Sospechoso veto a la ley de glaciares
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Sospechoso veto a la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 21/11/2008
Fuente: La Nación - Editorial
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo optó por suspender la sesión de anteayer en la Cámara de Diputados ante la posibilidad de que se votara sobre tablas la ley sobre protección de glaciares que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la semana pasada.
La iniciativa que aprobó el Congreso en su momento es el fruto de la incansable labor de expertos, organizaciones sociales, ecologistas y amantes de las montañas, todos preocupados por la reducción cada vez mayor de los glaciares en el país.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución, la ley tenía como objeto establecer los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.
No proteger los glaciares significará que muchos pueblos y ciudades al pie de la cordillera de los Andes tendrán mayores dificultades para adaptarse a los efectos del cambio climático que ya ha llegado. La consecuencia es que aquellas regiones que necesitan el agua de las montañas que proviene de los glaciares y de la nieve acumulada cada año para desarrollar la agricultura, la ganadería, el turismo, la generación de energía y el consumo humano verán desaparecer en pocos años sus fuentes de provisión, a la luz de los modelos científicos que anuncian menores precipitaciones níveas en la Cordillera y, por ende, menor acumulación de nieve e inferior disponibilidad de agua.
En años en los que la nieve que cae no es suficiente, los glaciares proveen el agua para mantener las actividades productivas, mientras que en años abundantes los glaciares recargan sus reservas para entregarlas cuando resultan necesarias. Y ésa es una de las funciones que la naturaleza les ha otorgado a los glaciares, que debido a este veto presidencial y a las actividades desenfrenadas del hombre, desaparecerán antes de lo que debería suceder.
Se trata de uno de los tantos servicios que la naturaleza brinda, pero que no se contabilizan en el cálculo del producto bruto interno (PBI). Así, la desaparición de estas funciones clave para nuestro bienestar no es percibida por la sociedad, aun cuando sea ésta la que deberá afrontar esas pérdidas, de modo directo al mermar la calidad de vida, y de modo indirecto a través de la financiación de obras de infraestructura para intentar revertir los daños generados por la pérdida de aquellas funciones.
La norma vetada impulsaba la creación del Inventario Nacional de Glaciares, que representan un 75 por ciento de la reserva hídrica de la Argentina. También impedía que en los hielos y en su entorno se realizaran actividades que pudieran "afectar su condición natural, o que implicaran su destrucción o traslado, o interfirieran en su avance, como por ejemplo la exploración y explotación minera o petrolífera".
Entre los débiles argumentos para vetar la ley, el Poder Ejecutivo afirmó que "ya existe legislación, como la ley general del ambiente (25.675), y que el Gobierno ha tomado medidas respecto de la cuestión ambiental". Nuestra Presidenta reveló que su decisión obedecía a que la prohibición de actividades descriptas en la ley podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas y que "resultaba excesivo prohibir la actividad de minería o perforación petrolera en los glaciares y en las llamadas áreas periglaciares que bordean los glaciares".
Como ya es costumbre, la autoridad ambiental, más persuadida por las directivas de los Kirchner que por una sólida ponderación de los temas ambientales, parece amordazada o guarda silencio, demostrando lo que hemos resaltado en esta columna: el medio ambiente no es una preocupación sincera en nuestro país.
Como en la mayoría de las cuestiones ambientales, estamos ahora frente a un tema de claras consecuencias transgeneracionales. Sería deseable entonces que nuestros legisladores supieran estar a la altura de las circunstancias globales y legislaran para el presente y el futuro de los argentinos, superando las empobrecidas directivas de la coyuntura partidaria.
Fecha de Publicación: 21/11/2008
Fuente: La Nación - Editorial
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo optó por suspender la sesión de anteayer en la Cámara de Diputados ante la posibilidad de que se votara sobre tablas la ley sobre protección de glaciares que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la semana pasada.
La iniciativa que aprobó el Congreso en su momento es el fruto de la incansable labor de expertos, organizaciones sociales, ecologistas y amantes de las montañas, todos preocupados por la reducción cada vez mayor de los glaciares en el país.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución, la ley tenía como objeto establecer los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.
No proteger los glaciares significará que muchos pueblos y ciudades al pie de la cordillera de los Andes tendrán mayores dificultades para adaptarse a los efectos del cambio climático que ya ha llegado. La consecuencia es que aquellas regiones que necesitan el agua de las montañas que proviene de los glaciares y de la nieve acumulada cada año para desarrollar la agricultura, la ganadería, el turismo, la generación de energía y el consumo humano verán desaparecer en pocos años sus fuentes de provisión, a la luz de los modelos científicos que anuncian menores precipitaciones níveas en la Cordillera y, por ende, menor acumulación de nieve e inferior disponibilidad de agua.
En años en los que la nieve que cae no es suficiente, los glaciares proveen el agua para mantener las actividades productivas, mientras que en años abundantes los glaciares recargan sus reservas para entregarlas cuando resultan necesarias. Y ésa es una de las funciones que la naturaleza les ha otorgado a los glaciares, que debido a este veto presidencial y a las actividades desenfrenadas del hombre, desaparecerán antes de lo que debería suceder.
Se trata de uno de los tantos servicios que la naturaleza brinda, pero que no se contabilizan en el cálculo del producto bruto interno (PBI). Así, la desaparición de estas funciones clave para nuestro bienestar no es percibida por la sociedad, aun cuando sea ésta la que deberá afrontar esas pérdidas, de modo directo al mermar la calidad de vida, y de modo indirecto a través de la financiación de obras de infraestructura para intentar revertir los daños generados por la pérdida de aquellas funciones.
La norma vetada impulsaba la creación del Inventario Nacional de Glaciares, que representan un 75 por ciento de la reserva hídrica de la Argentina. También impedía que en los hielos y en su entorno se realizaran actividades que pudieran "afectar su condición natural, o que implicaran su destrucción o traslado, o interfirieran en su avance, como por ejemplo la exploración y explotación minera o petrolífera".
Entre los débiles argumentos para vetar la ley, el Poder Ejecutivo afirmó que "ya existe legislación, como la ley general del ambiente (25.675), y que el Gobierno ha tomado medidas respecto de la cuestión ambiental". Nuestra Presidenta reveló que su decisión obedecía a que la prohibición de actividades descriptas en la ley podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas y que "resultaba excesivo prohibir la actividad de minería o perforación petrolera en los glaciares y en las llamadas áreas periglaciares que bordean los glaciares".
Como ya es costumbre, la autoridad ambiental, más persuadida por las directivas de los Kirchner que por una sólida ponderación de los temas ambientales, parece amordazada o guarda silencio, demostrando lo que hemos resaltado en esta columna: el medio ambiente no es una preocupación sincera en nuestro país.
Como en la mayoría de las cuestiones ambientales, estamos ahora frente a un tema de claras consecuencias transgeneracionales. Sería deseable entonces que nuestros legisladores supieran estar a la altura de las circunstancias globales y legislaran para el presente y el futuro de los argentinos, superando las empobrecidas directivas de la coyuntura partidaria.
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Glifosato: Preocupación por abortos
Preocupación por abortos espontáneos
Fecha de Publicación: 21/11/2008
Fuente: El Diario de Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El incremento de abortos espontáneos y casos de cáncer preocupa a los médicos del Hospital San Miguel de San Salvador. Los profesionales sospechan que se debe al uso de agroquímicos. El caso que detonó la alarma, fue el de una mujer a quien se le detectó que su bebé no tenía signos vitales y llevaba retenido en su vientre, más de 15 días. La paciente contó que usaba como asiento una lata de glifosato.
Los numerosos abortos espontáneos como las muertes de fetos de varios meses de gestión y el incremento de casos de cáncer en San Salvador, son los temas que más preocupa a las autoridades del Hospital San Miguel de esa ciudad.
Los hechos registrados en septiembre, no parecen ser casuales sino causales y, todo estaría vinculado al uso indiscriminado de productos agroquímicos, entre ellos, el glifosato. Por lo menos, esa es la sospecha que tiene el director del nosocomio de San Salvador, Hernán Bernhardt.
Las coincidencias son muchas. Con la expansión de la soja en San Salvador, se incrementó el uso de glifosato y, paralelamente con ello, aumentaron considerablemente las consultas médicas en el Hospital San Miguel.
En épocas de fumigaciones, en la guardia se atienden a numerosos pacientes con distintas reacciones en la piel, en los ojos y en la garganta, “como nunca antes se había dado”.
Pero la luz de alerta se prendió en el mes de septiembre, cuando en el Hospital San Miguel de San Salvador se registraron 4 abortos espontáneos y 4 muertes de fetos retenidos, que superaron la media habitual.
“Los ochos casos que tuvimos en septiembre nos llamó mucho la atención, porque nunca se había registrado un numero tan elevado. Dentro de esos pacientes, tuvimos el caso de una mujer, a quien se le debió inducir el aborto porque el feto estaba muerto y llevaba 15 días, retenido. Cuando se le hicieron las preguntas de rigor, la mujer nos comentó que utilizaba como asiento una lata de glifosato”, confesó a EL DIARIO, Bernhardt.
El Hospital San Miguel no cuenta con el servicio de Anatomía Patológica (o anatopatología), por lo que se desconoce las causas reales de la muerte de los fetos.
Pese a ello, lo que más preocupa a los médicos de San Salvador, es que los abortos se producen en pacientes que viven en zonas donde se realizan fumigaciones. “Acá la soja se siembra hasta en el ejido urbano y cuando se fumiga prácticamente toda la población queda expuesta a los agroquímicos y más si hay viento”, indicó el médico.
“Lo que nosotros tenemos son sospechas. No tenemos la confirmación científica sobre las causas de las muertes de los fetos o los casos de cáncer, pero sospechamos que están relacionados con el uso de agroquímicos. Nuestras sospechas se basan en que, coincidentemente, con la expansión de la soja y el uso del glifosato, en el hospital comenzamos a ver casos que antes no se habían registrado, entre ellos, los numerosos los numerosos abortos espontáneos”, dijo el director del San Miguel.
En ese sentido, el profesional apuntó que “el incremento fue notable, tanto en abortos espontáneos como en fetos muertos retenidos. Por lo que uno conoce y ha leído, creemos que estos casos estarían relacionados con el uso de agroquímicos. Hay mucha literatura sobre las consecuencias y efectos que causan los agroquímicos y sobre eso basamos nuestras sospechas”, enfatizó.
GLIFOSATO. El caso de la mujer, que durante 15 o 20 días retuvo en su vientre a su bebé muerto, se conoció durante una conferencia de prensa que brindó el director del Hospital San Miguel para anunciar las jornadas sobre el uso de agroquímicos, que comenzaron ayer y finalizarán hoy.
Durante el encuentro con los medios de San Salvador, Bernhardt reveló que
“una mujer hacía 15 días que tenía el feto muerto” y “empezando a averiguar cuáles serían las causas posibles, nos comentó que utilizaba como asiento una lata de RoundUp (glifosato)”.
Además, remarcó que “hemos tenido varios casos en los cuales hubo fetos muertos y retenidos, tenemos un aumento notable de los cánceres de todos los tipos”, advirtió el director, al tiempo que confesó que “realmente nos preocupa a nivel Hospital la cantidad de abortos, que es muy superior a los últimos meses y años, y a la cantidad de fetos muertos y retenidos que se han registrado, quienes a veces tienen el feto muerto por 15 ó 20 días y no lo pueden expulsar”.
Tal como lo advirtió durante la entrevista con este medio, Bernhardt dijo que una de las consecuencias de las muertes de los fetos, de varios meses de gestión, podría estar vinculada al uso de agroquímicos. “Podemos presumir que puede tener algún tipo de relación, no lo podemos asegurar, pero son datos que tenemos”, enfatizó, el director, al tiempo que aseguró que “en San Salvador, se está fumigando a 50 metros del ejido urbano, y hay gente que está sufriendo el efecto de los agroquímicos”.
Lo que sucede en San Salvador, también está pasando en otras partes de la provincia y el país. En ese sentido, el doctor Daniel Verzeñassi, integrante del Foro Ecologista de Paraná (FEP), dijo que “cada vez son más las graves consecuencias que los agroquímicos utilizados en la siembra, le causan al medio ambiente y a la salud”.
En declaraciones radiales, el profesional dijo que “en la provincia son muchas las
empresas que trabajan con agroquímicos, pero no hay un seguimiento por parte del Estado, ni hay ningún organismo al cual se pueda concurrir para que actúe al respecto o se pueda reclamar”.
Verzeñassi dijo que “cada vez son más las graves consecuencias que los agroquímicos que se utilizan en las siembras, le causan al medio ambiente y a la salud” y agregó que “hoy se está dañado fuertemente nuestro entorno y esto no es lo peor, si no se hace nada al respecto, aparecerán cosas peores”.
El ambientalista, en coincidencia con los dichos del director del nosocomio de San Salvador, reconoció que “en los últimos años se han producido gran cantidad de casos de enfermedades relacionadas a la contaminación; linfomas, afecciones respiratorias y diferentes alteraciones endócrinas”.
Por las evidencias que existen sobre los efectos negativos y altamente perjudiciales para la salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato como “altamente tóxico”. Estudios científicas develaron que este poderoso agroquímico, puede producir efectos cancerígenos, acción mutagénica y contaminación de alimentos.
Fecha de Publicación: 21/11/2008
Fuente: El Diario de Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El incremento de abortos espontáneos y casos de cáncer preocupa a los médicos del Hospital San Miguel de San Salvador. Los profesionales sospechan que se debe al uso de agroquímicos. El caso que detonó la alarma, fue el de una mujer a quien se le detectó que su bebé no tenía signos vitales y llevaba retenido en su vientre, más de 15 días. La paciente contó que usaba como asiento una lata de glifosato.
