Contaminación ambiental: el Gobierno multó a dos ingenios tucumanos por un monto de $ 24 millones

Fecha de Publicación: 31/08/2024
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán

El Gobierno nacional multó a dos ingenios por contaminación ambiental por un monto de $24 millones. Al ingenio Concepción se le impuso una sanción pecuniaria de unos $17 millones por tirar efluentes industriales; en tanto que al ingenio Bella Vista de $7 millones por tirar vinaza en un camino vecinal. Mientras tanto, otros tres ingenios fueron sumariados.
A través del Ministerio de Economía y Producción, a cargo de Daniel Abad y en concordancia con el cumplimiento de la Ley provincial de Ambiente 6.253, las dos empresas azucareras fueron multadas por contaminación ambiental.

Efluentes a la cuenca del río
El secretario de Producción, Eduardo Castro, expresó que en el primer caso “la penalización recayó contra la firma Complejo Alimenticio San Salvador SA. dueña del ingenio Concepción (ubicado en Banda del Río Salí), por tirar efluentes industriales en la zona denominada La Junta en la desembocadura de la cuenca de los ríos Salí-Dulce, en cercanías al Dique El Frontal, hecho ocurrido durante la primera quincena de julio pasado”, aseguró Castro.
“Hicieron una denuncia de vecinos y pescadores y acudió el equipo de Fiscalización Ambiental, a cargo de Susana Meoni junto a profesionales de Calidad de Agua a tomar muestras y se llegó a la determinación que la mortandad se debió a un episodio de anoxia (falta de oxígeno)”, agregó el funcionario.
El titular de Producción adelantó que por igual maniobra contaminante fueron sumariados los dueños de los ingenios Bella Vista, Santa Rosa y Fronterita. En tanto que el Director de Asuntos Jurídicos de la secretaría, Facundo Moreno Majnach, aclaró que los sumarios “están en trámite de estudio para evaluar si se impone la multa a los otros tres ingenios que presuntamente aportaron a la mortandad de peces”.
“Esto significa que el Estado por precisas instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, quien nos dijo que seamos inflexibles ante estos hechos, está presente y es la primera vez que se visualiza una multa a ingenios y la celeridad con que se trabajó por parte del gobierno”, agregó Castro.

Los desechos de vinaza
En el segundo caso, Castro detalló que “se debió a una denuncia de vecinos que filmaron y subieron en redes sociales a fines de junio pasado, donde un camión de la empresa José Minetti Compañía Limitada Saci -que administra el ingenio Bella Vista-, volcó vinaza (residuo orgánico) en un camino interno en cercanías del ingenio”.
“Un camión que no estaba en condiciones de transportar vinaza fue filmado cuando se dirigía al sitio de disposición final y la tiro en el camino”, resaltó.
Las multas fueron aplicadas por Fiscalización Ambiental (que depende de la subsecretaria de Medio Ambiente) al ingenio Concepción por alrededor de 17 millones de pesos y al Bella Vista de $7 millones.
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La Cámara Federal de Casación ordenó la investigación de la megaminería en Catamarca

Fecha de Publicación: 31/08/2024
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


En el caso se investiga a diversos funcionarios por el incumplimiento de sus deberes al validar el acuerdo de integración entre las empresas mineras Agua Rica y Alumbrera
El máximo tribunal penal del país hizo lugar hoy a los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la parte querellante, que reclamaban la continuidad de la investigación de la megaminería en la provincia de Catamarca. De este modo, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que integran los jueces Daniel A. Petrone, Diego G. Barroetaveña y Alejandro W. Slokar, decidió por unanimidad hacer lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y la querella.
También determinó los sobreseimientos de Luis De Miguel, Ángel de Jesús Mercado, Justo Daniel Barros, Domingo Mario Marchese y Alfredo Grau, directores de la empresa YMAD; de Eduardo Bautto, funcionario de la Secretaría de Política Minera dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación y de Irma Miranda e Ignacio Díaz Zavalla, representantes de la Sindicatura General de la Nación.
En el caso se investiga a diversos funcionarios por el incumplimiento de sus deberes al validar el acuerdo de integración entre las empresas mineras Agua Rica y Alumbrera, en el cual desconocieron intencionalmente los glaciares y el ambiente periglacial en la cuenca del Río Andalgalá. Para así decidir, el juez Petrone refirió que en la sentencia recurrida "no se brindaron argumentos suficientes para que permitan alcanzar el grado de certeza negativo o que se haya agotado la investigación para cerrar la causa".
A su vez, el magistrado aseveró que "no podía soslayarse que el objeto de la investigación se vinculaba con cuestiones del derecho a un medioambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, sustentable para éste y para las generaciones futuras".
Además, afirmó que la "función jurisdiccional debe llevarse con minuciosidad y responsabilidad, habida cuenta que también se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino". Por su parte, el juez Barroetaveña adhirió a la solución propuesta.
El juez Alejandro W. Slokar sostuvo, por su lado, que compartía la solución propiciada y abundó en orden a la necesidad de prevenir el daño ambiental, en tanto "no se trata de un daño ordinario o tradicional, sino de aquél que puede alcanzar a un número indeterminado de víctimas con nocivos efectos, cuyas consecuencias pueden diferirse en el tiempo y extenderse en el espacio, al punto de comprometer a las generaciones futuras".
También, en el sentido referido por los amigos del tribunal, advirtió acerca "de las consecuencias de la matriz que privilegia el modelo extractivo provoca negativos impactos ambientales, culturales, sociales y humanos".
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Denuncian que el nuevo ordenamiento de bosques tiene una “zona verde encubierta”

Fecha de Publicación: 30/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El proyecto aún no tiene estado parlamentario. El ministro de Producción, Martín de los Ríos, dijo que el proyecto de nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos ya cuenta con el visto bueno de la Nación.
Ante la esperada (y demorada) llegada del proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) a las cámaras legislativas, hubo una protesta ayer frente de la Legislatura en contra del trazado del mapa y la nueva categoría marrón que calificaron como “una zona verde encubierta”.
Organizaciones sociales que vienen cuestionando el proyecto de nuevo ordenamiento de los bosques nativos fueron acompañadas ayer por activistas de Greenpeace con un cartel que indicaba: “Con Desmonte no hay Pachamama”.
El nuevo proyecto dispone que la definición del área marrón se determine según la cantidad de hectáreas en verde que exista en una región. Es así que si hay 50 hectáreas para desmontar en una zona, apenas se autorizan no queda más posibilidad de desmonte, transformándose el resto de los bosques en amarillo. Eso según las explicaciones del equipo técnico a cargo del trazado del nuevo mapa.
Pero para los ambientalistas, este proyecto permitirá que se hagan desmontes en zonas donde el actual (y desactualizado) mapa de OTBN señala como áreas a proteger.
"Insólitamente la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques de Salta incluye una categoría color marrón que abarca más de 3 millones de hectáreas, algo que no existe en lo establecido por la Ley Nacional de Bosques”, indicó la coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.
Según los técnicos que realizaron el nuevo OTBN, en esas más de 3 millones de hectáreas en marrón sólo se podrán desmontar 721.568 hectáreas.
La referente de Greenpeace explicó que la normativa nacional sólo permite la autorización de los desmontes en la categoría verde, “por lo que teniendo en cuenta que en esta zona marrón también se permitirá deforestar, en realidad se trata de una zona verde encubierta”, afirmó. Añadió que con esta decisión se está “ante una clara flexibilización de la norma para permitir desmontes donde hasta hoy no pueden autorizarse".
Cruz recordó que ya se había enviado a comienzos de este año un documento señalando al gobierno provincial cuáles son los puntos de la propuesta que violan lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. Entre estas observaciones, señaló que se permite desmontes en una superficie sumamente excesiva; se validan los desmontes ilegales ya realizados y no se obliga a su restauración; incluye una categoría que no existe, la marrón, para autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; fragmenta el territorio de grandes mamíferos como el yaguareté, y no fueron consultadas previamente todas las comunidades indígenas.

