Ambiente elabora plataformas digitales para la planificación urbana de ciudades sostenibles

Fecha de Publicación: 20/03/2023
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Se da en el marco del programa “Inversiones Integradas Bajas en Carbono y Conservación en Ciudades Argentinas”, las plataformas tendrán información sistematizada para diversos municipios del país.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que conduce Juan Cabandié, desarrollará plataformas digitales de gestión que permitirán el acceso a la información por parte de tomadores de decisión, equipos técnicos y la ciudadanía en general, sobre proyectos en marcha en los municipios de Ushuaia, General Pueyrredón, Mendoza y Salta, en el marco del programa “Inversiones Integradas Bajas en Carbono y Conservación en Ciudades Argentinas”.
Se desarrollarán en el marco del programa “Inversiones Integradas Bajas en Carbono y Conservación en Ciudades Argentinas” y cuentan con el apoyo financiero del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por su sigla en inglés).
Estas herramientas brindarán datos georreferenciados e indicadores de sostenibilidad tales como: expansión urbana, uso de energía, gestión de residuos e inversión en conservación de biodiversidad, que aportarán al seguimiento y monitoreo de los proyectos, así como a la integración de buenas prácticas y conocimientos derivados de la experiencia en los territorios. Además, se incluirá el desarrollo de un módulo base para que los municipios interesados puedan diseñar e incluir al sistema su propia plataforma.
El diseño y puesta en marcha de estas plataformas será financiado con una donación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), cuyos fondos deben ser utilizados exclusivamente para la implementación de estas herramientas.
Las iniciativas pertenecientes a este programa beneficiarán a más de 823 mil personas. Además, representan una inversión de USD 207 millones, de los cuales 23 millones son aportados por el GEF y los 184 restantes por los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Obras Públicas de la Nación, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y los municipios intervinientes.
Entre las iniciativas en marcha destinadas a acelerar la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), preservar la biodiversidad y reducir la degradación de la tierra en dichos territorios, se destacan la integración del Barrio Escondido de Ushuaia, el diseño del Plan de Turismo Sostenible de Mar del Plata, la creación de un corredor verde para mejorar la conectividad en barrios populares de Salta, la construcción de una planta de tratamiento integral de residuos reciclables en Mendoza, entre otras.
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Es falso que un estudio de la NASA haya demostrado que la ganadería de nuestro país no contamina y derribado el mito sobre las vacas argentinas

Fecha de Publicación: 18/03/2023
Fuente: Chequeado
Provincia/Región: Nacional


En medios y en redes sociales se viralizaron esta semana diferentes publicaciones (ver acá, acá, acá, acá y acá) que refieren a las supuestas conclusiones de un estudio de la NASA sobre el sistema ganadero de la Argentina y las emisiones de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global.
Titulares y posteos afirman: “La NASA derrumba un mito sobre las vacas argentinas”, “La NASA demuestra que la ganadería de nuestro país no contamina el medio ambiente”, “El Observatorio Orbital 2 de Carbono de la NASA ha permitido verificar la sostenibilidad de nuestros sistemas ganaderos”, entre otros.
Sin embargo, esto es falso. El estudio al que hacen referencia las publicaciones -que fue realizado por más de 60 científicos de todo el mundo usando datos satelitales del Orbiting Carbon Observatory-2 de la NASA, entre otros- no fundamenta ni concluye aquello que afirman las publicaciones. Así lo confirmó a Chequeado el propio autor de la investigación, Brendan Byrne.
“No es posible concluir a partir de nuestro estudio si la industria ganadera de un país concreto es una fuente o un sumidero neto de gases de efecto invernadero. Esto se debe a que sólo estimamos las emisiones y absorciones netas de CO2 en todos los ecosistemas de un país”, explicó a este medio Byrne, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en el sur de California.
Y agregó: “En otras palabras, nuestro estudio no incluye otros gases de efecto invernadero como el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), que constituyen una fracción significativa de las emisiones totales de gases de efecto invernadero procedentes del ganado y otros rumiantes. Estos otros gases deben tenerse en cuenta a la hora de determinar si la industria ganadera es una fuente neta de gases de efecto invernadero”.

Qué dicen las publicaciones y de dónde surgió la desinformación
En Twitter, un posteo de la Representación Permanente de la República Argentina ante las Organizaciones de las Naciones Unidas con sede en Roma (FAO/FIDA/PMA) afirmó: “El Observatorio Orbital 2 de Carbono de la NASA ha permitido verificar la sostenibilidad de nuestros sistemas ganaderos”.
También la Embajada argentina ante la Unión Europea sostuvo en un tuit: “¿El secreto de la carne Argentina? Alto en proteínas, bajo en emisiones. La producción ganadera como se hace en la Argentina es parte de la solución al cambio climático”. En ambos casos, los posteos citan el link al estudio de la NASA.
Por su parte, el diario La Nación tituló: “Una medición de la NASA derrumba un mito sobre las vacas argentinas” y Clarín publicó: “La NASA derribó un mito sobre las vacas (…) El estudio demuestra que la ganadería argentina no contamina el medio ambiente”.
Consultados por este medio, tanto Clarín como La Nación y la Embajada argentina ante la Unión Europea refirieron como fuente de la información un trabajo publicado por el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), un organismo público-privado.
“NASA: la Argentina tiene balance positivo de carbono. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE.UU. demuestra que la ganadería de nuestro país no contamina el medio ambiente”, es el título del artículo firmado por la economista Eugenia Brusca y el ingeniero agrónomo Adrian Bifaretti, ambos del IPCVA.
Chequeado se comunicó con el área de Prensa del IPCVA, desde donde enviaron un documento con aclaraciones respecto de la nota sobre el trabajo de la NASA. “El sistema de alimentación de nuestras vacas se apoya en sistemas pastoriles y es allí donde se puede hacer el link con los resultados de la NASA que menciona a las tierras de pastoreo como un factor que contribuye a mejorar positivamente los balances de carbono”, explicó Bifaretti.
Desde Clarín, Pablo Vaca, jefe de la Mesa Central del medio, respondió ante la consulta de este medio: “Publicamos la nota confiando en una fuente habitual nuestra. Una vez que nos alertaron de que la información era errónea, decidimos despublicar la nota y pedimos disculpas por el inconveniente”. La Nación, por su parte, corrigió su nota: modificó el título y el texto del artículo.

Qué dice (y que no dice) el estudio en cuestión
El estudio “Presupuestos nacionales de C02 (2015-2020) inferidos a partir de las observaciones de CO2 atmosférico en apoyo de los balances (stocktake) globales” fue publicado el 7 de marzo último por la revista científica Earth System Science Data.
Se trata de un estudio internacional, realizado por más de 60 investigadores, que utilizó mediciones realizadas por la misión Orbiting Carbon Observatory-2 de la NASA, así como una red de observaciones desde la superficie, para cuantificar los aumentos y descensos de las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono entre 2015 y 2020.
La metodología que se utiliza habitualmente para la medición del carbono se basa en el recuento y la estimación de la cantidad de dióxido de carbono que se emite en todos los sectores de una economía, como el transporte y la agricultura. El estudio plantea como una prueba piloto un enfoque basado en mediciones de arriba hacia abajo (o top-down).
“Este análisis viene a complementar los procesos de inventarios nacionales, no reemplaza la actual metodología de abajo hacia arriba (bottom-up). Con una combinación de métodos y datos, los autores infieren el flujo de CO2 entre la Tierra y la atmósfera para una región determinada. Estas mediciones de CO2 atmosférico sirven más para estimar flujos de carbono a grandes escalas, por eso las limitaciones que mencionan los propios autores para países de menor superficie”, explicó a Chequeado Virginia Vilariño, una de las autoras del último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC).
El comunicado de prensa del estudio incluye un mapa que muestra las emisiones y absorciones netas medias (promedio) de dióxido de carbono de 2015 a 2020. Los países en los que se eliminó más dióxido de carbono del que se emitió aparecen como depresiones verdes, mientras que los países con mayores emisiones son de color naranja o rojo.
En el caso de la Argentina, se encuentra en color verde. Esto significa que el consumo de combustibles fósiles y la actividad industrial emitieron en ese tiempo menos CO2 de lo que los sistemas naturales remueven de la atmósfera. “Pero no se puede atribuir ese cambio en el stock de carbono a un sector económico o actividad particular, ya que depende no sólo de tierras bajo manejo sino sobre todo de ecosistemas naturales (bosques, selvas, pastizales, ríos, lagos, etc), los cuales no pueden asociarse discrecionalmente a una actividad productiva en particular”, sostuvo Vilariño, licenciada en Ciencias Ambientales de la Universidad del Salvador (USAL).
Sin embargo, las desinformaciones circulantes concluyen erróneamente que “el balance positivo (color verde) es debido a la captura de carbono en las tierras de pastoreo”, cuando -como señaló Vilariño- el stock de carbono estimado en el estudio incluye tierras bajo manejo y tierras no manejadas (ecosistemas naturales).
“Aunque en algunos países de América del Sur se observa un aumento de las reservas de carbono terrestre, no es posible atribuirlo específicamente a los pastos utilizados para alimentar al ganado”, explicó a este medio Byrne, autor principal del estudio.
Y agregó: “En el documento afirmamos que existe una absorción neta en algunos países cuando se suman todos los ecosistemas, pero no estimamos las contribuciones de los distintos ecosistemas dentro de un mismo país ni atribuimos la absorción en un ecosistema concreto a factores específicos”.
Además, la investigación solo incluye emisiones de CO2, no toma en cuenta ni el metano (CH4) ni el óxido nitroso (N2O), que son los gases de efecto invernadero más relevantes de la actividad ganadera. Por lo tanto, es falso que la NASA haya derrumbado el mito sobre las vacas argentinas o demostrado que la ganadería de nuestro país no contamina el ambiente como afirman las publicaciones virales.

