Hay 95 proyectos ambientales cajoneados en el Congreso
Por qué hay 95 proyectos de medio ambiente cajoneados en el Congreso: “Es un escenario inédito”
Fecha de Publicación: 09/09/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Los que habitan los montes y los bosques. Los que viven frente al mar. En lo alto de las montañas o al pie de los glaciares, experimentan una sensación de olvido. Es una idea que se potencia en el seno de las organizaciones que trabajan sobre temas de naturaleza. “Nadie firma nada, no hay gestión. El Gobierno no toma decisiones ambientales. Todo es una parálisis, mientras los ríos del norte se secan y se extinguen y los animales mueren de sed. Volvieron los incendios. Cuál es el plan para el verano. Lo mismo pasa en los mares o donde sea. Avanzan proyectos industriales pero nadie repara en el cuidado del ambiente. Es un escenario inédito”, dice la titular de una ONG dedicada a la restauración de ecosistemas.
Los ambientalistas están desconcertados. Están que trinan. Pero no saben bien a quién dirigirse. La información que surge, por indagaciones de Clarín, es que la secretaria de Ambiente, Ana Lamas, estaría sin margen para conducir nada, sin poder para tomar decisiones y hasta cerca de abandonar su cargo, jaqueada por internas cruzadas en el ex ministerio. Pasaron nueve meses del gobierno de Javier Milei y no hay interlocutores válidos para tratar las urgencias ambientales que abundan en la Argentina.
“El cuidado del medioambiente nos corresponde a todos y tiene un gran valor para nuestro país, ya que nos permitirá generar riqueza, a la vez nos permitirá vivir más y mejor”, escribió el diputado Carlos D’alessandro a días de su nombramiento como presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente Humano. Sin embargo, desde ese nombramiento en abril, D’alessandro jamás convocó a una reunión y ya son 95 los proyectos que se apilan en la comisión permanente desde diciembre del 2023.
Las presentaciones incluyen leyes, pedidos de informes, resoluciones y declaraciones de toda índole. Algunos con más urgencia que otros, como el pedido para extender la emergencia por incendios, la creación de un fondo contra desastres climáticos o garantizar un presupuesto mínimo para la restauración de los humedales.
La agenda ambiental en la era Milei esté postergada y no es una novedad. El presidente fue categórico en el Pacto de Mayo y poco margen queda para pensar a corto o mediano plazo. El abandono de la comisión no solo preocupa a ambientalistas sino también a sectores exportadores que necesitan posicionarse en mercados internacionales cada vez más exigentes con la trazabilidad ambiental de los productos que demandan. Uno de los hitos de este años fue la aparición de un regulación sobre deforestación para productos que se exportan a la Unión Europea.
Algunos diputados que integran la comisión están desconcertados y preocupados por la situación. Por la bajo, no son pocos los que aseguran que la expresión “cambio climático” ha pasado a estar prácticamente prohibida y si se encuentra en algún proyecto se sabe que dormirá el sueño de los justos”. La comisión, encabezada por D’Alessandro, está integrada por 30 diputados entre los que se encuentra Máximo Kirchner, Martín Yeza, Maximiliano Ferraro y Margarita Stolbizer, quien está como vicepresidenta segunda.
El diputado de la UCR Fabio Quetglas, integrante de la comisión, ensayó a pedido de Clarín, las posibles razones de la demora. La pregunta fue única: por qué se demora la puesta en marcha de la discusión medioambiental en la Argentina, a contramano de lo que ocurre en el mundo. Dijo Quetglas: “Se combinan varias cosas: por un lado, el Gobierno parece considerar a la totalidad de la legislación ambiental como un obstáculo al desarrollo económico. A lo que añade una evaluación exagerada, al considerar la legislación existente como estéril para alcanzar objetivos de sostenibilidad. El cuidado del ambiente y el rol federal en los presupuestos mínimos son obligaciones constitucionales. No son optativos Una cuestión es discutir alcance y eficacia de las medidas que se legislan y otra caer en el negacionismo ambiental. Un razonable sentido contemporáneo nos obliga a una acción legislativa no voluntarista ni negadora de la enorme agenda ambiental que tenemos pendiente”.
El freno de mano a la agenda ambiental parece ir en contra de las declaraciones que hizo el mismo D’Alessandro, en artículos de prensa publicados días atrás: “Los esfuerzos por cuidar nuestro entorno, generan beneficios en la economía de nuestro país. (...) la correcta conservación de nuestros paisajes permitirá que sigamos teniendo destinos atractivos para el turismo interno y extranjero, incrementando los ingresos de nuestro país. También, podemos pensar en los frutos que podría tener el desarrollo de una economía circular, en la generación de nuevos empleos y la valorización de aquello que solíamos desechar. Finalmente, si logramos posicionarnos como referentes en el uso responsable de nuestros recursos naturales, podemos convertirnos en una fuente de inversiones destinadas a este propósito”.
A juzgar por la inercia reinante, parecería haber cambiado de postura. Existen algunos proyectos, por ejemplo, de creación de Áreas Marinas Protegidas, que podrían traducirse en un impulso concreto para el turismo ecológico. Sin reuniones de la comisión, se ve demorada la creación de empleo vinculado al turismo.
Desde su aparición, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano dictamina “sobre todo asunto o proyecto vinculado con el aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales y con la conservación o la contaminación ambiental”. ¿Acaso no sería importante al menos que haya debate sobre crear o no un fondo para catástrofes climáticas? ¿No es necesario restaurar los humedales que sufrieron incendios de cientos y cientos de hectáreas? Nada en el mundo -ni en política local ni en la alta política y mucho menos en la macroeconomía- se mueve dejando de lado la “cuestión ambiental”. Como dice el mismo D’Alessandro: “Debemos tomar con seriedad nuestro proceder en esta comisión y trabajar codo a codo para abordar esta temática, ya que el deterioro de nuestro planeta nos afectaría a todos, sin distinción política”. Palabras sobran.
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Amplio rechazo social a normativa minera jujeña
Ambientalistas piden que se declare la inconstitucionalidad del decreto que regula la actividad minera en Jujuy - Política
Fecha de Publicación: 09/09/2024
Fuente: Jujuy Dice
Provincia/Región: Jujuy
Organizaciones ambientales, de derechos humanos piden la insconstitucionalidad del decreto 7751/23, además de una serie de incumplimiento de la provincia que hacen a derechos indígenas y ambientales .
Organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc presentaron una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de Jujuy para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto N° 7751/2023, el cual regula los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de las actividades mineras en la provincia.
Además en la Corte Suprema de Nación, hay un expediente que iniciaron las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc que demandan al estado provincial de Jujuy y Salta, demanda que marca un precedente para evitar que los recursos naturales y las comunidades sufran daños irreparables.
El Decreto 7751/2023, que deroga al Decreto 5772/2010, establece las etapas, requisitos exigibles, contenido e instancias de relacionamiento con los superficiarios en el contexto de actividades de prospección, exploración y explotación minera en la provincia.
La provincia no garantiza un abordaje integral de la cuenca, la ausencia de información y la necesidad de protección y conservación del ambiente y del agua ante los potenciales efectos adversos de la minería de litio, los derechos ambientales y humanos de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, para que sus territorios y modos de vida no se conviertan en una nueva zona de sacrificio en la disputa geopolítica por el litio.
