Preocupación en el norte: se intensifican los incendios forestales en Salta y Jujuy

Fecha de Publicación: 09/10/2025
Fuente: Portal TendendiaDeNoticias
Provincia/Región: NOA


Equipos especializados del Servicio Nacional de Manejo del Fuego trabajan para contener los focos ígneos que afectan las zonas de Hipólito Yrigoyen y Orán. Las provincias del norte intensifican los operativos terrestres y aéreos ante el avance del fuego.
Tras varios días de incendios forestales en el norte de Salta, se desplegaron nuevos recursos humanos y técnicos para contener las llamas que avanzan entre Hipólito Yrigoyen y Orán, a lo largo de la Ruta Nacional 50. En el operativo participan brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), enviados desde Misiones y San Luis, junto a personal de la Dirección General de Defensa Civil Salta, encabezada por Gonzalo Rodríguez.
Los equipos de la Brigada NEA, con base en Apóstoles (Misiones), y de la Brigada Nacional Centro, procedente de San Luis, trabajan coordinadamente en tareas de control y enfriamiento del terreno. Además, el Gobierno de Saltainformó que se utilizan máquinas topadoras para abrir caminos y detener el avance del fuego en zonas de difícil acceso.
El operativo terrestre se refuerza con apoyo aéreo del SNMF, que desplegó dos aeronaves, una de ellas hidrante y otra destinada a reconocimiento aéreo. Estas acciones permiten monitorear el comportamiento del fuego y optimizar los esfuerzos para su extinción. Paralelamente, la Subsecretaría de Defensa Civil pidió a la población evitar fogatas, quema de basura o pastizales y descartar colillas de cigarrillos, prácticas que podrían generar nuevos focos. Ante cualquier emergencia, se solicita reportar los incendios al Sistema de Emergencia 911.
En Jujuy, la situación también genera preocupación. Según datos de los Bomberos de la Provincia, en un solo día se llegaron a registrar entre 15 y 20 focos ígneos, principalmente en la zona del Ramal y en Perico. En la capital, San Salvador de Jujuy, los incendios se concentran en terrenos baldíos y márgenes del río, donde vecinos realizan quemas sin tomar precauciones. El oficial inspector Mauro Cortez advirtió que muchos incendios surgen por exceso de confianza de la gente al no contar con agua para controlarlos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo hasta el 4 de octubre una advertencia por peligro extremo y muy alto de incendios forestales, especialmente durante el fin de semana, cuando todo el territorio jujeño estuvo bajo alerta roja.
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Un plan oficial pone en duda la incidencia de nuevos desmontes sobre el hábital del yaguareté 

Fecha de Publicación: 08/10/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El Plan Estratégico para la Conservación del Yaguareté en las Yungas Argentinas prevé acciones conjuntas de distintas organizaciones y las provincias de Salta y Jujuy con el objetivo de aumentar la cantidad de ejemplares en la región, seriamente afectada por la actividad humana. 
A través de la resolución 635, la Secretaría de Ambiente de la provincia aprobó el Plan Estratégico para la Conservación del Yaguareté en las Yungas Argentinas. El contenido de este Plan, publicado en el Boletín Oficial, genera dudas respecto de la incidencia que puedan tener las autorizaciones de desmontes o de planes de manejo de ganado bajo monte que propone el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El Plan establece la meta y las acciones para llegar a ella, con un plazo de 5 años y una revisión posterior respecto de lo actuado en ese tiempo. Su base surge del “Plan de conservación del Yaguareté en las Yungas Argentinas”, de 2015, a cargo de Pablo Perovic, cuyo alcance fue de 5 años. En el mismo Plan se incluye el Estatuto para el Funcionamiento de la Subcomisión Yungueña para la conservación del yaguareté (SYCY).
El Plan original se revisó en 2022, y según el análisis realizado, el cumplimiento de distintos indicadores variaba entre un 4 y un 77 por ciento. “Las que menos se cumplieron son las estrategias de acción respecto del fortalecimiento del sistema legal y de control relacionado tanto al yaguareté como a sus presas”, indica el trabajo publicado.
Otra de las observaciones fueron el escaso financiamiento para ejecución del plan, la gestión insuficiente y l necesidad de mayor compromiso para la búsqueda y asignación de recursos. A ello añadieron que los “cambios de autoridades y prioridades políticas impidieron la continuidad”.
En el diagnóstico se sostiene la necesidad de “no modificar los AEC (Atributos Ecológicos Clave) del yaguareté y sus indicadores”.
El reciente OTBN pone en potencial posibilidad de deforestación más de 700 mil hectáreas, y en otras 5 millones permite realizar el llamado Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI), que es la cría de ganado bajo monte.
Este diario pudo conocer que el gobierno salteño ya comenzó a convocar a audiencias públicas para el cambio de uso de suelos. 
Especialistas indicaron que “el problema del OTBN en Salta es que resigna mucha de la conectividad ecológica entre las Yungas y el Chaco como un eje prioritario de conservación”. Sostuvieron que “al no contemplar los posibles corredores de bosques (…), se termina resignando a que poblaciones de especies amenazadas, como el yaguareté, queden aisladas en bloques fragmentados de bosque. Esta desconexión no solo aumenta el riesgo de extinción local por pérdida de flujo génico y reducción del área vital disponible, sino que también compromete la viabilidad a largo plazo de las poblaciones en ambas ecorregiones”.
Es así que entendieron que, en lugar de ser una herramienta estratégica para garantizar la integridad ecológica del paisaje, el nuevo OTBN “termina consolidando un modelo de conservación fragmentada que contradice los objetivos de preservar la funcionalidad de los ecosistemas y asegurar la supervivencia de especies de gran valor ecológico y cultural”.
No obstante, afirmaron que la aprobación de este Plan en el que se espera el trabajo conjunto de Salta y Jujuy y organismos nacionales como la Administración de Parques Nacionales (APN), “es alentador”, dado que “genera un compromiso de trabajo por la especie”.
El nuevo ordenamiento ya se encuentra cuestionado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en un recurso de amparo presentado por la organización ambientalista Greenpeace que apunta a conservar el hábitat en el que se desarrolla la especie, que se encuentra en peligro de extinción.

Menos de 100 ejemplares
El diagnóstico del Plan indica la existencia de una “situación preocupante para la especie, evaluada a través de 8 atributos ecológicos clave (AEC) del yaguareté”.
Se estima que el hábitat de la especie en las Yungas argentinas cubre 1.259.256 hectáreas, con un total de 1.812.958 hectáreas identificadas como hábitat potencial disponible.
“Con base a estimaciones probabilísticas de densidad, se calculó una abundancia de entre 48 y 94 individuos en las Yungas argentinas”, se sostiene en el diagnóstico, en el que se advierte que son valores “aproximados” y “podrían carecer de rigor estadístico, por lo que se recomienda precaución en su uso hasta que nuevos estudios los corroboran”.
Las principales amenazas incluyen la transformación del uso de suelo, la construcción y operación de infraestructuras lineales, los incendios, la caza asociada a la actividad ganadera y la falta de una visión sistémica en la gestión de la especie y su hábitat.
Añade que del análisis surge que los atributos ecológicos clave del yaguareté “se encuentran deteriorados o degradados (62 por ciento)". Y señala: "La perspectiva a futuro depende de la implementación más efectiva de las acciones de conservación, que pueden incrementar las condiciones actuales en un 70 por ciento. De no implementarse, podrían bajar a un 25 por ciento (muy degradado)”.
El diagnóstico destaca que la especie hoy está extinguida en Tucumán y Catamarca, por lo que el área de ocupación actual en las Yungas se restringe a Jujuy y Salta. “A pesar de la drástica reducción poblacional de la especie, la población de las yungas argentinas fue identificada como una unidad de conservación de jaguares, y considerada entre las de mayor prioridad de conservación”, agrega. 