Un poco de contexto
De acuerdo con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, en 2018 (último dato disponible) el sector ganadero contribuyó con un 18% de las emisiones de dióxido de carbono, principalmente a través del metano que se genera durante la digestión (fermentación entérica) de bovinos y el óxido nitroso de la excreta de pasturas de bovino de carne.
Desde el sector ganadero vienen abogando porque se revisen las metodologías utilizadas para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero de la Argentina y se contabilice a favor el carbono capturado en praderas y pastizales. Sin embargo, los ambientalistas denuncian que la estrategia de compensar las emisiones de ganado con la absorción por pastizales es un caso típico de lobby del sector para no asumir sus responsabilidades.
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Crean el programa de conectividad vial y ambiental para prevenir y mitigar accidentes contra la fauna silvestre

Fecha de Publicación: 18/03/2023
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


Con la sanción de la Ley 3752 –R, la Legislatura chaqueña creó el programa de “Conectividad Vial y Ambiental para la Prevención y Mitigación de Accidentes contra la Fauna Silvestre”. La iniciativa, de autoría de la diputada Elida Cuesta, busca proteger la biodiversidad lindante a las rutas que se encuentran dentro nuestra provincia.
En el marco del programa se implementan pasafaunas en las vías terrestres, como una estrategia vial y ambiental destinada a prevenir o, en su caso, a disminuir los atropellamientos, siniestros y cualquier otro tipo de daño a la fauna silvestre que ocurren actualmente. En este contexto corresponde señalar que tanto a nivel nacional como provincial, existen diferentes marcos normativos que establecen el respeto y la protección de los derechos animales.
En los fundamentos del proyecto, Cuesta remarcó: “Nuestra Carta Magna Nacional refiere en los artículos 41 y 43 al medio ambiente y a la protección de la biodiversidad y el postulado establecido en el artículo 38 de la Constitución Provincial. En igual sentido, la ley 896-R- Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas- y el universo normativo de carácter provincial concomitante en materia ambiental”.
Así también citó el artículo 124, in fine, que habilita a dictar esta normativa en el ámbito provincial, ya que en su parte pertinente prescribe: “… Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.”.
Además de la Ley de Protección Animal 14346 y la Ley de Conservación de la Fauna 22421 (a la cual nuestra provincia se encuentra adherida por ley 1746-R), que tutelan los derechos de los, entre otras cuestiones.
También consideró la Declaración Universal de los Derechos de los Animales que expresa en su considerando: “todo animal posee derechos y que el respeto hacia los animales por el hombre está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos, y que la educación implica enseñar, desde la infancia, a observar, comprender, respetar y amar a los animales”.
“Es decir que, en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, existe claramente un marco de protección hacia la especie animal, que no podemos soslayar. Es necesario destacar también en este punto, que la presente herramienta legislativa se enmarca en iniciativas que ya han sido presentadas a nivel Nacional y el antecedente inmediato, corresponde a la ley vigente en la provincia de Misiones, distrito cuya escenografía coincide con las características territoriales, la existencia de Parques Nacionales y Provinciales, y una biodiversidad de gran volumen, del mismo modo que todas las provincias que integran la región NEA”, remarcó la legisladora.
En orden a esas ideas y tal cual fuera plasmado en la parte dispositiva del proyecto formulado, mencionó que “será de vital importancia la interdependencia organizacional entre la autoridad de aplicación, vale decir, la Dirección de Vialidad Provincial y nuestro Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, tanto en la planificación como para la ejecución ordenada del programa a crearse. Así también, será medular la participación ciudadana y la colaboración mancomunada de los municipios de nuestra provincia”.
“Consideramos fundamental aunar los esfuerzos en materia ambiental, con lo cual, esta iniciativa se enmarca en la agenda provincial para cumplimentar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, otorgando una herramienta legislativa que propenda a fortalecer un ambiente sano y sustentable para las futuras generaciones. En consecuencia, estamos convencidos que para lograr la efectividad de este programa, el mismo se deberá encontrar enmarcado en el Plan Estratégico Provincial al efecto”, sostuvo.
Finalmente, remarcó: “Creemos oportuno dotar de este programa a nuestra provincia, ya que a través del mismo contribuimos con el plausible fin de garantizar el deber de protección de la fauna silvestre, asegurando así, la sustentabilidad del medio ambiente. Es por ello que, tenemos la convicción de que la propuesta implica un significativo avance en la preservación y defensa de la fauna provincial, en pos a la consecución de un ambiente sano, equilibrado y sostenible, en los términos del artículo 38 de la Constitución Provincial 1957-1994 y del artículo 41 de la Constitución Nacional”.
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¿Qué residuos se encuentran hoy en el Riachuelo?

Fecha de Publicación: 17/03/2023
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Riachuelo


La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) realizó un análisis de los desechos flotantes que se extraen del agua. Cómo es el proceso y qué componentes predominan.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) realizó un estudio de calificación de los residuos que son extraídos del Riachuelo. El objetivo del análisis es obtener información para definir acciones en la cuenca. La evaluación consiste en la identificación de los tipos de residuos como, por ejemplo, plásticos, maderas, textil, metales, entre otros.
El proceso de recolección se realiza con embarcaciones y maquinarias, especialmente preparadas para captar los residuos sobrenadantes en el Riachuelo, y luego de forma manual se realiza la separación. Allí se clasifican los residuos en categorías que incluyen: restos forestales y desmalezado; madera, como restos de muebles y pallets; plástico; vidrio; pañales y apósitos; caucho, goma y cuero; neumáticos fuera de uso; envases metálicos; textiles; voluminosos, como residuos de medianos y grandes electrodomésticos; entre otros.
El relevamiento se realiza en determinados puntos estratégicos, a lo largo de 22 kilómetros del río Matanza Riachuelo, para poder analizar los residuos por tramo, ya que varían de acuerdo con el contexto de cada ubicación.
Los tramos 1 y 2 abarcan desde la Ruta 4 hasta Puente Alsina, el tramo 3 contempla desde Alsina hasta Puente Bosch y el tramo 4 comprende el análisis entre Puente Bosch y la Autopista Buenos Aires – La Plata. El estudio es semestral y cada caracterización se ejecuta en tres etapas, en distintos días. Primero, los tramos 1 y 2. A posterior el tramo 3 y finalmente el 4.
“Esto nos brinda información muy valiosa que nos permite evaluar las acciones implementadas, pero sobre todo, poder pensar y planificar nuevas políticas y herramientas que mejoren la gestión”, especificó el presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella en comunicación con ElAuditor.info.
El objetivo de analizar de manera independiente cada tramo obedece a la misma dinámica de la generación de los residuos, ya que varían según el contexto socio-económico del lugar. Esta es la tercera caracterización que se realiza desde que comenzó el nuevo servicio de limpieza de espejo de agua, que incluye la extracción de residuos sólidos flotantes, voluminosos, y mantenimiento del cuerpo de agua.

Tipos de residuos
El resultado del relevamiento identificó que el 46,9% son restos de ramas, forestales y desmalezado; 28,4% son plásticos; el 6,3% son pañales y apósitos; 5% son materiales como cartón y telgopor; el 4,6% son neumáticos; el 4,6% son restos textiles; el 4,2% son maderas; el 3,6% son envases metálicos y el 0,7% son vidrios.
El informe anterior, septiembre 2022, los residuos predominantes también fueron restos de ramas, forestales y desmalezado. Mientras que, en febrero de 2022, el plástico fue el dominante.
Los datos arrojados sostienen una constante en objetos hallados. Restos de poda, plástico, madera y neumáticos fuera de uso han mantenido en los tres estudios los primeros lugares de la lista, siendo los ítems “Ramas y restos forestales” y “Plásticos” los que han encabezado el estudio.
En términos analíticos, desde ACUMAR no pueden aseverar que estos resultados son una constante, pero es un buen parámetro para comenzar a delinear algunas políticas de gestión en torno a estas corrientes específicas de residuos.

