Mercurio: cuestionan a OSM por la información
21:28 | 
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Mercurio: cuestionan a OSM por la información
Fecha de Publicación: 23/04/2010
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, reconoció que no se comunicó correctamente a la población la razón y los efectos del corte del pasado viernes y cuestionó a la empresa por no haber designado a un vocero que explicara claramente la situación.
Tras la reunión que mantuvo ayer con diputados de la comisión de Derechos y Garantías, el secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, reconoció que no se comunicó correctamente a la población la razón y los efectos del corte del pasado viernes, producto del hallazgo de mercurio en el agua potable.
En ese sentido, cuestionó a Obras Sanitarias por no haber designado a un vocero que explicara claramente la situación. Esta declaración apuntó a contestar al diputado Diego Arenas (PD), quien había dicho que hubo un mal manejo de la información.
Por otro lado, Javier Montoro, titular del EPAS, admitió que la situación los sobrepasó, pero que "se está trabajando con todas las organizaciones que formaron parte de este comité de crisis para nombrar un vocero oficial que sea el responsable de proveer información precisa y concreta para que todos estén bien informados".
Con respecto a la suspensión preventiva de la firma Keghart, Carmona aclaró: "Los indicios por los que tomamos esta medida no tienen que ver con los antecedentes de la empresa sino con que las bocas del colector cloacal con alta presencia de mercurio se encontraron en su predio. Por lo tanto, por acción o por omisión, esta firma tiene que dar explicaciones".
Asimismo, manifestó que "si fue por acción, la fábrica pudo haber vertido la sustancia en lugares no permitidos, hecho aún no confirmado. Si fue por omisión, podrían haber sido terceros, pero con conocimiento por parte de la empresa ya que el vertido se habría dado en reiteradas ocasiones. Si se ha incurrido por omisión, juega el criterio que se denomina ?culpa in vigilando'; es decir, el propietario tiene que dar explicaciones del por qué no ha denunciado una situación que ha sido evidente".
Cuando se le consultó por las sanciones para los culpables, Carmona anticipó que se adoptarán las resoluciones oportunas cuando se cuente con todos los elementos de la investigación.
Fecha de Publicación: 23/04/2010
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, reconoció que no se comunicó correctamente a la población la razón y los efectos del corte del pasado viernes y cuestionó a la empresa por no haber designado a un vocero que explicara claramente la situación.
Tras la reunión que mantuvo ayer con diputados de la comisión de Derechos y Garantías, el secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, reconoció que no se comunicó correctamente a la población la razón y los efectos del corte del pasado viernes, producto del hallazgo de mercurio en el agua potable.
En ese sentido, cuestionó a Obras Sanitarias por no haber designado a un vocero que explicara claramente la situación. Esta declaración apuntó a contestar al diputado Diego Arenas (PD), quien había dicho que hubo un mal manejo de la información.
Por otro lado, Javier Montoro, titular del EPAS, admitió que la situación los sobrepasó, pero que "se está trabajando con todas las organizaciones que formaron parte de este comité de crisis para nombrar un vocero oficial que sea el responsable de proveer información precisa y concreta para que todos estén bien informados".
Con respecto a la suspensión preventiva de la firma Keghart, Carmona aclaró: "Los indicios por los que tomamos esta medida no tienen que ver con los antecedentes de la empresa sino con que las bocas del colector cloacal con alta presencia de mercurio se encontraron en su predio. Por lo tanto, por acción o por omisión, esta firma tiene que dar explicaciones".
Asimismo, manifestó que "si fue por acción, la fábrica pudo haber vertido la sustancia en lugares no permitidos, hecho aún no confirmado. Si fue por omisión, podrían haber sido terceros, pero con conocimiento por parte de la empresa ya que el vertido se habría dado en reiteradas ocasiones. Si se ha incurrido por omisión, juega el criterio que se denomina ?culpa in vigilando'; es decir, el propietario tiene que dar explicaciones del por qué no ha denunciado una situación que ha sido evidente".
Cuando se le consultó por las sanciones para los culpables, Carmona anticipó que se adoptarán las resoluciones oportunas cuando se cuente con todos los elementos de la investigación.
Cumbre de presidentes por Botnia
Cumbre de presidentes por Botnia
Fecha de Publicación: 22/04/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Cristina Kirchner recibirá el miércoles próximo a Mujica con la idea de encauzar la relación y buscar una solución a las protestas
Con la definición de la Corte de La Haya sobre la mesa, Cristina Kirchner y José "Pepe" Mujica se reunirán el miércoles próximo para comenzar a destrabar el conflicto bilateral. El eje de la negociación será apuntar a conseguir el levantamiento del corte de ruta en Gualeguaychú, el principal escollo que quedó tras la sentencia de anteayer del tribunal internacional.
La cumbre presidencial se hará en la quinta de Olivos, a las 16, con la participación también de los cancilleres Jorge Taiana y Luis Almagro.
La fecha para la reunión no fue casual. Según contaron altas fuentes oficiales a LA NACION, ambas administraciones quisieron esperar que pase el domingo, día en el que se hará una nueva marcha de la asamblea ambiental que permanece con el corte del puente internacional, para testear la reacción de los manifestantes.
Después del fallo, en Gualeguaychú se reavivaron las voces favorables a liberar el camino (ver aparte).
La idea oficial del encuentro entre Cristina Kirchner y Mujica es avanzar en reforzar el vínculo bilateral, dañado hasta el extremo durante el conflicto por la instalación de la papelera Botnia. Según dijeron en la Casa Rosada, la reunión entre ambos presidentes será un "gesto" hacia los ambientalistas, una suerte de demostración de que ambos gobiernos dieron por superadas las diferencias. Una foto que ambos pretenden que, con el tiempo, los manifestantes imiten.
Ayer, en Montevideo, el canciller uruguayo sostuvo que el corte del puente fronterizo "estará en la agenda´´ de reuniones, pero advirtió que se manejará con "tranquilidad y prudencia".
Una de las preocupaciones centrales del gobierno argentino es evitar un rebrote en los ánimos de los asambleístas, que reaccionaron con dureza ante el fallo que anteayer dispuso que el país vecino había violado el tratado conjunto del río Uruguay al autorizar la instalación de la pastera, pero determinó que no había razones para relocalizar o desmantelar la planta.
Fecha de Publicación: 22/04/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Cristina Kirchner recibirá el miércoles próximo a Mujica con la idea de encauzar la relación y buscar una solución a las protestas
Con la definición de la Corte de La Haya sobre la mesa, Cristina Kirchner y José "Pepe" Mujica se reunirán el miércoles próximo para comenzar a destrabar el conflicto bilateral. El eje de la negociación será apuntar a conseguir el levantamiento del corte de ruta en Gualeguaychú, el principal escollo que quedó tras la sentencia de anteayer del tribunal internacional.
La cumbre presidencial se hará en la quinta de Olivos, a las 16, con la participación también de los cancilleres Jorge Taiana y Luis Almagro.
La fecha para la reunión no fue casual. Según contaron altas fuentes oficiales a LA NACION, ambas administraciones quisieron esperar que pase el domingo, día en el que se hará una nueva marcha de la asamblea ambiental que permanece con el corte del puente internacional, para testear la reacción de los manifestantes.
Después del fallo, en Gualeguaychú se reavivaron las voces favorables a liberar el camino (ver aparte).
La idea oficial del encuentro entre Cristina Kirchner y Mujica es avanzar en reforzar el vínculo bilateral, dañado hasta el extremo durante el conflicto por la instalación de la papelera Botnia. Según dijeron en la Casa Rosada, la reunión entre ambos presidentes será un "gesto" hacia los ambientalistas, una suerte de demostración de que ambos gobiernos dieron por superadas las diferencias. Una foto que ambos pretenden que, con el tiempo, los manifestantes imiten.
Ayer, en Montevideo, el canciller uruguayo sostuvo que el corte del puente fronterizo "estará en la agenda´´ de reuniones, pero advirtió que se manejará con "tranquilidad y prudencia".
Una de las preocupaciones centrales del gobierno argentino es evitar un rebrote en los ánimos de los asambleístas, que reaccionaron con dureza ante el fallo que anteayer dispuso que el país vecino había violado el tratado conjunto del río Uruguay al autorizar la instalación de la pastera, pero determinó que no había razones para relocalizar o desmantelar la planta.
Derecho campesinos en el Día de la Tierra
Día Mundial de la Tierra: buscan reflexionar sobre los derechos de los campesinos
Fecha de Publicación: 22/04/2010
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
En todo el mundo se recuerda hoy la marcha de miles de personas en Estados Unidos en 1.970 para reclamar la creación de organismos de control en el cuidado del medio ambiente. La fecha fue instaurada como el Día Mundial de la Tierra y en 2000 en la sede de la Unesco en Paris, se aprobó la versión final de la Carta de la Tierra, que se basa en cuatro principios fundamentales: respeto y cuidado de la vida; integridad ecológica; democracia, no violencia y paz; justicia social y económica. Este último principio especifica que se debe erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.
Diez años después, en muchas regiones del mundo es irrisorio y hasta impensado trabajar en el cuidado del medio del ambiente cuando ni siquiera es respetado el hábitat del hombre. El panorama en la provincia de Corrientes no es muy diferente, según lo señalan los primeros relevamientos realizados por la Mesa Provincial de Tierras.
Este grupo de trabajo, conformado hace un año, está integrada por Caritas Diocesana Corrientes; la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación; Instituto de Cultura Popular (Incupo); Foro Provincial de la Agricultura Familiar; Asociación Provincial de Pequeños Productores Correntinos y la Asociación Correntina de Desarrollo Humano, Agropecuario y Agroindustrial Juan XXIII.
La intención inicial fue reflexionar e instalar la problemática de la tenencia de la tierra, hacer visible los conflictos que ella genera, creando conciencia en las familias de pequeños productores rurales, como también a los técnicos que acompañan a este sector en distintos puntos de la provincia. En sus inicios, esta entidad se abocó a la tarea de hacer conocer a los campesinos los derechos que poseen respecto a la tierra, a través de capacitaciones. En una segunda etapa, se buscará hacer visible esta situación a la sociedad en su conjunto.
Corrientes posee una ley de colonización que data de 1974, Ley 3228, que si bien tiene institutos interesantes, se encuentra desactualizada según aseguran desde la Mesa. Remarcan también que la ley ha sufrido reformas que han provocado cambios sustanciales en la misma, la más importante es la desaparición del Instituto de Colonización y su reemplazo por una Gerencia de Tierras Fiscales e Islas que funciona dentro del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa).
Los perjudicados son los agricultores familiares que, básicamente, son productores de alimentos para autosustento y, por lo general, es donde también están radicados junto a sus familias. Sin embargo a pesar de la voluntad de la mayor parte de ellos de seguir habitando el campo, hay dos factores que gravitan sobre esa continuidad: la concentración de grandes zonas en pocas manos y la escasa cantidad de tierra que las familias campesinas poseen para seguir produciendo y ampliar su capacidad de producción.
La expulsión del agricultor familiar, con el consecuente despoblamiento de las zonas rurales, afecta no solo la economía de las familias campesinas sino que además generan un problema social de dimensiones al sobrepoblar estas ciudades que carecen de capacidad para recibirlos. Esta situación genera más pobreza, marginación, inseguridad y condiciones indignas de vida para muchos de sus habitantes.
Fecha de Publicación: 22/04/2010
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
En todo el mundo se recuerda hoy la marcha de miles de personas en Estados Unidos en 1.970 para reclamar la creación de organismos de control en el cuidado del medio ambiente. La fecha fue instaurada como el Día Mundial de la Tierra y en 2000 en la sede de la Unesco en Paris, se aprobó la versión final de la Carta de la Tierra, que se basa en cuatro principios fundamentales: respeto y cuidado de la vida; integridad ecológica; democracia, no violencia y paz; justicia social y económica. Este último principio especifica que se debe erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.
Diez años después, en muchas regiones del mundo es irrisorio y hasta impensado trabajar en el cuidado del medio del ambiente cuando ni siquiera es respetado el hábitat del hombre. El panorama en la provincia de Corrientes no es muy diferente, según lo señalan los primeros relevamientos realizados por la Mesa Provincial de Tierras.
Este grupo de trabajo, conformado hace un año, está integrada por Caritas Diocesana Corrientes; la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación; Instituto de Cultura Popular (Incupo); Foro Provincial de la Agricultura Familiar; Asociación Provincial de Pequeños Productores Correntinos y la Asociación Correntina de Desarrollo Humano, Agropecuario y Agroindustrial Juan XXIII.
