua, suelo, aire- de todas esas actividades, el sometimiento de nuestra economía nacional, el empobrecimiento y decaimiento de las economías regionales, la afectación social, la pérdida de la cultura y la calidad de vida de los pueblos, que un ambiente saludable brinda.
El agua constituye para las industrias enumeradas un mero recurso, un insumo necesario desde una mirada mercantilizada. Para los pueblos, el agua es un bien natural insustituible y vital, un derecho humano que conecta con la vida misma y la cultura de la tierra.
Nuestro país ha sido puesto de rodillas para priorizar intereses de capitales trasnacionales, concediendo todo, hasta el agua. Las limosnas que en forma habitual las empresas aportan a escuelas, hospitales y universidades – con el fin de que los pueblos olviden los enormes privilegios otorgados, son una humillación que no debemos permitir.
A través de la des – protección de los glaciares, nuestro país sigue regalando los bienes naturales que son de todos, a costa de la dependencia, la contaminación, la exclusión y el hambre de miles de argentinos.
Megaparque Eólico en Pico truncado
Avanzan gestiones del Megaparque Eólico en Pico truncado
Fecha de Publicación: 05/09/2009
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
En los últimos días la Municipalidad de Pico Truncado y la empresa Eólica PT hicieron importantes avances en las gestiones necesarias para la instalación del Mega Parque Éolico más grande del mundo en la localidad.
El itinerario comenzó el Jueves de la semana pasada, cuando Alfonso Ruiz Ugarte (uno de los directores de la empresa) y el ingeniero Ángelo Zito (Director Coordinador) mantuvieron dos reuniones con los integrantes del Honorable Concejo Deliberante de Pico Truncado, donde delinearon algunas pautas a seguir para la consecución de las obras legales y civiles necesarias para la materialización de este proyecto.
Al día siguiente, los directivos españoles participaron de una visita a los integrantes de la Cámara de Comercio local, donde se despejaron dudas sobre las características del contrato de leasing y el plan de trabajo estipulado para el avance del proyecto. Cabe resaltar que de este encuentro, la propuesta emanada por los directivos de Eólica en lo referente a la formación de UTES para la complementación inter-empresarial. Será incorporar a las PYMES dentro de las actividades de la construcción de la obra.
Paralelamente, la Municipalidad de Pico Truncado en conjunción con los representantes de la empresa española pusieron en marcha una campaña de fomento de capacitaciones para los jóvenes truncadenses, intentando de esta manera generar en nuestra localidad la mano de obra necesaria para la puesta en funcionamiento del mega parque.
A raíz de esto, se realizaron diversas reuniones con la Directora del IPES Profesora Nancy Sisca, donde se despejaron dudas sobre las modalidades que adquirirá el proyecto, así como las necesidades que debería satisfacer la carrera de Técnico en Energías Renovables para compatibilizarse con la consecución del proyecto.
Dentro de éste contexto, Ángelo Zito solicitó a la Profesora Sisca la recomendación de un egresado actual o futuro que cumpla con las condiciones para ser empleado en este proyecto, ya que en algunos meses llegará a nuestra localidad la primera antena de medición que se instalará en el predio, y está en los planes de la empresa capacitar mano de obra truncadense para el manejo y distribución de los datos emanados por la misma. Siguiendo la misma línea, los representantes de Eólica acordaron enviar profesionales para el dictado de seminarios y capacitaciones cada vez que la evolución de las obras requiera nuevos operadores.
Gustavo Álvarez, representante de la Municipalidad de Pico Truncado en la totalidad de las reuniones, expresaba lo siguiente. “Estoy satisfecho con el avance de las negociaciones, ya que un proyecto de tal envergadura tiene un plazo mínimo de inicio de obras de 3 años, y a sólo 9 meses de su inicio ya generamos el primer puesto de trabajo”.
Asimismo, los emisarios españoles junto con el Secretario de Gabinete local realizaron el día Lunes una visita por la Escuela Industrial Nº 2 de Pico Truncado, donde dialogaron con los futuros graduados sobre las posibilidades de apertura laboral que generará esta obra, intentando de ésta manera motivarlos a finalizar satisfactoriamente sus estudios.
De esta manera, de avanzar las gestiones de documentación que se encuentra tramitando la empresa Guascor Wind, la iniciación de la obra civil podría gestarse en el primer semestre del año 2010, un año y medio antes de lo estipulado inicialmente.
Fecha de Publicación: 05/09/2009
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
En los últimos días la Municipalidad de Pico Truncado y la empresa Eólica PT hicieron importantes avances en las gestiones necesarias para la instalación del Mega Parque Éolico más grande del mundo en la localidad.
El itinerario comenzó el Jueves de la semana pasada, cuando Alfonso Ruiz Ugarte (uno de los directores de la empresa) y el ingeniero Ángelo Zito (Director Coordinador) mantuvieron dos reuniones con los integrantes del Honorable Concejo Deliberante de Pico Truncado, donde delinearon algunas pautas a seguir para la consecución de las obras legales y civiles necesarias para la materialización de este proyecto.
Al día siguiente, los directivos españoles participaron de una visita a los integrantes de la Cámara de Comercio local, donde se despejaron dudas sobre las características del contrato de leasing y el plan de trabajo estipulado para el avance del proyecto. Cabe resaltar que de este encuentro, la propuesta emanada por los directivos de Eólica en lo referente a la formación de UTES para la complementación inter-empresarial. Será incorporar a las PYMES dentro de las actividades de la construcción de la obra.
Paralelamente, la Municipalidad de Pico Truncado en conjunción con los representantes de la empresa española pusieron en marcha una campaña de fomento de capacitaciones para los jóvenes truncadenses, intentando de esta manera generar en nuestra localidad la mano de obra necesaria para la puesta en funcionamiento del mega parque.
A raíz de esto, se realizaron diversas reuniones con la Directora del IPES Profesora Nancy Sisca, donde se despejaron dudas sobre las modalidades que adquirirá el proyecto, así como las necesidades que debería satisfacer la carrera de Técnico en Energías Renovables para compatibilizarse con la consecución del proyecto.
Dentro de éste contexto, Ángelo Zito solicitó a la Profesora Sisca la recomendación de un egresado actual o futuro que cumpla con las condiciones para ser empleado en este proyecto, ya que en algunos meses llegará a nuestra localidad la primera antena de medición que se instalará en el predio, y está en los planes de la empresa capacitar mano de obra truncadense para el manejo y distribución de los datos emanados por la misma. Siguiendo la misma línea, los representantes de Eólica acordaron enviar profesionales para el dictado de seminarios y capacitaciones cada vez que la evolución de las obras requiera nuevos operadores.
Gustavo Álvarez, representante de la Municipalidad de Pico Truncado en la totalidad de las reuniones, expresaba lo siguiente. “Estoy satisfecho con el avance de las negociaciones, ya que un proyecto de tal envergadura tiene un plazo mínimo de inicio de obras de 3 años, y a sólo 9 meses de su inicio ya generamos el primer puesto de trabajo”.
Asimismo, los emisarios españoles junto con el Secretario de Gabinete local realizaron el día Lunes una visita por la Escuela Industrial Nº 2 de Pico Truncado, donde dialogaron con los futuros graduados sobre las posibilidades de apertura laboral que generará esta obra, intentando de ésta manera motivarlos a finalizar satisfactoriamente sus estudios.
De esta manera, de avanzar las gestiones de documentación que se encuentra tramitando la empresa Guascor Wind, la iniciación de la obra civil podría gestarse en el primer semestre del año 2010, un año y medio antes de lo estipulado inicialmente.
Estudio del Atuel en La Pampa
El gobierno pidió presupuesto para un estudio del Atuel
Fecha de Publicación: 04/09/2009
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El gobierno provincial solicitó a la Universidad Nacional de La Pampa que elabore un programa de investigación para hacer un estudio sobre cuál fue la pérdida económica para la provincia por tantos años sin el río Atuel. Lo hizo a través de una nota en la que le pidió un cronograma de trabajo y un presupuesto de cuánto costaría el estudio.
El agosto del año 2007, la Cámara de Diputados de la provincia sancionó por unanimidad la resolución 46/07, resultado de una iniciativa parlamentaria que había ingresado como proyecto de ley y que impulsaban los bloques ARI, FPV y Socialismo. La propuesta tenía al entonces diputado José Luis Ananía como principal impulsor y contemplaba un fin bien concreto pero de límites difusos: determinar la pérdida económica que ha sufrido la provincia de La Pampa como consecuencia de la ausencia de escorrentía del río Atuel en territorio pampeano. Aquel proyecto de ley -que durmió su buen tiempo en los cajones de la Legislatura- se convirtió en la resolución que pidió al gobierno provincial cuantificar ese daño.
