Cuando la justicia mete miedo
Cuando la justicia mete miedo
Fecha de Publicación: 09/05/2008
Fuente: Primerafuente
Provincia/Región: Tucumán
El miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Ricardo Sanjuan, denunció a ambientalistas que realizaron protestas para que se agilice una causa contra Minera Alumbrera. Los acusó de chantaje y extorsión y podría iniciarles una demanda penal. Los ecologistas exigen que, tras más de dos años de mora, la Cámara determine la situación de un alto directivo de esa minera. En vez de revolver este planteo, Sanjuan aseguró que el pedido de los ambientalistas "responde a oscuros intereses" y, no conforme con eso, pidió a la Policía Federal que se identifique a cada uno de los que participaron de la protesta.
Si un juez federal entiende que una protesta callejera de vecinos en búsqueda de celeridad en una causa trabada hace años es un "chantaje", ¿adónde queda el constitucional derecho a reclamar por la real búsqueda de justicia? Si este magistrado, peor aún, considera que este reclamo popular se ajusta a "oscuros intereses" orientados a amenazarlo y extorsionarlo, ¿qué lugar ocupa el derecho de todo ciudadano a expresarse libremente y peticionar que se cumplan las leyes que protegen al medio ambiente?
Que un funcionario judicial inicie una denuncia, como aparente instancia preparatoria de una acción penal, contra un grupo de ciudadanos que reclamó públicamente mayor celeridad en una causa, parece circunscribirnos a los peores años oscuros de nuestra historia, cuando las garantías constitucionales se pisoteaban sin contemplaciones mínimas.
Tres concentraciones de ambientalistas realizadas frente a las puertas de Tribunales Federales de Tucumán bastaron para que el juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Mario Sanjuan, dé los pasos iniciales hacia una probable denuncia penal contra los manifestantes.
Mediante una denuncia (aparentemente presentada ante el juez federal Nº 2, Mario Racedo), Sanjuan, vinculó el accionar de los ambientalistas a una "posible comisión del delito previsto y penado en el artículo 169 del Código Penal". En otras palabras, el magistrado relacionó la protesta a un hecho extorsivo.
En su denuncia, el juez aclara no constarle la real existencia de la Asamblea Socio Ambiental del Noa (nuclea a la mayoría de las ONGs que realizaron las manifestaciones) y consideró que los ambientalistas tratan de exigirle "una resolución judicial sujeta a oscuros intereses". "Utilizan lo que se denomina en el argot común `chantaje´ como modalidad del delito de `extorsión´, de tal manera que esa amenaza se transforma en pública; como consecuencia de lo cual, llevan publicidad lo que afecta la honra o el honor de la persona", reza en forma textual la controvertida acusación de Sanjuan.
En la presentación, a la que tuvo acceso primerafuente,el camarista también pidió a la Policía Federal la identificación de cada uno de los integrantes de Asanoa, su personería jurídica y datos de quienes repartieron panfletos en reclamo de justicia.
Los jueves 14, 21 y 28 de febrero, integrantes de las agrupaciones Pro-Eco, Conciencia Solidaria, Orejanos, Aconquija por la Vida, entre otras entidades agrupadas en Asanoa, junto a activistas del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), realizaron una protesta frente a Tribunales. En la misma se entregaron panfletos a particulares y a los propios funcionarios judiciales en el cual se asentaban sus reclamos. La medida, generó fuerte malestar entre los integrantes Cámara Federal de Apelaciones, según reconocieron fuentes judiciales.
La brasa caliente que permanece estancada en la Cámara Federal
La causa a la que los ambientalistas reclaman premura se inició en 1999 luego de una denuncia del biólogo Juan Antonio González (ex director de Medio Ambiente provincial) como investigador del Instituto Miguel Lillo. En la misma, quedó involucrado en alto directivo de Minera Alumbrera, Julián Rooney debido al aparente daño ambiental producido en el canal de desagüe DP2, ubicado en la ruta provincial 302, de la localidad de Ranchillos (Cruz Alta).
Allí convergen las aguas que provienen de una planta de filtrado ubicada en Ranchillos, lugar donde desemboca, por medio de un mineraloducto, el concentrado de mineral que la mencionada empresa minera extrae del yacimiento Bajo La Alumbrera (Catamarca).
El presunto delito de contaminación en cuestión está previsto y penado en el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.
En 2005, el destituido juez federal Felipe Terán dispuso la falta de mérito a Rooney lo que fue apelado ante la Cámara Federal por el el fiscal federal Nº 2, Carlos Brito, sin respuestas hasta el momento.