Desmontes, incendios e infraestructura
El Plan indica que entre 2006 y 2011 se desmontaron 47.920 hectáreas de Yungas en Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, mientras que en la actualidad más de 700 mil hectáreas de Yungas se han transformado. “Particularmente son preocupantes los desmontes en las áreas de contacto de las yungas con bosques chaqueños que han disminuido notablemente la conectividad entre estas dos ecorregiones en Argentina”.
Añade que, si bien bajó la cantidad de desmontes desde la existencia de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, continúa el “escaso control por parte del Estado”. “El desmonte no planificado se realiza sin considerar la existencia de corredores biológicos que permitan el desplazamiento y ciclos de vida de la fauna silvestre. La pérdida del hábitat boscoso afecta de manera directa al yaguareté porque elimina su hábitat y el de sus presas, aumenta la fragmentación del bosque, el riesgo de caza y atropellamientos”, sostiene. 
La pérdida del hábitat “provocó el aislamiento reciente entre las poblaciones del yaguareté en las Yungas y Chaco, y se encuentra próximo, si es que ya no ocurrió, a generar la fragmentación de la misma población yungueña en la provincia en la porción de Orán-Iruya y las Serranías de Tartagal”.
En cuanto a la Infraestructura, añade que, en las Yungas “es muy importante la red de canales para el traslado del agua para riego de cultivos”. El recurso que surge de áreas protegidas se destina “al riego de cultivos en gran parte por privados”. La cuestión es que la red de canales “de extensas longitudes interrumpe la continuidad del bosque, actuando como una barrera que afecta el desplazamiento de algunas especies y como una trampa mortal cuando caen en ellos, por intentar cruzar o utilizarlos como abrevadero”.
El diagnóstico apunta a la cacería, dado que en la ecorregión la actividad ganadera es realizada extensivamente o “bajo monte”, incluso dentro de áreas protegidas. Como consecuencia, es frecuente la depredación del ganado por parte del yaguareté, “lo que trae aparejado la persecución y la cacería del felino, tanto en represalia por las pérdidas económicas generadas, como también realizada de manera preventiva o por miedo, dado que la ven como una amenaza para sus vidas”. 
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El Conicet lanza un portal para construir casas con menos impacto ambiental

Fecha de Publicación: 08/10/2025
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional


Casa Conicet es la nueva plataforma que reúne desarrollos científicos en construcción, energía y diseño bioclimático, con soluciones pensadas para hogares más sostenibles en todo el país. 
La construcción sustentable ya no es una proyección a futuro: en la Argentina comienza a consolidarse como una necesidad urgente. En ese camino, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) presentó Casa Conicet, una plataforma digital que reúne proyectos, información sobre materiales y asesoramiento para crear viviendas más eficientes y amigables con el ambiente.
El portal casa.conicet.gov.ar procura acercar la ciencia al sector público, privado y social, con el objetivo de ofrecer alternativas concretas para resolver problemas habitacionales en distintos contextos del país. Desde emergencias hasta hogares permanentes, la propuesta combina investigación y tecnología con impacto directo en la vida cotidiana.

Materiales y sistemas sustentables
Uno de los apartados más destacados de la plataforma es el catálogo de sistemas constructivos. Allí se encuentran opciones como módulos sanitarios de emergencia, viviendas prefabricadas en madera o paneles estructurales livianos. También aparecen técnicas innovadoras con tierra alivianada y diseños pensados para responder a diferentes realidades locales.
En el área de materiales, el Conicet exhibe desarrollos que parten de insumos reciclados y orgánicos. Los bloques con PET reutilizado, las tejas fabricadas con plástico y caucho, o los aislantes termo-acústicos con poliestireno expandido son ejemplos de cómo la investigación puede transformar residuos en productos de bajo costo y gran utilidad.

Energía renovable y diseño bioclimático
Casa Conicet también ofrece soluciones vinculadas a la energía y la arquitectura bioclimática. Entre los recursos disponibles hay equipos solares modulares, calentadores de agua, colectores de aire y dispositivos que permiten acumular calor sin necesidad de energía externa. Todos fueron diseñados considerando las condiciones específicas de cada región del país.
El área bioclimática propone herramientas para optimizar el uso de recursos naturales. Mediante simulaciones, asesoramiento técnico y ejemplos de proyectos se orienta a profesionales y comunidades para lograr edificaciones con menor consumo energético y mayor adaptación a los climas locales.

Ciencia aplicada en comunidades
El espacio virtual no se limita a mostrar productos o fichas técnicas, también incorpora un apartado de proyectos en territorio, donde se destacan experiencias concretas en comunidades de distintas provincias. 
Construcciones en madera local, viviendas con criterios bioclimáticos y propuestas de economía circular reflejan cómo la investigación científica se convierte en soluciones palpables.

Una herramienta dinámica
La plataforma, de acceso abierto y con una interfaz sencilla, está pensada como un recurso en constante actualización. Desde el Conicet informaron que el portal seguirá incorporando desarrollos y nuevas capacidades, con el objetivo de convertirse en un espacio de referencia nacional en construcción sustentable.
Con el respaldo de la Dirección de Gestión de Tecnologías y una red de 15 Oficinas de Vinculación Tecnológica distribuidas en todo el país, Casa Conicet se proyecta como un puente entre la investigación científica y la vida cotidiana.
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Contaminación ambiental por abandono de pozos petroleros

Fecha de Publicación: 07/10/2025
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Santa Cruz


La comisión de fomento de Cañadón Seco denunció la inexistente actividad de remediación en pozos abandonados por YPF y otras operadoras, difundiendo imágenes de un derrame de petróleo.
A través de una carta abierta redactada por la Dirección de Recursos Naturales y Salubridad y la Sub dirección de Ambiente, la comuna manifiesta “con profunda preocupación y firmeza la grave situación generada por la inexistente actividad de remediación limitada al abandono de pozos hidrocarburíferos sin los correspondientes tratamientos y la consecuente contaminación ambiental en nuestra localidad”.
Deja también constancia que “las imágenes y registros audiovisuales recientes dan cuenta de un derrame de hidrocarburos que avanza sobre caminos, suelos y vegetación autóctona, afectando también el agua subterránea”.
“Este petróleo contiene un alto porcentaje de agua, lo que incrementa el riesgo de infiltración hacia las napas freáticas, comprometiendo un recurso vital para nuestra comunidad y los ecosistemas de la región” añade.
“Desde el retiro de YPF de la zona, no se realizaron las tareas de remediación necesarias ni se atendieron los pasivos ambientales dejados por décadas de explotación. Hoy, ante la falta de definición sobre las empresas que se harán cargo de las áreas y sus recursos técnicos, la situación se agrava frente a incidentes recurrentes, por lo cual –reitera- denunciamos con firmeza la inexistente actividad de remediación y la desidia de las autoridades de control ambiental, que no han actuado con determinación para exigir medidas preventivas ni de reparación”.
Consecuentemente, la comuna reclama el complimiento de los siguientes puntos: 1) Que YPF y las empresas operadoras asuman responsabilidad plena y a largo plazo en la remediación ambiental. 2) Que se implemente un plan inmediato de saneamiento de suelos, aguas y vegetación afectada. 3) Que se garantice la transparencia en los informes ambientales y la participación de la comunidad en su seguimiento.
Finamente destaca que “la comunidad de Cañadón Seco no permanecerá indiferente. Exigimos respeto por nuestra tierra, por el agua, por los animales y por la vida”.
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Dictan medidas cautelares para preservar a los carpinchos en Nordelta  

Fecha de Publicación: 07/10/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia ordenó la suspensión inmediata de toda obra que altere o destruya los humedales y la fauna silvestre en la zona. Asimismo, prohibió las castraciones químicas de los ejemplares que habitan allí así como las fumigaciones.
En un contexto en el que el carpincho atraviesa la pérdida de su hábitat por el avance urbano, la agrupación “La Voz de los Carpinchos” -integrada por residentes del complejo privado Nordelta y vecinos de barrios aledaños- informó sobre recientes medidas cautelares en favor de dicha especie. Cabe resaltar que la medida se dio a unos meses del anuncio del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, de trasladar a los ejemplares de carpinchos y realizar una castración masiva debido a las quejas de algunos residentes de la zona.
El juez del juzgado en lo Civil y Comercial Nro 13 de San Isidro, Guillermo Daniel Ottaviano, resolvió lo siguiente:
-Suspensión inmediata de toda obra o actividad que altere, dañe o destruya humedales y fauna silvestre en la zona de Nordelta.
-Prohibición de aplicar castración química mediante inyecciones anticonceptivas, así como cualquiera otra forma de control que atente contra la población de fauna protegida.
-Prohibición de realizar fumigaciones que atenten contra el ambiente en la zona de humedales del Delta del Río Paraná.
Las medidas se dictaron en un contexto en el que, según denunció la agrupación de vecinos, unos 46 ejemplares de carpincho murieron en los últimos seis meses a raíz de los desmontes en la zona y atropellamientos, entre otros motivos.
Los integrantes de "La Voz de los Carpinchos” exigen un plan integral que contemple la recomposición del hábitat natural con zonas verdes seguras para que los carpinchos puedan alimentarse y refugiarse, y la creación de corredores biológicos y pasos de fauna.
Además, piden que se quiten los cercos eléctricos, que se respeten los metros libres al borde de los lagos y que se coloquen en las calles carteles con limitaciones de velocidad.
Por otro lado, indicaron que el plan debe contemplar censos poblacionales y la creación de un centro de rescate y asistencia.
Los carpinchos están protegidos por el Decreto Ley 10081/83 de la provincia de Buenos Aires y también por la Ley nacional de flora y fauna.
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Alerta por arsénico en el agua de la provincia de Buenos Aires

