Vuelve a perder estado parlamentario el proyecto de la Ley de Humedales

Fecha de Publicación: 04/12/2021
Fuente: Periódico El Progreso
Provincia/Región: Nacional


El pasado 30 de noviembre el proyecto de Ley de Humedales ha perdido, fácticamente, el estado parlamentario. Había surgido en noviembre de 2020 de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humanos de la Cámara de Diputados y no está entre los 25 proyectos que se tratarán hasta el 10 de diciembre, cuando finaliza el período parlamentario este año electoral.
Este proyecto fue consensuado por amplios sectores del ambientalismo, el ecologismo y la ciencia. Logró un interesante apoyo de la sociedad, en un proceso que no fue fácil, para esclarecer sobre la importancia de los humedales para la vida y su biodiversidad. Sin embargo, perderá estado parlamentario sin siquiera ser tratando en el recinto, ya que desde principio de año está trabado en la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, donde todavía no fue aprobado. Además, todavía resta que pase por las comisiones Intereses Marítimos y Presupuesto.
El tratamiento en comisiones desnudó la oposición de los lobby agropecuario, inmobiliario, forestal y de hasta ciertos gobiernos provinciales para impedir que del resultado del consenso surgiera en Diputados un proyecto aceptable aunque se tuviera que eliminar el artículo de penalizaciones, que era un punto fuerte del mismo.
No sirvió de mucho suavizar el proyecto buscando cierto acuerdo en las otras comisiones que debían aprobarlo para producir un despacho y así lograr que fuera discutido en la Cámara.
Pero, como analiza Daniel Bracamonte: “Nada que ponga límites aunque sean relativos a los negocios de estos sectores y su expansión ecocida debe salir del Congreso, así funciona la ecuación política que predomina”.
Una vez más, el poder popular expresado en el apoyo a esta ley, que se ha manifestado decenas de veces en las puertas del Congreso para pedir su aprobación, es dejado de lado para satisfacer los intereses de las corporaciones.

Sin voluntad política
Afirmamos que este proyecto ya ha perdido de hecho el estado parlamentario porque el plazo para dictaminar y sesionar sería hasta fin de año (el período de ordinarias se ha extendido hasta el 31 de diciembre), si no fuera año electoral. Sin embargo, está el recambio de diputados y el reglamento de la Cámara señala que los dictámenes ya acordados de los proyectos que esperan tratamiento en sesión vencen el 10 de diciembre, cuando se recambian los representantes. Por lo tanto, luego de esa fecha vuelve todo a cero y depende de la nueva Cámara retomar esos acuerdos o buscar uno nuevo.
La realidad exige que la presión social crezca en fuerza y organización, pero la verdad es que no se ve voluntad ni vocación política en aprobar una ley de este tipo, aunque sí la hay para aprobar nuevas concesiones de explotación minera, autorizar el uso de agrotóxicos en la producción de maíz, avanzar con la producción industrial de porcinos, en aprobar nuevas normativas para la extracción petrolera o la producción de hidrógeno verde sin evaluar la sostenibilidad ambiental del proyecto.
El 30 de noviembre no solo se cayó un proyecto que protegería nuestros espacios naturales y de gran biodiversidad, sino que se manifestó la tendencia a consolidar un modelo de producción extractivista y esto es lo que aún está por discutirse.
La defensa de los humedales de Hudson se nos complicará todavía más y sin dudas requiere una posición más fuerte de nuestro pueblo. “Somos humedal”, rezaba una bandera que recorrió las calles rosarinas en manifestaciones tras los incendios en el Delta durante 2020.
Somos humedal porque sin estos ecosistemas, que brindan servicios fundamentales a las poblaciones, nuestra subsistencia está en peligro.
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Comunidades mapuches presentaron un amparo colectivo por permisos a mineras sobre territorio comunitario

Fecha de Publicación: 04/12/2021
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro


Comunidades mapuches de Río Negro confirmaron que realizaron la presentación judicial de un amparo colectivo por supuestos permisos que la Secretaría de Minería de la Provincia de Río Negro otorgó a empresas mineras  sobre territorios comunitarios de Pulam Lafken, Amulen Che, Ragiñ Plang Curra Mew, Pilquiniyeu del Limay, Ancalao, Newen Ñuke Mapu, Mariano Solo, Ñanco Newen, entre otras.
Lo confirmaron esta mañana, a través de una reunión pública virtual de la cual participaron representantes de las comunidades y autoridades de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro Zona Andina.
El coordinador de dicho parlamento, Orlando Carriqueo, manifestó: “En el mes de junio de este año nos enteramos que empresas mineras recorrían territorio comunitario en zona andina. Avanzamos con una decisión política de cierre de tranqueras y con el amparo colectivo”.
Además remarcó que los supuestos permisos para realizar pruebas en territorio comunitario nunca fueron consultados a las comunidades, “más allá de que no realizaron una consulta previa, el proyecto megaminero es incompatible en el territorio comunitario. Esto lo impulsamos en defensa de los territorios comunitarios y de la sociedad, es un proyecto inconsulto y oculto. Es un proyecto mucho más amplio que el de Chubut”, señaló.
“Tiene que haber un debate más amplio y hay que ponerle freno a estos proyectos extractivos que solo dejan muerte, sequía y traen el despojo de recursos al pueblo mapuche. Hoy presentamos a la justicia el amparo que va en defensa de nuestra manera de vivir, significa ni más ni menos que la continuación de la defensa del territorio”, anunció Carriqueo.
Representantes de distintas comunidades de Río Negro manifestaron haber corroborado la presencia de empresas mineras realizando pruebas y utilizando miles de litros de agua diarios para dichas pruebas.
El miembro del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) Newen Loncoman, manifestó: “Presentamos el amparo colectivo ante los permisos que dio la Secretaría de Minería sobre territorio comunitarios, sin consulta previa a las comunidades. Por ley deben ser consultadas ante un emprendimiento extractivista. La mayor parte son extranjeras, dejan poco y nada en el lugar, solo contaminación. La consulta indígena es un derecho de las comunidades”.
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Afirman que Pelambres terminará de retirar los escombros recién en 2023

Fecha de Publicación: 04/12/2021
Fuente: Vía País
Provincia/Región: San Juan


Un nuevo capítulo se sumó al conflicto que la empresa chilena Los Pelambres generó en tierras sanjuaninas. Es que, se esperaba que el retiro de escombros de la minera que originó una gran disputa entre los Gobiernos argentino y chileno finalizara entre 2021 y 2022. Sin embargo, debido a las restricciones impuestas en el marco de la pandemia, estas fechas se aletargaron y la empresa chilena lleva apenas el 60% de los escombros retirados.
Según publicó San Juan 8, en el último informe que proporcionó la minera sobre las actividades obligatorias impuestas por la Justicia por la escombrera ilegal en el Cerro Amarillo se determinó que hay un “retiro con pronóstico hasta fin de año de recuperación del tiempo perdido”. Por estos motivos, para finales de este 2021 esperan superar ese 60% logrando cumplir con los plazos establecidos antes de la pandemia de coronavirus.
En este marco, el fiscal de Estado, Jorge Alvo, sostuvo en Canal 8: “El porcentaje de retiro está más allá de lo que se había programado. En cuanto al monitoreo de agua se determinó que no ha avanzado, permaneciendo en condiciones normales. Las aguas subyacentes a la laguna no tienen conexión con las subterráneas. Estamos en condiciones óptimas”.
Dadas las circunstancias, las autoridades de Gobierno esperan que la escombrera realice el retiro total a fines de 2022 o a principios de 2023.
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Acuerdo para ampliar en más del doble la superficie del Parque Nacional "Islas de Santa Fe"

Fecha de Publicación: 03/12/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


