Familia de yaguaretés a punto de ser reintroducido
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El yaguareté vuelve a rugir: presentan a la “familia” que van a reintroducir en los Esteros del Iberá
Fecha de Publicación: 02/12/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Corrientes
El predador se extinguió en Corrientes, pero en los próximos meses volverá a su hábitat natural. Buscan así también impulsar el eco turismo en la zona.
En el corazón de Corrientes, los Esteros del Iberá se preparan para un momento histórico. Tras 70 años de ausencia, el máximo depredador de este ambiente regresa. Para bien.
Una figura casi mítica vuelve para cumplir su rol ecológico: crear una nueva población de la especie en Argentina. Esta es la historia del regreso (y futura liberación) del yaguareté en el Iberá.
La clave es convertirlo en el impulsor del eco turismo o "turismo de naturaleza" y, así, en motor del desarrollo local. Que vuelva a ser parte del patrimonio cultural de Iberá. Algo que perdió por la percepción de que era malo para la economía.
El Parque Nacional Esteros del Iberá es el parque natural más grande de Argentina. Son 700 mil hectáreas llenas de vida. Con algunas especies que nunca se fueron y otras que desaparecieron y están regresando. Eso no es natural.
Cinco ejemplares de este tigre americano -tres hembras y dos machos- están siendo entrenados para cumplir su misión histórica en una suerte de jaulas gigantes llamadas "corrales". Una especie de "Truman show de la vida salvaje". Pero sin domo ni situaciones ficticias.
Nacidos en zoológicos, o domesticados, la ONG Conservation Land Trust Argentina (CLT) busca en ellos todo lo que quedó de su instinto primitivo. Para que luego, a partir de esa "familia fundacional", el linaje sobreviva y se reproduzca solo. Naturalmente. Y en convivencia con lugareños y turistas.
"Hablás con los correntinos y muchos ni sabían que el yaguareté ya no está más. Creían que no los veían. ¿Cómo van a creer que esa identidad de 'valientes', 'aguerridos', que tienen los correntinos justamente por este animal ya no esté? El pueblo de acá se siente 'yaguareté'. Y ahora están dadas las condiciones sociopolíticas, económicas y ecológicas para que prosperen en el Iberá", dice a Clarín Sofía Heinonen, bióloga y directora de CLT Argentina.
Esta fundación, liderada por Kristine McDivitt Tompkins, la embajadora de Areas Protegidas de las Naciones Unidas y famosa por comprar, restaurar y donar más de un millón de hectáreas en la Argentina y Chile para la protección de los tesoros naturales, inició así una nueva etapa con la creación de Rewilding Argentina.
Habla de que, tras siete años de trabajo conjunto con el gobierno provincial y autoridades nacionales, por primera vez existe un área protegida y con población de presas vivas para los yaguaretés, gracias a la restauración de los Esteros del Iberá. "Eso permite que tengan ese comportamiento silvestre/salvaje", dice. Además, la provincia reconvirtió su economía al eco turismo y sus habitantes reconocen el valor del yaguareté para los turistas.
Ella no es una activista de escritorio. Es una mujer que este diario vio meterse vestida -con jean y camisa cuello mao- en el agua pantanosa y a la vez paradisíaca de los Esteros del Iberá. Hace 37 grados y no hay tiempo para ponerse la malla. Los yaguaretés nos esperaban. A 30 minutos. Lancha de por medio.
“Intentamos cruzarlos para que tengan cachorros. Cuando la hembra queda preñada, los movemos a corrales más grandes, de una hectárea y media. Esa es la fase dos donde no tienen contacto con la gente”, dice Sebastián Di Martino, también biólogo, y director de conservación de CLT.
La fase uno corresponde a los reproductores viviendo en corrales grandes bastante parecidos a un zoológico. La fase dos empieza cuando una hembra queda preñada y tiene cachorros sin contacto humano o llega un animal silvestre para rehabilitar. Y la fase tres llegará cuando los yaguaretés sean liberados en un corral de 30 hectáreas, lo que se concretaría en unos seis meses. Pero los tiempos son los de la naturaleza.
Cada fase implica tener menos contacto con los yaguaretés.
A la hembras de cautiverio, que vienen de zoológico, las entrenan para que sepan cazar presas vivas. Carpinchos. Yacarés. Mulitas. “Ahí vemos a estos animales por las cámaras. Porque no queremos que asocien a los humanos con algo positivo, sobre todo no con la provisión de comida. Que seamos ‘nada’ o una amenaza y no se acerquen”, agrega Di Martino.
En esos corrales, con timers, pueden meter carpinchos vivos sin que los yaguaretés se den cuenta de dónde salen.
En la pantalla, inmensa, se ve a Jatobazinho, el último macho, de tres años, que llegó desde Brasil. Está en la madriguera, en el corral oeste. Durmiendo. Atiborrado de la comida viva del día anterior. Estos predadores tragan 1,2 kilo de carne por día.
La escena es como en Jurassic Park, cuando la cabra entra a la jaula del Tiranosaurio Rex. Pero el carpincho no está atado.
En el centro de monitoreo, Magalí le avisa por radio a Pablo que el yaguareté está en el borde de tal sector del cordón. Ahí él, en camioneta, traslada al carpincho en una caja de madera hacia la entrada al corral más distante al animal. El destino natural es que el carpincho camine y el yaguareté lo encuentre.
Como aprendieron de Oncafari, en Pantanal, Brasil, de donde buscan imitar el modelo de yaguaretés como motor del desarrollo local, no se les debe dar una presa viva todos los días.
“Es que el yaguareté es como un gato. Va a ponerse a jugar con la presa, en vez de cazarla por hambre. Y el carpincho puede sufrir. Tiene que estar muy hambriento. Así corre y caza. Instinto”, dice Di Martino.
Uno de los encargados de esa fundación brasileña también llegó para asesorar a CLT sobre el turismo. En ocho años lograron que los yaguaretés convivan con los turistas, principalmente europeos, que llegan atraídos por la fotografía salvaje. La diferencia en esa localidad del sur de Brasil es que los yaguaretés estaban. Nunca dejaron de estar. Mientras que en Argentina están casi extintos. Y en Iberá están volviendo.
"Ante el miedo de que le pudiera comer el ganado, un lugareño veía un yaguareté y le metía un tiro, algo que pasa con los osos hormigueros ante el miedo de que maten a los perros de los cazadores que se acercan a atacarlos. Eso llevó a que se extingan y la idea es cambiar la percepción. Que los correntinos entiendan que lo que creen que es una amenaza es una oportunidad", detalla Marisí López, quien fue anfitriona de un evento que se realizó en la capital de Corrientes para presentar los los avances del proyecto, en el que la fundación agradeció al gobernador Gustavo Adolfo Valdés y al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.
Además de esa idea "para protegerse de las pérdidas del ganado", en los años 60, la demanda de pieles en Europa llevó a pagar unos 10.000 dólares por unidad en Argentina. Iberá fue el mayor proveedor. Si bien ahora nadie compra pieles porque no está bien visto, como explicó Sofía hay "un ejemplo cercano" que prueba que para los locales puede haber una nueva economía a través del rewilding de los yaguaretés.
En Torres del Paine, Chile, unas ovejas muertas por un puma tienen un costo de pérdida de 250 dólares. Eso es lo que paga por día cada uno de los cinco turistas que en promedio se alojan en las estancias de la zona para obtener con sus teleobjetivos una imagen de ese mismo animal.
La lujosa y bucólica Estancia Rincón del Socorro, a la que se llega en un vuelo en avioneta de 15 minutos desde otra posada de Tompkins, sería el destino perfecto de ese ecoturismo. También los alojamientos más accesibles en Colonia Pellegrini y San Miguel, dos de las localidades de los portales de acceso al parque Iberá.
Hoy en San Alonso, el proyecto Rewilding Argentina tiene cuatro corrales de yaguaretés “que son bien confiados con la gente”. Ahí están Isis, Nahuel y Tania. Además, hay tres corrales que no permiten que los yaguaretés tengan contacto con humanos. Ahí están Arami (hembra) y Mbareté (macho), los primeros yaguaretés nacidos en Corrientes después de siete décadas sin estos rugidos.
Tania -a quien le falta la pata trasera derecha por haber sido mordida por un tigre en el zoológico de Batán- crió a sus cachorros como los cría una madre silvestre. Fue quien les enseñó a cazar. Nacieron en junio de 2018. Al año y un mes de vida se los apartó para que vivan solos en otro corral.
Arami y Mbareté nunca visualizaron personas. Por eso Clarín, que visitó los corrales en la isla San Alonso, no pudo verlos.
Hoy son monitoreados remotamente para analizar su crecimiento y desarrollo. Cuando cumplan dos años se les pondrá un collar -con GPS y VHF- para luego liberarlos.
“Cuando hay un cluster (una conjunción de puntos en el satélite que muestra que el animal volvió al mismo lugar varías veces) indica que ahí está comiendo una presa. Nosotros podemos ir y ver qué cazó. Y ver si está gordo o flaco o si está lastimado y por eso no se mueve lejos de ahí”.
Los animales “a liberar” en los esteros se “producen” de dos maneras: que las hembras tengan crías (como fue el caso de Tania) o que los hayan traído desde otros países donde ya eran silvestres, pero por diferentes casos dejaron de serlo por un tiempo. En este último caso, como en el de Jatobazihno, se los rehabilitó y pueden volver a serlo.
También están Jurana y Mariua, dos hembras silvestres de tres años traídas de Brasil. Nahuel, en cambio, llegó desde Uruguay. Tiene 18 y antes estuvo en Río Negro. Fue rechazado por Isis. Pero los especialistas creen que tendrá éxito con otra hembra.
Isis es una hembra que llegó de Curitiba, Brasil. Estaba en un centro de rescate de fauna. Ella nunca va a ser liberada porque salió de un zoológico, lo que la hace “muy confiada de los humanos”. De Isis se espera que tenga cachorros, a los que ya se los criará de manera en la que puedan ser liberados.
Hay un último corral, “muy importante”: el de las 30 hectáreas, donde se los pasará antes de la liberación. Ese corral ya tiene carpinchos, yacarés, ciervos. “Es un ambiente ‘real’. La semi libertad, digamos”, agrega Di Martino. Ahí los humanos no necesitarán ingresarles presas: "Solos las van a encontrar".
Los cachorros ya pueden copular entre sí. Y Arami podría ser liberada preñada. Para que críe como lo hizo su madre. De manera silvestre. Y que el Iberá vuelva a ser lo que los lugareños creen que es y nunca dejó de ser. República yaguareté.
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Chubut: cuestionan desmonte en Km 4
Denunciaron que arrasaron con la vegetación autóctona en Km 4
Fecha de Publicación: 02/12/2019
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
Docentes y estudiantes de Gestión Ambiental de la Universidad emitieron un comunicado ante la preocupación por las tareas de desmonte que terminaron con la vegetación autóctona de Km.4.
Docentes del departamento de Gestión Ambiental de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) plantearon su preocupación por las tareas de desmonte que terminaron con la vegetación autóctona y el impacto que tiene en el ecosistema y los habitantes del sector.
En una nota que enviaron al secretario de Ambiente de la Municipalidad, Daniel González, plantearon su preocupación por las tareas de limpieza que arrasaron con la vegetación de esa zona, extrayendo flora nativa de suma importancia para la fijación del suelo y el mantenimiento del ecosistema.
