Riachuelo: el juez Armella sospechado
23:16 | 
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El Gobierno pone en la mira al juez que controla el Riachuelo
Fecha de Publicación: 26/08/2012
Fuente: La Política Online
Provincia/Región: Nacional
Invocando la urgencia establecida por la Corte Suprema, el juez de Quilmes que supervisa la limpieza del Riachuelo ordena obras complejas en plazos perentorios. Según publica hoy Página 12, esto justifica la contratación directa, que con regularidad beneficia a empresas vinculadas con el juez, Luis Antonio Armella.
El enorme poder que la Corte Suprema de Justicia delegó en el juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella para ejecutar la sentencia sobre la limpieza del Riachuelo ha permitido que un grupo de empresas vinculadas con el propio magistrado obtengan contratos millonarios sin licitación dentro del plan integral de saneamiento ambiental, que Armella debe supervisar.
Así lo denuncia hoy el periodista Horacio Verbitsky, en la portada del diario Página 12, uno de los medios afines al gobierno nacional. La embestida contra Armella se centra en la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (Acumar), de la que participan la Nación, la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con catorce municipios del Conurbano.
Según el artículo, documentos de la Acumar muestran un modus operandi que se reitera: El juez intima a la Autoridad de la Cuenca bajo apercibimiento de graves sanciones a realizar diversos proyectos en plazos perentorios. Invocando estas resoluciones, la Acumar elude la licitación y las obras son realizadas por las empresas próximas al juez que las ordena. Una reconstrucción incompleta indica que las obras ya emprendidas o a realizar por ese grupo de empresas ascienden a 250 millones de pesos.
Verbitsky sostiene que los precios que cotizan y que la Acumar acepta hasta duplican los de mercado. Lo que se acelera con las intimaciones es la firma de los contratos, no el avance de las obras encomendadas. Hasta el registro de estos procedimientos es difícil, ya que la Acumar contrata esas obras por convenios con otras entidades, como el Organismo Bonaerense para el Desarrollo Sustentable (OPDS), la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad Del Estado (Ceamse), la Universidad Tecnológica Nacional y diversos municipios, entre los más asiduos el de Lomas de Zamora.
Acaso sospechando algo, la Corte Suprema requirió hace dos semanas a la Acumar un informe detallado sobre el grado de avance alcanzado en el cumplimiento de cada uno de los objetivos obligatorios impuestos en su fallo.
El artículo dispara contra Juan José Mussi, secretario de Ambiente de la Nación, ex intendente de Berazategui y uno de los jefes comunales cercanos a la Rosada. Verbitsky le recuerda sus vínculos con Duhalde: Fue su Ministro de Salud durante la gobernación y su Secretario de Asuntos Políticos en la presidencia interina. Pero sobre todo señala que los grupos empresariales familiares tienen base en Renelagh, el barrio residencial de Berazategui, "donde Mussi es el hombre fuerte desde hace 25 años".
Mussi llegó a la Secretaría, sin antecedente alguno en política ambiental. Fue en diciembre de 2010 y tras un claro gesto de apoyo a Cristina, durante el momento crítico de la muerte de Néstor Kirchner. El entonces intendente de Berazategui había instado a Daniel Scioli a presentarse a la reelección en la Provincia, y que todo el PJ se encolumne detrás de la figura presidencial.
Sin embargo, hace tiempo que Mussi está relegado en el gobierno nacional. Días atrás aseguró que “el ambiente no está incluido en nuestro estamento gubernamental”. Semanas antes, en medio de la polémica por la explotación minera en La Rioja, el secretario de Ambiente había asegurado que "la minería que contamina es la minería a cielo abierto".
Pero, el texto de Verbitsky también dispara contra el sciolismo y asegura que "Armella es parte de una telaraña de relaciones políticas del justicialismo bonaerense tejida durante los ocho años de la gobernación de Eduardo Duhalde y que hoy se recuesta sobre Daniel Scioli, aunque conserva algunos hilos en el kirchnerismo".
El artículo señala que el 24 de febrero de este año se constituyó la sociedad “San Martín 264 Bernal SA”, con un capital de $30.000 para realizar actividades inmobiliarias y de construcción. Su presidente es el monotributista Francisco Alberto Groba, el suegro del juez Armella, y una de sus accionistas es su hija Marina Laura Groba Martini, una abogada de 35 años, casada con Armella.
Otro socio es el arquitecto Aníbal Carlos Nietzel, tío de Marina Laura. El presidente suplente es el abogado portugués Arturo Rodrigues da Silva. Aunque todos sus accionistas tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires, la sociedad anónima cuya denominación es un domicilio de Bernal, se constituyó ante el escribano porteño Mario Gabriel Szmuch, fijó domicilio en Lavalle 1675, 4º 13, de la Capital Federal, y fue inscripta en la Inspección General de Justicia de la Nación. En ese edificio no funciona ninguna empresa con esa denominación. La nómina completa de sus integrantes conduce a la abigarrada trama de firmas que se benefician con la prodigalidad del magistrado.