El gobernador Omar Perotti y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, firmaron este martes un acta acuerdo para propiciar la ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe. La iniciativa pretende aumentar el área protegida desde las 4.096 hectáreas actuales a un total de 10.000 hectáreas.
El acto se llevó a cabo en la sede de la cartera nacional en la ciudad de Buenos Aires, y contó con la participación de la Ministra de Ambiente y Cambio Climático, Érika Gonnet; la secretaria de Gestión Federal, Candelaria González del Pino; el presidente del directorio de la Administración de Parque Nacionales, Lautaro Erratchu; el secretario de Políticas Ambientales, Oreste Blangini; y la directora de Desarrollo Territorial, María Josefina Obeid.
Luego de la firma, Gonnet afirmó que “la ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe no sólo permitirá avanzar en la conservación del área protegida, sino que también será la base para el impulso de actividades turísticas, científicas y educativas”.
“Junto al ministro Cabandié, a la par del proyecto de ampliación, ya venimos recorriendo un camino para fortalecer el Parque”, destacó la funcionaria y agregó que “gracias a este trabajo conjunto entre Nación y provincia, hoy contamos con guardaparques y con una base operativa en Puerto Gaboto. Además, actualmente estamos gestionando la infraestructura necesaria para habilitar, en una primera instancia, un espacio abierto al público”.
Por su parte, Cabandié celebró el acuerdo y destacó: “Desde que asumimos la gestión, nos comprometimos a proteger la zona del Delta. Es por eso que sumamos guardaparques, brigadistas e instalamos faros de conversación” y afirmó: “Trabajamos de manera articulada con las provincias para cuidar las áreas protegidas”.
Cabe señalar que el acta establece que se coordinarán las capacidades operativas, logísticas y técnicas para realizar el relevamiento necesario para la elaboración del proyecto de ampliación del Parque; determinando la zonificación del área protegida, definiendo las áreas de conservación y las destinadas al uso público con fines turísticos.
El Parque Nacional fue creado en 2010, mediante la Ley Nacional Nº 26.648, y se encuentra emplazado en el sito Ramsar “Delta del Paraná”, con el objetivo de proteger el ecosistema de la zona. Actualmente cuenta con 4.096 hectáreas.
Santa Fe, a través de la Ley Provincial N° 12.175, cuenta con un Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas que prevé las categorías de Paisaje Protegido, Parque Provincial, Reserva Natural Estricta, Reserva Natural Manejada, Reserva Hídrica Natural y Reserva Privada, entre otras, según los objetivos generales de conservación perseguidos.
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Un estudio arrojó que la población de yaguaretés redujo su crecimiento por nuevas amenazas

Fecha de Publicación: 03/12/2021
Fuente: unidiversidad.com.ar
Provincia/Región: Nacional


La Subcomisión Selva Paranaense para la Conservación del Yaguareté informó además que "no se registraba un disminución desde 2005" y recordó que su conservación es clave para mantener los bosques, las reservas de carbono y la disponibilidad de agua. Infografía.
Un nuevo relevamiento de yaguaretés en 560 000 hectáreas del Bosque Atlántico del Alto Paraná, compartido por Argentina y Brasil, mostró una disminución poblacional de la especie que no se registraba desde 2005, informó la Subcomisión Selva Paranaense para la Conservación del Yaguareté, en el marco del Día Internacional del Yaguareté.
El censo, que se realiza cada dos años, indicó para el período entre 2020 y 2021 un total estimado entre 76 y 106 yaguaretés, con una media de 90, que habitan el Bosque Atlántico del Alto Paraná, mientras que el total registrado en 2018 fue un rango entre 84 y 125, con una media de 105. "No se registraba una disminución desde 2005", advirtieron desde las entidades que llevaron adelante el censo poblacional de yaguaretés. El director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo, afirmó: "Los datos de este año muestran que la población de yaguaretés redujo mucho su tasa de crecimiento. Esto probablemente tenga que ver con que la presencia de estos animales llegó a un umbral en el que comienza a sufrir nuevas amenazas".
El estudio se realizó a través de la cooperación internacional entre Fundación Vida Silvestre Argentina y los equipos de la Organización Mundial de Conservación (WWF) de Brasil y Paraguay, junto a investigadores de Projeto Onças do Iguaçu (Instituto Pro-carnívoros), Proyecto Yaguareté (CeIBA-UNAM-Conicet) y la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay. Asimismo, el monitoreo poblacional abarcó a 564 424 hectáreas de Argentina y Brasil, donde se colocaron 215 estaciones de muestreo provistas con cámaras trampas entre el Parque Nacional do Iguaçu en Brasil y todo el bloque centro-norte de la provincia de Misiones, en Argentina.
El primer relevamiento poblacional en la región se realizó en 1995, a cargo del equipo del investigador brasileño Peter Crawshaw, y estimó que 400 yaguaretés habitaban el Bosque Atlántico del Alto Paraná.
Sin embargo, en 2005 se registró una reducción del 90 % de la población, dado que se observaron entre 30 y 54 individuos viviendo en la región.
"Allí se comenzó un trabajo coordinado entre organismos públicos y organizaciones conservacionistas que permitió que la población supere el centenar de ejemplares en el último censo de 2018", indicó Jaramillo.
La estimación del número de yaguaretés del nuevo censo de 2020 y 2021 es "levemente inferior a la obtenida en el año 2018 y muy similar a la del 2016", indicó Agustín Paviolo, investigador del Conicet y coordinador del Proyecto Yaguareté. "Luego de la recuperación poblacional sostenida que veníamos observando entre el 2005 y el 2018, encontramos que esa tendencia creciente parece haberse detenido", agregó.
Entre las principales razones que amenazan a la especie, se encuentran la caza del yaguareté y de sus presas, la deforestación y fragmentación del bosque, además de los atropellamientos en rutas y caminos.
"El yaguareté es una especie amenazada especialmente por la pérdida de su hábitat natural. Antes estaba presente en pastizales y humedales, pero ahora solo tiene refugio en bosques que también está perdiendo", advirtió Jaramillo. "En la región chaqueña es donde está más amenazado –continuó– y en las yungas, donde hay mejores perspectivas para la especie, mientras que en Misiones hay una situación intermedia".
En este sentido, apuntó: "Aunque para afirmarlo es necesario un estudio científico y de rastreo de ejemplares, es probable que la sequía de los últimos dos años haya condicionado la tasa de crecimiento de la población, ya que la falta de agua afecta el crecimiento de la vegetación que alimenta a los herbívoros que forman parte de su dieta". "Esto podría llevarlos a modificar su territorialidad y generar conflictos mortales entre los machos por los espacios de caza", agregó.
La conservación exitosa del yaguareté es fundamental para mantener los bosques, las reservas de carbono, la biodiversidad, la disponibilidad de agua y el patrimonio natural y cultural, indicaron desde Fundación Vida Silvestre.
"El yaguareté es, en su ecosistema, el tope de la cadena alimenticia; es el responsable de controlar al resto de las especies, dando cuenta de ejemplares viejos o enfermos, y evitando que la población de herbívoros crezca en forma desmedida y afecte la vegetación; la presencia del yaguareté es el indicador de un ecosistema saludable", ponderó Jaramillo. Sobre las acciones que se están llevando adelante para preservar la especie, el ambientalista detalló: "Estamos trabajando en la instalación de cartelería en las rutas, advirtiendo el riesgo de atropellamientos, dialogando con las comunidades ganaderas para construir estrategias que disuadan a los yaguaretés de acercarse al ganado, como alambrados eléctricos o alertas sonoras y lumínicas que los asusten, y también junto a los guardaparques para fortalecer prevención y controles de caza furtiva".
Desde el equipo a cargo del censo, indicaron que el objetivo es que los esfuerzos de conservación de la especie se realicen de manera trinacional en todo el Bosque Atlántico. Con tal motivo, se sumó a Paraguay en la realización de los monitoreos periódicos del felino en las 64 000 hectáreas de ese país donde existen dos remanentes del Bosque Atlántico del Alto Paraná, que mantienen una población de 12 individuos de yaguaretés: la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú y la Reserva Natural Morombí.
"Los datos del próximo relevamiento que haremos en el año 2022 van a ser muy importantes porque nos mostrarán si la leve disminución observada en el 2020-2021 se consolida como tendencia y si la población comienza a declinar nuevamente", destacó Paviolo.
"El yaguareté es, junto al puma, uno de los dos felinos más grandes de Sudamérica, que sobrevivieron desde antes de las glaciaciones, superando todos los cambios climáticos. Es un símbolo cultural de los pueblos originarios, una parte de la identidad misionera y un importante atractivo turístico", concluyó Jaramillo.
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José Luis Antúnez: “El plan es reactivar los proyectos nucleares que se paralizaron en la gestión anterior”

Fecha de Publicación: 03/12/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El presidente de Nucleoeléctrica Argentina habló sobre los proyectos en marcha que tiene la compañía estatal, cuáles son sus objetivos, y cuestionó lo realizado por la administración anterior.