Fecha de Publicación: 06/10/2025
Fuente: Diario El Dia de La Plata 
Provincia/Región: Buenos Aires


En La Plata y alrededores se detectaron niveles de arsénico en el agua que superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta situación, que representa un riesgo para la salud pública, movilizó a especialistas y legisladores a pedir un seguimiento más riguroso de la calidad del agua en la región.
En respuesta a esta problemática, la diputada bonaerense Sabrina Sabat presentó un proyecto de ley para la creación de un Mapa Interactivo de Arsénico en el Agua. Se pretende contar con una herramienta pública, gratuita e irrestricta que permita monitorear de forma constante y actualizada los niveles de arsénico y otros contaminantes en todo el territorio provincial.
"La problemática de la presencia de arsénico en agua destinada a consumo humano es una crisis sanitaria silenciosa que afecta a vastas regiones de nuestro país y en particular a la provincia de Buenos Aires", explicó. El proyecto apunta a visibilizar una situación que muchas veces pasa desapercibida pero que puede tener consecuencias graves para la salud de la población.
La misma se apoya en un reciente informe elaborado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que reveló que numerosas localidades del país presentan concentraciones de arsénico superiores a las tolerables. En ese relevamiento, la provincia de Buenos Aires se posicionó entre las más afectadas del país.
En el caso puntual de La Plata, el estudio del ITBA identificó cuatro puntos con niveles de arsénico que superan lo recomendado, aunque sin llegar a valores considerados críticos. Las zonas comprendidas incluyen sectores del Casco Urbano, Gonnet y City Bell, con concentraciones que varían entre 12 y 26 partes por billón (ppb), dentro del rango de precaución. El nuevo mapa permitiría integrar datos oficiales y académicos para construir un monitoreo dinámico de la calidad del agua, tanto de red como de pozos.
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Cambio climático: por qué Argentina se calienta algo menos que el promedio mundial

Fecha de Publicación: 06/10/2025
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


El cambio climático que supimos conseguir no implica solo el aumento de las temperaturas promedio en el mundo. También es el fenómeno que por esa razón eleva el nivel de los mares, altera los patrones de precipitaciones e intensifica (y hace más frecuentes) los eventos extremos, como sequías e inundaciones.
No es solo una cuestión ambiental: tiene –y tendrá aún más si no se mitiga– impactos directos en la salud humana y en las economías de todas las naciones. 
El cambio climático se refiere a alteraciones significativas en el estado del clima, principalmente causadas por actividades humanas que, desde la Revolución Industrial (hace más de un siglo), han generado un aumento en los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
En 2025, la temperatura mundial promedio fue 1,55 °C mayor que la del período 1861-1890, superando el umbral crítico que los científicos consideraban el límite de 1,5 °C para evitar los impactos más severos.
Ya pasamos ese límite. Y parece que vamos por más.
El Acuerdo de París de 2015 estableció como objetivo mantener el calentamiento global “muy por debajo” de 2 °C, y hacer esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C. 
Ese umbral no era arbitrario: el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas advirtió que superarlo aumentaría notoriamente los riesgos de eventos climáticos extremos y de pérdida de biodiversidad, entre otros efectos severos.
¿Es igual el impacto en todo el planeta? ¿En Argentina ese cambio es similar al del promedio mundial?
Un informe del sitio Argendata, elaborado en colaboración con la fundación alemana Heinrich Böll, cita que en 2024 la temperatura de Argentina fue 1,13 °C mayor que el promedio de 1940-1969, período en el que comienzan a tenerse estimaciones por país. Esa cifra es menor que el promedio mundial para el mismo período (1,37°C).
La diferencia se explica, sobre todo, por una evidencia de contexto: refleja un patrón global donde todo el hemisferio sur se ha calentado menos que el norte.
La explicación –cita el estudio– está principalmente en la geografía. El hemisferio sur tiene una mayor proporción de océanos, que tardan más en calentarse que los continentes porque el agua tiene una mayor capacidad para absorber calor. Además, en el Ártico se produce un fenómeno singular: absorbe más radiación solar que la Antártida.
Gran parte de Europa del este y del norte registra los mayores aumentos de temperatura del planeta, con incrementos superiores a 3 °C respecto del período 1940-1969.
El informe de Argendata apunta que “si bien Argentina se encuentra por debajo del promedio mundial, un aumento de 1,13 °C sigue siendo muy significativo para nuestros ecosistemas, la agricultura y la vida cotidiana”.
Así como el impacto del calentamiento global no es, hasta ahora, igual en todas las regiones del planeta, tampoco lo es la contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero. Varios de estos gases (sobre todo el dióxido de carbono) permanecen en la atmósfera durante décadas, por lo que el calentamiento actual es resultado de más de un siglo de emisiones.
“Hoy, Argentina representa el 1,1% de las emisiones globales acumuladas de gases de efecto invernadero. Eso quiere decir que contribuyó con el 1,1% del calentamiento global”, precisa el estudio comparativo.
Los países de altos ingresos concentran el 46,8% de las emisiones históricas. Sobresalen en esa lista Estados Unidos (17,2% del total) y la Unión Europea (12,7% en conjunto). El resto de los países ricos (entre los que destacan Rusia, Canadá, Japón y Australia) aportan un 16,9% adicional. 
Los países de ingresos medio-altos (grupo al que pertenece Argentina) dan cuenta de un 35,7% de las emisiones acumuladas. Aquí sobresale China, con 12,9%. En tanto, los países de ingresos medio-bajos aportaron un 13,9% adicional, destacándose India (4,8%). Por último, los países de ingresos bajos (compuesto mayormente por países africanos) solo contribuyeron con un 3,7% al impacto global.
Esta distribución de las emisiones marca una evidencia que debiera pesar a la hora de discutir salidas al problema: los países que se industrializaron primero y alcanzaron mayor prosperidad económica son los principales responsables del problema climático actual.
Sin embargo, el calentamiento es global y no exime ya a ninguno de tomar medidas y compromisos, aunque sean proporcionales.
La situación heredada de un siglo de contaminación se plantea injusta para los países de menores recursos. Porque pese a ser los que menos contribuyeron históricamente a las emisiones, se encuentran entre los más afectados, ya que cuentan con menos fondos para hacer frente a los efectos del cambio climático.
El cambio climático ya está modificando distintos territorios de la Argentina. Sus efectos se perciben en los regímenes de lluvias, la frecuencia de sequías e inundaciones, y la intensidad de fenómenos extremos.
Entre los cambios documentados, se destacan, por ejemplo, las precipitaciones extremas más recurrentes en el noreste del mapa argentino, con múltiples impactos. A la vez, en la Cordillera de los Andes, el retroceso de los glaciares compromete cada vez más el acceso futuro al agua de las poblaciones que dependen de esas fuentes y para actividades productivas o de turismo invernal. 
En el norte del país se observa un creciente estrés hídrico, resultado del aumento de temperaturas y de cambios en los patrones de precipitación. Al mismo tiempo, se registra un aumento del nivel del mar en la costa del Río de la Plata.
Para Córdoba, se presume que se acentuarán las lluvias más intensas, pero también las sequías más agudas. En ese marco, por ejemplo, aumentan las chances de incendios forestales más complejos. 
Desde la ciencia, casi no hay estudio que no advierta sobre la necesidad de adoptar, en cada país –pero también en cada provincia y en cada ciudad–, medidas de adaptación y mitigación, para anticiparse a bajar los costos económicos, sociales y ambientales del nuevo escenario.
Hasta ahora, esas medidas de adaptación no parecen muy visibles. 
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Cinco muitús fueron trasladados al parque Iberá para su reintroducción