Más de 700 mil has desmontadas en 15 años
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques a fines de 2007 hasta fines de 2022, en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.
“En este mes tan especial, queremos recordarle a los legisladores salteños que con desmontes, no hay Pachamama. Esperamos que no aprueben esta propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, ya que es claramente violatoria de la Ley Nacional de Bosques y restringiría el control social que se hace de los desmontes, al desconocerse la categoría en que se encuentren. Será una catástrofe para los bosques y para las comunidades indígenas y campesinas. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenarlo”, advirtió Cruz.
Hasta ayer el proyecto del nuevo OTBN no había ingresado aún a la Legislatura, pese a que los anuncios de su ingreso se dieron en julio. En la inauguración de la edición 80 de la Expo Rural salteña, el domingo último, el ministro de Producción, Martín de los Ríos, afirmó que el proyecto ya cuenta con el visto bueno de la Nación y será puesto en debate en breve.
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Microalgas nativas para purificar el aire, un invento argentino prometedor para el medio ambiente

Fecha de Publicación: 30/08/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Está orientado a contribuir con la descarbonización en entornos urbanos y plantas industriales donde es prácticamente imposible que los árboles cumplan esa función.
La contaminación ambiental es uno de los temas que más preocupa a nivel mundial. Por eso, especialistas en el tema trabajan a contrarreloj para encontrar la manera de afectar lo menos posible.
En este sentido, surge un nuevo desarrollo tecnológico argentino que purifica el aire a partir de microalgas nativas.
Principalmente está orientado a contribuir con la descarbonización en entornos urbanos y plantas industriales donde es prácticamente imposible que los árboles cumplan esa función.
Además, las microalgas nativas provienen del sudeste de la provincia de Buenos Aires, y a partir de la fotosíntesis absorben la energía de la luz del sol, para convertir un gas de efecto invernadero en oxígeno y biomasa.
Estos mismos pueden resutilizarse en fertilizantes, biocombustibles, sumplemento proteícos y hasta incluso ladrillos. El primero de ellos ya se encuentra ubicado en una estación de servicio de Capital Federal.
Finalmente el desarrollo tecnológico es una buena novedad para el medio ambiente ya que favorece a la economía circular al aprovechar su biomasa como fuente de energía limpia.
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Denuncian derrame de azufre en el muelle de Vicentín que tenía como destino la empresa Nouryon en San Lorenzo

Fecha de Publicación: 29/08/2024
Fuente: Portal 11noticias.com
Provincia/Región: Santa Fe


Desde la Secretaría de política ambiental de la UNR dieron curso a la denuncia por el hecho, mientras que el Concejal Esteban Arico solicitó información al municipio sobre las actuaciones realizadas, quienes rápidamente aclararon su intervención en el caso.
Un nuevo caso de contaminación en el río Paraná enciende las alarmas en San Lorenzo, a partir de la denuncia pública que, una vez más, los propios vecinos realizaron con imágenes que evidencian lo acontecido. Se trata de un derrame de azufre desde un barco que descargaba en el muelle de Vicentín y que tenía como destino la empresa Nouryon (ex Akzo Nobel), en la zona sur de la ciudad.
El hecho es casi una remake de lo sucedido en mayo de 2022, cuando pescadores filmaron desde su lancha el derrame de un líquido contaminante hacia las aguas del Paraná, hecho que también involucró a la firma multinacional de productos químicos. Al igual que en aquella oportunidad, los vecinos tomaron muestras y ahora se aguarda el resultado de los análisis, a partir de la denuncia presentada desde el Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
En simultáneo, el concejal justicialista Esteban Arico se hizo eco del reclamo e ingresó un proyecto al cuerpo legislativo local, en el que solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal que informe si realizó mediante la Subsecretaría de Preservación del Medio Ambiente, actuaciones pertinentes conforme a la legislación vigente, “relativas a un aparente episodio de contaminación ocurrido en el río Paraná a la altura del muelle de la empresa Vicentín de San Lorenzo, desde donde se vertió a las aguas una cantidad no determinada de un producto que podría tratarse de azufre”.
“Arrojar azufre en un río puede tener consecuencias ambientales graves, afectando tanto a los organismos acuáticos como a la calidad del agua, lo que a su vez impacta a las comunidades humanas y ecosistemas”, remarcó entre las justificaciones de la iniciativa el edil.

La voz del municipio
Luego de conocerse la denuncia, desde la Municipalidad de San Lorenzo confirmaron los acontecimientos y exigieron un informe de lo sucedido a los responsables. A su vez, notificaron el incumplimiento del Sistema de Alerta Temprana por Riesgo Ambiental, creado en el año 2008, que establece que ante hechos de estas características se debe notificar inmediatamente al Estado local.
“La municipalidad de San Lorenzo, por medio de la Subsecretaría de Medio Ambiente, realizó constatación en el muelle de Vicentín, por descarga de azufre, con destino a Nouryon. Personal realiazaba tareas de limpieza por azufre depositado en las defensas del muelle, se labró acta”, detalló el jefe de Gabinete municipal, Alejandro Cabral.
Y añadió: “Asimismo, desde el municipio sanlorencino, se requirió Informe detallado de lo sucedido y se procedió a notificar incumplimiento de la Ordenanza N° 2751 de alerta temprana”.
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“Plato Fumigado”: un ranking sobre los alimentos contaminados con agroquímicos

Fecha de Publicación: 29/08/2024
Fuente: Portal quedigital.com.ar
Provincia/Región: Nacional


La Fundación Cauce y Naturaleza de Derechos sistematizaron una serie de datos oficiales del Senasa que dan cuenta de la ausencia de inocuidad de los vegetales.
La agroindustria concentrada y el andamiaje estatal que hacen prevalecer una producción intensiva de alimentos por sobre la agroecológica y campesina impactan directamente en la calidad de los vegetales que se comercializan, y así lo deja reflejado un nuevo informe del relevamiento denominado “Plato Fumigado”, donde además de elaborar un ranking con los alimentos más contaminados con agroquímicos, plantean propuestas para su abordaje ante los riesgos de la exposición directa e indirecta a esos cócteles de principios activos.
El informe elaborado por la Fundación Cauces y Naturaleza de Derechos partió de una solicitud de acceso a la información pública presentado en febrero de 2024 al Senasa para conocer los resultados de sus relevamientos realizados al menos entre 2020 y 2024 en el marco del Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene en Alimentos (Creha): es decir, tiene como fuentes los datos producidos por el propio Estado.
Sin embargo, finalmente solo accedieron de manera limitada a los datos entre 2020 y 2022, aunque aseguran que tras el anuncio de la publicación de su informe, el Senasa decidió dar a acceso universal a los datos de 2023 en la página web.
¿En qué constaba el Plan Creha? En el análisis de los residuos de 54 alimentos vegetales (frutas, hortalizas, verduras, cereales, oleaginosas y especias aromáticas) comercializados en Argentina, en los cuales hubo 6.191 detecciones de agroquímicos. Basados en esos datos, por tercera vez se presentó el informe autogestivo “Plato Fumigado” que se realiza desde 2017 por parte de la Fundación Cauce y Naturaleza de Derechos.
Desde los colectivos que sistematizaron la información señalan que el objetivo del informe es hacer accesibles los resultados de los controles del Senasa para concientizar sobre los riesgos y de la evidente ausencia de inocuidad alimentaria en el consumo de alimentos producidos bajo la agricultura y ganadería intensivas.