"La extracción realizada va en detrimento de nuestro patrimonio vegetal, cuya protección se encuentra amparada por la Carta Orgánica Municipal a expresar que el Municipio instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente en pos de proteger el ecosistema humano, natural y ecológico y en especial el aire, suelo, fauna y flora", expresan.
Recordaron que el Municipio ha declarado de interés público municipal la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente mediante la sanción de la Ordenanza Nº 3779 y modificatorias donde expresamente se prohíbe extraer plantas autóctonas.
"La conservación de las especies y de la cobertura vegetal se basa fundamentalmente en la conservación del aire y fijación del suelo. Justamente sobre este factor es donde se centra la preocupación dado que la intervención producida es generadora de posibles riesgos ambientales que anteriormente y a la fecha no existían", indicaron.
En ese sentido advirtieron que la situación "nos expone a un deterioro irreparable o reparable a muy largo plazo, debiendo ser neutralizadas y suspendidas urgentemente a fin de evitar aún más daño del causado al momento. Se propone que ante la intervención de estas actividades que conforman la acción urbanística se trabaje conjuntamente con diferentes organismos técnicos".
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Fecha de Publicación: 02/12/2019
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
Docentes y estudiantes de Gestión Ambiental de la Universidad emitieron un comunicado ante la preocupación por las tareas de desmonte que terminaron con la vegetación autóctona de Km.4.
Docentes del departamento de Gestión Ambiental de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) plantearon su preocupación por las tareas de desmonte que terminaron con la vegetación autóctona y el impacto que tiene en el ecosistema y los habitantes del sector.
En una nota que enviaron al secretario de Ambiente de la Municipalidad, Daniel González, plantearon su preocupación por las tareas de limpieza que arrasaron con la vegetación de esa zona, extrayendo flora nativa de suma importancia para la fijación del suelo y el mantenimiento del ecosistema.
"La extracción realizada va en detrimento de nuestro patrimonio vegetal, cuya protección se encuentra amparada por la Carta Orgánica Municipal a expresar que el Municipio instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente en pos de proteger el ecosistema humano, natural y ecológico y en especial el aire, suelo, fauna y flora", expresan.
Recordaron que el Municipio ha declarado de interés público municipal la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente mediante la sanción de la Ordenanza Nº 3779 y modificatorias donde expresamente se prohíbe extraer plantas autóctonas.
"La conservación de las especies y de la cobertura vegetal se basa fundamentalmente en la conservación del aire y fijación del suelo. Justamente sobre este factor es donde se centra la preocupación dado que la intervención producida es generadora de posibles riesgos ambientales que anteriormente y a la fecha no existían", indicaron.
En ese sentido advirtieron que la situación "nos expone a un deterioro irreparable o reparable a muy largo plazo, debiendo ser neutralizadas y suspendidas urgentemente a fin de evitar aún más daño del causado al momento. Se propone que ante la intervención de estas actividades que conforman la acción urbanística se trabaje conjuntamente con diferentes organismos técnicos".
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Primer Plan Nacional sobre cambio climático
Ambiente elaboró el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
Fecha de Publicación: 02/12/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que encabeza Sergio Bergman, concluyó la elaboración del primer Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que tiene como objeto avanzar en el cumplimiento de los objetivos asumidos en el Acuerdo de París, y los Planes de Acción Nacionales Sectoriales de Energía, Transporte, Agro, Industria, Salud, Infraestructura y Territorio y Bosques.
El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que fue oficializado hoy mediante la Resolución 447/2019, responde a la necesidad de hacer frente de manera coordinada y eficiente a los desafíos del cambio climático, siendo un instrumento de política pública que orienta a mediano y largo plazo las acciones a desarrollar en la materia.
De esta manera, el documento procura avanzar en la implementación del compromiso asumido por Argentina en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), revisada y presentada en la COP 22 de Marrakech en 2016. Asimismo, responde al mandato establecido en la recientemente aprobada Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global y el Decreto 891/2016 de creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático, donde se define, entre otros objetivos, la formulación de un Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático.
El presente plan fue elaborado por la Dirección Nacional de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente en base al trabajo de cuatro años del Gabinete Nacional de Cambio Climático —coordinado por la Secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable— que conllevó más de 90 reuniones en sus instancias política, técnica, jurisdiccional y de mesa ampliada.
En ese sentido las secciones de mitigación y adaptación al cambio climático resumen el trabajo consensuado con los ministerios y secretarías en el marco del mencionado gabinete, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), actores representativos de los sectores académico, organizaciones no gubernamentales, cámaras, empresas, trabajadores y participantes de las mesas ampliadas.
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El fondo marino de Argentina arrasado
Comparan el fondo marino en el límite de la zona económica Argentina con la deforestación en el Amazonas
Fecha de Publicación: 30/11/2019
Fuente: Telefe
Provincia/Región: Nacional
Un biólogo del Conicet comparó el estado del fondo marino en el Atlántico Sur, al límite de la zona económica exclusiva argentina, con la deforestación en el Amazonas, y dijo que se observan "suelos totalmente desérticos, mucha basura y miles de estrellas de mar muertas" como consecuencia, principalmente, de la sobreexplotación pesquera y la pesca de arrastre.
Se trata del biólogo e investigador adjunto del Conicet Martín Brogger, quien tras viajar a la zona advirtió que los fondos marinos se encuentran entre los lugares "más afectados" del medio ambiente por las actividades económicas.
"Mientras podemos identificar claramente la destrucción de lo que se encuentra sobre la superficie, como con la deforestación o los incendios en Amazonas, entre los ambientes más afectados se encuentran los fondos marinos, perjudicados principalmente por la pesca de arrastre. Pero estos no se ven, y como no los vemos, son invisibles para muchos", lamentó Brogger.
Y agregó: "Si mediante estas colaboraciones entre científicos y organizaciones, podemos ayudar a que la gente empiece a ver lo que no se ve normalmente, y uno pueda empezar a preocuparse y a empezar a encontrar solución a los problemas, creo que alcanzaremos un excelente objetivo".
El biólogo participó de la expedición organizada por la organización Greenpeace a la zona conocida como Agujero Azul, al límite de la zona económica exclusiva argentina, y explicó que "es por eso que el objetivo principal de la campaña científica a bordo del buque Esperanza durante esta etapa es el reconocimiento de los fondos marinos afectados por la sobrepesca en la región".
El Agujero Azul, según el informe "Protejamos al Mar Argentino", es un lugar codiciado por la industria pesquera de países como China, España, Corea del Sur y Taiwán, y a la que actualmente, llegan más de 400 buques al año. (NA)
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Fecha de Publicación: 30/11/2019
Fuente: Telefe
Provincia/Región: Nacional
Un biólogo del Conicet comparó el estado del fondo marino en el Atlántico Sur, al límite de la zona económica exclusiva argentina, con la deforestación en el Amazonas, y dijo que se observan "suelos totalmente desérticos, mucha basura y miles de estrellas de mar muertas" como consecuencia, principalmente, de la sobreexplotación pesquera y la pesca de arrastre.
Se trata del biólogo e investigador adjunto del Conicet Martín Brogger, quien tras viajar a la zona advirtió que los fondos marinos se encuentran entre los lugares "más afectados" del medio ambiente por las actividades económicas.
"Mientras podemos identificar claramente la destrucción de lo que se encuentra sobre la superficie, como con la deforestación o los incendios en Amazonas, entre los ambientes más afectados se encuentran los fondos marinos, perjudicados principalmente por la pesca de arrastre. Pero estos no se ven, y como no los vemos, son invisibles para muchos", lamentó Brogger.
Y agregó: "Si mediante estas colaboraciones entre científicos y organizaciones, podemos ayudar a que la gente empiece a ver lo que no se ve normalmente, y uno pueda empezar a preocuparse y a empezar a encontrar solución a los problemas, creo que alcanzaremos un excelente objetivo".
El biólogo participó de la expedición organizada por la organización Greenpeace a la zona conocida como Agujero Azul, al límite de la zona económica exclusiva argentina, y explicó que "es por eso que el objetivo principal de la campaña científica a bordo del buque Esperanza durante esta etapa es el reconocimiento de los fondos marinos afectados por la sobrepesca en la región".
El Agujero Azul, según el informe "Protejamos al Mar Argentino", es un lugar codiciado por la industria pesquera de países como China, España, Corea del Sur y Taiwán, y a la que actualmente, llegan más de 400 buques al año. (NA)
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Neuquén: la modificación a Ley de Bosques trabada
Se traba en Neuquén polémica modificación a Ley de Bosques impulsada por Gutiérrez
Fecha de Publicación: 30/11/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Neuquén
Oposición no daba al oficialismo de MPN votos en Comisión de Medio Ambiente para tratar el proyecto antes del recambio legislativo. Críticas de grupos ambientalistas, académicos y grupos mapuches a la iniciativa.
Pese a la decisión del gobernador Omar Gutiérrez de acelerar el tratamiento de la Ley de Bosques para reordenar las áreas protegidas de Neuquén antes del recambio legislativo, el oficialismo del MPN no contó con los votos necesarios en comisiones y el proyecto quedará en stand by, hasta que asuman los nuevos diputados provinciales, en medio de críticas de grupos ambientalistas, académicos y comunidades mapuches.
Se trata de una revisión de la Ley 2780, sancionada en 2011, y en el marco de los pedidos de actualización de una ley nacional. Sin embargo, por tratarse de un reordenamiento territorial de los bosques nativos, sensible para diferentes actores, la modificación se ha ido demorando. Ahora, el Ejecutivo que comanda Gutiérrez buscaba un tratamiento express, pero la oposición no le dio los votos en la Comisión de Medio Ambiente. Con lo cual, los tiempos se encaminan para que sean la nueva composición de la Legislatura la que defina la cuestión, ya que el proyecto no perderá estado parlamentario.
El proyecto define áreas en rojo, amarillo y verde, en donde las rojas son las de máxima protección, y donde no puede haber desarrollos con fines económicos. Si bien estas áreas crecen en el proyecto, también hay un crecimiento de las áreas amarillas, donde ONGs advierten que en verdad se busca impulsar emprendimientos inmobiliarios en las zonas de los centro invernales.
Chapelco, Cerro Bayo y la última pista de ski de Caviahue son eje de disputa. Por un lado, las cortas temporadas invernales llevaron a que para hacer rentables los medios de elevación las empresas necesiten extenderse a nuevos desarrollos. Sin embargo, la oposición pide que se realicen audiencias públicas con ambientalistas y comunidades originarias para avanzar con la aprobación. Y Gutiérrez quiere tratar la modificación cuanto antes.
El segundo punto de tensión está ligado a las comunidades mapuches y sus reclamos por las tierras ancestrales. Reclamos que en Neuquén también aparecen áreas de Vaca Muerta y puntos con valor turístico. En ese sentido, también los grupos mapuches se oponían al tratamiento express.
Sobre esto último, investigadores de la Universidad Nacional de Comahue difundieron un comunicado en el que expresan preocupación por "la intención de concretar de manera expeditiva una iniciativa que no cuenta con el acuerdo de sectores de la sociedad civil de las comunidades que habitan esos territorios". Y agregan que es “llamativo en un contexto internacional en el que la cuestión ambiental se instala como tema prioritario de las agendas públicas”.