La intención inicial fue reflexionar e instalar la problemática de la tenencia de la tierra, hacer visible los conflictos que ella genera, creando conciencia en las familias de pequeños productores rurales, como también a los técnicos que acompañan a este sector en distintos puntos de la provincia. En sus inicios, esta entidad se abocó a la tarea de hacer conocer a los campesinos los derechos que poseen respecto a la tierra, a través de capacitaciones. En una segunda etapa, se buscará hacer visible esta situación a la sociedad en su conjunto.
Corrientes posee una ley de colonización que data de 1974, Ley 3228, que si bien tiene institutos interesantes, se encuentra desactualizada según aseguran desde la Mesa. Remarcan también que la ley ha sufrido reformas que han provocado cambios sustanciales en la misma, la más importante es la desaparición del Instituto de Colonización y su reemplazo por una Gerencia de Tierras Fiscales e Islas que funciona dentro del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa).
Los perjudicados son los agricultores familiares que, básicamente, son productores de alimentos para autosustento y, por lo general, es donde también están radicados junto a sus familias. Sin embargo a pesar de la voluntad de la mayor parte de ellos de seguir habitando el campo, hay dos factores que gravitan sobre esa continuidad: la concentración de grandes zonas en pocas manos y la escasa cantidad de tierra que las familias campesinas poseen para seguir produciendo y ampliar su capacidad de producción.
La expulsión del agricultor familiar, con el consecuente despoblamiento de las zonas rurales, afecta no solo la economía de las familias campesinas sino que además generan un problema social de dimensiones al sobrepoblar estas ciudades que carecen de capacidad para recibirlos. Esta situación genera más pobreza, marginación, inseguridad y condiciones indignas de vida para muchos de sus habitantes.
Delitos ambientales como de lesa humanidad
“Los delitos ambientales deben ser considerados delitos de lesa humanidad"
Fecha de Publicación: 21/04/2010
Fuente: Maraustralis
Provincia/Región: Nacional
El diputado nacional del GEN, Horacio Alcuaz, se comprometió hoy a impulsar junto al resto de sus colegas una nueva legislación que establezca como “delitos de lesa humanidad” los delitos ambientales ocasionados por las minas a cielo abierto en todo el país.
Alcuaz integró la semana pasada la delegación de diputados nacionales que visitaron la ciudad catamarqueña de Andalgalá, cuyos habitantes hace sesenta días fueron reprimidos por la policía cuando se manifestaban en contra de la instalación de un nuevo emprendimiento mega-minero a cielo abierto a cargo de la Yamana Gold, conocido como “Agua Rica”.
Los delegación estuvo integrada por Victoria Donda y Verónica Benas de Proyecto Sur, Fernanda Reyes, Elsa "Tata" Quiroz, Héctor "Toti" Flores y Susana García, de la Coalición Cívica y Alcuaz.
“Junto al resto de los diputados nos comprometimos además a impulsar un nuevo código minero que restringa la instalación de minas a cielo abierto en todo el país”, declaró Alcuaz.
Los diputados también denunciaron en Catamarca la inacción judicial en la causa que investiga las responsabilidades políticas y policiales en la feroz represión del 15 de febrero por lo que también acordaron en impulsar una ley que despenalice las causas judiciales originadas en luchas populares.
Fecha de Publicación: 21/04/2010
Fuente: Maraustralis
Provincia/Región: Nacional
El diputado nacional del GEN, Horacio Alcuaz, se comprometió hoy a impulsar junto al resto de sus colegas una nueva legislación que establezca como “delitos de lesa humanidad” los delitos ambientales ocasionados por las minas a cielo abierto en todo el país.
Alcuaz integró la semana pasada la delegación de diputados nacionales que visitaron la ciudad catamarqueña de Andalgalá, cuyos habitantes hace sesenta días fueron reprimidos por la policía cuando se manifestaban en contra de la instalación de un nuevo emprendimiento mega-minero a cielo abierto a cargo de la Yamana Gold, conocido como “Agua Rica”.
Los delegación estuvo integrada por Victoria Donda y Verónica Benas de Proyecto Sur, Fernanda Reyes, Elsa "Tata" Quiroz, Héctor "Toti" Flores y Susana García, de la Coalición Cívica y Alcuaz.
“Junto al resto de los diputados nos comprometimos además a impulsar un nuevo código minero que restringa la instalación de minas a cielo abierto en todo el país”, declaró Alcuaz.
Los diputados también denunciaron en Catamarca la inacción judicial en la causa que investiga las responsabilidades políticas y policiales en la feroz represión del 15 de febrero por lo que también acordaron en impulsar una ley que despenalice las causas judiciales originadas en luchas populares.
La Corte Suprema recibe a pueblos originarios
La Corte Suprema recibe a pueblos originarios
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Nacional
La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibirá este miércoles a dirigentes indígenas del norte argentino. El desmonte en Salta y el genocidio étnico en el Chaco serán los temas de la entrevista.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibirá este miércoles, a las 17, a referentes indígenas de norte argentino. El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, escuchará a siete delegados de los pueblos originarios. Entre los temas a tratar sobresalen el desmonte ilegal en Salta y el genocidio étnico en el Impenetrable chaqueño, ambos casos donde el máximo tribunal tuvo intervención directa. El encuentro se da en el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, que lleva como lema “Somos vida, somos tierra, queremos Justicia”.
“Se demuestra una excesiva lentitud en la resolución de los procesos judiciales y administrativos y avanza una creciente persecución y criminalización a los dirigentes, organizaciones indígenas e instituciones que acompañan los reclamos”, denuncia la declaración de los Pueblos Indígenas del Chaco Americano, difundida hoy y que también será compartida con la Corte Suprema de Justicia.
En diciembre de 2008, y luego de una presentación judicial de comunidades indígenas y organizaciones campesinas, la Corte Suprema ordenó el cese de desmontes en cuatro departamentos de Salta (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria). A pesar de esa prohibición, las mismas comunidades alertaron en diciembre pasado sobre la continuidad de la deforestación. Aportaron imágenes satelitales donde se demostraban más de 9000 hectáreas arrasadas.
En marzo de 2009, la Corte había afirmado que los desmontes “configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima de la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible”.
La Corte Suprema también intervino en la situación socio-sanitaria de los pueblos indígenas del Chaco. En agosto de 2007, la Defensoría del Pueblo de la Nación demandó al estado provincial y nacional por el “exterminio de comunidades tobas, y la vulneración permanente y sistemática de sus derechos humanos básicos”. A mediados de septiembre de ese año, y en un hecho inédito, la Corte ordenó a Provincia y Nación atender la situación de urgencia de las comunidades.
Los tres pueblos indígenas con presencia en Chaco (Toba, Wichi y Mocoví) vinculan la situación social y sanitaria a la falta de tierras y a los desmontes. Sobre diez millones de hectáreas que tiene la provincia, contaba con 3,5 millones de hectáreas fiscales, casi su totalidad en los departamentos de Almirante Brown y Güemes, el Impenetrable chaqueña, zona con histórica presencia indígena y donde focalizó su denuncia la Defensoría del Pueblo. Según organizaciones sociales de la provincia, entre 1995 y 2005, los sucesivos gobiernos provinciales vendieron 1,7 millones de hectáreas (el 49 por ciento de las tierras fiscales).
El desmonte en Salta y el estado sanitario en Chaco son los dos casos que lograron fallo favorable de la Corte Suprema, y son también casos testigos de problemáticas que se repiten en toda la región del Chaco Sudamericano.
La visita de comunidades originarias a la Corte Suprema se da en el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, una actividad trinacional que se desarrolla en forma alternada en Argentina, Bolivia y Paraguay. Surgió como un espacio para reflexionar y dar visibilidad a los derechos y a las expresiones culturales de los indígenas del Gran Chaco Americano, que abarca un millón de kilómetros cuadrados de Argentina, Bolivia y Paraguay y es la región donde viven 380.000 indígenas.
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Nacional
La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibirá este miércoles a dirigentes indígenas del norte argentino. El desmonte en Salta y el genocidio étnico en el Chaco serán los temas de la entrevista.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibirá este miércoles, a las 17, a referentes indígenas de norte argentino. El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, escuchará a siete delegados de los pueblos originarios. Entre los temas a tratar sobresalen el desmonte ilegal en Salta y el genocidio étnico en el Impenetrable chaqueño, ambos casos donde el máximo tribunal tuvo intervención directa. El encuentro se da en el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, que lleva como lema “Somos vida, somos tierra, queremos Justicia”.
“Se demuestra una excesiva lentitud en la resolución de los procesos judiciales y administrativos y avanza una creciente persecución y criminalización a los dirigentes, organizaciones indígenas e instituciones que acompañan los reclamos”, denuncia la declaración de los Pueblos Indígenas del Chaco Americano, difundida hoy y que también será compartida con la Corte Suprema de Justicia.
En diciembre de 2008, y luego de una presentación judicial de comunidades indígenas y organizaciones campesinas, la Corte Suprema ordenó el cese de desmontes en cuatro departamentos de Salta (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria). A pesar de esa prohibición, las mismas comunidades alertaron en diciembre pasado sobre la continuidad de la deforestación. Aportaron imágenes satelitales donde se demostraban más de 9000 hectáreas arrasadas.
En marzo de 2009, la Corte había afirmado que los desmontes “configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima de la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible”.
La Corte Suprema también intervino en la situación socio-sanitaria de los pueblos indígenas del Chaco. En agosto de 2007, la Defensoría del Pueblo de la Nación demandó al estado provincial y nacional por el “exterminio de comunidades tobas, y la vulneración permanente y sistemática de sus derechos humanos básicos”. A mediados de septiembre de ese año, y en un hecho inédito, la Corte ordenó a Provincia y Nación atender la situación de urgencia de las comunidades.
Los tres pueblos indígenas con presencia en Chaco (Toba, Wichi y Mocoví) vinculan la situación social y sanitaria a la falta de tierras y a los desmontes. Sobre diez millones de hectáreas que tiene la provincia, contaba con 3,5 millones de hectáreas fiscales, casi su totalidad en los departamentos de Almirante Brown y Güemes, el Impenetrable chaqueña, zona con histórica presencia indígena y donde focalizó su denuncia la Defensoría del Pueblo. Según organizaciones sociales de la provincia, entre 1995 y 2005, los sucesivos gobiernos provinciales vendieron 1,7 millones de hectáreas (el 49 por ciento de las tierras fiscales).
El desmonte en Salta y el estado sanitario en Chaco son los dos casos que lograron fallo favorable de la Corte Suprema, y son también casos testigos de problemáticas que se repiten en toda la región del Chaco Sudamericano.
La visita de comunidades originarias a la Corte Suprema se da en el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas, una actividad trinacional que se desarrolla en forma alternada en Argentina, Bolivia y Paraguay. Surgió como un espacio para reflexionar y dar visibilidad a los derechos y a las expresiones culturales de los indígenas del Gran Chaco Americano, que abarca un millón de kilómetros cuadrados de Argentina, Bolivia y Paraguay y es la región donde viven 380.000 indígenas.
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El fallo de La Haya sobre Botnia
Para la Corte Internacional de La Haya, Botnia puede seguir operando
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: Clarín
El tribunal reconoció que Montevideo incumplió el Tratado del Río Uruguay al no avisar a la Argentina antes de autorizar la papelera. Pero sostuvo que nuestro país no pudo demostrar que las plantas contaminen.
La Corte Internacional de Justicia dictaminó que "no hay motivos" para ordenar el cese del funcionamiento de la planta que Botnia tiene en la localidad uruguaya de Fray Bentos. Lo hizo en un extenso fallo que sólo tuvo un triunfo moral para la Argentina pero sin efectos prácticos: el tribunal reconoció que Montevideo violó el Tratado del Río Uruguay por autorizar la construcción de las pasteras sin acordar previamente con la Argentina, pero también evaluó que esa violación fue a una "obligación protocolar", que no hubo incumplimiento de "obligaciones de fondo" y que Buenos Aires no pudo demostrar que la planta de Botnia contamine.
El extenso fallo fue leído en francés, durante más de dos horas, por el eslovaco Peter Tomka, a cargo de la presidencia del Tribunal. Apenas iniciada la lectura, y después de pedir un minuto de silencio en memoria del jurista uruguayo Héctor Gross Espiell, fallecido el año pasado y que fue uno de los representantes de Montevideo ante el Tribunal, Tomka reconoció que para el diferendo era aplicable el Tratado del Río Uruguay y que la Corte era el ámbito para dirimir la controversia.