El decreto cuestionado vulnera los derechos colectivos de las comunidades y pueblos indígenas como al consentimiento libre, previo e informado, ya que permite a las empresas obtener sus permisos mineros tras reunirse con una o más comunidades identificadas unilateralmente como afectadas -sobre la base del área de influencia definida sólo por la empresa en total contravención de los mandatos del Convenio 169 de la OIT-, o con el aval de un gobierno que aún no ha reconocido los territorios comunitarios.
Excluye del proceso a comunidades que también habitan en la misma cuenca hídrica y pueden verse afectadas por posibles impactos de los proyectos.
Bajo este mecanismo, el Gobierno de Jujuy aprobó la exploración de Mina Agonic (operada por la empresa minera Lition Energy, subsidiaria de la empresa Pan American Energy, propiedad de la británica BP y la argentina BC Energy Investment, perteneciente a su vez a China National Offshore Oil Corporation y a Bridas Corporation, de la familia Bulgheroni) en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, lo que despertó graves conflictos en el territorio.
La situación derivó en la judicialización de la autorización por comunidades afectadas por el proyecto; por no haber sido admitidas en el proceso de aprobación, pese a sus reiterados reclamos en ese sentido.
Además de estas irregularidades, se pudo constatar con especialistas, el uso de GPS y en presencia de escribana, la empresa instaló un campamento en territorio de la comunidad aborigen El Angosto Distrito Moreno, una de las comunidades que se opone al avance de la minería y a la que se prohibió participar del proceso de discusión de evaluación del proyecto. La Dirección Provincial de Minería y la Secretaria de Pueblos Indígenas de la provincia negaron que el territorio de la comunidad esté en la zona de concesión, a pesar de que la constatación en campo demuestra lo contrario.
A su vez, el decreto avasalla los derechos de acceso a la información y a la participación en asuntos ambientales garantizados en instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú, y en la Constitución Nacional y provincial. Por lo tanto, se cercena la posibilidad del desarrollo de un debate público y que las observaciones presentadas sean debidamente tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones, lo que implica un claro retroceso a los derechos adquiridos.
El decreto tampoco incorpora herramientas clave para la protección del ambiente, como la realización de estudios de impacto ambiental acumulativo, fundamental para medir los daños reales que puede ocasionar la minería del litio en ecosistemas como los humedales andinos, en los que la interconexión del agua hace necesario analizar el impacto de todos los proyectos que existen y/o se proyectan en la cuenca, en conjunción con los usos de agua pre-existentes de las comunidades. La Corte de Justicia de Catamarca, en el fallo “Guitian”, reconoció la necesidad de realizar este tipo de estudios para prevenir el daño en los salares al constatar daños irreversibles provocados por la minería del litio, y suspendió el otorgamiento de nuevos permisos.
La adecuada reglamentación de la protección ambiental en la actividad minera y respeto de los derechos humanos resulta trascendental, máxime ante los elevados impactos ambientales que puede provocar. Los daños serán irreversibles en los territorios, en el acceso al agua principalmente afectando las formas de vida de comunidades indígenas que mantienen un vínculo armónico con el entorno desde tiempos ancestrales.
La provincia de Jujuy adhirió de manera parcial y reciente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual da privilegios por 30 años a grandes empresas inversoras, beneficio adicional a los otorgados por la Ley 24.196 a las empresas mineras que les permitiría ampliar la estabilidad fiscal ya concedida, y prioriza a sus proyectos antes que a los argentinos y argentinas en el uso de bienes como el agua. Esto nos debe poner en especial alerta en la defensa y protección de los recursos naturales.
La presentación, realizada tiene fecha de 26 de agosto de 2024, cuenta con las firmas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), y las comunidades indígenas Santuario de Tres Pozos, El Angosto Distrito Moreno, San Francisco de Alfarcito, Aguas Blancas, Cianzo, Cochagaste, Casabindo, Tambillos y Tusaquillas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.
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Conicet presentó su plataforma digital sobre biodiversidad
Nuevo Portal de Datos de Biodiversidad de Argentina
Fecha de Publicación: 07/09/2024
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional
La plataforma digital, que ya cuenta con más de 17 millones de datos, fue desarrollada en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" por especialistas del CONICET e integrantes del Nodo Argentino de la Infraestructura Mundial de Información sobre Biodiversidad en conjunto con publicadores de datos del país.
Se presentó el Portal de Datos de Biodiversidad de Argentina desarrollado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACNBR, CONICET) por el Nodo Argentino de la Infraestructura Mundial de Información sobre Biodiversidad (GBIF, por sus siglas en inglés) en conjunto con las instituciones publicadoras de datos del país. El proyecto contó con la participación de institutos e investigadores del CONICET.
Esta nueva plataforma aloja datos abiertos de la biodiversidad de Argentina como cifras, imágenes, herramientas audiovisuales y de publicación de datos, georreferencias y bibliografía asociada a los registros provenientes de instituciones argentinas y extranjeras. Entre ellas museos de ciencias naturales, institutos de investigación, diferentes organizaciones gubernamentales (municipales, provinciales, nacionales) hasta organizaciones no gubernamentales. Además, genera un red de curaduría y colaboración entre especialistas e interesados en biodiversidad.
Durante la presentación el Director del MACNBR, Luis Cappozzo dio la bienvenida a la comunidad científica presente y destacó: “Nos reunimos para conmemorar el relanzamiento de una plataforma de biodiversidad de relevancia internacional. Esta nueva herramienta subraya la importancia de nuestra colaboración global y nacional y sus numerosas aplicaciones prácticas, desde la conservación ambiental hasta la biomedicina y la industria aeroespacial. Este esfuerzo refleja el compromiso del Museo de servir a la sociedad con los resultados de nuestra investigación”.
Por su parte, el investigador del CONICET en el MACNBR y jefe de la delegación del Nodo Argentino de GBIF, Martín Ramírez, agradeció a los investigadores, curadores, instituciones científicas y organizaciones internacionales por el aporte y acompañamiento durante la creación del portal e invitó a nuevas generaciones y publicadores a continuar con el legado.”Este tipo de recursos pone en valor no solo el resultado final de esta iniciativa, sino también que cada uno de los grupos que trabajó detrás tenga el debido crédito y atribución, lo cual, de una manera tecnológica e institucional, estamos garantizando”.
También estuvo presente por parte de la Red Nacional de Colecciones Biológicas y pionero de los inicios de Argentina en GBIF Edgardo Romero quien hizo un recuento de los grandes hitos históricos y de larga trayectoria de investigadores detrás de la creación y desarrollo de bases de datos de biodiversidad destacando la labor de canalizar las instituciones y colaboraciones y agradeció a las instituciones que apoyaron en su momento y las actuales aportantes tanto de información como al desarrollo tecnológico.
El objetivo del portal es poner a disposición los datos primarios abiertos de Argentina generados por instituciones de nuestro país y del mundo, a partir de sus colecciones de historia natural, estudios ecológicos y monitoreos, así como los datos provenientes de iniciativas de ciencia ciudadana. El Portal de Datos de Biodiversidad de Argentina está basado en la tecnología desarrollada por GBIF con su programa de Portales Alojados y está distribuido estratégicamente en las secciones: datos, conjunto de datos, publicadores, bibliografía y noticias.
En este marco, durante la presentación técnica del Portal la profesional de apoyo del Consejo y administradora del Nodo Argentino de GBIF, Anabela Plos destacó que la plataforma es dinámica y permitió la centralización de datos a nivel nacional y la repatriación de datos fuera de Argentina . Además comentó: “Los datos que están presentes en el portal, y que son mediados a través de GBIF, cumplen con los principios FAIR y CARE. Lo que significa que los datos son hallables, accesibles, interoperables y reusables. Y por otro lado, los principios CARE refieren a las atribuciones de forma justa con datos provenientes de grupos originarios.