Los numerosos abortos espontáneos como las muertes de fetos de varios meses de gestión y el incremento de casos de cáncer en San Salvador, son los temas que más preocupa a las autoridades del Hospital San Miguel de esa ciudad.
Los hechos registrados en septiembre, no parecen ser casuales sino causales y, todo estaría vinculado al uso indiscriminado de productos agroquímicos, entre ellos, el glifosato. Por lo menos, esa es la sospecha que tiene el director del nosocomio de San Salvador, Hernán Bernhardt.
Las coincidencias son muchas. Con la expansión de la soja en San Salvador, se incrementó el uso de glifosato y, paralelamente con ello, aumentaron considerablemente las consultas médicas en el Hospital San Miguel.
En épocas de fumigaciones, en la guardia se atienden a numerosos pacientes con distintas reacciones en la piel, en los ojos y en la garganta, “como nunca antes se había dado”.
Pero la luz de alerta se prendió en el mes de septiembre, cuando en el Hospital San Miguel de San Salvador se registraron 4 abortos espontáneos y 4 muertes de fetos retenidos, que superaron la media habitual.
“Los ochos casos que tuvimos en septiembre nos llamó mucho la atención, porque nunca se había registrado un numero tan elevado. Dentro de esos pacientes, tuvimos el caso de una mujer, a quien se le debió inducir el aborto porque el feto estaba muerto y llevaba 15 días, retenido. Cuando se le hicieron las preguntas de rigor, la mujer nos comentó que utilizaba como asiento una lata de glifosato”, confesó a EL DIARIO, Bernhardt.
El Hospital San Miguel no cuenta con el servicio de Anatomía Patológica (o anatopatología), por lo que se desconoce las causas reales de la muerte de los fetos.
Pese a ello, lo que más preocupa a los médicos de San Salvador, es que los abortos se producen en pacientes que viven en zonas donde se realizan fumigaciones. “Acá la soja se siembra hasta en el ejido urbano y cuando se fumiga prácticamente toda la población queda expuesta a los agroquímicos y más si hay viento”, indicó el médico.
“Lo que nosotros tenemos son sospechas. No tenemos la confirmación científica sobre las causas de las muertes de los fetos o los casos de cáncer, pero sospechamos que están relacionados con el uso de agroquímicos. Nuestras sospechas se basan en que, coincidentemente, con la expansión de la soja y el uso del glifosato, en el hospital comenzamos a ver casos que antes no se habían registrado, entre ellos, los numerosos los numerosos abortos espontáneos”, dijo el director del San Miguel.
En ese sentido, el profesional apuntó que “el incremento fue notable, tanto en abortos espontáneos como en fetos muertos retenidos. Por lo que uno conoce y ha leído, creemos que estos casos estarían relacionados con el uso de agroquímicos. Hay mucha literatura sobre las consecuencias y efectos que causan los agroquímicos y sobre eso basamos nuestras sospechas”, enfatizó.
GLIFOSATO. El caso de la mujer, que durante 15 o 20 días retuvo en su vientre a su bebé muerto, se conoció durante una conferencia de prensa que brindó el director del Hospital San Miguel para anunciar las jornadas sobre el uso de agroquímicos, que comenzaron ayer y finalizarán hoy.
Durante el encuentro con los medios de San Salvador, Bernhardt reveló que
“una mujer hacía 15 días que tenía el feto muerto” y “empezando a averiguar cuáles serían las causas posibles, nos comentó que utilizaba como asiento una lata de RoundUp (glifosato)”.
Además, remarcó que “hemos tenido varios casos en los cuales hubo fetos muertos y retenidos, tenemos un aumento notable de los cánceres de todos los tipos”, advirtió el director, al tiempo que confesó que “realmente nos preocupa a nivel Hospital la cantidad de abortos, que es muy superior a los últimos meses y años, y a la cantidad de fetos muertos y retenidos que se han registrado, quienes a veces tienen el feto muerto por 15 ó 20 días y no lo pueden expulsar”.
Tal como lo advirtió durante la entrevista con este medio, Bernhardt dijo que una de las consecuencias de las muertes de los fetos, de varios meses de gestión, podría estar vinculada al uso de agroquímicos. “Podemos presumir que puede tener algún tipo de relación, no lo podemos asegurar, pero son datos que tenemos”, enfatizó, el director, al tiempo que aseguró que “en San Salvador, se está fumigando a 50 metros del ejido urbano, y hay gente que está sufriendo el efecto de los agroquímicos”.
Lo que sucede en San Salvador, también está pasando en otras partes de la provincia y el país. En ese sentido, el doctor Daniel Verzeñassi, integrante del Foro Ecologista de Paraná (FEP), dijo que “cada vez son más las graves consecuencias que los agroquímicos utilizados en la siembra, le causan al medio ambiente y a la salud”.
En declaraciones radiales, el profesional dijo que “en la provincia son muchas las
empresas que trabajan con agroquímicos, pero no hay un seguimiento por parte del Estado, ni hay ningún organismo al cual se pueda concurrir para que actúe al respecto o se pueda reclamar”.
Verzeñassi dijo que “cada vez son más las graves consecuencias que los agroquímicos que se utilizan en las siembras, le causan al medio ambiente y a la salud” y agregó que “hoy se está dañado fuertemente nuestro entorno y esto no es lo peor, si no se hace nada al respecto, aparecerán cosas peores”.
El ambientalista, en coincidencia con los dichos del director del nosocomio de San Salvador, reconoció que “en los últimos años se han producido gran cantidad de casos de enfermedades relacionadas a la contaminación; linfomas, afecciones respiratorias y diferentes alteraciones endócrinas”.
Por las evidencias que existen sobre los efectos negativos y altamente perjudiciales para la salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato como “altamente tóxico”. Estudios científicas develaron que este poderoso agroquímico, puede producir efectos cancerígenos, acción mutagénica y contaminación de alimentos.
El calentamiento en la Argentina
El impacto ambiental en la Argentina
Fecha de Publicación: 20/11/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Argentina no está ajena a los efectos que está provocando el cambio climático. Además, hay que recordar que la base económica del país depende de la actividad agropecuaria, cualquier alteración que se produzca en el clima afecta directamente el desarrollo del país, porque la actividad industrial y de servicios no alcanzan los niveles de rentabilidad que logra el campo.
En los ultimos años se vienen experimentando señales que marcan el inicio de un cambio en las condiciones ambientales. A continuación, se mencionan algunas de ellas y los efectos que pueden provocar en nosotros a nivel terrritoral y economico.
* La ciudad de Buenos Aires viene sufriendo un aumento en los niveles pliviometricos desde el año 2000, las malas condiciones se prolongan por varios días y recientemente en julio de 2006 padecio de una tormenta con granizo de tamaño inusual y durante una epoca del año en donde este fenómeno meteorológico no es frecuente.
Ademas, los alertas meteorológicos pasan a ser un llamado de atención ante la proximidad de una tormenta, que pueden ser cada vez mas violentas y con mayor nivel de lluvias saturando los desagues pluviales. El promedio de lluevias ascendio en los ultimos 50 años en un 35%.
* Las tormentas marinas son cada vez más repentinas y violentas, provocan una fuerte erosión costera, cuya consecuencia directa es la pérdida de arena en las playas. Desde San Clemente del Tuyú, Pinamar, Villa Gesell, por nombrar algunos, el agua del mar está llegando a las avenidas costaneras o hasta la línea de edifiacion, situación que puede observarse en toda la costa bonaerense cuando se producen sudestadas mas o menos violentas que permanecen por varios dias.
* En la Patagonia, un ejemplo es la situación de riesgo que experimenta la ciudad de Viedma, que está emplazada a solo 2,5 metros sobre el nivel del mar y estaría en peligro y tal vez tenga que ser abandonada.
Viedma ya pasó por una experiencia de destrucción completa por un huracán del sudeste a fines del siglo XIX y puede correr riesgos semejantes si el cambio avanza, aumentando el nivel del mar (A. E. Brailovsky; "El cambio climatico en la Argentina").
* Si el nivel del mar sigue incrementándose como lo viene haciendo, la laguna de Mar Chiquita y de continuar el derretimiento de los hielos polares la ingresión marina ocuparía el centro de la provincia de Buenos Aires, alcanzando las lagunas encadenadas y ciudades como Lobos, Chascomús, Monte, Navarro, entre otras, quedaran sumergidas, el mismo peligro tienen las ciudades que se ubican sobre las costas del mar y grandes ríos.
* El significativo retroceso de los glaciares a un promedio de mas de 1 metro por año, durante los ultimos 10 años, esta situacion se repite en en 48 glaciares de los 50 que tiene la Argentina.
* Importantes zonas del país están experimentando lluvias inusuales como en Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba que provocan inundaciones, la situación se ve agravada por el desmonte para ampliar las areas de cultivo, que va perjudicando la calidad del suelo y favoreciendo su erosión.
* La disminución en la acumulación de nieve en la cordillera puede perjudicar la region cuyana con sequías.
* El aumento del nivel del mar comienza a salinizar algunos acuiferos, por ejemplo en la zona de Villa Gesell.
* El aumento de la temperatura y la escasez de lluvias favorece el desarrollo de incendios forestales.
* La falta de agua en algunas zonas, como para otras el exceso de lluvias, provocara cambios en las condiciones sanitarias, al extenderse las enfermedades tropicales y subtropicales, como el dengue y la leptopirosis.
* Progresiva pérdida de playas y acantilados con riesgo para las construcciones cercanas a la linea de playa.
De no detenerse este proceso, el país que hoy conocemos dejará de existir a raíz de los profundos cambios que experimentará y, a pesar de las señales que la naturaleza nos muestra, todavía no hay verdadera conciencia sobre los efectos nocivos de estas transformaciones, si bien existen proyectos por ejemplo limitar la deforestación estos aun no han sido tratados en el Congreso con la adecuada seriedad, y el desmonte continúa.
Fecha de Publicación: 20/11/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Argentina no está ajena a los efectos que está provocando el cambio climático. Además, hay que recordar que la base económica del país depende de la actividad agropecuaria, cualquier alteración que se produzca en el clima afecta directamente el desarrollo del país, porque la actividad industrial y de servicios no alcanzan los niveles de rentabilidad que logra el campo.
En los ultimos años se vienen experimentando señales que marcan el inicio de un cambio en las condiciones ambientales. A continuación, se mencionan algunas de ellas y los efectos que pueden provocar en nosotros a nivel terrritoral y economico.
* La ciudad de Buenos Aires viene sufriendo un aumento en los niveles pliviometricos desde el año 2000, las malas condiciones se prolongan por varios días y recientemente en julio de 2006 padecio de una tormenta con granizo de tamaño inusual y durante una epoca del año en donde este fenómeno meteorológico no es frecuente.
Ademas, los alertas meteorológicos pasan a ser un llamado de atención ante la proximidad de una tormenta, que pueden ser cada vez mas violentas y con mayor nivel de lluvias saturando los desagues pluviales. El promedio de lluevias ascendio en los ultimos 50 años en un 35%.
* Las tormentas marinas son cada vez más repentinas y violentas, provocan una fuerte erosión costera, cuya consecuencia directa es la pérdida de arena en las playas. Desde San Clemente del Tuyú, Pinamar, Villa Gesell, por nombrar algunos, el agua del mar está llegando a las avenidas costaneras o hasta la línea de edifiacion, situación que puede observarse en toda la costa bonaerense cuando se producen sudestadas mas o menos violentas que permanecen por varios dias.
* En la Patagonia, un ejemplo es la situación de riesgo que experimenta la ciudad de Viedma, que está emplazada a solo 2,5 metros sobre el nivel del mar y estaría en peligro y tal vez tenga que ser abandonada.
Viedma ya pasó por una experiencia de destrucción completa por un huracán del sudeste a fines del siglo XIX y puede correr riesgos semejantes si el cambio avanza, aumentando el nivel del mar (A. E. Brailovsky; "El cambio climatico en la Argentina").
* Si el nivel del mar sigue incrementándose como lo viene haciendo, la laguna de Mar Chiquita y de continuar el derretimiento de los hielos polares la ingresión marina ocuparía el centro de la provincia de Buenos Aires, alcanzando las lagunas encadenadas y ciudades como Lobos, Chascomús, Monte, Navarro, entre otras, quedaran sumergidas, el mismo peligro tienen las ciudades que se ubican sobre las costas del mar y grandes ríos.
* El significativo retroceso de los glaciares a un promedio de mas de 1 metro por año, durante los ultimos 10 años, esta situacion se repite en en 48 glaciares de los 50 que tiene la Argentina.
* Importantes zonas del país están experimentando lluvias inusuales como en Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba que provocan inundaciones, la situación se ve agravada por el desmonte para ampliar las areas de cultivo, que va perjudicando la calidad del suelo y favoreciendo su erosión.
* La disminución en la acumulación de nieve en la cordillera puede perjudicar la region cuyana con sequías.
* El aumento del nivel del mar comienza a salinizar algunos acuiferos, por ejemplo en la zona de Villa Gesell.
* El aumento de la temperatura y la escasez de lluvias favorece el desarrollo de incendios forestales.
* La falta de agua en algunas zonas, como para otras el exceso de lluvias, provocara cambios en las condiciones sanitarias, al extenderse las enfermedades tropicales y subtropicales, como el dengue y la leptopirosis.
* Progresiva pérdida de playas y acantilados con riesgo para las construcciones cercanas a la linea de playa.
De no detenerse este proceso, el país que hoy conocemos dejará de existir a raíz de los profundos cambios que experimentará y, a pesar de las señales que la naturaleza nos muestra, todavía no hay verdadera conciencia sobre los efectos nocivos de estas transformaciones, si bien existen proyectos por ejemplo limitar la deforestación estos aun no han sido tratados en el Congreso con la adecuada seriedad, y el desmonte continúa.