Asimismo, Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA manifestó en un texto que un “sugestivo apuro” por tratar la modificación. Y alertó sobre “el nivel de disputa con diversos actores locales y las comunidades mapuches” en Cerro Bayo y Cerro Chapelco “donde el interés para emprendimientos inmobiliarios es evidente”. De la misma manera, Greenpeace también expresó su “profunda preocupación por el proyecto de modificación de la Ley 2.780 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Neuquén”.
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Fecha de Publicación: 30/11/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Neuquén
Oposición no daba al oficialismo de MPN votos en Comisión de Medio Ambiente para tratar el proyecto antes del recambio legislativo. Críticas de grupos ambientalistas, académicos y grupos mapuches a la iniciativa.
Pese a la decisión del gobernador Omar Gutiérrez de acelerar el tratamiento de la Ley de Bosques para reordenar las áreas protegidas de Neuquén antes del recambio legislativo, el oficialismo del MPN no contó con los votos necesarios en comisiones y el proyecto quedará en stand by, hasta que asuman los nuevos diputados provinciales, en medio de críticas de grupos ambientalistas, académicos y comunidades mapuches.
Se trata de una revisión de la Ley 2780, sancionada en 2011, y en el marco de los pedidos de actualización de una ley nacional. Sin embargo, por tratarse de un reordenamiento territorial de los bosques nativos, sensible para diferentes actores, la modificación se ha ido demorando. Ahora, el Ejecutivo que comanda Gutiérrez buscaba un tratamiento express, pero la oposición no le dio los votos en la Comisión de Medio Ambiente. Con lo cual, los tiempos se encaminan para que sean la nueva composición de la Legislatura la que defina la cuestión, ya que el proyecto no perderá estado parlamentario.
El proyecto define áreas en rojo, amarillo y verde, en donde las rojas son las de máxima protección, y donde no puede haber desarrollos con fines económicos. Si bien estas áreas crecen en el proyecto, también hay un crecimiento de las áreas amarillas, donde ONGs advierten que en verdad se busca impulsar emprendimientos inmobiliarios en las zonas de los centro invernales.
Chapelco, Cerro Bayo y la última pista de ski de Caviahue son eje de disputa. Por un lado, las cortas temporadas invernales llevaron a que para hacer rentables los medios de elevación las empresas necesiten extenderse a nuevos desarrollos. Sin embargo, la oposición pide que se realicen audiencias públicas con ambientalistas y comunidades originarias para avanzar con la aprobación. Y Gutiérrez quiere tratar la modificación cuanto antes.
El segundo punto de tensión está ligado a las comunidades mapuches y sus reclamos por las tierras ancestrales. Reclamos que en Neuquén también aparecen áreas de Vaca Muerta y puntos con valor turístico. En ese sentido, también los grupos mapuches se oponían al tratamiento express.
Sobre esto último, investigadores de la Universidad Nacional de Comahue difundieron un comunicado en el que expresan preocupación por "la intención de concretar de manera expeditiva una iniciativa que no cuenta con el acuerdo de sectores de la sociedad civil de las comunidades que habitan esos territorios". Y agregan que es “llamativo en un contexto internacional en el que la cuestión ambiental se instala como tema prioritario de las agendas públicas”.
Asimismo, Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA manifestó en un texto que un “sugestivo apuro” por tratar la modificación. Y alertó sobre “el nivel de disputa con diversos actores locales y las comunidades mapuches” en Cerro Bayo y Cerro Chapelco “donde el interés para emprendimientos inmobiliarios es evidente”. De la misma manera, Greenpeace también expresó su “profunda preocupación por el proyecto de modificación de la Ley 2.780 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Neuquén”.
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Córdoba: logran reproducir el cóndor en cautiverio
Nació el primer cóndor en cautiverio en Córdoba
Fecha de Publicación: 30/11/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Yastay es el nombre que recibió el primer cóndor andino nacido en cautiverio en Córdoba.
Este sábado, luego de 58 días de incubación natural, vio la luz este ejemplar que lleva el nombre del dios comechingón protector de las aves y los animales.
“Fue una experiencia increíble”, contó María Ahumada, veterinaria del parque fitozoológico Tatú Carreta, donde nació el cóndor.
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“El 25 de septiembre vimos el huevo. Y nació dentro de el plazo de incubación previsto. Seguimos todo el proceso buscando siempre ser lo menos invasivos”, relató Ahumada.
Liberación
En el futuro está previsto que Yastay sea liberando, pero antes deberá pasar por un período de adaptación y entrenamiento junto a otros ejemplares jóvenes en su misma situación.
“Trabajamos en un proyecto con Fundación Bioandina y a los cinco meses se lo lleva a un jaulón de aislamiento donde no tendrá contacto visual con las personas y comenzará a proveerse de su propio alimento”, comentó Ahumada.
Recién dentro de ocho meses se conocerá el destino geográfico de Yastay, que podría ser las sierras de Córdoba o un sitio en los Andes.
Familia
Yastay es hijo de una pareja de cóndores que por lesiones en sus alas no volverán a volar.
Su padre fue herido de bala en las cercanías de Panaholma y su madre residía en un zoológico en Olavarría y tiene una fractura incurable en una de sus alas.
El cóndor es una especie que tiene una tasa de reproductividad baja: llega a su madurez a los 8 años y pone un huevo cada dos años. Puede superar los 50 años de vida.
Tatú Carreta
El Tatú Carreta tiene una trayectoria de años en la rehabilitación de distintas especies silvestres.
Respecto de las grandes aves desarrolla un proyecto conjunto con la Fundación Bioandina y la Universidad Católica de Córdoba (UCC).
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Fecha de Publicación: 30/11/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Yastay es el nombre que recibió el primer cóndor andino nacido en cautiverio en Córdoba.
Este sábado, luego de 58 días de incubación natural, vio la luz este ejemplar que lleva el nombre del dios comechingón protector de las aves y los animales.
“Fue una experiencia increíble”, contó María Ahumada, veterinaria del parque fitozoológico Tatú Carreta, donde nació el cóndor.
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“El 25 de septiembre vimos el huevo. Y nació dentro de el plazo de incubación previsto. Seguimos todo el proceso buscando siempre ser lo menos invasivos”, relató Ahumada.
Liberación
En el futuro está previsto que Yastay sea liberando, pero antes deberá pasar por un período de adaptación y entrenamiento junto a otros ejemplares jóvenes en su misma situación.
“Trabajamos en un proyecto con Fundación Bioandina y a los cinco meses se lo lleva a un jaulón de aislamiento donde no tendrá contacto visual con las personas y comenzará a proveerse de su propio alimento”, comentó Ahumada.
Recién dentro de ocho meses se conocerá el destino geográfico de Yastay, que podría ser las sierras de Córdoba o un sitio en los Andes.
Familia
Yastay es hijo de una pareja de cóndores que por lesiones en sus alas no volverán a volar.
Su padre fue herido de bala en las cercanías de Panaholma y su madre residía en un zoológico en Olavarría y tiene una fractura incurable en una de sus alas.
El cóndor es una especie que tiene una tasa de reproductividad baja: llega a su madurez a los 8 años y pone un huevo cada dos años. Puede superar los 50 años de vida.
Tatú Carreta
El Tatú Carreta tiene una trayectoria de años en la rehabilitación de distintas especies silvestres.
Respecto de las grandes aves desarrolla un proyecto conjunto con la Fundación Bioandina y la Universidad Católica de Córdoba (UCC).
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Salta: vertedero judicializado sin nada resuelto
Confirman que la trinchera IV del vertedero no se habilitará este año
Fecha de Publicación: 30/11/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Hubo una audiencia por la acción colectiva que iniciaron vecinos por la posible contaminación del relleno sanitario San Javier. También se supo que a la geomembrana la instalará la próxima gestión.
En la denuncia de fondo de los vecinos de la zona sudeste de la capital, quienes presentaron un amparo colectivo contra la Municipalidad de Salta y Agrotécnica Fueguina no hay nada resuelto. A poco más de dos años de iniciado ese proceso judicial, que se supone que debe ser expeditivo, el juez a cargo de la causa, Marcelo Domínguez, todavía no pudo determinar si el vertedero San Javier contamina o no. Tampoco pudo lograr que la actual gestión municipal cumpla con uno de sus principales pedidos, que es la habilitación de la trinchera IV del relleno sanitario.
Esa certeza de que nada cambia, por ahora, fue la que quedó tras la audiencia informativa que se realizó ayer a la mañana en la Ciudad Judicial. La jornada fue convocada por el titular de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y participaron representantes del Ejecutivo comunal, de la empresa a cargo de la higiene urbana de la ciudad y los vecinos que iniciaron la acción colectiva en agosto de 2017.
El 25 de septiembre pasado venció el plazo de cuatro meses que el magistrado Domínguez le había dado a la Municipalidad para que presente informes sobre el impacto ambiental del vertedero y el avance de los procesos para la compra de una geomembrana (una especie de tela plástica) para cubrir la base de la trinchera IV y evitar que la basura contamine las napas freáticas o el río arenales.
Recién ayer los representantes comunales brindaron respuestas a los pedidos del juez.
En cuanto a la geomembrana, se terminó por confirmar que la actual gestión municipal, que vence el 9 de diciembre, no la instalará. El director de Servicios Públicos, Normando Zúñiga, explicó que ya se concretó la licitación para la compra de ese producto y ahora están a la espera de que el Tribunal de Cuentas apruebe el proceso de contratación de la empresa que resultaría adjudicataria. Luego de ese trámite, detalló que la contratista tendría 45 días para instalar el producto, que en marzo pasado, previa devaluación, salía $25 millones.
Domínguez no pecó de ingenuo sobre esa promesa y advirtió al final de la audiencia que posiblemente la habilitación de la trinchera IV se demore aún más.
"Asumo una realidad -dijo el juez-, el cambio de gestión municipal, y más allá de la continuidad jurídica del Estado, puede generar que haya una dilación en el tiempo. Preguntar cuándo va estar la geomembrana me parece aventurado. Cualquier manifestación al respecto pecaría de poco seria porque no van a ser ustedes (le espetó a los funcionarios) los que van a tener que llevar adelante esa instalación".
Estudios
Sobre los estudios de impacto ambiental en el vertedero hubo una controversia entre los denunciantes y los acusados, que derivó, una vez más, en que no se asuma si es que existe contaminación en la finca San Javier.
Zúñiga aseguró que esta vez sí terminaron los informes y los documentos se encuentran en etapa de "evaluación".
"Durante todo este año hemos realizado todos los estudios preliminares con relación a la construcción del San Javier cuatro, algunos ya estaban y faltaban otros para la instalación de la geomembrana, Se realizaron estudios de suelo, hidrogeológicos y de impacto ambiental", aseguró el funcionario.
Después presentó al técnico de la Municipalidad con especialidad en Química, Carlos Bonín, quien afirmó que en base a los resultados del monitoreo ambiental que se realiza de manera periódica en el vertedero desde hace nueve años puede certificar que no existe contaminación en el lugar.
Fue rebatido por Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias Ambientales, investigador del Conicet y docente de la UNSa. El académico sostuvo en la audiencia que en el vertedero ocurre todo lo contrario de lo que afirma la comuna.
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Fecha de Publicación: 30/11/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Hubo una audiencia por la acción colectiva que iniciaron vecinos por la posible contaminación del relleno sanitario San Javier. También se supo que a la geomembrana la instalará la próxima gestión.