Fecha de Publicación: 06/10/2025
Fuente: República de Corrientes
Provincia/Región: Corrientes


Se trata de ejemplares del ave galliforme que está en peligro de extinción. Los trajeron desde la ciudad de Córdoba.
Cinco ejemplares de muitú (Crax fasciolata), una especie de ave crucial para el ecosistema del Litoral, fueron exitosamente trasladados desde la provincia de Córdoba hasta el parque nacional Iberá, en Corrientes. Este evento representa un avance significativo en los esfuerzos de reintroducción y conservación de la fauna silvestre.
La iniciativa forma parte del ambicioso Programa de Conservación del Muitú, una colaboración estratégica liderada por la Fundación Rewilding Argentina y el Ente Municipal BioCórdoba, dependiente de la Municipalidad de esa ciudad. 
La misión principal es recuperar poblaciones de especies autóctonas que se encuentran amenazadas o extintas localmente, devolviendo la funcionalidad ecológica al parque nacional Iberá. En el último siglo, la amenaza de extinción de especies emblemáticas como el muitú y el yaguareté generó un severo desequilibrio ambiental en la región, un impacto que los científicos de Rewilding buscan mitigar y revertir.
Los cinco ejemplares son pichones nacidos y criados en las instalaciones del Parque de la Biodiversidad de Córdoba. Este éxito de cría ex situ se logró siguiendo rigurosamente las Directrices de Uso de la Gestión Ex Situ para la Conservación de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
El trabajo comprometido de todo el equipo técnico del Parque de la Biodiversidad fue fundamental para garantizar que las aves alcanzaran un excelente estado sanitario y estuvieran en condiciones óptimas para su viaje a su hábitat natural.
El muitú es un ave galliforme que habita los bosques del noreste de Argentina, el este de Bolivia, Brasil central y Paraguay. 
Su rol es vital, ya que actúa como un dispersor de semillas clave, influyendo directamente en la salud y regeneración de la flora nativa. Lamentablemente, este valioso pájaro se enfrenta a serias amenazas debido a la implacable deforestación y la caza furtiva, factores que han reducido drásticamente sus poblaciones.
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Greenpeace vuelve a la Corte Suprema para reclamar por la deforestación en Salta: su polémico ordenamiento de bosques

Fecha de Publicación: 04/10/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Salta


Avanza la deforestación en Salta y Greenpeace volvió a reclamar contra la provincia frente a la Corte Suprema de Justicia. La organización se presentó otra vez ante el máximo tribunal para cuestionar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
En esta oportunidad, la asociación ambientalista incorporó como hecho nuevo la reglamentación de la polémica norma recientemente aprobada por el gobierno de Gustavo Sáenz.
Se trata de la segunda vez que Greenpeace impugna el nuevo ordenamiento salteño. En febrero de este año, cuando el Ejecutivo Provincial promulgó la ley, la organización ya había presentado cuestionamientos.
Ahora, tras conocerse la reglamentación de esta normativa, la ONG reforzó su postura denunciando lo que considera «un golpe devastador para los bosques«.

Principales cuestionamientos a la nueva normativa salteña
Según Greenpeace, la actualización del OTBN de Salta viola disposiciones de la Ley Nacional de Bosques 26.331.
En particular, se denuncia que el nuevo ordenamiento habilitaría desmontes en aproximadamente 720 mil hectáreas de zonas anteriormente protegidas.
Esta cifra es especialmente alarmante si se considera que es casi idéntica a toda la superficie deforestada en la provincia en los últimos 15 años (714.052 hectáreas), según datos oficiales.
Además, la normativa convalidaría desmontes ilegales ya ejecutados sin exigir tareas de restauración ambiental.

Deforestación en Salta: los primeros pasos que alarman
La amenaza no es solo una proyección a futuro, sino que el primer paso ya está en marcha. El gobierno de Sáenz ya convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes inmediatos en 30 fincas que suman 25.916 hectáreas.
«El gobierno de Sáenz avanza hacia la legalización de un ecocidio: está por autorizar desmontes por 26.000 hectáreas y pretende flexibilizar la actual ley de bosques provincial. Lo hace en favor de los grandes productores agropecuarios que quieren seguir arrasando bosques con total impunidad», afirmó al respecto poco meses atrás la coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.
Además, la activista remarcó un punto clave: «Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2022 un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Las provincias deberían ir en esa dirección».
Según la entidad, entre las empresas y empresarios beneficiados con permisos de desmontes se encuentran: Agrodesmontes S.A., SILHER S.R.L., Antonio Ricardo Talavera, María Luisa Bracero, Campos del Trópico S.A., Alberto Cañizares, Rodrigo René Cuellar, José Ignacio Lecuona de Prat y Joaquín Alejandro Paz Salazar, entre otros.

La categoría «amarillo oscuro»: flexibilización cuestionada
Uno de los puntos más controvertidos es la creación de la categoría «amarillo oscuro«. Esta categoría permite la movilidad de zonas productivas condicionada por porcentajes de desmonte según cada cuenca hídrica.
Para Greenpeace, esta clasificación representa un «verde encubierto» que posibilita «deforestar donde hasta hoy no se puede».
La organización señala que estas categorías transitorias no están contempladas en la Ley 26.331. Esto implica una zonificación flexible sin determinar geográficamente dónde está permitido o prohibido deforestar con precisión.
La categoría amarilla abarca un total de 5.528.753 hectáreas donde el gobierno de Salta promueve el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), también denominado sistema silvopastoril. Esta metodología implica la cría de ganado bajo cobertura forestal.
Greenpeace advierte que este sistema funcionó históricamente como desmonte selectivo en provincias como Chaco y Santiago del Estero. Esto contraviene lo establecido por la Ley Nacional de Bosques.
La organización considera que estos antecedentes demuestran que la práctica derivará inevitablemente en deforestación progresiva.

Deforestación en el norte argentino: su impacto en la conservación del yaguareté
Además de los desmontes, la asociación también alerta sobre la fragmentación territorial que afectaría a grandes mamíferos amenazados, particularmente al yaguareté.
Es que el área afectada por la nueva normativa coincide en gran medida con la zona identificada por científicos como crítica para la conservación del yaguareté.
Greenpeace concluye que la deforestación, degradación y fragmentación del hábitat resultantes de la aplicación del nuevo OTBN pondrán en serio riesgo la supervivencia de esta especie emblemática.
Otro aspecto criticado es la falta de consulta previa a las comunidades originarias, proceso que debería haberse realizado según la legislación vigente.
Por eso, la nueva presentación de Greenpeace ante la Corte Suprema se enmarca en un amparo judicial destinado a proteger el hábitat del yaguareté, especie en peligro de extinción.
La causa involucra no solo a Salta, sino también a otres tres provincias del norte argentino: Santiago del Estero, Formosa y Chaco, las cuatro con mayor cantidad de desmontes en los últimos años.
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El Gobierno avanza con la privatización de Nucleoeléctrica Argentina

Fecha de Publicación: 04/10/2025
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional


La decisión de la administración libertaria abre la puerta al capital privado en un área estratégica, debilitando la soberanía energética y tecnológica del país.
El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 695/2025, el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). La medida habilita la venta del 44 % de las acciones a inversores privados y un 5 % bajo un Programa de Propiedad Participada, mientras que el Estado y la CNEA conservarán el 51 %.
Cabe mencionar que en 2024, la compañía alcanzó un récord de 10,4 millones de MWh generados, con un factor de carga del 73,3 %. Aun así, el Ejecutivo insiste en que la apertura al capital privado es necesaria para sostener inversiones y reducir el déficit fiscal. Los proyectos mencionados incluyen la extensión de vida útil de Atucha I y el almacenamiento en seco de combustibles de Atucha II.
En este marco, la diputada bonaerense de Unión por la Patria, Soledad Alonso, advirtió que “ningún país soberano entrega así su sector nuclear” y pidió frenar y revertir las privatizaciones. Calificó la medida como una amenaza para un activo estratégico que genera superávit y mantiene miles de empleos, reforzando la preocupación sobre la soberanía energética.
En 2023, la empresa recibió 700 millones de pesos en transferencias estatales, un monto marginal frente a su valor estratégico. Analistas y sindicatos remarcan que, más allá del impacto económico, la apertura al capital privado podría debilitar la planificación energética a largo plazo y limitar la capacidad del Estado para garantizar el suministro en situaciones críticas.
La decisión de la administración libertaria expone al país a intereses privados y abre un debate clave sobre la gestión futura de los recursos nucleares y la autonomía estatal.
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Defender los glaciares es un tema de supervivencia