El Poder Ejecutivo recibió el pedido y lo derivó a la Secretaría de Recursos Hídricos, que unas pocas semanas después entabló un primer contacto con la Universidad Nacional de La Pampa para analizar aspectos operativos del trabajo. El tema no avanzó mucho más ya que al poco tiempo se produjo el recambio gubernamental -aunque en la Secretaría de Recursos Hídricos quedaron las mismas autoridades- y en los meses subsiguientes, la actividad oficial en política hídrica se concentró en otros aspectos.
Números.
Ayer ingresó a la Universidad Nacional de La Pampa una nota remitida por el secretario de Recursos Hídricos, Juan Pablo Morisoli, retomando aquella línea de trabajo. "Lo que hicimos fue seguir el trámite que había quedado demorado por la crisis económica que tuvimos en el último tiempo y también el recambio gubernamental", explicó Morisoli a LA ARENA al detallar los alcances de la gestión.
La nota fue dirigida a la profesora Mirta Koncurat, quien en su condición de secretaria de Ciencia y Técnica es la responsable de la consultora que tiene la UNLPam. El pedido contempla tres tópicos principales: desarrollo de un programa de investigación, cronograma de desarrollo de ese programa y un presupuesto de lo que costaría llevarlo a la práctica.
El objeto del estudio será cuantificar el daño producido en el oeste pampeano en aspectos como lo geográfico, lo ambiental y lo económico, en los últimos 60 años. Este lapso de 60 años se fijó porque remite al momento en que el río comenzó su agonía producto de la entrada en funcionamiento de la primera represa del Nihuil, en el tramo medio del río. En ese momento, el río se cortó en forma permanente y por espacio de tres décadas desapareció del territorio pampeano. Después volvió a correr, pero en forma anárquica e imprevisible. Si bien hubo momentos en que revivió, el denominador común de su historia reciente es el cauce seco.
"Llevará su tiempo elaborar este proyecto, pero ya hemos dado este paso", destacó Morisoli, saludando la reactivación de una gestión que había quedado inconclusa.
Fecha de Publicación: 04/09/2009
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El gobierno provincial solicitó a la Universidad Nacional de La Pampa que elabore un programa de investigación para hacer un estudio sobre cuál fue la pérdida económica para la provincia por tantos años sin el río Atuel. Lo hizo a través de una nota en la que le pidió un cronograma de trabajo y un presupuesto de cuánto costaría el estudio.
El agosto del año 2007, la Cámara de Diputados de la provincia sancionó por unanimidad la resolución 46/07, resultado de una iniciativa parlamentaria que había ingresado como proyecto de ley y que impulsaban los bloques ARI, FPV y Socialismo. La propuesta tenía al entonces diputado José Luis Ananía como principal impulsor y contemplaba un fin bien concreto pero de límites difusos: determinar la pérdida económica que ha sufrido la provincia de La Pampa como consecuencia de la ausencia de escorrentía del río Atuel en territorio pampeano. Aquel proyecto de ley -que durmió su buen tiempo en los cajones de la Legislatura- se convirtió en la resolución que pidió al gobierno provincial cuantificar ese daño.
El Poder Ejecutivo recibió el pedido y lo derivó a la Secretaría de Recursos Hídricos, que unas pocas semanas después entabló un primer contacto con la Universidad Nacional de La Pampa para analizar aspectos operativos del trabajo. El tema no avanzó mucho más ya que al poco tiempo se produjo el recambio gubernamental -aunque en la Secretaría de Recursos Hídricos quedaron las mismas autoridades- y en los meses subsiguientes, la actividad oficial en política hídrica se concentró en otros aspectos.
Números.
Ayer ingresó a la Universidad Nacional de La Pampa una nota remitida por el secretario de Recursos Hídricos, Juan Pablo Morisoli, retomando aquella línea de trabajo. "Lo que hicimos fue seguir el trámite que había quedado demorado por la crisis económica que tuvimos en el último tiempo y también el recambio gubernamental", explicó Morisoli a LA ARENA al detallar los alcances de la gestión.
La nota fue dirigida a la profesora Mirta Koncurat, quien en su condición de secretaria de Ciencia y Técnica es la responsable de la consultora que tiene la UNLPam. El pedido contempla tres tópicos principales: desarrollo de un programa de investigación, cronograma de desarrollo de ese programa y un presupuesto de lo que costaría llevarlo a la práctica.
El objeto del estudio será cuantificar el daño producido en el oeste pampeano en aspectos como lo geográfico, lo ambiental y lo económico, en los últimos 60 años. Este lapso de 60 años se fijó porque remite al momento en que el río comenzó su agonía producto de la entrada en funcionamiento de la primera represa del Nihuil, en el tramo medio del río. En ese momento, el río se cortó en forma permanente y por espacio de tres décadas desapareció del territorio pampeano. Después volvió a correr, pero en forma anárquica e imprevisible. Si bien hubo momentos en que revivió, el denominador común de su historia reciente es el cauce seco.
"Llevará su tiempo elaborar este proyecto, pero ya hemos dado este paso", destacó Morisoli, saludando la reactivación de una gestión que había quedado inconclusa.
Dengue: cambio climático y poca previsión
Dengue: cambio climático y poca previsión, las causas
Fecha de Publicación: 04/09/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La dramática epidemia del dengue que sufrió la Argentina entre enero y junio pasado había sido advertida hace quince años por científicos locales. Pero la epidemia lamentablemente ocurrió. Ahora los mismos científicos se pusieron a analizar las causas: "El cambio climático llevó al aumento de las temperaturas regionales, y las autoridades políticas, en los diferentes niveles jurisdiccionales y partidario, no pusieron en marcha un plan verdadero para prevenir la epidemia", dijo a Clarín Aníbal Carbajo, investigador del departamento de ecología, genética y evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y el Conicet.
Carbajo fue ayer uno de los principales oradores del Simposio internacional sobre males como el dengue, la enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis, organizado por la Fundación Mundo Sano (www.mundosano.org.ar), con auspicio de la Organización Panamericana de la Salud y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. En la apertura del simposio, hablaron el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, y el asesor regional de dengue de la OPS, José Luis San Martín.
El biólogo Carbajo, que trabajó con María Victoria Cardo, presentó ayer un mapa de riesgo del dengue en 2009. Lo realizó al usar datos de temperatura diaria de 38 estaciones meteorológicas entre el invierno de 1995 y el de 2009. Y reveló que hace 14 años las provincias que tenían 120 días posibles de transmisión del virus del dengue eran sólo Misiones, Formosa, parte de Chaco, Salta y Jujuy. Por el cambio climático y la falta de decisión política durante los últimos quince años, el virus consiguió el ambiente ideal para conquistar más superficie: en la actualidad, el riesgo de 120 días posibles de transmisión de dengue existe también en Tucumán, Catamarca, San Juan, La Rioja, Santa Fe, Corrientes, San Luis y Santiago del Estero.
"Este nuevo mapa será útil para diseñar políticas públicas", afirmó Héctor Coto, biólogo y director ejecutivo de la Fundación Mundo Sano, que apoyó una experiencia exitosa de combate del dengue en Clorinda, en Formosa, tal como lo informó Clarín el 22 de junio. "Para que la epidemia no vuelva a producirse -sostuvo Carbajo-, se necesita un descacharrado total de las zonas en riesgo. Con una sola casa que acumule agua con mosquitos, basta para tener la infección".
Fecha de Publicación: 04/09/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La dramática epidemia del dengue que sufrió la Argentina entre enero y junio pasado había sido advertida hace quince años por científicos locales. Pero la epidemia lamentablemente ocurrió. Ahora los mismos científicos se pusieron a analizar las causas: "El cambio climático llevó al aumento de las temperaturas regionales, y las autoridades políticas, en los diferentes niveles jurisdiccionales y partidario, no pusieron en marcha un plan verdadero para prevenir la epidemia", dijo a Clarín Aníbal Carbajo, investigador del departamento de ecología, genética y evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y el Conicet.
Carbajo fue ayer uno de los principales oradores del Simposio internacional sobre males como el dengue, la enfermedad de Chagas y la Leishmaniasis, organizado por la Fundación Mundo Sano (www.mundosano.org.ar), con auspicio de la Organización Panamericana de la Salud y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. En la apertura del simposio, hablaron el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, y el asesor regional de dengue de la OPS, José Luis San Martín.