En la denuncia de fondo de los vecinos de la zona sudeste de la capital, quienes presentaron un amparo colectivo contra la Municipalidad de Salta y Agrotécnica Fueguina no hay nada resuelto. A poco más de dos años de iniciado ese proceso judicial, que se supone que debe ser expeditivo, el juez a cargo de la causa, Marcelo Domínguez, todavía no pudo determinar si el vertedero San Javier contamina o no. Tampoco pudo lograr que la actual gestión municipal cumpla con uno de sus principales pedidos, que es la habilitación de la trinchera IV del relleno sanitario.
Esa certeza de que nada cambia, por ahora, fue la que quedó tras la audiencia informativa que se realizó ayer a la mañana en la Ciudad Judicial. La jornada fue convocada por el titular de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y participaron representantes del Ejecutivo comunal, de la empresa a cargo de la higiene urbana de la ciudad y los vecinos que iniciaron la acción colectiva en agosto de 2017.
El 25 de septiembre pasado venció el plazo de cuatro meses que el magistrado Domínguez le había dado a la Municipalidad para que presente informes sobre el impacto ambiental del vertedero y el avance de los procesos para la compra de una geomembrana (una especie de tela plástica) para cubrir la base de la trinchera IV y evitar que la basura contamine las napas freáticas o el río arenales.
Recién ayer los representantes comunales brindaron respuestas a los pedidos del juez.
En cuanto a la geomembrana, se terminó por confirmar que la actual gestión municipal, que vence el 9 de diciembre, no la instalará. El director de Servicios Públicos, Normando Zúñiga, explicó que ya se concretó la licitación para la compra de ese producto y ahora están a la espera de que el Tribunal de Cuentas apruebe el proceso de contratación de la empresa que resultaría adjudicataria. Luego de ese trámite, detalló que la contratista tendría 45 días para instalar el producto, que en marzo pasado, previa devaluación, salía $25 millones.
Domínguez no pecó de ingenuo sobre esa promesa y advirtió al final de la audiencia que posiblemente la habilitación de la trinchera IV se demore aún más.
"Asumo una realidad -dijo el juez-, el cambio de gestión municipal, y más allá de la continuidad jurídica del Estado, puede generar que haya una dilación en el tiempo. Preguntar cuándo va estar la geomembrana me parece aventurado. Cualquier manifestación al respecto pecaría de poco seria porque no van a ser ustedes (le espetó a los funcionarios) los que van a tener que llevar adelante esa instalación".
Estudios
Sobre los estudios de impacto ambiental en el vertedero hubo una controversia entre los denunciantes y los acusados, que derivó, una vez más, en que no se asuma si es que existe contaminación en la finca San Javier.
Zúñiga aseguró que esta vez sí terminaron los informes y los documentos se encuentran en etapa de "evaluación".
"Durante todo este año hemos realizado todos los estudios preliminares con relación a la construcción del San Javier cuatro, algunos ya estaban y faltaban otros para la instalación de la geomembrana, Se realizaron estudios de suelo, hidrogeológicos y de impacto ambiental", aseguró el funcionario.
Después presentó al técnico de la Municipalidad con especialidad en Química, Carlos Bonín, quien afirmó que en base a los resultados del monitoreo ambiental que se realiza de manera periódica en el vertedero desde hace nueve años puede certificar que no existe contaminación en el lugar.
Fue rebatido por Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias Ambientales, investigador del Conicet y docente de la UNSa. El académico sostuvo en la audiencia que en el vertedero ocurre todo lo contrario de lo que afirma la comuna.
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Juez ava la licencia social excluyente en minería
Cerda dijo que no puede haber minería sino cuenta con licencia social
Fecha de Publicación: 29/11/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Consideró que se necesita el apoyo mayoritario de la población para desarrollar Agua Rica.
El juez electoral y de Minas, Raúl Guillermo Cerda, fue contundente al señalar que no se puede desarrollar la minería sino hay consenso social. Y puntualmente consideró que el proyecto Agua Rica no podrá concretarse si antes no tiene el respaldo de la mayoría de la población.
"No puede haber minería sino hay licencia social, si el pueblo no está de acuerdo en su mayoría- porque obviamente uno no pretende la unanimidad. La licencia social es un requisito fundamental", dijo el magistrado al referirse a la necesidad de que cualquier proyecto minero tenga consenso.
Cerda recordó que lleva 35 años como juez de Minas y fue quien suspendió la actividad minera cuando en febrero de 2015 se produjo una revuelta en contra de la explotación en Andalgalá.
El magistrado señaló que idénticas condiciones son necesarias para la explotación de Agua Rica. "La licencia social es fundamental, no podemos iniciar ninguna actividad sino tenemos el consenso social", reiteró en declaraciones radiales.
La Perla del Oeste vive un intenso debate por el futuro de la minería. Está en vigencia una ordenanza que la prohibe y también hay una acción de amparo presentada en la Justicia que todavía espera la sentencia final.
Cerda se refirió también al conflicto que se vivió en Antofagasta de la Sierra con la familia Morales, cuando fue desalojada por una orden de la Fiscalía de Belén al impedir que se abra un camino para el paso del tránsito pesado por sus terrenos. "Lo de Antofagasta fue un problema por la falta de comunicación y de diálogo que suscitó este gran inconveniente con la familia. No quiero inmiscuirme en temas de justicia penal, pero me parece que este inconveniente podría haberse evitado en la medida que se hubiera podido conversar más. Yo creo que con el diálogo se evitaba este problema serio. Por suerte, creo que ahora se está conversando y ya está encausada la situación", afirmó.
Código
El magistrado se refirió también al Código de Procedimientos Mineros que el viernes pasado se entregó a la gobernadora Lucía Corpacci.
El anteproyecto fue redactado por el Consejo Asesor Minero y se elevará a la Legislatura provincial para su debate.
" Estuvimos debatiendo e introduciendo todas las reformas que hacían falta al viejo Código para adecuarlo a los tiempos que vivimos. Al finalizar su mandato queríamos entregarle el anteproyecto por el que estuvimos trabajando", sostuvo.
"El código consiste en actualizar un montón de figuras del Código anterior que tiene ya 52 años de vigencia y que hacía falta adecuarlo al siglo XXI ", explicó el magistrado.
Según comentó, se introdujo la tecnología para concretar los procesos mineros, "que es importante porque le da celeridad al trámite y por supuesto al empresario minero le permite hacer más rápido los pedidos de concesiones, haciendo hincapié en la cuestión ambiental".
En ese marco puntualizó que la normativa contempla todos los requerimientos para el cuidado del medio ambiente que antes no eran exigibles, por cuanto recién se pusieron en vigencia a partir del desarrollo de la minería a gran escala.
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Fecha de Publicación: 29/11/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Consideró que se necesita el apoyo mayoritario de la población para desarrollar Agua Rica.
El juez electoral y de Minas, Raúl Guillermo Cerda, fue contundente al señalar que no se puede desarrollar la minería sino hay consenso social. Y puntualmente consideró que el proyecto Agua Rica no podrá concretarse si antes no tiene el respaldo de la mayoría de la población.
"No puede haber minería sino hay licencia social, si el pueblo no está de acuerdo en su mayoría- porque obviamente uno no pretende la unanimidad. La licencia social es un requisito fundamental", dijo el magistrado al referirse a la necesidad de que cualquier proyecto minero tenga consenso.
Cerda recordó que lleva 35 años como juez de Minas y fue quien suspendió la actividad minera cuando en febrero de 2015 se produjo una revuelta en contra de la explotación en Andalgalá.
El magistrado señaló que idénticas condiciones son necesarias para la explotación de Agua Rica. "La licencia social es fundamental, no podemos iniciar ninguna actividad sino tenemos el consenso social", reiteró en declaraciones radiales.
La Perla del Oeste vive un intenso debate por el futuro de la minería. Está en vigencia una ordenanza que la prohibe y también hay una acción de amparo presentada en la Justicia que todavía espera la sentencia final.
Cerda se refirió también al conflicto que se vivió en Antofagasta de la Sierra con la familia Morales, cuando fue desalojada por una orden de la Fiscalía de Belén al impedir que se abra un camino para el paso del tránsito pesado por sus terrenos. "Lo de Antofagasta fue un problema por la falta de comunicación y de diálogo que suscitó este gran inconveniente con la familia. No quiero inmiscuirme en temas de justicia penal, pero me parece que este inconveniente podría haberse evitado en la medida que se hubiera podido conversar más. Yo creo que con el diálogo se evitaba este problema serio. Por suerte, creo que ahora se está conversando y ya está encausada la situación", afirmó.
Código
El magistrado se refirió también al Código de Procedimientos Mineros que el viernes pasado se entregó a la gobernadora Lucía Corpacci.
El anteproyecto fue redactado por el Consejo Asesor Minero y se elevará a la Legislatura provincial para su debate.
" Estuvimos debatiendo e introduciendo todas las reformas que hacían falta al viejo Código para adecuarlo a los tiempos que vivimos. Al finalizar su mandato queríamos entregarle el anteproyecto por el que estuvimos trabajando", sostuvo.
"El código consiste en actualizar un montón de figuras del Código anterior que tiene ya 52 años de vigencia y que hacía falta adecuarlo al siglo XXI ", explicó el magistrado.
Según comentó, se introdujo la tecnología para concretar los procesos mineros, "que es importante porque le da celeridad al trámite y por supuesto al empresario minero le permite hacer más rápido los pedidos de concesiones, haciendo hincapié en la cuestión ambiental".
En ese marco puntualizó que la normativa contempla todos los requerimientos para el cuidado del medio ambiente que antes no eran exigibles, por cuanto recién se pusieron en vigencia a partir del desarrollo de la minería a gran escala.
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En el Iberá nueve especies escaparon de la extinción
Cuáles son las especies que se salvaron de la extinción en el Iberá
Fecha de Publicación: 29/11/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
En total son nueve las especies que se salvaron de la extinción y hoy habitan los Esteros del Iberá, gracias al trabajo de conservación denominado rewilding por la fundación The Conservation Land Trust (CLT).
De las nueve especies, por el momento solamente tres son autosustentables, es decir que por la cantidad ce ejemplares ya no necesitan ayuda humana para subsistir.
Entre ellas se encuentran el oso hormiguero, el pecarí de collar y el venado de las pampas, según detalló un informe realizado por La Nación.
El oso hormiguero fue uno de los primeros animales con los que CLT comenzó a trabajar para reintroducirlos en el Parque Nacional Iberá.
Se extinguió en Corrientes a mediados del siglo XX y su reintroducción comenzó en 2007 cuando se liberó por primera vez una pareja de osos hormigueros en la reserva Rincón del Socorro de Iberá.
A su vez, el venado de las pampas era un herbívoro en riesgo por la caza, la destrucción del ambiente en manos de la ganadería y las enfermedades provenientes del ganado doméstico.
Sin embargo, CLT decidió trasladar a los pocos que quedaban vivos desde campos privados hacia Iberá. Actualmente los venados reintroducidos se reprodujeron y conforman la población más grande resguardada en un área protegida.
Por otra parte, hace poco la fundación de Douglas Tompkins sumó a10 muitúes. Son aves que llegaron desde Brasil y volvieron a ser parte del Iberá después de 40 años.
Además, se trabaja con la reintroducción del yaguareté y tras varias décadas el año pasadonacieron dos críasen el Parque Nacional.
Mientras que siguen en proceso el guacamayo rojo, la nutria gigante, chuña de patas rojas ytapir.