Fecha de Publicación: 03/10/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Organizaciones ambientalistas destacaron la importancia de la Ley de Glaciares frente a los intentos del gobierno de modificarla. 
A 15 años de la sanción de la Ley de Glaciares un panel de especialistas planteó la necesidad de seguir defendiéndola, frente a los intentos del Gobierno y de las empresas mineras de recortar el área de protección. Y destacaron su importancia a la hora de proteger el agua y los ecosistemas.
En semicírculo, se sentaron Agostina Rossi Serra --especialista en biodiversidad de GreenPeace--, Pía Marchegiani --directora del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)--, Enrique Viale --presidente de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)-- y Saúl Zeballos de la Asamblea Jáchal no se toca que en su regazo llevaba una bandera argentina.
"Cuando se planteó y cuando se propuso, no sabíamos que hoy --15 años después-- este contexto de crisis climática iba a ser tan extremo. Es por eso que tenemos que defenderla, tenemos que protegerla... No tenemos que permitir que se flexibilice esa ley, como se está buscando, porque implicaría una regresión ambiental: se está hablando de dejar de proteger el ambiente periglacial, que es una reserva de agua dulce estratégica igual que los propios glaciares", detalló Rossi Serra.
"Modificar la Ley de Glaciares es comprometer el acceso al agua de millones de argentinos", sintetizó Rossi Serra. "Cumplirla y defenderla es la única forma de resguardar el agua y la vida en un contexto de crisis climática", subrayó. 

Apertura democrática
En tanto, Viale destacó que 2010 "era un momento de ampliación democrática", ya que la ley se sancionó en la misma época que el Matrimonio Igualitario y después de largas horas de debate en el Congreso y de meses de debate público. "Si se retrocede en una ley de estas características, es un golpe muy fuerte a la democracia. Además de ser inconstitucional porque es una regresión ambiental", detalló el abogado.
Marchegiani describió el contexto como un "avance contra las instituciones democráticas, contra la agenda ambiental --en especial, la ley de biodiversidad y la ley de bosques, que son centrales en la Argentina... Siempre fueron resistidas en el momento de la sanción, pero también después con medidas cautelares en San Juan y Jujuy, cuando los sectores mineros dijeron 'esta ley acá no se aplica'. Pero la protección estratégica del agua es para todo el país y para toda su economía, no para un sector económico".
Justamente, los fundamentos del veto de 2008 fueron la presión de las provincias cordilleranas "a pedido de una multinacional muy poderosa a la cabeza: Barrick Gold", recordó Viale. La Corte Suprema tuvo que ordenar que se aplique la ley, pero con el gobierno de Mauricio Macri y el de Javier Milei se "reedita la misma discusión, el mismo texto", afirmó Marchegiani.

"Se reedita el mismo texto"
Según Viale, el texto de la ley Ómnibus que modificaba la Ley de Glaciares tenía "exactamente la misma letra" que el borrador filtrado del Ministerio de Ambiente de 2017 --a cargo de Sergio Bergman-- "porque lo escriben los abogados de Barrick Gold". Zeballos sumó que la modificación permitía 44 proyectos mineros porque proponía reducir la zona de protección de las zonas glaciares y periglaciares, permitiendo que se usen para actividades extractivas o contaminantes, y limitar su definición a "recarga de cuenca hídrica". En especial, desprotegía a los glaciares de menos de una hectárea, que son los más abundantes fuera de la Patagonia (por ejemplo, en los Andes desérticos).
"Los proyectos fueron limitados... Sin la protección legal, los hubieran destruido directamente. La ley es una herramienta concreta para la protección de glaciares. El ambiente periglaciar y el glaciar van juntos. Es una unidad ecosistémica, no hay una sin la otra y tienen que estar conectados", completó Marchegiani. A su vez, Viale explicó: "Los glaciares en nuestro país son fundamentales ya que funcionan como nuestras fábricas de agua. Lo que la megaminería nos quiere sacar cuando amenaza la ley son nuestras cuencas y ríos. Desde la cordillera alimentan a poblaciones mucho más allá de las fronteras provinciales. De ellos depende una enorme trama de vida, inclusive la actividad económica y la salud de nuestros ecosistemas. En ese sentido, los glaciares y su ambiente periglaciar son fábricas de vida. Están cada vez más amenazados por la crisis climática, y por eso tenemos que cuidarlos más que nunca".

Cianuro y mercurio
"Cinco años después de la sanción, en uno de sus proyectos mineros hubo un derrame, como consecuencia de la no aplicación de la ley", sostuvo Viale. Zeballos tomó la palabra para representar a su comunidad: "se cumplieron 10 años el derrame de cianuro y mercurio de Barrick Gold sobre la cuenta del río Jachal". Todavía sigue contaminado, así que el pueblo sanjuanino recibe agua del acuífero Huachi, también conocido como Pampa del Chañar. Pero el sanjuanino advirtió que el proyecto "Esperanza", de extracción de cobre y tierras raras, va a hacer distintas perforaciones de entre cinco mil y diez mil metros en el acuífero, "sobre las recargas de la última fuente de agua pura que le queda a Jáchal". 
También en San Juan, Luis Caputo, ministro de Economía, anunció la semana pasada en la red social X el proyecto extractivista Los Azules. Basándose en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) --aprobado en la Ley Bases--, destruiría geoformas glaciares y periglaciares que miden menos de 1 hectárea y que, si bien siguen estando protegidas por la ley, no están inventariadas por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). Zeballos denunció irregularidades en la inclusión de glaciares pequeños que, sin estar en el inventario, quedan "totalmente desprotegidos ante el avance de la minería", concluyó el sanjuanino.
Así, Viale reafirmó: "la seguridad jurídica no es sólo para las grandes corporaciones. Nosotros, las comunidades, también queremos seguridad jurídica, que se aplique la Ley de Glaciares". Desde el panel advirtieron que frenarán los intentos de las mineras de flexibilizar y violar esta ley que no prohíbe la minería, sino que no permite que la desaarrollen donde nacen los ríos, el agua y la vida argentina.
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La UIA y la Liga de Provincias Bioenergéticas impulsan una nueva Ley de Biocombustibles

Fecha de Publicación: 03/10/2025
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional


Pidieron el acompañamiento del Ejecutivo nacional para el proeycto impulsado por Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán.
La Unión Industrial Argentina (UIA), encabezada por su presidente Martín Rappallini y su secretario Eduardo Nougués, elevó una nota formal al Jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, para solicitar el acompañamiento del Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley de Biocombustibles presentado por la Liga de Provincias Bioenergéticas, integrada por Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán.
El proyecto, que ya cuenta con estado parlamentario en ambas cámaras, surge de un arduo trabajo de articulación entre sectores públicos y privados con el objetivo de fortalecer la producción de bioetanol y biodiesel, diversificar la matriz energética y promover el desarrollo federal.
En la nota presentada, la UIA destacó la importancia de esta iniciativa para agregar valor a la producción de caña de azúcar, maíz y soja, reducir la dependencia de combustibles fósiles importados con el consecuente ahorro de divisas, sostener cadenas de valor de alto impacto socioeconómico en las provincias productoras y garantizar la continuidad de inversiones en el sector. Asimismo, subrayó que los biocombustibles permiten mejorar la salud de la población al disminuir emisiones contaminantes y generar empleo genuino en las economías regionales.