Separación de residuos
Desde el organismo se impulsa y promueve la separación en origen y recolección diferenciada en los municipios, y se diseñan planes de educación ambiental, para contribuir al saneamiento y la recomposición de la Cuenca.
El destino de lo extraído para el informe, al igual que todos los residuos recolectados diariamente a través del servicio de limpieza de espejo de agua del cauce principal, se llevan a disposición final a la planta de CEAMSE.
En este sentido, la autoridad entrega estaciones de reciclado a los distintos municipios, provee equipamiento a gobiernos locales para la recolección diferenciada e impulsa acciones para sensibilizar sobre la problemática de los residuos, como el programa de Preclasificación en Instituciones.
Además, llevan adelante el mantenimiento de márgenes y la limpieza en arroyos y cuerpos de agua con alta incidencia en la regulación hídrica, que apunta a disminuir la cantidad de residuos que llegan al río Matanza Riachuelo.
“La separación de los residuos desde el origen forma parte de una estrategia que cada día más municipios comienzan a adoptar. Esta tarea es clave para disminuir la cantidad de desechos que son enviados a disposición final, pero sobre todo es muy importante porque permite la recuperación y revalorización de basura que puede ser reinsertada en la cadena productiva o bien reutilizada. Esta es una de las ideas fuerza de nuestra gestión: transformar los residuos en insumos, darle valor y generar menos cada día”, afirmó Sabbatella.
“Sólo mediante un manejo responsable de los residuos es que dejará de ser tal para evitar su presencia y convertirse en una forma de administrar recursos presentes y aprovechables”, destaca el director de Gestión Integral de Residuos Sólidos de ACUMAR, Ricardo Rollandi en comunicación con ElAuditor.info.
A su vez, describe a la caracterización como metodología utilizada para el abordaje de los desafíos que propone la gestión integral de residuos y que forma parte de una instancia diagnóstica que permite identificar cuales son las fracciones que deberán tenerse en cuenta para un correcto diseño de estrategias de recolección y recuperación.
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Denuncian deforestación y descontrol en área protegida

Fecha de Publicación: 17/03/2023
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Aseguran que se talan árboles que tienen 60, 70, 80 años, de palo amarillo y palo blanco, y que son retirados en camiones, sin ningún control.
En las últimas horas, la comisión del Club Enduro Orán radicó una denuncia por deforestación en el circuito que utilizan para realizar competiciones y carreras, ubicado en calle Arenales al final. Preocupa la tala indiscriminada, ya que se trata de un área protegida.
Según consta en la denuncia, el pasado 27 de febrero, mientras realizaban recorridos por el predio, observaron que personas desconocidas ingresaron al lugar y talaron árboles de la especie palo amarillo, cedro, lapacho; iguales daños observaron en el camino principal.
La comisión señala que "estos hechos ocurren desde hace varios años; que los causantes ingresaron tras cortar parte del alambrado perimetral, daños que todavía no fueron reparados".
Alejandro Basualdo, guía turístico de la ciudad de Orán, en dialogo con medios locales comentó la preocupación que viven por estos casos de tala indiscriminada en una zona reservada a pocos minutos de la ciudad norteña. "Hace poco tiempo sufrimos incendios forestales, perdimos más de 50.000 hectáreas de bosque y miles de especies", remarca
Basualdo explica que hace unos días pudieron observar que el sector que se otorgó al circuito de Enduro Orán, una zona de reserva, uno de los mejores del norte, "que lamentablemente al no tener control por parte del Estado, de Recursos Naturales, los depredadores hacen desastre".
Denunció que se están talando árboles que tienen 60, 70, 80 años, palo amarillo, palo blanco. Las imágenes son terribles, incluso fueron sacados con camiones sin que nadie se percate. "Es muy grave. La Provincia debería hacer un control más exhaustivo".
La denuncia fue radicada en la Policía por parte de directivos del CEO, y notificaron sobre la situación a Recursos Naturales, áreas protegidas, para que estén al tanto de lo que pasa.
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El fuego degradó casi 200 mil hectáreas de bosque nativo en Salta

Fecha de Publicación: 16/03/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


En una década, el bosque pedemontano del norte argentino perdió medio millón de hectáreas de su superficie vegetal por los incendios forestales. En 2022, solamente en Salta, se perdieron 195.714 hectáreas.
Un informe reciente elaborado por la Dirección Regional Noroeste de Parques Nacionales, el Instituto de Ecoregiones Andinas (INECOA) y la Fundación de Conservación y Estudio de la Biodiversidad (CEBio), echó por tierra cualquier cálculo realizado hasta el momento acerca de la verdadera superficie de bosques pedemontanos consumidos por las llamas en 2022 dentro de la provincia de Salta.
Identificó al pasado año como el período con mayor impacto por los incendios forestales en ese bioma: el fuego devoró 195.714 hectáreas dentro de la jurisdicción salteña. Esa cifra representa casi 33 veces el ejido urbano de la ciudad de Salta, o unas nueve veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El fuego tuvo otros momentos pico: en 2013, cuando se quemaron 165.233 hectáreas del mismo bosque, y en 2020 cuando resultaron diezmadas 52.863 hectáreas de bosque pedemontano
El estudio evaluó incendios en la región fitogeográfica con mayor biodiversidad del país que comparten Salta y Jujuy, y que ocurrieron entre 2012 y 2022. Indicó que en esa década y promediando por año, la constante indica que se quemó el 3% del bosque pedemontano de manera sostenida. Hubo picos del 11 %, como en 2022. Solo el año pasado en las dos provincias norteñas, “se quemaron 215.831 hectáreas, convirtiéndose en el peor año respecto a ocurrencias de incendios para el Bosque Pedemontano del Noroeste Argentino”.
El trabajo analítico fue elaborado por los especialistas Leónidas Lizárraga, Luis Rivera, Paula Názaro y Natalia Politi. Bajo el título “El Bosque Pedemontano en llamas: situación de incendios forestales en las provincias de Salta y Jujuy entre 2012 y 2022”, los investigadores (ingenieros en recursos naturales y biólogos) analizaron en profundidad los incendios en relación al ordenamiento de bosques nativos, el cambio climático y el accionar humano. El estudio fue publicado el 8 de marzo pasado, en la página web del Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales.
Las primeras conclusiones son devastadoras. Calcula que en una década se quemaron 514.171 hectáreas del Bosque Pedemontano norteño. “Esta cifra representa el 25 % de la superficie (total) de (ese) ambiente”. En el mismo lapso “en Jujuy se quemaron 94.420 hectáreas y en Salta, 419.751”. Comparadas con la superficie total de cada provincia, las hectáreas quemadas arrojan que en Jujuy se quemó el 1,7 por ciento de su extensión total, mientras que en Salta esa cifra representa al 2,7 por ciento de su superficie.
En el norte argentino buena parte de la región fitogeográfica es un área protegida por la UNESCO. La Reserva de Biósfera de la Humanidad incluye otros espacios de conservación, como la reserva provincial Laguna Pintascayo, el Parque Nacional Baritú (ambos en el norte de Salta) y Finca Urundel (en la misma provincia). La última es una propiedad privada productiva que cuenta con un área protegida que gestiona la conservación de los remanentes del bosque natural (proyecto Redd+) para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Fuera del área protegida por la UNESCO aunque dentro del mismo bioma, se encuentra la Reserva Provincial de Acambuco (Salta). Los espacios de conservación dentro de la Reserva de Biósfera continúan en Jujuy: El Pantanoso y Parque Nacional Calilegua.
En la vecina Jujuy, la tasa de bosques incendiados en la década 2012/2022 fue calculada por los investigadores en 10.913 hectáreas/año. El peor período de 12 meses para el bosque pedemontano jujeño fue registrado en 2013, “cuando se quemaron 31.451 hectáreas”. Le siguieron el año 2020, con 23.197, y el 2022, con 20.118 hectáreas consumidas por las llamas, entre ellas, las de Parque Nacional Calilegua y de la reserva privada El Pantanoso.
Más allá de los fríos números, el informe detalla el tipo de bioma degradado por las llamas. Para ello, el grupo de investigación tomó como base un mapa de coberturas de suelo del bosque pedemontano elaborado por Lizárraga. Con esa herramienta, discriminaron en la superficie quemada ocho clases de ambientes degradados por el fuego en una década. En el bosque pedemontano de la provincia de Salta, el 64 % de las áreas quemadas comprendió a selva caducifolia (269.947 hectáreas), mientras un 17% correspondió a sectores desmontados de la selva perennifolia (70.062 hectáreas). Los dos ambientes corresponden a pisos diferentes de las Yungas.
En Jujuy mientras tanto, el 43% de los incendios registrados en el mismo bosque se localizó en sectores desmontados (40.852 hectáreas), otro tanto degradó formaciones caducifolias (44.796 ha). Se refiere a árboles, arbustos y herbáceas perennes que pierden todas sus hojas durante una parte del año. Siguieron las galerías de bosques próximas a las riberas de los ríos (ambientes riparios). De ellos se quemaron 6.068 hectáreas, es decir, el 5% del total de ese ambiente dentro de la provincia de Jujuy.