El primer revés para la postura argentina llegó en el primer tramo del fallo –del que no se leyó la introducción ni la parte que resume el caso-. Allí la Corte dictaminó que "no es el ámbito de aplicación" de las demandas que formuló Buenos Aires contra Uruguay por la presunta contaminación "sonora y visual", los "malos olores" y el impacto de la papelera sobre el turismo.
Pero en un segundo tramo, la Corte dictaminó que Montevideo violó el Tratado del Río Uruguay por no realizar las consultas previas con la Argentina para la autorización de la construcción de las plantas (la de Botnia y la de Ence, que finalmente no se construyó en Fray Bentos). Esa era la principal demanda de Buenos Aires. El tribunal evaluó que Uruguay también desconoció los mecanismos de cooperación previstos por el Tratado del Río Uruguay y señaló incluso que no debería haber avanzado con la construcción de la papelera una vez que la Argentina había aceptado la creación de la Comisión de evaluación.
Hubo un punto del Tratado del Río Uruguay al que la Corte prestó especial atención: el que habla del "aprovechamiento racional" del río, para el que, analizó, deberían tenerse en cuenta tanto la protección del mismo como el desarrollo económico de las localidades ribereñas.
En ese marco, y pese a reconocer el incumplimiento de un "aspecto protocolar" del Tratado por parte de Uruguay, el tribunal concluyó que la Argentina no ha logrado demostrar que el funcionamiento de la pastera sea contaminante.
La Corte también desestimó las quejas sobre la presunta falta de evaluación de otros posibles emplazamientos para las papeleras, otra violación del Tratado que la Argentina le endilgaba a Montevideo. Y evaluó, además, que Uruguay realizó actividades para conservar las poblaciones tanto en su territorio como en la Argentina y que tampoco hay pruebas de que la papelera no utilice las mejores técnicas disponibles.
Con ese argumento, el tribunal internacional concluyó que Uruguay no violó "obligaciones de fondo" del Tratado y que, por eso, "no hay motivos para ordenar el cese" de Botnia.
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Voces dispares aquí y allá por el fallo que le permite a Botnia seguir operando
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: Crítica Digital
El gobernador Urribarri teme por la posible contaminación, mientras que Carrió y De Narváez coinciden con Tabaré en la urgencia de levantar el corte. Los ambientalistas, furiosos tras el fallo, amenazan con seguir "aunque cueste la muerte". La resignación de CFK, desde Venezuela. Se espera reunión bilateral.
El dispar fallo de la Corte internacional de La Haya en el conflicto entre Argentina y Uruguay en torno al conflicto ambiental por la pastera Botnia abrió, como era de esperarse, un amplio abanico de lecturas y de repercusiones. Mientras el gobernador entrerriano Sergio Urribarri insiste con el temor a la posible contaminación que abre el incumplimiento del Tratado del Río Uruguay, desde el país vecino -en coincidencia con importantes dirigentes de la oposición al gobierno de Cristina Kirchner- se centran ahora en la urgencia porque se levante el bloque del puente que une Gualeguaychú con la localidad oriental de Fray Bentos.
"Lo que todos tememos es que en algún momento Botnia contamine. Hay un sabor amargo, pero nosotros somos responsables y tenemos que acatar los fallos" resumió su visión el mandatario aliado a la Casa Rosada. Desde la otra orilla, el vicepresidente Danilo Astori señaló que el fallo ratificó "el respeto de Uruguay por el medio ambiente" y que también "renueva la esperanza" para iniciar una "nueva etapa fructífera" en el vínculo con Argentina. Mientras Cristina expresó resignación desde Venezuela, hasta el momento, el jefe de Estado, José “Pepe” Mujica no se pronunció sobre el tema.
"El bloqueo del puente debe ser levantado ya; es lo único ilegal", dijo Tabaré Vázquez, el ex presidente uruguayo que endureció la postura sobre el conflicto. Con él, paradójicamente, sentaron posición en Buenos Aires Elisa Carrió y Francisco De Narváez. Lilita exhortó a que "liberen el puente" para "restablecer la hermandad" con el pueblo uruguayo, y calificó el fallo como "una derrota enorme" para la Argentina. El diputado instó a "intensificar el diálogo con los hermanos uruguayos" ya que "ha concluido la instancia judicial y ahora hay que trabajar con ellos".
MÁS VOCES. Jorge Taiana, canciller argentino: Habló de "la obligación de los dos estados de cumplir con lo que dice (el Estatuto del río fronterizo), sobre todo con los mecanismos de información y consulta previa para realizar actividades que afecten el río, qué Uruguay no respetó".
Luís Almagro, canciller de Uruguay: Resaltó que el fallo –a su criterio- "reconoce que Uruguay no ha incumplido con sus obligaciones de fondo" establecidas en el estatuto del Río Uruguay.
Homero Bibiloni, secretario de Ambiente de la Nación: "Desde la Secretaría vamos a seguir colaborando con la representación técnica en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), y, por supuesto, el plan de vigilancia ambiental del río seguirá en marcha".
Rubén Giustiniani, senador socialista: "Uruguay violó el Tratado de 1975 al retacear información e incurrió en procedimientos incorrectos, sobre todo por las implicancias a futuro".
Daniel Filmus, senador kirchnerista: Uruguay es el que no cumplió con el tratado. Nunca más se va a poder construir una pastera en el río Uruguay sin consentimiento de los dos países, es decir no se va a construir otra pastera".
Vilma Ripoll, dirigente del MST: "Parece una burla. Por un lado reconocen que Uruguay violó el Tratado, pero luego no lo sancionan y para colmo avalan que siga Botnia. No nos sorprende esta decisión de jueces que suelen ser funcionales a las multinacionales".
Rodolfo Terragno, ex jefe de Gabinete de Fernando de la Rúa: "Lo que hizo el gobierno argentino en 2006 fue lamentable. Hubo algunos demagogos que le habían hecho creer a los gualeguaychuenses que el Uruguay los estaba envenenando y ahora ellos oyen con desazón y perplejidad que no era así".
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La Corte emitió su fallo por la controversia por Botnia
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: Secretaría de Ambiente
La Corte Internacional de Justica emitió su fallo hoy en La Haya con la presencia de la Embajadora Susana Ruiz Cerutti, el secretario de Ambiente de la Nación, Homero M. Bibiloni y el Director del ISEN, Horacio Basabe.
Consejera Legal de la Cancillería, quien se encontraba junto al secretario de Ambiente de la Nación, Homero M. Bibiloni y al Director del ISEN (Instituto del Servicio Exterior de la Nación) y co agente de la delegación argentina, Horacio Basabe, se mostró “muy satisfecha” con lo dictado por el alto tribunal, por cuanto “nos va a permitir recomponer la relación de cooperación que nunca debió haberse terminado”, dijo Cerutti.
De esta forma, el Estatuto sale “refortalecido” y “vigorizado”, expresó la Embajadora, quien explicó que este instrumento legal “sigue vigente” y a partir de ahora, “será necesario someterse a la consulta de información; no hay argumento de soberanía de legislación nacional que se pueda superponer” a lo que dispone ese instrumento, sostuvo .
Consultada acerca de los alcances del fallo leído por el vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, el eslovaco Peter Tomka, Ruiz Cerrutti destacó que la CIJ enumeró serias violaciones en las que incurrió el país vecino desde que dio su autorización para la creación de las plantas de celulosa Botnia, Ence y sus terminales portuarias.
Entre ellas, citó la falta de consulta e información a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU); la falta de notificación a la Argentina de los proyectos; la violación al entendimiento que hubo entre los entonces cancilleres de ambos países en marzo de 2004; la obligación de llevar adelante las negociaciones que el Estatuto prevé para solucionar un diferendo que ya existía; el no cumplimiento generalizado de los artículos 7 a 12 de dicho documento, desconociendo los mecanismos de cooperación previstos por esa norma.
“Esto abre a la cooperación bilateral un camino distinto que va a permitir trabajar como desde 1975, sobre el tratado de Río Uruguay”, analizó Ruiz Cerrutti y aseguró: “La constatación de estas violaciones y la certeza de que esto no volverá a ocurrir, es una satisfacción y una tranquilidad para el país y para la población de la región”.
En su fallo la Corte determinó que la ciudad de Fray Bentos no era "adecuada" para construir la planta de Botnia, y que Uruguay falló en evaluar el eventual impacto ambiental que podría tener el emprendimiento.
“Estamos satisfechos", manifestó la representante argentina y recordó que "de los 14 jueces trece se pronunciaron a favor de la Argentina, menos el juez ad hoc de Uruguay", resaltó.
En tanto, el secretario Bibiloni, quien estuvo presente en el Palacio de la Paz, donde se presentó la sentencia, coincidió con Ruiz Cerrutti en que el fallo abrirá nuevas instancias de cooperación bilateral e indicó que “desde la gestión ambiental tenemos un fuerte compromiso para trabajar en el marco de la CARU” y “la mejor manera es hacerlo desde la cooperación y la buena fe”.
Bibiloni se refirió al Plan de Vigilancia Ambiental llevado a cabo por nuestro país desde el 2007 y aseveró que “seguirá en marcha” dado que “se ajusta a los parámetros de la Corte”. Los elementos presentados como pruebas científicas “son valiosos”, destacó el secretario, dado que para este nuevo proceso que se inicia “han detenido la creación de nuevas pasteras gracias, también, a la gesta de la comunidad de Gualeguaychú”, enunció el funcionario.
En lo que refiere a la demanda por impacto ambiental, la Corte estableció que la contaminación sonora y visual alegada por Argentina "no está recubierta" por el Estatuto del río fronterizo. "En consecuencia, la demanda relativa a los malos olores e impacto sobre el turismo", declaró Tomka, "no es competencia de esta Corte".
El veredicto de la CIJ es vinculante e inapelable, e impedirá que de ahora en adelante se construyan nuevas plantas de celulosa en la ribera compartida con Uruguay sin la evaluación pertinente de ambas naciones involucradas, a través de la CARU.
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Botnia: La Haya falló en contra de la relocalización de la pastera
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: ADN
Si bien el tribunal reconoció que hubo violación del Tratado del Río Uruguay, negó que la papelera contamine, y seguirá funcionando. La sentencia es inapelable y de cumplimiento obligatorio.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya, el máximo tribunal de las Naciones Unidas, se pronunció hoy sobre la disputa entre Argentina y Uruguay por la planta papelera UPM (ex Botnia), un fallo que generaba gran expectativa en ambos países, especialmente en la ciudad de Gualeguaychú.
Tal como se especulaba, el tribunal internacional reconoció que Uruguay incumplió un artículo del Tratado del Río, pero negó que la papelera contamine. Dispuso que "no ve motivos para que Botnia sea relocalizada".
"Uruguay no respetó la obligación que le impone el primer apartado del artículo 7 del Tratado del Río Uruguay" de notificar a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para que esta, según "el segundo apartado del artículo 7, decida si el proyecto puede traer perjuicios".
En tanto, a pesar de considerar que la Argentina no aportó las pruebas necesarias para afirmar que hubo contaminación la Corte instó a las dos partes a velar por el "equilibrio ecológico" de la cuenca del Río Uruguay.
El Tribunal aseguró además que "todo cambio en el balance ecológico" del río Uruguay debe ser coordinado por ambas partes, y que en este sentido no puede haber acciones individuales por parte de uno de los Estados.
"La obligación de coordinar estas acciones toma un rol central y es importante que ambas partes respeten esta norma", se asegura en la sentencia.
De esta manera, se puso fin, al menos en términos judiciales, a la prolongada disputa entre Argentina y Uruguay por la instalación de la pastera finlandesa Botnia (hoy UPM) en el vecino país. La sentencia es inapelable, final y de cumplimiento obligatorio.
Los gobiernos de Cristina Fernández y de José "Pepe" Mujica se han comprometido a respetarlo y a instrumentarlo, con la voluntad de iniciar otro capítulo en la relación bilateral en los demás aspectos.
La Corte, presidida en este caso por el magistrado Peter Tomka, leyó la sentencia durante una sesión pública a la que asistieron los máximos representantes legales de ambos países y que fue seguida por los asambleístas desde el corte de la ruta 136, en el paraje de Arroyo Verde.
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Argentina y Uruguay se muestran satisfechos en "público"
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: La Voz del Interior
Ambos países no reconocen en público ninguna derrota en la controversia.