La Cámara (integrada además por su presidente Ernesto Wayar, Raúl Mender, Graciela Fernández Vecino y Marina Cossio de Mercado) debe resolver si rechaza la apelación del fiscal a la falta de mérito resuelta por Terán o bien, dar lugar al planteo, lo que permitiría continuar la investigación contra Rooney en camino a su posible procesamiento.
"Nos quieren amedrentar y dar miedo, pero no lo lograrán"
Cuando el integrante de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Sanjuan, pidió en su denuncia que la Policía Federal verifique la personería jurídica de la ONG que tuvo la "osadía" de reclamarle celeridad en una causa contra Minera Alumbrera, se topó con la organización ambiental taficeña Pro-Eco, vigente desde 1997 e integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Argentina (UAC) y de la Asamblea Socio Ambiental del Noa.
En diálogo con primerafuente, una de sus referentes, Myrian Genisans, no disimuló su repudio ante la aparente denuncia penal que podrían recibir y calificó como un intento de amedrentación el accionar del cuestionado camarista.
"Parece que Sanjuan se olvida que existe un derecho a la información pública y que él, como funcionario, tiene la obligación de otorgarla y divulgarla. Hace más de dos años que queremos saber qué pasa con la apelación a la falta de mérito dispuesta a favor de Julián Rooney (directivo de Minera Alumbrera) y, hasta ahora, no encontramos repuestas ni hay fallo alguno", señaló.
Para la ambientalista, las tres protestas realizadas en febrero frente a Tribunales Federales "apuntaron a recordarle a los camaristas que son trabajadores del Estado y garantes de nuestros derechos por lo que no deben seguir demorando un fallo frente este delito de contaminación", se quejó la docente de la facultad de Artes de la UNT.
En las concentraciones, se repartieron panfletos a particulares y funcionarios judiciales donde se reclamaba celeridad en la causa contra Rooney y se informaba a la población el impacto que esta minera causó al medio ambiente.
"Todo esto se vincula con la Ley Antiterrorista y la criminalización de la protesta que nos quieren imponer. Pero si no reaccionamos ante este atropello haremos más fáciles prácticas que son propias de la dictadura", concluyó la luchadora ambiental.
Algunos artículos que los ambientalistas reclaman a Sanjuan tener en cuenta
Más allá de los derechos constitucionales al acceso a la información pública, a la protesta y a la libertad de expresión, los ambientalistas de Pro-Eco, advirtieron la existencia de artículos de la Ley General del Ambiente (Nº 25.675) los que recomendaron al juez Sanjuan tener en cuenta antes de iniciar denuncia alguna.
Entre otros, mencionaron los artículos de la mencionada ley vinculados a la Participación Ciudadana que, a continuación, aquí se transcriben.
ARTICULO 19. — Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general.
ARTICULO 20. — Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública.
ARTICULO 21. — La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados.
Fecha de Publicación: 09/05/2008
Fuente: Primerafuente
Provincia/Región: Tucumán
El miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Ricardo Sanjuan, denunció a ambientalistas que realizaron protestas para que se agilice una causa contra Minera Alumbrera. Los acusó de chantaje y extorsión y podría iniciarles una demanda penal. Los ecologistas exigen que, tras más de dos años de mora, la Cámara determine la situación de un alto directivo de esa minera. En vez de revolver este planteo, Sanjuan aseguró que el pedido de los ambientalistas "responde a oscuros intereses" y, no conforme con eso, pidió a la Policía Federal que se identifique a cada uno de los que participaron de la protesta.
Si un juez federal entiende que una protesta callejera de vecinos en búsqueda de celeridad en una causa trabada hace años es un "chantaje", ¿adónde queda el constitucional derecho a reclamar por la real búsqueda de justicia? Si este magistrado, peor aún, considera que este reclamo popular se ajusta a "oscuros intereses" orientados a amenazarlo y extorsionarlo, ¿qué lugar ocupa el derecho de todo ciudadano a expresarse libremente y peticionar que se cumplan las leyes que protegen al medio ambiente?
Que un funcionario judicial inicie una denuncia, como aparente instancia preparatoria de una acción penal, contra un grupo de ciudadanos que reclamó públicamente mayor celeridad en una causa, parece circunscribirnos a los peores años oscuros de nuestra historia, cuando las garantías constitucionales se pisoteaban sin contemplaciones mínimas.
Tres concentraciones de ambientalistas realizadas frente a las puertas de Tribunales Federales de Tucumán bastaron para que el juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Mario Sanjuan, dé los pasos iniciales hacia una probable denuncia penal contra los manifestantes.
Mediante una denuncia (aparentemente presentada ante el juez federal Nº 2, Mario Racedo), Sanjuan, vinculó el accionar de los ambientalistas a una "posible comisión del delito previsto y penado en el artículo 169 del Código Penal". En otras palabras, el magistrado relacionó la protesta a un hecho extorsivo.