Periodista: ¿Cuáles son los proyectos en marcha u objetivos a futuro que tiene planteados Nucleoléctrica Argentina?
José Luis Antúnez: Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) es la empresa constructora, diseñadora y operadora de las centrales nucleares argentinas de potencia, ese es su rol y ejerce desde 1994. Como toda actividad empresaria, requiere un grado de planificación para desempeñarse, no sólo en el mercado técnico, sino también en el mercado financiero y en todas las actividades que corresponden a una sociedad anónima. Su propietario es el Estado Nacional. El plan que estamos ejecutando, data del año 2009, que es cuando se emitió la Ley Nuclear, que rige los destinos nucleares de Argentina en lo que respecta -entre otros aspectos- a las centrales de potencia. Esa ley lleva el número 26.566 y fue aprobada por abrumadora mayoría por ambas cámaras del Congreso y ampliamente debatida. Ese plan establecía que Argentina debía, en primer término, completar los proyectos de extensión de vida de la central Embalse, que se comenzaba a ejecutar en esos momentos, para añadirle otros treinta años de vida útil. La ley también dice que se debía terminar la construcción de Atucha II, que en 2009 estaba iniciada; y además agregar dos módulos de potencia más. Pero no sólo decía eso: también dedicaba un artículo especial a la Comisión Nacional de Energía Atómica y a su diseño del reactor modular de diseño argentino, que es un diseño propio de la CNEA y fue uno de los primeros que se presentaron al organismo internacional de energía atómica, en los años 90. Le encarga a la CNEA utilizar el mismo régimen de esta ley, que establece un régimen jurídico especial para que las centrales se construyan con normas y principios de derecho privado, y además le indica que puede contratar lo que necesite para materializar su diseño del reactor que tiene el nombre de CAREM. Cuyo prototipo se está haciendo hoy, adyacente a la central nuclear Atucha I. La CNEA nos ha encomendado ayudarlos a construirlo, desde el año 2014.

P.: ¿Fue entonces cuando se puso en marcha el plan?
 J.L.A.: Nuestro Gobierno, en 2014, concreta el plan poniendo en marcha la extensión de vida de Embalse, anunciando que se realizará la extensión de Atucha I y que los dos módulos se harán, uno de ellos, con la tecnología de uranio enriquecido y agua liviana, la cual Argentina no tenía ni tiene experiencia operativa; y el otro, una réplica de la central de Embalse, con tecnología CANDU, de la cual es propietaria Argentina. Son dos reactores grandes, uno de 1.100 megavatios y el otro de 700 megavatios. Además, acelerar la construcción del reactor CAREM. Y, así, en febrero de 2014 comenzamos las obras del CAREM, con la CNEA como diseñador y Nucleoeléctrica ayudándolos con la construcción. Ese plan fue modificado y abandonado, en gran parte, por el Gobierno que siguió, que canceló el proyecto de tecnología nacional de un reactor gemelo de Embalse, decidió continuar con el reactor de uranio enriquecido y agua liviana, de tecnología china, cuyo nombre propio es Hualong. El proyecto CAREM en la gestión anterior, después de algún avance, terminó paralizado.

P.: En ese escenario, ¿le sorprendió la opinión de un funcionario del Gobierno anterior, del área de energía atómica, que diga que debe ser una prioridad terminar el CAREM?
J.L.A.: Me llama la atención, en realidad, que se asegure que Argentina tenga que debatir porque “no sabe para dónde va”. Lo cual, yo creo que hoy Argentina sabe para dónde va. Porque el 23 de junio de este año, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó el plan estratégico de NA-SA, que es el plan de centrales argentinas, en el cuál se vuelve al proyecto nacional, con tecnología propia, y se le ordena a NA-SA que complete el contrato con China por el reactor de uranio enriquecido y lo ponga en ejecución. Y, además, se pidió que colabore todo lo que pueda para completar el CAREM lo antes posible. En función de eso, a la semana, nos pusimos a trabajar con la CNEA y estamos activamente trabajando juntos en la construcción del CAREM. Recuerdo que el reactor es un prototipo de diseño de la CNEA y está destinado a probar la viabilidad técnica y comercial de ese novedoso diseño. Desde el punto de vista de Nucleoeléctrica Argentina, nosotros sabemos perfectamente bien para donde vamos. Este camino.

P.: ¿Y cómo observa la opinión en torno a cierta dicotomía entre los reactores “grandes” y “chicos”?
J.L.A.: Nosotros no participamos de esa antinomia. La prueba de que no participamos es que estamos haciendo las dos cosas. Alguien puede decir: ‘abandone los reactores grandes, porque están llegando a su fin’. Le diría que, en cuanto al fin de los reactores grandes, tenemos una opinión distinta, basada en nuestro más de 40 años de experiencias diseñando, construyendo y operando centrales nucleares. Pero si se mira la experiencia del mundo en su conjunto: hay poco más de 440 centrales en operación, que proveen el 10% de la energía eléctrica del mundo; hay 52 en construcción y hay 180 planeadas. Ninguna de esas 600 centrales es chica. Son todas máquinas grandes. ¿Y por qué no hay SMR (reactores modulares pequeños) en ese planeamiento? Porque la industria eléctrica necesita desesperadamente cumplir con la consigna de carbono cero para 2050 y tiene que basarse en los diseños que tiene probados hoy. Y actualmente, hay un único diseño probado: que es el de las centrales grandes. El Director General de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que es el argentino Rafael Grossi, dijo que ‘dentro de la transición energética, lo nuclear no es parte del problema, es parte de la solución’. Y, además, ‘que no hay una receta única’ para cumplir con la descarbonización de los sistemas nucleoeléctricos’. Está claro que Argentina tiene un plan, que está basado en una ley, y Nucleoeléctrica Argentina está cumpliendo con eso y está trabajando en las dos direcciones: no es cierto que los reactores grandes hayan llegado a su fin.

P.: ¿Cómo es el proyecto de la central Hualong? ¿Para cuándo se estima que puede estar finalizada?
J.L.A.: Todavía no hemos materializado el contrato, nuestra estimación que se firmará a mediados del año próximo. Pero va a ser un contrato de ocho años de duración. El Hualong tiene muy buenos antecedentes. Y esto nos lleva a las opiniones de que los reactores modulares avanzados ‘van a ser más baratos, fáciles de construir, que son eficientes y fáciles de operar’. Y, con mi experiencia, llegué a la conclusión que mientras el reactor está en el papel es fácil de construir, barato y es una operación fácil. Cuando se pasa a la realidad, de acero y hormigón, las cosas son ligeramente distintas. Disiento con eso como afirmación dogmática: si disintiera totalmente, no estaríamos participando con tanto entusiasmo en la construcción del reactor. Es cierto que un proyecto más grande lleva más tiempo y es más costoso, pero creo que hacer cinco de 200 megavatios, no estoy más seguro que va a ser mucho más barato que hacer uno de 1.000. Pero, como dije, cuando uno arriesga el planeamiento energético de la Nación y el incumplimiento de las metas de la transición energética, tiene que ser prudente e instalar lo que sabe hacer.