Biodiversidad, ordenamiento y un legado explosivo
El estudio explica con precisión que el bosque pedemontano en Salta se pierde con más rapidez que en Jujuy. Describe al bioma como un espacio natural que “comprende selvas con árboles altos y un dosel cerrado”, es decir, copas de árboles que parecen formar un techo en lo alto. Históricamente estuvo compuesto por dos unidades ambientales, “la selva de palo blanco y palo amarillo (…) hacia el norte de las provincias de Salta y Jujuy, y la selva de tipa y pacará hacia el sur en la provincia de Tucumán principalmente”. Los investigadores recordaron que la segunda comunidad vegetal (tipa y pacará) fue “completamente transformada en áreas de agricultura intensiva hacia fines del siglo XIX y principios del XX”, principalmente para plantaciones de caña de azúcar. De la primera (palo blanco y palo amarillo), aún se conserva en la alta cuenca del río Bermejo, que comparten Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia.
“El Bosque Pedemontano alberga 300 especies de plantas leñosas (de las cuales 113 son árboles), 39 especies de anfibios, 137 especies de aves y 106 de mamíferos”, precisa el informe. Además, en él “se encuentran varias especies amenazadas a nivel global y nacional como el Guacamayo verde, el Loro pinero, el Tapir, el Pecarí labiado, el Jaguar y el Roble criollo”. Su enorme importancia forestal también es reconocida, porque alberga varias especies de árboles de alto valor: el cedro, el roble, el cebil, el urundel, el lapacho, la quina colorada, la afata, la tipa colorada y la mora amarilla.
El informe avanza sobre dos aspectos fundamentales para pensar en la sustentabilidad y la conservación del territorio en los años porvenir. El primero fue la relación de los incendios con el ordenamiento territorial de bosque nativo (OTBN) tanto en Salta como en Jujuy. Los OTBN discriminaron áreas del bosque pedemontano por categorías: el 20% fue marcado como de alto valor de conservación (rojo o categoría 1); el 47%, como de mediano valor de conservación (amarillo o de categoría 2), y el 7%, como con potencial uso agrícola (verde o categoría 3). “Considerando las áreas que fueron afectadas por incendios entre 2012 y 2022”, menciona el estudio, “se quemó el 16 % del Bosque Pedemontano en Categoría 1, el 34 % en la Categoría 2 y el 18 % en la Categoría 3”.
Finalmente, el segundo aspecto que destaca el informe, fundamental para planificar áreas de conservación y políticas a aplicar para no continuar perdiendo bosques y biodiversidad, es la actividad antrópica o humana en el bosque pedemontano. En Jujuy, “las áreas quemadas estuvieron localizadas en zonas de alta (53 %) y media (43 %) influencia humana. Sólo el 4% de las áreas quemadas comprendió lugares de baja influencia humana. Esto sucedió principalmente en los años 2020 y 2022”, analizaron los investigadores. En la provincia de Salta mientras tanto, “los incendios están vinculados a zonas de alta (39 %) y media (51 %) influencia humana. Solo el 10 % de los incendios correspondieron con lugares con baja influencia”.
¿Persistirá el ritmo de los incendios en los años venideros? Es una verdadera incógnita. El informe de una década de incendios forestales en Salta y Jujuy arrojó que entre 1981 y 2019 “en tres puntos del Bosque Pedemontano la temperatura media por década se incrementó más de un grado celcius, mientras que las precipitaciones anuales disminuyeron un 28 %”.
Como cierre, en 2022, año fatal para ese bosque nativo, los incendios forestales revivieron otro factor de la acción humana en la yunga de Salta y Jujuy: los boosters de prospección sísmica que dejó YPF como parte del proceso de exploración (1979 - 1985) mientras fue empresa cien por ciento estatal. La privatización la dejó en manos de Repsol, la empresa española que incumplió con lo pactado: rescatar ese pasivo ambiental de alta peligrosidad. Los tiempos políticos cambiaron. Aunque hoy se mira sólo a Vaca Muerta en Neuquén, los explosivos y su carga continúan por ahí, enterrados, esperando que alguien se cruce con ellos o el calor de los incendios forestales los reactive. Eso ocurrió en 2022 en la zona de Valle Morado entre Salta y Jujuy (área que corresponde al otrora exitoso Yacimiento Caimancito) y en territorio comunitario de la Comunidad Indígena Pueblo Kolla Tinkunaku.
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Sistema Riachuelo: la primera gran ampliación cloacal de la Cuenca en más de 70 años

Fecha de Publicación: 16/03/2023
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo


Esta megaobra de ampliación cloacal es una de las intervenciones más importantes comprendidas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de ACUMAR, ejecutada por AYSA, que permitirá mejorar la calidad de vida de la población de la Cuenca y abordar la mayor fuente de contaminación del río: los efluentes cloacales sin tratamiento.
El Sistema Riachuelo es una obra de ingeniería cloacal que mejorará el servicio y la calidad de vida de la población, al mismo tiempo que evitará la llegada de contaminación de carga orgánica al Riachuelo. El diseño incluye un megacolector, que ya cuenta con un 100% de avance, el emisario subfluvial construido en un 100% y una planta de pretratamiento de efluentes, que se encuentra al 71%.
El megacolector está integrado por más de 30 kilómetros de túneles, que recolectarán los desagües pluvio-cloacales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los transportará hasta la Planta de Pretratamiento de Dock Sud, cuya función es tratar los líquidos recibidos. Por su parte, el Emisario subfluvial, volcará los líquidos ya tratados al Río de la Plata, a 12 kilómetros de la costa, completando el proceso de depuración.
“El Sistema Riachuelo va a ser un antes y un después para abordar la principal causa de contaminación del río Matanza Riachuelo, que son los desechos orgánicos. Esta megaobra fue iniciada en el gobierno de Cristina, y para sorpresa de nadie fue demorada durante el macrismo, por lo que fue necesario trabajar fuertemente de la mano de AySA para lograr estos avances”, aseguró Sabbatella.
Esta obra, que beneficiará a más de 4.3 millones de habitantes de la región y, en un futuro, permitirá incorporar a 1.5 millones de personas a la red de cloacas, cuenta con una inversión proveniente del Banco Mundial, a través del préstamo BIRF 7706-AR por un monto de USD 718.032.000 y 9008-AR de USD 245.000.000 y su ampliación BIRF 9252-AR de USD 265.000.000, y del Poder Ejecutivo Nacional. El proyecto se lleva adelante a través de una Unidad Ejecutora conformada en ACUMAR que coordina los créditos, mientras que AySA es la encargada de la obra.
La megaobra de infraestructura permitirá solucionar integralmente la capacidad de transporte de los desagües cloacales en el área metropolitana, mejorará la calidad del servicio y contribuirá a evitar la llegada de efluentes cloacales al Riachuelo, que representan alrededor del 70% de su contaminación, motivo por el cual se trata de una de las intervenciones más importantes comprendidas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de ACUMAR.
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Plásticos en el Mar Argentino: qué animales ya han sido afectados según una red de científicos