Los representantes legales de Argentina y Uruguay ante la Corte Internacional de La Haya se mostraron en público "satisfechos" con el fallo de hoy.
La consejera legal de la Cancillería argenetina, Susana Ruiz Cerutti, afirmó que está "satisfecha" con el fallo al sostener que la lucha de los asambleístas "por el 'No a las papeleras' se ha visto reflejada en esta sentencia". "Esto le va a hacer mucho bien a la relación bilateral", enfatizó la funcionaria a la prensa tras asistir a la lectura del fallo y agregó: "Vamos a tener que volver al camino de la cooperación que nunca debimos haber abandonado".
Remarcó que de ahora en más el vecino país "no va a poder llevar adelante otro proyecto sin someterse al Tratado del Río Uruguay" y expresó que "lo que la Corte ha dicho sobre la conducta del Uruguay es muy importante", porque ha señalado "que ha incumplido un tratado vigente de 1975".
Uruguay también. El ex canciller de Uruguay Pedro Vaz, quien forma parte de la delegación que asistió hoy al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre el conflicto con Argentina por una papelera en la frontera común, expresó la "satisfacción" de su país por el dictamen.
"De parte nuestra sí puedo adelantar que tenemos una gran satisfacción por la decisión de la Corte, esa es la primera sensación y el primer elemento a manejar", afirmó desde La Haya a la cadena de televisión uruguaya VTV.
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Asambleístas de Gualeguaychú no levantarán el corte
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: Agencia DyN
Asambleístas de Gualeguaychú repudiaron hoy el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que estableció que la pastera de UPM (ex Botnia) no contamina, al advertir que "la lucha comienza nuevamente" y que el corte del puente binacional "no se va a levantar" aunque les "cueste la muerte".
"Hasta que no se vaya Botnia no nos vamos a mover del corte" en el puente General San Martín, que comunica Gualeguaychú con Fray Bentos, aseguraron los ambientalistas que siguieron la lectura del fallo en el paraje de Arroyo Verde.
En declaraciones al canal C5N, dijeron que "la lucha comienza hoy nuevamente, Gualeguaychú no va a aflojar" y abundaron: "El corte no se va a levantar aunque nos cueste la muerte".
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Cronología del conflicto entre Argentina y Uruguay por papeleras
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: EFE
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió hoy su fallo sobre el conflicto entre Argentina y Uruguay por la construcción de una papelera en el segundo país y a orillas de un río fronterizo, que se remonta al año 2003 y es motivo de una de las peores crisis en las relaciones bilaterales.
El máximo tribunal dictaminó que Uruguay no ha violado las obligaciones de protección del medio ambiente que establece el Estatuto del río Uruguay, según un acuerdo bilateral de 1975, pese a no haber informado "ajustadamente" de los potenciales peligros, y rechazó las peticiones de compensación de Argentina.
A continuación, una cronología de los hechos más importantes del conflicto:
2003
-3 de octubre: Argentina admite su "preocupación" por la posible instalación de una planta de la española ENCE en la localidad uruguaya de Fray Bentos, frente a la argentina de Gualeguaychú.
-9 de octubre: Uruguay autoriza la instalación de la planta de ENCE.
-27 de octubre: Argentina presenta una queja por la autorización unilateral del proyecto.
2004
-2 de marzo: Uruguay se compromete a controlar el funcionamiento de la planta de ENCE mediante un acuerdo que nunca se concretó.
2005
-15 de febrero: el Gobierno uruguayo autoriza la construcción de una planta de la finlandesa Botnia en Fray Bentos.
-15 de abril: Botnia inicia la construcción de su planta, con una inversión global de 1.800 millones de dólares.
-6 de mayo: el presidente argentino Néstor Kirchner y el uruguayo Tabaré Vázquez acuerdan crear un Grupo Técnico Bilateral de Alto Nivel (GTAN) para estudiar el asunto.
-Junio: Argentina pide al Banco Mundial que la Corporación Financiera Internacional (CFI), que depende de ese organismo, no contribuya a la financiación de las plantas.
-5 de julio: Uruguay autoriza la construcción de una terminal portuaria para Botnia sobre el río Uruguay.
-3 de agosto: El GTAN se reúne por primera vez, en Montevideo.
-19 de diciembre: Un estudio de la CFI no prevé efectos negativos para Argentina por la construcción de la planta.
2006
-3 de enero: la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú comienza los bloqueos del puente hacia Fray Bentos.
-30 de enero: el GTAN concluye su período de trabajo de 180 días sin avances.
-11 de marzo: Argentina y Uruguay acuerdan negociar una salida en un plazo de 90 días. El acuerdo fracasa.
-4 de mayo: Argentina demanda a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violación del Estatuto del Río Uruguay.
Uruguay recurre, por su parte, al Tribunal Arbitral del Mercosur para que decida si Argentina violó los acuerdos de libre circulación de este organismo al permitir el bloqueo de pasos.
-13 de julio: La CIJ rechaza la petición argentina para que Uruguay suspenda la construcción de las plantas hasta que se produzca un pronunciamiento de la Corte.
-6 de septiembre: el Tribunal Arbitral del Mercosur cuestiona los bloqueos de puentes.
-4 de noviembre: el presidente Kirchner pide la mediación del rey Juan Carlos de España, que encomienda la tarea al embajador Juan Antonio Yáñez-Barnuevo.
-14 al 17 de noviembre: primera visita de Yáñez-Barnuevo al Río de la Plata.
-20 de noviembre: la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú inicia un nuevo bloqueo por "tiempo indeterminado" sobre el paso a Fray Bentos.
-28 de noviembre: Uruguay presenta ante la CIJ un pedido de medida cautelar contra Argentina por los cortes en los pasos fronterizos.
-4 al 7 de diciembre: segunda visita de Yáñez-Barnuevo.
-12 de diciembre: ENCE anuncia la construcción de una papelera cerca de la localidad uruguaya de Nueva Palmira, en lugar de Fray Bentos.
2007
-23 de enero: La CIJ rechaza la solicitud de Uruguay para que Argentina ponga fin a los bloqueos de pasos fronterizos.
-29 al 31 de enero: tercera visita de Yáñez-Barnuevo.
-2 de febrero: España anuncia que Argentina y Uruguay han llegado a un "entendimiento para iniciar un diálogo directo".
-9 de marzo: la provincia argentina de Entre Ríos prohíbe la exportación de madera a Uruguay.
-19 de abril: Delegaciones de Argentina y Uruguay se reúnen en Madrid para buscar una salida a la crisis.
-20 de abril: la "Declaración de Madrid" recoge el "restablecimiento" del diálogo directo entre ambos países.
- 29 de abril: miles de argentinos marchan al puente General San Martín que une Argentina con Fray Bentos.
-1 de mayo: Uruguay acepta crear una "zona verde" alrededor de la papelera de Botnia.
-9 de mayo: la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú corresponsabiliza a Finlandia del conflicto.
- 29 de mayo: Argentina y Uruguay comienzan una reunión en Nueva York, con la mediación de España.
- 30 de mayo: Concluye la reunión de Nueva York sin avances.
-4 de junio: Botnia suspende por problemas de seguridad las pruebas de puesta a punto de las obras de la planta de celulosa.
-9 de junio: Uruguay autoriza a ENCE a construir su planta de celulosa en el suroeste del país.
-29 de junio: Uruguay advierte que no habrá una salida política al conflicto con Argentina hasta que se conozca el fallo de la CIJ.
-30 y 31 de julio: representantes de Argentina y Uruguay se reúnen en Nueva York, sin resultados.
-29 de agosto: el presidente Tabaré Vázquez inaugura la ampliación del puerto de Nueva Palmira, desde donde se exportará la producción de Botnia, en medio de protestas argentinas en el río Uruguay.
-10 de septiembre: Argentina anuncia su propio "plan de vigilancia ambiental" por la planta de Botnia.
-29 de septiembre: Tercera ronda de contactos en Nueva York con la mediación de España.
-3 de octubre: ENCE anuncia la construcción de su planta de celulosa en Uruguay, con una inversión de 1.000 millones de dólares.
-7 de octubre: Ecologistas uruguayos y argentinos crean en Nueva Palmira la Asamblea Regional Ambiental del Río Uruguay.
-8 de octubre: Uruguay anuncia que prohibirá concentraciones de activistas argentinos en su territorio.
-1 de noviembre: Uruguay posterga el permiso final a Botnia para poner en marcha su planta papelera, a petición de los mediadores españoles, que esperan un grado de acuerdo en la Cumbre Iberoamericana del 8 y 9 de noviembre en Santiago.
-8 de noviembre: concluye sin avances la reunión de Chile. El presidente uruguayo autoriza la entrada en funcionamiento de la planta.
-9 de noviembre: Se pone en marcha la planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia y Argentina emite una nota de protesta.
2008
-12 de mayo: El primer ministro de Finlandia, Matti Vanhanen, defiende los criterios ambientales de las papeleras de su país.
2009
-6 de septiembre: Multitudinaria marcha sobre el puente que enlaza Gualeguaychú con la uruguaya de Fray Bentos, bloqueado desde 2006.
2010
-14 de enero: La presidenta argentina, Cristina Fernández, y el entonces mandatario electo de Uruguay, José Mujica, acuerdan crear una comisión negociadora.
- febrero: Organizaciones argentinas reúnen 6.000 firmas para pedir la apertura del puente entre Gualeguaychú y Fray Bentos.
-20 de abril: La CIJ se pronuncia sobre la demanda interpuesta por Argentina
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Hay un antes y un después de Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 20/04/2010
Fuente: La Voz del Interior
Hoy no hay gran emprendimiento que no tenga que pasar por la opinión y aprobación explícita de los residentes de la comunidad.
El fallo de la Haya tan esperado por Gualeguaychú seguramente y lamentablemente no pedirá la relocalización de Botnia, como debería ser, por haber sido este megaemprendimiento proyectado en un lugar indebido y sin la aprobación del país vecino, y menos de la gran parte de la comunidad directamente afectada. Pero la legítima resistencia de los residentes ha transformado para siempre el escenario regional en cuanto a la conciencia y movilización ambiental (?) y eso es una invalorable victoria de un pueblo ejemplar. Hay un antes y un después de Gualeguaychú.
Con Gualeguaychú apareció en Argentina el término de "licencia social" instalándose para siempre en el léxico regional, como aquél derecho otorgado por una comunidad a los operadores comerciales en su ámbito. Hoy no hay gran emprendimiento que no tenga que pasar por la opinión y aprobación explícita de los residentes de la comunidad (?).
Con Gualeguaychú se insertó un debate nacional sobre el medio ambiente, instalándose en el seno de la política nacional (?).
Con Gualeguaychú se movilizaron comunidades de todo el país, resistiendo la embestida sin controles ambientales serios de proyectos industriales de gran escala (?).
Con Gualeguaychú los jueces aprendieron que la degradación ambiental afecta a personas, y que los derechos deben ser protegidos (...).
Con Gualeguaychú tembló el Directorio del Banco Mundial y de la Corporación Financiera Internacional, temblaron bancos estatales europeos (como Finnvera de Finlandia), y bancos privados (como ING que retiró su apoyo a Botnia por el conflicto, y Calyon y Nordea, que tuvieron que replantearse su procedimiento de revisión de proyectos a financiar a fin de no ser cómplices en violaciones de derechos humanos).
El fallo de la Haya, que se espera en las próximas horas, será conservador y, dado el historial de la corte, seguramente no se animará a asumir la responsabilidad que nos toca como comunidad mundial en la protección del ambiente, del procedimiento, de la norma y del sentido común.
Pero una cosa está clara, el pueblo de Gualeguaychú ha dejado una marca inolvidable. Su lucha será para siempre recordada como el primer gran paso que hizo nuestro país en la creación de una conciencia ambiental.
Gananacias mineras, bajo sospecha
Gananacias mineras, bajo sospecha
Fecha de Publicación: 19/04/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Catamarca
Es por la administración del dinero de Bajo La Alumbrera; cuestionan a la empresa pública dueña del yacimiento
Ubicado en el noroeste de la provincia de Catamarca, Bajo La Alumbrera es uno de los yacimientos metalíferos a cielo abierto más grandes del mundo. Por las cuantiosas ganancias que dejó su explotación durante los últimos cuatro años, superiores a los $ 10.000 millones, se convirtió, además, en el eje de una polémica que incluye denuncias por manejo discrecional de fondos y controles deficientes.