Algunos datos relevados en el informe
El informe consta de más de un centenar de páginas con datos sistematizados, pero también analizados en torno a los relevamientos del Senasa concretados en los últimos años en alimentos vegetales inspeccionados en todo el país.
Entre los datos publicados, por ejemplo, se encuentra el ranking de vegetales con mayor cantidad de agroquímicos. Y ese listado lo encabeza la pera con 34, seguido por manzana (31), naranja (30), banana (30), tomate (29), uva (27), palta (26), mandarina (25), limón (24) y pimiento (23).
Y según regiones, en la “Buenos Aires Sur” el alimento con mayor cantidad de agroquímicos fue la naranja con 11 químicos diferentes, mientras que en “Buenos Aires Norte” fue la mandarina (14) y en la región Metropolitana los morrones (8).
¿Qué agroquímicos se hallaron en los alimentos? En el informe dieron a conocer el hallazgo de 83 principios activos tales como el herbicida 2.4D, el insecticida Acetamiprid, el herbicida glifosato (el más utilizado, con 423 fórmulas comerciales), o el fungicida Benomil, algunos de los cuales son cancerígenos y/o alteradores hormonales o inhibidores de colinesterasas que permiten un correcto funcionamiento del sistema nervioso, y por lo tanto considerados pesticidas altamente peligrosos.
Concretamente, de los 83 principios activos hallados en los 54 alimentos relevados, 46% fueron insecticidas, 41% fungicidas, 10% herbicidas y 3% tipo coayuvantes. Un dato particular al respecto, además, fue que poco más de la mitad están prohibidos en la Unión Europea y un número similar son considerados cancerígenos.
Los especialistas que confeccionaron el informe –Glenda Mangia y Fernando Cabaleiro– consideran que a partir del hallazgo de ese nivel de agroquímicos resulta “urgente” la prohibición de los que ya están restringidos por la Unión Europea, como también al menos una revisión de la legalidad de aquellos considerados peligrosos, un 34% de los hallados.
La gravedad de la situación radica, por ejemplo, en que se trata de alimentos con nutrientes necesarios para una alimentación saludable y, como consecuencia, su acceso resulta un derecho pero también un problema de salud pública, considerando la calidad de los vegetales.
Así, como parte de “Plato Fumigado”, decidieron cruzar las recomendaciones alimentarias realizadas por organismos internacionales con los resultados relevados por el Senasa, enfocados solo en los vegetales. Por ejemplo, mientras se recomienda el consumo de 400 gramos diarios de frutas y verduras, en los 39 alimentos pertenecientes a esa categoría se hallaron 73 agroquímicos.
Al hablar de legumbres, cereales, papa, pan y pastas cuya recomendación es el consumo de medio plato diario, se encontraron con 30. Un número similar de contaminantes (26) se halló entre aceites, frutas secas y semillas.
Pero lo más esencial en el mapa de recomendaciones alimentarias es el agua, que lejos está de escapar de la contaminación con agroquímicos y sostienen que distintos relevamientos suelen encontrar 20 principios activos en promedio. Tal como sucedió en el territorios periurbanos de Mar del Plata donde no llega la red municipal, desde el informe aseguran que “hay una omisión muy grave por parte del Estado de monitorear y controlar la presencia de agrotóxicos en el agua de consumo humano”.

Los impactos en la salud
Desde el informe advierten por lo impactos comprobados en la salud a partir de la exposición o consumo directo o indirecto a este tipo de sustancias utilizadas para proteger los cultivos -y, en consecuencia, las ganancias de grandes producciones intensivas- de insectos, hierbas u hongos. Así, discriminaron cuáles de los hallados son cancerígenos, cuáles son alteradores hormonales y cuáles inhiben las colinesterasas.
Por ejemplo, entre mujeres afirman que la evidencia científica vincula la exposición a múltiples casos de cáncer de mama, ovario y útero, como también endometriosis, muerte embrionaria precoz, malformaciones, pubertad precoz o hiperactividad. Entre hombres, en tanto, cáncer de testículo y próstata, criptorquidia, disminución del nivel de testosterona o disminución de esperma.
Frente a esta situación, enfatizaron en la importancia no solo del monitoreo estatal sino también en el peso de proyectos determinantes como lo es el Sprint (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global) que también tuvo voluntarios en Mar del Plata hasta que el INTA decidió apartarse del mismo.
Pero también, como alternativa, resulta necesario un fomento de las producciones agroecológicas campesinas que además de ser fuente laboral para miles de familias, están azotadas no solo por la falta de apoyo gubernamental por no representar una ganancia estatal en términos de divisas, sino también por la concentración de la tierra y del capital en pocas manos, factores que minan la posibilidad de producir alimentos sanos libres de agroquímicos.
“Consideramos que la problemática de residuos de agrotóxicos en los alimentos es un asunto de violación de derechos humanos: derecho a la alimentación adecuada, a la salud, a gozar de los beneficios de la diversidad biológica, de los consumidores y consumidoras, y muy principalmente los derechos de la niñez. Para un tratamiento adecuado y eficaz de la legislación constitucional e infraconstitucional vigente en la Argentina, las autoridades de los poderes públicos en sus respectivas funciones deberían aplicar estrictamente los principios de precaución, prevención y progresividad”, concluyeron.
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Qué infracciones ambientales cometió Papel Misionero que derivaron en una multa de más de $70 millones

Fecha de Publicación: 28/08/2024
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones


En marzo de este año, una mancha de espuma en el río Paraná, frente a Puerto Mineral, en el municipio de Puerto Leoni, despertó las alarmas. Esta sustancia, proveniente de los efluentes de la empresa Papel Misionero S.A.I.F.C., motivó que el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables tomaran muestras del agua y constató la existencia de niveles elevados de contaminación, lo que derivó en una sanción millonaria a la empresa.
Según precisaron desde la cartera de Ecología, el análisis de las muestras tomadas reveló que la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), un parámetro crucial que mide la cantidad de oxígeno consumido por microorganismos para descomponer la materia orgánica en el agua, superaba en más de cinco veces el límite permitido por la normativa vigente. Según la ley, el DBO debe ser inferior a 30 cuando se vierten efluentes al río, pero en esta ocasión los niveles alcanzaron los 170. Además, se evaluaron otros parámetros como el pH y la demanda de cloro, los cuales también presentaron irregularidades.
A raíz de esto y tras revisar detalladamente los resultados de la inspección y las normativas vigentes, Ecología resolvió imponer dos multas significativas a la empresa. En el expediente se especifica que se infringió dos normativas ambientales, entre ellas la Ley XVI de Pesca y la N°25612 de Gestión Integral Residuos Industriales y de Actividades y Servicios. En ese sentido por la ley de Pesca se aplicó una multa de $21.707.840 (equivalente a 80 sueldos mínimos de la administración pública provincial), en tanto, la segunda la sanión fue de $48.842.640 (correspondiente a 180 sueldos minimis de la administración publica). Así, la suma total de las multas asciende así a $70.550.480.