Subir el corte de biocombustibles
El nuevo marco normativo propuesto contempla un incremento progresivo en los cortes obligatorios de biodiesel y bioetanol, la apertura a inversiones en transporte aéreo, marítimo y fluvial, la habilitación de un mercado de libre comercialización por encima de las mezclas mínimas, así como la posibilidad de incorporar motores flex y kits de conversión que optimicen el uso de la materia prima nacional. Además, reemplaza los cupos y precios fijados por el Estado por un esquema de licitaciones transparentes entre privados, promoviendo competitividad y previsibilidad en el sector.
En este contexto, Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán, advirtió sobre la urgencia que atraviesa el norte argentino y la necesidad de políticas concretas para sostener sus economías regionales: “El norte argentino está en una situación límite y lo digo con total claridad: sin políticas concretas que fortalezcan nuestras economías regionales, el futuro será devastador. Tucumán no tiene petróleo, no tiene minerales, no tiene litio funcionando. Lo que tenemos es una columna vertebral que se llama azúcar, y si no la defendemos con decisión, vamos a condenar a nuestra gente a la pobreza y a la emigración masiva. Por eso exigimos que se avance ya en la ampliación del corte de bioetanol. Hoy tenemos un 12% (6% maíz y 6% caña), pero necesitamos que ese porcentaje crezca rápidamente. Esto no es un capricho: es la única manera de darle rentabilidad a nuestra producción, sustituir importaciones de combustibles y generar empleo genuino en el norte”.
Rocchia Ferro también remarcó que este reclamo no es partidario, sino de supervivencia, y que responde al mandato constitucional de promover un desarrollo equilibrado entre regiones: “No pedimos privilegios, pedimos cumplimiento de la Constitución. El azúcar y el bioetanol son nuestra bandera de desarrollo. Y si el país nos da las condiciones necesarias, el norte no solo va a producir, sino que va a crecer, a educar y a darle dignidad a su gente. Ese es nuestro compromiso y esa es nuestra lucha”.
Con el respaldo de la UIA y de las uniones industriales provinciales, el proyecto busca consolidar un modelo energético federal, competitivo y sostenible, capaz de aprovechar el potencial agroindustrial de la Argentina y garantizar un futuro económico y ambiental más equilibrado para todo el país, indicaron a través de un comunicado.
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Murió Huasi, el cóndor que había sido liberado en Río Negro en 2022: comió un cebo envenenado

Fecha de Publicación: 02/10/2025
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


El año pasado sucedió lo mismo con Yastay. La fundación Bioandina por la conservación del Cóndor Andino comunicó el hallazgo de Huasi en sus redes sociales. Fauna provincial contó que se realizó la denuncia penal y que se reunirá con la asociación para debatir pasos a seguir. 
Huasi es un cóndor que había sido liberado en Sierra Paileman en el año 2022 junto a Yastay, otro ejemplar que fue hallado muerto el año pasado al comer una oveja envenenada. La historia se repite y el fin de semana pasado el destino de Huasi fue el mismo. Fauna de Río Negro comunicó que se realizó la denuncia penal y que se reunirá con el organismo para debatir pasos a seguir.
«Un evento de envenenamiento, ocurrido en cercanías de la localidad El Caín, en la Provincia de Río Negro, cobró la vida de Huasi, un Cóndor Andino que había sido liberado en Sierra Paileman en el año 2022″, contó la Fundación Bioandina y Programa de Conservación del Cóndor Andino (PCCA). «Los estudios toxicológicos determinaron que había ingerido Carbofuran, un peligroso agrotóxico prohibido en el país (SENASA Resolución 263/2018)», detalló.
La organización recordó que los cóndores son aves carroñeras que desempeñan un rol crucial en el ciclo natural: «limpian el entorno al consumir animales muertos, evitando la propagación de enfermedades y ayudando a mantener los ecosistemas saludables». El uso ilegal de cebos tóxicos, utilizados por algunos productores rurales para matar grandes carnívoros, como pumas, zorros o perros, resulta la mayor amenaza de extinción para esta especie. 
Es por estro que existen leyes provinciales y nacionales que prohíben la práctica de control letal de predadores mediante el uso de cebos tóxicos (veneno).
Según comunicaron el caso fue denunciado ante las autoridades de ambiente nacional, el gobierno provincial, el Consejo Federal de Medio Ambiente, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) y el SENASA. «Está siendo estudiado», dijeron. 
La fundación manifestó: «Resulta imprescindible insistir en la promulgación de leyes nacionales de trazabilidad y prescripción de estas peligrosas sustancias, así como solicitar las reformas necesarias al código penal para que se sancione debidamente este delito ambiental». 
Desde Fauna provincial indicaron que se reunirán con la organización para coordinar futuras liberaciones y ver la posibilidad de realizar talleres para los productores sobre el uso de venenos.

La historia de los cóndores Yastay y Huasi
El cóndor Yastay nació en el 2019 en la reserva Tatú Carreta en Córdoba, donde eran cuidados su madre y su padre, dos ejemplares que no podían volar por heridas de bala en las alas. La llegada del pichón entusiasmo a todos, se trataba de un ejemplar de esta especie que, amenazada por los balazos y los cebos tóxicos, tendría la posibilidad de volar en libertad.
Yastay fue trasladado a Temaikén en Buenos Aires para unirse a una bandada de cóndores juveniles antes de ser liberados en la Patagonia como parte del programa El retorno al mar, ya que habían desaparecido de esa zona al sur de Río Negro.
Allí conoció a Huasi, un cóndor que provenía de La Rioja. Ambos se unieron a la bandada de juveniles que sería liberada en Sierra Pailemán.
En este paraje atravesaron un período de adaptación en la plataforma de liberación, luego fueron soltados en octubre del 2022 desde ese punto estratégico, desde las rocas a 400 metros de altura con un número que los identificaba en el ala. Les habían colocado rastreadores satelitales.
En 2024 la peor noticia llegó: Yastay había dejado reportar señales de movimiento.
Así se encontraron a 32 kilómetros de El Caín en el sur de Río Negro, casi en el límite con Chubut, con un panorama desolador. Yasytay yacía sin vida a un metro de una oveja muerta. Los análisis detectaron que el cóndor había bajado a comer los restos de una oveja envenenada con Carbofuran, un poderoso agrotóxico prohibido en el país por el Senasa en el 2018.
Este fin de semana la historia volvió a repetirse: el cóndor que había atravesado el mismo proceso que Yastay tuvo idéntico desenlace. 

Cómo ayudar
La fundación Bioandina comunicó algunos puntos a tener en cuenta para ayudar a evitar que se propaguen estos hechos.
– Evitá el uso de venenos en las áreas rurales y comunicate con las autoridades si sospechás de casos similares.
– Compartí la noticia. Al difundir esta información, estarás ayudando a crear conciencia sobre la importancia de evitar el uso de venenos, promoviendo prácticas responsables para la protección de la fauna.
– Apoyá iniciativas locales que trabajen en la protección de la fauna silvestre. Tu voz puede marcar la diferencia.
– Cada pequeño gesto suma. Digamos NO al uso de Cebos tóxicos, digamos NO al veneno. Si todos nos involucramos, podemos garantizar un futuro más seguro para los cóndores y todas las formas de vida.
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Camino a la COP30: un grupo de provincias armaron un frente climático contra la política ambiental de Javier Milei

Fecha de Publicación: 02/10/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