Gran parte de los cuestionamientos apuntan contra Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una empresa pública que es propietaria de la mina, que recibe el 20% de las utilidades y que está formada por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y el Estado nacional.
Dirigentes de Catamarca acusan a las autoridades de YMAD de quedarse con una parte de lo que deben distribuir entre los integrantes de la compañía.
A partir del análisis de los balances contables de la firma, LA NACION pudo comprobar que de los casi $ 1600 millones que recibió YMAD por la explotación de Bajo La Alumbrera entre 2006 y 2008, sólo repartió poco más de $ 1000 millones, y que una porción de esa diferencia, de al menos $ 537 millones, se destinó a bonificaciones extraordinarias para los integrantes del directorio y a gastos discrecionales. En sus últimos informes, la Auditoría General de la Nación (AGN) se quejó de que la empresa no le había dado la información suficiente para realizar su tarea de control.
YMAD no opera la mina en forma directa, sino que recibe los fondos de una unión transitoria de empresas (UTE) que encabeza Minera Alumbrera Ltd., una firma extranjera que controla la explotación del yacimiento y que se queda con el 80% de las utilidades. El monto que debe repartir entre sus socios no se calcula sobre las utilidades que recibe de Minera Alumbrera, sino sobre los resultados finales de YMAD.
"El 60% del 20% de las utilidades de Bajo La Alumbrera es de US$ 285 millones y es dinero efectivamente percibido por YMAD. Menos lo percibido por Catamarca, US$ 151 millones, es igual a US$ 134, que es el dinero que se diluyó en los balances de YMAD, sólo por la parte de Catamarca", sostiene un informe de la diputada provincial Silvia Moreta (PJ). "Ninguna empresa minera puede dar pérdida. Sólo una mínima parte debería destinarse a la administración de YMAD", dijo Moreta a LA NACION.
Coincidió con ella el ex diputado nacional Eduardo Pastoriza, miembro del directorio de la empresa entre 1974 y 1982. "YMAD ocupó mucho de esos fondos en gastos propios de la compañía, para salvar el déficit y para sus manejos discrecionales", dijo.
"Si a eso le suma que Minera Alumbrera declara menos de lo que se lleva, a Catamarca le llega menos de una quinta parte de lo que le corresponde", agregó. Durante los últimos tres años, YMAD destinó más de $ 40 millones a bonificaciones extraordinarias por "efectividad", que alcanzaron a todos los empleados y funcionarios de la empresa, incluidos los miembros del directorio. Este está integrado por cuatro vocales (dos de Catamarca y dos de la UNT) y un presidente, que designa la Casa Rosada. Desde 2001, ese lugar lo ocupa Manuel Benítez, que además preside la Cámara Argentina de Empresas Mineras.
Un reciente informe de la AGN, destinado a analizar las contrataciones y actos económicos de YMAD durante 2008, concluye que la empresa no entregó la información suficiente como para realizar la auditoría. Lo mismo habían concluido otras tres evaluaciones del organismo, presentadas entre 2003 y 2005. El último informe señala, además, que "se verificaron erogaciones por $ 15.812.684 que no se realizaron de acuerdo con lo normado por el «reglamento interno de compras y contrataciones», normativa que rige las contrataciones de YMAD, según nota YMAD, de fecha 30 de abril de 2009".
El reparto
Ante una consulta de LA NACION, voceros de YMAD afirmaron que la diferencia entre lo que se cobra de Minera Alumbrera y lo que se distribuye entre los socios forma parte de los activos de la compañía. Afirmaron que $ 11 millones se apartaron como previsión para juicios en trámite, $ 140 millones se destinaron a la compra de maquinarias y otros bienes de capital, y $ 386 millones se volcaron a la constitución de reservas para afrontar contingencias impositivas, exploración y búsqueda de nuevas reservas, "lo que permitió a la empresa contar con reservas de minerales por nada menos que 17 años".
En cuanto a los informes de la AGN sostuvieron que, por no ser una empresa del Estado nacional, no están sujetos a los controles de esa entidad ni de la Sindicatura General de la Nación. Pero que, pese a ello, firmaron convenios para abrir sus cuentas a esos organismos.
Sobre las gratificaciones extraordinarias, los voceros aseguraron que "la empresa está obligada por ley a pagarlas". Pero Benítez no respondió a una consulta de LA NACION, hecha por escrito el martes pasado, en la que se preguntaba cuánto habían cobrado los miembros del directorio durante los últimos cuatro años.
Del análisis de los gastos surge, además, que la Unidad Operativa de Control (UOC), destinada a auditar a Minera Alumbrera, tiene una de las partidas con menor presupuesto. En 2007, fue de $ 477.000, frente a $ 894.000 de "publicidad y propaganda", y a $ 234.000 de "homenajes y cortesías".
En la empresa explicaron que parte de este último rubro se destinó a regalar mochilas y útiles escolares a los alumnos de las escuelas de la zona en la que está Bajo La Alumbrera, y a otras obras de "responsabilidad social".
Fecha de Publicación: 19/04/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Catamarca
Es por la administración del dinero de Bajo La Alumbrera; cuestionan a la empresa pública dueña del yacimiento
Ubicado en el noroeste de la provincia de Catamarca, Bajo La Alumbrera es uno de los yacimientos metalíferos a cielo abierto más grandes del mundo. Por las cuantiosas ganancias que dejó su explotación durante los últimos cuatro años, superiores a los $ 10.000 millones, se convirtió, además, en el eje de una polémica que incluye denuncias por manejo discrecional de fondos y controles deficientes.
Gran parte de los cuestionamientos apuntan contra Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una empresa pública que es propietaria de la mina, que recibe el 20% de las utilidades y que está formada por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y el Estado nacional.
Dirigentes de Catamarca acusan a las autoridades de YMAD de quedarse con una parte de lo que deben distribuir entre los integrantes de la compañía.
A partir del análisis de los balances contables de la firma, LA NACION pudo comprobar que de los casi $ 1600 millones que recibió YMAD por la explotación de Bajo La Alumbrera entre 2006 y 2008, sólo repartió poco más de $ 1000 millones, y que una porción de esa diferencia, de al menos $ 537 millones, se destinó a bonificaciones extraordinarias para los integrantes del directorio y a gastos discrecionales. En sus últimos informes, la Auditoría General de la Nación (AGN) se quejó de que la empresa no le había dado la información suficiente para realizar su tarea de control.
YMAD no opera la mina en forma directa, sino que recibe los fondos de una unión transitoria de empresas (UTE) que encabeza Minera Alumbrera Ltd., una firma extranjera que controla la explotación del yacimiento y que se queda con el 80% de las utilidades. El monto que debe repartir entre sus socios no se calcula sobre las utilidades que recibe de Minera Alumbrera, sino sobre los resultados finales de YMAD.
"El 60% del 20% de las utilidades de Bajo La Alumbrera es de US$ 285 millones y es dinero efectivamente percibido por YMAD. Menos lo percibido por Catamarca, US$ 151 millones, es igual a US$ 134, que es el dinero que se diluyó en los balances de YMAD, sólo por la parte de Catamarca", sostiene un informe de la diputada provincial Silvia Moreta (PJ). "Ninguna empresa minera puede dar pérdida. Sólo una mínima parte debería destinarse a la administración de YMAD", dijo Moreta a LA NACION.
Coincidió con ella el ex diputado nacional Eduardo Pastoriza, miembro del directorio de la empresa entre 1974 y 1982. "YMAD ocupó mucho de esos fondos en gastos propios de la compañía, para salvar el déficit y para sus manejos discrecionales", dijo.
"Si a eso le suma que Minera Alumbrera declara menos de lo que se lleva, a Catamarca le llega menos de una quinta parte de lo que le corresponde", agregó. Durante los últimos tres años, YMAD destinó más de $ 40 millones a bonificaciones extraordinarias por "efectividad", que alcanzaron a todos los empleados y funcionarios de la empresa, incluidos los miembros del directorio. Este está integrado por cuatro vocales (dos de Catamarca y dos de la UNT) y un presidente, que designa la Casa Rosada. Desde 2001, ese lugar lo ocupa Manuel Benítez, que además preside la Cámara Argentina de Empresas Mineras.
Un reciente informe de la AGN, destinado a analizar las contrataciones y actos económicos de YMAD durante 2008, concluye que la empresa no entregó la información suficiente como para realizar la auditoría. Lo mismo habían concluido otras tres evaluaciones del organismo, presentadas entre 2003 y 2005. El último informe señala, además, que "se verificaron erogaciones por $ 15.812.684 que no se realizaron de acuerdo con lo normado por el «reglamento interno de compras y contrataciones», normativa que rige las contrataciones de YMAD, según nota YMAD, de fecha 30 de abril de 2009".
El reparto
Ante una consulta de LA NACION, voceros de YMAD afirmaron que la diferencia entre lo que se cobra de Minera Alumbrera y lo que se distribuye entre los socios forma parte de los activos de la compañía. Afirmaron que $ 11 millones se apartaron como previsión para juicios en trámite, $ 140 millones se destinaron a la compra de maquinarias y otros bienes de capital, y $ 386 millones se volcaron a la constitución de reservas para afrontar contingencias impositivas, exploración y búsqueda de nuevas reservas, "lo que permitió a la empresa contar con reservas de minerales por nada menos que 17 años".
En cuanto a los informes de la AGN sostuvieron que, por no ser una empresa del Estado nacional, no están sujetos a los controles de esa entidad ni de la Sindicatura General de la Nación. Pero que, pese a ello, firmaron convenios para abrir sus cuentas a esos organismos.
Sobre las gratificaciones extraordinarias, los voceros aseguraron que "la empresa está obligada por ley a pagarlas". Pero Benítez no respondió a una consulta de LA NACION, hecha por escrito el martes pasado, en la que se preguntaba cuánto habían cobrado los miembros del directorio durante los últimos cuatro años.
Del análisis de los gastos surge, además, que la Unidad Operativa de Control (UOC), destinada a auditar a Minera Alumbrera, tiene una de las partidas con menor presupuesto. En 2007, fue de $ 477.000, frente a $ 894.000 de "publicidad y propaganda", y a $ 234.000 de "homenajes y cortesías".
En la empresa explicaron que parte de este último rubro se destinó a regalar mochilas y útiles escolares a los alumnos de las escuelas de la zona en la que está Bajo La Alumbrera, y a otras obras de "responsabilidad social".
Buscan promover la energía solar en Santiago
Buscan promover la energía solar en Santiago
Fecha de Publicación: 19/04/2010
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de mañana tomará estado parlamentario un proyecto de ley por el que se solicita que se cree la promoción de energía solar, en toda la provincia de Santiago del Estero para propiciar la investigación y el desarrollo tecnológico del sistema de producción energética, basados en el aprovechamiento solar y fotovoltaico.
Los objetivos a perseguir son el de propiciar el desarrollo de la energía solar como fuente alternativa de energía no contaminante y promover un sistema de producción para reemplazar en un futuro a un gran porcentaje de generación de fuentes convencionales de energía
También comprometer la innovación tecnológica industrial, a través de aplicar las políticas activas, según la Ley de Promoción Nº6750 y mejorar la calidad de vida de los usuarios del interior y de ciudades o zonas alejadas de los centros urbanos, al cumplir el rol pertinente.
El proyecto, que ingresó días atrás a la Legislatura, establece que el Gobierno de la Provincia adoptará medidas tendientes a la promoción del desarrollo y la utilización de energía solar, establecer las normas y reglamentaciones operativas para regular la optimización del recurso solar, como el de informar y concienciar a empresas y toda la comunidad de las ventajas y alcances, para la planificación, cuidado ambiental, instalaciones y difusión del aprovechamiento y desarrollo de estas fuentes de energía.
Además, contempla que el Poder Ejecutivo Provincial deberá participar con la previa adhesión a dicha Ley para el Programa de Energía Solar con los municipios, con las acciones coordinadas con los organismos competentes para las facilidades de instalaciones y de aplicación a las nuevas técnicas, conforme a esta fuente de energía.
Mañana tratarán varios despachos de comisión
En el orden del día de mañana, se incorporarán 18 despachos de las comisiones de trabajo que tomaron estado parlamentario el martes pasado.
Entre ellos se encuentran la transferencia en donación de un inmueble de la Provincia a la Comisión Municipal de Real Sayana, para la construcción de un playón polideportivo y la transferencia a la Municipalidad de la Capital de terrenos del IPVU para espacios verdes. Ambos son proyectos enviados por el Poder Ejecutivo.
