Riachuelo: intiman a Armella a que de explicaciones
09:51 | 
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Eco Sitio |
Otra limpieza en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 29/08/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El juez designado para ejecutar la sentencia sobre la limpieza del Riachuelo ordena obras complejas en plazos perentorios. Esto obliga al contrato directo de obras, que benefician a empresas vinculadas con él.
La Corte Suprema le exigió al juez federal de Quilmes Luis Armella que le dé explicaciones, en un plazo máximo de cinco días, sobre el mecanismo que viene aplicando para ejecutar las obras complejas y la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo, que ha derivado en contrataciones millonarias sin licitación en beneficio de empresas cercanas al propio magistrado. A la vez, le pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que haga su propia evaluación sobre los procedimientos utilizados y las firmas beneficiadas, y entregue un informe en el plazo “más breve posible”. El tribunal se basó en la información revelada por Página/12 en su edición del domingo último. Analiza desplazar a Armella de la gran causa de saneamiento del Riachuelo y, si la investigación comprueba las irregularidades denunciadas, la Corte debería formular una denuncia penal. Armella fue designado por la propia Corte Suprema para que se ocupara de la ejecución del plan de limpieza del Riachuelo derivado de una serie de sentencias que dictó a partir de 2006 (ver nota aparte). Le tocó a él por una cuestión de jurisdicción y porque, según explicaron en el alto tribunal, era el juzgado menos cargado de trabajo en la zona. Las resoluciones supremas dispusieron medidas protectoras y se le encomendaron a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) los objetivos de mejorar la calidad de vida de los habitantes, recomponer el ambiente y prevenir daños. La Corte incluso fijó plazos precisos para sanear basurales, urbanizar villas y asentamientos, limpiar las márgenes del río, expandir la red de agua potable, construir una planta depuradora y generar un sistema sanitario de emergencia, entre otras cosas.
Este diario, en una nota firmada por el periodista Horacio Verbitsky, en su edición del domingo último, reveló que a través de documentos de la Acumar queda en evidencia un modus operandi en la actuación de Armella: intima a la Autoridad de Cuenca a realizar proyectos y obras en plazos perentorios, bajo apercibimiento de recibir sanciones graves. Ante la premura, Acumar (de la que participan la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma junto con catorce municipios) obvia la licitación y adjudica la realización de las obras a empresas cercanas, especialmente por lazos de parentesco, al mismo juez (ver aparte). Las obras iniciadas o a realizar por ese núcleo de empresas llegan por lo menos a 250 millones de pesos. Los precios duplican los valores de mercado. Las intimaciones sólo aceleran la firma de los contratos, pero no ocurre lo mismo con el avance de las obras.
Los jueces de la Corte recibieron la información como un baldazo de agua fría y le requirieron a Armella en una breve notificación que explique los que ya son “hechos de conocimiento público” que “afectan la credibilidad del plan de saneamiento” de la cuenca hídrica más contaminada del país. “En un tema de esta envergadura no podemos ser blandos”, dijo un juez supremo. “No podemos dejar esto en incertidumbre”, señaló. Durante el acuerdo de ayer, uno de los ministros, Enrique Petracchi, planteó que Armella debía ser directamente desplazado del tema. El resto de los jueces, en consideración a la complejidad de la causa, prefirió esperar a analizar la respuesta que proporcionen el magistrado y la auditoría encomendada.
La AGN auditará “las contrataciones y la regularidad de los procedimientos que involucran a las obras públicas previstas en el Plan Integral del Saneamiento Ambiental”. El organismo analizará “las obras, los procedimientos de selección e identificación de empresas adjudicatarias y su integración”, además de las transferencias de fondos desde distintas jurisdicciones. Su titular, Leandro Despouy, señaló que los datos publicados por este diario “son suficientemente contundentes como para justificar el pedido de auditoría formulado por la Corte”. Dijo que, ante la urgencia, la AGN armará un grupo especial para ocuparse del tema e irá haciendo entregas parciales de sus hallazgos a la Corte.
“Vamos a necesitar el apoyo de las autoridades locales”, advirtió Despouy. En la Corte ya están pensando en quién podría reemplazar a Armella, al menos en lo que al Riachuelo atañe.