En Córdoba, 14 provincias conformaron un Parlamento del Clima para rechazar una posible salida de la Argentina del pacto climático y marcar distancia de la posición oficial
Las provincias se posicionan con mayor nitidez contra la política ambiental del Gobierno de Javier Milei. La semana pasada, en la Legislatura de Córdoba, 14 jurisdicciones se reunieron en la segunda sesión del “Parlamento del Clima” para rechazar una posible salida de la Argentina del Acuerdo de París.
Desde el Ejecutivo nacional no hay definiciones, aún no está claro si asistirá ni cómo se presentará a la próxima Cumbre del Clima (COP 30), que se celebrará en noviembre en Belém do Pará, Brasil. Según pudo saber LA NACION, esto se definirá muy cerca del evento. 
A pesar de ello, se preparan documentos para ese encuentro, pero “falta la palabra de Cancillería”, que tendría la decisión final. El año pasado, durante la COP 29 en Bakú, el Gobierno optó por retirar a la delegación argentina en plena negociación, una decisión que generó un escándalo internacional y sembró dudas sobre el comportamiento que tendrá el Gobierno.
El Parlamento del Clima está conformado por las comisiones de Ambiente de 14 de las 23 provincias y busca instalar una agenda paralela frente a lo que califican como “desarticulación de la política climática nacional”. Así lo definió Abraham Galo, titular de la Comisión de Ambiente y Recursos Renovables de Córdoba y presidente del bloque federal por dos años.
El encuentro no es vinculante, aunque apunta a generar influencia y marcar un camino político dentro del Poder Legislativo con una impronta federal. “Tenemos que seguir con el trabajo que veníamos haciendo, a pesar de tener por primera vez un Gobierno nacional negacionista”, afirmó Galo. 
Ante la consulta, desde la Subsecretaría de Ambiente de la Nación catalogaron estos esfuerzos provinciales como meros gestos electorales con vistas a octubre. “Nos hemos reunido con las provincias a través del Consejo Federal del Medio Ambiente y estamos funcionando como órgano coordinador para la elaboración de los planes de respuesta al cambio climático”, describieron. Para ellos, estas iniciativas provinciales utilizan argumentos “ideologizados” y plantearon que hay otros espacios en los que hay un encuentro federal. “Participamos de los encuentros de la Alianza Verde del Clima y también a través del Consejo Federal de Inversiones, en donde el Tesoro pone partidas”, añadieron.
Pero más allá del debate político, hay varios expertos que resaltaron una necesidad financiera para explicar los movimientos provinciales. Una asesora que trabaja con casi todas las provincias del país en materia de política ambiental y climática, explicó que muchas de estas iniciativas están atadas de manera primordial con la búsqueda de financiamiento internacional. “Sobre todo veo que lo buscarían implementar para proyectos vinculados al pago por servicios ambientales, en especial para incentivar a los productores a conservar los ecosistemas nativos”, explicó.
Recordemos que, tras la no actualización del presupuesto 2025, hubo una caída generalizada de la cooperación para las provincias que al cierre del año pasado sufrieron una caída real del 9,8%, y en la que la provincia de Buenos Aires sufrió el golpe más fuerte. Las acciones del oficialismo durante la primera sesión de debate sobre el presupuesto 2026 sembraron fuertes sospechas de que hay una intención de boicotear la búsqueda de consenso para tener una versión actualizada.
La tensión entre los gobernadores porque consideran que hubo promesas incumplidas por parte del Gobierno, ha desembocado, entre otras cosas, en la búsqueda de fondos que provengan de la banca multilateral o de acuerdos entre gobiernos subnacionales. El Consejo Federal de Inversiones ha asesorado a varias provincias para impulsar también mecanismos de adaptación al cambio climático. “Mucho tiene que ver con renovación o mejoramiento de infraestructura, pero con una perspectiva de adaptación”, dijo una asesora cercana a los gobiernos provinciales. 
Participaron representantes de Catamarca, de la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Córdoba. También estuvo presente la vicegobernadora cordobesa Myrian Prunotto y una delegación uruguaya.
De acuerdo con observadores presentes, la sesión fue más declarativa que programática. Los legisladores provinciales manifestaron su rechazo al “negacionismo” del Gobierno nacional, pero no trazaron una hoja de ruta con medidas concretas de mitigación y adaptación al cambio climático. En la declaración oficial instaron a promover un consenso legislativo que “blinde cualquier posible salida del Acuerdo de París”.
María Eugenia Mancini, legisladora correntina y cofundadora del espacio, explicó que el parlamento es una iniciativa pionera que esperan que se replique en otros países; solo en Estados Unidos hubo un experimento similar. “Vamos a presentar al Campeón de Alto Nivel de la COP 30 y al embajador de Brasil en la Argentina este modelo de innovación institucional legislativa que no tiene antecedentes en el mundo. Gracias a las provincias, el liderazgo climático argentino se mantiene en lo alto. Siempre fuimos grandes actores en la cooperación internacional”, señaló.
El Parlamento del Clima no es nuevo. En 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri, hubo un primer intento impulsado por el exdiputado y cineasta Fernando “Pino” Solanas (quien falleció en 2020) y Sebastián Navarro, aunque no tuvo continuidad. Según Mancini, eso se debió a divisiones impulsadas desde el Gobierno nacional de entonces. En esta segunda sesión se conformaron comisiones conjuntas para establecer un programa de trabajo federal y ya hay reuniones previstas para este año y el próximo. A pesar de ello, la agenda no termina de ser nítida. Según informaron desde el “Parlamento”, es misión de las comisiones marcar una ruta de trabajo.

Un bloque federal
El Parlamento del Clima es solo una de las iniciativas provinciales que buscan distanciarse de la agenda ambiental de Milei. La de mayor fuerza surgió en junio pasado, durante la Conferencia Climática Internacional celebrada también en Córdoba.
Ese encuentro reunió a 5500 asistentes de más de 20 países y contó con seis gobernadores: Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Sergio Raúl Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones) y Carlos Sadir (Jujuy). También participaron la vicegobernadora de Entre Ríos, Lisa Griselda Aluani, y Amador Sánchez Rico, entonces representante de la Unión Europea en Argentina.
“Hoy, lamentablemente, la Argentina salió de la visión de defensa del clima. Estamos en un país negacionista. No lo compartimos. Si estamos aquí es porque resistimos, con un compromiso personal y una responsabilidad histórica. El día de mañana podremos mirar a nuestros hijos y nietos”, había declarado Llaryora en ese momento.
Esa conferencia abrió la puerta a nuevas alianzas interprovinciales e internacionales. Según un asesor de gobiernos provinciales en política climática, existe la intención de conformar un frente subnacional en la COP 30 que sostenga una agenda distinta a la del Gobierno nacional.
Pocos días después, hubo otro encuentro en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, encabezado por la ministra de Ambiente bonaerense Daniela Vilar y con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof. La idea, nuevamente, fue delinear una agenda propia de cara a la cumbre de Belém do Pará.
El 8 y 9 de octubre se realizará un nuevo encuentro federal, “Camino a la COP30”, impulsado por la Alianza Verde Argentina. Se espera la participación de representantes de Entre Ríos y La Pampa, además de funcionarios de la embajada brasileña.
Más allá de los actos políticos, todavía hay un camino largo para recorrer en lo que respecta a la normatividad climática provincial. Hasta ahora, solo ocho de ellas cuentan con leyes distritales de cambio climático y, a pesar de que la mayoría de las jurisdicciones están trabajando en ello, solo tres tienen aprobados sus planes de acción frente a riesgos climáticos como inundaciones o incendios. 
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El ecocidio continúa de una manera silenciosa

Fecha de Publicación: 01/10/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Litoral Argentino


Un informe de la UNR alerta sobre el aumento de las quemas en los últimos tres meses y la falta de responsables. Hubo audiencia pública por el tema en el Concejo.
Desde principio de año ya se quemaron más de 30 mil hectáreas en la zona del humedal del Delta del Paraná. El dato se desprende de un informe realizado por el Centro de Estudios Territoriales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde se señala la existencia de condiciones climáticas como alta humedad y un nivel del río superior a años anteriores, que suponen “una barrera para la dispersión de los incendios”. Sin embargo, advierten sobre un aumento en los focos de incendio durante el último trimestre que da cuenta de una vinculación con la actividad humana. “Aún no pudimos resolver, a lo largo de los últimos cinco años, quien enciende el fuego”, cuestionó Matías De Bueno, secretario de Política Ambiental de la UNR. 
El tema se puso en debate en una audiencia pública en el Concejo, de la que participaron distintos actores y se reclamaron medidas de prevención sobre el humedal. Las organizaciones sociales remarcan que la situación nunca mermó y advierten que los incendios van a seguir ocurriendo. “Los factores siguen siendo los mismos”, sostuvo Rodolfo Martínez, de la Multisectorial Humedales.
El estudio arrojó que, desde principio de año, se registraron incendios sobre una superficie aproximada de 30.327 hectáreas, en los humedales que forman parte del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible (Piecas) del Delta del Paraná. Según el informe, el primer bimestre del año comenzó con una fuerte actividad ígnea que afectó unas 12.976 hectáreas, para luego descender notoriamente: durante los siguientes cuatro meses se registraron 2.618 hectáreas incendiadas. Sin embargo, a partir de julio los incendios retomaron y el cuarto bimestre del año finalizó con 10.929 hectáreas de humedal incendiadas. En septiembre, los incendios registrados encienden las alarmas: en apenas 25 días se detectaron 13.188 hectáreas arrasadas por fuego.
En el relevamiento también se señala que la altura del río Paraná es mejor a la de años atrás, aunque sin recuperar sus niveles promedios. Esas condiciones climáticas (mayor humedad, precipitaciones y nivel del río superior) suponen “una barrera para la dispersión de los incendios” en la zona. 
A pesar de eso, el aumento considerable del fuego durante los últimos tres meses “dejaría en evidencia que están vinculados a la actividad humana”. Además, la mejora hídrica favoreció el crecimiento de la vegetación y, en consecuencia, una mayor cantidad de material “potencialmente combustible” en la zona, lo que deja una alerta encendida para el resto del año.
Además de la cuestión ambiental, el informe también pone el foco en el debilitamiento de las políticas públicas orientadas a prevenir y controlar los incendios. Por ejemplo, la eliminación del fondo fiduciario que alimentaba de recursos al Sistema Nacional de manejo del fuego (SNMF). A eso se le suma la disminución en la asignación del presupuesto desde 2023, que se agrava con la subejecución de esa partida: en 2024 solo se ejecutó un 22% de lo asignado y, en lo que va del 2025, se ejecutó un 30,7%. Con ese trasfondo, desde el Centro de Estudios Territoriales entienden que, sin recursos, la estrategia de manejo del fuego queda reducida a una reacción tardía.
“La magnitud y recurrencia de los incendios en el Delta del Paraná evidencian que ninguna provincia, por sí sola, puede enfrentar de manera eficaz el problema. El carácter interjurisdiccional del humedal exige articular esfuerzos entre las provincias involucradas y el Estado nacional, bajo un esquema de cooperación técnica, financiera y operativa”, expresa el informe. “Solo a través de una gobernanza compartida, con presupuestos adecuados y mecanismos de gestión conjunta, será posible garantizar la protección de la biodiversidad y de las comunidades que dependen de estos humedales”, agrega.