El cuadro que se reproduce en esta página muestra esas relaciones. Rodrigues da Silva preside, es director o socio de las sociedades anónimas Gildin, M&T, Tierras Provinciales y Vial Rogo Constructora, y varios de los accionistas de “San Martín 264 Bernal SA” lo son también de algunas de esas empresas vinculadas: Eduardo Ojea preside M&T, donde su esposa Graciela Susana Beatriz Aparicio es directora suplente. Gilda González es directora de Gildin, Vial Rogo Constructora y Kartonsec; su hermano Diego González es presidente de Vial Rogo y Kartonsec y accionista y vicepresidente de Tierras Provinciales, entre cuyos socios hay otros tres accionistas de “San Martín 264 Bernal SA”: Jorge Alfredo Kyle, Héctor Eduardo Luerchio y Guillermo Eduardo Chiaborelli. Otros tres hermanos González (Lorena, Iván Guido y Romina) y sus padres (Francisco González y Graciela Pizzera) son directivos o socios de Vial Rogo, junto con el ubicuo Rodrigues da Silva. Cuatro de los hermanos González y su madre son los directivos de Kartonsec.
De este modo, los tres grupos familiares que junto con Rodrigues da Silva integran “San Martín 264 Bernal SA” (los González, los Ojea-Aparicio y los Armella-Groba, todos de Ranelagh, el barrio residencial de Berazategui, donde Mussi es el hombre fuerte desde hace 25 años) ocupan las principales posiciones en este dibujo de empresas dedicadas a limpiar mucho más que el Riachuelo. Una característica singular de Gildin SA, que también gira con el nombre de fantasía Canteras del Sur, es que extrae tierra y tosca de la cantera Arroyo de las Conchitas, ubicada en la zona urbana de Berazategui.
Ese agujero, en un predio de 20 hectáreas, fue mostrado en 2006 por Telenoche, lo cual dio lugar a que la Dirección Provincial de Minería lo clausurara, alegando que había vencido su habilitación. Gildin presentó un recurso de amparo en el juzgado federal de Quilmes. Armella se excusó pero la jueza subrogante Marcela Linares lo concedió y autorizó que la cantera continuara funcionando. Gildin también denunció a los funcionarios provinciales por discriminación: mientras clausuraban su cantera permitían la extracción de tierra en terrenos fiscales. Esto dio lugar a un largo enredo judicial. Aunque la Cámara de Apelaciones de La Plata resolvió que no correspondía la competencia federal, la autorización sigue vigente. Lo que sí hizo Armella fue prohibir el funcionamiento de las canteras que funcionaban en la jurisdicción de Acumar, con lo cual todas las compras de material se derivaron hacia Gildin, que está fuera de la cuenca.
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Fecha de Publicación: 26/08/2012
Fuente: La Política Online
Provincia/Región: Nacional
Invocando la urgencia establecida por la Corte Suprema, el juez de Quilmes que supervisa la limpieza del Riachuelo ordena obras complejas en plazos perentorios. Según publica hoy Página 12, esto justifica la contratación directa, que con regularidad beneficia a empresas vinculadas con el juez, Luis Antonio Armella. El enorme poder que la Corte Suprema de Justicia delegó en el juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella para ejecutar la sentencia sobre la limpieza del Riachuelo ha permitido que un grupo de empresas vinculadas con el propio magistrado obtengan contratos millonarios sin licitación dentro del plan integral de saneamiento ambiental, que Armella debe supervisar.
Así lo denuncia hoy el periodista Horacio Verbitsky, en la portada del diario Página 12, uno de los medios afines al gobierno nacional. La embestida contra Armella se centra en la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (Acumar), de la que participan la Nación, la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con catorce municipios del Conurbano.
Según el artículo, documentos de la Acumar muestran un modus operandi que se reitera: El juez intima a la Autoridad de la Cuenca bajo apercibimiento de graves sanciones a realizar diversos proyectos en plazos perentorios. Invocando estas resoluciones, la Acumar elude la licitación y las obras son realizadas por las empresas próximas al juez que las ordena. Una reconstrucción incompleta indica que las obras ya emprendidas o a realizar por ese grupo de empresas ascienden a 250 millones de pesos.
Verbitsky sostiene que los precios que cotizan y que la Acumar acepta hasta duplican los de mercado. Lo que se acelera con las intimaciones es la firma de los contratos, no el avance de las obras encomendadas. Hasta el registro de estos procedimientos es difícil, ya que la Acumar contrata esas obras por convenios con otras entidades, como el Organismo Bonaerense para el Desarrollo Sustentable (OPDS), la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad Del Estado (Ceamse), la Universidad Tecnológica Nacional y diversos municipios, entre los más asiduos el de Lomas de Zamora.
Acaso sospechando algo, la Corte Suprema requirió hace dos semanas a la Acumar un informe detallado sobre el grado de avance alcanzado en el cumplimiento de cada uno de los objetivos obligatorios impuestos en su fallo.