Detalles del expediente
El expediente N° 9900-101/2024, que documenta la inspección y las sanciones, especifica que durante la visita de los inspectores, se descubrió que el caño de acero encargado de derivar los efluentes ya tratados hacia el río Paraná estaba roto o cortado antes de su ingreso al río. Esta ruptura generó una abundante espuma debido a la turbulencia creada por el vertido de efluentes sobre las aguas del río, lo que, debido a su impacto visual, fue la razón principal por la que los vecinos decidieron denunciar la situación.
El documento señala que el gerente de la planta, Eduardo Maglione, explicó durante la inspección que, además de la rotura del caño, se produjo una falla en una malla que actúa como filtro de celulosa en la mesa formadora de papel. Esta falla generó una pérdida significativa de material celulósico hacia la planta de tratamiento, lo que obligó a suspender el funcionamiento de ese sector fabril. La suspensión, a su vez, causó inconvenientes en otras áreas de la planta, lo que repercutió en el normal funcionamiento del sistema de tratamiento de efluentes, lo que finalmente resultó en la contaminación observada en el río Paraná.
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Termina la temporada de caza en Santa Cruz, pero la lucha por conservar la fauna autóctona continua

Fecha de Publicación: 28/08/2024
Fuente: Portal notaalpie.com.ar
Provincia/Región: Santa Cruz


El gobierno de la provincia reavivó una polémica que atraviesa a la región patagónica desde hace décadas con la medida que se extiende hasta el 31 de agosto. Aunque hubo iniciativas para frenar la caza y preservar especies autóctonas, los pedidos no fueron escuchados.
Por decisión del Consejo Agrario Provincial (CAP) de Santa Cruz, se permitió la caza de especies introducidas y nativas desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto. Entre las especies nativas más afectadas, están el zorro colorado, el zorro gris, el guanaco y el puma.
La medida genera todos los años una división entre los productores ganaderos y las organizaciones conservacionistas. Mientras los ganaderos ven en la caza una herramienta necesaria para proteger sus animales, las organizaciones ecologistas consideran la decisión como un ataque directo a la biodiversidad de la región.
Según la resolución provincial, cada persona que cuente con el permiso de caza deportiva puede cazar hasta 8 especies y con un límite de capturas semanales. Siguiendo con esta información, el número máximo habilitado para cazar es un zorro colorado, un zorro gris y un puma por semana y dos guanacos por día por persona.
Por otra parte, la liebre europea, el visón, el consejo europeo y el jabalí, al ser consideradas especies exóticas invasoras, no tienen límite de captura por persona. Cabe aclarar, que toda caza furtiva de cualquier otra especie que no forme parte del listado, sigue siendo ilegal.

Proteccionistas y productores ganaderos: la división de la patagonia
Más allá de la medida, la disputa por la caza entre productores y proteccionistas ambientales es de vieja data. Por un lado, los que viven del campo, en especial del criado de ovejas, quienes afirman que animales como el puma son una amenaza para su actividad. Por el otro, quienes abogan por medidas a favor de cuidar y proteger la fauna que habita en la Patagonia.
Desde abril, se llevaron varias medidas para dar marcha atrás con la autorización de caza anual, pero ninguna tuvo éxito. A través de redes sociales, y hasta una convocatoria de firmas en change.org, no bastó para impedir que se lleve adelante la actividad.
Lo cierto es que desde que se comenzó a criar ganado en la región patagónica, la disputa territorial con la fauna silvestre crece año a año. Esto se intensifica debido al lento despoblamiento de los campos, el cambio climático y la falta de políticas públicas en la materia.
Desde el sector ganadero afirman que el impacto de la sobrepoblación de guanacos, que disputa el forraje con el ganado ovino y su potencial efecto de desertificación; y el ataque de pumas al ganado doméstico, son el eje principal del problema.
En contraposición, asesores científicos y de cuidado ambiental sostienen que se deben tomar medidas innovadoras para proteger a la fauna que se desarrolla allí; pero además advierten sobre posibles consecuencias para la producción ganadera en caso de que disminuya la cantidad de animales como pumas y guanacos.
Finalmente desde organizaciones de la sociedad civil y científicas sostienen que es necesaria la inmediata revisión de la legislación vigente. Y piden revisar el conflicto entre la fauna patagónica y la producción ovina ya que es un problema complejo que requiere un abordaje adecuado buscando la coexistencia.

Una ONG que se dedica a la protección del puma
A raíz de este conflicto existe una ONG que se dedica a rescatar pumas y milita por la erradicación de la caza para conservar la especie. Se trata de Pumakawa, la reserva que vela por la protección de la fauna silvestre en la provincia de Córdoba.
Pumakawa significa “el que cuida con el sigilo de un Puma”, nombre que le dio Karina Maschio quien se dedica, desde hace 30 años, a preservar la especie del puma concolor en Argentina.
Con los años fueron llegando diferentes profesionales, conservacionistas técnicos y referentes en Argentina, la mayoría aporta su trabajo de manera voluntaria.
Durante este año, trabajan para proteger al puma, luego de conocerse una nueva resolución por parte del gobierno de Santa Cruz, que habilitó la caza “deportiva” de esta especie y otras autóctonas.
Si bien, la caza termina este mes de agosto, la disputa por la caza está lejos de llegar a su fin. Especialistas académicos piden realizar estudios del impacto que genera la caza deportiva en la fauna que vive en la Patagonia y tomar medidas técnicas como perros protectores.
Los perros de raza Maremmano-Abrucense están entrenados en lobos y pumas, y ahuyentan a estos animales sin matarlos. Esta sería una alternativa a la práctica de caza, como propone la vieja cultura ovina.
Más allá de las diferentes miradas, el conflicto demanda debates, diálogo y conocimiento científico para abordar una solución posible que pueda sostenerse en el tiempo y lograr consenso.
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Causa ATANOR: la firma no tiene los permisos de habilitación del Ministerio de Ambiente de la Provincia por no presentar la documentación necesaria.

Fecha de Publicación: 27/08/2024
Fuente: Prensa Libre SN
Provincia/Región: Buenos Aires


Para determinar si se reabrirá o no en el lugar en el que hoy se emplaza, la Justicia aguarda que el CONICET lleve adelante una evaluación de riesgo ambiental que demandaría, al menos, seis meses.
En el marco de la medida cautelar que tiene paralizado el funcionamiento de la empresa ATANOR, al menos, hasta completar una serie de medidas que llevará adelante el CONICET, Prensa Libre SN pudo acceder al detalle de los pasos pendientes, los cuales arrojarán un informe que determinará si es posible o no la reapertura. Aunque esto llevaría alrededor de 6 meses, según informaron a este medio desde la parte demandante.
Los pasos a seguir:
1. Relevamiento de información especifica disponible.
2. Auditoria in situ.
3. Actualización de la información de producción.
4. Actualización de la información de cumplimiento de normativa.
5. Análisis critico de la información, diagnostico preliminar.
6. Relevamiento impacto en vecinos.
7. Modelado de la disposición de emisiones desde fuentes fijas. Discusión técnica de red de monitoreo diseñada. Informe parcial.
8. Determinar plaguicidas y otros compuestos asociados en aire (MP y MPS), suelos y agua subterránea.
9. Discusión técnica con directivos y personal de la planta.
10. Conclusiones, propuestas.
Según lo que arroje dicho análisis, la justicia dispondrá o no la reapertura de ATANOR en el mismo lugar en el que hoy se emplaza.
Recordemos que hace pocos días, la propia jueza Bancalari fue la encargada de difundir un comunicado en el que dejó claro que “la función judicial es preservar la salud de la población y el medio ambiente”. Asimismo, durante la ultima audiencia celebrada entre las partes el ultimo viernes se desprendió que la empresa no cuenta con los permisos de habilitación necesarios expedidos por el Ministerio de Ambiente de la Provincia por falta de presentación de documentación.
De este ultimo encuentro formal en el ámbito judicial participaron, agentes de justicia, representantes del CONICET, los abogados de ATANOR y de FOMEA, personal profesional de la empresa, expertos pertenecientes a la Mesa de Gestión Universitaria, el subsecretario del Ministerio de Ambiente bonaerense, representantes de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) y el subsecretario de Contralor de la Municipalidad de San Nicolás.
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Denuncias de aldeas mbya por apeo de monte nativo