Fecha de Publicación: 15/03/2023
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Los residuos plásticos afectan a los animales de manera directa y a través de la liberación de aditivos. Por qué los hallazgos recientes son también preocupantes para la salud humana
Cada minuto, el equivalente a un camión de basura de plástico se vierte en los mares y océanos del mundo. Esos plásticos pueden afectan la salud de la fauna marina e indirectamente a los seres humanos. Porque los trozos de plásticos pueden ser ingeridos por animales, como los peces, que luego son consumidos por los humanos.
Se estima que las cantidades crecientes de plástico ya afectaron a más de 1.200 especies marinas en el mundo. Ahora, hay 20 estudios científicos que demuestran y detallan la presencia de plásticos y microplásticos en la fauna marina que habitan el Mar Argentino y las costas.
Esos trabajos han sido realizados por investigadores de diferentes instituciones científicas y universidades públicas y privadas de la Argentina, que forman parte de la Red Científica de Plásticos y Microplásticos en el ambiente (SEPIA).
Ya comprobaron la presencia de plásticos en peces, como corvina rubia y pejerrey, delfín franciscana, tortugas marinas, lobos marinos, diferentes especies de aves -como el Macá grande, los albatros y los petreles-, ostras, cangrejo, langostinos (que eran para consumo humano), estrellas de mar, y en la ballena franca austral.
Incluso la contaminación ya afectó a la fauna del “fin del mundo”: por primera vez se han identificado plásticos en invertebrados marinos como la lapa y el mejillón del Canal Beagle, y en el pez puyén del Arroyo Negro, en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Un hallazgo de que se publicó en la revista especializada Marine Pollution Bulletin.
“Es muy preocupante”, dijo a Infobae la doctora en bioquímica e investigadora en salud ambiental del Conicet en el Instituto Argentino de Oceanografía, Ana Carolina Ronda. “Las piezas de plástico mayores tienen principalmente efectos físicos en la fauna marina, como por ejemplo bloqueo del tracto gastrointestinal y estrangulamiento”, explicó la científica.
Luego, en el mar abierto, los plásticos se van descomponiendo en piezas plásticas más pequeñas y se le suma un efecto químico que puede afectar la salud de la fauna marina e indirectamente a los seres humanos.
“Las piezas pequeñas pueden ser ingeridos por animales, como los peces, que luego son consumidos por los humanos. El efecto químico está dado porque los plásticos tienen aditivos que pueden ser peligrosos para la salud, y porque a medida que permanecen en el ambiente se le pueden ir adsorbiendo sobre su superficie otros contaminantes como compuestos orgánicos persistentes y metales pesados”, advirtió.
Ronda y tres investigadores publicaron recientemente en la revista Marine Pollution Bulletin las pruebas de la contaminación por residuos, incluyendo plástico, que afecta a pingüinos magallánicos juveniles. Los pingüinos habían quedado varados en la costa atlántica del sur de la provincia de Buenos Aires.
A través de diferentes tecnologías, como la espectroscopia infrarroja, los investigadores determinaron que el 62,7 % del total de partículas que tenían los animales eran plásticos. El polipropileno (27,8 %) y el poliéster (21,6 %) eran los polímeros más abundantes. A partir de esos resultados, sugirieron que esa especie de pingüino podría ser considerada como “bioindicador” para monitorear los niveles de contaminación por plásticos en el Atlántico Sur.
Además, la doctora Ronda y otros colegas estudiaron la presencia y la distribución de los microplásticos en el tracto gastrointestinal de la corvina rubia, una especie de pez marino comercial que se encuentra en el Estuario de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Para hacer ese trabajo, que fue publicado en Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, los investigadores tomaron muestras de ejemplares juveniles de corvina rubia utilizando artes de pesca artesanal en dos localidades. Todos los individuos contenían partículas microplásticas en su tracto gastrointestinal, con tamaños que oscilaban entre los 0,98 y los 5 milímetros.
Otras investigaciones están siendo llevadas a cabo por Luciana Gallo, doctora en ciencia animal e investigadora del Conicet en Senasa-IBIOMAR en Puerto Madryn, Chubut. Ella estudia la contaminación por plásticos en aves marinas de las costas de Argentina y Brasil desde 2018.
“Las especies más afectadas son los albatros y petreles porque se alimentan principalmente sobre la superficie del agua, donde los plásticos tienden a flotar y acumularse”, afirmó la doctora Gallo en diálogo con Infobae.
“Recientemente comenzamos a investigar los efectos sub-letales de la ingesta de plásticos, con el Petrel Gigante del Sur como especie modelo. Es una de las especies de aves marinas con mayor registro de ingesta de plástico en el Mar Patagónico. Interacciona con frecuencia con el descarte y la basura proveniente de la pesca. Los resultados preliminares muestran que algunos indicadores de estado sanitario se ven alterados por la ingesta de plásticos en pichones”, comentó.
Con “efectos sub-letales”, la experta se refirió que los impactos del plástico pueden no ser responsables directos de la mortalidad de los animales. Pero sí pueden reducir la probabilidad de supervivencia o la reproducción de un individuo.
También la científica Gallo está estudiando la problemática en especies de interés comercial de la región patagónica, como moluscos, crustáceos y peces. “La merluza común está considerada como el principal recurso pesquero de la Argentina. Su stock es el más importante en términos económicos y de biomasa, y los resultados preliminares también indican la presencia de microplásticos en la merluza común”, subrayó.
En tanto, la doctora Marina Winter junto con Sergio Abate, y otros colegas de la Universidad Nacional de Río Negro, hicieron un análisis entre 2020 y 2022 sobre 23 individuos que representaban 5 aves y 2 mamíferos. Se encontró una pieza de 10 centímetros de macroplástico en un ejemplar del ave Macá grande. El animal se había tragado una cinta elástica amarilla que los humanos usan en embalajes.
“La banda elástica conservaba intacto el color y la rigidez. Por eso inferimos que el Macá la había ingerido poco tiempo antes de morir. Es decir que no fue la causa directa de la muerte del ave. Es posible que el ave haya confundido a la banda elástica con un pez, que es una de sus principales fuentes de alimento”, aclaró Winter. El Macá estaba en la playa la Lobería dentro de la reserva natural Punta Bermeja, Río Negro.
Se sabe que los residuos de plásticos están causando daños a las poblaciones y a los ecosistemas del mundo. Días atrás, científicos del Reino Unido y Australia propusieron llamarle “plasticosis” a la enfermedad causada exclusivamente por la ingesta de plástico. Lo plantearon tras detectar una fibrosis inducida específicamente por el plástico en ejemplares del ave fardela común, que habita en la isla de Lord Howe, a 600 kilómetros de la costa de Australia.
¿Cómo frenar semejante alteración de la fauna marina y sus ecosistemas? “La contaminación de los océanos con plástico tiene impactos en la salud a escala planetaria y en toda la cadena de alimentación, incluyendo los seres humanos. Es una problemática creciente que requiere intervenciones urgentes, globales y en todos los niveles: gobierno, industria y ciudadanía”, respondió la doctora Gallo.
A nivel mundial, desde Naciones Unidas se busca establecer un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, en particular en el ambiente marino. En diciembre más de 2.500 delegados de 147 países participaron en Uruguay durante la primera reunión del Comité intergubernamental.
La evidencia científica demuestra que el problema no se resuelve con la simple promoción del reciclado de los productos con plástico que se usan. “Muchos países ponen el foco en reciclar y reusar plásticos. Pero en realidad hay que ir más allá y pensar en reducir la producción y el consumo de plásticos. Si no se hace, los esfuerzos para lo demás van a ser en vano”, según dijo recientemente a Infobae la científica Marina Fernández, del Laboratorio de Neuroendocrinología del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME) del Conicet.
“Cada uno de nosotros puede aportar significativamente al cambio. Se pueden modificar los hábitos de consumo de plásticos. Se pueden elegir opciones más responsables con el ambiente. También se puede contribuir al estudio de los efectos de la contaminación sobre la vida silvestre”, dijo Gallo.
Con baldes y celulares, las personas pueden participar en el proyecto de ciencia ciudadana que hace un monitoreo nacional de plásticos costeros. Es una iniciativa que lleva a cabo la Fundación ProyectoSub. Colaboran el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Programas de limpiezas de playa propuestos en el marco de las actividades realizadas por el Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia (PEFF), Club de Ciencias de la ciudad de Puerto Madryn y colonias de verano.
Recientemente, también se conocieron los resultados del Censo Provincial de Basura Costera Marina, organizado por diferentes organizaciones de ciudades costeras de la Provincia de Buenos Aires, en coordinación con más de 400 voluntarios. Cubrieron un área total de 410.864 m2 y contó con la colaboración de alrededor de 20 organizaciones del tercer sector y la sociedad civil. Según la Fundación Vida Silvestre Argentina, se encontraron 35.741 residuos, de los cuales el 73,7% eran plásticos.
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Se realizó el censo del Venado de Las Pampas en la Bahía Samborombón

Fecha de Publicación: 15/03/2023
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


Se trata de un trabajo interinstitucional entre organismos del gobierno nacional y provincial para adoptar medidas tendientes a la conservación de la especie.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, a cargo de Beatriz Domingorena, llevó a cabo el jueves 9 el censo poblacional del venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus celer) en Bahía Samborombón, área de distribución de esta especie que se encuentra en peligro crítico de extinción.
El censo, que se efectuó de forma aérea, mediante vuelos en toda la zona, también permitió contabilizar individuos de la especie exótica invasora conocida como jabalí o chancho cimarrón (Sus scrofa), declarada como una amenaza directa e indirecta para el venado de las pampas.
Si bien esta misma metodología se realiza desde hace 40 años, el último censo se registró en el año 2017. Es por esto que este nuevo monitoreo, destinado a analizar la abundancia y tendencia poblacional, contribuirá al estudio de esta especie amenazada. Asimismo, se proyecta continuar con actividades vinculadas a la ganadería integrada, como medida complementaria para la conservación.
La acción se enmarca en el "Plan Nacional de Conservación del Venado de las Pampas", aprobado por la Resolución 340/2011, y contó con la participaron de la Dirección Nacional de Biodiversidad de la cartera ambiental nacional; la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.
El proyecto “Incorporación de criterios de conservación de la biodiversidad en los programas y las políticas públicas sectoriales e intersectoriales para salvaguardar la vida silvestre amenazada en Argentina”, vinculado con la acción realizada, es ejecutado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que dirige Juan Cabandié, a través de la Dirección Nacional de Biodiversidad de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como agencia de implementación.
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Qué dice el Tratado Global de los Océanos y cómo influye en el Mar Argentino

Fecha de Publicación: 14/03/2023
Fuente: Portal chequeado.com
Provincia/Región: Nacional


El 5 de marzo último, después de casi 2 décadas de negociaciones, los estados miembros de la de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llegaron a un acuerdo para proteger el 30% de las aguas internacionales, que hasta ahora no se encontraban bajo ninguna normativa, para 2030.
El llamado Tratado Global de los Océanos tiene como objetivo proporcionar un marco legal para establecer amplias áreas marinas protegidas y así conservar  la vida marina, amenazada por el cambio climático, la sobrepesca y el tráfico marítimo. .
En esta nota, desde Chequeado, te contamos los principales puntos del acuerdo “histórico” y cómo este Tratado influye en el Mar Argentino.

Qué dice el Tratado Global de los Océanos
El marco legal acuerda proteger el 30% de las aguas que se encuentran fuera de la jurisdicción nacional, que hasta ahora no se encontraban bajo ninguna normativa, para 2030. Es decir, crear áreas de protección para la biodiversidad que hasta el momento estaban expuestas a la sobreexplotación y la degradación.
Actualmente apenas el 1% de las aguas internacionales, una extensión gigantesca que representa cerca de la mitad del planeta y más del 60% de los océanos, está protegida.
“Este acuerdo es histórico porque se refiere exclusivamente a aguas internacionales donde hasta este momento cada país hacía lo que se le diera la gana, las reglas las ponían ellos”, explicó Luis Capozzo, Doctor en Biología e investigador principal del Conicet, a Chequeado.
En la misma línea, Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace Argentina, señaló: “Este es un hecho histórico para la conservación. Los gobiernos han dado un paso importante que fortalece la protección legal de dos terceras partes del océano y con ello de la biodiversidad marina. El acuerdo marca una ruta para establecer áreas de gran y plena protección en alta mar, aumentar nuestra resistencia al cambio climático y salvaguardar las vidas y los medios de subsistencia de miles de millones de personas”.
El tratado dispone que previo a cualquier uso de los recursos del fondo marino, por ejemplo la instalación de energías renovables o cables submarinos y explotaciones mineras en profundidad, se debe realizar un estudio de impacto ambiental. También la creación y transferencia de tecnologías, promoviendo la cooperación entre países para llegar a conocer nuestros mares (apenas el 20% de los fondos marinos están cartografiados).
Con respecto a la regulación de la explotación de los recursos genéticos presentes en aguas internacionales, Capozzo explicó que los recursos genéticos marinos “son aquellos que contienen información genética y pueden ser utilizados con fines científicos o comerciales”.
Al tratarse de aguas internacionales, ninguna normativa regulaba su explotación. Una investigación liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España expuso que sólo los países con más recursos podían hacerse con ellos. Según este informe, en 2011, el 90% de las patentes de estos recursos genéticos se concentraban en 10 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Alemania y Japón.
Tras la aprobación del Tratado, “la información genética ya no quedará en mano de algunos países, sino que deberá compartirse”, señaló Capozzo.