Basura e incendios en Córdoba
Basura, incendios, y algo más
Fecha de Publicación: 20/11/2008
Fuente: La Voz del Interior - Por Sergio Miglietta-Biólogo
Provincia/Región: Córdoba
Pareciera que las hectáreas incendiadas este año en la provincia no alcanzaron para cuestionarse si el Plan Provincial de Lucha contra el Fuego no necesita algún cambio.
El gobernador Juan Schiaretti anunció que iba a redestinar dinero del Fondo Provincial de Manejo del Fuego (impuesto que pagamos todos los cordobeses en la boleta de Epec) hacia la gestión de residuos sólidos urbanos de la ciudad Capital y de otras ciudades del interior provincial.
Se indicó que de los 45 millones de pesos recaudados durante el año, 15 millones se redestinarían para la gestión de residuos sólidos urbanos (basura). De esos 15 millones, la ciudad de Córdoba recibiría cinco millones para hacer frente al grave problema, sin solución aún, de la disposición de la basura.
Menos fondos. Pareciera, de esta manera, que la gran cantidad de hectáreas incendiadas durante este año en la provincia no fueron suficientes para cuestionarse si el Plan Provincial de Lucha contra el Fuego no necesita algún cambio. Por el contrario, ahora van a ser menos los fondos que recibirán los bomberos voluntarios para ésta cada vez más desigual lucha contra el fuego.
Por otro lado, parte de este dinero (15 millones de pesos) será destinado, según el gobernador, para ser utilizado en la planta de relleno sanitario de Bouwer. De esa manera, ciudades del Gran Córdoba y, particularmente la Municipalidad de Córdoba, podrán hacer una mejor utilización de esta planta.
A ver si se entiende: se quita dinero al plan de manejo del fuego; se destinan esos fondos para que no sólo los residuos producidos en la ciudad de Córdoba, sino también en otras ciudades, lo utilicen en la planta de enterramiento de Bouwer.
Así, la “vida útil” de la planta de enterramiento sanitario se verá acortada peligrosamente al destinarse mayor cantidad de basura por habitante de la ciudad.
De tal manera, los vecinos de la comuna de Bouwer pueden ver con sorpresa que frente a sus quejas y reclamos, los gobiernos provincial y municipal responden con mayor cantidad de basura para esa planta.
Todo esto, a pesar de que el Gobierno nacional, que tan bien sintoniza con el intendente Daniel Giacomino y con el gobernador Schiaretti, viene otorgando fondos desde hace tiempo, precisamente para la gestión de los residuos urbanos.
La Nación, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), diseñó la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Engirsu) con el objetivo de brindar respuestas adecuadas y concretas al manejo de los residuos, para configurar así una verdadera política de Estado.
Dada la necesidad de financiamiento para poder llevar adelante la Engirsu, el Gobierno nacional solicitó apoyo técnico y financiero al Banco Mundial. El directorio de ese organismo de crédito aprobó en 2006 el convenio de préstamo Birf-7362-AR, correspondiente al Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (PNGIRSU).
La Provincia y la Municipalidad de Córdoba son de las pocas administraciones bendecidas por el Gobierno nacional, que reciben fondos para éste problema.
Los fondos existentes de este programa no son pocos: el ya citado convenio de préstamo Birf 7362-AR, fue aprobado por el Gobierno nacional a través del decreto Nº 1.789/2006 de fecha 4 de febrero de 2006, con efectividad a partir del 1° de febrero de 2007.
Correspondía al PNGIRSU, operación de préstamo diseñada para “mejorar las prácticas de disposición final de residuo sólido urbano (RSU) por medio de la construcción de centros de disposición final (CDF) ambientalmente adecuados y socialmente aceptados, y del cierre de basurales”.
El PNGIRSU cuenta con estos fondos y se distribuiría de la siguiente forma:
Componente 1: Parte A del proyecto: Política y fortalecimiento institucional (4,9 millones de dólares).
Componente 2: Inversión para CDF (31,5 millones de dólares).
Componente 3: Reinserción social (1,5 millón de dólares).
Sin solución. Como conclusión se puede advertir que lejos están estos anuncios de dar una solución definitiva a los graves problemas ambientales que padecen la provincia y el municipio de Córdoba.
No son ni más ni menos que el reflejo de la buena sintonía política entre el gobernador y el intendente, pero los problemas no se solucionarán, sino que empeorarán.
Fecha de Publicación: 20/11/2008
Fuente: La Voz del Interior - Por Sergio Miglietta-Biólogo
Provincia/Región: Córdoba
Pareciera que las hectáreas incendiadas este año en la provincia no alcanzaron para cuestionarse si el Plan Provincial de Lucha contra el Fuego no necesita algún cambio.
El gobernador Juan Schiaretti anunció que iba a redestinar dinero del Fondo Provincial de Manejo del Fuego (impuesto que pagamos todos los cordobeses en la boleta de Epec) hacia la gestión de residuos sólidos urbanos de la ciudad Capital y de otras ciudades del interior provincial.
Se indicó que de los 45 millones de pesos recaudados durante el año, 15 millones se redestinarían para la gestión de residuos sólidos urbanos (basura). De esos 15 millones, la ciudad de Córdoba recibiría cinco millones para hacer frente al grave problema, sin solución aún, de la disposición de la basura.
Menos fondos. Pareciera, de esta manera, que la gran cantidad de hectáreas incendiadas durante este año en la provincia no fueron suficientes para cuestionarse si el Plan Provincial de Lucha contra el Fuego no necesita algún cambio. Por el contrario, ahora van a ser menos los fondos que recibirán los bomberos voluntarios para ésta cada vez más desigual lucha contra el fuego.
Por otro lado, parte de este dinero (15 millones de pesos) será destinado, según el gobernador, para ser utilizado en la planta de relleno sanitario de Bouwer. De esa manera, ciudades del Gran Córdoba y, particularmente la Municipalidad de Córdoba, podrán hacer una mejor utilización de esta planta.
A ver si se entiende: se quita dinero al plan de manejo del fuego; se destinan esos fondos para que no sólo los residuos producidos en la ciudad de Córdoba, sino también en otras ciudades, lo utilicen en la planta de enterramiento de Bouwer.
Así, la “vida útil” de la planta de enterramiento sanitario se verá acortada peligrosamente al destinarse mayor cantidad de basura por habitante de la ciudad.
De tal manera, los vecinos de la comuna de Bouwer pueden ver con sorpresa que frente a sus quejas y reclamos, los gobiernos provincial y municipal responden con mayor cantidad de basura para esa planta.
Todo esto, a pesar de que el Gobierno nacional, que tan bien sintoniza con el intendente Daniel Giacomino y con el gobernador Schiaretti, viene otorgando fondos desde hace tiempo, precisamente para la gestión de los residuos urbanos.
La Nación, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), diseñó la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Engirsu) con el objetivo de brindar respuestas adecuadas y concretas al manejo de los residuos, para configurar así una verdadera política de Estado.
Dada la necesidad de financiamiento para poder llevar adelante la Engirsu, el Gobierno nacional solicitó apoyo técnico y financiero al Banco Mundial. El directorio de ese organismo de crédito aprobó en 2006 el convenio de préstamo Birf-7362-AR, correspondiente al Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (PNGIRSU).
La Provincia y la Municipalidad de Córdoba son de las pocas administraciones bendecidas por el Gobierno nacional, que reciben fondos para éste problema.
Los fondos existentes de este programa no son pocos: el ya citado convenio de préstamo Birf 7362-AR, fue aprobado por el Gobierno nacional a través del decreto Nº 1.789/2006 de fecha 4 de febrero de 2006, con efectividad a partir del 1° de febrero de 2007.
Correspondía al PNGIRSU, operación de préstamo diseñada para “mejorar las prácticas de disposición final de residuo sólido urbano (RSU) por medio de la construcción de centros de disposición final (CDF) ambientalmente adecuados y socialmente aceptados, y del cierre de basurales”.
El PNGIRSU cuenta con estos fondos y se distribuiría de la siguiente forma:
Componente 1: Parte A del proyecto: Política y fortalecimiento institucional (4,9 millones de dólares).
Componente 2: Inversión para CDF (31,5 millones de dólares).
Componente 3: Reinserción social (1,5 millón de dólares).
Sin solución. Como conclusión se puede advertir que lejos están estos anuncios de dar una solución definitiva a los graves problemas ambientales que padecen la provincia y el municipio de Córdoba.
No son ni más ni menos que el reflejo de la buena sintonía política entre el gobernador y el intendente, pero los problemas no se solucionarán, sino que empeorarán.
Los diputados vetaron a la presidenta Cristina
Los diputados vetaron a la presidenta Cristina
Fecha de Publicación: 19/11/2008
Fuente: Crítica
Provincia/Región: Nacional
La Comisión de Recursos Naturales rechazó el veto a la ley de protección de glaciares. Si se vuelve a aprobar, CFK no podrá hacer nada. 06:11 | 19.11.2008 El veto presidencial sobre la ley de protección de glaciares cayó muy mal entre los ambientalistas.
El polémico veto de Cristina Fernández de Kirchner a la ley de protección de los glaciares fue rechazado este martes por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, cuyos integrantes intentarán que el tema sea respaldado en el recinto.
En la reunión, los bloques opositores decidieron presentar mañana en la Comisión de Labor Parlamentaria un pedido para que el proyecto sea debatido en la sesión, donde para ratificar la ley es necesario el apoyo de los dos tercios de los votos.
El presidente de la Comisión, Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), consideró que el rechazo presidencial a la norma fue "contradictorio y débil", e impone "el derecho de propiedad" de las empresas mineras por sobre "el derecho ambiental".
En declaraciones a Criticadigital, Bonasso había advertido que insistiría en "la aprobación de la ley tal como está": "El único argumento que tienen los legisladores oficialistas para no aprobar la ley es la obediencia debida", disparó.
La decisión de la Presidenta había despertado reacciones negativas desde todos los sectores, pero también sospechas de que con esta medida se beneficiaba a las empresas mineras multinacionales que operan en la Cordillera de los Andes, principalmente en la provincia de San Juan.
El líder de la ONG Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), Raúl Montenegro, en diálogo con Críticadigital, atacó duramente el rechazo presidencial. “Cristina se va a tener que hacer cargo de su corresponsabilidad en la destrucción de los glaciares nacionales. Es un cóctel fatal entre la incompetencia de la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, y los ‘consejos’ de la Secretaría de Minería”.
Luego Montenegro fue más allá y habló de un claro mensaje hacia las mineras. “Con este veto, tienen vía libre para seguir explotando a mansalva el suelo argentino”.
LOS CAMINOS DE LA LEY. Una vez que llegue a Diputados se necesitará de los dos tercios de los votos positivos tanto de la Cámara Baja como luego en el Senado para transformarse la ley. De lograrse, Cristina estará obligada a promulgarla.
La ley había sido aprobada por unanimidad en la Cámara Alta con 47 legisladores presentes y en concreto prponía la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, como lo posee Chile.
En su artículo 6 prohibía que en los glaciares y su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance.
Pero Fernández de Kirchner argumentó en el decreto 1837/08 que los gobernadores de provincias andinas temían que la ley de glaciares amenazara el desarrollo de sus regiones. El texto del veto agregó que “era excesivo” prohibir la actividad de minería o perforación petrolera en los glaciares y en las llamadas áreas peri glaciares que bordean los glaciares.
LA SOMBRA DE BARRICK GOLD. La ley aprobada el mes pasado por el Congreso amenazaba los planes de la mayor firma minera mundial de oro, Barrick Gold Corp, para construir una mina de u$s 2.400 millones en los nevados picos de los Andes entre Argentina y Chile.
El proyecto sanjuanino Pascua Lama, de Barrick, enfrentó un torrente de protestas de activistas verdes en Chile, pero finalmente recibió la aprobación del gobierno de ese país después de que la compañía prometió no tocar los glaciares andinos que bordean el remoto sitio. Poco después, obtuvo la aprobación de las autoridades argentinas.
No obstante, la firma no ha podido comenzar con los trabajos en la mina debido a una disputa entre Argentina y Chile sobre cómo compartir los ingresos fiscales del proyecto transfronterizo, y por la estructura impositiva que debe afrontar Barrick en la Argentina, superior a la que paga en Chile.
Fecha de Publicación: 19/11/2008
Fuente: Crítica
Provincia/Región: Nacional
La Comisión de Recursos Naturales rechazó el veto a la ley de protección de glaciares. Si se vuelve a aprobar, CFK no podrá hacer nada. 06:11 | 19.11.2008 El veto presidencial sobre la ley de protección de glaciares cayó muy mal entre los ambientalistas.
El polémico veto de Cristina Fernández de Kirchner a la ley de protección de los glaciares fue rechazado este martes por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, cuyos integrantes intentarán que el tema sea respaldado en el recinto.
En la reunión, los bloques opositores decidieron presentar mañana en la Comisión de Labor Parlamentaria un pedido para que el proyecto sea debatido en la sesión, donde para ratificar la ley es necesario el apoyo de los dos tercios de los votos.
El presidente de la Comisión, Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), consideró que el rechazo presidencial a la norma fue "contradictorio y débil", e impone "el derecho de propiedad" de las empresas mineras por sobre "el derecho ambiental".
En declaraciones a Criticadigital, Bonasso había advertido que insistiría en "la aprobación de la ley tal como está": "El único argumento que tienen los legisladores oficialistas para no aprobar la ley es la obediencia debida", disparó.
La decisión de la Presidenta había despertado reacciones negativas desde todos los sectores, pero también sospechas de que con esta medida se beneficiaba a las empresas mineras multinacionales que operan en la Cordillera de los Andes, principalmente en la provincia de San Juan.