El biólogo Carbajo, que trabajó con María Victoria Cardo, presentó ayer un mapa de riesgo del dengue en 2009. Lo realizó al usar datos de temperatura diaria de 38 estaciones meteorológicas entre el invierno de 1995 y el de 2009. Y reveló que hace 14 años las provincias que tenían 120 días posibles de transmisión del virus del dengue eran sólo Misiones, Formosa, parte de Chaco, Salta y Jujuy. Por el cambio climático y la falta de decisión política durante los últimos quince años, el virus consiguió el ambiente ideal para conquistar más superficie: en la actualidad, el riesgo de 120 días posibles de transmisión de dengue existe también en Tucumán, Catamarca, San Juan, La Rioja, Santa Fe, Corrientes, San Luis y Santiago del Estero.
"Este nuevo mapa será útil para diseñar políticas públicas", afirmó Héctor Coto, biólogo y director ejecutivo de la Fundación Mundo Sano, que apoyó una experiencia exitosa de combate del dengue en Clorinda, en Formosa, tal como lo informó Clarín el 22 de junio. "Para que la epidemia no vuelva a producirse -sostuvo Carbajo-, se necesita un descacharrado total de las zonas en riesgo. Con una sola casa que acumule agua con mosquitos, basta para tener la infección".
Córdoba: pelea por recursos, fuego o residuos...
En desafío a Schiaretti, Falo sigue adelante con su proyecto
Fecha de Publicación: 04/09/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Pretende que les devuelvan recursos a los bomberos. El Gobierno los redireccionó.
Pese a la preocupación del Gobierno provincial por bajarle los decibeles a la polémica, el delasotismo seguirá adelante en la Legislatura con su embestida por el manejo de los fondos del Plan de Manejo del Fuego.
El legislador provincial oficialista Marcelo Falo ratificó ayer que insistirá con su proyecto de ley para que se restituya el 30 por ciento de los fondos del Plan de Manejo del Fuego, que el Gobierno provincial redireccionó a la Secretaría de Ambiente.
Estos recursos –alrededor de 15 millones de pesos– fueron destinados a un programa para eliminar los basurales a cielo abierto.
Este diario informó ayer que autoridades de la Unicameral que responden al gobernador Juan Schiaretti le bajaron el pulgar al proyecto de Falo.
En la Casa de las Tejas aseguran que los basurales a cielo abierto son la principal causa del inicio de los incendios. De allí que se decidió destinar el 30 por ciento de los 45 millones anuales del Plan de Manejo del Fuego para construir vertederos en el interior provincial.
Sin embargo, esta decisión provocó la reacción de Falo, quien fue durante el último mandato delasotista quien estuvo a cargo del programa de lucha contra los incendios. “Con humildad y con respeto, pero también con firmeza, voy a insistir en la construcción de consensos para que mi proyecto se apruebe, así los fondos vuelven a los bomberos”, dijo el ex funcionario delasotista.
Orden del día. El legislador provincial confirmó que el martes próximo, la iniciativa en cuestión estará en el orden del día de la Comisión de Asuntos Ecológicos que preside el propio Falo.
Este proyecto ya genera polémica entre los legisladores que responden al gobernador Schiaretti. Por lo bajo, los schiarettistas sospechan de que se trata de una “chicana” del delasotismo para desafiar al mandatario provincial.
Por su parte, Falo niega connotación política a su iniciativa. Asegura que se opuso a esta reorientación de los fondos que están destinados para el equipamiento para los bomberos.
Aseguró que el año pasado aprobó la ley que recortó parte de los fondos de los bomberos, con la promesa de que impulsaría un proyecto para corregir la norma si se agravaba la situación de los incendios.
“El año pasado cuando se aprobó la ley que reasignó el 30 por ciento de los recursos para el Plan de Manejo del Fuego, me comprometí ante los bomberos a que trataría de corregir esta iniciativa, si los incendios volvían a castigar a Córdoba. Es lo que ocurrió y estoy cumpliendo mi palabra. No existe ninguna connotación política”, argumentó Falo.
Desde la Casa de las Tejas no quieren polemizar con Falo. Pero, los funcionarios más cercanos al gobernador recuerdan que el lunes pasado, en plena crisis por los incendios, el ex gobernador José Manuel de la Sota firmó una columna de opinión en el diario Puntal de Río Cuarto, en la cual cuestionó al Gobierno provincial por la falta de inversión en equipamiento para los bomberos.
“Si no se trata de una operación política, se parece mucho”, afirmó un legislador que comulga con Schiaretti.
Fecha de Publicación: 04/09/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Pretende que les devuelvan recursos a los bomberos. El Gobierno los redireccionó.
Pese a la preocupación del Gobierno provincial por bajarle los decibeles a la polémica, el delasotismo seguirá adelante en la Legislatura con su embestida por el manejo de los fondos del Plan de Manejo del Fuego.
El legislador provincial oficialista Marcelo Falo ratificó ayer que insistirá con su proyecto de ley para que se restituya el 30 por ciento de los fondos del Plan de Manejo del Fuego, que el Gobierno provincial redireccionó a la Secretaría de Ambiente.
Estos recursos –alrededor de 15 millones de pesos– fueron destinados a un programa para eliminar los basurales a cielo abierto.
Este diario informó ayer que autoridades de la Unicameral que responden al gobernador Juan Schiaretti le bajaron el pulgar al proyecto de Falo.
En la Casa de las Tejas aseguran que los basurales a cielo abierto son la principal causa del inicio de los incendios. De allí que se decidió destinar el 30 por ciento de los 45 millones anuales del Plan de Manejo del Fuego para construir vertederos en el interior provincial.
Sin embargo, esta decisión provocó la reacción de Falo, quien fue durante el último mandato delasotista quien estuvo a cargo del programa de lucha contra los incendios. “Con humildad y con respeto, pero también con firmeza, voy a insistir en la construcción de consensos para que mi proyecto se apruebe, así los fondos vuelven a los bomberos”, dijo el ex funcionario delasotista.
Orden del día. El legislador provincial confirmó que el martes próximo, la iniciativa en cuestión estará en el orden del día de la Comisión de Asuntos Ecológicos que preside el propio Falo.
Este proyecto ya genera polémica entre los legisladores que responden al gobernador Schiaretti. Por lo bajo, los schiarettistas sospechan de que se trata de una “chicana” del delasotismo para desafiar al mandatario provincial.
Por su parte, Falo niega connotación política a su iniciativa. Asegura que se opuso a esta reorientación de los fondos que están destinados para el equipamiento para los bomberos.
Aseguró que el año pasado aprobó la ley que recortó parte de los fondos de los bomberos, con la promesa de que impulsaría un proyecto para corregir la norma si se agravaba la situación de los incendios.
“El año pasado cuando se aprobó la ley que reasignó el 30 por ciento de los recursos para el Plan de Manejo del Fuego, me comprometí ante los bomberos a que trataría de corregir esta iniciativa, si los incendios volvían a castigar a Córdoba. Es lo que ocurrió y estoy cumpliendo mi palabra. No existe ninguna connotación política”, argumentó Falo.
Desde la Casa de las Tejas no quieren polemizar con Falo. Pero, los funcionarios más cercanos al gobernador recuerdan que el lunes pasado, en plena crisis por los incendios, el ex gobernador José Manuel de la Sota firmó una columna de opinión en el diario Puntal de Río Cuarto, en la cual cuestionó al Gobierno provincial por la falta de inversión en equipamiento para los bomberos.
“Si no se trata de una operación política, se parece mucho”, afirmó un legislador que comulga con Schiaretti.
Instrumentos económicos de gestión ambiental
Bibiloni inauguró jornada sobre instrumentos económicos de gestión ambiental
Fecha de Publicación: 03/09/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero M. Bibiloni, abrió la 1º Jornada sobre Instrumentos Económicos de Gestión Ambiental que se desarrollará durante el día de hoy en la sede de la Universidad Austral, con el auspicio de la cartera ambiental. Los seguros, tasas y fiscalidad ambientales como instrumentos para la motivación de conductas responsables son algunos de los ejes a debatir.
Durante su exposición, Bibiloni destacó la necesidad del desarrollo de herramientas que permitan una cuantificación del daño ambiental puesto que “deben conocerse los números para poder actuar. Los reclamos ambientales suelen tener poca contundencia al no brindar datos cuantitativos concretos”. En ese sentido, el funcionario subrayó la importancia de “trabajar desde una lógica que incluya la perspectiva económica en términos de un interés nacional y promover el desarrollo de un mercado que otorgue primacía a la cuestión ambiental, en el marco de un nuevo paradigma de equilibrio entre ambiente, desarrollo productivo, trabajo y equidad social”.