Cómo influye en el Mar Argentino
En nuestro país, el Agujero Azul es una zona de aguas internacionales que se ubica aproximadamente a 500 kilómetros al este del Golfo de San Jorge, en la Patagonia argentina. Allí, la plataforma continental argentina se extiende más allá de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), que se expande hasta las 200 millas náuticas de la costa.
El Agujero Azul se caracteriza por ser una región de alta producción de fitoplancton que son microalgas que hacen fotosíntesis, son productores de materia orgánica y abastecen toda la cadena alimenticia del océano. Su productividad luego se esparce hacia otros organismos de mayor tamaño, incluyendo a aquellas especies comerciales como el calamar, la merluza o las vieiras, y también a las especies de interés para la conservación, como son las aves y mamíferos marinos.
Greenpeace Argentina advirtió que el Agujero Azul hoy está siendo explotado por industrias destructivas, como la pesca indiscriminada. Según la organización ambientalista, los barcos pesqueros cuyos principales objetivos son el calamar, la merluza y la merluza negra aprovechan la falta de regulación en aguas internacionales para saquear esta zona.
“A partir de la milla 201, en las áreas que bordean la zona económica exclusiva, los barcos piratas pescan en esa región los mismos recursos que luego ingresan en nuestras aguas y son explotados por la flota nacional. Es decir, se sirven con los recursos de la Argentina”, sostuvo Capozzo.
Con respecto a cómo influye el Tratado en el Mar Argentino, Vueso señaló: “Este tratado permitiría que esta zona pueda ser potencialmente protegida y ya no esté desregulada. Parte de la depredación que se ve hoy específicamente allí, en el límite de la zona económica exclusiva argentina, requiere de soluciones que involucren la gobernanza internacional en aquellas zonas fuera de jurisdicción nacional”.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, señalaron a través de un comunicado de prensa que “la Argentina se congratula por la finalización de las negociaciones del tratado sobre conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en espacios fuera de la jurisdicción nacional”.
Y agregaron que “este avance constituye un enorme logro (…)  para enfrentar los desafíos que representa la preservación de la salud de los océanos para las generaciones presentes y futuras”.
Ahora, tras el acuerdo, los países miembro deben adoptar y ratificar formalmente el tratado para que entre en vigor.
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Reverdece la Justicia: fallo en Rafaela antepuso salud y ambiente por sobre una avanzada “productiva”

Fecha de Publicación: 14/03/2023
Fuente: Portal elciudadanoweb.com
Provincia/Región: Santa Fe


“No hay garantía que los productos orgánicos y biológicos sean inocuos, seguros para la salud y medio ambiente. Si la intención es hacer algo de agroecología como dicen los considerandos, debe extenderse y no reducirse la zona de resguardo. Para votar esto así no lo hagan, revísenlo con tiempo, pues, así como está es inaplicable, inviable y regresivo”, les advirtió en noviembre de 2021 el ingeniero químico Horacio Beldoménico a integrantes del Concejo Municipal de Rafaela. Apenas un mes después, las cosas tomaban dos carriles diametralmente opuestos: en uno, el docente y director del Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos, que funciona en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) publicaba un crítico y alarmante informe titulado “Impacto de los plaguicidas en los alimentos, el ambiente y la salud en Argentina”, con una revisión de la bibliografía existente y una serie de propuestas para remediar la situación. Mientras tanto, en el otro, el cuerpo legislativo aprobaba la reducción de 200 metros a 50 metros de la franja que rodea a la zona urbana de la ciudad, libre de cualquier tipo de aspersión de fertilizantes, funguicidas, plaguicidas y más. Y aunque la nueva ordenanza establece parámetros de producción agroecológica, organizaciones ambientalistas y particulares rafaelinos no se dejaron convencer y acudieron a la Justicia. Este jueves 9, a poco más de un año de iniciarse una acción de protección de intereses difusos –a partir de la ley 10.000– el juez en lo Civil y Comercial Matías Colón dispuso la nulidad del artículo que permitía fumigar a corta distancia de la zona urbana, y reimplantó el límite de 200 metros que establecía la ordenanza anterior, que estuvo vigente por más de dos décadas.
Aunque el flamante fallo judicial puede ser apelado, lo cierto es que las organizaciones locales y las personas que en forma particular iniciaron la acción colectiva celebraron, como también lo hicieron colectivos ambientalistas de toda la provincia.
Hecha la ley…
El fallo de la Justicia de Rafaela vuelve a poner sobre la mesa una tensión que recorre todo el territorio santafesino y los de otras jurisdicciones: un cúmulo de intereses que tienen como eje el derecho constitucional a la salud y a un medioambiente sano, y otra conjunción que reúne a los intereses económicos de las explotaciones agropecuarias, de los emprendimientos inmobiliarios, o de servicios de entretenimiento y turismo, que además suelen presionar a sus trabajadores para alinearlos con ellos. En ese marco, la nueva batalla, que se comenzó a dirimir ahora, es otro mojón en un camino esquivo, el de alcanzar un equilibrio entre los dos entramados.
Los recurrentes desmontes para ampliar la frontera agroganadera, las quemas intencionales en el Alto Delta del río Paraná, y también las fiestas masivas dentro o próximas a áreas protegidas en als islas son pruebas cotidianas de que continúa primando el conflicto por sobre los acuerdos multisectoriales de aprovechamiento sostenible, como lo es el plan Piecas-DP en el Humedal.
La misma disputa se replica en la “Perla del Oeste”, una ciudad de más de 100 mil habitantes, cuyo nombre remite a Rafaela Rodríguez de Egusquiza, esposa de un comerciante amigo de su fundador, el empresario suizo-alemán Guillermo Lehmann. Pero allí la puja central ya no es por la tenencia de la tierra –hace largo tiempo se completó el despojo a sus legítimos propietarios, las comunidades nativas– sino por su uso. En ese marco el ingeniero Beldoménico expuso como invitado por el Concejo rafaelino durante el tratamiento en comisiones de diferentes iniciativas para reimpulsar el llamado “cinturón verde” de Rafaela, con la concepción de una producción agroecológica y de cercanía.
Así lo establecía un proyecto firmado por la concejala perottista Brenda Vimo, médica de profesión. Pero sorpresivamente se fue imponiendo otra iniciativa, la presentada por Leonardo “Leo” Viotti, un joven edil del bloque Cambiemos-UCR. Esta es la que después se convertiría en la ordenanza 5.331, hoy vigente, y cuyos artículos 3º (en forma parcial) y 4º (íntegramente) acaba de voltear el juez Colón.
La razón de ser de una nueva ordenanza se expone con total transparencia en uno de sus considerandos: “Actualmente los campos linderos al ejido urbano que se encuentran afectados por el actual límite agronómico en Rafaela, totalizan 797 hectáreas, muchas de las cuales se encuentran sin producir, por lo que es necesario generar nuevas herramientas y alternativas que permitan que los mismos vuelvan a ser viables de producción”, dice. Y completa en otro que esas hectáreas improductivas “se terminan convirtiendo en sitios casi abandonados, sin mantenimiento, inseguros y propicios para fomentar la delincuencia”. Así descripta la situación, la conclusión es obvia: la franja establecida para que la población esté lejos de aspersiones de agroquímicos es un peligro en sí misma.
La extensa ordenanza, que tiene 50 artículos agrupados en 16 títulos, es transparente en su enunciado: “Que es deber de este gobierno municipal velar por la salud de sus habitantes, como así también proteger la producción agropecuaria, como fuente de trabajo”, puntualiza otro considerando.
Como alternativa, la norma describe y resalta la eficacia de las cortinas forestales como freno a la deriva de agrotóxicos –incluso el edil Viotti las realza como remedio a una “sobrepoblación de aves en el sector céntrico” de la ciudad, planteando que los árboles que propone implicarían una “reubicación”– aunque la norma misma describe que allí no se van a utilizar tales cosas sino “productos de origen biológico para la protección de los cultivos”. Aunque las organizaciones ambientalistas locales celebran cualquier barrera forestal, lo cierto es que la que propone la normativa es como defensa de una deriva que hoy no se genera, ya que no se puede volcar ningún tipo de producto en esa franja.
Con esos preceptos, la ordenanza 5.331 redujo a la cuarta parte la franja de seguridad de 200 metros alrededor de la zona urbana de Rafaela, para reconvertir los siguientes 150 metros en un Cinturón Agroecológico, donde se permitía “la aplicación de productos fitosanitarios biológicos, bajo fiscalización de receta y aplicación a cargo del municipio”. Dicha también se podía ampliar, a partir de 2025 y por disposición del Ejecutivo municipal, a 250 metros. Pero, como reconoce que no hay todavía especificaciones a nivel nacional sobre qué producto fitosanitario propuesto como agroecológico es realmente inocuo, establece que serán “los ingenieros agrónomos de la Municipalidad” los encargados de certificar cuál producto se puede usar y cuál no.