El líder de la ONG Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), Raúl Montenegro, en diálogo con Críticadigital, atacó duramente el rechazo presidencial. “Cristina se va a tener que hacer cargo de su corresponsabilidad en la destrucción de los glaciares nacionales. Es un cóctel fatal entre la incompetencia de la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, y los ‘consejos’ de la Secretaría de Minería”.
Luego Montenegro fue más allá y habló de un claro mensaje hacia las mineras. “Con este veto, tienen vía libre para seguir explotando a mansalva el suelo argentino”.
LOS CAMINOS DE LA LEY. Una vez que llegue a Diputados se necesitará de los dos tercios de los votos positivos tanto de la Cámara Baja como luego en el Senado para transformarse la ley. De lograrse, Cristina estará obligada a promulgarla.
La ley había sido aprobada por unanimidad en la Cámara Alta con 47 legisladores presentes y en concreto prponía la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, como lo posee Chile.
En su artículo 6 prohibía que en los glaciares y su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance.
Pero Fernández de Kirchner argumentó en el decreto 1837/08 que los gobernadores de provincias andinas temían que la ley de glaciares amenazara el desarrollo de sus regiones. El texto del veto agregó que “era excesivo” prohibir la actividad de minería o perforación petrolera en los glaciares y en las llamadas áreas peri glaciares que bordean los glaciares.
LA SOMBRA DE BARRICK GOLD. La ley aprobada el mes pasado por el Congreso amenazaba los planes de la mayor firma minera mundial de oro, Barrick Gold Corp, para construir una mina de u$s 2.400 millones en los nevados picos de los Andes entre Argentina y Chile.
El proyecto sanjuanino Pascua Lama, de Barrick, enfrentó un torrente de protestas de activistas verdes en Chile, pero finalmente recibió la aprobación del gobierno de ese país después de que la compañía prometió no tocar los glaciares andinos que bordean el remoto sitio. Poco después, obtuvo la aprobación de las autoridades argentinas.
No obstante, la firma no ha podido comenzar con los trabajos en la mina debido a una disputa entre Argentina y Chile sobre cómo compartir los ingresos fiscales del proyecto transfronterizo, y por la estructura impositiva que debe afrontar Barrick en la Argentina, superior a la que paga en Chile.
Se incrementó la erosión en las costas
Por el cambio climático, se incrementó la erosión en las costas argentinas
Fecha de Publicación: 18/11/2008
Fuente: DERF
Provincia/Región: Nacional
El sector bonaerense de Punta Piedras, que bordea el Río de la Plata, retrocedió unos 0,2 metros cada año desde 1969 hasta 1990. Valor que se triplicó entre 1990 y 2002 hasta alcanzar los 0,7 metros por año.
En Comodoro Rivadavia, Chubut, el desgaste costero fue de unos 0,2 metros por año entre 1927 y 1980, mientras que entre 1980 y el presente llega a 0,6 metros por año, según informó el diario La Nación.
"Diversos indicadores ponen en evidencia que el fenómeno erosivo está en aumento y que éste se hizo especialmente notable entre las décadas del 80 y el 90", dijo el geólogo Jorge Codignotto, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, tras estudiar la situación desde el delta del Paraná hasta Tierra del Fuego.
Las zonas bonaerenses como por ejemplo Punta Rasa, que desde 1892 hasta 1980 creció 250 metros, perdieron terreno a un promedio de 0,8 metros por año, según datos del investigador principal del Conicet.
"El calentamiento global aumenta el nivel del mar por derretimiento de los hielos polares y dilatación del agua. Además genera un efecto dominó porque los ciclones se desplazan hacia el Sur y se incrementa la frecuencia de tormentas intensas en áreas costeras, lo que agrava la erosión".
"Por otra parte, en el sector de playas bonaerenses el mal manejo por urbanización empeora la situación", agregó el profesional que formó parte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)patrocinado por las Naciones Unidas, que mereció el Premio Nobel de la Paz 2007, y la Organización Meteorológica Mundial.
"Al haber construido las calles perpendiculares al mar, cuando llueve el agua va como una tromba hacia la costa y forma un canaletón que lleva de 7 a 9 toneladas de arena al mar, donde la corriente de la deriva la acarrea como una cinta transportadora".
"Esta situación se debe multiplicar por cada una de las calles", indicó el investigador del Laboratorio de Geomorfología, Dinámica Costera y Ambiental de la Ciudad Universitaria.
La situación empeoró por la destrucción de los médanos para facilitar el acceso a las playas o por razones comerciales. "La duna naturalmente filtra el agua de lluvia que limpió todas las zonas urbanas e impide que vaya a parar al mar sin tratamiento previo", agregó.
En distintas localidades desde hace décadas tratan de evitar esta situación. "En Ostende, por ejemplo, se diseñaron las veredas muy anchas y verdes, y cada tanto muestran una depresión para acumular el agua de lluvia, que se infiltra en la tierra y de ese modo vuelve a formar el ciclo."
Las construcciones indebidas en la playa también son un obstáculo ya que "la costa es una zona móvil. Cuando hay erosión, se lleva parte de la arena de debajo del médano y en la época de acumulación la repone. Pero cuando se hacen casas, las paredes generan más erosión, y luego el mar lo que se lleva es la vivienda", explicó Codignotto.
La gente toma conciencia cuando los balnearios pierden su principal atracción, las playas. "En Villa Gesell en treinta años han destruido la costa. Ahora pusieron un sistema antidunas, que si bien es mejor que lo que venían haciendo, resulta un paliativo, no es la solución", indicó.
"Desde Punta Rasa hasta Mar del Plata, parte de la erosión se encuentra fundamentalmente potenciada por el incorrecto manejo territorial costero", destacó, sin pasar por alto el decreto 3202 del año 2006 que, a su criterio, puso algún límite a la ocupación costera bonaerense.
"Es el primer estado argentino que legisla en este aspecto, pero el cuidado de la costa debería hacerse de modo integrado entre todas las provincias y municipios, porque la naturaleza no responde a límites políticos. Si se levanta un espigón en Mar del Plata, impide que llegue arena a Villa Gesell, es un fenómeno en cadena".
La costa es un escenario movedizo, de transición entre agua y tierra. "La ocupación costera no debe hacerse como si fuera un lugar cualquiera, porque no lo es: cambia rápidamente y no en siglos, como equivocadamente se cree, sino en décadas".
"El delta del Paraná avanza a razón de 70 metros por año, la isla Martín García duplica su superficie cada 32 años y la zona bonaerense de Punta Indio retrocedió 70 metros en los últimos 70 años".
"El día de mañana se inundan ciertas áreas y dirán «qué fatalidad», cuando lo que no hubo fue planificación. Es un dislate que una persona medianamente informada sepa si hay agua en Marte y no conozca dónde está parado", concluyó el profesional.
Fecha de Publicación: 18/11/2008
Fuente: DERF
Provincia/Región: Nacional
El sector bonaerense de Punta Piedras, que bordea el Río de la Plata, retrocedió unos 0,2 metros cada año desde 1969 hasta 1990. Valor que se triplicó entre 1990 y 2002 hasta alcanzar los 0,7 metros por año.
En Comodoro Rivadavia, Chubut, el desgaste costero fue de unos 0,2 metros por año entre 1927 y 1980, mientras que entre 1980 y el presente llega a 0,6 metros por año, según informó el diario La Nación.
"Diversos indicadores ponen en evidencia que el fenómeno erosivo está en aumento y que éste se hizo especialmente notable entre las décadas del 80 y el 90", dijo el geólogo Jorge Codignotto, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, tras estudiar la situación desde el delta del Paraná hasta Tierra del Fuego.
Las zonas bonaerenses como por ejemplo Punta Rasa, que desde 1892 hasta 1980 creció 250 metros, perdieron terreno a un promedio de 0,8 metros por año, según datos del investigador principal del Conicet.
"El calentamiento global aumenta el nivel del mar por derretimiento de los hielos polares y dilatación del agua. Además genera un efecto dominó porque los ciclones se desplazan hacia el Sur y se incrementa la frecuencia de tormentas intensas en áreas costeras, lo que agrava la erosión".
"Por otra parte, en el sector de playas bonaerenses el mal manejo por urbanización empeora la situación", agregó el profesional que formó parte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)patrocinado por las Naciones Unidas, que mereció el Premio Nobel de la Paz 2007, y la Organización Meteorológica Mundial.
"Al haber construido las calles perpendiculares al mar, cuando llueve el agua va como una tromba hacia la costa y forma un canaletón que lleva de 7 a 9 toneladas de arena al mar, donde la corriente de la deriva la acarrea como una cinta transportadora".
"Esta situación se debe multiplicar por cada una de las calles", indicó el investigador del Laboratorio de Geomorfología, Dinámica Costera y Ambiental de la Ciudad Universitaria.
La situación empeoró por la destrucción de los médanos para facilitar el acceso a las playas o por razones comerciales. "La duna naturalmente filtra el agua de lluvia que limpió todas las zonas urbanas e impide que vaya a parar al mar sin tratamiento previo", agregó.
En distintas localidades desde hace décadas tratan de evitar esta situación. "En Ostende, por ejemplo, se diseñaron las veredas muy anchas y verdes, y cada tanto muestran una depresión para acumular el agua de lluvia, que se infiltra en la tierra y de ese modo vuelve a formar el ciclo."
Las construcciones indebidas en la playa también son un obstáculo ya que "la costa es una zona móvil. Cuando hay erosión, se lleva parte de la arena de debajo del médano y en la época de acumulación la repone. Pero cuando se hacen casas, las paredes generan más erosión, y luego el mar lo que se lleva es la vivienda", explicó Codignotto.
La gente toma conciencia cuando los balnearios pierden su principal atracción, las playas. "En Villa Gesell en treinta años han destruido la costa. Ahora pusieron un sistema antidunas, que si bien es mejor que lo que venían haciendo, resulta un paliativo, no es la solución", indicó.
"Desde Punta Rasa hasta Mar del Plata, parte de la erosión se encuentra fundamentalmente potenciada por el incorrecto manejo territorial costero", destacó, sin pasar por alto el decreto 3202 del año 2006 que, a su criterio, puso algún límite a la ocupación costera bonaerense.
"Es el primer estado argentino que legisla en este aspecto, pero el cuidado de la costa debería hacerse de modo integrado entre todas las provincias y municipios, porque la naturaleza no responde a límites políticos. Si se levanta un espigón en Mar del Plata, impide que llegue arena a Villa Gesell, es un fenómeno en cadena".
La costa es un escenario movedizo, de transición entre agua y tierra. "La ocupación costera no debe hacerse como si fuera un lugar cualquiera, porque no lo es: cambia rápidamente y no en siglos, como equivocadamente se cree, sino en décadas".
"El delta del Paraná avanza a razón de 70 metros por año, la isla Martín García duplica su superficie cada 32 años y la zona bonaerense de Punta Indio retrocedió 70 metros en los últimos 70 años".
"El día de mañana se inundan ciertas áreas y dirán «qué fatalidad», cuando lo que no hubo fue planificación. Es un dislate que una persona medianamente informada sepa si hay agua en Marte y no conozca dónde está parado", concluyó el profesional.
Gualeguaychú: Contaminando sin cruzar el río
Contaminando sin cruzar el río
Fecha de Publicación: 18/11/2008
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno de Entre Ríos confirmó que la mortandad de pájaros y otros animales ocurrida el mes pasado se debió al abuso de productos químicos en la producción agraria. La Asamblea de Gualeguaychú dijo que “es un tema que no dominamos”.
Finalmente, se produjo la temida catástrofe ambiental en Gualeguaychú: más de 30.000 pájaros como palomas, loros y cardenales murieron por “abuso de agroquímicos”, según determinaron las autoridades locales. A esa mortandad hay que sumarle la de halcones, zorros, peludos y otros animales que se intoxicaron por alimentarse de los pájaros envenenados. La causa no vino desde el otro lado del río, sino de éste, y el responsable no fue un extranjero, sino “el más poderoso propietario de tierras de la zona”, según una fuente de la investigación. Un funcionario provincial de Recursos Naturales denunció “el uso de sustancias tóxicas sin control por ingenieros agrónomos”; además, la fumigación indiscriminada produciría “intoxicación de peces en arroyos de la zona”.
Todo empezó cuando, en octubre pasado, un hombre que iba por un camino vecinal, cerca de Gualeguaychú, se espantó al ver la tierra cubierta de pájaros muertos. La investigación estableció que “un productor de girasol había puesto cebos tóxicos para combatir a los loros que se comen la semilla; el agroquímico que usó está permitido pero en dosis menores”, resumió Rubén Sarli, subsecretario de Producción Agrícola y Recursos Naturales de Entre Ríos.
Conrado González, director de Recursos Naturales de esa provincia, destacó que el tóxico “no sólo afecta a las especies atacadas, sino a otros animales que las consumen; en definitiva, la mayor parte de la fauna queda bajo los efectos de un veneno sin control”. El funcionario subrayó que “está prohibida la venta de agroquímicos sin ‘receta agronómica’, comparable con la receta médica, firmada por un ingeniero agrónomo que se hace responsable de administrar del producto”.
Según una fuente de los organismos de control provinciales, “quien causó la mortandad es el terrateniente más poderoso de la zona, dueño de 13 mil hectáreas”, cuyo nombre no fue dado a conocer.