P.: A mediados de año, hubo una reunión en la secretaría de Energía, con el objetivo de analizar la situación y trabajar en la “recuperación” del sector. ¿En qué estado de situación se encontró al sector luego del Gobierno anterior?
J.L.A.: Después del Gobierno anterior, se encontró al sector con el proyecto nacional de tecnología propia cancelado. Con el proyecto Hualong sin lanzar, y con el proyecto CAREM paralizado. El plan que hemos aprobado en junio de este año, revierte la situación, para llevarlo al plan del 2014 con las modificaciones que las circunstancias imponen. Nos encontramos con un único reactor grande y paralizado el chico. Y anulado el de tecnología grande nacional. Queremos que los tres proyectos continúen y lanzamos, que estaba paralizado también, la extensión de vida de Atucha I.
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Masacre de pingüinos en Punta Tombo: el Ministerio de Ambiente hará una denuncia penal contra el dueño del campo

Fecha de Publicación: 02/12/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Chubut


El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, anunció que la cartera a su cargo presentará, junto con la provincia de Chubut, una denuncia penal para que se investigue la matanza de pingüinos y nidos que realizó un hombre en un área Natural Protegida de Punta Tombo
"Vamos a denunciar penalmente a los responsables de la matanza de pingüinos que se produjo en Punta Tombo. Este daño ambiental es irreparable", dijo Cabandié y agregó que "en este momento está viajando a Chubut la Brigada de Control Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para inspeccionar el campo donde ocurrió este delito".
La cartera de Ambiente dispuso el envío de la Brigada de Control Ambiental (BCA) al lugar para fiscalizar las presuntas infracciones a la Ley 22421 de conservación de la fauna, señaló un comunicado oficial.
"Estamos comprometidos con el bienestar animal y es por eso que vamos a buscar todas las herramientas normativas y de gestión para que estos hechos de maltrato se castiguen y no se vuelvan a repetir", remarcó Cabandié.

La masacre contra los pingüinos
La reserva natural de Punta Tombo de la provincia de Chubut alberga a una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta, abarca unas 210 hectáreas de estepa patagónica y está ubicada sobre la costa atlántica, en el departamento Florentino Ameghino y a 110 km de la capital provincial.
"Mató a los pingüinos para facilitar su paso hacia la playa", afirmó el ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Enrique García.
El hombre, propietario del campo lindero al área Natural Protegida, se había abierto una calle y electrificado un acceso a la playa. Cuando las autoridades llegaron al lugar, se encontraron con que las máquinas que abrieron el terreno aplastaron más de cien nidos de pingüinos y mataron a los ejemplares adultos que los custodiaban.
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Por déficit hídrico y cambios en suelos, persiste alerta sobre altura de los ríos

Fecha de Publicación: 02/12/2021
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Ante el pronóstico de continuidad de La Niña -período de sequías-, el ciclo natural del agua se ve afectado por la baja humedad. Los desmontes, un problema que repercute en los cauces
La preocupación por el cambio climático y una de sus consecuencias más evidentes, que es el calentamiento del planeta tierra, es global y lo que pase en cualquier rincón del mundo repercute tarde o temprano en el resto de las latitudes.
Por eso, cuestiones como los riesgos por incendios de los bosques, la sequía y pronunciada bajante del río Paraná, la falta de agua en algunas poblaciones y las severas tormentas que se desatan cada vez con mayor regularidad, si bien son problemáticas concretas de la provincia de Misiones, al mismo tiempo están conectadas a un sistema ecológico que excede límites políticos porque abarca a todo el mundo.
Esa es la primera explicación que dio el profesor universitario Juan Antonio Martínez Duarte, un ingeniero forestal con un currículum cargado de maestrías y doctorados en planificación del medioambiente y en el cuidado de cuencas hídricas que se desempeña como docente en la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), cuya casa de estudio se ubica en Eldorado.
“Para entender lo que ven los misioneros en las costas del río Paraná con bajantes históricas, hay que explicar que ese curso de agua es parte de un enorme sistema hídrico que nace en Brasil y luego atraviesa Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Lo que vemos en Misiones es una parte de esa gran cuenca que, a su vez, está relacionada con ecosistemas diversos y que recibe la influencia de toda la actividad humana que lo rodea” explicó el docente universitario en diálogo con El Territorio.
La sequía histórica que viene experimentando el río Paraná desde la segunda mitad del 2019 hasta estos días “es una de las secas más pronunciadas de las últimas décadas, con variaciones temporales por algunas lluvias que ayudaron un poco, pero se estima que continuará durante el próximo verano del año que viene”, explicó el especialista.
En ese sentido, el ingeniero Martínez Duarte advirtió que “para el próximo trimestre se espera también la corriente de La Niña, que se caracteriza por la fuerte presencia de sequías por eso hay que prepararse para un verano muy seco”.
Para comprender el fenómeno de combos que traen sequía, fuego, calores extremos y tormentas severas, el profesor Martínez Duarte señaló que las causas son al menos tres que están bien identificadas: el desequilibrio del ciclo del agua en gran parte del planeta, la deforestación de los bosques y el avance de cultivos o actividades económicas que realiza el hombre sin la debida protección de la tierra.

El ciclo del agua en riesgo
El docente, quien está a cargo de la cátedra Ordenación en Cuencas Hídricas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Unam, explicó a este matutino que “hay que diferenciar dos conceptos que son diferentes. Una cosa es la bajante del río y otra la sequía del suelo. Si bien ambos están relacionados, es necesario comprender que la sequía afecta a la biodiversidad de los ecosistemas aunque a veces no veamos bajante en los caudales de los cursos de agua”.
“No es solamente el problema de la bajante en los niveles de los caudales de agua de los ríos o arroyos que es lo que podemos notar cuando miramos y vemos que una zona que estaba tapada por el agua ahora está a la vista. Además, hay que saber que la sequía afecta también el lecho de esos cursos de agua y el suelo en general que se va quedando con poca humedad”, planteó Martínez Duarte.
Seguidamente, señaló que “el problema es la escasez de lluvias. En estos años -en referencia al período comprendido entre el 2019 y lo que va del 2021- venimos teniendo menores cantidades de lluvias de las que habitualmente solemos tener”.
Y agregó que “esa falta de precipitaciones hace que disminuya la cantidad de humedad en el suelo y en la vegetación y por lo tanto en la atmósfera. Eso genera un ambiente diferente, más seco porque el ciclo del agua se modificó”.

El aumento de desmontes
El aumento de la población y la necesidad de ocupar nuevos espacios para diferentes actividades económicas fueron ganando terreno a otras zonas, puntualmente de bosques y montes.
“El desmonte acelerado que se dio sobre todo en las zonas de altas y medias cuencas del río Paraná también tiene una relación directa con el desequilibrio del ciclo del agua porque los árboles son grandes reguladores de ese equilibrio hídrico. Cuando llueve los bosques evitan que el agua se escurra sobre la superficie y hacen que primero moje toda la estructura del árbol y luego se infiltre en la tierra por las distintas capas, donde las raíces ayudan a esa penetración del líquido por las napas subterráneas hasta las rocas basálticas donde a través de las fallas baja hacia el acuífero”, comentó.
Seguidamente, el profesor Martínez Duarte dijo que “cuando no llueve, el sistema se alimenta desde ese acuífero hacia la superficie como nacientes de agua fluyen hacia los cursos de agua. El caudal de agua de esta manera se mantiene naturalmente en equilibrio, porque el ciclo funciona como un sistema que se alimenta de todos los integrantes de manera armónica”.
Pero “ cuando no hay bosques el agua corre por la superficie sin ningún tipo de regulación hacia ríos o arroyos, produciendo un aumento repentino de sus niveles que ocasionan inundaciones. Esto es por la falta de árboles en gran medida”, dijo.