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Fecha de Publicación: 29/08/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El juez designado para ejecutar la sentencia sobre la limpieza del Riachuelo ordena obras complejas en plazos perentorios. Esto obliga al contrato directo de obras, que benefician a empresas vinculadas con él.La Corte Suprema le exigió al juez federal de Quilmes Luis Armella que le dé explicaciones, en un plazo máximo de cinco días, sobre el mecanismo que viene aplicando para ejecutar las obras complejas y la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo, que ha derivado en contrataciones millonarias sin licitación en beneficio de empresas cercanas al propio magistrado. A la vez, le pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que haga su propia evaluación sobre los procedimientos utilizados y las firmas beneficiadas, y entregue un informe en el plazo “más breve posible”. El tribunal se basó en la información revelada por Página/12 en su edición del domingo último. Analiza desplazar a Armella de la gran causa de saneamiento del Riachuelo y, si la investigación comprueba las irregularidades denunciadas, la Corte debería formular una denuncia penal. Armella fue designado por la propia Corte Suprema para que se ocupara de la ejecución del plan de limpieza del Riachuelo derivado de una serie de sentencias que dictó a partir de 2006 (ver nota aparte). Le tocó a él por una cuestión de jurisdicción y porque, según explicaron en el alto tribunal, era el juzgado menos cargado de trabajo en la zona. Las resoluciones supremas dispusieron medidas protectoras y se le encomendaron a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) los objetivos de mejorar la calidad de vida de los habitantes, recomponer el ambiente y prevenir daños. La Corte incluso fijó plazos precisos para sanear basurales, urbanizar villas y asentamientos, limpiar las márgenes del río, expandir la red de agua potable, construir una planta depuradora y generar un sistema sanitario de emergencia, entre otras cosas.
Este diario, en una nota firmada por el periodista Horacio Verbitsky, en su edición del domingo último, reveló que a través de documentos de la Acumar queda en evidencia un modus operandi en la actuación de Armella: intima a la Autoridad de Cuenca a realizar proyectos y obras en plazos perentorios, bajo apercibimiento de recibir sanciones graves. Ante la premura, Acumar (de la que participan la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma junto con catorce municipios) obvia la licitación y adjudica la realización de las obras a empresas cercanas, especialmente por lazos de parentesco, al mismo juez (ver aparte). Las obras iniciadas o a realizar por ese núcleo de empresas llegan por lo menos a 250 millones de pesos. Los precios duplican los valores de mercado. Las intimaciones sólo aceleran la firma de los contratos, pero no ocurre lo mismo con el avance de las obras.
Los jueces de la Corte recibieron la información como un baldazo de agua fría y le requirieron a Armella en una breve notificación que explique los que ya son “hechos de conocimiento público” que “afectan la credibilidad del plan de saneamiento” de la cuenca hídrica más contaminada del país. “En un tema de esta envergadura no podemos ser blandos”, dijo un juez supremo. “No podemos dejar esto en incertidumbre”, señaló. Durante el acuerdo de ayer, uno de los ministros, Enrique Petracchi, planteó que Armella debía ser directamente desplazado del tema. El resto de los jueces, en consideración a la complejidad de la causa, prefirió esperar a analizar la respuesta que proporcionen el magistrado y la auditoría encomendada.
La AGN auditará “las contrataciones y la regularidad de los procedimientos que involucran a las obras públicas previstas en el Plan Integral del Saneamiento Ambiental”. El organismo analizará “las obras, los procedimientos de selección e identificación de empresas adjudicatarias y su integración”, además de las transferencias de fondos desde distintas jurisdicciones. Su titular, Leandro Despouy, señaló que los datos publicados por este diario “son suficientemente contundentes como para justificar el pedido de auditoría formulado por la Corte”. Dijo que, ante la urgencia, la AGN armará un grupo especial para ocuparse del tema e irá haciendo entregas parciales de sus hallazgos a la Corte.
“Vamos a necesitar el apoyo de las autoridades locales”, advirtió Despouy. En la Corte ya están pensando en quién podría reemplazar a Armella, al menos en lo que al Riachuelo atañe.
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