El artículo dispara contra Juan José Mussi, secretario de Ambiente de la Nación, ex intendente de Berazategui y uno de los jefes comunales cercanos a la Rosada. Verbitsky le recuerda sus vínculos con Duhalde: Fue su Ministro de Salud durante la gobernación y su Secretario de Asuntos Políticos en la presidencia interina. Pero sobre todo señala que los grupos empresariales familiares tienen base en Renelagh, el barrio residencial de Berazategui, "donde Mussi es el hombre fuerte desde hace 25 años".
Mussi llegó a la Secretaría, sin antecedente alguno en política ambiental. Fue en diciembre de 2010 y tras un claro gesto de apoyo a Cristina, durante el momento crítico de la muerte de Néstor Kirchner. El entonces intendente de Berazategui había instado a Daniel Scioli a presentarse a la reelección en la Provincia, y que todo el PJ se encolumne detrás de la figura presidencial.
Sin embargo, hace tiempo que Mussi está relegado en el gobierno nacional. Días atrás aseguró que “el ambiente no está incluido en nuestro estamento gubernamental”. Semanas antes, en medio de la polémica por la explotación minera en La Rioja, el secretario de Ambiente había asegurado que "la minería que contamina es la minería a cielo abierto".
Pero, el texto de Verbitsky también dispara contra el sciolismo y asegura que "Armella es parte de una telaraña de relaciones políticas del justicialismo bonaerense tejida durante los ocho años de la gobernación de Eduardo Duhalde y que hoy se recuesta sobre Daniel Scioli, aunque conserva algunos hilos en el kirchnerismo".
El artículo señala que el 24 de febrero de este año se constituyó la sociedad “San Martín 264 Bernal SA”, con un capital de $30.000 para realizar actividades inmobiliarias y de construcción. Su presidente es el monotributista Francisco Alberto Groba, el suegro del juez Armella, y una de sus accionistas es su hija Marina Laura Groba Martini, una abogada de 35 años, casada con Armella.
Otro socio es el arquitecto Aníbal Carlos Nietzel, tío de Marina Laura. El presidente suplente es el abogado portugués Arturo Rodrigues da Silva. Aunque todos sus accionistas tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires, la sociedad anónima cuya denominación es un domicilio de Bernal, se constituyó ante el escribano porteño Mario Gabriel Szmuch, fijó domicilio en Lavalle 1675, 4º 13, de la Capital Federal, y fue inscripta en la Inspección General de Justicia de la Nación. En ese edificio no funciona ninguna empresa con esa denominación. La nómina completa de sus integrantes conduce a la abigarrada trama de firmas que se benefician con la prodigalidad del magistrado.
El cuadro que se reproduce en esta página muestra esas relaciones. Rodrigues da Silva preside, es director o socio de las sociedades anónimas Gildin, M&T, Tierras Provinciales y Vial Rogo Constructora, y varios de los accionistas de “San Martín 264 Bernal SA” lo son también de algunas de esas empresas vinculadas: Eduardo Ojea preside M&T, donde su esposa Graciela Susana Beatriz Aparicio es directora suplente. Gilda González es directora de Gildin, Vial Rogo Constructora y Kartonsec; su hermano Diego González es presidente de Vial Rogo y Kartonsec y accionista y vicepresidente de Tierras Provinciales, entre cuyos socios hay otros tres accionistas de “San Martín 264 Bernal SA”: Jorge Alfredo Kyle, Héctor Eduardo Luerchio y Guillermo Eduardo Chiaborelli. Otros tres hermanos González (Lorena, Iván Guido y Romina) y sus padres (Francisco González y Graciela Pizzera) son directivos o socios de Vial Rogo, junto con el ubicuo Rodrigues da Silva. Cuatro de los hermanos González y su madre son los directivos de Kartonsec.
De este modo, los tres grupos familiares que junto con Rodrigues da Silva integran “San Martín 264 Bernal SA” (los González, los Ojea-Aparicio y los Armella-Groba, todos de Ranelagh, el barrio residencial de Berazategui, donde Mussi es el hombre fuerte desde hace 25 años) ocupan las principales posiciones en este dibujo de empresas dedicadas a limpiar mucho más que el Riachuelo. Una característica singular de Gildin SA, que también gira con el nombre de fantasía Canteras del Sur, es que extrae tierra y tosca de la cantera Arroyo de las Conchitas, ubicada en la zona urbana de Berazategui.
Ese agujero, en un predio de 20 hectáreas, fue mostrado en 2006 por Telenoche, lo cual dio lugar a que la Dirección Provincial de Minería lo clausurara, alegando que había vencido su habilitación. Gildin presentó un recurso de amparo en el juzgado federal de Quilmes. Armella se excusó pero la jueza subrogante Marcela Linares lo concedió y autorizó que la cantera continuara funcionando. Gildin también denunció a los funcionarios provinciales por discriminación: mientras clausuraban su cantera permitían la extracción de tierra en terrenos fiscales. Esto dio lugar a un largo enredo judicial. Aunque la Cámara de Apelaciones de La Plata resolvió que no correspondía la competencia federal, la autorización sigue vigente. Lo que sí hizo Armella fue prohibir el funcionamiento de las canteras que funcionaban en la jurisdicción de Acumar, con lo cual todas las compras de material se derivaron hacia Gildin, que está fuera de la cuenca.
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