Actividades humanas que no suman
Desde el inicio de la vida humana, el hombre trató de moldear la naturaleza a su favor para mejorar su situación sobre la tierra.
Pero no es lo mismo una actividad que permita, por ejemplo, la alimentación de las personas que otra que atente contra la tierra o el agua degradando recursos que no son infinitos.
“No es lo mismo un cultivo de yerba mate que el de soja. La yerba es un cultivo perenne que si se lo hace bien no daña la tierra. Puede seguir haciéndose ese cultivo en forma sostenida sin degradar el suelo. En cambio, la soja que tanto auge tiene en el país modifica la textura y la estructura del suelo de una manera agresiva porque lo compacta. Lo arruina” explicó Martínez Duarte sobre la situación de la plantación que bordea a Misiones, precisamente en Brasil y Paraguay.
Más tarde refirió que los cultivos perennes si bien no tienen el mismo poder regulador del ciclo del agua que tienen los bosques, también ayudan a conservarlo. Por eso es vital tomar conciencia sobre estos aspectos porque todas las acciones humanas tienen una consecuencia directa nuestra casa común que es la tierra”, sostuvo.
Entre las actividades humanas, el docente también ubicó a las represas, “que si bien otorgan la energía necesaria también modifican de manera sustancial el cauce de los ríos y modifican sustancialmente los ecosistemas del lugar. Todas esas acciones sumadas a lo largo del tiempo van produciendo cambios en la naturaleza que luego traen otras consecuencias como una suerte de efecto dominó”.
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Comienza la semana de la concientización en el uso responsable de agroquímicos

Fecha de Publicación: 02/12/2021
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


El Gobierno del Chubut realiza la 8ª edición de la Semana de Concientización en el uso responsable de agroquímicos desde hoy al 5 de diciembre con talleres y capacitaciones para productores, manipuladores y aplicadores de agroquímicos, promotores ambientales, instituciones técnicas y municipios, asesores técnicos y estudiantes de carreras afines al agro.
El evento se realizará simultáneamente en toda la provincia, con difusión a través de redes sociales, actividades virtuales de alcance provincial y presenciales de alcance local.
Es organizada por la Subcomisión de Agroquímicos de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave) con la participación del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, INTA, Senasa, Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Mercado Concentrador Chubut y municipios.
La misma comenzará con la capacitación virtual para personal de instituciones técnicas y municipios en Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios (Ley Nacional), hoy lunes a las 10 horas, a cargo de Leandro Brambilla.
Mañana se realizará la capacitación presencial a pequeños productores hortícolas, operarios y productores minoristas en Buenas Prácticas Agrícolas en el Uso de Fitosanitarios, Triple Lavado de Envases Vacíos, Calibración de Equipos de Pulverización, en el Mercado Concentrador Chubut a las 11 horas por personal de la Subsecretaría de Agricultura e INTA. Las inscripciones se realizan al mail daysvchubut.@gmail.com.
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La agenda verde del gobierno: lanzarán más controles y un refuerzo de medidas ambientales

Fecha de Publicación: 01/12/2021
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Nacional


El Ministerio de Ambiente prepara un menú de proyectos para apuntalar la lucha contra la contaminación más allá de la ley de envases; inversiones y mayores controles
El proyecto de ley de reciclado de envases plásticos que giró el gobierno al Congreso es apenas la punta del iceberg de un amplio menú de propuestas que prepara el Ministerio de Ambiente y que contempla mayores controles a las empresas, un refuerzo de las medidas de recuperación de desechos, una fuerte inversión en plantas de tratamiento de basura y nuevas normas para evitar el maltrato de los animales, entre otros temas.
El ministro Juan Cabandié y su equipo lanzó el debate en el Congreso sobre la ley de envases. Admiten que la discusión está abierta y que el gobierno escuchará todas las propuestas en debate. Pero no se quedará sólo con esta iniciativa en su plan de acción ambiental: "el tratamiento de residuos es apenas una parte de la política que buscamos instalar para atacar de lleno la contaminación ambiental y que estuvo ratificada por la Argentina en la reciente cumbre de cambio climático en Glasgow", explicó a El Cronista el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky.

PLANTAS DE TRATAMIENTO. En este sentido el esquema de Cabandié contempla ahora ejecutar unos 300 millones de dólares en los próximos cuatro años que se desprenden de créditos del BID para la finalización de las 8 plantas de tratamiento de residuos que empezaron a construirse en diferentes provincias. A la vez, para los próximos dos años se prevé la instalación de otros 15 "centros ambientales" en distintos puntos de la Argentina para la erradicación de basura, el tratamiento de residuos y la generación de materia prima a partir de los desechos.

LEY DE RESIDUOS SOLIDOS. En paralelo al debate parlamentario por el proyecto de ley de reciclado de envases plásticos que desató una fuerte polémica y que está en plena etapa de análisis en la Cámara de Diputados, el Ministerio de Ambiente prepara un paper con la nueva reglamentación a la ley de residuos sólidos que data del 2004. Esta reglamentación contemplará esquemas de reciclaje de desechos similares industriales como los plásticos pero para empresas que produzcan neumáticos, aceites contaminantes o los desechos de aparatos de informática, entre otros residuos sólidos.

LEY FITOSANITARIA. La intención del gobierno en este caso es poner en práctica esta normativa que ya está vigente pero que, al entender del gobierno no se aplica en profundidad. Esto tiene que ver con una mayor responsabilidad de las empresas que trabajen en el tratamiento de los pesticidas que contaminan. "La intención es contraponer al empresariado lo que ocurre con la ley de envases. Es decir, no cobrar ninguna tasa pero controlar más los programas de fiscalización y exigir mayores inversiones de los privados o las ONG ambientalistas a la hora del reciclado o tratamiento de desechos como el glifosato", dijo Federovisky.

VACA MUERTA. En el Ministerio que lidera Cabandié admiten que el esquema de frucking en la extracción de hidrocarburos en el yacimiento de Vaca Muerta puede ser contaminante. Por ello, el Ministerio de Ambiente está dispuesto a avanzar allí con mayores medidas de control y no dejar sólo en manos de la provincia de Neuquén el seguimiento de esta actividad.

BIENESTAR ANIMAL. Federovisky explicó que el Ministerio de Ambiente trabaja en la redacción de un nuevo marco normativo para el desarrollo de los zoológicos en todo el país al igual que apuntalar una mayor supervisación del tráfico de animales y establecer un estricto uso de los animales silvestres en espectáculos públicos como pueden ser los circos, acuarios o reservas de animales. "El tema de los zoológicos y el uso de animales es un debate que nos debemos como sociedad para que haya un bienestar animal verdadero", dijo el viceministro de Ambiente al evaluar este tema. Esta iniciativa se discutirá con el CONICET y con todos los especialistas en el tema para dar un debate amplio.  

PARQUES NACIONALES Y HUMEDALES. La intención del ministro Cabandié en este sentido es ampliar la promoción de nuevos parques nacionales con mayor representación en las provincias. Actualmente existen 49 áreas nacionales conservadas. La idea es proyectar la apertura de nuevos parques nacionales para que haya más promoción de espacios naturales y una mayor representatividad federal. Se avanza en la creación de cuatro más que son las de Islote Lobos, Río Negro; Anceuza, Córdoba; Laguna el Palmar en Chaco y Campo San Juan, en Misiones.