La plataforma cuenta con información disponible correspondiente a 17.016.066 datos generales de los cuales 15.944.311 cuentan con georreferencia y 1.125.608 con imágenes, agrupados en 316 conjuntos de datos de 60 publicadores. Además tienen Licencia Creative Commons asignadas por los publicadores y tanto los datos, como las consultas de datos tienen un DOI asociado para facilitar su correcta citación.
Jornada Técnica
Previo al lanzamiento, se realizó una Jornada Técnica, con una serie de ponencias cortas donde se abordaron diferentes temáticas en relación con los datos primarios de biodiversidad entre ellos: Primeros pasos en la construcción de un Herbario Virtual: Los tipos del Herbario CORD, a cargo de la Lic. Jimena Ponce y el Téc. Marcelo Gritti del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV, CONICET, UNC). Specify: experiencia de aplicación en el Museo de La Plata, a cargo de la Dra. Cristina Damborenea del Museo de La Plata, (FCNYM, UNLP). Ciencia comunitaria como fuente de datos biológicos: de ArgentiNat al Portal de Datos de Biodiversidad de Argentina, a cargo de la Dra. Agustina Yáñez y del Dr. Iván Magalhaes del MACNBR. Documenta Florae Australis, a cargo del Dr. Manuel Belgrano del Instituto de Botánica Darwinion (IBODA, CONICET). Integración de datos geográficos sobre triatominos: aportes desde la ciencia y la participación comunitaria, a cargo de la Dra. Soledad Ceccarelli del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE, CONICET, UNLP) y Portal de Datos de Biodiversidad de Argentina, a cargo de la Dra. Anabela Plos del MACNBR.
Este portal representa un paso significativo en la producción y difusión del conocimiento sobre la biodiversidad de Argentina, y pone de relieve la generación de datos científicamente validados por parte las instituciones nacionales, así como facilita su aplicación para resolver problemas científicos y de gestión.
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Programas la Cuenca Matanza-Riachuelo paralizados
AGN: otro programa con menos del 1% de ejecución
Fecha de Publicación: 07/09/2024
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Riachuelo
Se trata de un informe sobre el Programa Integral del Hábitat que fue aprobado por el organismo de Control. También se debatieron los estados financieros vinculados con el programa de Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior y el financiamiento adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Volvió a sesionar el Colegio de Auditores Generales de la Nación. Durante la jornada se aprobaron diferentes informes, entre ellos, una auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al Programa Integral del Hábitat del Ministerio de Economía, por el ejercicio Nº 4 comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.
El auditor general, Javier Fernández, presentó el informe y remarcó la subejecución de los fondos asignados al programa. “La ejecución fue casi nula, menor al 1%. Eso es una muestra clara de la poca gestión del área responsable”, agregó.
Además de la subejecución financiera del proyecto, el trabajo de los auditores también observó que el programa continuó “sin obras adjudicadas y con demoras en los desembolsos del dinero enviado por parte de la Corporación Andina de Fomento”.
Fernández también presentó un examen especial referido al impacto de la Ley de Reparación Histórica de Jubilados y Pensionados en la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), por el periodo comprendido entre el 01/07/2016 y el 31/12/2019.
La particularidad fue que el trabajo solo fue tratado, pero sin aprobación y derivado al área de auditoría interna de la AGN.
“Este proyecto tuvo demoras desde su inicio hasta su finalización. En junio de 2020 se aprobó la planificación y luego pasaron cuatro años sin avances en las tareas de ejecución”, criticó Fernández y analizó que la situación es “un momento oportuno para llamar la atención sobre la manera de trabajar”.
“Si se llega cuatro años más tarde, el trabajo perdió oportunidad, más teniendo en cuenta que ya existen otros informes aprobados sobre la misma materia”, concluyó el auditor general.
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Violación de medidas cautelares contra desmonte en Chaco
Denuncian desmonte ilegal en Chaco
Fecha de Publicación: 06/09/2024
Fuente: TN24
Provincia/Región: Chaco
En el marco de la megacausa por la mafia del desmonte, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó una denuncia ante la Justicia Federal, alertando sobre el avance descontrolado de estas acciones en el Chaco.
«A pesar de la vigencia de una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de desmonte en la región, grupos de poder vinculados a empresarios y funcionarios continúan arrasando con los bosques nativos, con la complicidad de sectores del Gobierno provincial», expresaron desde la organización.
Estos desmontes no solo violan la ley, sino que también destruyen el hábitat de especies endémicas de la región que se encuentran en peligro de extinción, como el tatú carreta. A su vez, afectan enormemente a las comunidades locales, que dependen del bosque nativo y de los servicios ecosistémicos que éste aporta para su subsistencia y vida digna. «Lo que está en juego no es solo la biodiversidad del Chaco, sino la justicia social y ambiental para los pueblos que habitan esta región», señalaron.
La medida cautelar emitida por la Justicia Federal estableció la suspensión de todos los desmontes autorizados o no ejecutados y prohíbe el otorgamiento de nuevos permisos en la provincia del Chaco. Esto incluye tanto las actividades de cambio de uso de suelo, que implican la conversión de áreas forestales en terrenos agrícolas, ganaderos o urbanizados, como cualquier intervención que cause la pérdida irreversible del carácter de bosque nativo.
Violación de las medidas cautelares
A pesar de la medida judicial, el 25 de agosto, investigadores que se encontraban realizando trabajos de campo, documentaron un desmonte ilegal en las cercanías del Parque Provincial Loro Hablador y del Parque Nacional Copo.
«En un área de aproximadamente 600 hectáreas, maquinaria pesada arrasó con imponentes quebrachos centenarios, destruyendo el hábitat de especies amenazadas como el tatú carreta. Las imágenes y videos capturados por los investigadores son prueba inequívoca del incumplimiento de la medida cautelar», indicaron.
«Días después, el 27 de agosto, otro desmonte ilegal tuvo lugar en la localidad de Maipú, Chaco. En este caso, se estima que más de 1.000 hectáreas fueron afectadas, muchas de ellas taladas recientemente , como lo evidencian las imágenes satelitales y el testimonio de vecinos. Se detectaron incluso hornos de carbón en la zona, lo que sugiere un uso irregular del territorio», enfatizaron.
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La agroindustria 'molesta' por normativa de la UE
Crece el malestar y el desconcierto por la norma europea que pretende cambiar para siempre el principal negocio de exportación argentino
Fecha de Publicación: 06/09/2024
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Nacional
Faltan apenas cuatro meses para el inicio de la regulación “antideforestación” de la Unión Europea –que pretende transformar por completo a nivel mundial la manera de comercializar productos agroindustriales– y en el ámbito agrícola argentino crece el malestar y la incertidumbre.
Esa sensación persistente –como una basurita en el ojo– la definió muy bien el presidente de Maizar, Federico Zerboni, durante una charla ofrecida en el Congreso Internacional del Maíz. “Está faltando una definición del sector productivo argentino por sí o por no. ¿Nos conviene abrir la puerta a esto o tenemos que pedir más dialogo?”, desafió.
Los dirigentes de Confederaciones Rurales (CRA) indicaron que están evaluando si seguirán validando su adhesión al sistema georreferenciado de monitoreo, reporte y verificación, denominado Visec, que es administrado por la Bolsa de Comercio de Rosario y cuenta con el apoyo financiero de Land Innovation Fund (ONG fundada por Cargill) y el programa Al Invest Green de la Comisión Europea.