El guardafauna Alfredo Casella contó que “en 34 hectáreas registramos unas 30 mil aves muertas, principalmente palomas y loros, pero también especies como cardenales, y, al ser época de nidificación, por cada hembra muerta hay que contar cuatro huevos que quedaron sin incubar”. Pudimos determinar que el veneno tenía efecto residual, ya que, junto a cadáveres en mal estado, había pájaros todavía agonizantes. Además, en cuanto morían se les reventaba el buche y el grano quedaba expuesto a ser comido por otro pájaro. También murieron comadrejas, zorros, zorrinos, peludos, caranchos, chimangos, halcones y halcones peregrinos, por consumir pájaros intoxicados.
González subrayó el riesgo de los agroquímicos clorados: “En general están prohibidos, aunque algunos productos contienen algo de cloro: esta sustancia no suele tener efecto inmediato, pero se acumula en los tejidos y, años después, causa daños graves”. Otra toxicidad “bastante común” se produce “cuando un avión fumiga dos lotes separados por un arroyo y, en vez de detenerse, rocía el agroquímico por encima del agua, lo cual produce intoxicación de peces”.
Consultada la Asamblea de Gualeguaychú, un vocero contestó que “es un tema que no dominamos, ya que la asamblea se formó alrededor del conflicto con Botnia”.
Fecha de Publicación: 18/11/2008
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno de Entre Ríos confirmó que la mortandad de pájaros y otros animales ocurrida el mes pasado se debió al abuso de productos químicos en la producción agraria. La Asamblea de Gualeguaychú dijo que “es un tema que no dominamos”.
Finalmente, se produjo la temida catástrofe ambiental en Gualeguaychú: más de 30.000 pájaros como palomas, loros y cardenales murieron por “abuso de agroquímicos”, según determinaron las autoridades locales. A esa mortandad hay que sumarle la de halcones, zorros, peludos y otros animales que se intoxicaron por alimentarse de los pájaros envenenados. La causa no vino desde el otro lado del río, sino de éste, y el responsable no fue un extranjero, sino “el más poderoso propietario de tierras de la zona”, según una fuente de la investigación. Un funcionario provincial de Recursos Naturales denunció “el uso de sustancias tóxicas sin control por ingenieros agrónomos”; además, la fumigación indiscriminada produciría “intoxicación de peces en arroyos de la zona”.
Todo empezó cuando, en octubre pasado, un hombre que iba por un camino vecinal, cerca de Gualeguaychú, se espantó al ver la tierra cubierta de pájaros muertos. La investigación estableció que “un productor de girasol había puesto cebos tóxicos para combatir a los loros que se comen la semilla; el agroquímico que usó está permitido pero en dosis menores”, resumió Rubén Sarli, subsecretario de Producción Agrícola y Recursos Naturales de Entre Ríos.
Conrado González, director de Recursos Naturales de esa provincia, destacó que el tóxico “no sólo afecta a las especies atacadas, sino a otros animales que las consumen; en definitiva, la mayor parte de la fauna queda bajo los efectos de un veneno sin control”. El funcionario subrayó que “está prohibida la venta de agroquímicos sin ‘receta agronómica’, comparable con la receta médica, firmada por un ingeniero agrónomo que se hace responsable de administrar del producto”.
Según una fuente de los organismos de control provinciales, “quien causó la mortandad es el terrateniente más poderoso de la zona, dueño de 13 mil hectáreas”, cuyo nombre no fue dado a conocer.
El guardafauna Alfredo Casella contó que “en 34 hectáreas registramos unas 30 mil aves muertas, principalmente palomas y loros, pero también especies como cardenales, y, al ser época de nidificación, por cada hembra muerta hay que contar cuatro huevos que quedaron sin incubar”. Pudimos determinar que el veneno tenía efecto residual, ya que, junto a cadáveres en mal estado, había pájaros todavía agonizantes. Además, en cuanto morían se les reventaba el buche y el grano quedaba expuesto a ser comido por otro pájaro. También murieron comadrejas, zorros, zorrinos, peludos, caranchos, chimangos, halcones y halcones peregrinos, por consumir pájaros intoxicados.
González subrayó el riesgo de los agroquímicos clorados: “En general están prohibidos, aunque algunos productos contienen algo de cloro: esta sustancia no suele tener efecto inmediato, pero se acumula en los tejidos y, años después, causa daños graves”. Otra toxicidad “bastante común” se produce “cuando un avión fumiga dos lotes separados por un arroyo y, en vez de detenerse, rocía el agroquímico por encima del agua, lo cual produce intoxicación de peces”.
Consultada la Asamblea de Gualeguaychú, un vocero contestó que “es un tema que no dominamos, ya que la asamblea se formó alrededor del conflicto con Botnia”.
Río Negro: Prevén nuevos amparos por ríos
Río Negro: Prevén nuevos amparos por la sanidad de la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro
Fecha de Publicación: 17/11/2008
Fuente: APP
Provincia/Región: Río Negro
La Asamblea General por la Sanidad de la Cuenca de los ríos Limay-Neuquén-Negro y Lago Nahuel Huapi “no pretende enfrentar al poder político, sino que uno de nuestros objetivos es promover la integración con el sector político de las provincias de Neuquén, Río Negro y el Partido de Patagones”. Así se expresó Elvio Mendioroz, uno de los referentes de los Vecinos Autoconvocados de Viedma-Patagones, adelantando además que se busca continuar con el camino de los amparos colectivos e individuales, subrayando que “queremos interjudicializar el tema; el amparo fue planteado a la AIC y después a los responsables necesarios que son ARSA y DPA. Como la AIC contestó que éste es un tema provincial y ellos son un organismo interjurisdiccional, como que se tendría que pasar al fuero federal, una vergüenza de por sí, entonces la idea es presentar un recurso de amparo desde Cipolletti a la ciudad de Neuquén”. Denunció además en diálogo con la agencia APP que el CODEMA “no es más que un filtro para tapar a los responsables políticos” de la contaminación por agroquímicos, subrayando que “el responsable de la contaminación y el uso de los agroquímicos es el Ministerio de Producción y por ejemplo hay una venta libre de estos productos, no son controlados”.
Indicó Elvio Mendioroz que “hay un problema básico, fundamental, que está vinculado con el cauce del río; hay una mínima establecida en 300 m3/seg. en función a la energía eléctrica a proveer a las ciudades y ese caudal no es solamente insuficiente para el ecosistema del río sino que es insuficiente para proyectar proyectos de desarrollo en el marco de la cuenca. Recordemos por favor que este río ancho y caudaloso se debe a que está contenido por el mar, lo real es el hilo de agua que llega y que se ve ya de General Conesa para arriba durante el invierno y que es insuficiente y que además viene poblado de algas que se generan en las represas y que producen un proceso de entroficación del agua”.
Señaló que “la idea es que los responsables de la cuenca consientan que tenemos un problema, que no respondan con la actitud caprichosa de decir que no, decir que los análisis dan bien cuando hay un incremento de patologías que lo asevera un hospital de Patagones, un crecimiento del 300% de los casos de gastroenteritis”.
Dijo en este sentido a la agencia APP que no duda de la seriedad de los análisis pero “si los análisis dan bien es porque los protocolos sobre los que se determinan estos resultados sobre la calidad del agua habrá que modificarlos. Un río no tiene porqué tener ningún índice de contaminación. Ese concepto de que para que haya progreso tiene que afectarse el medio ambiente es una aberración, es una vergüenza, una humillación no sólo a la naturaleza sino a la dignidad de las personas”.
Expresó además que también hay que modificar este concepto “de que porque el río es largo y caudaloso se autodepura; sí se autodepuran los orgánicos, pero no el volumen de los agroquímicos, ni de las industrias, ni del petróleo, ni de la cantidad de industrias urbanas que vuelcan sus residuos a través de las cloacas en el río”.
Indicó sobre los análisis sobre la calidad del agua que desde los organismos públicos dan bien que “hay un proceso legislativo tendiente a modificar las normas de control del río; no podemos estar supeditados a la energía eléctrica que le proveemos a las ciudades”, señalando que “no se puede consentir” que el destino de la plata de la AIC, un 1,5% de lo que recibe de la recaudación de las represas hidroeléctricas, se utilice para “construir costaneras, defensa de costas y pavimentar calles, sino que la prioridad es la sanidad del agua, recomposición de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, de líquidos industriales y su mantenimiento”.
Del encuentro concretado por la Asamblea en Viedma participaron la Asociación Ambientalista Rincón Limay de Plottier, la Asamblea de Vecinos de Cipolletti, los Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones, la Asociación Civil de Ecología Social ACES de Rincón Balsa Las Perlas y los Vecinos Autoconvocados en Defensa de Bahía Serena y Costas Libres de Bariloche.
Fecha de Publicación: 17/11/2008
Fuente: APP
Provincia/Región: Río Negro
La Asamblea General por la Sanidad de la Cuenca de los ríos Limay-Neuquén-Negro y Lago Nahuel Huapi “no pretende enfrentar al poder político, sino que uno de nuestros objetivos es promover la integración con el sector político de las provincias de Neuquén, Río Negro y el Partido de Patagones”. Así se expresó Elvio Mendioroz, uno de los referentes de los Vecinos Autoconvocados de Viedma-Patagones, adelantando además que se busca continuar con el camino de los amparos colectivos e individuales, subrayando que “queremos interjudicializar el tema; el amparo fue planteado a la AIC y después a los responsables necesarios que son ARSA y DPA. Como la AIC contestó que éste es un tema provincial y ellos son un organismo interjurisdiccional, como que se tendría que pasar al fuero federal, una vergüenza de por sí, entonces la idea es presentar un recurso de amparo desde Cipolletti a la ciudad de Neuquén”. Denunció además en diálogo con la agencia APP que el CODEMA “no es más que un filtro para tapar a los responsables políticos” de la contaminación por agroquímicos, subrayando que “el responsable de la contaminación y el uso de los agroquímicos es el Ministerio de Producción y por ejemplo hay una venta libre de estos productos, no son controlados”.
Indicó Elvio Mendioroz que “hay un problema básico, fundamental, que está vinculado con el cauce del río; hay una mínima establecida en 300 m3/seg. en función a la energía eléctrica a proveer a las ciudades y ese caudal no es solamente insuficiente para el ecosistema del río sino que es insuficiente para proyectar proyectos de desarrollo en el marco de la cuenca. Recordemos por favor que este río ancho y caudaloso se debe a que está contenido por el mar, lo real es el hilo de agua que llega y que se ve ya de General Conesa para arriba durante el invierno y que es insuficiente y que además viene poblado de algas que se generan en las represas y que producen un proceso de entroficación del agua”.
Señaló que “la idea es que los responsables de la cuenca consientan que tenemos un problema, que no respondan con la actitud caprichosa de decir que no, decir que los análisis dan bien cuando hay un incremento de patologías que lo asevera un hospital de Patagones, un crecimiento del 300% de los casos de gastroenteritis”.
Dijo en este sentido a la agencia APP que no duda de la seriedad de los análisis pero “si los análisis dan bien es porque los protocolos sobre los que se determinan estos resultados sobre la calidad del agua habrá que modificarlos. Un río no tiene porqué tener ningún índice de contaminación. Ese concepto de que para que haya progreso tiene que afectarse el medio ambiente es una aberración, es una vergüenza, una humillación no sólo a la naturaleza sino a la dignidad de las personas”.
Expresó además que también hay que modificar este concepto “de que porque el río es largo y caudaloso se autodepura; sí se autodepuran los orgánicos, pero no el volumen de los agroquímicos, ni de las industrias, ni del petróleo, ni de la cantidad de industrias urbanas que vuelcan sus residuos a través de las cloacas en el río”.
Indicó sobre los análisis sobre la calidad del agua que desde los organismos públicos dan bien que “hay un proceso legislativo tendiente a modificar las normas de control del río; no podemos estar supeditados a la energía eléctrica que le proveemos a las ciudades”, señalando que “no se puede consentir” que el destino de la plata de la AIC, un 1,5% de lo que recibe de la recaudación de las represas hidroeléctricas, se utilice para “construir costaneras, defensa de costas y pavimentar calles, sino que la prioridad es la sanidad del agua, recomposición de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, de líquidos industriales y su mantenimiento”.
Del encuentro concretado por la Asamblea en Viedma participaron la Asociación Ambientalista Rincón Limay de Plottier, la Asamblea de Vecinos de Cipolletti, los Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones, la Asociación Civil de Ecología Social ACES de Rincón Balsa Las Perlas y los Vecinos Autoconvocados en Defensa de Bahía Serena y Costas Libres de Bariloche.
Nueva área protegida en Córdoba
El predio del III Cuerpo será área protegida; quieren convertirlo en parque nacional
Fecha de Publicación: 17/11/2008
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Las 15 mil hectáreas serán Espacio Natural de Interés para la Conservación (ENIC). Lo firmará la presidenta Cristina Fernández durante su visita a Córdoba, a fin de mes. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmará en Córdoba el convenio para convertir al inmenso predio del Tercer Cuerpo de Ejército en Espacio Natural de Interés para la Conservación (ENIC), en el marco de su visita a la ciudad, prevista para fines de mes. Se habla del 29 de noviembre, aunque su llegada podría adelantarse uno o dos días.
El status de ENIC para estas tierras sería provisorio, ya que avanza en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que declararía a las casi 15 mil hectáreas en parque nacional. En esa ley también entrarían otros predios militares similares dispersos por el país, según dijo a este medio la diputada nacional Patricia Vaca Narvaja, quien al igual que su par Cecilia Merchán, trabaja en el tema.
El terreno en cuestión, y cuyo destino movilizó a organizaciones sociales como EsCalera y a la también legisladora nacional cordobesa Norma Morandini, equivale a más de la cuarta parte de la superficie del departamento Capital.
