La denuncia por los desmontes chaqueños llegó al Vaticano

Fecha de Publicación: 23/09/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, denunciante en una causa que tramita la justicia federal e involucra a exfuncionarios, funcionarios, diputados y empresarios, expuso en un evento organizado por la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales y la organización internacional Líbera, en la Casina Pio IV de la santa sede.
El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) - Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas  llevó el caso denominado "la Mafia del desmonte" y su participación en el desmonte ilegal en el Chaco, ante una audiencia de alto nivel reunida en la conferencia internacional sobre "El uso social de los bienes confiscados" , organizada por la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales (PASS) y la organización internacional Líbera en la Casina Pio IV del Vaticano.
El evento cuenta con la participación de figuras internacionales como el vicepresidente de la Corte Penal Internacional, el director ejecutivo de Servicio Policiales de Interpol, el jurista italiano Luigi Ferrajoli y el fiscal jefe antimafias de Italia, el cardenal Peter Turkson, entre otros. En él se busca establecer un marco global para la reparación social mediante la redistribución de bienes confiscados.
El abogado Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, expuso en el panel titulado "Sociedad civil organizada y políticas centradas en la doctrina del desarrollo humano integral: el rol del Estado en la búsqueda y construcción del bien común". Su intervención destacó el rol de los abogados ambientalistas en apoyar y promover la justicia social y ambiental, y cómo pueden ser aliados cruciales en la lucha contra la destrucción ambiental como el desmonte, el extractivismo y en la promoción de la justicia social y ambiental.
El foco de la presentación de CAJE-AAdeAA fue la aplicación de la doctrina de los bienes recuperados para combatir las figuras extremas del extractivismo (agronegocio, megaminería, combustibles fósiles). "Se propone que los bienes producto de ilícitos ambientales sean incautados para reparar a la sociedad y a la naturaleza. En particular que las tierras y bienes que se confisquen a los responsables penales del desmonte en Chaco sean transformadas tanto en reservas naturales como entregadas -para un fin social-  a comunidades afectadas" , reveló la entidad en un comunicado.
Además, se ha planteado que bienes recuperados de delitos ecológicos puedan ser utilizados para proteger hábitats críticos como los de los pingüinos en Punta Tombo o el yaguareté en el Gran Chaco.
La intervención del Papa Francisco, que cerrará la conferencia, ha enfatizado la necesidad de una respuesta global y efectiva contra el crimen organizado. En su mensaje a los participantes del evento, el Papa destacó que "el crimen organizado inflige una herida profunda a las sociedades", subrayando que la recuperación de bienes debe orientarse no solo a la justicia penal, sino también a la reparación del bien común.
La participación de CAJE-AAdeAA en esta conferencia subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los ecosistemas nativos que garantizan el bienestar de las sociedades. "Nuestra propuesta de utilizar bienes confiscados para fines de justicia ambiental busca establecer un precedente en la lucha y en los procesos por justicia social y ecológica a nivel global", indicaron.
"El desmantelamiento de estas mafias del extractivismo, como el entramado público-empresarial en Chaco, es absolutamente indispensable para avanzar en una sociedad más  justa e igualitaria, incluso con la naturaleza", resaltaron finalmente.

La causa
En el marco de la denuncia penal presentada por la Asociación, la jueza federal Zunilda Niremperger (Juzgado Federal N°1 de Resistencia) dictó el mes pasado una medida cautelar que suspende los desmontes en toda la provincia por el término de tres meses (ampliables).
A través de la resolución, la magistrada ordenó al Poder Ejecutivo de Chaco, a través del Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico Sostenibles, la suspensión de los desmontes, tanto los que hubieren sido autorizados y aún no se han ejecutado, como así, el otorgamiento de nuevos permisos para ello, en el territorio de toda la provincia.
.