Fecha de Publicación: 27/08/2024
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


El Ministerio de Ecología se reunió con Emipa y Endepa para debatir soluciones. Suspendieron los trabajos preventivamente
Tres comunidades de pueblos originarios realizaron denuncias sobre el apeo del monte nativo en sus territorios. Estas comunidades, que dependen profundamente del monte para su sustento y cultura, expresaron su preocupación ante lo que consideran una falta de consulta adecuada en los procesos de autorización para actividades forestales.
Según el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia, en dos de los casos denunciados, las actividades de desmonte contaban con autorizaciones emitidas años atrás. Sin embargo, el ministerio decidió suspender preventivamente estos trabajos para evaluar si se cumplió con la obligación de consultar a las aldeas cercanas antes de proceder con el desmonte.
El primer episodio fue un intento de usurpación de tierras de una aldea del valle del Cuñá Pirú. Se trata de lotes que fueron cedidos en su momento por la Universidad Nacional de La Plata. El avance de los intrusos fue desactivado tras la presencia de guardaparques.
Luego se conoció el reclamo de la cacique Gregoria Duarte, quien alertó sobre un desmonte no avalado por la comunidad Tekoa Eldoradito de San Vicente. Esto motivó la presencia in situ de los guardabosques de la Dirección de Control Forestal de Ecología, que inspeccionaron el territorio y constataron que se trataba de un cambio de uso de suelo autorizado de 23 hectáreas, de las cuales ya se habían ejecutado 14. De manera preventiva, se labró un acta y se informó al responsable de las actividades que quedaban suspendidos los trabajos hasta tanto se evaluara si se habían cumplimentado todos los pasos de consulta a la aldea cercana.
Una situación similar se dio en la comunidad Yabotí Mirí, situado en la Reserva de Biósfera Yabotí. Desde allí alertaron de un desmonte. La inspección del sitio indicado arrojó que se trataba de un aprovechamiento forestal con autorización. Como en el caso anterior, el plan en cuestión fue suspendido de manera provisoria, hasta tanto se corrobore de qué manera se realizó el proceso de consulta a los habitantes de pueblos originarios.
Para abordar estos problemas y garantizar que las comunidades tengan voz en los procesos que afectan sus territorios, el Ministerio de Ecología está trabajando en una resolución que obligará a dar intervención a la Dirección de Asuntos Guaraníes en todos los expedientes relacionados con actividades en bosques nativos cercanos a aldeas.
En una reunión reciente en Aristóbulo del Valle, el director general de Bosques Nativos, Milton Morán, se reunió con representantes del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y el Equipo Nacional de Pastoral Social Aborigen (Endepa) para discutir las denuncias y explorar soluciones. Este encuentro, si bien representó un espacio de diálogo, dejó en evidencia las tensiones existentes entre las comunidades y el gobierno provincial en lo que respecta a la gestión de los recursos naturales.
El Ministerio emitió una circular que exige a los propietarios o proponentes de planes de cambio de uso de suelo presentar con carácter urgente la documentación que demuestre la consulta y acuerdo de las comunidades indígenas cercanas. Aunque esta medida busca corregir los errores del pasado, la efectividad de su implementación dependerá de la voluntad política y del compromiso de las autoridades para respetar y proteger los derechos de los pueblos originarios.
El manejo de los recursos naturales en territorios indígenas sigue siendo un tema de gran sensibilidad y complejidad en la provincia. Mientras las comunidades exigen una mayor participación y respeto por sus derechos, el gobierno enfrenta el desafío de balancear el desarrollo económico con la protección ambiental y cultural. La intervención del Ministerio en estos casos es un paso, pero también pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más integral y respetuoso hacia las comunidades que han sido históricamente marginadas.
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Chaco: Gendarmería allanó Casa de Gobierno por una denuncia de desmontes indiscriminados

Fecha de Publicación: 26/08/2024
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Chaco


Los uniformados allanaron una subsecretaría en Casa de Gobierno y dos sedes administrativas en la ciudad de Roque Sáenz Peña.
Personal de la Gendarmería Nacional Argentina realizó dos allanamientos en Presidencia Roque Sáenz Peña y uno en Resistencia. La jueza federal Zunilda Niremperger ordenó las diligencias en el marco de una denuncia presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas.
Los procedimientos en Sáenz Peña se llevaron a cabo en la Dirección de Bosques, ubicada en la calle Pellegrini entre San Martín y Belgrano, donde se secuestraron computadoras y otros elementos considerados importantes para la causa.
Posteriormente, se realizó otro allanamiento en una consultora que se sospecha es propiedad del actual ministro de Producción del Chaco. Esta consultora gestionaba permisos de desmontes hasta el año 2021, durante la gestión de Jorge Capitanich.
El tercer allanamiento tuvo lugar en la Casa de Gobierno en Resistencia, en la sede de la actual Subsecretaría de Desarrollo Forestal. Niremperger resolvió suspender los desmontes en el Chaco por tres meses, mientras investiga una denuncia presentada por abogados ambientalistas.
Por su lado, el fiscal Patricio Sabadini expuso la existencia de un presunto mecanismo de corrupción público-privado que se beneficiaba ilegalmente con la destrucción del bosque nativo. Niremperger recibió la denuncia del fiscal Sabadini, quien alertó sobre una posible "mafia de los desmontes" en el Chaco.
Según la investigación de los abogados ambientalistas, el actual ministro Hernán Halavacs habría tramitado la mayor cantidad de permisos de desmonte en la última década: 353 de los 876 permisos otorgados por la Dirección de Bosques entre 2014 y 2021, cuando Halavacs dirigía la consultora situada a solo una cuadra de la Dirección de Bosques en Sáenz Peña.
Sabadini ha solicitado una instrucción formal contra Hernán Javier Halavacs, Miguel Ángel López, Luciano Olivares, Atlanto Honcheruk, Juan José Bergia, Zenón Cuellar y, póstumamente, Hernán Miguel Brunswig.
Los cargos incluyen "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público", "tráfico de influencias", "negociaciones incompatibles con la función pública", "malversación de caudales públicos" y "asociación ilícita".
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Pesqueros denuncian que la desregulación atenta contra la sostenibilidad

Fecha de Publicación: 26/08/2024
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Nacional