Con el lema “Claves para los tiempos que corren” el encuentro aborda, desde una perspectiva jurídica y económica, la temática de seguros, tasas y fiscalidad ambientales como instrumentos para la motivación de conductas responsables. Así lo explicó Horacio Payá, responsable del área de Derecho Ambiental de la Universidad Austral. Durante la apertura estuvo presente, también, el Decano de la Facultad de Derecho de esa Casa de Estudios, Juan Cianciardo.
En un repaso de los puntos centrales de la agenda del encuentro, entre los que se destacan seguros ambientales, sistemas de garantías, cambio climático, fiscalidad ambiental y responsabilidad social corporativa, el secretario de estado alertó acerca de la necesidad de revertir la idea acerca de la “gratuidad” del cuidado del Ambiente. “Las conductas ambientalmente responsables requieren esfuerzo. Es necesaria una inversión pública y privada, así como el aporte de todos los ciudadanos como contribuyentes” afirmó el funcionario, al tiempo que señaló la importancia de un trabajo intersectorial en materia ambiental y de armonía entre lo público y lo privado.
En relación con la responsabilidad social empresaria (RSE), celebró la adhesión a las buenas prácticas por parte de las compañías. En ese sentido, se refirió a la necesidad de una reorientación que privilegie el “trabajo de base, territorial, de aquellos que viven de cerca los conflictos, a fin de que la responsabilidad empresaria no se agote en la publicación de elegantes documentos”. En esa línea, hizo referencia al lanzamiento reciente, por parte de la Secretaría de Ambiente, de la Iniciativa Ambiental Comunitaria (IAC), un emprendimiento por el cual dicha cartera aportó un millón de pesos para el financiamiento de proyectos que mejoren las condiciones ambientales en comunidades de todo el país. Luego de la etapa inicial, se convocará a las empresas comprometidas con la RSE a acompañar al Estado y sumarse al emprendimiento realizando aportes adicionales.
Fecha de Publicación: 03/09/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero M. Bibiloni, abrió la 1º Jornada sobre Instrumentos Económicos de Gestión Ambiental que se desarrollará durante el día de hoy en la sede de la Universidad Austral, con el auspicio de la cartera ambiental. Los seguros, tasas y fiscalidad ambientales como instrumentos para la motivación de conductas responsables son algunos de los ejes a debatir.
Durante su exposición, Bibiloni destacó la necesidad del desarrollo de herramientas que permitan una cuantificación del daño ambiental puesto que “deben conocerse los números para poder actuar. Los reclamos ambientales suelen tener poca contundencia al no brindar datos cuantitativos concretos”. En ese sentido, el funcionario subrayó la importancia de “trabajar desde una lógica que incluya la perspectiva económica en términos de un interés nacional y promover el desarrollo de un mercado que otorgue primacía a la cuestión ambiental, en el marco de un nuevo paradigma de equilibrio entre ambiente, desarrollo productivo, trabajo y equidad social”.
Con el lema “Claves para los tiempos que corren” el encuentro aborda, desde una perspectiva jurídica y económica, la temática de seguros, tasas y fiscalidad ambientales como instrumentos para la motivación de conductas responsables. Así lo explicó Horacio Payá, responsable del área de Derecho Ambiental de la Universidad Austral. Durante la apertura estuvo presente, también, el Decano de la Facultad de Derecho de esa Casa de Estudios, Juan Cianciardo.
En un repaso de los puntos centrales de la agenda del encuentro, entre los que se destacan seguros ambientales, sistemas de garantías, cambio climático, fiscalidad ambiental y responsabilidad social corporativa, el secretario de estado alertó acerca de la necesidad de revertir la idea acerca de la “gratuidad” del cuidado del Ambiente. “Las conductas ambientalmente responsables requieren esfuerzo. Es necesaria una inversión pública y privada, así como el aporte de todos los ciudadanos como contribuyentes” afirmó el funcionario, al tiempo que señaló la importancia de un trabajo intersectorial en materia ambiental y de armonía entre lo público y lo privado.
En relación con la responsabilidad social empresaria (RSE), celebró la adhesión a las buenas prácticas por parte de las compañías. En ese sentido, se refirió a la necesidad de una reorientación que privilegie el “trabajo de base, territorial, de aquellos que viven de cerca los conflictos, a fin de que la responsabilidad empresaria no se agote en la publicación de elegantes documentos”. En esa línea, hizo referencia al lanzamiento reciente, por parte de la Secretaría de Ambiente, de la Iniciativa Ambiental Comunitaria (IAC), un emprendimiento por el cual dicha cartera aportó un millón de pesos para el financiamiento de proyectos que mejoren las condiciones ambientales en comunidades de todo el país. Luego de la etapa inicial, se convocará a las empresas comprometidas con la RSE a acompañar al Estado y sumarse al emprendimiento realizando aportes adicionales.
Las pilas vuelven a la basura
Las pilas vuelven a la basura
Fecha de Publicación: 03/09/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital
Tras la campaña en la que reunió diez toneladas de pilas usadas y el rechazo de esos desperdicios en las provincias de Córdoba y Buenos Aires, el gobierno porteño propone tirarlas a la basura. Advertencias de Greenpeace y el INTI.
Después de recolectar diez toneladas de pilas que no fueron aceptados por las plantas ubicadas en las provincias de Córdoba y Buenos Aires, el gobierno porteño dice ahora que las baterías de descarte deben ser arrojadas a la basura domiciliaria. Esta nueva recomendación vale para las pilas comunes y las alcalinas, mientras que para las recargables que estén agotadas, la sugerencia oficial es que sean llevadas a los locales de las empresas productoras o importadoras. Desde la organización ambientalista Greenpeace advierten sobre el riesgo de arrojar las pilas comunes entre los residuos domiciliarios: “Aunque los nuevos productos ya no tienen mercurio, quedan en el mercado pilas con ese material. Además, están conformadas por otros metales contaminantes”, dijo a Página/12 Eugenia Testa, responsable del programa de residuos de esa entidad. Greenpeace reclama la sanción de una ley para la gestión de residuos electrónicos, un proyecto que duerme en una comisión del Senado.
El destino de las pilas usadas preocupa muchos usuarios que tienen la voluntad de no contaminar. Los que las guardaban en su casa a la espera de un programa oficial encontraron alivio en la propuesta de la Agencia de Protección Ambiental (APA) del gobierno de Mauricio Macri, que en noviembre pasado lanzó un programa de recolección en los Centros de Gestión y Participación de la Ciudad (CGP). La desilusión les llegó al poco tiempo, cuando el gobierno porteño no encontró destino para las 10 toneladas acumuladas: en el municipio de Bouwer, donde se encuentra una de las plantas capaces de almacenar residuos tóxicos, los vecinos se negaron; algo parecido ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde están radicadas las otras tres plantas que reciben residuos tóxicos: el gobierno provincial argumentó que está prohibido recibir basura tóxica de otros distritos.
El gobierno porteño acaba de lanzar una licitación para el “tratamiento, transporte y/o disposición final” de ese material contaminante acumulado. Por el momento, las diez toneladas de pilas quedaron acumuladas en un depósito ubicado en el Bajo Flores, donde funciona un Centro de Reciclado del gobierno porteño, gestionado por una cooperativa de cartoneros. “No está junto a una escuela infantil, como se publicó, sino a unos 300 metros, con una calle de por medio. Están en tambores plásticos de 200 litros, sellados y aislados contra incendio, por lo cual no presentan riesgos”, dijo a este diario una fuente de Protección Ambiental.
Ahora, con la nueva campaña lanzada por el gobierno porteño, los bonaerenses recibirán las pilas pero en menor dosis, mezcladas con la basura domiciliaria, en sus rellenos sanitarios. Es que la ciudad cambió de estrategia y ahora recomienda una separación de las pilas antes de descartarlas: por un lado, las llamadas “pilas primarias” (las no recargables, de carbón-zinc, litio o alcalinas) van directamente al tacho de basura; por otro, las “secundarias” o recargables, deberían ser desechadas en las agencias que representan las siguientes marcas: Canon, Eveready, Kodak, Hewlett Packard, Nextel, Rayovac, Sony, Nokia y Probattery. Las recargables que no tengan un productor identificado serán gestionadas por la Agencia de Protección Ambiental (en el sitio www.buenosaires.gov.ar está el detalle de las oficinas donde se pueden depositar).
“Lo importante de esta campaña es que logramos un acuerdo con los fabricantes para que se hagan cargo de lo que producen”, dijo a este diario Graciela Gerona, titular de la Agencia de Protección Ambiental.