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Fecha de Publicación: 29/11/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
En total son nueve las especies que se salvaron de la extinción y hoy habitan los Esteros del Iberá, gracias al trabajo de conservación denominado rewilding por la fundación The Conservation Land Trust (CLT).
De las nueve especies, por el momento solamente tres son autosustentables, es decir que por la cantidad ce ejemplares ya no necesitan ayuda humana para subsistir.
Entre ellas se encuentran el oso hormiguero, el pecarí de collar y el venado de las pampas, según detalló un informe realizado por La Nación.
El oso hormiguero fue uno de los primeros animales con los que CLT comenzó a trabajar para reintroducirlos en el Parque Nacional Iberá.
Se extinguió en Corrientes a mediados del siglo XX y su reintroducción comenzó en 2007 cuando se liberó por primera vez una pareja de osos hormigueros en la reserva Rincón del Socorro de Iberá.
A su vez, el venado de las pampas era un herbívoro en riesgo por la caza, la destrucción del ambiente en manos de la ganadería y las enfermedades provenientes del ganado doméstico.
Sin embargo, CLT decidió trasladar a los pocos que quedaban vivos desde campos privados hacia Iberá. Actualmente los venados reintroducidos se reprodujeron y conforman la población más grande resguardada en un área protegida.
Por otra parte, hace poco la fundación de Douglas Tompkins sumó a10 muitúes. Son aves que llegaron desde Brasil y volvieron a ser parte del Iberá después de 40 años.
Además, se trabaja con la reintroducción del yaguareté y tras varias décadas el año pasadonacieron dos críasen el Parque Nacional.
Mientras que siguen en proceso el guacamayo rojo, la nutria gigante, chuña de patas rojas ytapir.
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Mendoza obliga a registrar el uso de agroquímicos
A partir de diciembre es obligatorio registrar la compra - venta y uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 29/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El Iscamen puso en marcha un Sistema Informático de Registro Obligatorio para los proveedores de estos productos en Mendoza.
Desde la semana que viene entra en vigencia la obligatoriedad de informar la compra y venta y uso de agroquímicos de banda roja ane la Provincia. Según explicaron con esta determinación se busca mejorar la trazabilidad de todo el proceso de compra-venta y aplicación de estos productos altamente peligrosos.
El Iscamen ha desarrollado para este objetivo un Sistema Informático de Registro Obligatorio, por el cual las casas de venta de agroquímicos deben registrar el stock, compra-venta y el lugar de aplicación de los productos bandas roja, amarilla y azul, comercializados en Mendoza.
Toda venta que se realiza en una agroquímica mendocina requiere que el comprador presente el RUT o Registro Único de la propiedad rural, lo que permite determinar quién compra un agroquímico, qué compra, cuánto compra y dónde lo aplica. Este sistema informático es un avance importante hacia la trazabilidad y el registro de estos productos, a los que ahora se agrega el carbofuran granulado.
Carbofuran granulado es un producto banda amarilla (moderadamente peligroso) que fue oportunamente exceptuado por Senasa de la prohibición que recayó sobre las formulaciones líquidas de este producto.
Al no estar prohibido y ser utilizado en nuestra provincia, ya que no tiene sustitutos en las producciones locales de ajo y papa; el Iscamen busca mejorar los sistemas de contralor en cuanto a trazabilidad y registro de los aplicadores para este agroquímico y para los de banda roja. Para ello, es fundamental que el Sistema Informático de Registro Obligatorio, sea también la herramienta para garantizar la trazabilidad de los movimientos no solo de los registrantes, distribuidores y expendedores, sino también de los aplicadores que estarán en la base de datos del sistema, condición obligatoria para acceder a la compra del producto.
Procedimiento y actores intervinientes
Los laboratorios que registran productos de banda roja y carbofuran granulado deben presentar al Iscamen la documentación fehaciente de los volúmenes que ingresan a la provincia, la empresa transportista y los compradores del producto; sean estos distribuidores y/o comercios minoristas registrados en la provincia. La declaración jurada deberá ser cargada y enviada en forma digital a la oficina virtual de Iscamen, previa obtención de clave digital que brindará el organismo solicitud de la empresa vía correo electrónico. Esta declaración jurada debe ser enviada antes de 48 horas de ser transportado a nuestra provincia. La misma deberá indicar la empresa transportista, matrícula de máquina-acoplado y datos identificatorios del chofer que ingresará a Mendoza por los puestos de Barreras Sanitarias.
Asimismo se deberán registrar en el Registro de Aplicadores de Iscamen las personas físicas o jurídicas que sean usuarios y aplicadores tanto de carbofurán granulado como de productos banda roja. Esto es fundamental para minimizar el riesgo potencial, tanto para el aplicador como para el ambiente y los consumidores.
En este sentido la norma considera “Aplicador”a toda persona física o jurídica, pública o privada, que aplique o libere al ambiente productos agroquímicos. El aplicador es el único responsable de la técnica de aplicación. Se considera “Usuario Responsable” a toda persona física o jurídica que tenga RUT o RENSPA y explote, en forma total o parcial, un cultivo con independencia del régimen de tenencia de la tierra. Es todo aquel que se beneficia con el empleo de un producto químico o biológico de uso agropecuario.
Las únicas personas físicas y/o jurídicas que podrán comprar el producto cuyo activo sea carbofuran formulado en gránulos, como también la compra de productos de banda roja, serán los registrados y habilitados en Iscamen como aplicadores y la aplicación se realizará en los cultivos permitidos; de no ser así se considerará un desvío de uso constituyéndose en una falta grave.
Los distribuidores, expendedores mayoristas y minoristas, deberán registrar el movimiento de estos productos ya sea compra, venta, devolución mediante remito y/o factura, en el Sistema Informático de Registro Obligatorio. La actualización del registro para el producto en cuestión será cada 7 días corridos.
La nueva normativa, que amplía el Sistema Informático de Registro de productos banda roja, azul y amarilla existente en la actualidad e incorpora la obligación de Registro para los aplicadores de estos productos, fue discutida recientemente en una reunión convocada por la Cámara Empresaria de Agroquímicos de Mendoza (CEAMEN). En la oportunidad, se trató además, la modificación realizada en la Cámara de Senadores de la provincia del artículo 13 de la Ley Provincial de Agroquímicos, referido a la receta agronómica.
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Fecha de Publicación: 29/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El Iscamen puso en marcha un Sistema Informático de Registro Obligatorio para los proveedores de estos productos en Mendoza.
Desde la semana que viene entra en vigencia la obligatoriedad de informar la compra y venta y uso de agroquímicos de banda roja ane la Provincia. Según explicaron con esta determinación se busca mejorar la trazabilidad de todo el proceso de compra-venta y aplicación de estos productos altamente peligrosos.
El Iscamen ha desarrollado para este objetivo un Sistema Informático de Registro Obligatorio, por el cual las casas de venta de agroquímicos deben registrar el stock, compra-venta y el lugar de aplicación de los productos bandas roja, amarilla y azul, comercializados en Mendoza.
Toda venta que se realiza en una agroquímica mendocina requiere que el comprador presente el RUT o Registro Único de la propiedad rural, lo que permite determinar quién compra un agroquímico, qué compra, cuánto compra y dónde lo aplica. Este sistema informático es un avance importante hacia la trazabilidad y el registro de estos productos, a los que ahora se agrega el carbofuran granulado.
Carbofuran granulado es un producto banda amarilla (moderadamente peligroso) que fue oportunamente exceptuado por Senasa de la prohibición que recayó sobre las formulaciones líquidas de este producto.
Al no estar prohibido y ser utilizado en nuestra provincia, ya que no tiene sustitutos en las producciones locales de ajo y papa; el Iscamen busca mejorar los sistemas de contralor en cuanto a trazabilidad y registro de los aplicadores para este agroquímico y para los de banda roja. Para ello, es fundamental que el Sistema Informático de Registro Obligatorio, sea también la herramienta para garantizar la trazabilidad de los movimientos no solo de los registrantes, distribuidores y expendedores, sino también de los aplicadores que estarán en la base de datos del sistema, condición obligatoria para acceder a la compra del producto.
Procedimiento y actores intervinientes
Los laboratorios que registran productos de banda roja y carbofuran granulado deben presentar al Iscamen la documentación fehaciente de los volúmenes que ingresan a la provincia, la empresa transportista y los compradores del producto; sean estos distribuidores y/o comercios minoristas registrados en la provincia. La declaración jurada deberá ser cargada y enviada en forma digital a la oficina virtual de Iscamen, previa obtención de clave digital que brindará el organismo solicitud de la empresa vía correo electrónico. Esta declaración jurada debe ser enviada antes de 48 horas de ser transportado a nuestra provincia. La misma deberá indicar la empresa transportista, matrícula de máquina-acoplado y datos identificatorios del chofer que ingresará a Mendoza por los puestos de Barreras Sanitarias.
Asimismo se deberán registrar en el Registro de Aplicadores de Iscamen las personas físicas o jurídicas que sean usuarios y aplicadores tanto de carbofurán granulado como de productos banda roja. Esto es fundamental para minimizar el riesgo potencial, tanto para el aplicador como para el ambiente y los consumidores.
En este sentido la norma considera “Aplicador”a toda persona física o jurídica, pública o privada, que aplique o libere al ambiente productos agroquímicos. El aplicador es el único responsable de la técnica de aplicación. Se considera “Usuario Responsable” a toda persona física o jurídica que tenga RUT o RENSPA y explote, en forma total o parcial, un cultivo con independencia del régimen de tenencia de la tierra. Es todo aquel que se beneficia con el empleo de un producto químico o biológico de uso agropecuario.
Las únicas personas físicas y/o jurídicas que podrán comprar el producto cuyo activo sea carbofuran formulado en gránulos, como también la compra de productos de banda roja, serán los registrados y habilitados en Iscamen como aplicadores y la aplicación se realizará en los cultivos permitidos; de no ser así se considerará un desvío de uso constituyéndose en una falta grave.
Los distribuidores, expendedores mayoristas y minoristas, deberán registrar el movimiento de estos productos ya sea compra, venta, devolución mediante remito y/o factura, en el Sistema Informático de Registro Obligatorio. La actualización del registro para el producto en cuestión será cada 7 días corridos.
La nueva normativa, que amplía el Sistema Informático de Registro de productos banda roja, azul y amarilla existente en la actualidad e incorpora la obligación de Registro para los aplicadores de estos productos, fue discutida recientemente en una reunión convocada por la Cámara Empresaria de Agroquímicos de Mendoza (CEAMEN). En la oportunidad, se trató además, la modificación realizada en la Cámara de Senadores de la provincia del artículo 13 de la Ley Provincial de Agroquímicos, referido a la receta agronómica.
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Las empresas se suman a las renovables
Cada vez más empresas producen su propia electricidad y venden lo que les sobra a la red
Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Si uno pudiera mirar de arriba el techo de las oficinas de la empresa harinera Gastaldi Hermanos, en el pueblo cordobés de General Deheza, la vería cubierta de rectángulos azules y brillantes. Son 30 paneles solares que generan el 35% de la energía que se consume en ese edificio. Gastaldi Hermanos es una de las empresas que, alentadas por la reciente implementación de la Ley de Generación Distribuida de Energía, completaron los pasos para "enchufarse" a la red pública de electricidad y venderle el excedente de energía generada.