Los otros despachos son de la Comisión de Obras y Servicios Públicos y tienen que ver con el pedido de trabajos para distintos sectores de la provincia, tales como el enripiado de la Ruta Provincial Nº17, tramo Campo Gallo y Santos Lugares, o la reparación de la Ruta Nº5 en los tramos Campo Gallo - Tintina y Tintina - Kilómetro 30, del departamento Alberdi.
Otros de los proyectos es el pedido a Vialidad Nacional para que proceda a la repavimentación de la Ruta Nacional Nº89 desde Quimilí hasta el límite con la provincia de Chaco, entre otras obras de infraestructura.
Fecha de Publicación: 19/04/2010
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de mañana tomará estado parlamentario un proyecto de ley por el que se solicita que se cree la promoción de energía solar, en toda la provincia de Santiago del Estero para propiciar la investigación y el desarrollo tecnológico del sistema de producción energética, basados en el aprovechamiento solar y fotovoltaico.
Los objetivos a perseguir son el de propiciar el desarrollo de la energía solar como fuente alternativa de energía no contaminante y promover un sistema de producción para reemplazar en un futuro a un gran porcentaje de generación de fuentes convencionales de energía
También comprometer la innovación tecnológica industrial, a través de aplicar las políticas activas, según la Ley de Promoción Nº6750 y mejorar la calidad de vida de los usuarios del interior y de ciudades o zonas alejadas de los centros urbanos, al cumplir el rol pertinente.
El proyecto, que ingresó días atrás a la Legislatura, establece que el Gobierno de la Provincia adoptará medidas tendientes a la promoción del desarrollo y la utilización de energía solar, establecer las normas y reglamentaciones operativas para regular la optimización del recurso solar, como el de informar y concienciar a empresas y toda la comunidad de las ventajas y alcances, para la planificación, cuidado ambiental, instalaciones y difusión del aprovechamiento y desarrollo de estas fuentes de energía.
Además, contempla que el Poder Ejecutivo Provincial deberá participar con la previa adhesión a dicha Ley para el Programa de Energía Solar con los municipios, con las acciones coordinadas con los organismos competentes para las facilidades de instalaciones y de aplicación a las nuevas técnicas, conforme a esta fuente de energía.
Mañana tratarán varios despachos de comisión
En el orden del día de mañana, se incorporarán 18 despachos de las comisiones de trabajo que tomaron estado parlamentario el martes pasado.
Entre ellos se encuentran la transferencia en donación de un inmueble de la Provincia a la Comisión Municipal de Real Sayana, para la construcción de un playón polideportivo y la transferencia a la Municipalidad de la Capital de terrenos del IPVU para espacios verdes. Ambos son proyectos enviados por el Poder Ejecutivo.
Los otros despachos son de la Comisión de Obras y Servicios Públicos y tienen que ver con el pedido de trabajos para distintos sectores de la provincia, tales como el enripiado de la Ruta Provincial Nº17, tramo Campo Gallo y Santos Lugares, o la reparación de la Ruta Nº5 en los tramos Campo Gallo - Tintina y Tintina - Kilómetro 30, del departamento Alberdi.
Otros de los proyectos es el pedido a Vialidad Nacional para que proceda a la repavimentación de la Ruta Nacional Nº89 desde Quimilí hasta el límite con la provincia de Chaco, entre otras obras de infraestructura.
Asambleístas desoirán un fallo adverso
Asambleístas desoirán un fallo adverso y seguirá el corte de ruta
Fecha de Publicación: 18/04/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Entre Ríos
El Tribunal Internacional fallará el martes sobre el diferendo bilateral por Botnia.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya dictará el martes, por la mañana, el último veredicto que tiene pendiente sobre el diferendo entre Argentina y Uruguay sobre la instalación de la pastera Botnia en la ciudad oriental de Fray Bentos.
Más allá del fallo que emita el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, la duda crucial será saber -frente a un resultado adverso para los intereses argentinos- si el puñado de asambleístas de Gualeguaychú levantará el corte que mantiene desde hace casi cuatro años de la ruta 136, que une esa ciudad entrerriana con Fray Bentos por el puente General San Martín.
Sin embargo, Jorge Fritzler, dirigente de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, ya adelantó su opinión poco auspiciosa: "La demanda es por el desmantelamiento y la relocalización de Botnia. Y si el fallo sale de otra forma, la protesta continuará", advirtió.
Tras el fracaso de las negociaciones políticas que tuvieron como protagonistas, desde fines de 2005, a los entonces presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, el conflicto recaló en la Corte de La Haya.
Tampoco el Tribunal de Justicia del Mercosur fue una herramienta capaz de dirimir la cuestión, que llevó a desgastes insospechados de las relaciones diplomáticas entre Buenos Aires y Montevideo.
¿Qué es lo que quedó por resolver en el Tribunal Internacional? La demanda que presentó Argentina en 2006 por "violación flagrante de las obligaciones del Estatuto del Río Uruguay", que firmaron ambos países en 1975.
¿El escenario ha cambiado? La presidenta Cristina Fernández -que trastabilló como su marido en el diálogo con Tabaré Vázquez- parece haber encontrado mejor clima en las conversaciones con el flamante mandatario uruguayo, José "Pepe" Mujica. Ambos coinciden en que el fin del proceso judicial sobre Botnia abrirá las puertas a un nuevo vínculo bilateral.
"El fallo de La Haya será de cumplimiento ineludible", aun ante un resultado adverso a la demanda planteada por Argentina, dicen en la Casa Rosada.
El martes estarán en Holanda para recibir el veredicto la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerrutti, y el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni.
Desde que Botnia puso en marcha sus calderas y comenzó producir pasta de celulosa, en noviembre de 2007, el corte en el paraje Arroyo Verde se mantiene de manera ininterrumpida. Incluso, la propietaria de la pastera ya no es Botnia: las acciones fueron vendidas a otra empresa de origen finlandés: UPM-Kymmene.
¿Qué diría La Haya? No se espera que el Tribunal Internacional se pronuncie sobre el corte de la ruta 136, ya que la cuestión de fondo es la violación, o no, del Tratado del Río Uruguay. Al respecto, tampoco es factible que La Haya mande a la pastera a apagar motores y mudar sus instalaciones a otra parte. En todo caso, podría emitir un fallo que contemple intereses de ambas administraciones.
A favor de Argentina, la obligatoriedad de Uruguay de hacer un plan de vigilancia ambiental mensual sobre los daños que pueden causar al río y todo su ecosistema los desechos de la pastera. En realidad, ya se hacen monitoreos de variado alcance diseñado por la Secretaría de Ambiente de la Nación, desde que esa dependencia estaba a cargo de Romina Picolotti.
"No solamente (la pastera) implica un riesgo de contaminación, sino que sabemos que es contaminante", argumentó Ruiz Cerutti en la apertura de las audiencias públicas que se hicieron en La Haya en setiembre pasado, a modo de alegato antes del veredicto del martes.
La diplomática argentina apuntó, incluso, que los jueces de La Haya pueden ordenar "el cierre o la destrucción" de Botnia. Esta es la aspiración de los asambleístas entrerrianos como única garantía de poner punto final a la añeja protesta y despejar el puente binacional.
A este pronóstico se plegó Fritzler, quien aseguró saber por "versiones periodísticas" que el dictamen del Tribunal Internacional perjudicaría a Botnia.
Fecha de Publicación: 18/04/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Entre Ríos
El Tribunal Internacional fallará el martes sobre el diferendo bilateral por Botnia.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya dictará el martes, por la mañana, el último veredicto que tiene pendiente sobre el diferendo entre Argentina y Uruguay sobre la instalación de la pastera Botnia en la ciudad oriental de Fray Bentos.
Más allá del fallo que emita el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, la duda crucial será saber -frente a un resultado adverso para los intereses argentinos- si el puñado de asambleístas de Gualeguaychú levantará el corte que mantiene desde hace casi cuatro años de la ruta 136, que une esa ciudad entrerriana con Fray Bentos por el puente General San Martín.
Sin embargo, Jorge Fritzler, dirigente de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, ya adelantó su opinión poco auspiciosa: "La demanda es por el desmantelamiento y la relocalización de Botnia. Y si el fallo sale de otra forma, la protesta continuará", advirtió.
Tras el fracaso de las negociaciones políticas que tuvieron como protagonistas, desde fines de 2005, a los entonces presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, el conflicto recaló en la Corte de La Haya.
Tampoco el Tribunal de Justicia del Mercosur fue una herramienta capaz de dirimir la cuestión, que llevó a desgastes insospechados de las relaciones diplomáticas entre Buenos Aires y Montevideo.
¿Qué es lo que quedó por resolver en el Tribunal Internacional? La demanda que presentó Argentina en 2006 por "violación flagrante de las obligaciones del Estatuto del Río Uruguay", que firmaron ambos países en 1975.
¿El escenario ha cambiado? La presidenta Cristina Fernández -que trastabilló como su marido en el diálogo con Tabaré Vázquez- parece haber encontrado mejor clima en las conversaciones con el flamante mandatario uruguayo, José "Pepe" Mujica. Ambos coinciden en que el fin del proceso judicial sobre Botnia abrirá las puertas a un nuevo vínculo bilateral.
"El fallo de La Haya será de cumplimiento ineludible", aun ante un resultado adverso a la demanda planteada por Argentina, dicen en la Casa Rosada.
El martes estarán en Holanda para recibir el veredicto la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerrutti, y el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni.
Desde que Botnia puso en marcha sus calderas y comenzó producir pasta de celulosa, en noviembre de 2007, el corte en el paraje Arroyo Verde se mantiene de manera ininterrumpida. Incluso, la propietaria de la pastera ya no es Botnia: las acciones fueron vendidas a otra empresa de origen finlandés: UPM-Kymmene.
¿Qué diría La Haya? No se espera que el Tribunal Internacional se pronuncie sobre el corte de la ruta 136, ya que la cuestión de fondo es la violación, o no, del Tratado del Río Uruguay. Al respecto, tampoco es factible que La Haya mande a la pastera a apagar motores y mudar sus instalaciones a otra parte. En todo caso, podría emitir un fallo que contemple intereses de ambas administraciones.
A favor de Argentina, la obligatoriedad de Uruguay de hacer un plan de vigilancia ambiental mensual sobre los daños que pueden causar al río y todo su ecosistema los desechos de la pastera. En realidad, ya se hacen monitoreos de variado alcance diseñado por la Secretaría de Ambiente de la Nación, desde que esa dependencia estaba a cargo de Romina Picolotti.
"No solamente (la pastera) implica un riesgo de contaminación, sino que sabemos que es contaminante", argumentó Ruiz Cerutti en la apertura de las audiencias públicas que se hicieron en La Haya en setiembre pasado, a modo de alegato antes del veredicto del martes.
La diplomática argentina apuntó, incluso, que los jueces de La Haya pueden ordenar "el cierre o la destrucción" de Botnia. Esta es la aspiración de los asambleístas entrerrianos como única garantía de poner punto final a la añeja protesta y despejar el puente binacional.
A este pronóstico se plegó Fritzler, quien aseguró saber por "versiones periodísticas" que el dictamen del Tribunal Internacional perjudicaría a Botnia.
Ruralismo chubutense quiere un debate minero
El ruralismo chubutense quiere un debate minero
Fecha de Publicación: 18/04/2010
Fuente: Diario El Chubut
Provincia/Región: Chubut
Uno de los sectores que está más interesado en participar de los espacios de debate que se concreten es el ruralismo, ya que hay quienes advierten sobre el impacto nocivo sobre los campos, por lo cual la Federación y Sociedades Rurales, están a la espera de las convocatorias.
«Donde hay megaminería, desaparece la actividad agropecuaria», sostuvo el ex presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Federico Pichl, quien alertó sobre el resultado del desarrollo minero en la meseta central, en la cual «no se va a poder seguir desarrollando la actividad agropecuaria», ante el problema que resultará de la utilización de elementos como el «cianuro».
«Acá el problema no es cómo la van a pasar 5 personas en un lado o 100 personas en el otro, el problema es cómo la vamos a pasar los 550 o 600 mil habitantes de la provincia del Chubut, y ¿a cambio de qué para el pueblo de la provincia?», expresó el dirigente en diálogo con EL CHUBUT, señalando también que en el caso de la entidad que representa a los productores del sur chubutense «ya hemos mantenido una confrontación con el petróleo que lleva unos treinta y pico de años», aunque reconoció que se ha logrado un cierto equilibrio. «Con la actividad minera hemos confrontado desde el principio, no hay ley, no hay reglas, no hay normas que regulen la relación entre la minería y los superficiarios, es decir, los dueños del campo», agregó.