¿Con qué criterio se adopta esta medida? Desde la agencia ambiental se argumenta que las pilas alcalinas que se comercializan actualmente están “libres de mercurio”, que es el componente más contaminante de las baterías. No obstante, la Ley nacional 26.184, de Energía Eléctrica Portátil, prohíbe la importación de pilas con mercurio (no hay fabricación local de estos productos) pero permite su comercialización hasta 2010. Desde la Agencia Ambiental porteña se recomienda comprar pilas que tengan la leyenda “0% Hg”, “Sin agregado de Hg” o “Sin agregado de mercurio”. “Sólo las pilas identificadas de este modo pueden desecharse con los residuos domiciliarios”, establece el organismo. Desde la APA se recomienda el uso de pilas recargables que, “si bien requieren una inversión inicial mayor (ya que son más caras que las alcalinas) pueden durar hasta cinco años, dependiendo de su uso y carga”.
Para Eugenia Testa, de Greenpeace, el problema es “el doble standard de las empresas productoras, que en la Unión Europea tienen programas para recibir estos residuos y someterlos a tratamiento, y aquí no lo hacen, salvo excepciones”. El otro problema es la falta de legislación, ya que no hay normativas que obliguen a las empresas a hacerse cargo de los residuos que ellas generan. En ese sentido, Greenpeace apoya el proyecto de “presupuestos mínimos de gestión de aparatos electrónicos”, presentado por el senador Daniel Filmus, que incluye la gestión de las baterías usadas. “La Comisión de Medio Ambiente, que debe tratar el tema, no se reúne desde abril”, advirtió Testa, que atribuyó las demoras al “lobby de las empresas para no hacerse cargo de las pilas”.
Si bien admite que las pilas que se comercializan actualmente no tienen mercurio, la especialista de Greenpeace advirtió que “están compuestas por otros metales que son contaminantes, como el litio, el zinc y el manganeso”.
Irene Alanis, coordinadora de la Unidad Técnica de Electrodisposición del INTI, sostiene que “no está mal tirar las pilas comunes a la basura domiciliaria”, pero opinó que ésa debe ser una “medida transitoria”, ya que lo recomendable es “que la ciudad tenga un relleno de seguridad”. Advirtió además que la propuesta del gobierno porteño no toma en cuenta las denominadas “pilas botón”, que suelen utilizarse en juguetes, relojes y cámaras fotográficas, entre otros. “Esas siguen teniendo mercurio, por lo cual no deben ser tiradas a la basura domiciliaria”, alertó.
“En Alemania y otros países de Europa se reciclan todas las pilas: se recuperan los metales que las componen –comentó Alanis a Página/12–. En el INTI, junto con la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Avellaneda, y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) estamos haciendo un estudio económico-técnico ecológico para evaluar la factibilidad del reciclado de pilas, lámparas de mercurio y tubos fluorescentes.”
Fecha de Publicación: 03/09/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital
Tras la campaña en la que reunió diez toneladas de pilas usadas y el rechazo de esos desperdicios en las provincias de Córdoba y Buenos Aires, el gobierno porteño propone tirarlas a la basura. Advertencias de Greenpeace y el INTI.
Después de recolectar diez toneladas de pilas que no fueron aceptados por las plantas ubicadas en las provincias de Córdoba y Buenos Aires, el gobierno porteño dice ahora que las baterías de descarte deben ser arrojadas a la basura domiciliaria. Esta nueva recomendación vale para las pilas comunes y las alcalinas, mientras que para las recargables que estén agotadas, la sugerencia oficial es que sean llevadas a los locales de las empresas productoras o importadoras. Desde la organización ambientalista Greenpeace advierten sobre el riesgo de arrojar las pilas comunes entre los residuos domiciliarios: “Aunque los nuevos productos ya no tienen mercurio, quedan en el mercado pilas con ese material. Además, están conformadas por otros metales contaminantes”, dijo a Página/12 Eugenia Testa, responsable del programa de residuos de esa entidad. Greenpeace reclama la sanción de una ley para la gestión de residuos electrónicos, un proyecto que duerme en una comisión del Senado.
El destino de las pilas usadas preocupa muchos usuarios que tienen la voluntad de no contaminar. Los que las guardaban en su casa a la espera de un programa oficial encontraron alivio en la propuesta de la Agencia de Protección Ambiental (APA) del gobierno de Mauricio Macri, que en noviembre pasado lanzó un programa de recolección en los Centros de Gestión y Participación de la Ciudad (CGP). La desilusión les llegó al poco tiempo, cuando el gobierno porteño no encontró destino para las 10 toneladas acumuladas: en el municipio de Bouwer, donde se encuentra una de las plantas capaces de almacenar residuos tóxicos, los vecinos se negaron; algo parecido ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde están radicadas las otras tres plantas que reciben residuos tóxicos: el gobierno provincial argumentó que está prohibido recibir basura tóxica de otros distritos.
El gobierno porteño acaba de lanzar una licitación para el “tratamiento, transporte y/o disposición final” de ese material contaminante acumulado. Por el momento, las diez toneladas de pilas quedaron acumuladas en un depósito ubicado en el Bajo Flores, donde funciona un Centro de Reciclado del gobierno porteño, gestionado por una cooperativa de cartoneros. “No está junto a una escuela infantil, como se publicó, sino a unos 300 metros, con una calle de por medio. Están en tambores plásticos de 200 litros, sellados y aislados contra incendio, por lo cual no presentan riesgos”, dijo a este diario una fuente de Protección Ambiental.
Ahora, con la nueva campaña lanzada por el gobierno porteño, los bonaerenses recibirán las pilas pero en menor dosis, mezcladas con la basura domiciliaria, en sus rellenos sanitarios. Es que la ciudad cambió de estrategia y ahora recomienda una separación de las pilas antes de descartarlas: por un lado, las llamadas “pilas primarias” (las no recargables, de carbón-zinc, litio o alcalinas) van directamente al tacho de basura; por otro, las “secundarias” o recargables, deberían ser desechadas en las agencias que representan las siguientes marcas: Canon, Eveready, Kodak, Hewlett Packard, Nextel, Rayovac, Sony, Nokia y Probattery. Las recargables que no tengan un productor identificado serán gestionadas por la Agencia de Protección Ambiental (en el sitio www.buenosaires.gov.ar está el detalle de las oficinas donde se pueden depositar).
“Lo importante de esta campaña es que logramos un acuerdo con los fabricantes para que se hagan cargo de lo que producen”, dijo a este diario Graciela Gerona, titular de la Agencia de Protección Ambiental.
¿Con qué criterio se adopta esta medida? Desde la agencia ambiental se argumenta que las pilas alcalinas que se comercializan actualmente están “libres de mercurio”, que es el componente más contaminante de las baterías. No obstante, la Ley nacional 26.184, de Energía Eléctrica Portátil, prohíbe la importación de pilas con mercurio (no hay fabricación local de estos productos) pero permite su comercialización hasta 2010. Desde la Agencia Ambiental porteña se recomienda comprar pilas que tengan la leyenda “0% Hg”, “Sin agregado de Hg” o “Sin agregado de mercurio”. “Sólo las pilas identificadas de este modo pueden desecharse con los residuos domiciliarios”, establece el organismo. Desde la APA se recomienda el uso de pilas recargables que, “si bien requieren una inversión inicial mayor (ya que son más caras que las alcalinas) pueden durar hasta cinco años, dependiendo de su uso y carga”.
Para Eugenia Testa, de Greenpeace, el problema es “el doble standard de las empresas productoras, que en la Unión Europea tienen programas para recibir estos residuos y someterlos a tratamiento, y aquí no lo hacen, salvo excepciones”. El otro problema es la falta de legislación, ya que no hay normativas que obliguen a las empresas a hacerse cargo de los residuos que ellas generan. En ese sentido, Greenpeace apoya el proyecto de “presupuestos mínimos de gestión de aparatos electrónicos”, presentado por el senador Daniel Filmus, que incluye la gestión de las baterías usadas. “La Comisión de Medio Ambiente, que debe tratar el tema, no se reúne desde abril”, advirtió Testa, que atribuyó las demoras al “lobby de las empresas para no hacerse cargo de las pilas”.
Si bien admite que las pilas que se comercializan actualmente no tienen mercurio, la especialista de Greenpeace advirtió que “están compuestas por otros metales que son contaminantes, como el litio, el zinc y el manganeso”.
Irene Alanis, coordinadora de la Unidad Técnica de Electrodisposición del INTI, sostiene que “no está mal tirar las pilas comunes a la basura domiciliaria”, pero opinó que ésa debe ser una “medida transitoria”, ya que lo recomendable es “que la ciudad tenga un relleno de seguridad”. Advirtió además que la propuesta del gobierno porteño no toma en cuenta las denominadas “pilas botón”, que suelen utilizarse en juguetes, relojes y cámaras fotográficas, entre otros. “Esas siguen teniendo mercurio, por lo cual no deben ser tiradas a la basura domiciliaria”, alertó.