Pasaron cosas
Las organizaciones ambientalistas locales vieron de inmediato que la pata endeble de la permisividad es el control, y que además hay sobradas experiencias de producciones agroecológicas que distan de ser tales, y que incluso municipios y productores privados llegaron a sembrar soja con fumigación hasta en las banquinas de las rutas, resistiendo incluso con armas la prohibición de hacerlo, dispuesta en 2011 por el gobierno de Antonio Bonfatti.
La experiencia propia de los vecinos, en particular de las familias que habitan en áreas periurbanas, cuyos padecimientos las llevaron a formar parte de las crecientes organizaciones que confluyen en Paren de Fumigarnos a nivel provincial, generaron la inmediata judicialización de la ordenanza 5.331, aprobada y publicada en el Boletín Oficial de Rafaela el 17 de diciembre de 2021, en una reglamentación con varios vetos parciales.
Así, Adapa (Acción por la Defensa Animal y la Protección Ambiental), Amigos de la Vida y un grupo de vecinas y vecinos a título personal formalizaron una presentación contra la Municipalidad de Rafaela, “con la finalidad de tutelar los intereses difusos relativos al medio ambiente y salud pública de los vecinos de esta ciudad, que argumentan lesionados por la ordenanza 5.331”.
En el escrito pidieron, en un primer punto, que el Ejecutivo local presente un “informe del Senasa y/o de toda otra autoridad consultada” en el marco del artículo 51 de la ordenanza, incluyendo “acta de deliberación de dichos informes o análisis de los mismos”. Pero el artículo 51 no existía en la ordenanza votada por el Concejo, sino que lo introdujo la reglamentación del Ejecutivo, como disposición transitoria. Y, concretamente, su acción consistió en postergar 180 días la vigencia de las nuevas franjas de 50 metros y 150 metros hasta que el Ejecutivo recabara “la información completa, detallada y actualizada de las autoridades con competencia en materia de producción ecológica, orgánica o biológica” sobre cuatro items:
- Los productos fitosanitarios de origen orgánico y/o biológicos susceptibles de ser aplicados.
- Técnicas, condiciones y procedimientos relativos a su aplicación o uso.
- Medidas de prevención sugeridas en su aplicación.
- Toda otra información relevante vinculada a la correcta aplicación, uso y manipulación de tales productos.
La demanda colectiva también pidió, en un segundo punto, que la Municipalidad “informe si el Ejecutivo y el Concejo Municipal (lo que incluye comisiones municipales integradas junto a vecinos e instituciones en medio ambiente y salud pública) cumplen con la ley nacional 27.592 de capacitación ambiental, especialmente en lo vinculado al principio precautorio”.
La norma invocada es la llamada “Ley Yolanda”, sancionada el 17 de noviembre de 2020, que tiene como objetivo “garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública”. El nombre rinde homenaje a Yolanda Ortiz, doctora en química, especializada en toxicología, quien obtuvo una beca en La Sorbona y permaneció en Francia hasta finales de la década del 60, para luego regresar a la Argentina y convertirse, en 1973, en “la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano” del país y de América latina, designada por Juan Domingo Perón durante su tercer gobierno.
Como adicional del segundo punto, la presentación judicial pedía que se anulara el artículo que establecía las nuevas franjas en base al principio de no regresividad, una de las claves de la legislación ambiental nacional, que básicamente impide que todo vaya para peor a partir de una ordenanza o una ley provincial.
En el tercer punto se pedía a la Justicia que revirtiera la mención de la ordenanza a “50 metros” y la reemplazara por “200 metros”, es decir regresar a la situación inmediatamente anterior. Y en el cuarto que “atento la trascendencia del caso en relación a la provincia y país se publique un resumen de la sentencia a costa de la demandada en un diario local, uno de Santa Fe y otro de Rosario”, y “del mismo modo se publique un resumen de la sentencia en toda modalidad oficial de comunicación que tengan el Ejecutivo y el Concejo Municipal al menos durante un mes en sus páginas web y redes sociales”, además “en un formato de ágil lectura”.

Reverdecidos
El resultado de la presentación fue un fallo de 77 fojas, en el que el juez Colón, en primer lugar, resolvió hacer lugar a la presentación, y a partir de ahí trazó una hoja de ruta clara. En ella dio por cumplimentado el informe requerido al Ejecutivo municipal sobre la Ley Yolanda –lo hizo durante el proceso–; declaró “la nulidad” del artículo de la ordenanza 5.331 que redujo la franja libre de agroquímicos, “debiendo estar, hasta el dictado de una nueva norma en el punto, a los límites fijados en la ordenanza 3.600 de 2004 –es decir, restauró los 200 metros– y exhortó a la Municipalidad de Rafaela –esto es al Ejecutivo y al Concejo– “para que a través de su órgano competente debata y sancione una nueva norma en el punto controvertido”, estableciendo que “para ello, deberá tener en cuenta la prueba científica recabada en los presentes autos, garantizar no sólo la participación pública en el mismo, sino también cumplimentar las evaluaciones e investigaciones previas respecto a lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Nacional, 8 incisos 2 y 5 de la ley General de Ambiente, y 5, 6 y 7 del Acuerdo de Escazú”.
El mencionado artículo constitucional es el que consagra para todo residente del territorio argentino a gozar “del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
También plantea que todo daño ambiental “generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”, y que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.
En tanto, los artículos citados de la ley 25.675 refieren a los objetivos de la política ambiental nacional: el artículo 2 ordena, entre otros puntos, “asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales”, “promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria”, “fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión” y “asegurar la conservación de la diversidad biológica”; y el artículo 5 dispone que los distintos niveles de Estado y gobierno, es decir provincias, municipios y comunas, “integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley”.
El Acuerdo de Escazú, que lleva el nombre de la ciudad costarricense en la que se rubricó, el 27 de septiembre de 2018, compromete a 24 de las 33 naciones de Latinoamérica y el Caribe –entre ellas la Argentina, donde tiene jerarquía constitucional, es decir, superior a las normativas interiores– a dar todas las garantías de “acceso a la información, a la participación pública y a la Justicia en asuntos ambientales”.
El último tramo de la parte resolutiva de la sentencia del juez Colón define “exhortar a la Municipalidad demandada a arbitrar los medios tendientes a la implantación de otros aspectos de la ordenanza que no se hallaren controvertidos, en especial lo relativo a las barreras forestales, debiendo presentar al Juzgado interviniente un informe acerca de la marcha de las mismas, especies plantadas, sitios de implantación, extensión y alcance, cada 18 meses”; intima al Ejecutivo rafaelino a “que arbitre las conductas pertinentes y/o se cumpla con el poder de policía en orden a las disposiciones de las ordenanzas vigentes, enfatizando los controles en las zonas periurbanas tendientes a evitar la presencia de residuos y malezas, coordinando dichas acciones con los propietarios de los inmuebles afectados, y propendiendo a efectuar todas las gestiones ante las autoridades competentes en materia de seguridad”. Es decir que si los sectores periurbanos de Rafaela responden a los descripto por la ordenanza 5.331, el gobierno local debe solucionarlo de inmediato, no a través de una nueva normativa que habilita cultivos en una franja libre de agroquímicos.
Finalmente, “exhorta a efectuar todas las labores pertinentes en materia de
limpieza y desinfección de dichas zonas en pos de evitar perjuicios al medio ambiente y la salud pública” y dispone poner “en conocimiento a la sociedad que también es tarea de todos la preservación del medio ambiente”, llamando “a la población en su conjunto a colaborar”; y ordena publicar el resumen de la sentencia en el sitio web oficial de la Municipalidad de Rafaela y en sus redes sociales “por un plazo de cinco días y en un espacio que resulte fácilmente visible y accesible para quienes consulten dichas fuentes”, incluyendo también publicar el resumen del fallo “en diarios locales y portales informativos”.
“Deberá acreditar el cumplimiento de esta medida por ante este tribunal dentro de los diez días de notificada la sentencia y bajo apercibimientos de ley”, concluye.

