Irrigación, el IANIGLA y Malargüe condicionan el plan minero y piden mejoras en el informe ambiental

Fecha de Publicación: 05/09/2024
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


El Departamento General de Irrigación, el IANIGLA y la Municipalidad de Malargüe cuestionaron el informe de impacto ambiental del Distrito Minero Malargüe. Piden condicionar el avance.
El Gobierno de Mendoza busca impulsar la minería porque entiende que hay una “ventana de oportunidad” por la “fiebre del cobre”. Hay, también, un objetivo político de parte de Alfredo Cornejo: convertirse en el gobernador que implementó una política minera en una provincia que era hostil a esa actividad. La estrategia para avanzar tiene un territorio, Malargüe, un plan de ejecución con el Estado y sus empresas como base y un camino político y administrativo, donde se actualizaron y reglamentaron normas para hacer más ágiles los proceso. También tiene un método osado: quieren implementar un shock de exploración para comenzar el largo camino que puede llevar a que haya una mina de cobre.
Esta semana comienza un período clave para el plan porque se incorporan al mega expediente del Distrito Minero Malargüe Occidental los informes sectoriales del sector científico. En paralelo, el Gobierno debe terminar de definir la estrategia antes de la audiencia pública y de emitir las autorizaciones. En ese camino aparecieron advertencias profundas. El Departamento General de Irrigación, el IANIGLA y hasta la Municipalidad de Malargüe condicionaron el avance del plan oficial a que se profundicen los estudios ambientales, pues consideran insuficiente la información aportada. Incluso sugieren que no podría aprobarse la exploración, sino solo la etapa de prospección.
Los informes son altamente críticos, pues cuestionan la metodología elegida para hacer el informe de impacto ambiental. Es que se trata de estudios “bibliográficos”, sin que se hayan ejecutado análisis específicos. La Consultora contratada por Impulsa Mendoza tomó de base la información de los informes de impacto ambiental de El Azufre, Potasio Río Colorado y el plan de Pata Mora. Por eso no se hicieron estudios hidrológicos profundos, ni se analizó el ambiente periglacial. Otro cuestionamiento profundo tiene que ver con las prácticas a realizar. En todos los casos se cuestiona que no haya un detalle preciso en cada proyecto sobre qué y dónde se va a realizar. Es decir, la zonificación, la infraestructura, las técnicas, la logística y los recursos a usar en cada plan. En todos los casos, los organismos consultados advierten que para avanzar en el plan es imprescindible que se cumplan las exigencias detalladas en los informes sectoriales, que son muchas.
El Gobierno busca aprobar 34 proyectos de exploración juntos en una primera etapa, y luego serán cientos más en una superficie enorme, de casi 20 mil kilómetros cuadrados. Además, buscan que en un mismo trámite que se habilite la prospección y la exploración. Para ello se tomó un “modelo” de exploración que fue replicado, pero no tiene detalles específicos. La empresa Impulsa Mendoza es la que presentó el plan, pero agrupa a proyectos y permisos mineros de otras empresas que solo tuvieron que adherir con la firma. Impulsa financió todo y es la responsable legal. Ahora esa empresa es la que debe responder los cuestionamientos, aunque los organismos científicos y técnicos advirtieron que los dueños de los otros proyectos también deben ser responsables.
Desde el Gobierno aseguran que la empresa debe responder y que el proceso seguirá.. “Los informes no implican un rechazo, sino un aporte. La DIA se puede emitir rechazando, admitiendo o admitiendo con condicionantes los proyectos. Siempre tuvimos en cuenta que la aprobación iba a ser condicionada a muchos factores y así va a ser”, explicaron desde la Dirección de Minería. Como había adelantado MDZ, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (de la UNCuyo) ya había puesto reparos al plan.