“En Alemania y otros países de Europa se reciclan todas las pilas: se recuperan los metales que las componen –comentó Alanis a Página/12–. En el INTI, junto con la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Avellaneda, y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) estamos haciendo un estudio económico-técnico ecológico para evaluar la factibilidad del reciclado de pilas, lámparas de mercurio y tubos fluorescentes.”
Nueva ley de Glaciares tras el veto
Nueva ley de Glaciares tras el veto
Fecha de Publicación: 02/09/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Dos artículos agregados, un detalle con especificaciones sobre la clasificación de glaciares y una decena de correcciones delinearon el proyecto que será discutido hoy en el Senado, para reemplazar la norma que fue vetada por la presidenta Cristina Kirchner a fines del año pasado. El nuevo texto recoge parte de las observaciones que hizo la Presidenta al fundamentar el veto e incorpora el Tratado Antártico en el artículo 16 y la competencia de organismos provinciales. Además, establece una prohibición taxativa para desarrollar tareas de “exploración y explotación minera o hidrocarburífera”.
La ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial que llegará al recinto surgió de un debate coordinado por el kirchnerista Daniel Filmus, que consiguió un acompañamiento plural: la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro; el radical Alfredo “Freddy” Martínez; Horacio Lores, del Movimiento Popular Neuquino, y Delia Pinchetti, entre la quincena de firmas.
“La posición nuestra era insistir sobre la ley que fue vetada. Entendemos que no es posible y estamos conformes con esta ley, si no se introducen modificaciones al texto que ya está firmado”, le dijo Martínez a Crítica de la Argentina.
Uno de los aspectos que se modificó sobre la iniciativa vetada es la clasificación de glaciares, más detallada, en el artículo 2; la interacción del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) con el Poder Ejecutivo Nacional; y en el 8 se especifica la inclusión de la Administración de Parques Nacionales y la Dirección Nacional del Antártico.
Filmus defendió el proyecto porque protege las “reservas de agua, un recurso natural fundamental para el desarrollo de la vida humana”.
Fecha de Publicación: 02/09/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Dos artículos agregados, un detalle con especificaciones sobre la clasificación de glaciares y una decena de correcciones delinearon el proyecto que será discutido hoy en el Senado, para reemplazar la norma que fue vetada por la presidenta Cristina Kirchner a fines del año pasado. El nuevo texto recoge parte de las observaciones que hizo la Presidenta al fundamentar el veto e incorpora el Tratado Antártico en el artículo 16 y la competencia de organismos provinciales. Además, establece una prohibición taxativa para desarrollar tareas de “exploración y explotación minera o hidrocarburífera”.
La ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial que llegará al recinto surgió de un debate coordinado por el kirchnerista Daniel Filmus, que consiguió un acompañamiento plural: la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro; el radical Alfredo “Freddy” Martínez; Horacio Lores, del Movimiento Popular Neuquino, y Delia Pinchetti, entre la quincena de firmas.
“La posición nuestra era insistir sobre la ley que fue vetada. Entendemos que no es posible y estamos conformes con esta ley, si no se introducen modificaciones al texto que ya está firmado”, le dijo Martínez a Crítica de la Argentina.
Uno de los aspectos que se modificó sobre la iniciativa vetada es la clasificación de glaciares, más detallada, en el artículo 2; la interacción del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) con el Poder Ejecutivo Nacional; y en el 8 se especifica la inclusión de la Administración de Parques Nacionales y la Dirección Nacional del Antártico.
Filmus defendió el proyecto porque protege las “reservas de agua, un recurso natural fundamental para el desarrollo de la vida humana”.
El glifosato, con más polémica
El glifosato, con más polémica
Fecha de Publicación: 02/09/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un consejo convocado por el Conicet y la Comisión sobre Agroquímicos elaboró un informe en torno del agrotóxico en el que no llega a conclusiones claras y no define si es inocuo o perjudicial. Críticas de académicos y científicos.
“Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente” es el título del informe firmado por el Consejo Científico Interdisciplinario del Conicet y la Comisión Nacional de Investigaciones sobre Agroquímicos. Seis capítulos y 130 carillas que recopila estudios y donde es recurrente una conclusión: la necesidad de investigaciones sobre los efectos del glifosato. No se define si es inocuo o perjudicial. Investigadores y científicos que estudian el tema se mostraron sorprendidos por el documento y señalaron críticas. “El objetivo del informe implica una visión reduccionista y fragmentaria que pretende simplificar una situación compleja, excluyendo al sujeto y parcializando la construcción del conocimiento. El informe es una simple enumeración de bibliografía, con muy poco análisis crítico, reflexivo y comparativo de sus resultados”, aseguró la doctora en Ciencias Naturales Norma Sánchez, profesora titular de Ecología de Plagas de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora independiente del Conicet.
El glifosato es el agroquímico base de la industria sojera y está cuestionado desde hace una década por sus efectos adversos en la salud y el ambiente. La presidenta Cristina Fernández creó en enero pasado la Comisión Nacional de Investigación para que estudie la problemática.
El informe analiza temas puntuales y contrapone bibliografías. Lo central: relativiza la absorción dérmica del glifosato, la toxicidad aguda y los posibles efectos cancerígenos. Reconoce que los estudios que señalan al glifosato y sus componentes como dañinos para mamíferos son abundantes y confiables, y admite que las únicas dudas provienen de científicos de Monsanto, la principal empresa involucrada. Los datos sobre abortos espontáneos, fertilidad reducida y malformaciones son aceptados, pero advierte que hay insuficiente información.
También aborda la “experimentación en mamíferos no humanos”, pero pide estudios nuevos. Considera que “la toxicidad sobre organismos terrestres es leve o moderada”. Deja claro que existen residuos del agroquímico en suelos y aguas, pero no define si son tóxicos o inocuos. Observa el mayor riesgo ambiental de la soja transgénica por sobre la convencional y, por la resistencia de malezas, se confirma la creciente necesidad de cada vez mayor cantidad de glifosato y agroquímicos cada vez más potentes.
Las críticas al informe apuntan a que utiliza bibliografía sesgada, recorta la problemática y equipara estudios de Monsanto con trabajos de científicos independientes. El principal cuestionamiento apuntó a la ausencia en el informe del principio precautorio, la exigencia legal, ante incertidumbre, de prevenir posibles consecuencias en la salud y el ambiente. “Esto quiere decir que debe suspenderse la aplicación del producto en cuestión hasta tanto se realizan los estudios pertinentes que demuestran su inocuidad. No es ético ni razonable investigar una vez que el daño ya está hecho y es irreversible”, sostuvo el bioquímico y jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Raúl Horacio Lucero.
El informe del Conicet cita reiteradamente un trabajo de Gary Williams, Robert Kroes y de Ian Munro de 2000. Lo referencia en 32 oportunidades y lo utiliza como escudo ante los estudios críticos sobre glifosato. “La recopilación de Williams fue patrocinada por la empresa Monsanto. El mundo académico lo sabe. Aun así, en el informe muchas investigaciones independientes resultaron invalidadas por las observaciones realizadas por Williams para Monsanto”, lamentó Fernando Mañas, becario del Conicet, especializado en daño genético producido por glifosato, citado en el informe y con tres publicaciones internacionales en la temática.
La página 67 del informe reconoce que, “utilizando la misma información que acepta y difunde Monsanto”, la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) clasificó al glifosato como perteneciente al “Grupo E” (sin evidencia de efecto carcinogénico en humanos). El investigador Fernando Mañas explicó que “las investigaciones como la de Williams, a pedido de Monsanto, sirvieron para que la gran mayoría de las agencias regulatorias clasifiquen el herbicida como de baja toxicidad. Así actuó también el Senasa”.
Con trabajos publicados sobre el tema, Sánchez introduce otros dos elementos. “El informe presenta una visión netamente productivista cuando habla del uso del glifosato en el sistema productivo. Subestima aspectos ecológicos, sociales y económicos fundamentales y estrechamente ligados a la sustentabilidad agrícola. No se mencionan libros, informes y artículos publicados que fundamentan estos aspectos”, denuncia. “No sólo no completa el análisis de la profusa bibliografía con referato disponible, sino que menciona literatura gris muy sesgada”, advirtió el profesor titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba y Premio Nobel Alternativo 2004, Raúl Montenegro.