El sistema funciona del siguiente modo. La empresa hace la instalación y, en los momentos que no alcanza a generar toda la energía que necesita, la toma del sistema. En cambio, cuando genera más de la que consume, inyecta automáticamente el excedente en la red. Luego, los saldos se compensan en la factura eléctrica, lo que durante los primeros tres meses le significó a la cerealera más de $20.000 de ahorro solo en las oficinas.
Según los registros oficiales de octubre pasado, en el país hay 48 usuarios-generadores (entre residenciales y empresas) con una potencia instalada de 430 kilovatios (kW). Esto significa el triple respecto del mes anterior, y para fines de noviembre se espera que se sumen otros 33 usuarios con 400 kW adicionales que ya tienen la instalación completa, pero están esperando el cambio de medidor por uno bidireccional, que registra tanto la energía que el usuario toma de la red como la que entrega. Además, hay 267 proyectos en trámite que involucran 2573 kW.
"El trámite para gestionar esto online lo lanzamos en marzo pasado. Hubo unos primeros meses de aprendizaje y la tendencia muestra que desde entonces no solo crecen exponencialmente los usuarios mes a mes, sino que cada vez se instalan equipos más grandes", dijo a LA NACION Ignacio Romero, director de Generación Distribuida en la Secretaría de Energía de la Nación.
Antes de la sanción de la ley 27.424, aprobada en 2017, pero reglamentada e implementada recién éste año, existían ya usuarios particulares que generaban energía, pero se trataba de una motivación fundamentalmente ecológica, porque no existía un método para aprovecharla al 100% y vender el excedente al sistema, aumentando el ahorro económico. La única forma de optimizar el uso de las instalaciones era hacer coincidir el momento de mayor generación con el de mayor consumo.
"Ahora, con lo que generás de día podés cubrir los consumos de la noche; usás a la red de batería, porque al final de mes se compensan lo que vos inyectaste con lo que consumiste", explicó Franco Borrello, fundador y director de Cleanergy Renovables, la firma cordobesa de energía renovable que asesora a Gastaldi Hermanos.
Además, el Gobierno incentiva la autogeneración con créditos fiscales para compensar IVA o Ganancias. "Eso está dinamizando fuerte la demanda en el sector pyme porque estos certificado pueden representar 30% del valor de la inversión", detalló Romero. El monto del certificado es de $30.000 por kW instalado, hasta un máximo de $2 millones por instalación.
Uno de los proyectos en trámite más grandes es el de la bodega Trivento, ubicada en la localidad mendocina de Maipú. La bodega cuenta con un predio industrial de 80.000 metros cuadrados e instaló una planta fotovoltaica de 270 kW, lo que cubre el 10% de su consumo promedio anual. Calculan que generará un ahorro anual promedio de $1,6 millones.
Según dijo el gerente general de la bodega, Marcos Jofré, "no es un ahorro significativo en términos monetarios, pero aporta a un modelo de negocio que se basa en la sustentabilidad". En la instalación de paneles solares Trivento hizo una inversión de $16 millones y calcula que la recuperará en un plazo de entre nueve y diez años.
Rocsa está ubicada en Parque Avellaneda y fue la primera empresa en conectarse a la distribuidora Edesur. Autoconsume el 60% de la energía que genera con los 12 paneles ubicados en su terraza y pasaron de abonar facturas de $3000 a aproximadamente $1200. "Más allá de la intención de contribuir al medioambiente y ser cada vez más sustentables, las pymes tenemos la motivación extra del aumento de las tarifas", señaló Graciela González, gerenta administrativa de Rocsa, empresa dedicada a las energías renovables que importa generadores italianos con baterías de acumulación.
Si bien es muy difícil calcular el precio de los dispositivos, porque depende de sus características y su potencia, González estima que un equipo para una casa, con batería de acumulación, comienza en US$15.000 y uno sin acumulación de 1,3 kW, en US$1000.
Los empresarios del sector aseguran que en los últimos cinco o seis años fueron bajando los costos de los dispositivos por la mejora de las tecnologías y la ampliación de la oferta. La recuperación de la inversión tiene un período aproximado de seis años y los equipos tienen una vida útil de 25 años.
"Todavía tenemos componente de subsidio en las tarifas, pero el costo eléctrico es muy alto para las pymes. Con esto, como la vida útil son 20, 25 años, te aseguras un gran porcentaje de reducción de consumo eléctrico que lo vas a poder sostener en el tiempo y prácticamente sin mantenimiento", agregó Romero.
Este régimen aplica para las empresas medianas y chicas. Las compañías más grandes están encuadradas dentro de la figura de Grandes Usuarios Habilitados y desde la sanción de la ley 27.191, en 2015, están obligadas a cubrir parte de su demanda eléctrica con energías renovables (el objetivo suscrito en el Acuerdo de París es alcanzar el 20% para 2025). Para cumplir pueden comprarle la "energía limpia" a un generador privado (es el caso de Toyota, Budweiser o Coca-Cola) o pueden autogenerarla, como YPF o Aluar. Otra diferencia es que por por su volumen de consumo, les conviene mucho más recurrir a un parque eólico que a paneles solares.
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Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Si uno pudiera mirar de arriba el techo de las oficinas de la empresa harinera Gastaldi Hermanos, en el pueblo cordobés de General Deheza, la vería cubierta de rectángulos azules y brillantes. Son 30 paneles solares que generan el 35% de la energía que se consume en ese edificio. Gastaldi Hermanos es una de las empresas que, alentadas por la reciente implementación de la Ley de Generación Distribuida de Energía, completaron los pasos para "enchufarse" a la red pública de electricidad y venderle el excedente de energía generada.
El sistema funciona del siguiente modo. La empresa hace la instalación y, en los momentos que no alcanza a generar toda la energía que necesita, la toma del sistema. En cambio, cuando genera más de la que consume, inyecta automáticamente el excedente en la red. Luego, los saldos se compensan en la factura eléctrica, lo que durante los primeros tres meses le significó a la cerealera más de $20.000 de ahorro solo en las oficinas.
Según los registros oficiales de octubre pasado, en el país hay 48 usuarios-generadores (entre residenciales y empresas) con una potencia instalada de 430 kilovatios (kW). Esto significa el triple respecto del mes anterior, y para fines de noviembre se espera que se sumen otros 33 usuarios con 400 kW adicionales que ya tienen la instalación completa, pero están esperando el cambio de medidor por uno bidireccional, que registra tanto la energía que el usuario toma de la red como la que entrega. Además, hay 267 proyectos en trámite que involucran 2573 kW.
"El trámite para gestionar esto online lo lanzamos en marzo pasado. Hubo unos primeros meses de aprendizaje y la tendencia muestra que desde entonces no solo crecen exponencialmente los usuarios mes a mes, sino que cada vez se instalan equipos más grandes", dijo a LA NACION Ignacio Romero, director de Generación Distribuida en la Secretaría de Energía de la Nación.
Antes de la sanción de la ley 27.424, aprobada en 2017, pero reglamentada e implementada recién éste año, existían ya usuarios particulares que generaban energía, pero se trataba de una motivación fundamentalmente ecológica, porque no existía un método para aprovecharla al 100% y vender el excedente al sistema, aumentando el ahorro económico. La única forma de optimizar el uso de las instalaciones era hacer coincidir el momento de mayor generación con el de mayor consumo.
"Ahora, con lo que generás de día podés cubrir los consumos de la noche; usás a la red de batería, porque al final de mes se compensan lo que vos inyectaste con lo que consumiste", explicó Franco Borrello, fundador y director de Cleanergy Renovables, la firma cordobesa de energía renovable que asesora a Gastaldi Hermanos.
Además, el Gobierno incentiva la autogeneración con créditos fiscales para compensar IVA o Ganancias. "Eso está dinamizando fuerte la demanda en el sector pyme porque estos certificado pueden representar 30% del valor de la inversión", detalló Romero. El monto del certificado es de $30.000 por kW instalado, hasta un máximo de $2 millones por instalación.
Uno de los proyectos en trámite más grandes es el de la bodega Trivento, ubicada en la localidad mendocina de Maipú. La bodega cuenta con un predio industrial de 80.000 metros cuadrados e instaló una planta fotovoltaica de 270 kW, lo que cubre el 10% de su consumo promedio anual. Calculan que generará un ahorro anual promedio de $1,6 millones.
Según dijo el gerente general de la bodega, Marcos Jofré, "no es un ahorro significativo en términos monetarios, pero aporta a un modelo de negocio que se basa en la sustentabilidad". En la instalación de paneles solares Trivento hizo una inversión de $16 millones y calcula que la recuperará en un plazo de entre nueve y diez años.
Rocsa está ubicada en Parque Avellaneda y fue la primera empresa en conectarse a la distribuidora Edesur. Autoconsume el 60% de la energía que genera con los 12 paneles ubicados en su terraza y pasaron de abonar facturas de $3000 a aproximadamente $1200. "Más allá de la intención de contribuir al medioambiente y ser cada vez más sustentables, las pymes tenemos la motivación extra del aumento de las tarifas", señaló Graciela González, gerenta administrativa de Rocsa, empresa dedicada a las energías renovables que importa generadores italianos con baterías de acumulación.
Si bien es muy difícil calcular el precio de los dispositivos, porque depende de sus características y su potencia, González estima que un equipo para una casa, con batería de acumulación, comienza en US$15.000 y uno sin acumulación de 1,3 kW, en US$1000.
Los empresarios del sector aseguran que en los últimos cinco o seis años fueron bajando los costos de los dispositivos por la mejora de las tecnologías y la ampliación de la oferta. La recuperación de la inversión tiene un período aproximado de seis años y los equipos tienen una vida útil de 25 años.
"Todavía tenemos componente de subsidio en las tarifas, pero el costo eléctrico es muy alto para las pymes. Con esto, como la vida útil son 20, 25 años, te aseguras un gran porcentaje de reducción de consumo eléctrico que lo vas a poder sostener en el tiempo y prácticamente sin mantenimiento", agregó Romero.
Este régimen aplica para las empresas medianas y chicas. Las compañías más grandes están encuadradas dentro de la figura de Grandes Usuarios Habilitados y desde la sanción de la ley 27.191, en 2015, están obligadas a cubrir parte de su demanda eléctrica con energías renovables (el objetivo suscrito en el Acuerdo de París es alcanzar el 20% para 2025). Para cumplir pueden comprarle la "energía limpia" a un generador privado (es el caso de Toyota, Budweiser o Coca-Cola) o pueden autogenerarla, como YPF o Aluar. Otra diferencia es que por por su volumen de consumo, les conviene mucho más recurrir a un parque eólico que a paneles solares.
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Juticia frena explotación agrícola en isla entrerriana
Frenaron definitivamente explotación sojera y maicera en zona de islas protegida
Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde 2008, la multinacional mantenía la explotación ilegal en la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Había intervenido el humedal con un terraplén de 19 kilómetros y un drenaje. Levantó silos y un enorme galpón para sus maquinarias. La máxima instancia judicial entrerriana le bajó el pulgar
La multinacional holandesa Bema Agri comenzó hace años a explotar territorio del humedal del Paraná, más precisamente las islas entrerrianas frente a Rosario y la región, para lo cual intervino con terraplenes, drenajes y rellenos poniendo en serio riesgo al frágil ecosistema insular, regulador del clima en la zona y fuente de biodiversidad. Las denuncias contra la incursión productiva intensiva en un ambiente que no la soporta fueron impulsadas principalmente por organizaciones y colectivos ecologistas. Difusión por redes sociales y algunos medios de comunicación, más presentaciones ante Tribunales, hicieron un ruido que destapó los oídos de las autoridades con jurisdicción en la zona, las de la Municipalidad de Victoria. El Ejecutivo local accionó para que cesara la actividad, ilegal por asentarse en áreas protegidas. Aunque obtuvo un fallo favorable en las primeras instancias, la firma apeló con un recurso que rechazó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Entre Ríos en un dictamen que se conoció este viernes y que pone punto final a la controversia, habilitando la recuperación de los terrenos invadidos.