Terremoto ambiental
La sentencia judicial despertó suma atención por su celeridad y por su profundidad. El abogado que formalizó la presentación, Enrique Marchiaro, explicó que se trata de acciones que tienen cierta urgencia y se venían analizando en detalle, por eso la pronta resolución. “Es entendible que alguien que siguió la audiencia pública no termine de comprender cómo fue tan rápido el fallo, pero en el expediente hay un debate largo”, aclaró al portal Mirador Provincial. También especificó que el análisis del caso, “fundado y con prueba muy dada”, concluyó que “hasta 200 metros, estos nuevos productos son menos nocivos que el glifosato y otros, pero tienen algún tipo de riesgo”.
Y planteó la pelea de fondo: “Tenemos, por un lado, un enfoque solamente productivo y, por el otro, un enfoque ambiental y sanitario. Encontrar el equilibrio de cómo producir sin hacer contaminación silenciosa, es difícil”.
Marchiaro puso en relieve que “la resolución es muy concreta” y “dispone que, hasta tanto se dicte una nueva ordenanza, rige la prohibición de 200 metros de la vieja norma”, en tanto que “el Concejo tiene que volver a debatir este punto de los 200 metros con los fundamentos que se han dado en la causa”.
“Ojalá que el tema tome otro carril, en el sentido de incorporar la cuestión ambiental y sanitaria de una manera que no se había hecho”, se esperanzó el abogado.
Ahora resta ver si el fallo será apelado, y también por qué o para qué, ya que la ordenanza 5.331 quedó vigente en todos sus artículos, salvo en los que generaron controversia. Es decir, no cortó el impulso a las barreras forestales ni a la producción agroecológica y sustentable; tampoco al cuerpo que creó la norma, la Comisión para el Estudio de Fitosanitarios y Producciones Alternativas, que tendrá como finalidad “estudiar la disponibilidad de tecnologías y de productos fitosanitarios de origen orgánico en el mercado nacional, que permitan reemplazar los productos de origen químico”. Tal tarea quedará en manos de un concejal por cada bloque del cuerpo legislativo, tres representantes del Ejecutivo, uno por las ONG ambientales, uno por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, uno por la Sociedad Rural de Rafaela, uno por la Federación de Entidades Vecinales, uno por el Senasa, uno por el Inta, uno por el Consejo Universitario de Rafaela, uno por el Samco Rafaela, uno por el Comité de Bioética local, y uno por la asociación Productores Unidos Rafaela.
Con todo, el resumen que pidió publicar el juez Colón da cuenta de cómo se sustanció el proceso. Cita, en un texto breve, las pruebas y los informes técnicos y científicos aportados a la causa: intervinieron los investigadores Rafael Lajmanovich, Damián Verzeñassi, Ernesto Viglizzo y Edda Villamil, además del citado Beldoménico. Menciona opiniones técnicas de diversas personas que integran organismos tales como Inta y Senasa. Y concluye: “Los científicos y técnicos coincidieron en dos cuestiones. En primer lugar, ninguna sustancia es inocua. Y, en segundo término, la distancia es la única medida contra la deriva para la aplicación de productos fitosanitarios y que no debe ser menor a los 200 metros. Corresponde aclarar que deriva hace referencia al movimiento de plaguicidas fuera del objetivo”.
También expone el resumen los fundamentos de la decisión adoptada, que tomaron en cuenta los principios ambientales precautorios, de prevención y de no regresión. “Por ello y ante la ausencia de información o certeza científica, según lo dispuesto por la ley General del Ambiente, se toma la siguiente decisión: la ordenanza es regresiva porque al disminuir las distancias de aplicación de productos fitosanitarios sin la previa realización de estudios y evaluación de impacto ambiental resulta contradictoria a los principios de congruencia, prevención, precautorio y sustentabilidad del artículo 4 de la ley”.
Y en esa línea puntualiza: “Debe ponerse en conocimiento que, actualmente, no hay posibilidades de control humano sobre la deriva y que lo más eficiente para el resguardo del ambiente y la salud pública es mantener la prohibición de todo tipo de fitosanitarios a no menos de 200 metros”.
Y concluye, con el título ¿Qué se persigue con la sentencia?, que “no se trata de no usar fitosanitarios de origen biológico u orgánico ni dejar de fomentar su uso a partir de las distancias pertinentes ni dejar de usar o recurrir a las buenas prácticas agrícolas ni a la capacitación a productores, ni dejar de lado a la tecnología; sino que, por el momento, de acuerdo a los informes científicos, y en forma preventiva debe primar en los 200 metros adyacentes al perímetro urbano la antigua prohibición de realizar fumigaciones como lo establecía la ordenanza anterior”.
“El Poder Judicial no quiere volver a una agricultura pre-tecnológica ni a una labranza primaria, ni cuenta con facultades para ello; debe tenderse a que se amalgame el desarrollo sustentable con el cuidado del ambiente, y por el momento, mantener la prohibición es lo que la ciencia recomienda, sin perjuicio del carácter mutable de las decisiones en esta materia, lo que nos obligará a todos y todas a volver sobre estos temas transversales. No tengo tampoco dudas que los productores en su gran mayoría cuidan el ambiente y utilizan las buenas prácticas agrícolas, pero ello no es garantía de que no existan peligros, siendo como dije, hasta el momento, la barrera de distancia la única que se observa como palpable en cuanto a la solución”, finaliza el juez Colón.
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Temperaturas extremas: el Servicio Meteorológico Nacional debió agregar un nuevo color

Fecha de Publicación: 13/03/2023
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Tan extremo fue el fenómeno que en los mapas de anomalías de temperaturas máximas debieron sumar al color rojo, dos escalas de gris
Si vivís o estuviste en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la primera semana de marzo y sentiste que nunca habías padecido tanto calor, tu percepción no estuvo errada y hoy fue ratificada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que emitió el “Informe Especial N° 9 por ola de calor/altas temperaturas”.
Tan extremo fue el fenómeno, que afectó, además del AMBA, parcialmente el sur del Litoral, el norte de Buenos Aires, noroeste de Córdoba y norte de San Luis, que en los mapas de anomalías de temperaturas máximas debieron sumar al color rojo, dos escalas de gris.
En el informe, el SMN detalló que la localidad que más días tuvo ola de calor, es decir, temperatura mínima y máxima por encima del umbral para esa zona. Fue Ezeiza, con 8 jornadas y el segundo lugar lo compartieron: la Ciudad de Buenos Aires, El Palomar y La Plata.
“Durante el transcurso de este episodio varias localidades superaron los valores más altos de temperatura para un mes de marzo en los últimos 62 años, destacándose que para algunos casos también se superó el récord histórico, si lo hubiere, anterior a la década del ‘60. También es de remarcar que algunas localidades superaron en más de 1 día al récord anterior vigente, lo que acentúa lo extremo de esta situación de calor inusual”, detalló el organismo.

Las anomalías “grises” que coparon el AMBA
“Al registrarse tantos días con temperaturas máximas muy altas y en varias localidades del centroeste argentino varios de esos días superaron al récord histórico anterior, la temperatura máxima media de la primera semana de marzo fue excepcionalmente alta entre 30°S y 40°S alcanzándose, inusualmente, un máximo absoluto sobre el norte de la provincia de Buenos Aires. En concordancia, las anomalías más significativas se localizaron en la misma zona, con valores que oscilaron entre 8°C y 10°C por encima de lo normal para el inicio de marzo”, explicó el SMN que compartió dos mapas para graficar la diferencia en un marzo habitual y el actual.
El SMN, detalló: “Este patrón tan extremo en las temperaturas que se vuelve a repetir en el inicio del otoño climatológico es causado por un patrón de circulación semiestacionario, comúnmente denominado de bloqueo. El anticiclón del Atlántico sur se encuentra muy intensificado en superficie, aportando viento norte y humedad al centro del país y condiciones de bloqueo atmosférico en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la franja central del país, impiden el ingreso de aire más frío a la región promoviendo que las temperaturas sean persistentemente muy altas para la época del año y den lugar al desarrollo de esta ola de calor muy intensa y tardía”.

El pronóstico para los próximos días, sigue con calor extremo
En tanto, la ciudad de Buenos Aires, La Plata y varios municipios del conurbano bonaerense están afectados esta tarde por marcas de sensación térmica de entre 36 y 41 grados, mientras sigue en vigencia la alerta roja por temperaturas extremas “muy peligrosas” para la zona, en tanto que otras ciudades de la zona centro y este del país transitan también una jornada de calor sofocante, según informó el SMN.
La ciudad de Buenos Aires registra, a las 14, una temperatura de 36.8 grados, con una térmica de 40,8 grados; La Plata se ubica en 33 y 37.2 grados, respectivamente; y Morón, en el oeste del conurbano, una temperatura de 35.9 grados con una sensación térmica que sube a 39.3grados. En toda la región, la humedad se ubica en torno al 40 a 50%.
Por la intensidad del calor que no cesa desde hace más de una semana, el SMN mantiene alerta roja son la ciudad de Buenos Aires y las ciudades bonaerenses de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Cañuelas, Magdalena, San Vicente, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza y Merlo con temperaturas máximas que oscilarán entre los 34 y 37 grados, aunque con marcas de sensación térmica más altas.
De igual forma, en la zona sur del Gran Buenos Aires las áreas afectadas son Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencia Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes, donde se pronostican temperaturas que superarán los 35 grados.
El nivel rojo es la máxima alerta dispuesta por el organismo meteorológico e indica que las temperaturas en esa zona pueden ser “muy peligrosas y afectar a todas las personas, incluso a las saludables”, por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).
Por otro lado, el SMN mantiene una alerta naranja para el noreste de la provincia de Buenos Aires en localidades como Tigre, San Isidro, Campana y Zárate, y también para el oeste de Entre Ríos en Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay, con máximas en torno a los 36 grados en esas ciudades del Litoral.
Además, el resto de Entre Ríos, el norte de la provincia de Buenos Aires, todo el territorio de Corrientes y Santa Fe, el centro y sur de Misiones, el centro y norte de Córdoba y el sureste de Santiago del Estero están bajo alerta amarilla por temperaturas que tienen un “efecto leve a moderado en la salud”.
El nivel amarillo que puede “ser peligroso sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas” también comprende al noroeste de la provincia de Salta en la localidad de General José de San Martín y en las yungas de Orán, Iruya y Santa Victoria.
Ante las altas temperaturas que se registran desde hace días, el Ministerio de Salud reiteró una serie de recomendaciones para la población como usar protector solar, hidratarse, consumir agua aun cuando no se sienta sed, usar ropa holgada, evitar exponerse al sol, usar gorro, consumir frutas y verduras, y evitar la actividad física intensa.

Más Información:

- Página 12  La Niña y el cambio climático, las causas que están por detrás de las olas de calor
La extensión de la sequía y su impacto macroeconómico y sectorial, la tensión en la infraestructura eléctrica y en las escuelas son ejemplos del impacto de fenómenos climáticos que serán cada vez más recurrentes.

- La Voz del Interior. Sin vueltas: “Experimentamos las olas de calor más frescas del resto de nuestras vidas”
Especialistas señalaron que Argentina atraviesa el verano más cálido de su historia por varios factores. Y coincidieron que será cada vez más frecuente por la influencia humana en el clima.
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