Página/12 se comunicó con las distintas instituciones que conforman la Comisión Nacional. Desde la Secretaría de Medio Ambiente no hubo respuesta. La Gerencia de Comunicación del INTA explicó que opinará cuando la Comisión Nacional autorice. Desde el INTI aseguraron que “la institución cree haber realizado todos los aportes posibles a la Comisión desde su mirada de tecnología industrial y su participación dejó de ser operativa. No participa más de la Comisión y, por ende, no firmará ningún informe que fije políticas a futuro que no son de su competencia directa”.
“El informe debió ser sometido a referato”, advirtió Montenegro. “Las conclusiones son inconsistentes y confusas”, resumió Sánchez y lamentó que el informe “parece ignorar que la ciencia es una construcción social que debe cuestionar aspectos éticos y contribuir a alterar políticas de acción que no conduzcan al bien común”.
Fecha de Publicación: 02/09/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un consejo convocado por el Conicet y la Comisión sobre Agroquímicos elaboró un informe en torno del agrotóxico en el que no llega a conclusiones claras y no define si es inocuo o perjudicial. Críticas de académicos y científicos.
“Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente” es el título del informe firmado por el Consejo Científico Interdisciplinario del Conicet y la Comisión Nacional de Investigaciones sobre Agroquímicos. Seis capítulos y 130 carillas que recopila estudios y donde es recurrente una conclusión: la necesidad de investigaciones sobre los efectos del glifosato. No se define si es inocuo o perjudicial. Investigadores y científicos que estudian el tema se mostraron sorprendidos por el documento y señalaron críticas. “El objetivo del informe implica una visión reduccionista y fragmentaria que pretende simplificar una situación compleja, excluyendo al sujeto y parcializando la construcción del conocimiento. El informe es una simple enumeración de bibliografía, con muy poco análisis crítico, reflexivo y comparativo de sus resultados”, aseguró la doctora en Ciencias Naturales Norma Sánchez, profesora titular de Ecología de Plagas de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora independiente del Conicet.
El glifosato es el agroquímico base de la industria sojera y está cuestionado desde hace una década por sus efectos adversos en la salud y el ambiente. La presidenta Cristina Fernández creó en enero pasado la Comisión Nacional de Investigación para que estudie la problemática.
El informe analiza temas puntuales y contrapone bibliografías. Lo central: relativiza la absorción dérmica del glifosato, la toxicidad aguda y los posibles efectos cancerígenos. Reconoce que los estudios que señalan al glifosato y sus componentes como dañinos para mamíferos son abundantes y confiables, y admite que las únicas dudas provienen de científicos de Monsanto, la principal empresa involucrada. Los datos sobre abortos espontáneos, fertilidad reducida y malformaciones son aceptados, pero advierte que hay insuficiente información.
También aborda la “experimentación en mamíferos no humanos”, pero pide estudios nuevos. Considera que “la toxicidad sobre organismos terrestres es leve o moderada”. Deja claro que existen residuos del agroquímico en suelos y aguas, pero no define si son tóxicos o inocuos. Observa el mayor riesgo ambiental de la soja transgénica por sobre la convencional y, por la resistencia de malezas, se confirma la creciente necesidad de cada vez mayor cantidad de glifosato y agroquímicos cada vez más potentes.
Las críticas al informe apuntan a que utiliza bibliografía sesgada, recorta la problemática y equipara estudios de Monsanto con trabajos de científicos independientes. El principal cuestionamiento apuntó a la ausencia en el informe del principio precautorio, la exigencia legal, ante incertidumbre, de prevenir posibles consecuencias en la salud y el ambiente. “Esto quiere decir que debe suspenderse la aplicación del producto en cuestión hasta tanto se realizan los estudios pertinentes que demuestran su inocuidad. No es ético ni razonable investigar una vez que el daño ya está hecho y es irreversible”, sostuvo el bioquímico y jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, Raúl Horacio Lucero.
El informe del Conicet cita reiteradamente un trabajo de Gary Williams, Robert Kroes y de Ian Munro de 2000. Lo referencia en 32 oportunidades y lo utiliza como escudo ante los estudios críticos sobre glifosato. “La recopilación de Williams fue patrocinada por la empresa Monsanto. El mundo académico lo sabe. Aun así, en el informe muchas investigaciones independientes resultaron invalidadas por las observaciones realizadas por Williams para Monsanto”, lamentó Fernando Mañas, becario del Conicet, especializado en daño genético producido por glifosato, citado en el informe y con tres publicaciones internacionales en la temática.
La página 67 del informe reconoce que, “utilizando la misma información que acepta y difunde Monsanto”, la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) clasificó al glifosato como perteneciente al “Grupo E” (sin evidencia de efecto carcinogénico en humanos). El investigador Fernando Mañas explicó que “las investigaciones como la de Williams, a pedido de Monsanto, sirvieron para que la gran mayoría de las agencias regulatorias clasifiquen el herbicida como de baja toxicidad. Así actuó también el Senasa”.
Con trabajos publicados sobre el tema, Sánchez introduce otros dos elementos. “El informe presenta una visión netamente productivista cuando habla del uso del glifosato en el sistema productivo. Subestima aspectos ecológicos, sociales y económicos fundamentales y estrechamente ligados a la sustentabilidad agrícola. No se mencionan libros, informes y artículos publicados que fundamentan estos aspectos”, denuncia. “No sólo no completa el análisis de la profusa bibliografía con referato disponible, sino que menciona literatura gris muy sesgada”, advirtió el profesor titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba y Premio Nobel Alternativo 2004, Raúl Montenegro.
Página/12 se comunicó con las distintas instituciones que conforman la Comisión Nacional. Desde la Secretaría de Medio Ambiente no hubo respuesta. La Gerencia de Comunicación del INTA explicó que opinará cuando la Comisión Nacional autorice. Desde el INTI aseguraron que “la institución cree haber realizado todos los aportes posibles a la Comisión desde su mirada de tecnología industrial y su participación dejó de ser operativa. No participa más de la Comisión y, por ende, no firmará ningún informe que fije políticas a futuro que no son de su competencia directa”.
“El informe debió ser sometido a referato”, advirtió Montenegro. “Las conclusiones son inconsistentes y confusas”, resumió Sánchez y lamentó que el informe “parece ignorar que la ciencia es una construcción social que debe cuestionar aspectos éticos y contribuir a alterar políticas de acción que no conduzcan al bien común”.
Capitanich promulgó la ley de manejo del fuego
Capitanich promulgó la ley que regula el manejo de fuego
Fecha de Publicación: 01/09/2009
Fuente: Reporte24
Provincia/Región: Chaco
Capitanich promulgó la ley que regula el manejo del fuego El gobernador Jorge Capitanich promulgó en la mañana de hoy a través del decreto 1747 la Ley de Manejo de Fuego que prevé la conformación de la Comisión con organismos técnicos competentes que se encargará de seguir en detalle las acciones a realizar tendientes a evitar estos desastres y que además aplicará una serie de sanciones que estipula apercibimientos hasta multas que contemplan montos de hasta 100 veces el salario mínimo vital y móvil.
Capitanich detalló que el artículo 3 de la normativa prohíbe en la provincia “el uso del fuego para la eliminación de vegetación, de rezago de material leñoso o como herramienta de manejo de agropecuario salvo autorización previa.Quiero ratificar que en la actualidad en la provincia esta vigente una ley que contempla serias sanciones para aquellos que la infrinjan”.
“Hemos hecho enormes esfuerzos para evitar que se produzcan incendios con la adquisición de herramientas las cuales se distribuyeron en distintas localidades del interior, pero si no hay una real toma de conciencia de todos, los esfuerzos serán inútiles”, mencionó el gobernador.
Fecha de Publicación: 01/09/2009
Fuente: Reporte24
Provincia/Región: Chaco
Capitanich promulgó la ley que regula el manejo del fuego El gobernador Jorge Capitanich promulgó en la mañana de hoy a través del decreto 1747 la Ley de Manejo de Fuego que prevé la conformación de la Comisión con organismos técnicos competentes que se encargará de seguir en detalle las acciones a realizar tendientes a evitar estos desastres y que además aplicará una serie de sanciones que estipula apercibimientos hasta multas que contemplan montos de hasta 100 veces el salario mínimo vital y móvil.
Capitanich detalló que el artículo 3 de la normativa prohíbe en la provincia “el uso del fuego para la eliminación de vegetación, de rezago de material leñoso o como herramienta de manejo de agropecuario salvo autorización previa.Quiero ratificar que en la actualidad en la provincia esta vigente una ley que contempla serias sanciones para aquellos que la infrinjan”.