Para Pichl el resto de los ruralistas «no creo que vayan a tener una posición muy distinta a la que estoy comentando» sobre la minería. «Nos van a dejar un enorme pasivo ambiental, desocupación, desequilibrios sociales en los pueblos del interior de la provincia y, básicamente, seguimos sin hablar del agua», enfatizó el pachista.
Sobre el tema también se expresó el presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, Ernesto Siguero, quien en diálogo con este medio indicó que
«hemos hablado sobre la minería», pero hasta el momento «no existió un debate profundo», si bien Comodoro tiene amplia experiencia en el tema minero, lo cual «es muy importante su opinión», y en el caso de Trelew «se está atento a esa situación».
Siguero reconoció que hay «una preocupación de cómo le va afectar a cada uno», remarcando que «ninguna actividad minera se puede desarrollar si el propietario del campo no está de acuerdo. En ese marco es la defensa del interés de cada productor». Asimismo, se refirió al inicio del debate para mediados de año sobre la explotación minera, para lo cual «por supuesto que sí» están a la espera de «ser convocados para un trabajo que nos afecta directamente».
Desde las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), su vicepresidente Juan Carlos Goya, aseveró que «es un viejo problema que enfrenta el sector productor con el sector minero. Prueba de esto es lo que ha sucedido durante muchos años en la zona de Comodoro o en la provincia de Santa Cruz con el tema de las explotaciones petroleras».
El esquelense opinó que «es un tema muy sensible y es razonable que los productores estén preocupados por esta situación hasta que no haya un marco mucho más claro de responsabilidades y de funcionamiento concreto del recurso minero, si es que el recurso minero en definitiva va a ser explotado». Y para ello, Goya dijo que espera que desde la Provincia se llame a los productores para debatir sobre esta actividad.
Fecha de Publicación: 18/04/2010
Fuente: Diario El Chubut
Provincia/Región: Chubut
Uno de los sectores que está más interesado en participar de los espacios de debate que se concreten es el ruralismo, ya que hay quienes advierten sobre el impacto nocivo sobre los campos, por lo cual la Federación y Sociedades Rurales, están a la espera de las convocatorias.
«Donde hay megaminería, desaparece la actividad agropecuaria», sostuvo el ex presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Federico Pichl, quien alertó sobre el resultado del desarrollo minero en la meseta central, en la cual «no se va a poder seguir desarrollando la actividad agropecuaria», ante el problema que resultará de la utilización de elementos como el «cianuro».
«Acá el problema no es cómo la van a pasar 5 personas en un lado o 100 personas en el otro, el problema es cómo la vamos a pasar los 550 o 600 mil habitantes de la provincia del Chubut, y ¿a cambio de qué para el pueblo de la provincia?», expresó el dirigente en diálogo con EL CHUBUT, señalando también que en el caso de la entidad que representa a los productores del sur chubutense «ya hemos mantenido una confrontación con el petróleo que lleva unos treinta y pico de años», aunque reconoció que se ha logrado un cierto equilibrio. «Con la actividad minera hemos confrontado desde el principio, no hay ley, no hay reglas, no hay normas que regulen la relación entre la minería y los superficiarios, es decir, los dueños del campo», agregó.
Para Pichl el resto de los ruralistas «no creo que vayan a tener una posición muy distinta a la que estoy comentando» sobre la minería. «Nos van a dejar un enorme pasivo ambiental, desocupación, desequilibrios sociales en los pueblos del interior de la provincia y, básicamente, seguimos sin hablar del agua», enfatizó el pachista.
Sobre el tema también se expresó el presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, Ernesto Siguero, quien en diálogo con este medio indicó que
«hemos hablado sobre la minería», pero hasta el momento «no existió un debate profundo», si bien Comodoro tiene amplia experiencia en el tema minero, lo cual «es muy importante su opinión», y en el caso de Trelew «se está atento a esa situación».
Siguero reconoció que hay «una preocupación de cómo le va afectar a cada uno», remarcando que «ninguna actividad minera se puede desarrollar si el propietario del campo no está de acuerdo. En ese marco es la defensa del interés de cada productor». Asimismo, se refirió al inicio del debate para mediados de año sobre la explotación minera, para lo cual «por supuesto que sí» están a la espera de «ser convocados para un trabajo que nos afecta directamente».
Desde las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), su vicepresidente Juan Carlos Goya, aseveró que «es un viejo problema que enfrenta el sector productor con el sector minero. Prueba de esto es lo que ha sucedido durante muchos años en la zona de Comodoro o en la provincia de Santa Cruz con el tema de las explotaciones petroleras».
El esquelense opinó que «es un tema muy sensible y es razonable que los productores estén preocupados por esta situación hasta que no haya un marco mucho más claro de responsabilidades y de funcionamiento concreto del recurso minero, si es que el recurso minero en definitiva va a ser explotado». Y para ello, Goya dijo que espera que desde la Provincia se llame a los productores para debatir sobre esta actividad.
Mercurio en el agua de Mendoza
Contaminación con mercurio dejó a miles de personas sin agua
Fecha de Publicación: 17/04/2010
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Obras Sanitarias detectó alta concentración de ese metal en el cauce del Cacique Guaymallén y cerró dos plantas potabilizadoras. Aseguran que no hay riesgo para la salud. Investiga una fiscal.
Un derrame de mercurio sobre el canal Cacique Guaymallén, el cual no se sabe si fue intencional o accidental, contaminó ayer al mediodía las aguas que abastecen a dos de las cinco plantas potabilizadoras del Gran Mendoza, obligando a Obras Sanitarias Mendoza (OSM) a cortar el servicio en media ciudad.
El interventor de la distribuidora, Gonzalo Dávila, le confirmó anoche a los prensa el hallazgo del metal y aseguró que “se tomaron todas las medidas y no hay riesgo alguno para la salud de la población”.
La alta concentración de mercurio encontrada en un control de rutina, que superó los estándares técnicos, fue detectada a la altura de La Puntilla, en Luján de Cuyo.
Una firma local que fabrica lavandina y soda cáustica utilizando mercurio en su proceso industrial, y que en el pasado reciente ha sufrido sanciones y clausuras de parte de la Secretaría de Ambiente, es la principal sospechosa del incidente (ver claves).
Para el Gobierno y OSM, el derrame es un hecho, “por la concentración hallada”.
Anoche, OSM hizo la denuncia penal en Delitos Complejos ante la fiscal Claudia Ríos Ortiz, quien al cierre de esta edición les tomaba declaración testimonial a funcionarios y técnicos de la distribuidora de agua.
Ríos investigará si se violó el artículo 200 del Código Penal , que dice: “Será reprimido con prisión de 3 a 10 años el que envenene o adultere, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. La pena es de 10 a 25 años si causa la muerte”.
Afectados y sin agua
A las 13 de ayer, la emergencia se desató en Obras Sanitarias cuando los técnicos encontraron mercurio en el caudal que discurría por el canal Cacique Guaymallén. Eso obligó a la empresa a paralizar las plantas potabilizadoras de Benegas (en Godoy Cruz) y Alto Godoy (en el parque General San Martín, de Capital), que son alimentadas por el canal aguas abajo del punto del hallazgo.
En ese interín confirmaron también que ambas plantas estaban contaminadas y debían ser lavadas.
Así fue que miles de mendocinos se quedaron sin el servicio de agua potable hasta hoy.
Fecha de Publicación: 17/04/2010
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Obras Sanitarias detectó alta concentración de ese metal en el cauce del Cacique Guaymallén y cerró dos plantas potabilizadoras. Aseguran que no hay riesgo para la salud. Investiga una fiscal.
Un derrame de mercurio sobre el canal Cacique Guaymallén, el cual no se sabe si fue intencional o accidental, contaminó ayer al mediodía las aguas que abastecen a dos de las cinco plantas potabilizadoras del Gran Mendoza, obligando a Obras Sanitarias Mendoza (OSM) a cortar el servicio en media ciudad.
El interventor de la distribuidora, Gonzalo Dávila, le confirmó anoche a los prensa el hallazgo del metal y aseguró que “se tomaron todas las medidas y no hay riesgo alguno para la salud de la población”.
La alta concentración de mercurio encontrada en un control de rutina, que superó los estándares técnicos, fue detectada a la altura de La Puntilla, en Luján de Cuyo.
Una firma local que fabrica lavandina y soda cáustica utilizando mercurio en su proceso industrial, y que en el pasado reciente ha sufrido sanciones y clausuras de parte de la Secretaría de Ambiente, es la principal sospechosa del incidente (ver claves).
Para el Gobierno y OSM, el derrame es un hecho, “por la concentración hallada”.
Anoche, OSM hizo la denuncia penal en Delitos Complejos ante la fiscal Claudia Ríos Ortiz, quien al cierre de esta edición les tomaba declaración testimonial a funcionarios y técnicos de la distribuidora de agua.
Ríos investigará si se violó el artículo 200 del Código Penal , que dice: “Será reprimido con prisión de 3 a 10 años el que envenene o adultere, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. La pena es de 10 a 25 años si causa la muerte”.
Afectados y sin agua
A las 13 de ayer, la emergencia se desató en Obras Sanitarias cuando los técnicos encontraron mercurio en el caudal que discurría por el canal Cacique Guaymallén. Eso obligó a la empresa a paralizar las plantas potabilizadoras de Benegas (en Godoy Cruz) y Alto Godoy (en el parque General San Martín, de Capital), que son alimentadas por el canal aguas abajo del punto del hallazgo.
En ese interín confirmaron también que ambas plantas estaban contaminadas y debían ser lavadas.
Así fue que miles de mendocinos se quedaron sin el servicio de agua potable hasta hoy.
Investigan a la Alumbrera por evasión
Investigan a Minera Alumbrera por multimillonaria evasión
Fecha de Publicación: 17/04/2010
Fuente: El Siglo Web
Provincia/Región: Tucumán
De acuerdo a una denuncia que se tramita en la Justicia Federal con asiento en Tucumán, el monto evadido en concepto de impuesto a las Ganancias superaría los 17 mil millones de dólares. Se sospecha que la empresa solamente declara una pequeña parte de los minerales que exporta. Perjuicios para el YMAD.
La Justicia Federal con asiento en Tucumán tiene en la mira a la firma Minera La Alumbrera, esta vez no por el daño ambiental que genera como consecuencia de la explotación de minerales en la provincia de Catamarca, sino por una multimillonaria evasión fiscal.
El Fiscal General de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, está a la espera de la resolución de una denuncia realizada el pasado 16 de febrero contra esa empresa de capitales extranjeros, por la cual se pidió investigar si existe una evasión al fisco nacional por la friolera de 17.360.148.750 dólares.
De acuerdo a la denuncia, ese monto surgiría por la extracción y exportación no declarada de importantes cantidades de cromo, cobalto, cesio y uranio, entre otros minerales de alto valor económico (la empresa solamente declara la producción de oro, cobre y molibdeno).
Según la demanda, esas millonarias supuestas ganancias encubiertas no estarían siendo repartidas con sus socios de Yacimiento Minero Agua de Dionisio (YMAD), integrado por la Universidad Nacional de Tucumán, la Provincia de Catamarca y el Estado Nacional.
El expediente judicial, al cual EL SIGLO tuvo acceso, señala que en titanio, por ejemplo, Minera La Alumbrera obtendría unos 1.920 de dólares por tonelada, y con el escandio, unos 4.492 de dólares por tonelada.
Perjuicios para el YMAD
Más allá de que estos minerales no figurarían en los permisos de embarque que se labrarían ante la Administración Nacional de Aduanas de San Lorenzo (para su exportación), este ocultamiento significaría una evasión fiscal y un grave perjuicio contra YMAD.
La conclusión a la que llegó el informe que constituye el cuerpo principal de la denuncia es que Minera La Alumbrera estaría obteniendo ganancias no declaradas en un promedio de 90 dólares por tonelada, habiendo descontado de dicho monto todo lo que significa el costo de producción, desde la extracción, hasta el fraccionado y la venta.
Cifras millonarias
Si se tiene en cuenta que la empresa estaría extrayendo un promedio anual de 91.250.000 toneladas, por la maniobra antes mencionada, según la demanda, no estaría declarando al fisco unos 8.266.337.500 dólares por año.