Trabajadores de la pesca denunciaron que la derogación de una serie de normas por parte del Gobierno nacional atentan contra la sostenibilidad de las especies de la fauna marina nacional y, en consecuencia, a sus fuentes de trabajo. Además afirman que las desregulaciones propuestas no generaban costo para el Estado.
La denuncia apunta a la Resolución 76/2024 de la Secretaría de Bioeconomía que derogó 12 normas  sancionadas entre 2021 y 2023 que, según los trabajadores, desmanteló cuatro unidades de certificación, seguimiento y control de la producción pesquera.
El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, capitán Mariano Moreno, sostuvo que  "no se puede ir contra una reglamentación que no hace más que cuidar el recurso, y que ha posicionado a la Argentina como uno de los productores de mariscos más importantes y avanzados del mundo. No tiene lógica".
Entre las normas derogadas se encuentran 11 resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y una disposición de la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, perteneciente a la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Por otro lado, Moreno denunció que, en paralelo a esta desregulación, el gobierno intervino en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) con la designación de Gonzalo Eduardo Bacigalupo.
"Es una intervención encubierta porque designaron a un trader de pescado, violando el artículo cuarto de la Ley 21673 que crea el organismo, que es muy clara: el director debe ser un profesional con título universitario en alguna disciplina vinculada con las ciencias del mar", apuntó Moreno.
La principal preocupación gira en torno a la eliminación de cuatro entes clave para la administración del sector pesquero, como la Unidad de Certificación de Capturas y Exportaciones, la Unidad de Coordinación Pesquera, la Unidad de Seguimientos Especiales Pesqueros y la Unidad de Ingresos al FONAPE.
Moreno aseguró: "Los trabajadores vamos a pedir que se revea esta situación, porque va en contra de los intereses del Estado mismo, y vamos a exigir que no se innove con las designaciones y las derogaciones".
"En un tiempo vamos a tener agua vacía, sin el recurso natural para trabajar", advirtió el sindicalista.
Por otro lado, trabajadores manifestaron que “se encuentran en alerta permanente ante la indefinición sobre el futuro del Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de las especies Merluza Hubbsi, Merluza de Cola, Polaca y Merluza Negra que vence el 31 de diciembre del presente año”.
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El gobierno de Milei acelera la aprobación de transgénicos

Fecha de Publicación: 24/08/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


En los nueve meses que lleva su mandato se aprobaron cuatro eventos de semillas genéticamente modificadas, y van casi 80 en los últimos 25 años. Así se profundiza el extractivismo, la concentración económica y el vertido de agrotóxicos.
Con un récord de cuatro aprobaciones de semillas genéticamente modificadas (dos para maíz, una para soja y otra para algodón), el gobierno que encabeza Javier Milei se encamina a una liberalización extrema del agronegocio y el mercado de agrotóxicos.
Casi todos tienen una combinación de secuencias genéticas que vuelven a estas semillas resistentes al glifosato, el glufosinato de amonio y el 24D, todos ellos potentes herbicidas que generan daños a la salud y el ambiente.
“El principal riesgo de los transgénicos es que están directamente asociados a los agrotóxicos. Las modificaciones genéticas en las semillas buscan su tolerancia a estos químicos. Y no hay buenas prácticas agrícolas cuando estas tecnologías habilitan a un uso indiscriminado y exponencial de venenos”, dice Carla Poth, investigadora e integrante de la Asamblea Semillas Libres Ya!
“Hoy existe evidencia científica sobre el daño de los agrotóxicos no solo en las poblaciones fumigadas, sino también en la población urbana, porque llegan a nuestra mesa con los alimentos”, apunta Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario.

Una historia que no es nueva
La historia de los transgénicos se inició en 1996 con la aprobación de la soja RR resistente al herbicida Roundup, tal el nombre comercial del glifosato. “Entró al país bajo falsas promesas, como la de aumentar la producción de alimentos, generar mejoras en los cultivos y en la alimentación”, comenta Guillermo Folguera, biólogo, investigador y activista ambiental. Pasaron casi 30 años y no sólo no se concretaron esas promesas sino que se incrementaron los problemas. Tenemos casi un 60% de la población bajo la línea de pobreza y eso tiene que ver con un proceso acelerado de concentración de la tierra que atenta contra la diversidad biológica y de la matriz productiva”.
Los casi 80 transgénicos aprobados desde el 96 hasta hoy generan alarma. Y cada evento transgénico que se presenta como un “avance tecnológico”, implica un retroceso en la salud y la biodiversidad. “El trigo HB4, resistente a la sequía y al glufosinato de amonio, favorece la deforestación porque permite cultivar en zonas con estrés hídrico donde antes había bosques, pastizales o monte”, dice Folguera.
Esta variedad, desarrollada por la firma Bioceres junto a la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet, fue aprobada para cultivo en Argentina en octubre de 2020 y para su comercialización en 2022, pese a que diversas organizaciones ambientales y científicas advirtieron sobre los efectos de este herbicida para la salud y el ambiente, y los riesgos de contaminación cruzada entre el trigo convencional y el transgénico.
“Esto ocurre en un contexto de desfinanciamiento y desmantelamiento de los organismos de control, con medidas como el mega DNU, la Ley Bases y el Régimen para Grandes Inversores (RIGI), que profundizan el extractivismo y la destrucción del ambiente”, advierte el agrónomo Carlos Manessi, de la multisectorial “Paren de Fumigarnos”.

La carrera por la desregulación
La expansión del modelo extractivista que impulsa el agronegocio no es privativa del gobierno de Milei. Según registros del colectivo “Semillas Libres Ya!”, en la presidencia de (Carlos) Menem se liberaron 5 transgénicos (un promedio de 2,5 por año). Con De la Rúa 2 en 2001 (1 por año). Con Nestor Kirchner, 4 (1 por año). Con Cristina Fernández fueron 24 en sus dos presidencias (3 por año); En el gobierno de Macri 25 (6 por año); en el de Alberto Fernández 14 (3,5 por año) y con Javier Milei se liberaron 4 en los 8 primeros meses, lo que da una proyección de 7 por año.
Además de sus impactos en la salud y la biodiversidad, los organismos genéticamente modificados (OGM) afectan la soberanía alimentaria ya que solo cuatro compañías dominan el mercado (Bayer-Monsanto; Syngenta; Dow-Dupont y BASF) y dicen qué cultivar, dónde y cómo; desarticulando a las economías regionales y campesinas, ya que los pequeños y medianos productores no acceden a la compra de insumos, o lo hacen a un precio que luego se traslada al consumidor”, señala Poth.
“Todas las medidas que está tomando el gobierno, desde el DNU a la Ley Bases y el RIGI, van en el sentido del desarraigo y el corrimiento de la frontera de los agronegocios, amenazando la salud humana y ambiental”, señala Ricardo Garzia, presidente de FECOFE e integrante de la Mesa Agroalimentaria, junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y otras organizaciones de la agricultura campesina.
Este modelo de producción y comercialización concentrada tiene dos grandes perdedores: los productores en sus territorios, y los consumidores, porque les llegan al plato alimentos caros, y no saludables”, concluye.

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¿Qué pasa en el INTA?