Pero la dirigencia de la Sociedad Rural (SRA) cree que, si bien conceptualmente es impropia la exigencia de la UE-27, lo mejor que puede hacer la Argentina es intentar cumplir con la misma para garantizar la continuidad del negocio.
Este martes los representantes de la sociedades rurales del norte bonaerense emitieron un comunicado indicando su rechazo a la regulación de la UE-27 y también el hecho de que, si un productor está de acuerdo, la AFIP pueda habilitar la posibilidad de que la Bolsa de Comercio de Rosario acceda a sus datos fiscales con el propósito de completar los registros necesarios para garantizar la trazabilidad de mercadería.
En los últimos días aparecieron ofertas de “Soja Visec” con el propósito de intentar incrementar las adhesiones de productores a la nueva plataforma, dado que, si los productores no se dan de alta, no es factible realizar la trazabilidad de la operación de compra y exportación de soja.
Los agroexportadores avisaron que a partir de 2025 todos los contratos de compraventa de soja tendrán la cláusula “apto Visec”, lo que implica, en los hechos, que si alguien no acepta tales condiciones sólo podría vender el poroto a fábricas de alimentos balanceados o elaboradoras de expeller de soja para consumo interno.
Otro interrogante es qué sucederá con la industria aceitera, que necesita de la soja paraguaya para poder contar con un nivel de actividad adecuado. ¿Y si el vecino país no llega a implementar un sistema de trazabilidad que permita enviar soja a la Argentina? El impacto en el mercado regional de algo así sería mayúsculo.
A fines de julio pasado Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay solicitaron a la Unión Europea que postergue la norma “antideforestación” porque constituye una barrera comercial. Pasó más de un mes de ese evento y la UE-27 no respondió. ¿Desidia o desinterés?
Para un país como la Argentina, cuya principal fuente de ingresos depende de las exportaciones de productos del complejo sojero, la cuestión debería estar en el tope de la agenda pública con el presidente hablando del tema diariamente. No parece ser el caso.
A nivel regional abundan las especulaciones sobre qué sucederá a partir del 1 de enero de 2025 ¿La UE-27 dará marcha atrás? ¿Insistirá con la medida a costa de asumir el riesgo de un desabastecimiento de harina de soja (entre otros productos)? ¿La situación se irá acomodando de a poco y finalmente Europa logrará cambiar las reglas de juego? Son demasiadas preguntas y muy pocas las precisiones.
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Barrios populares expuestos ambientalmente
El 40% de los barrios populares en la Argentina están expuestos a inundaciones y próximos a microbasurales
Fecha de Publicación: 05/09/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional
Un estudio territorial de Techo y Jóvenes x el Clima revela que 4 de cada 10 barrios populares enfrenta riesgos ambientales graves. La falta de infraestructura empeora la situación, especialmente en el Gran Buenos Aires, el NOA y la región pampeana, poniendo en peligro a miles de familias ante cada tormenta.
Un informe de las organizaciones Techo y Jóvenes x el Clima alerta que 4 de cada 10 barrios populares en Argentina se encuentran expuestos a al menos un factor de riesgo ambiental, como la proximidad a cursos y cuerpos de agua, la presencia de residuos y la alta vulnerabilidad a inundaciones por precipitaciones.
Estos factores, sumados a la falta de recursos e infraestructura adecuada, hacen que cada tormenta o lluvia intensa genere problemas gravísimos para las familias afectadas, incluyendo riesgos de muerte.
El estudio destaca que el 50% de los barrios populares están situados en zonas inundables, mientras que el 30% presenta microbasurales, una combinación que potencia el impacto de los fenómenos climáticos adversos.
La concentración de estos factores de riesgo es particularmente alta en el Gran Buenos Aires, donde se encuentra la mayor cantidad de barrios populares. Sin embargo, el mayor porcentaje de barrios en situación de riesgo se registra en el NOA, la región pampeana y el Gran Buenos Aires, según el análisis territorial realizado.
Este informe subraya la urgente necesidad de políticas públicas que atiendan la exposición a riesgos ambientales en los barrios populares, protegiendo a las familias que viven en condiciones de alta vulnerabilidad.
Techo es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro presente en varios países de América Latina. Su misión es trabajar para superar la situación de pobreza en la que viven millones de personas en asentamientos precarios y barrios populares a través de la acción conjunta de voluntarios y los habitantes de esas comunidades.
A su vez, Jóvenes por el Clima (Jóvenes x el Clima) es un movimiento juvenil argentino que forma parte de la iniciativa global por la justicia climática. Fundado en 2019 por un grupo de jóvenes activistas, este movimiento busca sensibilizar, movilizar y presionar a los gobiernos y a la sociedad en general para que tomen acciones urgentes frente a la crisis climática.
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Mendoza. Organismos condicionan el plan minero
Irrigación, el IANIGLA y Malargüe condicionan el plan minero y piden mejoras en el informe ambiental
Fecha de Publicación: 05/09/2024
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El Departamento General de Irrigación, el IANIGLA y la Municipalidad de Malargüe cuestionaron el informe de impacto ambiental del Distrito Minero Malargüe. Piden condicionar el avance.
El Gobierno de Mendoza busca impulsar la minería porque entiende que hay una “ventana de oportunidad” por la “fiebre del cobre”. Hay, también, un objetivo político de parte de Alfredo Cornejo: convertirse en el gobernador que implementó una política minera en una provincia que era hostil a esa actividad. La estrategia para avanzar tiene un territorio, Malargüe, un plan de ejecución con el Estado y sus empresas como base y un camino político y administrativo, donde se actualizaron y reglamentaron normas para hacer más ágiles los proceso. También tiene un método osado: quieren implementar un shock de exploración para comenzar el largo camino que puede llevar a que haya una mina de cobre.
Esta semana comienza un período clave para el plan porque se incorporan al mega expediente del Distrito Minero Malargüe Occidental los informes sectoriales del sector científico. En paralelo, el Gobierno debe terminar de definir la estrategia antes de la audiencia pública y de emitir las autorizaciones. En ese camino aparecieron advertencias profundas. El Departamento General de Irrigación, el IANIGLA y hasta la Municipalidad de Malargüe condicionaron el avance del plan oficial a que se profundicen los estudios ambientales, pues consideran insuficiente la información aportada. Incluso sugieren que no podría aprobarse la exploración, sino solo la etapa de prospección.
Los informes son altamente críticos, pues cuestionan la metodología elegida para hacer el informe de impacto ambiental. Es que se trata de estudios “bibliográficos”, sin que se hayan ejecutado análisis específicos. La Consultora contratada por Impulsa Mendoza tomó de base la información de los informes de impacto ambiental de El Azufre, Potasio Río Colorado y el plan de Pata Mora. Por eso no se hicieron estudios hidrológicos profundos, ni se analizó el ambiente periglacial. Otro cuestionamiento profundo tiene que ver con las prácticas a realizar. En todos los casos se cuestiona que no haya un detalle preciso en cada proyecto sobre qué y dónde se va a realizar. Es decir, la zonificación, la infraestructura, las técnicas, la logística y los recursos a usar en cada plan. En todos los casos, los organismos consultados advierten que para avanzar en el plan es imprescindible que se cumplan las exigencias detalladas en los informes sectoriales, que son muchas.