Además, se recuerda que el YMAD recibe el 20 por ciento de las utilidades netas de la empresa. Esto implica que, en doce años de producción, al gobierno de Catamarca le corresponden 11.903.526.00 dólares, a la UNT (en concepto de regalías) unos 3.967.842.000 dólares y al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), 3.967.842.000 dólares. A ello, debe sumarse que al gobierno de Catamarca se le debe pagar el 3 por ciento en concepto de regalías, es decir unos 2.975.881.500 dólares.
Tomando en cuenta esos valores, el impuesto a las ganancias evadido por la empresa durante los últimos 12 años, según la denuncia, rondaría los 17.360.148.750 dólares
La investigación también apunta a conocer el destino que tuvieron los fondos que recibió el YMAD. "Hasta aquí y ahora nunca estuvo claro cuánto han recibido en concepto de utilidades los socios de YMAD. Tampoco si el monto percibido era correcto. Estas irregularidades pueden sospecharse sobre la distribución de las utilidades que hace esa empresa", aclara el expediente.
Fecha de Publicación: 17/04/2010
Fuente: El Siglo Web
Provincia/Región: Tucumán
De acuerdo a una denuncia que se tramita en la Justicia Federal con asiento en Tucumán, el monto evadido en concepto de impuesto a las Ganancias superaría los 17 mil millones de dólares. Se sospecha que la empresa solamente declara una pequeña parte de los minerales que exporta. Perjuicios para el YMAD.
La Justicia Federal con asiento en Tucumán tiene en la mira a la firma Minera La Alumbrera, esta vez no por el daño ambiental que genera como consecuencia de la explotación de minerales en la provincia de Catamarca, sino por una multimillonaria evasión fiscal.
El Fiscal General de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, está a la espera de la resolución de una denuncia realizada el pasado 16 de febrero contra esa empresa de capitales extranjeros, por la cual se pidió investigar si existe una evasión al fisco nacional por la friolera de 17.360.148.750 dólares.
De acuerdo a la denuncia, ese monto surgiría por la extracción y exportación no declarada de importantes cantidades de cromo, cobalto, cesio y uranio, entre otros minerales de alto valor económico (la empresa solamente declara la producción de oro, cobre y molibdeno).
Según la demanda, esas millonarias supuestas ganancias encubiertas no estarían siendo repartidas con sus socios de Yacimiento Minero Agua de Dionisio (YMAD), integrado por la Universidad Nacional de Tucumán, la Provincia de Catamarca y el Estado Nacional.
El expediente judicial, al cual EL SIGLO tuvo acceso, señala que en titanio, por ejemplo, Minera La Alumbrera obtendría unos 1.920 de dólares por tonelada, y con el escandio, unos 4.492 de dólares por tonelada.
Perjuicios para el YMAD
Más allá de que estos minerales no figurarían en los permisos de embarque que se labrarían ante la Administración Nacional de Aduanas de San Lorenzo (para su exportación), este ocultamiento significaría una evasión fiscal y un grave perjuicio contra YMAD.
La conclusión a la que llegó el informe que constituye el cuerpo principal de la denuncia es que Minera La Alumbrera estaría obteniendo ganancias no declaradas en un promedio de 90 dólares por tonelada, habiendo descontado de dicho monto todo lo que significa el costo de producción, desde la extracción, hasta el fraccionado y la venta.
Cifras millonarias
Si se tiene en cuenta que la empresa estaría extrayendo un promedio anual de 91.250.000 toneladas, por la maniobra antes mencionada, según la demanda, no estaría declarando al fisco unos 8.266.337.500 dólares por año.
Además, se recuerda que el YMAD recibe el 20 por ciento de las utilidades netas de la empresa. Esto implica que, en doce años de producción, al gobierno de Catamarca le corresponden 11.903.526.00 dólares, a la UNT (en concepto de regalías) unos 3.967.842.000 dólares y al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), 3.967.842.000 dólares. A ello, debe sumarse que al gobierno de Catamarca se le debe pagar el 3 por ciento en concepto de regalías, es decir unos 2.975.881.500 dólares.
Tomando en cuenta esos valores, el impuesto a las ganancias evadido por la empresa durante los últimos 12 años, según la denuncia, rondaría los 17.360.148.750 dólares
La investigación también apunta a conocer el destino que tuvieron los fondos que recibió el YMAD. "Hasta aquí y ahora nunca estuvo claro cuánto han recibido en concepto de utilidades los socios de YMAD. Tampoco si el monto percibido era correcto. Estas irregularidades pueden sospecharse sobre la distribución de las utilidades que hace esa empresa", aclara el expediente.
Agua potable, un bien escaso
Agua potable, un bien escaso
Fecha de Publicación: 16/04/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Más de 8 millones de argentinos no cuentan con este servicio básico; las ONG aportan posibles soluciones
Algunas de las personas que residen en países en vías de desarrollo tienen que caminar seis kilómetros para buscar agua potable.
En América latina se estima que una cuarta parte de la población -más de 100 millones de personas- vive en zonas con estrés hídrico, principalmente en México, Argentina y los países ubicados a lo largo de la costa oeste del continente.
En nuestro país, según un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), más de 8 millones (23%) de habitantes no tienen red de agua potable y más de 21 millones (57,5%) no cuentan con desagües cloacales. "Todas nuestras acciones tienen una implicancia ambiental. La población mundial consume un 30% más de los recursos que el planeta es capaz de sostener a largo plazo, eso incluye al agua", afirma Diego Moreno, director de Fundación Vida Silvestre.
El 71% de la superficie del planeta está cubierto de agua. De este porcentaje, sólo el 3% está compuesto por agua dulce apta para el consumo humano, incluyendo la superficie de hielo que configuran los polos Sur y Norte. Además, el total de lo que se arroja de residuos en lagos, ríos y cuencas equivale al peso de la población mundial (casi 7000 millones de personas), según la Organización Mundial de la Salud.
Si bien la Argentina posee la cuenca Metropolitana, que es rica en agua dulce, las dos terceras partes del territorio nacional son áreas semiáridas o áridas. Esto implica que se cuenta con poca disponibilidad del recurso para uso productivo y humano.
Por otra parte, hay muchas áreas donde los cursos de agua o humedales se utilizan para riego. "El uso de las nacientes puede originar escasez en otras zonas. Por eso, la planificación de los recursos hídricos requiere de la coordinación de políticas productivas entre el Estado nacional, los gobiernos provinciales y el sector privado", sugiere Moreno.
Más allá del análisis macro o microeconómico, el ciudadano puede contribuir al uso sustentable del agua en el día a día. Un buen signo es que casi el 40% de los argentinos está preocupado por el cambio climático, según una encuesta realizada el año pasado por la consultora Ibarómetro.
De la teoría a la acción
A su vez, son varias las organizaciones de la sociedad civil con las que se puede colaborar o en cuyas acciones se pueden inspirar nuevas iniciativas.
Por ejemplo, la Fundación Vida Silvestre pone el foco en cómo las actividades humanas se pueden adaptar al ambiente donde se desarrollan, y no al revés. Así, promueve la preservación y el uso productivo sustentable de humedales en el norte de Santa Fe y en la bahía de Samborombón, provincia de Buenos Aires.
A través del Concurso del Agua, financia proyectos sobre el manejo responsable de fuentes de agua en el norte del país.
Basados en que la información sobre la calidad del agua que tomamos es un derecho incluido en la Constitución Nacional, la Asociación Alihuen, de La Pampa, promueve acciones para controlar los niveles de flúor y arsénico presentes en los cursos de agua de la provincia. "Elaboramos un mapa de su calidad con datos oficiales recopilados por los vecinos que hacen valer su derecho a la información ante los organismos públicos o privados que suministran el agua", explica el ingeniero Leandro Altolaguirre, presidente de esa organización. Si bien el objetivo de concientización se cumple, se encuentran más con un mapeo de "cómo se retacea y/o oculta la información", según lamenta el ingeniero.
En consonancia con el lema del Día Internacional del Agua, celebrado el 22 de marzo, los especialistas destacan que en la gestión de recursos hídricos la calidad es tan importante como la cantidad, y la concientización debe partir tanto de los ciudadanos como de los Estados y las corporaciones.
Por eso, la red de organizaciones Espacio Agua promueve en Buenos Aires la iniciativa internacional Maratón por el agua, que se realizará mañana en más de 190 ciudades.
"Es una oportunidad para que los ciudadanos se manifiesten de manera pacífica, pero comprometida a favor de declarar el acceso al agua y el saneamiento como un derecho humano", explica María Laura Lignini, coordinadora de la organización.
Fecha de Publicación: 16/04/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Más de 8 millones de argentinos no cuentan con este servicio básico; las ONG aportan posibles soluciones
Algunas de las personas que residen en países en vías de desarrollo tienen que caminar seis kilómetros para buscar agua potable.
En América latina se estima que una cuarta parte de la población -más de 100 millones de personas- vive en zonas con estrés hídrico, principalmente en México, Argentina y los países ubicados a lo largo de la costa oeste del continente.
En nuestro país, según un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), más de 8 millones (23%) de habitantes no tienen red de agua potable y más de 21 millones (57,5%) no cuentan con desagües cloacales. "Todas nuestras acciones tienen una implicancia ambiental. La población mundial consume un 30% más de los recursos que el planeta es capaz de sostener a largo plazo, eso incluye al agua", afirma Diego Moreno, director de Fundación Vida Silvestre.
El 71% de la superficie del planeta está cubierto de agua. De este porcentaje, sólo el 3% está compuesto por agua dulce apta para el consumo humano, incluyendo la superficie de hielo que configuran los polos Sur y Norte. Además, el total de lo que se arroja de residuos en lagos, ríos y cuencas equivale al peso de la población mundial (casi 7000 millones de personas), según la Organización Mundial de la Salud.
Si bien la Argentina posee la cuenca Metropolitana, que es rica en agua dulce, las dos terceras partes del territorio nacional son áreas semiáridas o áridas. Esto implica que se cuenta con poca disponibilidad del recurso para uso productivo y humano.
Por otra parte, hay muchas áreas donde los cursos de agua o humedales se utilizan para riego. "El uso de las nacientes puede originar escasez en otras zonas. Por eso, la planificación de los recursos hídricos requiere de la coordinación de políticas productivas entre el Estado nacional, los gobiernos provinciales y el sector privado", sugiere Moreno.
Más allá del análisis macro o microeconómico, el ciudadano puede contribuir al uso sustentable del agua en el día a día. Un buen signo es que casi el 40% de los argentinos está preocupado por el cambio climático, según una encuesta realizada el año pasado por la consultora Ibarómetro.
De la teoría a la acción
A su vez, son varias las organizaciones de la sociedad civil con las que se puede colaborar o en cuyas acciones se pueden inspirar nuevas iniciativas.
Por ejemplo, la Fundación Vida Silvestre pone el foco en cómo las actividades humanas se pueden adaptar al ambiente donde se desarrollan, y no al revés. Así, promueve la preservación y el uso productivo sustentable de humedales en el norte de Santa Fe y en la bahía de Samborombón, provincia de Buenos Aires.
A través del Concurso del Agua, financia proyectos sobre el manejo responsable de fuentes de agua en el norte del país.
Basados en que la información sobre la calidad del agua que tomamos es un derecho incluido en la Constitución Nacional, la Asociación Alihuen, de La Pampa, promueve acciones para controlar los niveles de flúor y arsénico presentes en los cursos de agua de la provincia. "Elaboramos un mapa de su calidad con datos oficiales recopilados por los vecinos que hacen valer su derecho a la información ante los organismos públicos o privados que suministran el agua", explica el ingeniero Leandro Altolaguirre, presidente de esa organización. Si bien el objetivo de concientización se cumple, se encuentran más con un mapeo de "cómo se retacea y/o oculta la información", según lamenta el ingeniero.
En consonancia con el lema del Día Internacional del Agua, celebrado el 22 de marzo, los especialistas destacan que en la gestión de recursos hídricos la calidad es tan importante como la cantidad, y la concientización debe partir tanto de los ciudadanos como de los Estados y las corporaciones.
Por eso, la red de organizaciones Espacio Agua promueve en Buenos Aires la iniciativa internacional Maratón por el agua, que se realizará mañana en más de 190 ciudades.
"Es una oportunidad para que los ciudadanos se manifiesten de manera pacífica, pero comprometida a favor de declarar el acceso al agua y el saneamiento como un derecho humano", explica María Laura Lignini, coordinadora de la organización.
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