Está ubicado entre la Ruta Provincial E 55, la avenida Revolución Libertadora, (que une El Tropezón con Ruta Nacional 20, la Ruta 20 y el denominado Camino de la Cien Curvas que une la Calera con Villa Carlos Paz. El valor de esta tierra, fundamentalmente las más de 3.000 hectéreas de terreno llano, es altísimo, y el coordinador de EsCalera, Atilio Palacios, advirtió sobre el interés inmobiliario que despiertan.
Para convertirlo en ENIC, Cristina Fernández rubricará un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y Parques Nacionales.
Las tierras quedarán bajo la jurisdicción de la cartera que conduce Nilda Garré, pero a partir de ese momento el Ejército sólo podrá hacer un uso acotado del mismo.
En el mismo acto se firmará un convenio entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Universidad Nacional de Córdoba, que tendría a su cargo la elaboración de un proyecto de manejo y uso del terreno. Este proyecto podría recaer, dicen fuentes consultadas, en la Cátedra de Alta Montaña de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a cargo de Atilio Palacios.
A su vez, la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Romina Picolotti, apoyaría con fondos para el manejo del área.
“La idea es que en este proyecto tengan participación los cuatro municipios relacionados con el terreno (Calera, Córdoba, Malagueño, Villa Carlos Paz) y las organizaciones ambientalistas que están en el tema”, explicó Vaca Narvaja.
La noticia de la firma del convenio y la decisión de avanzar parlamentariamente en la creación de un parque nacional trae calma a la organización EsCalera -formada por organizaciones de la sociedad civil de Calera-, que puede ser considerada como una de las impulsoras de la protección de las 15 mil hectáreas militares.
Su coordinador admitió en diálogo con LA MAÑANA que en la agrupación había temor a que quedaron fuera de la protección la parte llana del terreno, que es considerada de mayor valor ambiental, por la variedad de especies vegetales autóctonas. Además, en la zona está enclavado uno de los principales acuíferos de la provincia.
En la actualidad, esa es la zona donde el Ejército siembra soja, lo que no podrían continuar haciendo tras la firma del acuerdo.
El valor de esa área también de índole judicial, ya que allí se supone que podría haber enterrados restos de personas desaparecidas en el campo de concentración La Perla.
Algunas estimaciones indican que el valor de la hectárea en la zona llana podría llegar al millón de pesos.
Para Palacios, sólo a través de la ley de parques nacionales el sector estará protegido. “El ENIC es una reserva de papel. Para que se cree una reserva a perpetuidad debe ser por ley”, señaló este ingeniero agrónomo que conduce también la cátedra de Alta Montaña de la UNC. Al respecto, Vaca Narvaja admitió que un convenio, por su naturaleza, “puede ser desconocido por otro gobierno”.
Proyectos de ley
En la actualidad, se discute en las comisiones de Defensa y de Recursos Naturales un proyecto de Merchán y su par Victoria Donda para convertir en Parque Nacional de la Memoria a las valiosas tierras, que contaría con la adhesión de varios legisladores por Córdoba.
Sin embargo, según comentó Vaca Narvaja, la decisión política del oficialismo es avanzar en un proyecto que involucre no sólo al área del III Cuerpo de Córdoba sino a otros ENIC dispersos por el país.
Este trámite legislativo que tendría turno recién el año próximo, y hasta que esto suceda, las 15 mil hectáreas serán zona protegida.
Si bien aún no se conoce la agenda oficial que Fernández de Kirchner cumplirá en Córdoba, se supone que la firma del acuerdo podría realizarse en la sede del Tercer Cuerpo de Ejército, ubicado camino a Calera.
Fecha de Publicación: 17/11/2008
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Las 15 mil hectáreas serán Espacio Natural de Interés para la Conservación (ENIC). Lo firmará la presidenta Cristina Fernández durante su visita a Córdoba, a fin de mes. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmará en Córdoba el convenio para convertir al inmenso predio del Tercer Cuerpo de Ejército en Espacio Natural de Interés para la Conservación (ENIC), en el marco de su visita a la ciudad, prevista para fines de mes. Se habla del 29 de noviembre, aunque su llegada podría adelantarse uno o dos días.
El status de ENIC para estas tierras sería provisorio, ya que avanza en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que declararía a las casi 15 mil hectáreas en parque nacional. En esa ley también entrarían otros predios militares similares dispersos por el país, según dijo a este medio la diputada nacional Patricia Vaca Narvaja, quien al igual que su par Cecilia Merchán, trabaja en el tema.
El terreno en cuestión, y cuyo destino movilizó a organizaciones sociales como EsCalera y a la también legisladora nacional cordobesa Norma Morandini, equivale a más de la cuarta parte de la superficie del departamento Capital.
Está ubicado entre la Ruta Provincial E 55, la avenida Revolución Libertadora, (que une El Tropezón con Ruta Nacional 20, la Ruta 20 y el denominado Camino de la Cien Curvas que une la Calera con Villa Carlos Paz. El valor de esta tierra, fundamentalmente las más de 3.000 hectéreas de terreno llano, es altísimo, y el coordinador de EsCalera, Atilio Palacios, advirtió sobre el interés inmobiliario que despiertan.
Para convertirlo en ENIC, Cristina Fernández rubricará un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y Parques Nacionales.
Las tierras quedarán bajo la jurisdicción de la cartera que conduce Nilda Garré, pero a partir de ese momento el Ejército sólo podrá hacer un uso acotado del mismo.
En el mismo acto se firmará un convenio entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Universidad Nacional de Córdoba, que tendría a su cargo la elaboración de un proyecto de manejo y uso del terreno. Este proyecto podría recaer, dicen fuentes consultadas, en la Cátedra de Alta Montaña de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a cargo de Atilio Palacios.
A su vez, la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Romina Picolotti, apoyaría con fondos para el manejo del área.
“La idea es que en este proyecto tengan participación los cuatro municipios relacionados con el terreno (Calera, Córdoba, Malagueño, Villa Carlos Paz) y las organizaciones ambientalistas que están en el tema”, explicó Vaca Narvaja.
La noticia de la firma del convenio y la decisión de avanzar parlamentariamente en la creación de un parque nacional trae calma a la organización EsCalera -formada por organizaciones de la sociedad civil de Calera-, que puede ser considerada como una de las impulsoras de la protección de las 15 mil hectáreas militares.
Su coordinador admitió en diálogo con LA MAÑANA que en la agrupación había temor a que quedaron fuera de la protección la parte llana del terreno, que es considerada de mayor valor ambiental, por la variedad de especies vegetales autóctonas. Además, en la zona está enclavado uno de los principales acuíferos de la provincia.
En la actualidad, esa es la zona donde el Ejército siembra soja, lo que no podrían continuar haciendo tras la firma del acuerdo.
El valor de esa área también de índole judicial, ya que allí se supone que podría haber enterrados restos de personas desaparecidas en el campo de concentración La Perla.
Algunas estimaciones indican que el valor de la hectárea en la zona llana podría llegar al millón de pesos.
Para Palacios, sólo a través de la ley de parques nacionales el sector estará protegido. “El ENIC es una reserva de papel. Para que se cree una reserva a perpetuidad debe ser por ley”, señaló este ingeniero agrónomo que conduce también la cátedra de Alta Montaña de la UNC. Al respecto, Vaca Narvaja admitió que un convenio, por su naturaleza, “puede ser desconocido por otro gobierno”.
Proyectos de ley
En la actualidad, se discute en las comisiones de Defensa y de Recursos Naturales un proyecto de Merchán y su par Victoria Donda para convertir en Parque Nacional de la Memoria a las valiosas tierras, que contaría con la adhesión de varios legisladores por Córdoba.
Sin embargo, según comentó Vaca Narvaja, la decisión política del oficialismo es avanzar en un proyecto que involucre no sólo al área del III Cuerpo de Córdoba sino a otros ENIC dispersos por el país.
Este trámite legislativo que tendría turno recién el año próximo, y hasta que esto suceda, las 15 mil hectáreas serán zona protegida.
Si bien aún no se conoce la agenda oficial que Fernández de Kirchner cumplirá en Córdoba, se supone que la firma del acuerdo podría realizarse en la sede del Tercer Cuerpo de Ejército, ubicado camino a Calera.
Responsabilidad y contaminación
Responsabilidad y contaminación
Fecha de Publicación: 15/11/2008
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Hay conductas cotidianas que generan serias consecuencias ambientales. En este registro se puede citar la proliferación del bolsas plásticas y la falta de cuidado ante el poder contaminante que tienen las pilas usadas.
Mientras en Nueva York se estudia la imposición de una carga fiscal al uso de bolsas plásticas, con el fin de desalentarlas por la condición no biodegradable del plástico, en la provincia de Buenos Aires una norma reciente dispone que en dos años los negocios deberán reemplazar este material. Pero en la mayoría de las jurisdicciones de nuestro país no hay previsiones equivalentes.
Por su lado, las pilas son altamente contaminantes. Sin embargo, son escasas las medidas públicas que se toman para cuidar el modo como se las tira.
Es necesario, entonces, que ante materiales riesgosos cuyo uso está cada vez más extendido en nuestro entorno, se adopten normas de cuidado y preservación del medio ambiente.
Ante materiales contaminantes de uso extendido -como pilas y bolsas plásticas- se debe promover un uso responsable y fijar formas de tratamiento de los desechos que aminoren los daños ambientales.
Fecha de Publicación: 15/11/2008
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Hay conductas cotidianas que generan serias consecuencias ambientales. En este registro se puede citar la proliferación del bolsas plásticas y la falta de cuidado ante el poder contaminante que tienen las pilas usadas.
Mientras en Nueva York se estudia la imposición de una carga fiscal al uso de bolsas plásticas, con el fin de desalentarlas por la condición no biodegradable del plástico, en la provincia de Buenos Aires una norma reciente dispone que en dos años los negocios deberán reemplazar este material. Pero en la mayoría de las jurisdicciones de nuestro país no hay previsiones equivalentes.
Por su lado, las pilas son altamente contaminantes. Sin embargo, son escasas las medidas públicas que se toman para cuidar el modo como se las tira.
Es necesario, entonces, que ante materiales riesgosos cuyo uso está cada vez más extendido en nuestro entorno, se adopten normas de cuidado y preservación del medio ambiente.
Ante materiales contaminantes de uso extendido -como pilas y bolsas plásticas- se debe promover un uso responsable y fijar formas de tratamiento de los desechos que aminoren los daños ambientales.
Se protege más a la minería que a los glaciares
Cristina protege más a la minería que a los glaciares
Fecha de Publicación: 15/11/2008
Fuente: Cronica Digital
Provincia/Región: Nacional
Mediante un decreto, la Presidenta vetó una ley de protección a los glaciares. Prefiere la explotación de minas y petróleo antes que la “absoluta prohibición”. Motivaciones fiscales
En una medida inédita para su gobierno, Cristina Fernández de Kirchner vetó una ley que protegía a los glaciares de la explotación minera. Mediante el decreto 1837, publicado esta semana en el Boletín Oficial, la mandataria observó y devolvió al Congreso (es decir, vetó) la ley –iba a ser la 26.418– que creaba el Inventario Nacional de Glaciares y prohibía en sus cercanías explotaciones de cualquier tipo: mineras, petrolíferas o industriales en general.
Según el decreto firmado por la Presidenta y el jefe de Gabinete, Sergio Massa, la vetada normativa “prohíbe, en los glaciares, las actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance”. A ese argumento en la misma norma se contrapone que “como señala la Secretaría de Minería, el establecimiento de presupuestos mínimos no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades, sino por el contrario a fijar parámetros mínimos que las provincias deben asegurar”.
El veto despertó la indignación de ambientalistas y opositores, que sospechan motivaciones fiscales o de negocios. “Permitir la explotación de minas a cielo abierto en las nacientes acuíferas del país es poner la dignidad y la vida humana al servicio de las empresas multinacionales. La Presidenta debería saber que el agua es un recurso escaso y con estas políticas condenan a las presentes y futuras generaciones”, acusó la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica), que integra la comisión de Minería de la Cámara baja. La legisladora agregó “durante toda su gestión, los Kirchner mantuvieron los beneficios económicos que las empresas mineras poseen desde la década de ‘90”.
Mientras tanto, desde la Secretaría de Minería, que conduce Jorge Mayoral, anunciaron que la Argentina es el tercer productor aurífero del continente americano, incluso por delante de países con fuerte tradición minera como Chile y Brasil. Las principales provincias productoras de oro son San Juan, Santa Cruz y Catamarca. La producción anual del país es de 42 toneladas, bastante lejos de las 266 toneladas de China, que ostenta el liderazgo mundial. “El crecimiento sostenido de la producción nacional de oro, sumado a la puesta en marcha de nuevos emprendimientos productivos, insertarán al país en el club de los 9 mayores productores auríferos del mundo en los próximos 5 años”, señaló Mayoral.
El régimen minero argentino tiene varias ventajas. Desde la estabilidad fiscal garantizada por 30 años a cada inversión, hasta la posibilidad de deducir el 100% del Impuesto a las Ganancias por inversiones.
Además, las provincias nunca podrán cobrar más de 3% de regalías sobre el valor del mineral en boca de la mina. En ese marco, Mayoral anunció inversiones de $ 40.000 millones durante los próximos años.
En sus declaraciones, el secretario de Minería también admitió motivaciones fiscales para el impulso a la mayor explotación de oro.
“Ante las actuales situaciones externas, buscamos desde el gobierno nacional promover el desarrollo de productos que son y serán fuertemente demandados, caso de los minerales como el oro”, dijo. Un argumento que, como se ve en el decreto 1837, peso más que la protección de los glaciares.