A la vez, desde el Ministerio de Ambiente impulsan la urgente aprobación de la ley de humedales que esta en debate en el Congreso para que haya espacios de desarrollo productivo o inmobibliario en la zona de humedales de la Argentina aunque con un control de gestión sustentable para evitar la contaminación.
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Ceres: la Justicia Federal rafaelina ya no investiga la contaminación con plomo

Fecha de Publicación: 01/12/2021
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Santa Fe


Se declaró la incompetencia al entender que, de haber algún delito por contaminación con plomo en la fábrica de baterías Nesaglo, no llegó hasta Selva, Santiago del Estero. Por este tema, hubo 21 personas intoxicadas y falleció un menor a comienzos de 2021.
El juez federal Reinaldo Rodriguez aceptó el pedido del fiscal federal Gustavo Onel (ambos de Santa Fe, pero subrogando cargos en la Justicia Federal de Rafaela), para que se declare la incompetencia de esta jurisdicción y se remita todo lo actuado al Ministerio Público de la Acusación provincial, a fin de continuar con la investigación ante la posible comisión de un delito en la fábrica de baterías Nesaglo. Lo que se busca saber si hubo contaminación con plomo. Se estima que, producto de ello, hubo 21 personas intoxicadas, falleciendo una menor, a comienzos de este año.
El predio de la ex fábrica de baterías Nesaglo S.A está “en estado de abandono”, desde hace tres años. Unos meses después, ingresó un grupo de personas y comenzó a vivir en el lugar. Más tarde, comenzaron las consecuencias en su estado de salud. Xiomara Crespín, de 2 años, falleció luego de estar internada en el Hospital de Niños “Orlando Allassia” de Santa Fe.
Onel basó la intervención de la Justicia Federal en que “inicialmente no se contaba con elementos suficientes para descartar la hipótesis de una posible contaminación del agua de la ciudad de Ceres, y en consecuencia, debido a las cercanías con la localidad de Selva, Provincia de Santiago del Estero, de una afectación interjurisdiccional de dicho recurso”.
Pero, un informe realizado por el Departamento Unidad Federal de Investigación de Delitos Ambientales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina acreditó el daño ambiental y lo circunscribió en el predio de la fábrica de baterías, en Ceres, capital del departamento San Cristóbal.
Además, entienden que los funcionarios afectados deberían ser provinciales y no federales. Recordemos que, en septiembre pasado, indagaron a María Mabel Ucero, subdirectora de auditorías ambientales del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe. También a Norma Inés Orellano de la firma Cerplac SRL (Nesaglo S.A.)
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Cabandié presentó el espacio de cambio climático en Tecnópolis

Fecha de Publicación: 01/12/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El stand abordará la temática a través de experiencias sensoriales e interactivas con el objetivo de brindar conciencia y sensibilización sobre los impactos del fenómeno.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, inauguró en Tecnópolis un nuevo espacio que buscará dar visibilidad a la problemática de los impactos del cambio climático. El stand brindará a las y los visitantes experiencias recreativas que profundicen el conocimiento en la temática.
Durante la inauguración, Cabandié agradeció la presencia de quienes se acercaron a la inauguración del stand y expresó: “Con este espacio en Tecnopolis que es un lugar para la reflexión, de la cultura, de políticas del estado, buscamos poder reflexionar sobre la importancia del cambio climático. Una problemática que tenemos en el mundo y que no es ajena a nuestro país, por eso, venimos tomando muy seriamente la agenda del cambio climático para reducir las emisiones que son las que generan el calentamiento global”.
Además, el ministro de Ambiente remarcó que “en Argentina hemos tomado la decisión junto al presidente de poner la agenda del cambio climático en el centro de la escena de las políticas públicas, de las prioridades, porque no hay planeta b”. En ese sentido agregó: “Con esta puesta en escena apelamos a construir conciencia ambiental. Tenemos que actuar, generar acciones, comprometernos, que todas y todos tengamos mayor conciencia ambiental y empecemos a darnos cuenta de las cosas que tenemos que hacer y exigir porque las consecuencias del cambio climático son irreversibles”.
En tanto, el funcionario nacional se refirió al proyecto de la ley de envases que se encuentra en la Cámara de diputados para su tratamiento en el recinto: “Lay ley de envases es una buena manera de entender las consecuencias del cambio climático porque tenemos 5 mil basurales a cielo abierto en todo el país que son emisores de gases de efecto invernadero. Nuestra política, intención y gobernanza desde el Ministerio de Ambiente es erradicarlos”.
“Tenemos una política muy clara, estamos construyendo centros ambientales en diferentes puntos del país, hemos entregado equipamiento para la gestión de sus residuos a cientos de municipios, pero necesitamos una ley de envases que permita que las empresas modifiquen su producción para dejar de elaborar envases que se acumulan en los basurales, que generan grandes problemas, que llegan a nuestros mares y océanos, contaminan”, remarcó Cabandié.
El sector dedicado al cambio climático cuenta con un simulador de efectos especiales con proyección en 180° que aborda las causas y consecuencias de modo integral con el objetivo de informar y de llamar a la acción ambiental al público. Además, hay un espacio interactivo con la información actualizada del inventario de gases de efecto invernadero.
La experiencia multisensorial, a través del simulador, emula los efectos del cambio climático como las inundaciones más frecuentes, las sequías más intensas, los incendios forestales más recurre y las consecuencias que estos eventos extremos traen aparejados como la migración, la pérdida de alimentos, la escasez de agua, entre otros. También se mostrarán las acciones que se llevan a cabo para resolverlos mediante políticas públicas lideradas por el Gobierno nacional.
De la presentación también participaron Soledad Cantero, jefa de Gabinete; Rodrigo Rodríguez Tornquist, secretario de Cambio Climático, Lautaro Erratchu, presidente de la Administración de Parques Nacionales, entre otros funcionarios y funcionarias de la cartera de Ambiente.
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Ley de envases: peligra su tratamiento

Fecha de Publicación: 30/11/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El proyecto plantea la "responsabilidad social extendida" del productor, y es pionero en incluir a la economía social en la solución al problema mundial de la basura. Todo indica que el martes no habría sesión para tratarlo.  
Impulsado desde el Poder Ejecutivo y presentado con la firma del Presidente, elaborado por el Ministerio de Ambiente junto a una gran cantidad de organizaciones sociales, vinculadas tanto a la defensa cartonera como del medio ambiente, el proyecto de Ley de Envases con Inclusión entró al Congreso con gran apoyo institucional y social, y la "marcha cartonera más grande del mundo" bancando también en la calle. Pasó un mes y el trabajo parlamentario avanzó rápido, el proyecto superó dos comisiones, la de Recursos Naturales y la de Presupuesto, consiguió dictamen. Pero en el medio el lobby multinacional metió la cola, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) se hizo visible con un comunicado que calificaba a la propuesta de "anacrónica", y Juntos por el Cambio montó una "audiencia no oficial" para denunciar un "impuesto disfrazado". Con números y ejemplos de otros países (donde las mismas empresas que reclaman aquí asumen una tasa como la que prevé la ley), los impulsores del proyecto responden que la Ley de Envases no impactaría en el precio de los productos, y en cambio crearía miles de puestos de trabajo de la economía social. Al cierre de esta nota, la ley tenía casi nulas chances de tratarse finalmente en el Congreso, antes de que cambie su composición.

Por qué molesta la Ley de Envases
Lo que básicamente plantea este proyecto de ley es que el productor que pone un envase en el circuito de consumo tiene una responsabilidad social extendida sobre eso que está lanzando al mercado. Porque siempre hay un costo, no menor, una vez que ese envase es desechado por el consumidor. La basura es al mismo tiempo un "gran negocio" para algunas pocas empresas subsidiarias del Estado, y un costo alto para ese Estado que también tiene que gestionar todo eso que "sobra". Reciclarlo, o terminar tirándolo en un basural a cielo abierto, con todas las posibilidades que hay en el medio. Todas salen plata, y mucha. Los recicladores suelen decir que hacen gratis una parte o toda del trabajo: concientizar al consumidor, juntar, separar, organizar o vender luego cada material para que siga su circuito, reciclar, volver a insertar luego ese producto en el mercado  apostando a la economía circular.   
"Hoy el costo lo están pagando los cartoneros y cartoneras con su trabajo gratis, los ciudadanos con sus impuestos municipales y las generaciones futuras con la contaminación ambiental", resumen desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), una de las organizaciones que impulsó la iniciativa.
Entendiendo entonces la responsabilidad extendida de los productores sobre ese costo que hoy trasladan, el proyecto establece que paguen una tasa de hasta el 3 por ciento del valor del producto, de acuerdo a diversas variables, entre ellas cuán reciclable es el envase: cuanto más "amigable con el ambiente" es, menor es la tasa que se le aplica.
La recaudación se destinaría a fortalecer las cooperativas de cartoneros, crear más plantas de reciclaje y tratamiento de residuos, abaratar la logística y comercialización, sacar a más cartoneros de la informalidad. Para administrarlo se plantea la creación de un fideicomiso, con participación del Ministerio de Ambiente y representantes de los distintos actores (productores, cooperativas cartoneras).  
También se caracteriza como “servicios públicos esenciales” a todos los sistemas de gestión de envases.
El grito empresarial y opositor apunta ahora a un supuesto "efecto inflacionario" de la inciativa. "No compartimos que la forma de implementarlo consista en la aplicación de un impuesto que se suma a la ya insostenible carga tributaria que tenemos”, sumaron desde Bodegas de Argentina, la cámara del sector del vino. "No votaremos la creación de un impuesto disfrazado que afectará a los consumidores", concluyó Mario Negri en uno de sus últimos discursos (fuera del recinto) como presidente del interbloque de Juntos por el Cambio.
"La Tasa Ambiental es un costo insignificante para las grandes empresas multinacionales que año a año aumentan sus ganancias y nunca se responsabilizaron por los daños ambientales que generan", responden desde la Federación de Cartoneros. Y ponen algunos ejemplos sobre el ínfimo impacto que significaría: Si se obtiene una buena calificación por material reciclado contenido y ecodiseño, la tasa de un envase de una gaseosa de litro y medio sería de un 0,55 % de su precio. Para un paquete de yerba de medio kilo, sería el 0,026 % del precio. Y en una lata de cerveza tendría un impacto del 0,063 % del precio. En una caja de zapatillas, sería de sólo el 0,002 %.