El organismo transita una etapa de indefiniciones e incógnitas sobre su futuro, en medio de acusaciones de censura y el polémico cierre del programa Pro Huerta. Los pequeños productores y la agricultura familiar totalmente afuera del radar.
La primera versión de la Ley Bases tenía al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dentro de los organismos que podían ser disueltos e intervenidos por decisión del Poder Ejecutivo. Entre las debilidades parlamentarias del Gobierno, las presiones de la oposición, la resistencia de sus trabajadores y la advertencias de buena parte de la comunidad agraria, el INTA quedó dentro de una lista de 20 organismos descentralizados que no podrán ser fusionados ni cerrados. Así transcurrieron los primeros meses durante la presidencia de Javier Milei: en medio de un ajuste fiscal drástico, el INTA zafó de los peores destinos, pero su futuro sigue siendo una incógnita con algunos indicios alarmantes, especialmente por el deterioro y la fragilización del del vínculo con los pequeños productores de todo el país.
La conducción del INTA fue uno de los casilleros que Milei tenía previsto cubrir desde que asumió. A diferencia de otras áreas, que siguen con cargos estratégicos sin designación, el INTA fue rápidamente cubierto. En la presidencia del organismo fue nombrado el cordobés Juan Cruz Molina Hafford, un ingeniero agrónomo especializado en agronegocios. Su vice es María Beatríz «Pilu» Giraudo que es presidenta honoraria de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y fue funcionaria del gobierno de Mauricio Macri entre junio de 2016 y febrero de 2018, como coordinadora de Políticas para el Desarrollo Sustentable, cuando estaba bajo la órbita de Ministerio de Agroindustria, conducido por Ricardo Buryaile y luego por el extitular de la Sociedad Rural Luis Etchevehere.
Molina Hafford no es ajeno a la gestión pública. Antes de ser designado al frente del instituto fue director del Centro Regional Córdoba del INTA y también fue secretario de Agricultura y Ganadería de esa provincia. Fue seis años funcionario del ministro Sergio Busso, el referente agropecuario del entonces gobernador Juan Schiaretti.

Censura recargada que viene de antes
Tanto el presidente como la vice del INTA se preservan en el perfil bajo. Prefieren que el organismo transite en el mejor segundo plano posible. Sin embargo, las críticas han sacado del silencio la situación actual del INTA. A mediados de julio, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, grabó un video donde se hacía eco de una denuncia sobre presunta censura dentro del organismo. «Es cercenar los derechos democraticos, es oscurantismo y terrapanismo en materia agropecuaria. La sustenabilibidad no es un invento progre de la agenda 2030. Hace más de 200 años Manuel Belgrano hablaba de la sustentablidad y cuidar los suelos. Las miradas cortoplacistas, las miradas extractivistas, ponen en peligro al conjunto de la producción. Podran intentar prohibir las palabras pero con eso no resuelven nada», dijo el funcionario.
La conducción salió a desmentirlo, pero según confiaron desde adentro del organismo la censura de determinadas palabras se ha profundizado. Todas aquellas que puedan tener «una connotación política», deben ser suplantadas. Los voceros del INTA lo siguen negando y dicen que es un disparate pero varias fuentes internas aseguraron a Tiempo Rural que no se puede usar la palabra «agrotóxicos» en las investigaciones. Tampoco cambio climatico, sustentabilidad de genero, ni nada vinculado a la agenda 2030. «Cómo el país no quiere reconocer el cambio climático, nos perdemos grandes posibilidades de financiamiento que estan disponibles y que no podemos tomar porque está prohibido», contó un funcionario que no puede sumar ninguna de esas palabras en los documentos oficiales.
Los investigadores no son ingenuos, siguen adelante con sus trabajos y buscan sortear los costados más burdos de la censura, pero esas directivas tienen correlatos concretos. «Detrás está el prejuicio de que se está atacando al sistema tradicional de plagicidas y que sólo visualizamos la agroecología. Eso es falso. El mundo va a hacia eso y las pruebas están en la información que está disponible, pero no se conoce», detalló la fuente. «Si se hicieran públicos todos los informes diarios del laboratorio del Mercado Central, muchos se podrían encontrar con sorpresas, pero eso esta prohibido discutirlo», lamentó el especialista consultado. Adentro del INTA no olvidan que los intentos para forzar el lenguaje y extirpar palabras también sucedió durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández.

Los golpes a la agricultura familiar
A partir del año 2001 en el INTA hubo intentos para revalorizar el rol de la agricultura familiar. Se crearon cinco institutos que eran parte de una herramienta de extensión que buscaba atender al pequeño productor capitalizado. De los cinco  institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, sólo quedaron tres dedicados a la Región Pampeana, la Patagonia y el NOA.
Pero el recorte que más impacto tuvo es el cierre del Programa PRO Huerta, que promovía semillas y huertas colectivas y también una estrategia para vender los excedentes en las ferias. Durante la gestión de Cambiemos intentaron cerrar todos los IPAF sin éxito. En su lugar borraron el programa Cambio Rural, que reunía a 20.000 ´productores.
El PRO Huerta sobrevivió en la gestión Cambiemos y durante la gestión de Fernández casi desaparece. Con la gestión libertaria finalmente lo cerraron y de ese modo desaparecieron las herramientas para los pequeños productores que podía promover el INTA.
El cierre se aplicó en marzo y originó 43 despidos. Molina Hafford tenía la posibilidad de renover el convenio con el ministerio de Capital Humano para continuar con el programa, pero el titular del INTA nunca avanzó con el trámite y así le dio el tiro de gracia.
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RIGI: La Pampa advierte sobre el impacto negativo de la minería en el Río Colorado

Fecha de Publicación: 24/08/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza


La provincia reiteró su preocupación por la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. "Es una locura, pero es lo que han votado los legisladores nacionales", advirtieron.
El presidente del Ente Provincial del Río Colorado (EPRC), Jorge Poletti, señaló que los mega proyectos de minería tienen prioridad total por la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en el Congreso Nacional y que su aplicación, en el caso del Colorado, implicará una disminución en cantidad y calidad del recurso.
El ingeniero brindó precisiones al respecto durante la presentación de un informe ante la Comisión de Asuntos Agrarios, Turismo, Industria, Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados provincial junto a su equipo de gestión.

Alerta en La Pampa por el impacto del RIGI en el Río Colorado
Durante su presentación, el funcionario alertó por los riesgos que podrían comprometer a La Pampa como consecuencia de la aprobación del RIGI, al que adhirieron varias provincias, entre ellas Mendoza.
“El RIGI condiciona la vida misma del río, porque le da la prioridad total a los proyectos de mega minería. Todo lo que hagan las grandes empresas río arriba en cuanto a extracción indiscriminada pondrá en serio riesgo al Colorado, tanto en calidad como en calidad del recurso. Es una locura, pero es lo que han votado los legisladores nacionales, incluso algunos pampeanos”, señaló el funcionario.
Poletti, que fue concejal e intendente de su ciudad, 25 de Mayo, tiene una destacada trayectoria en el EPRC y señaló que los ejes de su gestión están relacionados con el programa de promoción de inversiones. “Es una política pública del Gobierno de Sergio Ziliotto y en esa línea estamos trabajando intensamente, poniendo el foco en la producción y en la creación de nuevas áreas productivas”, indicó.
En este sentido, remarcó la reciente cesión de parcelas para la producción de pistacho. “Un estudio del Consejo Federal de Inversiones (CFI) marcaba que el área era apta para el cultivo del pistacho y frutos secos, así que se inició esa actividad con muchas expectativas. Actualmente diría que es “el producto estrella” de la zona”, dijo Poletti.
Claro que también se están produciendo otros frutos secos, como nueces y almendras. En el caso de las nueces, una empresa de 25 de Mayo embolsó más de 250 mil kilogramos en la última temporada. Otro caso exitoso de los proyectos del Ente Provincial del Río Colorado, que este año cumplió 62 años apoyando a los productores con el riego necesario para sus cultivos.
También hizo referencia al cultivo de vides en Casa de Piedra, destacando las bondades meteorológicas de la zona.
“Tiene muy poca incidencia de heladas, lo cual significa una ventaja trascendental para la producción de vinos. El prestigioso enólogo Enzo Mugnani, que nos asesora y tiene un gran expertíse en el tema, se sorprende por la calidad del clima que tenemos. Eso nos permite producir vinos de altísima calidad y de diferentes variedades”.