Los cuestionamientos
El impulso de la minería genera alguna expectativa porque Mendoza tiene una base potente: un sistema científico y técnico con mucho volumen, una sociedad civil activa, participativa y con experiencia, un sector gremial empresario inquieto y una red industrial extensa ligada a las actividades extractivas. Por eso los informes sectoriales son relevantes, así como la forma de ejecutar cada paso.
El Departamento General de Irrigación es quien cuestiona con términos más duros el informe de impacto ambiental. En primer lugar explican que la información es muy general e incompleta. Incluso cuestionan que no se haya utilizado la documentación disponible por parte del propio Gobierno y las empresas petroleras. Es que no hay en todo el informe un estudio hidrológico propio o ajeno.
“La información técnica que sustenta el Informe de Impacto Ambiental, entendiendo como tal la descripción de las acciones y tareas a ejecutar en cada uno de los proyectos, así como la informaciõn relacionada a hidrología superficial tanto a nivel descriptivo como cualitativo, y la informaciõn relativa a la hidrogeología del área bajo estudio, resulta insuficiente, debiendo ser ampliada y presentada por el proponente como condición size qua non en forma previa al inicio de cualquier acción o actividad”, advierten desde Irrigación.
Desde el ese organismo condicionan el avance. “En la presente propuesta, se han unificado instancias prospectivas y exploratorias, requiriendo estas últimas un nivel de detalle superior. La autoridad ambiental provincial, debe considerar especialmente esta observación, y definir con claridad el alcance de esta propuesta, entendiendo este organismo en forma coincidente con las consideraciones vertidas en el Dictamen técnico, que solo se dan las condiciones básicas para avanzar hacia una instancia de prospección ,con un nivel mínimo de intervención directa sobre el territorio”, explican. “El avance hacia etapas subsiguientes, como la exploración, debe quedar claramente supeditado a la recopilación, sistematización, evaluación y presentación ante los organismos pertinentes”, agregan.  
En Irrigación condicionan el avance a una extensa cantidad de requisitos y piden que cada autorización sea solicitada por los titulares de las propiedades mineras, no por el proponente, es decir Impulsa Mendoza. Si avanzan “pese   a   los   reparos   señalados”, como menciona el informe, deberán cumplirse esos requisitos.
En la zona hay más de 600 glaciares inventariados. Por eso el informe del IANIGLA es clave. Ese organismo científico también pone reparos y considera insuficiente la información. “De acuerdo a las consideraciones previas se solicita, antes de avanzar con las siguientes etapas, realizar una línea de base ambiental de detalle, a una escala de análisis que permita una adecuada caracterización de los diferentes proyectos”, dice el informe de manera general. No se observa que los informes específicos tengan en cuenta las particularidades del lugar en el que se localizan los emprendimientos, en donde se pueda visualizar, describir y representar la gran variabilidad climática y ambiental… el informe muestra falencias en la evaluación de las sensibilidades y vulnerabilidades de cada una de las áreas que componen al MDMO”, dice el informe en sus conclusiones, donde advierten la “vulnerabilidad” de los ambientes glaciares ante el cambio climático y también las actividades humanas.
El Plan del Distrito Minero excluye a los glaciares como zona a explorar y determina que no se pueden hacer tareas en un radio de hasta 500 metros de cualquier glaciar. Desde el IANIGLA advierten que el informe no es preciso con un área fundamental: el ambiente periglacial. En el Distrito minero Malargüe hay 635 glaciares inventariados, según figura en el Informe Impacto Ambiental. De ese total 51 son glaciares descubiertos. Pero no está detallado la zona periglacial.
La Municipalidad de Malargüe, que encabeza Celso Jaque, apoya el plan. Pero también pone reparos por la metodología empleada la falta de información. Entre otras cosas reclaman que se sume información sobre la afectación hacia la actividad de los puesteros. Y hasta sugieren que debe imponerse un canon especial a las empresas. Esa comuna apoya el plan “siempre y cuando, antes de continuar con los trámites jurídicos-administrativos del informe de impacto ambiental, se dé cumplimiento a cada una de las observaciones y recomendaciones que se han realizado en este sectorial”.
La ambición del Gobierno es que la Legislatura apruebe al menos un paquete de proyectos para que el próximo verano haya actividad en la cordillera. El próximo 14 de septiembre es la audiencia pública y luego debe emitirse la DIA para enviar el pedido de autorización a la Legislatura.
En el Ejecutivo defienden el plan y remarcan que los estudios presentados son solo para la etapa exploratoria, con tareas de bajo impacto. Por eso se exigió un Informe de Impacto Ambiental y no una Manifestación General de Impacto Ambiental. Incluso la realización de la audiencia pública no era un requisito del “camino corto” elegido por el Gobierno. Ese sendero está basado en el artículo 25 del Decreto 820/06, que reglamenta la ley de Ambiente para la actividad minera. “Para las etapas de prospección y exploración minera.. y cuando sus actividades, por lo escaso de su impacto o magnitud no puedan afectar el equilibrio ecológico.., emitirá la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) bastando para ello el cumplimiento de los pasos y trámites previstos por los Artículos 8°, 9° y 10° del presente decreto”, dice ese Decreto, que es previo a la ley 7722. Justamente a pesar del bajo impacto alegado, es necesario que haya ratificación legislativa como indica esa ley.
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