El Gobierno busca aprobar 34 proyectos de exploración juntos en una primera etapa, y luego serán cientos más en una superficie enorme, de casi 20 mil kilómetros cuadrados. Además, buscan que en un mismo trámite que se habilite la prospección y la exploración. Para ello se tomó un “modelo” de exploración que fue replicado, pero no tiene detalles específicos. La empresa Impulsa Mendoza es la que presentó el plan, pero agrupa a proyectos y permisos mineros de otras empresas que solo tuvieron que adherir con la firma. Impulsa financió todo y es la responsable legal. Ahora esa empresa es la que debe responder los cuestionamientos, aunque los organismos científicos y técnicos advirtieron que los dueños de los otros proyectos también deben ser responsables.
Desde el Gobierno aseguran que la empresa debe responder y que el proceso seguirá.. “Los informes no implican un rechazo, sino un aporte. La DIA se puede emitir rechazando, admitiendo o admitiendo con condicionantes los proyectos. Siempre tuvimos en cuenta que la aprobación iba a ser condicionada a muchos factores y así va a ser”, explicaron desde la Dirección de Minería. Como había adelantado MDZ, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (de la UNCuyo) ya había puesto reparos al plan.
Los cuestionamientos
El impulso de la minería genera alguna expectativa porque Mendoza tiene una base potente: un sistema científico y técnico con mucho volumen, una sociedad civil activa, participativa y con experiencia, un sector gremial empresario inquieto y una red industrial extensa ligada a las actividades extractivas. Por eso los informes sectoriales son relevantes, así como la forma de ejecutar cada paso.
El Departamento General de Irrigación es quien cuestiona con términos más duros el informe de impacto ambiental. En primer lugar explican que la información es muy general e incompleta. Incluso cuestionan que no se haya utilizado la documentación disponible por parte del propio Gobierno y las empresas petroleras. Es que no hay en todo el informe un estudio hidrológico propio o ajeno.
“La información técnica que sustenta el Informe de Impacto Ambiental, entendiendo como tal la descripción de las acciones y tareas a ejecutar en cada uno de los proyectos, así como la informaciõn relacionada a hidrología superficial tanto a nivel descriptivo como cualitativo, y la informaciõn relativa a la hidrogeología del área bajo estudio, resulta insuficiente, debiendo ser ampliada y presentada por el proponente como condición size qua non en forma previa al inicio de cualquier acción o actividad”, advierten desde Irrigación.
Desde el ese organismo condicionan el avance. “En la presente propuesta, se han unificado instancias prospectivas y exploratorias, requiriendo estas últimas un nivel de detalle superior. La autoridad ambiental provincial, debe considerar especialmente esta observación, y definir con claridad el alcance de esta propuesta, entendiendo este organismo en forma coincidente con las consideraciones vertidas en el Dictamen técnico, que solo se dan las condiciones básicas para avanzar hacia una instancia de prospección ,con un nivel mínimo de intervención directa sobre el territorio”, explican. “El avance hacia etapas subsiguientes, como la exploración, debe quedar claramente supeditado a la recopilación, sistematización, evaluación y presentación ante los organismos pertinentes”, agregan.
En Irrigación condicionan el avance a una extensa cantidad de requisitos y piden que cada autorización sea solicitada por los titulares de las propiedades mineras, no por el proponente, es decir Impulsa Mendoza. Si avanzan “pese a los reparos señalados”, como menciona el informe, deberán cumplirse esos requisitos.
En la zona hay más de 600 glaciares inventariados. Por eso el informe del IANIGLA es clave. Ese organismo científico también pone reparos y considera insuficiente la información. “De acuerdo a las consideraciones previas se solicita, antes de avanzar con las siguientes etapas, realizar una línea de base ambiental de detalle, a una escala de análisis que permita una adecuada caracterización de los diferentes proyectos”, dice el informe de manera general. No se observa que los informes específicos tengan en cuenta las particularidades del lugar en el que se localizan los emprendimientos, en donde se pueda visualizar, describir y representar la gran variabilidad climática y ambiental… el informe muestra falencias en la evaluación de las sensibilidades y vulnerabilidades de cada una de las áreas que componen al MDMO”, dice el informe en sus conclusiones, donde advierten la “vulnerabilidad” de los ambientes glaciares ante el cambio climático y también las actividades humanas.
El Plan del Distrito Minero excluye a los glaciares como zona a explorar y determina que no se pueden hacer tareas en un radio de hasta 500 metros de cualquier glaciar. Desde el IANIGLA advierten que el informe no es preciso con un área fundamental: el ambiente periglacial. En el Distrito minero Malargüe hay 635 glaciares inventariados, según figura en el Informe Impacto Ambiental. De ese total 51 son glaciares descubiertos. Pero no está detallado la zona periglacial.
La Municipalidad de Malargüe, que encabeza Celso Jaque, apoya el plan. Pero también pone reparos por la metodología empleada la falta de información. Entre otras cosas reclaman que se sume información sobre la afectación hacia la actividad de los puesteros. Y hasta sugieren que debe imponerse un canon especial a las empresas. Esa comuna apoya el plan “siempre y cuando, antes de continuar con los trámites jurídicos-administrativos del informe de impacto ambiental, se dé cumplimiento a cada una de las observaciones y recomendaciones que se han realizado en este sectorial”.
La ambición del Gobierno es que la Legislatura apruebe al menos un paquete de proyectos para que el próximo verano haya actividad en la cordillera. El próximo 14 de septiembre es la audiencia pública y luego debe emitirse la DIA para enviar el pedido de autorización a la Legislatura.
En el Ejecutivo defienden el plan y remarcan que los estudios presentados son solo para la etapa exploratoria, con tareas de bajo impacto. Por eso se exigió un Informe de Impacto Ambiental y no una Manifestación General de Impacto Ambiental. Incluso la realización de la audiencia pública no era un requisito del “camino corto” elegido por el Gobierno. Ese sendero está basado en el artículo 25 del Decreto 820/06, que reglamenta la ley de Ambiente para la actividad minera. “Para las etapas de prospección y exploración minera.. y cuando sus actividades, por lo escaso de su impacto o magnitud no puedan afectar el equilibrio ecológico.., emitirá la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) bastando para ello el cumplimiento de los pasos y trámites previstos por los Artículos 8°, 9° y 10° del presente decreto”, dice ese Decreto, que es previo a la ley 7722. Justamente a pesar del bajo impacto alegado, es necesario que haya ratificación legislativa como indica esa ley.
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Regiones de Argentina en peligro por aumento del nivel del mar
El nivel del mar aumenta en el mundo: qué regiones de Argentina están en riesgo
Fecha de Publicación: 04/09/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Advirtieron que los océanos están subiendo más rápido y más alto que nunca. Qué zonas están amenazadas según los grados que puede aumentar la temperatura global, de acuerdo con proyecciones hechas por expertos
El nivel global del mar alcanzó un nuevo máximo el año pasado, desde el inicio de la medición altimétrica por satélite en 1993, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
La Argentina se encuentra entre los países que con territorios costeros que podrían sufrir consecuencias por la subida del nivel del mar. Una de esas zonas pertenece a la Ciudad de Buenos Aires y también al Conurbano (con 40 municipios involucrados) que forman el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Se estima que 1 de cada 10 habitantes del planeta viven cerca del mar. “Los habitantes de las zonas costeras de países densamente poblados como Bangladesh, China, India, Países Bajos y Pakistán estarán en peligro y podrían sufrir inundaciones catastróficas. También corren peligro las grandes ciudades costeras de todos los continentes, como Bangkok, Buenos Aires, Lagos, Londres, Bombay, Nueva York y Shanghai”, señaló la ONU.
Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano (con 40 municipios) forman el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y ya están dentro del ranking de los 20 grandes centros urbanos del mundo con riesgo de sufrir inundaciones por si ocurriera un calentamiento de 3 grados en la temperatura promedio del planeta Tierra en el futuro, según un estudio de científicos de Climate Central de los Estados Unidos. En ese ranking, también figuran las ciudades de Nueva York, Estados Unidos, y Tokio, Japón.
Aun cuando la temperatura global aumente 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, alrededor de 1,1 millón de habitantes de Buenos Aires (apoximadmanete el 9% de la población del AMBA, según datos de población de 2010) vive en tierras que se prevé quedarán por debajo del nivel del mar, según había informado a Infobae, Benjamin Strauss, director general y científico jefe de Climate Central, que publicó une estudio en 2021 en la revista Environmental Research Letters y elaboró visualizaciones con probables escenarios futuros.
Si se cumpliera esa proyección, el agua del Río de la Plata podría avanzar sobre zonas costeras de Capital Federal (partes de Palermo, Belgrano, Núñez, Puerto Madero y la Reserva Ecológica Costanera Sur) y zonas que van desde el partido de Berazategui hasta Avellaneda podrían inundarse.
En cambio, “si las temperaturas aumentaran 3 grados, el nivel del mar se elevaría por encima de las tierras que ahora albergan a 2,4 millones de residentes”, agregó.
En tanto, otras zonas del país serían afectadas. Si la temperatura global aumenta 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, el agua podría subir en el este de la provincia de Santa Fe y en el oeste de la provincia de Entre Ríos (desde la capital Santa Fe y la ciudad de Paraná hacia el sur). Alcanzaría a islas situadas en el Río Paraná.
Por el lado del Río Uruguay, algunas ciudades son más vulnerables, como Colón, Concepción del Uruguay, y la zona de islas de la desembocadura, especialmente si la temperatura alcanza los 4 grados.
También podrían inundarse zonas en el sector que va desde el partido de Magdalena hacia el sur, y alcanzaría a Mar de las Pampas y Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires. Ese avance incluiría a localidades como Castelli y Dolores, entre otras, si la temperatura aumentara hasta 4 grados.
En tanto, si la temperatura se incrementa solo 1,5 grados, islas que están frente a Bahía Blanca, en Buenos Aires, podrían ser afectadas. En cambio, si llegara 4 grados, zonas que van desde la ciudad de Necochea hasta bien al sur de la provincia de Buenos Aires, en Carmen de Patagones, podrían inundarse.
La provincia de Río Negro podría enfrentar inundaciones en zonas como Bahía Creek y San Antonio Oeste, que están en la costa atlántica, si la temperatura alcanzara los 4 grados.
Consultada por Infobae, la climatóloga Inés Camilloni, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet en Argentina, aclaró que los resultados son proyecciones de un estudio publicado en 2021.
“No se lo puede considerar un pronóstico, sino una proyección. Es por esto que será tan importante el reporte especial sobre Cambio Climático y Ciudades que está preparando el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), ya que tendrá información actualizada”, dijo. Camilloni, quien fue elegida vicepresidenta del Grupo de Trabajo I del IPCC el año pasado.
Por qué preocupa la suba del nivel del mar
Recientemente, el Secretario General de la ONU, António Guterres, visitó las naciones del Océano Pacífico, Tonga y Samoa, donde se ha reunido con las comunidades locales a intercambiar datos acerca del aumento del nivel del mar.
El 25 de septiembre próximo, líderes mundiales y expertos se encontrará en la sede de la ONU en Nueva York para debatir la mejor manera de hacer frente a esta amenaza.
Se calcula que los océanos han subido entre 20 y 23 centímetros desde 1880 hasta ahora. Y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que en 2023 el nivel medio del mar en todo el mundo alcanzó un máximo histórico.
Lo más preocupante es que la tasa de incremento de los últimos diez años es más del doble de la tasa durante la primera década del registro por satélite, de 1993 a 2002.
¿Cuáles son las causas del aumento del nivel del mar?
El incremento del nivel del mar es el resultado del calentamiento de los océanos y del deshielo de glaciares y capas de hielo. Esos fenómenos son resultados directos del cambio climático, que es inducido por actividades humanas.
Se sabe, según Naciones Unidas, que si el calentamiento global se limita a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales para fin de siglo, el objetivo que se fijaron los países de todo el mundo como parte del Acuerdo de París de 2015, el planeta experimentará un aumento considerable del nivel del mar.
Las inundaciones de agua salada pueden dañar los hábitats costeros, incluidos los arrecifes de coral y las poblaciones de peces, las tierras agrícolas, así como las infraestructuras, incluidas las viviendas, y pueden afectar la capacidad de las comunidades costeras para mantener sus medios de vida.
Además, pueden contaminar los suministros de agua dulce, fomentar enfermedades transmitidas por el agua que amenazan la salud de las personas y provocar estrés y problemas de salud mental.
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Entre Ríos. Retoman discusión sobre proyecto de agroquímicos
Diputados retomará la discusión sobre el proyecto que busca regular el uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 04/09/2024
Fuente: APF Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, presidida por el diputado provincial Juan Manuel Rossi, se reunirá este miércoles para continuar con el tratamiento de la iniciativa que regula el uso de agroquímicos y fitosanitarios en Entre Ríos.
El encuentro tendrá lugar este miércoles a las 13 en la Sala de Comisiones y la última vez que se trató fue el 7 de mayo de este año. Además el presidente de la Comisión confirmó a esta Agencia que en esta reunión estarán presentes las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia, que será la autoridad de aplicación de esta ley.
Cabe destacar que en las últimas reuniones de comisión estuvieron presentes organizaciones ambientales que plantearon fuertes críticas al proyecto y coincidieron en que la iniciativa debería modificarse, cuestionaron el nivel de contaminación de los agroquímicos y sostuvieron que “no funciona el modelo del agronegocio”. En otra oportunidad fueron convocados representantes del sector rural.
Teniendo en cuenta las problemáticas que hubo por las escuelas rurales fumigadas, tiempo atrás también se llamó a que los gremios docentes y las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) den su postura en encuentros anteriores.
Sobre el proyecto
El borrador base es el mismo que presentó el Ejecutivo en noviembre de 2022, cuando el gobernador era Gustavo Bordet, confirmaron fuentes legislativas. Se trata de un cuerpo normativo que fuera impulsado por el ex ministro de la Producción y actual diputado, Juan José Bahillo (MpER-PJ).
En ese bosquejo, las distancias mínimas para las pulverizaciones con agrotóxicos donde haya personas es de 100 metros para las realizadas de forma terrestre y 200 metros para las aéreas, publicó Era Verde.
En el caso de instituciones educativas rurales se establece un régimen especial, donde se considera “una distancia de 150 metros medidos desde el perímetro de la escuela para delimitar la zona de exclusión, siendo para aplicaciones aéreas la distancia de 500 mts, medidas desde el perímetro del establecimiento educativo.
A partir de esta distancia se considera una zona de amortiguamiento que va desde el límite de la zona de exclusión (150 mts del perímetro) a 500 mts para equipos terrestre; desde el límite de la zona de exclusión para equipos aéreos (500 mts del perímetro de la escuela) hasta los 3000 mts”.
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Chaco. Actividades que podrán volver a trabajar en bosques
Desmontes: el gobierno provincial logró que se reanude la actividad de pequeños productores madereros y carboneros
Fecha de Publicación: 03/09/2024
Fuente: Libertad Digital
Provincia/Región: Chaco
Ante una solicitud del Ejecutivo, la Justicia explicó que se encuentran prohibidas las actividades que impliquen el cambio del uso del suelo, no así las que no afecten la masa boscosa de la provincia. “La medida judicial será cumplida a rajatablas, pero queremos llevar tranquilidad a los pequeños productores que trabajan con madera y el carbón”, indicó la secretaria general de la Gobernación Carolina Meiriño.