Río Atuel: advertencia de La Pampa a Mendoza
A principios de mes, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, había reavivado la pulseada histórica con Mendoza por el río Atuel, al denunciar que la aprobación del RIGI en la provincia cuyana -ocurrida hace dos semanas- “habilita a las mineras el uso discrecional del agua que también es pampeana” y sostuvo que la norma dictada por el Gobierno nacional avala “la extranjerización de la explotación de los recursos naturales”.
En paralelo, el mandatario sostuvo que la normativa pondera "primero a las mineras, después a Mendoza y por último La Pampa". "El RIGI es una nueva amenaza a la lucha popular por nuestros ríos”, subrayó.
"Hoy nosotros y ustedes, los habitantes del oeste pampeano, somos ciudadanos de segunda en el acceso al agua potable, porque primero está Mendoza. Si nosotros no levantamos la voz, si no ponemos en alerta a toda la sociedad, a partir de mañana la prioridad antes que el pueblo de Mendoza la van a tener las mineras", lanzó.
Actualmente, diversas provincias ya aprobaron la adhesión al RIGI, y otras iniciaron trámites. Entre las que le dieron luz verde al proyecto están Río Negro, Jujuy, Mendoza, Chubut y San Juan, mientras que Corrientes, Salta y Catamarca presentaron proyectos al respecto.
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El Gobierno aplicó un ajuste en el presupuesto ambiental de casi un 50% real

Fecha de Publicación: 23/08/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Según especialistas en temas ambientales, con solo el 3% del superávit fiscal financiero alcanzaba para sostener los fondos destinados, por ejemplo, a programas de transición energética, lucha contra incendios y saneamiento del Riachuelo, entre muchas otras áreas.
Como resultado de la decisión de prorrogar el Presupuesto 2023 para este año y del objetivo "innegociable" de Gobierno de conseguir superávit fiscal, muchas partidas destinadas fundamentales para el desarrollo humano sufrieron un derrumbe de casi 50% en términos reales. En particular, especialistas en temas ambientales pusieron en tela de juicio el carácter genuino del saldo positivo logrado por Economía, ya que se trató fundamentalmente de un desfinanciamiento "brutal" de programas.
En el marco del taller "Las claves del presupuesto: cuál es su impacto económico y ambiental", Matías Cena Trebucq, economista del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), remarcó que "el afán por superávit fiscal se tradujo en recortes presupuestarios" y que hubo "una decisión política de desfinanciar partidas ambientales" mientras se le daba una mayor prioridad, por ejemplo, a los recursos destinados para el pago de la deuda pública.
En ese sentido, desde la FARN enfatizaron sobre el hecho de que el desmantelamiento de las capacidades del Estado para el cuidado del ambiente tiene que ver más con cuestiones ideológicas que con una verdadera escasez de recursos monetarios. Según el Monitor Ambiental del Presupuesto elaborado por la entidad, con solo el 3% del superávit fiscal financiero alcanzaba para mantener estables en términos reales las partidas ambientales y las destinadas a la penetración de las energías renovables.
En términos generales, el monitor reflejó que el Presupuesto vigente en el primer semestre de 2024 experimentó una caída real de casi 24% respecto del mismo periodo del año pasado. “Es un presupuesto a valores de 2023 para a precios de 2024. Esto le permitió al Gobierno manejar los recursos con mayor discrecionalidad" señaló al respecto Natán Spollansky, economista del programa Justicia Fiscal en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que también fue expositor en el mencionado taller.
De acuerdo con las estimaciones realizadas por Spollansky, el 60% del ajuste recayó sobre los servicios sociales, fundamentalmente en aquellos vinculados a la seguridad social, que tienen un peso muy significativo en la estructura de gasto del Estado. Otro 25% correspondió al recorte en servicios económicos, particularmente por la menor erogación en subsidios energéticos. Por el contrario, las partidas de defensa y seguridad, y la de la deuda fueron las que menos cayeron.
En la misma sintonía, Cena Trebucq sostuvo que "la deuda pública condiciona al presupuesto nacional" ya que "en los últimos 3 años fue ganando cada vez más peso en el presupuesto vigente" en detrimento de otras partidas importantes.

El recorte del presupuesto ambiental, en números
El investigador agregó que en 2024 también fue muy significativa la reducción en educación, salud, vivienda y ambiente. Respecto de este último segmento, subrayó la bajísima ejecución del presupuesto para programas vinculados al saneamiento del Riachuelo, el control de incendios y al impulso de la transición energética.
En cuanto al saneamiento del Riachuelo, el monitor de FARN mostró que entre enero y junio solo se ejecutó el 6,9% de lo presupuestado para el Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo; por cada $100 que se ejecutaron el año pasado, en 2024 se ejecutaron apenas $4. A su vez, el presupuesto vigente ya sufrió un desplome interanual real del 44,4% por efecto de la inflación.
"Para que la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), organismo público a cargo de llevar adelante las acciones establecidas por la Corte Suprema, pueda funcionar como corresponde, es fundamental que el presupuesto asignado sea acorde a las necesidades actuales y se encuentre ejecutado en tiempo y forma" se advirtió en el informe.
En paralelo, las partidas relacionadas al fuego -Manejo del Fuego y Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF)- tuvieron una ejecución de apenas el 26,7% de su presupuesto vigente, cuando el promedio de los tres años anteriores marcó un 64% para el mismo período. En este caso la caída real del dinero reservado para este capítulo es del 43,8%.
Vale remarcar que el SNMF tiene varias fuentes de financiamiento y que casi un tercio de éste corresponde a los aportes del Tesoro Nacional, los cuales no tendrán ajustes al alza en lo que resta del año según indicaron miembros del servicio a la FARN. Los fondos solo podrían aumentar, de acuerdo a los testimonios, por una mayor recaudación de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que aporta más de un tercio del financiamiento.
En materia de transición energética, los datos del monitor exhibieron una ejecución de apenas el 1,6% en el presupuesto destinado a energías renovables y una baja del 44,4% del presupuesto vigente versus mismo período de 2023.

¿Cómo afectan la ley Bases y el RIGI a la transición energética?
Sobre esto último, Cena Trebucq recordó que la ley Bases y el RIGI fomentan la extracción de combustibles fósiles, ya que tienen como espíritu la maximización de la renta del sector hidrocarburífero mediante beneficios como la liberación de precios, la eliminación de regalías, la agilización de concesiones, las exenciones impositivas y arancelarias, y el libre acceso a las divisas generadas.
Estas políticas se dan en el marco de una concepción de que no es el Estado sino la sociedad en su conjunto la que debe hacerse cargo de la transición hacia fuentes de energía más limpias, a través de sus decisiones de producción y consumo. Sin embargo, por cuestiones de costos y de experiencia acumulada, hoy los incentivos del mercado están orientados hacia los combustibles fósiles cuando hay ausencia de políticas públicas destinadas a cambiar el paradigma y proteger el futuro del ambiente, y del desarrollo económico.
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