El STJ entrerriano rechazó por inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por Bema Agri BV. La causa contra la firma holandesa es por la construcción de un muro de contención de 19 kilómetros de extensión en una isla del Delta, en jurisdicción de Victoria. Esa obra se complementa con un canal interior de drenaje, combo de intervenciones destinado a permitir una explotación agropecuaria intensiva.
Una década de ilegalidad y daño ambiental
Bema Agri había construido un dique en campos de islas del departamento Victoria, en la zona de la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Desde 2008 venía realizando prácticas prohibidas: construcción de terraplenes para cercar superficie donde sembró soja y maíz. Allí habían montado una infraestructura con galpones para la maquinari y silos.
La comuna de Victoria ordenó el cese de la actividad, pero la firma recurrió a la Justicia desconociendo la potestad del municipio.
Bema Agri BV se constituyó en la Argentina entre fines de 2005 y principios de 2006. Está inscripta en la Afip como explotador de las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. El gobierno entrerriano la intimó en 2009 a informarle sobre “cualquier actividad que estuviera desarrollando sobre la zona del Delta, debiendo presentar toda documentación habilitante y estudio de impacto ambiental hechos”. La holandesa respondió cuatro años después, en febrero de 2013, para blanquear una “obra de hidráulica de defensa de inundación para producción agrícola con rotación de cultivos y engorde de bovinos bajo sistema tradicional”. Continuó con las dilaciones y las actividades ilegales. Cuando levantó los silos y un enorme galpón, los colectivos ambientalistas renovaron las denuncias, ya con inocultables muestras de las violaciones jurídicas.
Hito en la jurisprudencia ambiental
Jorge Daneri, abogado de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación de La Hendija, calificó la decisión judicial como “un hito central en una jurisprudencia que subraya la necesidad de atender muy especialmente la defensa de los humedales, frente a proyectos de agricultura extensiva o intervenciones inmobiliarias, como sucedió en el Caso Amarras, en Gualeguaychú”.
La causa, de acuerdo a lo que informa el portal Verde, está caratulado “Bema Agri B.V c/ la Municipalidad de Victoria y Estado Provincial (Contencioso Administrativo)”.
La sentencia del máximo organismo judicial ratifica lo resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná en julio de 2018. Entonces, los jueces Marcelo Baridón, Gisela Schumacher y Hugo González Elías no habían admitido la acción promovida por la empresa holandesa, que pretendía desarrollar actividades agrícolas en amplias extensiones con diques y terraplenes. El dato más grave: intervino un Área Natural Protegida por una ordenanza municipal y una ley provincial.
Daneri insistió en que el TSJ ratificó así “una jurisprudencia cada vez más sólida en defensa del sistema de humedales del Delta argentino, que da enorme valor a dos leyes de Áreas Naturales Protegidas Provinciales y a la norma constitucional entrerriana fruto de la reforma de 2008, que salvaguarda el sistema de humedales y sus ecosistemas asociados (leyes 9.485 y 9.718)”.
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Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde 2008, la multinacional mantenía la explotación ilegal en la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Había intervenido el humedal con un terraplén de 19 kilómetros y un drenaje. Levantó silos y un enorme galpón para sus maquinarias. La máxima instancia judicial entrerriana le bajó el pulgar
La multinacional holandesa Bema Agri comenzó hace años a explotar territorio del humedal del Paraná, más precisamente las islas entrerrianas frente a Rosario y la región, para lo cual intervino con terraplenes, drenajes y rellenos poniendo en serio riesgo al frágil ecosistema insular, regulador del clima en la zona y fuente de biodiversidad. Las denuncias contra la incursión productiva intensiva en un ambiente que no la soporta fueron impulsadas principalmente por organizaciones y colectivos ecologistas. Difusión por redes sociales y algunos medios de comunicación, más presentaciones ante Tribunales, hicieron un ruido que destapó los oídos de las autoridades con jurisdicción en la zona, las de la Municipalidad de Victoria. El Ejecutivo local accionó para que cesara la actividad, ilegal por asentarse en áreas protegidas. Aunque obtuvo un fallo favorable en las primeras instancias, la firma apeló con un recurso que rechazó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Entre Ríos en un dictamen que se conoció este viernes y que pone punto final a la controversia, habilitando la recuperación de los terrenos invadidos.
El STJ entrerriano rechazó por inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por Bema Agri BV. La causa contra la firma holandesa es por la construcción de un muro de contención de 19 kilómetros de extensión en una isla del Delta, en jurisdicción de Victoria. Esa obra se complementa con un canal interior de drenaje, combo de intervenciones destinado a permitir una explotación agropecuaria intensiva.
Una década de ilegalidad y daño ambiental
Bema Agri había construido un dique en campos de islas del departamento Victoria, en la zona de la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Desde 2008 venía realizando prácticas prohibidas: construcción de terraplenes para cercar superficie donde sembró soja y maíz. Allí habían montado una infraestructura con galpones para la maquinari y silos.
La comuna de Victoria ordenó el cese de la actividad, pero la firma recurrió a la Justicia desconociendo la potestad del municipio.
Bema Agri BV se constituyó en la Argentina entre fines de 2005 y principios de 2006. Está inscripta en la Afip como explotador de las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. El gobierno entrerriano la intimó en 2009 a informarle sobre “cualquier actividad que estuviera desarrollando sobre la zona del Delta, debiendo presentar toda documentación habilitante y estudio de impacto ambiental hechos”. La holandesa respondió cuatro años después, en febrero de 2013, para blanquear una “obra de hidráulica de defensa de inundación para producción agrícola con rotación de cultivos y engorde de bovinos bajo sistema tradicional”. Continuó con las dilaciones y las actividades ilegales. Cuando levantó los silos y un enorme galpón, los colectivos ambientalistas renovaron las denuncias, ya con inocultables muestras de las violaciones jurídicas.
Hito en la jurisprudencia ambiental
Jorge Daneri, abogado de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación de La Hendija, calificó la decisión judicial como “un hito central en una jurisprudencia que subraya la necesidad de atender muy especialmente la defensa de los humedales, frente a proyectos de agricultura extensiva o intervenciones inmobiliarias, como sucedió en el Caso Amarras, en Gualeguaychú”.
La causa, de acuerdo a lo que informa el portal Verde, está caratulado “Bema Agri B.V c/ la Municipalidad de Victoria y Estado Provincial (Contencioso Administrativo)”.
La sentencia del máximo organismo judicial ratifica lo resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná en julio de 2018. Entonces, los jueces Marcelo Baridón, Gisela Schumacher y Hugo González Elías no habían admitido la acción promovida por la empresa holandesa, que pretendía desarrollar actividades agrícolas en amplias extensiones con diques y terraplenes. El dato más grave: intervino un Área Natural Protegida por una ordenanza municipal y una ley provincial.
Daneri insistió en que el TSJ ratificó así “una jurisprudencia cada vez más sólida en defensa del sistema de humedales del Delta argentino, que da enorme valor a dos leyes de Áreas Naturales Protegidas Provinciales y a la norma constitucional entrerriana fruto de la reforma de 2008, que salvaguarda el sistema de humedales y sus ecosistemas asociados (leyes 9.485 y 9.718)”.
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Intentan controlar al visón americano
Buscan detener el avance del visón americano, el terror de la fauna patagónica
Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Santa Cruz
Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Santa Cruz
Un proyecto de control del visón americano para conservar y proteger al pato de los torrentes, especie ícono de la ciudad santacruceña de El Chaltén y en riesgo de extinción, no consigue la captura del animal y las crecidas por el deshielo se llevaron y destruyeron varias de las trampas balsa activadas en el río Las Vueltas.
"Estamos aprendiendo sobre esta nueva cuenca porque la experiencia que tenemos es en el Parque Nacional Patagonia, donde los ríos se comportan totalmente distinto, por lo que estamos evaluando para el año que viene, quizá en los momentos de deshielo, levantar las trampas y cuando el río se acomoda volver a colocarlas", dijo a Télam Ernesto Juan, biólogo y director regional Patagonia Austral de Parques Nacionales.
El doctor en Biología presentó las novedades del proyecto en el Centro de Informes de Parques Nacionales en El Calafate ante guías de turismo y la comunidad en general "para que conozcan, colaboren y nos puedan avisar si ven visones en otros lugares, porque en el sur del Parque no tenemos registro pero no quiere decir que no haya", dijo.
Exterminio de la plaga
"Se trata de hacer la difusión del proyecto de control del visón americano, contar por qué decidimos sacrificar a estos animales, la manera en que lo vamos a hacer, que no lo vamos a hacer sufrir, para que los guías y la comunidad se involucren y colaboren" señaló.
Juan contó a esta agencia que desde que fueron activadas unas 86 trampas balsa en los cien kilómetros de extensión del río Las Vueltas, hasta su desembocadura en el Lago del Desierto, no se han producido capturas del visón americano, si bien el animal defecó en los dispositivos.
"Estos animales son bastante desconfiados, entonces cuesta encontrar el cebo más óptimo para estos lugares, ya que en el Patagonia andaba muy bien la carne de vaca y acá estamos viendo que no es lo más atractivo para ellos y evaluamos utilizar chinuk, este pez exótico, para llevar los animales", agregó.
Juan rescató que "la comunidad de El Chaltén se prendió muchísimo, está colaborando mucho, hay mucho voluntario colaborando con el proyecto".
El especialista anunció además para el mes de diciembre un censo de pato de los torrentes, que está relacionado con este proyecto, ya que uno de los objetivos es conservar y proteger las poblaciones de la especie.
"El Chaltén viene realizando un censo en febrero y marzo y lo que planteamos a partir de este año es hacer también uno en diciembre, porque es donde están los pichones y podés ver cómo va evolucionando la cría, si se la predan en el camino o no, y conocer cuáles son las áreas que utiliza para anidar y tener a su cría", explicó Juan.
El proyecto de control de visón americano en El Chaltén es parte del desarrollo de una estrategia nacional para abordar la problemática de las especies exóticas invasoras, que lleva adelante la Secretaría de Ambiente de Nación.
En Santa Cruz corresponde a la extensión de una experiencia que Aves Argentinas realiza con el visón americano desde hace diez años en el Parque Patagonia, donde el visón americano es una de las principales amenazas que tiene el macá tobiano en sus áreas de reproducción.
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Neuquén: quieren modificar ley de Bosques para más loteos
La nueva ley de Bosques habilitará loteos en nueve áreas de montaña de Neuquén
Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Organizaciones socioambientales cuestionaron los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo y advirtieron que libera zonas de cerro Bayo y Chapelco para desarrollos inmobiliarios. El oficialismo busca aprobarlo en los primeros días de diciembre.
El proyecto de modificación de la ley de Bosques que presentó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, habilitará la transformación de al menos nueve puntos clave en San Martín de los Andes y Villa La Angostura que ahora podrían ser explotados con fines inmobiliarios. Esa es la conclusión de las organizaciones socioambientales que participaron de los talleres para la actualización de la ley 2780 y que denuncian una “desprotección” de las zonas montañosas.