Ante la orden de la jueza federal Zunilda Niremperger de suspender por tres meses los desmontes en Chaco, autoridades provinciales aclararon que, si bien se encuentra prohibida toda actividad que implique el cambio del uso del suelo, están habilitadas actividades como el manejo sostenible en la variante aprovechamiento forestal.
“Es decir que están autorizados los trabajos que no afecten la masa boscosa de la provincia. Lo que implica que no está prohibido el trabajo de los pequeños productores que fabrican muebles, así como de los carboneros, quienes cumplen un rol fundamental en la actividad económica”, aclaró el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos Jorge Gómez.
En este contexto explicó que la Provincia hizo una presentación ante la jueza para salvaguardar los intereses de los pequeños productores chaqueños y aseguró que “se tomarán las medidas necesarias para aclarar los alcances del dictamen judicial”.
La secretaria general de la Gobernación Carolina Meiriño remarcó que la Provincia se encuentra a disposición de la Justicia para que lleve adelante el procedimiento de rigor correspondiente. “Somos taxativos en cuanto a que la medida judicial será cumplida a rajatablas pero queremos llevar tranquilidad a los pequeños productores que trabajan con madera y carbón,”, subrayó.
La suspensión de los desmontes en Chaco tiene como fin prevenir el daño “inminente” e “irreversible” sobre el ecosistema de esa región. La jueza fundamentó su fallo en la necesidad de proteger el medio ambiente bajo el principio in dubio pro natura, que prioriza la conservación ambiental ante la duda, ya que, según expresó, “la afectación al ambiente es una afectación a la humanidad”.
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Chubut. Gobierno anticipa volver a dar el debate por la minería
“En algún momento el debate por la minería se volverá a dar”
Fecha de Publicación: 03/09/2024
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
El titular de la cartera de Hacienda expresó en Cadena Tiempo, que no hay que tenerle miedo al debate y que el gobernador encontrará el momento oportuno para ponerlo sobre la mesa.
El ministro de Economía de la provincia, Andrés Meiszner, sostuvo que “en algún momento el debate sobre la minería se volverá a dar” y agregó que “seguramente el gobernador encontrará el momento oportuno para hacerlo”.
En diálogo con “Mañana G” el programa periodístico que se emite por Cadena Tiempo, el funcionario indicó que “la provincia tiene que empezar a debatir cual es el sistema productivo que llevará adelante porque los únicos ingresos son de regalías petroleras y coparticipación y hay que diversificar la matriz productiva para generar más trabajo”.
Meiszner señaló que, si bien el artículo 2 de la ley de adhesión al RIGI excluye a las actividades mineras previstas en la ex ley 5.001, “también queda claro que la provincia es la que zoonifica y aprueba los proyectos productivos”.
“No podemos sentirnos culposos de debatir y poner sobre la mesa cualquier tipo de proyecto que pueda generar empleo en la provincia” enfatizó el titular de la cartera económica.
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Incencios forestales y cambio de usos del suelo
Cambio de usos del suelo: ¿Cómo es el después de los incendios en los bosques nativos?
Fecha de Publicación: 02/09/2024
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional
El problema es global y, a pesar de los esfuerzos, no se puede frenar el daño ambiental. Córdoba es una de las provincias argentinas en la que el fuego ataca todos los años y donde gran parte de sus suelos terminan destinados al cultivo y ganadería.
Como sucede desde hace años, la provincia de Córdoba fue foco de grandes incendios, como los últimos registrados en la localidad de La Calera, poniendo en riesgo a los bosques nativos y la biodiversidad de la región. Una vez apagado el fuego, surgen distintos interrogantes sobre si estas acciones son intencionales y realizadas para cambiar el uso de la tierra.
Investigadores de distintas ramas científicas se plantean estos interrogantes y los abordan desde la geografía, la geología y las ciencias ambientales, midiendo la acción humana en la pérdida de entornos naturales. El cambio de uso del suelo no es un proceso nuevo, pero se aceleró debido al crecimiento de la agricultura y la ganadería como negocio, reconvirtiendo 1.000 millones de hectáreas que antes eran bosques nativos en áreas de cultivo o pastoreo.
La situación en Córdoba y el Gran Chaco
Según Joaquín Deon, geógrafo, doctor en Estudios Sociales Agrarios de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET, el fuego es una herramienta para generar grandes cambios en los suelos. El investigador señala que, al ser Córdoba una provincia del centro y una de las más grandes, predomina el modelo agropecuario ganadero y extractivo.
Este uso también se extendió a todo el Gran Chaco, que abarca las provincias de Formosa, Chaco y Salta, donde las leyes no protegen al medio ambiente y esto hace que haya cada vez más tala de árboles y megaminería. “Ni siquiera la cuarentena obligatoria pudo frenar el fuego, porque durante 2020 se produjeron grandes incendios”, señaló Deon.
“La Ley 26331 de Protección de Bosques Nativos es muy discutida en la actualidad y fue debilitada por la falta de financiamiento estatal, y no se pudo evitar que grandes empresas utilicen el cambio de uso en los suelos para garantizar su rentabilidad”, expresó el investigador sobre la protección de bosques por parte del Estado.
Durante la pandemia, con la quema de miles de hectáreas a lo largo del país, la población se empezó a movilizar para la protección de los bosques, pero la normativa que impedía que durante 40 años la tierra no pudiera cambiar su uso fue derogada.
Por otro lado, el investigador del CONICET señaló que se están actualizando las normativas de bosques nativos y lo primero que surgió es que los bosques que se deberían haber protegido en el marco normativo de 2006 no se protegieron y se redujeron. “Córdoba tuvo una pérdida del 90% de los pocos bosques que le quedan, por eso se tiene que actualizar esta ley y no se pueden perder más bosques”, cerró.
Cambio climático y de los ecosistemas
Para Deon, la acción del hombre también afecta los ciclos climáticos normales y esta problemática genera preocupación en el mundo. Hay lugares en que se ven amplitudes térmicas que antes no había, por ejemplo, pasando de tener 0 grados un día a 35 al otro. Estos cambios tienen que ver con que la atmósfera está muy cargada con el efecto invernadero y los rayos que ingresan a la atmósfera van influyendo sobre el movimiento de las masas de aire.
Las temperaturas marítimas influyen en este ciclo y las sequías son cada vez más habituales, favoreciendo la propagación del fuego descontrolado. Las grandes masas de aire cargadas de humedad provocan enormes tormentas, que a su vez desembocan en inundaciones en áreas que antes no se registraban y ahora se dan de forma continua, como sucede en Córdoba.
Dentro de estas ciencias que investigan los cambios climáticos está la Geología, que estudia los ciclos naturales del planeta que se dan hace millones de años. Como por ejemplo en los glaciares, las montañas, en el fondo de los océanos y cambios atmosféricos de las partículas en el aire.
Con este trabajo científico interdisciplinario se pueden llegar a conclusiones sobre el impacto negativo de los cambios en el uso del suelo, que no están siendo frenados. A pesar del compromiso que deben tener los Estados, las acciones que impulsan no son del todo efectivas.