Fecha de Publicación: 15/11/2008
Fuente: Cronica Digital
Provincia/Región: Nacional
Mediante un decreto, la Presidenta vetó una ley de protección a los glaciares. Prefiere la explotación de minas y petróleo antes que la “absoluta prohibición”. Motivaciones fiscales
En una medida inédita para su gobierno, Cristina Fernández de Kirchner vetó una ley que protegía a los glaciares de la explotación minera. Mediante el decreto 1837, publicado esta semana en el Boletín Oficial, la mandataria observó y devolvió al Congreso (es decir, vetó) la ley –iba a ser la 26.418– que creaba el Inventario Nacional de Glaciares y prohibía en sus cercanías explotaciones de cualquier tipo: mineras, petrolíferas o industriales en general.
Según el decreto firmado por la Presidenta y el jefe de Gabinete, Sergio Massa, la vetada normativa “prohíbe, en los glaciares, las actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance”. A ese argumento en la misma norma se contrapone que “como señala la Secretaría de Minería, el establecimiento de presupuestos mínimos no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades, sino por el contrario a fijar parámetros mínimos que las provincias deben asegurar”.
El veto despertó la indignación de ambientalistas y opositores, que sospechan motivaciones fiscales o de negocios. “Permitir la explotación de minas a cielo abierto en las nacientes acuíferas del país es poner la dignidad y la vida humana al servicio de las empresas multinacionales. La Presidenta debería saber que el agua es un recurso escaso y con estas políticas condenan a las presentes y futuras generaciones”, acusó la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica), que integra la comisión de Minería de la Cámara baja. La legisladora agregó “durante toda su gestión, los Kirchner mantuvieron los beneficios económicos que las empresas mineras poseen desde la década de ‘90”.
Mientras tanto, desde la Secretaría de Minería, que conduce Jorge Mayoral, anunciaron que la Argentina es el tercer productor aurífero del continente americano, incluso por delante de países con fuerte tradición minera como Chile y Brasil. Las principales provincias productoras de oro son San Juan, Santa Cruz y Catamarca. La producción anual del país es de 42 toneladas, bastante lejos de las 266 toneladas de China, que ostenta el liderazgo mundial. “El crecimiento sostenido de la producción nacional de oro, sumado a la puesta en marcha de nuevos emprendimientos productivos, insertarán al país en el club de los 9 mayores productores auríferos del mundo en los próximos 5 años”, señaló Mayoral.
El régimen minero argentino tiene varias ventajas. Desde la estabilidad fiscal garantizada por 30 años a cada inversión, hasta la posibilidad de deducir el 100% del Impuesto a las Ganancias por inversiones.
Además, las provincias nunca podrán cobrar más de 3% de regalías sobre el valor del mineral en boca de la mina. En ese marco, Mayoral anunció inversiones de $ 40.000 millones durante los próximos años.
En sus declaraciones, el secretario de Minería también admitió motivaciones fiscales para el impulso a la mayor explotación de oro.
“Ante las actuales situaciones externas, buscamos desde el gobierno nacional promover el desarrollo de productos que son y serán fuertemente demandados, caso de los minerales como el oro”, dijo. Un argumento que, como se ve en el decreto 1837, peso más que la protección de los glaciares.
Se aprobó el plan Basura Cero en Rosario
El Concejo aprobó el plan Basura Cero en Rosario
Fecha de Publicación: 14/11/2008
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Rosario tendrá su plan de Basura Cero. Así lo decidieron los concejales que esta tarde aprobaron la ordenanza presentada hace dos años por Carlos Comi junto al Taller Ecologista para disminuir la producción de residuos y establecer mecanismos efectivos de separación y reciclado de los desechos en toda la ciudad. La iniciativa Basura Cero ya se desarrolla en otras partes del mundo que intentan avanzar en la gestión sustentable de los residuos. El desafío ahora será ponerlo en marcha.
El plan Basura Cero ha sido desarrollado en otras ciudades del mundo y fue presentado en Rosario con la intención de adoptar acciones serias para abordar el problema de la basura. La complejidad de la norma las largas discusiones se extendieron porque la ordenanza toca muchos intereses económicos y costumbres de los rosarinos ya que apunta fundamentalmente a disminuir las toneladas de basura que se producen cada día.
Es decir, el plan no es sólo separar y reciclar sino que apunta especialmente a achicar la generación de residuos. Así "las personas físicas o jurídicas que produzcan o comercialicen productos que, posterior a su uso, se conviertan en residuos" deberán elaborar productos o utilizar envases que faciliten su reutilización y reciclado. Además deberán comprometerse a desarrollar sistemas de depósito, devolución y retorno de los residuos derivados de sus productos.
La ordenanza establece un cronograma de reducción progresiva de la cantidad de residuos depositados en rellenos sanitarios, sentando como base el total de los residuos dispuestos en el año 2006. La meta para el año 2010 será la reducción de un 30% del peso de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Rosario dispuestos en rellenos sanitarios, para el año 2012 de un 50% del total del peso y un 75% para el 2017. Se prohíbe para el año 2020 la disposición final de residuos orgánicos y de materiales tanto reciclables como aprovechables.
Con este plan la ciudad podrá regular la gestión de sus residuos, disminuyendo gradualmente la cantidad de materiales enviados a rellenos sanitarios. A su vez, se evitará el derroche de recursos naturales, el deterioro de nuestros suelos, la contaminación, entre otras cuestiones.
El proyecto fue presentado en marzo de 2007 por el concejal del ARI, Carlos Comi, y el Taller Ecologista y luego de largas discusiones esta tarde se convirtió en ordenanza. El desafío ahora será que sea reglamentado por el Departamento Ejecutivo y puesto en marcha, justamente en esa instancia es dónde quedó varado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde la Legislatura lo aprobó pero después el jefe de Gobierno no lo implementó.
Fecha de Publicación: 14/11/2008
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Rosario tendrá su plan de Basura Cero. Así lo decidieron los concejales que esta tarde aprobaron la ordenanza presentada hace dos años por Carlos Comi junto al Taller Ecologista para disminuir la producción de residuos y establecer mecanismos efectivos de separación y reciclado de los desechos en toda la ciudad. La iniciativa Basura Cero ya se desarrolla en otras partes del mundo que intentan avanzar en la gestión sustentable de los residuos. El desafío ahora será ponerlo en marcha.
El plan Basura Cero ha sido desarrollado en otras ciudades del mundo y fue presentado en Rosario con la intención de adoptar acciones serias para abordar el problema de la basura. La complejidad de la norma las largas discusiones se extendieron porque la ordenanza toca muchos intereses económicos y costumbres de los rosarinos ya que apunta fundamentalmente a disminuir las toneladas de basura que se producen cada día.
Es decir, el plan no es sólo separar y reciclar sino que apunta especialmente a achicar la generación de residuos. Así "las personas físicas o jurídicas que produzcan o comercialicen productos que, posterior a su uso, se conviertan en residuos" deberán elaborar productos o utilizar envases que faciliten su reutilización y reciclado. Además deberán comprometerse a desarrollar sistemas de depósito, devolución y retorno de los residuos derivados de sus productos.
La ordenanza establece un cronograma de reducción progresiva de la cantidad de residuos depositados en rellenos sanitarios, sentando como base el total de los residuos dispuestos en el año 2006. La meta para el año 2010 será la reducción de un 30% del peso de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Rosario dispuestos en rellenos sanitarios, para el año 2012 de un 50% del total del peso y un 75% para el 2017. Se prohíbe para el año 2020 la disposición final de residuos orgánicos y de materiales tanto reciclables como aprovechables.
Con este plan la ciudad podrá regular la gestión de sus residuos, disminuyendo gradualmente la cantidad de materiales enviados a rellenos sanitarios. A su vez, se evitará el derroche de recursos naturales, el deterioro de nuestros suelos, la contaminación, entre otras cuestiones.
El proyecto fue presentado en marzo de 2007 por el concejal del ARI, Carlos Comi, y el Taller Ecologista y luego de largas discusiones esta tarde se convirtió en ordenanza. El desafío ahora será que sea reglamentado por el Departamento Ejecutivo y puesto en marcha, justamente en esa instancia es dónde quedó varado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde la Legislatura lo aprobó pero después el jefe de Gobierno no lo implementó.
Perjuicios de fumigaciones aéreas en arroceras
Denuncian los perjuicios de fumigaciones aéreas en arroceras
Fecha de Publicación: 14/11/2008
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Alberto Ermácora, presidente, y Juan Álvarez, secretario de la Cámara de Comercio, Industria y Producción del Departamento Bermejo, se dirigen a usted por inquietud de los asociados y vecinos de las localidades de La Leonesa y Las Palmas, con el fin de poner en su conocimiento los graves perjuicios que están ocasionando las contínuas fumigaciones aéreas en las arroceras que circundan ambas localidades.
Para ser más explícitos informamos que:
1) La toma de agua potable para los dos pueblos se encuentra en la laguna El Moncholo, escasos 200 metros del alambrado perimetral de una de las arroceras, siendo la laguna, además escurrimiento natural de dicha propiedad, por lo que todos los residuos agroquímicos escurren hacia dicho reservorio, aguas que serán consumidas luego por toda la población.
2) El Barrio La Ralera, con sus más de 800 familias, está ubicado calle por medio de este emprendimiento arrocero.
3) A escasos 200 y 350 metros del alambrado de este establecimiento se encuentran los dos mataderos que proveen de carne a las localidades.
4) A escasos 4 kilómetros se encuentra otro gran emprendimiento arrocero, rodeado por muchas familias de pequeños y medianos productores, que se ven afectados, no solo en su salud personal, sino también en sus explotaciones agropecuarias (apícolas, hortícolas, ganaderas, citrícolas y de granja), y este inmueble escurre naturalmente hacia la laguna El Palmar, sitio Ramsar, que debería ser protegido de estos contaminantes, cosa que en la práctica no se cumple.
La contaminación se debe fundamentalmente a las fumigaciones aéreas que sin regulación alguna y sin aviso previo se realizan durante varios meses al año y desde hace ya varios años. La derivación de los agroquímicos aplicados, según los estudios realizados, puede llegar hasta los 8 kilómetros por lo que no solo el barrio La Ralera y los productores vecinos se ven afectados, sino toda la población de La Leonesa y Las Palmas está hoy expuesta a dichos productos.
Hace pocos días en el suplemento rural de vuestro diario se informaba la intención de ampliar la cuenca arrocera a 20.000 hectáreas. Nos oponemos a que estos nuevos emprendimientos se lleven adelante en áreas pobladas, en zonas que perjudiquen a pequeños y medianos productores ya instalados, sin realizar los debidos estudios de impacto ambiental y sin el control de las autoridades de aplicación de la Ley de biocidas.
Por la experiencia que se tiene, ya que la explotación del arroz en nuestra zona se realiza desde hace más de 20 años, sabemos sobradamente que por la tecnificación del cultivo la mano de obra ocupada es mínima y la motorización de la economía es ínfima, ya que de no ser así el departamento Bermejo no tendría los graves problemas de desocupación y exclusión que hoy padece.
Por otro lado, el Estado ha invertido en dicha cuenca importante cantidad de recursos, ya sea en infraestructura, créditos, subsidios, maquinarias, etcétera siendo que dicha producción está exenta de tributos provinciales y se comercializa fuera del Chaco sin ningún tipo de valor agregado, y muchas veces, cosa que hemos comprobado, destruyendo caminos vecinales con camiones con sobrepeso para eludir los controles.
Desde ya agradecemos su predisposición para dar a conocer los fundamentos de nuestra entidad y los habitantes de ambos pueblos, en un tema tan delicado como es la salud y las graves consecuencias que pueden ocasionar los agrotóxicos empleados.
ALBERTO ERMACORA JUAN ALVAREZ
Presidente Secretario
Cámara de Comercio
Industria y Producción
Departamento Bermejo
Fecha de Publicación: 14/11/2008
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Alberto Ermácora, presidente, y Juan Álvarez, secretario de la Cámara de Comercio, Industria y Producción del Departamento Bermejo, se dirigen a usted por inquietud de los asociados y vecinos de las localidades de La Leonesa y Las Palmas, con el fin de poner en su conocimiento los graves perjuicios que están ocasionando las contínuas fumigaciones aéreas en las arroceras que circundan ambas localidades.
Para ser más explícitos informamos que:
1) La toma de agua potable para los dos pueblos se encuentra en la laguna El Moncholo, escasos 200 metros del alambrado perimetral de una de las arroceras, siendo la laguna, además escurrimiento natural de dicha propiedad, por lo que todos los residuos agroquímicos escurren hacia dicho reservorio, aguas que serán consumidas luego por toda la población.
2) El Barrio La Ralera, con sus más de 800 familias, está ubicado calle por medio de este emprendimiento arrocero.
3) A escasos 200 y 350 metros del alambrado de este establecimiento se encuentran los dos mataderos que proveen de carne a las localidades.
4) A escasos 4 kilómetros se encuentra otro gran emprendimiento arrocero, rodeado por muchas familias de pequeños y medianos productores, que se ven afectados, no solo en su salud personal, sino también en sus explotaciones agropecuarias (apícolas, hortícolas, ganaderas, citrícolas y de granja), y este inmueble escurre naturalmente hacia la laguna El Palmar, sitio Ramsar, que debería ser protegido de estos contaminantes, cosa que en la práctica no se cumple.
La contaminación se debe fundamentalmente a las fumigaciones aéreas que sin regulación alguna y sin aviso previo se realizan durante varios meses al año y desde hace ya varios años. La derivación de los agroquímicos aplicados, según los estudios realizados, puede llegar hasta los 8 kilómetros por lo que no solo el barrio La Ralera y los productores vecinos se ven afectados, sino toda la población de La Leonesa y Las Palmas está hoy expuesta a dichos productos.