Si bien los cuatro mapas que el gobierno adjuntó al proyecto para su análisis en la Legislatura no permiten distinguir en detalle la afectación por localidad, en los presentados en los talleres de San Martín y La Angostura se pueden comparar los cambios propuestos en las categorías de riesgo.
Según planteó uno de los integrantes de la asamblea socioambiental de San Martín de los Andes, Marcelo Fernández, con estos cambios, de las 140 hectáreas en el cerro Chapelco pasarían a verde “las 75 hectáreas que están más abajo, pegadas al Complejo Las Pendientes”. Cuestionó que “el espíritu de la ley permite aumentar el status de conservación, no bajarlo”.
Ayer también se pronunció la seccional Sur de ATE a través de un comunicado en el que manifestaron su “repudio y rechazo” al proyecto. Denunciaron que intenta “modificar las restricciones que la norma establece para el avance del negocio inmobiliario en Chapelco y Cerro Bayo al cambiar las categorías de preservación”.
Según el proyecto presentado por Gutiérrez, la cobertura total de superficie de bosque nativo cuando se aprobó la ley en 2012 era de 543.917 hectáreas, número que subió a 594.628 en el nuevo proyecto. La categoría que más hectáreas incorporó fue la de color rojo, cuyo incrementó sería del 86%. Sin embargo, también lo hizo la verde, de menor protección, que se elevó por encima del 43%. En cambio, la amarilla cayó un 33%.
Eso es, en parte, porque la ley vigente contenía algunas categorías “intermedias” como la naranja y amarillo urbano que fueron eliminadas. Los opositores al proyecto indicaron también que unas 900 hectáreas quedaron sin categoría y, por tanto, “desprotegidas”.
El objetivo del oficialismo es aprobar la modificación de la ley de Bosques en las sesiones del 4 y 5 de diciembre, las últimas del año. El miércoles, los diputados del Movimiento Popular Neuquino lograron aprobar una moción de preferencia para apurar su tratamiento, lo que generó críticas de casi todo el arco opositor por querer forzar un debate “exprés” para una norma de alta complejidad.
El proyecto deberá pasar por la comisión de Medio Ambiente el próximo miércoles, donde el MPN sólo tiene asegurados siete de los ocho votos que necesita para emitir despacho.
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Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Organizaciones socioambientales cuestionaron los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo y advirtieron que libera zonas de cerro Bayo y Chapelco para desarrollos inmobiliarios. El oficialismo busca aprobarlo en los primeros días de diciembre.
El proyecto de modificación de la ley de Bosques que presentó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, habilitará la transformación de al menos nueve puntos clave en San Martín de los Andes y Villa La Angostura que ahora podrían ser explotados con fines inmobiliarios. Esa es la conclusión de las organizaciones socioambientales que participaron de los talleres para la actualización de la ley 2780 y que denuncian una “desprotección” de las zonas montañosas.
Si bien los cuatro mapas que el gobierno adjuntó al proyecto para su análisis en la Legislatura no permiten distinguir en detalle la afectación por localidad, en los presentados en los talleres de San Martín y La Angostura se pueden comparar los cambios propuestos en las categorías de riesgo.
Según planteó uno de los integrantes de la asamblea socioambiental de San Martín de los Andes, Marcelo Fernández, con estos cambios, de las 140 hectáreas en el cerro Chapelco pasarían a verde “las 75 hectáreas que están más abajo, pegadas al Complejo Las Pendientes”. Cuestionó que “el espíritu de la ley permite aumentar el status de conservación, no bajarlo”.
Ayer también se pronunció la seccional Sur de ATE a través de un comunicado en el que manifestaron su “repudio y rechazo” al proyecto. Denunciaron que intenta “modificar las restricciones que la norma establece para el avance del negocio inmobiliario en Chapelco y Cerro Bayo al cambiar las categorías de preservación”.
Según el proyecto presentado por Gutiérrez, la cobertura total de superficie de bosque nativo cuando se aprobó la ley en 2012 era de 543.917 hectáreas, número que subió a 594.628 en el nuevo proyecto. La categoría que más hectáreas incorporó fue la de color rojo, cuyo incrementó sería del 86%. Sin embargo, también lo hizo la verde, de menor protección, que se elevó por encima del 43%. En cambio, la amarilla cayó un 33%.
Eso es, en parte, porque la ley vigente contenía algunas categorías “intermedias” como la naranja y amarillo urbano que fueron eliminadas. Los opositores al proyecto indicaron también que unas 900 hectáreas quedaron sin categoría y, por tanto, “desprotegidas”.
El objetivo del oficialismo es aprobar la modificación de la ley de Bosques en las sesiones del 4 y 5 de diciembre, las últimas del año. El miércoles, los diputados del Movimiento Popular Neuquino lograron aprobar una moción de preferencia para apurar su tratamiento, lo que generó críticas de casi todo el arco opositor por querer forzar un debate “exprés” para una norma de alta complejidad.
El proyecto deberá pasar por la comisión de Medio Ambiente el próximo miércoles, donde el MPN sólo tiene asegurados siete de los ocho votos que necesita para emitir despacho.
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Argentina y la próxima COP de cambio climático
El cambio climático y la agenda socioambiental de la Argentina
Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El cambio climático es el problema socioambiental de mayor resonancia mundial ya que afecta a todas las regiones. Tiene fuertes relaciones con la desigualdad social y su solución requiere del esfuerzo colectivo internacional. Existen abundantes evidencias científicas de su impacto local, así como también del papel no despreciable que tiene nuestro país en contribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero que lo producen.
La ciudad de Madrid será, entre el 2 y el 13 de diciembre, sede de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llamada COP25. Teniendo en cuenta la crisis económica que afecta a la Argentina y el cambio de gobierno inminente, así como la grave situación social y de gobernabilidad que sufren algunos de los países de nuestra región, los debates que se den en la COP25 pueden llegar a verse como alejados o en un plano secundario. Sin embargo, un análisis más profundo nos muestra que la vinculación de los problemas sociales con los ambientales y la articulación entre las políticas nacionales e internacionales pueden facilitar el camino para lograr el bienestar de nuestro país.
Argentina tiene una larga historia en participar en las discusiones multilaterales sobre el tema y, como firmante del Acuerdo de París, se ha comprometido a contribuir a su solución. En este contexto, la COP25 tratará temas relevantes para el desarrollo económico y social de Argentina. Los acuerdos que se logren sobre los mecanismos para promover la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en un esquema donde todos contribuimos con la solución, podrían permitir soluciones más costo-efectivas para los países, incluyendo Argentina. Aunque esos acuerdos internacionales tienen que reconocer las responsabilidades, capacidades y circunstancias nacionales, evitando que la carga recaiga de modo desproporcionado sobre ciertos sectores, especialmente en países en desarrollo.
La COP25 revisará también los mecanismos sobre las pérdidas y daños asociados con los efectos adversos del cambio climático y discutirá sobre el Fondo de Adaptación, que contribuye a que los países en desarrollo puedan progresar en sus planes y acciones de adaptación. Los eventos especiales de la COP25 sobre agricultura, energía, transporte, bosques pueden tener también relevancia en el desarrollo local. Sería deseable, entonces, que la transición hacia el nuevo gobierno nacional contemple la participación en la COP25 a la vez que considere el fortalecimiento de la gestión del ambiente, cambio climático y desarrollo sustentable.
Es posible lograr el desarrollo económico nacional teniendo en cuenta las dimensiones sociales y ambientales, e integrando las políticas al contexto internacional. Necesitamos contar con políticas nacionales transversales que definan horizontes a corto, mediano y largo plazo que permitan alcanzar el bienestar social, en armonía con la naturaleza, incluyendo la solución al cambio climático. Esto implica la transición hacia una economía inclusiva y menos dependiente de los recursos naturales, que promueva el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones; la transición a un sistema agrícola-ganadero ambientalmente sustentable y socialmente equitativo; la transición a centros urbanos incluyentes, habitables, justos y sustentables; y la transición a un sector energético ambientalmente sustentable.
Esos nuevos horizontes comunes requieren de una fuerte articulación entre los gobiernos e instituciones de nivel municipal, provincial y nacional, así como del diálogo entre los sectores público y privado, con amplia participación ciudadana. De la construcción e integración de esos lazos dependerá su éxito.
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Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El cambio climático es el problema socioambiental de mayor resonancia mundial ya que afecta a todas las regiones. Tiene fuertes relaciones con la desigualdad social y su solución requiere del esfuerzo colectivo internacional. Existen abundantes evidencias científicas de su impacto local, así como también del papel no despreciable que tiene nuestro país en contribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero que lo producen.
La ciudad de Madrid será, entre el 2 y el 13 de diciembre, sede de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llamada COP25. Teniendo en cuenta la crisis económica que afecta a la Argentina y el cambio de gobierno inminente, así como la grave situación social y de gobernabilidad que sufren algunos de los países de nuestra región, los debates que se den en la COP25 pueden llegar a verse como alejados o en un plano secundario. Sin embargo, un análisis más profundo nos muestra que la vinculación de los problemas sociales con los ambientales y la articulación entre las políticas nacionales e internacionales pueden facilitar el camino para lograr el bienestar de nuestro país.
Argentina tiene una larga historia en participar en las discusiones multilaterales sobre el tema y, como firmante del Acuerdo de París, se ha comprometido a contribuir a su solución. En este contexto, la COP25 tratará temas relevantes para el desarrollo económico y social de Argentina. Los acuerdos que se logren sobre los mecanismos para promover la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en un esquema donde todos contribuimos con la solución, podrían permitir soluciones más costo-efectivas para los países, incluyendo Argentina. Aunque esos acuerdos internacionales tienen que reconocer las responsabilidades, capacidades y circunstancias nacionales, evitando que la carga recaiga de modo desproporcionado sobre ciertos sectores, especialmente en países en desarrollo.
La COP25 revisará también los mecanismos sobre las pérdidas y daños asociados con los efectos adversos del cambio climático y discutirá sobre el Fondo de Adaptación, que contribuye a que los países en desarrollo puedan progresar en sus planes y acciones de adaptación. Los eventos especiales de la COP25 sobre agricultura, energía, transporte, bosques pueden tener también relevancia en el desarrollo local. Sería deseable, entonces, que la transición hacia el nuevo gobierno nacional contemple la participación en la COP25 a la vez que considere el fortalecimiento de la gestión del ambiente, cambio climático y desarrollo sustentable.
Es posible lograr el desarrollo económico nacional teniendo en cuenta las dimensiones sociales y ambientales, e integrando las políticas al contexto internacional. Necesitamos contar con políticas nacionales transversales que definan horizontes a corto, mediano y largo plazo que permitan alcanzar el bienestar social, en armonía con la naturaleza, incluyendo la solución al cambio climático. Esto implica la transición hacia una economía inclusiva y menos dependiente de los recursos naturales, que promueva el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones; la transición a un sistema agrícola-ganadero ambientalmente sustentable y socialmente equitativo; la transición a centros urbanos incluyentes, habitables, justos y sustentables; y la transición a un sector energético ambientalmente sustentable.
Esos nuevos horizontes comunes requieren de una fuerte articulación entre los gobiernos e instituciones de nivel municipal, provincial y nacional, así como del diálogo entre los sectores público y privado, con amplia participación ciudadana. De la construcción e integración de esos lazos dependerá su éxito.
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