Políticas del Estado nacional y provincial
Los incendios como el de Córdoba, además de ser devastadores, son eventos inesperados que alteran el entorno natural, dañan a las personas y ocasionan pérdidas de bienes. La Ley 26.815 garantiza que debe haber un presupuesto de la Nación destinado a contar con el equipamiento necesario, ya sean camiones hidrantes, aviones y bomberos a disposición para resolver esta emergencia buscando apagar el fuego lo antes posible.
El Plan de Manejo del Fuego fue creado en 1996 ante los persistentes incendios rurales. Hasta 2023 perteneció al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, en el gobierno actual, depende de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Ambiente, Turismo y Deporte.
Respecto a la provincia de Córdoba, el investigador del CONICET afirmó que los presupuestos que maneja la provincia para este tipo de emergencias “son multimillonarios y están asignados para una red de cuarteles de bomberos voluntarios, defensa civil local, equipos que trabajan con aviones hidrantes, capacitación permanente para emergencias y estos equipos están articulados con la policía provincial”.
Si bien Deon mencionó que hubo casos en los que la Justicia sancionó gravemente la quema de bosques, como por ejemplo tras el incendio registrado en el departamento de Ischilín durante 2021, resaltó que siguen registrándose fallas en el cambio de uso de los suelos para que no se pierdan los bosques que quedan.
Un fenómeno a nivel global
El cambio de uso del suelo no solo es un fenómeno que se da en Argentina, sino que sucede en gran parte de Sudamérica y del mundo. A pesar del compromiso que los Estados dicen tener con la causa ambiental, esto no se cumple.
En este sentido, Deon señaló los focos que se registran en la selva amazónica y la relevancia de una política de Estado que busque mitigar los desmontes que se realizan en los bosques. El investigador destacó que los incendios en Brasil son menores en comparación con otros años, ya que el camino del fuego se extendió a otras regiones y países, como Bolivia y Paraguay.
El geógrafo señaló que al cruzar el Atlántico, según el mapa de servicios de la NASA, se pueden observar zonas totalmente asediadas por los incendios en el centro de África, como es el caso de la República Democrática del Congo, Nigeria, parte del noroeste sudafricano y la región cercana al Lago Victoria. La inestabilidad política en estos países es un factor que hace que haya vía libre para el cambio de uso de los suelos y es así que se instalan distintas empresas multinacionales para explotarlos. También hay empresas argentinas que vieron como buena opción de negocio adquirir tierras en el continente más pobre y más vulnerable, donde no hay leyes que protejan al medio ambiente y es la ley del más fuerte.
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Formosa. Preocupa la sequía y los efectos en la fauna
Sequía en Formosa y fauna en peligro: la preocupante imagen de yacarés amontonados en un riacho en busca de agua
Fecha de Publicación: 02/09/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Formosa
La persistente sequía que se vive en la provincia de Formosa ha puesto a la fauna local en situación de peligro. Ricardo Buryale, ex ministro de Agricultura y productor agropecuario en la norteña provincia, publicó imágenes que grafican la grave situación que se sufre.
En lo que va del año, la provincia registró solo 120 mm de lluvia, una cifra alarmantemente baja que ha afectado no solo a la agricultura, sino también a la fauna local. De acuerdo con los informes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el primer semestre del 2024 es uno de los más secos de la historia.
Otras regiones del país también sufrieron escasez de lluvias en la primera mitad del año, pero en los últimos tiempos se han recuperado por la caída de precipitaciones. En Formosa la situación no ha mejorado, y lo peor es que los pronósticos no dan lugar a la esperanza.
El Servicio Meteorológico Nacional no pronostica lluvias para la próxima semana, y si bien la temperatura bajará desde la máxima de 32° esperada para este viernes, se mantendrá cerca de los 25° con cielos despejados a algo nublados.
En ese contexto, Buryalie -ex ministro de Agricultura durante la presidencia de Mauricio Macri y ex diputado nacional- compartió en su cuenta de Instagram y X imágenes que capturó durante un recorrido por Colonia El Recreo, en el departamento Patiño, y que en su opinión grafican lo que definió como “plena sequía” en esa parte del país.
En la grabación de Buryaile puede verse un riacho con bajo nivel de agua en el que parece haberse refugiado una numerosa población de yacarés, aprovechando uno de los pocos lugares naturales con agua que quedan.
"Colonia el Recreo - Formosa, recorriendo el campo en plena sequía. Esta es toda el agua que quedo en un riacho y así se amontonan" los yacarés, escribió el productor agropecuario.
En otra grabación que publicó en su cuenta de X, puede verse a una manada de jabalíes. "Jabalíes buscando agua. #Sequía. Naturaleza salvaje en #ColoniaElRecreo, Formosa", escribió Buryaile en esa publicación.
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Tucumán. El gobierno multó a dos ingenios por contaminación
Contaminación ambiental: el Gobierno multó a dos ingenios tucumanos por un monto de $ 24 millones
Fecha de Publicación: 31/08/2024
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El Gobierno nacional multó a dos ingenios por contaminación ambiental por un monto de $24 millones. Al ingenio Concepción se le impuso una sanción pecuniaria de unos $17 millones por tirar efluentes industriales; en tanto que al ingenio Bella Vista de $7 millones por tirar vinaza en un camino vecinal. Mientras tanto, otros tres ingenios fueron sumariados.
A través del Ministerio de Economía y Producción, a cargo de Daniel Abad y en concordancia con el cumplimiento de la Ley provincial de Ambiente 6.253, las dos empresas azucareras fueron multadas por contaminación ambiental.
Efluentes a la cuenca del río
El secretario de Producción, Eduardo Castro, expresó que en el primer caso “la penalización recayó contra la firma Complejo Alimenticio San Salvador SA. dueña del ingenio Concepción (ubicado en Banda del Río Salí), por tirar efluentes industriales en la zona denominada La Junta en la desembocadura de la cuenca de los ríos Salí-Dulce, en cercanías al Dique El Frontal, hecho ocurrido durante la primera quincena de julio pasado”, aseguró Castro.
“Hicieron una denuncia de vecinos y pescadores y acudió el equipo de Fiscalización Ambiental, a cargo de Susana Meoni junto a profesionales de Calidad de Agua a tomar muestras y se llegó a la determinación que la mortandad se debió a un episodio de anoxia (falta de oxígeno)”, agregó el funcionario.
El titular de Producción adelantó que por igual maniobra contaminante fueron sumariados los dueños de los ingenios Bella Vista, Santa Rosa y Fronterita. En tanto que el Director de Asuntos Jurídicos de la secretaría, Facundo Moreno Majnach, aclaró que los sumarios “están en trámite de estudio para evaluar si se impone la multa a los otros tres ingenios que presuntamente aportaron a la mortandad de peces”.
“Esto significa que el Estado por precisas instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, quien nos dijo que seamos inflexibles ante estos hechos, está presente y es la primera vez que se visualiza una multa a ingenios y la celeridad con que se trabajó por parte del gobierno”, agregó Castro.
Los desechos de vinaza
En el segundo caso, Castro detalló que “se debió a una denuncia de vecinos que filmaron y subieron en redes sociales a fines de junio pasado, donde un camión de la empresa José Minetti Compañía Limitada Saci -que administra el ingenio Bella Vista-, volcó vinaza (residuo orgánico) en un camino interno en cercanías del ingenio”.
“Un camión que no estaba en condiciones de transportar vinaza fue filmado cuando se dirigía al sitio de disposición final y la tiro en el camino”, resaltó.
Las multas fueron aplicadas por Fiscalización Ambiental (que depende de la subsecretaria de Medio Ambiente) al ingenio Concepción por alrededor de 17 millones de pesos y al Bella Vista de $7 millones.
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