¿Quién prende?
Para De Bueno, el informe da cuenta no solo de que la problemática de los incendios nunca cesó, sino que se va a seguir produciendo. “El ecocidio continúa silenciosamente y podemos prever que se van a seguir produciendo incendios. Este año se quemaron más de 30 mil hectáreas, que son doscientas veces el Parque Independencia”, lamentó en diálogo con Rosario/12. “Creemos que podemos tener, por lo menos hasta fin de año, unas 20 mil hectáreas más de incendios. Por eso entendemos que se debería elaborar un plan de trabajo entre los distintos actores, en vistas de resolver esa pregunta: ¿quién prende el fuego?”, añadió.
El dirigente consideró que la ausencia de responsables es una de las grandes deudas de los últimos años. “Aún no pudimos resolver ni quién prende el fuego, ni por qué. Ese es el mayor fracaso que nosotros vemos en la Justicia”, expresó y agregó: “Creemos que se deben destinar los recursos necesarios para poder llevar adelante las investigaciones, porque actualmente son muy escasos. Están trabajando las jurisdicciones locales, que no dan abasto. Y el poco interés del gobierno nacional en la política ambiental no colabora con esta situación”.
En ese marco, el referente ambiental de la UNR habló de “retrocesos”, más que de avances, desde la temporada de incendios iniciada en 2020. “Hubo un grave retroceso sobre todo desde la jurisdicción federal. Hay menos financiamiento para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En la Justicia, en lugar de tener mayores certezas, tenemos las absoluciones de la mayoría de los imputados dentro de los procesos federales, y pocos avances en los juzgados provinciales”, describió. “Nuestra propuesta concreta es que tenemos todavía tres meses por delante y podemos evitar que esto se siga profundizando”, completó.

Audiencia pública
Los resultados del informe se presentaron el pasado jueves, en una audiencia pública que puso el foco en el estado de las causas judiciales que investigan a los responsables de los incendios en las islas. La actividad fue impulsada por el concejal de Ciudad Futura, Julián Ferrero, que además preside la Comisión de Ecología en el Concejo. Uno de los convocados a exponer en la jornada fue el fiscal federal Claudio Kishimoto, con el fin de brindar los detalles de las causas en curso. Para el edil se trató de un “hecho histórico e inédito” para la ciudad.
“No es muy habitual que un fiscal acuda al Concejo para explicarle a la gente y la ciudadanía cuál es el estado de avance de las causas y mucho menos cuando se trata de causas que revisten esta complejidad, con tantos intereses en juego, e incluso problemas jurisdiccionales”, describió Ferrero a Rosario/12. 
“Fue una jornada para discutir en conjunto. Son pocas las veces en que podemos reunirnos todos los actores en un lugar, independientemente de nuestros pensamientos o trayectorias. Desde funcionarios, vecinales, la universidad, la militancia socioambiental y también los sectores ganaderos, que expresaron su posición sobre el tema”, añadió.
El concejal remarcó que la importancia de la jornada también radica en visualizar que los incendios continúan ocurriendo. “Las islas siguen siendo un territorio en disputa y los niveles de protección son muy bajos. Hoy en la isla casi que se puede hacer cualquier cosa, siempre y cuando se respeten algunos parámetros. Es importante controlar lo que se puede hacer en un ecosistema que es vital para la región”, expresó.
“Hoy son tímidas las políticas públicas o acciones que implementa tanto el gobierno de Santa Fe como Entre Ríos. Siempre lo fueron. Cuesta ver un gobierno, independientemente de la fuerza política a cargo, que tenga voluntad de asignar recursos específicos a este tema. Y a nivel nacional el desfinanciamiento de políticas orientadas a la conservación de los ecosistemas es absoluto”.

Las organizaciones
En la audiencia se hicieron presentes distintas organizaciones ambientales, que desde años vienen monitoreando lo que sucede en las islas y peleando por la sanción de una ley que proteja los humedales del país. “La conclusión que sacamos es que los incendios se van a seguir repitiendo, es algo que nunca dejó de pasar. Los factores siguen siendo los mismos”, dijo Martínez a Rosario/12. 
“Hay una realidad que todos reconocen y es la ausencia de control estatal. Victoria detenta la jurisdicción de un enorme territorio sobre el que no garantiza el cumplimiento de la ley. Es un Estado que ni siquiera llega tarde, nunca llega”, cuestionó.
Para el integrante de la Multisectorial Humedales, uno de los principales aspectos sigue siendo la falta de presencia del Estado respecto al ordenamiento territorial, productivo y ambiental en la zona. “No se trabaja con drones, hay pocas lanchas. Vemos que no hay nunca una reacción rápida del Estado para que esto no suceda”, expresó y agregó: “Siempre se pone como excusa la falta de recursos. Podemos empezar por cobrarles multas a quienes hacen los terraplenes ilegales, porque si no tenemos un estado bobo que absorbe todas las pérdidas sin dar ninguna respuesta. Por eso, creemos que esto va a seguir sucediendo”.
Por último, el dirigente consideró que la sociedad sigue acompañando el reclamo ambiental y aseguró que la militancia ambiental en los últimos años deja aprendizajes: “El apoyo a la causa está vigente. Hoy todos sabemos lo que es un humedal y como sociedad fuimos aprendiendo mucho en el camino. A la gente le importa lo que está pasando y se supone que son los funcionarios quienes deben resolver esto. En ese tiempo las organizaciones hemos institucionalizado algunos procesos más locales y eso es positivo. A nivel nacional tenemos un gobierno que es negacionista en la materia y eso es una novedad. Por eso es importante mantener una militancia presente en estos temas”. 
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El Soberbio: operativo ambiental ante denuncias de tala no autorizada de madera nativa

Fecha de Publicación: 01/10/2025
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones


El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables investiga una presunta extracción ilegal de madera nativa en el municipio de El Soberbio, tras un operativo de control forestal realizado este sábado en zonas aledañas a la Reserva de Biósfera Yabotí.
El procedimiento fue encabezado por el ministro Martín Recamán, junto a personal de la Dirección General de Bosques y la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales de San Vicente.
La intervención se concretó a partir de denuncias e indicios de infracciones vinculadas a planes de aprovechamiento forestal. Durante la inspección, el equipo técnico recorrió el terreno, tomó coordenadas, registró trayectorias GPS e identificó planchadas de acopio, caminos de extracción y áreas de aprovechamiento no declaradas.
Los investigadores detectaron además un movimiento inusual de camiones de gran porte que transportaban rollos de madera. Si bien parte del cargamento correspondería a planes autorizados, se presume que existirían lotes no declarados involucrados, lo que motivó la intervención inmediata.
Como resultado del operativo, se labró un acta donde se detallaron los hallazgos y se recabó información técnica del lugar. Estos registros serán contrastados con imágenes satelitales, guías de transporte y permisos vigentes, a fin de determinar el alcance de las posibles irregularidades detectadas.
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