Qué pasa en el mundo
En Uruguay y Chile, también en varios países de Europa, hay sistemas similares al que plantea este proyectos de ley, pero diferentes en un punto central. Todos aplican una tasa ambiental, pero allí los mismos productores que tributan son los que manejan luego los fondos recaudados.
"Queda claro que la disputa es por la matriz de distribución de esos recursos", sintetiza Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop) y uno de los creadores de la cooperativa Creando Conciencia, en la que ex cartoneros trabajan fabricando bancos, pérgolas, útiles escolares, a partir del reciclado.
El sistema llega al absurdo, describe Martínez, en modelos como el uruguayo: con lo que se recauda de la tasa ambiental las cámaras empresarias compran las maquinarias, manejan las plantas de reciclado, convenian con los trabajadores de las cooperativas de cartoneros. Imponen los valores a pagar por el material que reciben y las reglas, al punto de limitar la cantidad de trabajadores que pueden sumarse. El sistema transforma así al reciclado en una fuente de ganancia más para el empresariado, sujeta al mismo modelo de producción.
"Son modelos basados únicamente en el cuidado ambiental, que no tienen en cuenta la organización del trabajo de la economía popular, la visión social de la inclusión y la generación de trabajo genuino. De hecho nuestros compañeros cooperativistas de Uruguay, con quienes también estamos en red, nos están pidiendo asesoramiento para reformar la ley que tienen allá", cuenta Martínez.
"En España está Ecoembes desde hace quince años, es un sistema interesante, eficaz, ambientalmente sustentable, pero no tiene nada que ver con nuestra pertenencia y el trabajo que venimos haciendo desde la economía social. Es otra realidad que no nos incluye. La concepción de la ley argentina es pionera, por eso también es tan fuerte el lobby", concluye.

Lucha cartonera
"Los cartoneros y cartoneras sabemos luchar, nunca nada fue fácil para nosotros", marca Natalia Zaracho, la primera cartonera que ocupará una banca desde el 10 de diciembre. "La gente tiene que saber que nuetro trabajo es muy importante para el cuidado del medio ambiente. Cada cartonero y cartonera recicla unos 100 kilos de material por día, evita que esos residuos vayan a basurales a cielo abierto o a entierro. Eso contamina mucho. Y trabajamos trabajamos en las peores condiciones. Sin derechos. Esta ley va a mejorar mucho las condiciones de trabajo de quienes hacemos reciclado y recuperación de material. Queremos dignidad para los nuestros y un ambiente sano", pide.
"Es tiempo y es ahora", dice sobre el momento en que debería sancionarse esta ley. "No podemos seguir esperando porque el planeta que tenemos es uno y lo estamos destrozando. No podemos seguir dejando que las empresas contaminantes hagan lo que quieran y se llenen de plata. Tampoco podemos dejar que los de abajo trabajen en tan malas condiciones. Esta ley tiene que salir ya. Antes de fin de año".
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Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la implementación de la ley de educación ambiental

Fecha de Publicación: 30/11/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El primer encuentro estuvo centrado en los aspectos generales de la norma y sus alcances en los diferentes ámbitos educativos.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dirige Juan Cabandié, inició esta mañana el ciclo de charlas “Ley de Educación Ambiental Integral. Diálogos compartidos para su implementación”, con un conversatorio emitido en línea, a través del canal de Youtube de la cartera. El tema propuesto para la jornada fue la presentación de dicha ley y sus alcances en los distintos ámbitos educativos y contó con un panel de especialistas de instituciones comprometidas con su implementación.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional de la cartera de Ambiente nacional, María Cristina Ruiz del Ferrier, quien señaló: “Con esta ley se inaugura una nueva etapa en la construcción de la política pública del país”, y agregó: “Nos toca implementarla con toda la fuerza de la responsabilidad de esta tarea”. “Tenemos que hacer de la educación ambiental una política de Estado. Esta política pública es, sin lugar a dudas, con todas y con todos”. aseguró.
Finalmente, la funcionaria explicó que la educación ambiental “es ante todo formal, dentro del sistema educativo, de la primaria, la secundaria, las escuelas técnicas, las universidades”, pero, a la vez, “es para todo lo que es el ámbito no formal o informal, lo que atañe a todas las personas”, por lo que invitó a la población a sumarse al trabajo.
Durante el conversatorio, dialogaron Sol Azcona, coordinadora de la implementación de la ley por el Ministerio de Ambiente de la Nación, Graciela Mandolini, representante de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA); y Mónica Tissone, de Educadores Ambientales en Red, moderadas por Osvaldo de la Iglesia, también de la cartera de Ambiente Nacional.
Azcona explicó durante su intervención que la ley “es el resultado de cinco décadas de historia de la educación ambiental” en el país, así como también “de diversidad de prácticas, de experiencias desde los territorios, de aprendizajes en distintos ámbitos: gubernamental y de organizaciones de la sociedad civil”, a la vez que señaló que tiene una impronta latinoamericana. También se refirió a sus principales aspectos, entre ellos, que “establece el derecho a la educación ambiental integral como política pública nacional para todos los niveles, modalidades y ámbitos”, y que permite “cuestionar las formas de producir conocimiento que son las que terminan sosteniendo y perpetuando la depredación de la naturaleza”.
La especialista se refirió, además, a los principios de la educación ambiental expresados en la norma: su abordaje interpretativo y holístico; el respeto y valor de la biodiversidad; el principio de igualdad, respeto y justicia; el reconocimiento de la diversidad cultural; la participación y formación ciudadana; el cuidado del patrimonio natural y cultural; la consideración de la problemática ambiental y los procesos sociohistóricos como oportunidades; la educación basada en valores; el pensamiento crítico e innovador; y el ejercicio ciudadano a un ambiente sano abordado desde un enfoque de derechos. Asimismo, explicó que se está trabajando con las provincias para lograr el documento de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral que incorpore los instrumentos de planificación para la implementación de la ley.
Por su parte, Mandolini aseguró que, desde CTERA, “hay una larga tradición en relación al abordaje de la educación ambiental desde una perspectiva que es la del pensamiento ambiental latinoamericano”. “Debemos reconocer que en nuestro país hay una tradición de trabajo en torno a la educación ambiental que se hace desde perspectivas críticas y emancipatorias”, agregó. “Lo interesante hoy es que, además, contamos con un marco legal que viene a acompañar estos procesos desde una mirada que es la de puesta en vigencia de una norma”, explicó y agregó que la ley permite “desentrañar esos nudos que se constituyen en los marcos institucionales y organizacionales” relacionados con temas que quedan en segundo plano. Por lo cual, la ley de educación ambiental integral “viene a privilegiar el abordaje de la educación ambiental” desde distintos enfoques.
Además, la referente expresó que la norma pone de manifiesto “la construcción de la educación ambiental como un derecho humano fundamental” y luego describió el trabajo realizado en jornadas de CTERA que incluyeron la reflexión en torno a distintos aspectos del ambiente. “El desafío que tenemos por delante en los ámbitos de educación formal es ver el modo en el que tenemos que rehabitar la formación docente”, puntualizó y finalmente dijo: “Tenemos que pensar —y este es el gran desafío— cómo transversalizar la educación ambiental, generar espacios para la reflexión y el debate ambiental en todas las carreras de la formación docente”.
Por último, expuso Tissone, quien se refirió al modo en que la ley “contempla la integración de la educación ambiental en ámbitos no formales e informales” en su articulación con los organismos intervinientes para implementar las estrategias de dicha educación, en especial, en lo municipal y comunitario. En tal sentido, señaló como principal desafío del Estado “identificar y relevar las acciones ambientales que ya se están llevando adelante en los territorios locales, porque la acción ambiental nació de la mano de otras luchas que buscan transformar la sociedad con una visión de esperanza, un proceso que pone a la acción política crítica por delante, para construir con otros, otras y otres una sociedad democrática, justa, sustentable y culturalmente plural que sea la oportunidad que plantea esta ley”. También resaltó la importancia de que se alcance desde el Estado “el principio de democratización ambiental y se delineen estrategias de alfabetización ambiental”.
El ciclo de charlas consiste en una serie de encuentros con especialistas y referentes de distintos ámbitos de la educación ambiental para pensar en los desafíos y posibilidades de la implementación de la norma. La próxima se desarrollará el 3 de diciembre, a las 11 h, y se enfocará en los fundamentos conceptuales y en los principios de la educación ambiental y cómo incorporarlos a la planificación local.
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Argentina mitiga pero no se adapta al Cambio Climático