Hace pocos días en el suplemento rural de vuestro diario se informaba la intención de ampliar la cuenca arrocera a 20.000 hectáreas. Nos oponemos a que estos nuevos emprendimientos se lleven adelante en áreas pobladas, en zonas que perjudiquen a pequeños y medianos productores ya instalados, sin realizar los debidos estudios de impacto ambiental y sin el control de las autoridades de aplicación de la Ley de biocidas.
Por la experiencia que se tiene, ya que la explotación del arroz en nuestra zona se realiza desde hace más de 20 años, sabemos sobradamente que por la tecnificación del cultivo la mano de obra ocupada es mínima y la motorización de la economía es ínfima, ya que de no ser así el departamento Bermejo no tendría los graves problemas de desocupación y exclusión que hoy padece.
Por otro lado, el Estado ha invertido en dicha cuenca importante cantidad de recursos, ya sea en infraestructura, créditos, subsidios, maquinarias, etcétera siendo que dicha producción está exenta de tributos provinciales y se comercializa fuera del Chaco sin ningún tipo de valor agregado, y muchas veces, cosa que hemos comprobado, destruyendo caminos vecinales con camiones con sobrepeso para eludir los controles.
Desde ya agradecemos su predisposición para dar a conocer los fundamentos de nuestra entidad y los habitantes de ambos pueblos, en un tema tan delicado como es la salud y las graves consecuencias que pueden ocasionar los agrotóxicos empleados.
ALBERTO ERMACORA JUAN ALVAREZ
Presidente Secretario
Cámara de Comercio
Industria y Producción
Departamento Bermejo
Gobierno reglamenta la ley de Biocombustibles
El Gobierno reglamentó la ley de Biocombustibles
Fecha de Publicación: 13/11/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los proyectos a desarrollar implican inversiones por "500 millones de dólares" en las provincias del noreste y noroeste
El ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció hoy un paquete de medidas para la producción de bioetanol a partir de la caña de azúcar, que, según dijo, beneficia a las economías regionales del noroeste argentino.
En el acto, realizado en la sede de la cartera de Economía, el funcionario detalló el plan que implica inversiones superiores a los "500 millones de dólares" y la creación de alrededor de 4000 nuevos puestos de trabajo en la región a través de la concreción de proyectos en Tucumán, Salta y Jujuy, y en provincias del noreste.
Para poner en funcionamiento el anuncio se firmaron las cinco resoluciones que reglamentan la Ley de 26.093 de Biocombustibles, para que el Bioetanol pueda ser mezclado, en un porcentual de 5%, con las naftas a partir de 2010, impulsada por el ex presidente Néstor Kirchner.
De Vido precisó que la medida "asegura a las economías regionales un aporte de producción de como mínimo un 20% en la demanda total de bioetanol". Y explicó que la metodología para fijar su precio "asegurará una rentabilidad permanente y razonable".
Según el funcionario, "el criterio central en la asignación de los beneficios impositivos será priorizar a las economías regionales, a las pymes, a los productores agropecuarios y de la actividad azucarera".
En Tucumán, se espera una inversión de 200 millones de dólares para producir 190 mil metros cúbicos anuales de bioetanol y 110.000 metros cúbicos entre Jujuy y Salta. En una primera etapa está prevista una producción de 300 millones de metros cúbicos por año, y cuando se completen las inversiones la capacidad se elevará a los 600 millones de metros cúbicos anuales.
"El crecimiento cualitativo a futuro será de 45 mil puestos de trabajo, de los cuales serán 2000 puestos nuevos en la actividad específica", detalló.
"Con estas medidas se alentara el desarrollo del bioetanol en Chaco, Formosa, Misiones y el norte de Santa Fe por medio de inversiones estimadas en 300 millones de dólares que generarán otros 2000 puestos de trabajo", concluyó.Por su parte, el presidente del Centro Azucarero regional del Norte Argentino, Federico Nicholson, destacó que actualmente la actividad "esta compuesta por 23 ingenios, 5500 cañeros independientes y más de 40.000 trabajadores directos". Y agregó: "En los últimos años [el sector] renovó inversiones, incorporó tecnología en búsqueda de una mayor eficiencia, tanto en las labores agrícolas como en las fabriles".
Fecha de Publicación: 13/11/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los proyectos a desarrollar implican inversiones por "500 millones de dólares" en las provincias del noreste y noroeste
El ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció hoy un paquete de medidas para la producción de bioetanol a partir de la caña de azúcar, que, según dijo, beneficia a las economías regionales del noroeste argentino.
En el acto, realizado en la sede de la cartera de Economía, el funcionario detalló el plan que implica inversiones superiores a los "500 millones de dólares" y la creación de alrededor de 4000 nuevos puestos de trabajo en la región a través de la concreción de proyectos en Tucumán, Salta y Jujuy, y en provincias del noreste.
Para poner en funcionamiento el anuncio se firmaron las cinco resoluciones que reglamentan la Ley de 26.093 de Biocombustibles, para que el Bioetanol pueda ser mezclado, en un porcentual de 5%, con las naftas a partir de 2010, impulsada por el ex presidente Néstor Kirchner.
De Vido precisó que la medida "asegura a las economías regionales un aporte de producción de como mínimo un 20% en la demanda total de bioetanol". Y explicó que la metodología para fijar su precio "asegurará una rentabilidad permanente y razonable".
Según el funcionario, "el criterio central en la asignación de los beneficios impositivos será priorizar a las economías regionales, a las pymes, a los productores agropecuarios y de la actividad azucarera".
En Tucumán, se espera una inversión de 200 millones de dólares para producir 190 mil metros cúbicos anuales de bioetanol y 110.000 metros cúbicos entre Jujuy y Salta. En una primera etapa está prevista una producción de 300 millones de metros cúbicos por año, y cuando se completen las inversiones la capacidad se elevará a los 600 millones de metros cúbicos anuales.
"El crecimiento cualitativo a futuro será de 45 mil puestos de trabajo, de los cuales serán 2000 puestos nuevos en la actividad específica", detalló.
"Con estas medidas se alentara el desarrollo del bioetanol en Chaco, Formosa, Misiones y el norte de Santa Fe por medio de inversiones estimadas en 300 millones de dólares que generarán otros 2000 puestos de trabajo", concluyó.Por su parte, el presidente del Centro Azucarero regional del Norte Argentino, Federico Nicholson, destacó que actualmente la actividad "esta compuesta por 23 ingenios, 5500 cañeros independientes y más de 40.000 trabajadores directos". Y agregó: "En los últimos años [el sector] renovó inversiones, incorporó tecnología en búsqueda de una mayor eficiencia, tanto en las labores agrícolas como en las fabriles".
Cristina vetó la ley de protección de los glaciares
Cristina vetó la ley de protección de los glaciares
Fecha de Publicación: 13/11/2008
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
A través del decreto 1.837, la Presidente dejó sin efecto una norma que prohíbe actividades como la minera o petrolera en los hielos.
En el texto del veto, la Presidenta sostiene que la prohibición puede "afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas".
Si hay algo que Cristina Fernández de Kirchner disfruta cada vez que viaja a El Calafate es apreciar el Glaciar Perito Moreno. La mayoría de sus fines de semana los pasa recluida allí, con su marido. "Junto con las Cataratas de Iguazú, son los dos atractivos más importantes de la Argentina, hay que cuidarlos", se la escuchó decir hace unos días en Misiones. Sin embargo, cuando los compromisos apremian, el placer queda de lado. En una maniobra casi inesperada, la Presidenta decidió esta semana vetar la ley 26.418 de protección de los glaciares que el Congreso sancionó por amplia mayoría el 22 de octubre pasado.
A través del decreto 1837/08, publicado el 10 de noviembre en el Boletín Oficial, Cristina Kirchner rechazó la norma que impulsaba la creación de un inventario nacional de Glaciares, que significan un 75% de la reserva hídrica. Para dar un ejemplo, el Perito Moreno tiene un frente de 5 kilómetros de longitud y más de sesenta metros de alto, una superficie similar a la de Capital Federal.
La ley 26.418 prohibía que en los hielos y en su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, como por ejemplo la exploración y explotación minera o petrolífera.
Sobre este tema, el geólogo Jorge Rabassa, experto del laboratorio de Geología del Cuaternario del Caddic-Ushuaia e investigador del Conicet, le explicó a Críticadigital que el veto "parece estar hecho a medida de las mineras. En especial las que extraen oro de los glaciares de alta montaña como Barrick Gold. Estas explotaciones traen contaminación de las aguas por el cianuro que se usa para separar el mineral, indispensable para los agricultores en zonas donde el riego es primordial como Mendoza, La Rioja y San Juan".
En ese sentido, Barrick Gold tiene dos proyectos millonarios para la extracción de oro de la Cordillera de Los Andes. Se trata de las excavaciones de Pascua Lama, compartida por San Juan y Chile, y en Famatina, La Rioja.
Según el texto del decreto-veto, la Secretaria de Minería dependiente del Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido, entiende que una ley Nacional “no puede fijar prohibiciones absolutas, sino establecer parámetros mínimos que las provincias cumplirán pudiendo determinar mayor rigidez aún, de acuerdo a su especial situación ambiental”.
LOS FUNDAMENTOS DE LA LEY. La ex diputada Marta Maffei es la autora de la ley que Cristina desechó. Con espíritu docente, Maffei impulsó la norma desde el Bloque del SI (ex miembros de la Coalición Cívica) y se lamenta por esa decisión ante Críticadigital. “El Gobierno tiene una actitud perversa y creó un modelo productivo depredador. Por un lado firma los tratados internacionales sobre ecología, pero en lo concreto no protegen los recursos naturales del país”.
El decreto presidencial argumenta que la ley vetada "podría afectar el desarrollo económico de las provincias afectadas, por la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas".
Pero Maffei explicó a este medio que "en los últimos 20 años, Argentina pasó de tener 4 a 60 mineras. Esta ley no prohíbe la minería, sólo pone límites a la explotación del agua de los glaciares".
La inciativa para proteger a los glaciares, incluido el Perito Moreno y los otros 354 que pertencen al Parque Nacional Los Glaciares, había sido aprobada por una amplia mayoría en el Congreso, por unanimidad en Diputados y con sólo 3 oposiciones en el Senado. Ahora volverá al Palacio Legislativo para su nuevo tratamiento.
Fecha de Publicación: 13/11/2008
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
A través del decreto 1.837, la Presidente dejó sin efecto una norma que prohíbe actividades como la minera o petrolera en los hielos.
En el texto del veto, la Presidenta sostiene que la prohibición puede "afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas".
Si hay algo que Cristina Fernández de Kirchner disfruta cada vez que viaja a El Calafate es apreciar el Glaciar Perito Moreno. La mayoría de sus fines de semana los pasa recluida allí, con su marido. "Junto con las Cataratas de Iguazú, son los dos atractivos más importantes de la Argentina, hay que cuidarlos", se la escuchó decir hace unos días en Misiones. Sin embargo, cuando los compromisos apremian, el placer queda de lado. En una maniobra casi inesperada, la Presidenta decidió esta semana vetar la ley 26.418 de protección de los glaciares que el Congreso sancionó por amplia mayoría el 22 de octubre pasado.
A través del decreto 1837/08, publicado el 10 de noviembre en el Boletín Oficial, Cristina Kirchner rechazó la norma que impulsaba la creación de un inventario nacional de Glaciares, que significan un 75% de la reserva hídrica. Para dar un ejemplo, el Perito Moreno tiene un frente de 5 kilómetros de longitud y más de sesenta metros de alto, una superficie similar a la de Capital Federal.
La ley 26.418 prohibía que en los hielos y en su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, como por ejemplo la exploración y explotación minera o petrolífera.
Sobre este tema, el geólogo Jorge Rabassa, experto del laboratorio de Geología del Cuaternario del Caddic-Ushuaia e investigador del Conicet, le explicó a Críticadigital que el veto "parece estar hecho a medida de las mineras. En especial las que extraen oro de los glaciares de alta montaña como Barrick Gold. Estas explotaciones traen contaminación de las aguas por el cianuro que se usa para separar el mineral, indispensable para los agricultores en zonas donde el riego es primordial como Mendoza, La Rioja y San Juan".
En ese sentido, Barrick Gold tiene dos proyectos millonarios para la extracción de oro de la Cordillera de Los Andes. Se trata de las excavaciones de Pascua Lama, compartida por San Juan y Chile, y en Famatina, La Rioja.
Según el texto del decreto-veto, la Secretaria de Minería dependiente del Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido, entiende que una ley Nacional “no puede fijar prohibiciones absolutas, sino establecer parámetros mínimos que las provincias cumplirán pudiendo determinar mayor rigidez aún, de acuerdo a su especial situación ambiental”.
LOS FUNDAMENTOS DE LA LEY. La ex diputada Marta Maffei es la autora de la ley que Cristina desechó. Con espíritu docente, Maffei impulsó la norma desde el Bloque del SI (ex miembros de la Coalición Cívica) y se lamenta por esa decisión ante Críticadigital. “El Gobierno tiene una actitud perversa y creó un modelo productivo depredador. Por un lado firma los tratados internacionales sobre ecología, pero en lo concreto no protegen los recursos naturales del país”.
El decreto presidencial argumenta que la ley vetada "podría afectar el desarrollo económico de las provincias afectadas, por la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas".
Pero Maffei explicó a este medio que "en los últimos 20 años, Argentina pasó de tener 4 a 60 mineras. Esta ley no prohíbe la minería, sólo pone límites a la explotación del agua de los glaciares".
La inciativa para proteger a los glaciares, incluido el Perito Moreno y los otros 354 que pertencen al Parque Nacional Los Glaciares, había sido aprobada por una amplia mayoría en el Congreso, por unanimidad en Diputados y con sólo 3 oposiciones en el Senado. Ahora volverá al Palacio Legislativo para su nuevo tratamiento.
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