“Hemos hecho enormes esfuerzos para evitar que se produzcan incendios con la adquisición de herramientas las cuales se distribuyeron en distintas localidades del interior, pero si no hay una real toma de conciencia de todos, los esfuerzos serán inútiles”, mencionó el gobernador.
Reclamo de 1.000 millones contra Shell
La Justicia habilita un reclamo de 1.000 millones contra Shell
Fecha de Publicación: 01/09/2009
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Buenos Aires
La Justicia porteña notificó a la petrolera holandesa por la causa judicial iniciada por más de 500 vecinos de la localidad bonaerense de Magdalena, que reclaman 1000 millones de pesos para resarcir el derrame de petróleo que afectó su localidad. La empresa había llegado a un sospechoso acuerdo con el intendente local y otras autoridades, por una cifra ridícula para este tipo de desastres naturales.
La Justicia porteña dio un paso histórico en la causa de daño ambiental más resonante de las últimas décadas en la Argentina, al notificar tras diez años de conflicto a la compañía holandesa Shell de una presentación judicial de 526 vecinos del distrito bonaerense de Magdalena, bajo la figura de acción de clase que permite este tipo de presentaciones colectivas cuando se trata de daños al medio ambiente.
Este medio explicó en mayo pasado que la petrolera Shell derramó en 1999 más de 5 millones de litros de hidrocarburos en las costas de Magdalena y que pese a que provocó un desastre ambiental sin precedentes en Argentina y perjudicó la salud y la situación laboral de los lugareños, logró mediante un plebiscito –curiosamente impulsado por el intendente local, Fernando Carballo- desentenderse de su culpabilidad.
Mediante ese plebiscito Shell firmó un acta acuerdo con la Municipalidad de Magdalena y se desligó del daño ambiental por la suma de 9,5 millones de dólares, que serían invertidos para promover el turismo en esa ciudad y otras cuestiones muy lejanas al reconocimiento del perjuicio ocasionado.
Pero a través de una nota de La Política Online que denunció las sospechas que sobrevolaron el acuerdo, la Asociación de Abogados Ambientalistas se contactó con la Fundación Ala Plástica, una ONG ambientalista que sigue el tema desde hace años. Luego de un encuentro mantenido en Capital Federal, el presidente de la Asociación, Mariano Aguilar, presentó un pedido de nulidad del acta acuerdo en la Justicia porteña, que debía homologar el convenio.
La presentación judicial
Las razones para pedir la nulidad se basaron en el artículo 41 de la Constitución nacional, que establece que “el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley” (en este caso la Ley 25.675), cuestión de la que Shell se quiso liberar desde el principio del litigio.
El director de Ala Plástica, Alejandro Meitin, explicó a La Política Online que la homologación también está trabada por un informe que presentó la ONG, elaborado con investigadores de la Universidad de Montevideo y la Universidad de La Plata que demuestra que “el daño persiste” hasta hoy.
“Hasta que no haya remediación por el daño ambiental no puede haber acuerdo entre las partes”, explicó el abogado ecologista Meitin.
Pero la Justicia porteña no sólo mantiene en el freezer el acta acuerdo sino que ahora hizo un guiño a más de 500 vecinos de Magdalena que demandaron a Shell a lo largo de los 10 años siguientes al derrame, al notificar a la multinacional por primera vez desde 1999.
Por daños económicos y de la salud, reclaman 1000 millones de pesos, una suma más coherente que los 9,5 millones de dólares ofrecidos por Shell si se la compara con otros desastres ambientales en el mundo que en algunos casos alcanzaron los 2500 millones de dólares de resarcimiento (un monto 263 veces mayor al que propuso la empresa holandesa para deshacerse del conflicto).
De todos modos, Meitin se lamenta que el conflicto se circunscriba solamente a una cuestión de dinero, puesto que el daño ambiental aún seguiría sin recomponerse por más que Shell pagara a los vecinos por sus causas particulares.
El silencio oficial
Meitin señaló por otro lado a La Política Online que llama la atención la pasividad que tuvo y tiene el Gobierno tanto a nivel nacional como provincial ante el conflicto con Shell.
El ecologista indicó que desde su fundación presentaron una nota por mesa de entrada al Gobierno de la provincia, otra al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y una nota por mesa de entrada a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación que encabeza Homero Bibiloni. Pero nadie respondió ni envió ningún tipo de señal.
Meitin explicó que lo único que recibió como respuesta de la titular del OPDS, Ana Corbi, fue que “ellos no tienen nada que ver, aunque la provincia y Nación tienen una responsabilidad absoluta en el tema ambiental”.
Fecha de Publicación: 01/09/2009
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Buenos Aires
La Justicia porteña notificó a la petrolera holandesa por la causa judicial iniciada por más de 500 vecinos de la localidad bonaerense de Magdalena, que reclaman 1000 millones de pesos para resarcir el derrame de petróleo que afectó su localidad. La empresa había llegado a un sospechoso acuerdo con el intendente local y otras autoridades, por una cifra ridícula para este tipo de desastres naturales.
La Justicia porteña dio un paso histórico en la causa de daño ambiental más resonante de las últimas décadas en la Argentina, al notificar tras diez años de conflicto a la compañía holandesa Shell de una presentación judicial de 526 vecinos del distrito bonaerense de Magdalena, bajo la figura de acción de clase que permite este tipo de presentaciones colectivas cuando se trata de daños al medio ambiente.
Este medio explicó en mayo pasado que la petrolera Shell derramó en 1999 más de 5 millones de litros de hidrocarburos en las costas de Magdalena y que pese a que provocó un desastre ambiental sin precedentes en Argentina y perjudicó la salud y la situación laboral de los lugareños, logró mediante un plebiscito –curiosamente impulsado por el intendente local, Fernando Carballo- desentenderse de su culpabilidad.
Mediante ese plebiscito Shell firmó un acta acuerdo con la Municipalidad de Magdalena y se desligó del daño ambiental por la suma de 9,5 millones de dólares, que serían invertidos para promover el turismo en esa ciudad y otras cuestiones muy lejanas al reconocimiento del perjuicio ocasionado.
Pero a través de una nota de La Política Online que denunció las sospechas que sobrevolaron el acuerdo, la Asociación de Abogados Ambientalistas se contactó con la Fundación Ala Plástica, una ONG ambientalista que sigue el tema desde hace años. Luego de un encuentro mantenido en Capital Federal, el presidente de la Asociación, Mariano Aguilar, presentó un pedido de nulidad del acta acuerdo en la Justicia porteña, que debía homologar el convenio.
La presentación judicial
Las razones para pedir la nulidad se basaron en el artículo 41 de la Constitución nacional, que establece que “el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley” (en este caso la Ley 25.675), cuestión de la que Shell se quiso liberar desde el principio del litigio.
El director de Ala Plástica, Alejandro Meitin, explicó a La Política Online que la homologación también está trabada por un informe que presentó la ONG, elaborado con investigadores de la Universidad de Montevideo y la Universidad de La Plata que demuestra que “el daño persiste” hasta hoy.
“Hasta que no haya remediación por el daño ambiental no puede haber acuerdo entre las partes”, explicó el abogado ecologista Meitin.
Pero la Justicia porteña no sólo mantiene en el freezer el acta acuerdo sino que ahora hizo un guiño a más de 500 vecinos de Magdalena que demandaron a Shell a lo largo de los 10 años siguientes al derrame, al notificar a la multinacional por primera vez desde 1999.
Por daños económicos y de la salud, reclaman 1000 millones de pesos, una suma más coherente que los 9,5 millones de dólares ofrecidos por Shell si se la compara con otros desastres ambientales en el mundo que en algunos casos alcanzaron los 2500 millones de dólares de resarcimiento (un monto 263 veces mayor al que propuso la empresa holandesa para deshacerse del conflicto).
De todos modos, Meitin se lamenta que el conflicto se circunscriba solamente a una cuestión de dinero, puesto que el daño ambiental aún seguiría sin recomponerse por más que Shell pagara a los vecinos por sus causas particulares.
El silencio oficial
Meitin señaló por otro lado a La Política Online que llama la atención la pasividad que tuvo y tiene el Gobierno tanto a nivel nacional como provincial ante el conflicto con Shell.
El ecologista indicó que desde su fundación presentaron una nota por mesa de entrada al Gobierno de la provincia, otra al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y una nota por mesa de entrada a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación que encabeza Homero Bibiloni. Pero nadie respondió ni envió ningún tipo de señal.
Meitin explicó que lo único que recibió como respuesta de la titular del OPDS, Ana Corbi, fue que “ellos no tienen nada que ver, aunque la provincia y Nación tienen una responsabilidad absoluta en el tema ambiental”.
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