Fecha de Publicación: 30/11/2021
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional


La Auditoría General de la Nación señaló que en el país no hay una estrategia nacional para tratar el cambio climático a largo plazo. Además hallaron fallas en la generación de información científica y técnica que permita identificar potenciales eventos climáticos extremos, entre otras cuestiones.
 La Auditoría General de la Nación (AGN) indicó que Argentina no cuenta con una Estrategia Nacional de Cambio Climático de largo plazo, que incluya las medidas de mitigación y adaptación para atender las necesidades nacionales. En un relevamiento realizado entre 2017 y 2019 encontró que la mayor parte de las medidas se destinaron a la mitigación, retrasándose las de adaptación que “son fundamentales para evitar las consecuencias del cambio climático en nuestro país”, subrayaron.
La AGN analizó las tareas de la Dirección Nacional de Cambio Climático en relación a la gestión en la promoción de acciones tendientes a la mitigación y adaptación al cambio climático. El trabajo buscó determinar la eficacia y equidad de los planes, en el marco del compromiso nacional de reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) al año 2030, según lo dispuesto en Ley 27.270.
Lo primero que remarcó la AGN respecto a la Dirección es que sus recursos humanos -encargados de la generación, actualización y comunicación de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (INGEI) y los reportes bienales de actualización (BUR)- están constituidos casi en su totalidad por una planta contratada carente de estabilidad. “Solo el 8% está en planta permanente, el 23% en planta transitoria y el 69% son contratados”, explica el informe.
Estos profesionales son los encargados de realizar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. El mismo contabiliza los gases emitidos y absorbidos por la atmósfera durante un período de tiempo determinado. De esta manera se puede medir cuánto influye la actividad de un país en el cambio climático, a la vez que se firman acuerdos para bajar el nivel de contribución y así afectar menos al planeta.  
La AGN aseguró que “surge la necesidad de realizar ajustes y mejoras en los INGEI de los sectores de energía e industria para evitar la posible duplicación en el recuento de gases, por ejemplo la vinculada al consumo de hidrocarburos como insumos en los procesos industriales”.

Generación de información
Para poder llevar adelante estas tareas, la Dirección también debe identificar las acciones del Observatorio Nacional del Cambio Climático en la generación de información científica y técnica para el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y otros organismos.
Cuando los auditores realizaron los controles hallaron que el Observatorio no había sido implementado, “es decir que no hay una institución que asista al GNCC con información científico-técnica que permita identificar potenciales eventos climáticos extremos”, indicaron.
Además comentaron que no se desarrollaron procedimientos ni metodologías estandarizadas para la generación de datos y la provisión de información desde los diversos actores sectoriales que permitan el monitoreo, el reporte y la verificación de las medidas de mitigación comprometidas en los planes nacionales de acción sectoriales.

Planes para contribuir en la lucha
Con la información generada se construyen planes nacionales que definen medidas y acciones de mitigación sectoriales. La AGN resaltó que “algunas medidas no cuentan con financiamiento, esquema de monitoreo y correspondencia entre la Contribución Nacional Determinada (NDC) y el inventario”.
El organismo agregó que tampoco se propusieron medidas de adaptación concretas, ni financiamiento definido en esta materia, solo el plan nacional de energía cuenta con algunas medidas de adaptación.
“El cumplimiento de la NDC requiere la implementación de una serie de medidas a lo largo de la economía, focalizando en los sectores de energía, agricultura, bosques, transporte, industria e infraestructura”, asegura la AGN. Concretamente, en 2017 se presentaron los planes de acción de bosques, transporte -sin contemplar al sector fluvial y marítimo- y energía. En 2019 el de agricultura continuaba en estado de borrador.  
Durante el período auditado tampoco se contó con el Plan Nacional de Adaptación previsto para 2019, tendiente a reducir el riesgo y aumentar la resiliencia frente al cambio climático; ni con el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático en el mediano plazo. Tampoco se evidenció una Estrategia Nacional de Cambio Climático de Largo Plazo que incluya medidas de mitigación y adaptación a la variabilidad climática, a la modificación del régimen de lluvias, a los eventos naturales extremos y al aumento del nivel de las aguas para reducir la vulnerabilidad humana y de los ecosistemas a ese cambio.

Articulación y Gobernanza
En 2016 se articuló una acción llamada Compromiso Federal sobre el Cambio Climático, un espacio donde las provincias listaron sus acciones prioritarias de mitigación y adaptación, y la necesidad de financiamiento ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Luego de esto, la AGN constató que hubo una articulación insuficiente con el COFEMA que permita contar con un diagnóstico preciso a nivel provincial y municipal sobre la vulnerabilidad y los riesgos que priorice las medidas de mitigación y adaptación orientadas a las infraestructuras e inversiones a largo plazo, incluyendo las proyecciones de crecimiento poblacional y los posibles migrantes ambientales, y que tales medidas se contemplen efectivamente en los planes.
Además, en materia de gobernanza, el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) registraba para la AGN “una débil articulación entre las diferentes áreas del gobierno nacional, y de éste con las provincias y CABA para integrar acciones de mitigación y adaptación”.

Objetivo de Desarrollo Sostenible
El informe explica que, respecto al ODS 13, Argentina no adaptó la meta 13.1 que busca fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
También, durante el período auditado, se abandonó la meta 13.3 “Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana”, incluida en el Primer Informe Voluntario Nacional de Julio 2017 pero no en el segundo el cual data de junio 2020.
Con este análisis, la AGN concluyó que las medidas de adaptación son primordiales para evitar las consecuencias del cambio climático en la Argentina, “altamente vulnerable por contar con ecosistemas frágiles, deteriorados, extensas zonas costeras bajas, áridas y semiáridas”, sostuvo y agregó que “resulta impostergable definir a la adaptación como la estrategia de gestión junto con la mitigación y la transición justa, e incluir de manera prioritaria a las provincias y municipios con los criterios de vulnerabilidad que provea el Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático”.
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