En su denuncia, el juez aclara no constarle la real existencia de la Asamblea Socio Ambiental del Noa (nuclea a la mayoría de las ONGs que realizaron las manifestaciones) y consideró que los ambientalistas tratan de exigirle "una resolución judicial sujeta a oscuros intereses". "Utilizan lo que se denomina en el argot común `chantaje´ como modalidad del delito de `extorsión´, de tal manera que esa amenaza se transforma en pública; como consecuencia de lo cual, llevan publicidad lo que afecta la honra o el honor de la persona", reza en forma textual la controvertida acusación de Sanjuan.
En la presentación, a la que tuvo acceso primerafuente,el camarista también pidió a la Policía Federal la identificación de cada uno de los integrantes de Asanoa, su personería jurídica y datos de quienes repartieron panfletos en reclamo de justicia.
Los jueves 14, 21 y 28 de febrero, integrantes de las agrupaciones Pro-Eco, Conciencia Solidaria, Orejanos, Aconquija por la Vida, entre otras entidades agrupadas en Asanoa, junto a activistas del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), realizaron una protesta frente a Tribunales. En la misma se entregaron panfletos a particulares y a los propios funcionarios judiciales en el cual se asentaban sus reclamos. La medida, generó fuerte malestar entre los integrantes Cámara Federal de Apelaciones, según reconocieron fuentes judiciales.
La brasa caliente que permanece estancada en la Cámara Federal
La causa a la que los ambientalistas reclaman premura se inició en 1999 luego de una denuncia del biólogo Juan Antonio González (ex director de Medio Ambiente provincial) como investigador del Instituto Miguel Lillo. En la misma, quedó involucrado en alto directivo de Minera Alumbrera, Julián Rooney debido al aparente daño ambiental producido en el canal de desagüe DP2, ubicado en la ruta provincial 302, de la localidad de Ranchillos (Cruz Alta).
Allí convergen las aguas que provienen de una planta de filtrado ubicada en Ranchillos, lugar donde desemboca, por medio de un mineraloducto, el concentrado de mineral que la mencionada empresa minera extrae del yacimiento Bajo La Alumbrera (Catamarca).
El presunto delito de contaminación en cuestión está previsto y penado en el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.
En 2005, el destituido juez federal Felipe Terán dispuso la falta de mérito a Rooney lo que fue apelado ante la Cámara Federal por el el fiscal federal Nº 2, Carlos Brito, sin respuestas hasta el momento.
La Cámara (integrada además por su presidente Ernesto Wayar, Raúl Mender, Graciela Fernández Vecino y Marina Cossio de Mercado) debe resolver si rechaza la apelación del fiscal a la falta de mérito resuelta por Terán o bien, dar lugar al planteo, lo que permitiría continuar la investigación contra Rooney en camino a su posible procesamiento.
"Nos quieren amedrentar y dar miedo, pero no lo lograrán"
Cuando el integrante de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Sanjuan, pidió en su denuncia que la Policía Federal verifique la personería jurídica de la ONG que tuvo la "osadía" de reclamarle celeridad en una causa contra Minera Alumbrera, se topó con la organización ambiental taficeña Pro-Eco, vigente desde 1997 e integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Argentina (UAC) y de la Asamblea Socio Ambiental del Noa.
En diálogo con primerafuente, una de sus referentes, Myrian Genisans, no disimuló su repudio ante la aparente denuncia penal que podrían recibir y calificó como un intento de amedrentación el accionar del cuestionado camarista.
"Parece que Sanjuan se olvida que existe un derecho a la información pública y que él, como funcionario, tiene la obligación de otorgarla y divulgarla. Hace más de dos años que queremos saber qué pasa con la apelación a la falta de mérito dispuesta a favor de Julián Rooney (directivo de Minera Alumbrera) y, hasta ahora, no encontramos repuestas ni hay fallo alguno", señaló.
Para la ambientalista, las tres protestas realizadas en febrero frente a Tribunales Federales "apuntaron a recordarle a los camaristas que son trabajadores del Estado y garantes de nuestros derechos por lo que no deben seguir demorando un fallo frente este delito de contaminación", se quejó la docente de la facultad de Artes de la UNT.
En las concentraciones, se repartieron panfletos a particulares y funcionarios judiciales donde se reclamaba celeridad en la causa contra Rooney y se informaba a la población el impacto que esta minera causó al medio ambiente.
"Todo esto se vincula con la Ley Antiterrorista y la criminalización de la protesta que nos quieren imponer. Pero si no reaccionamos ante este atropello haremos más fáciles prácticas que son propias de la dictadura", concluyó la luchadora ambiental.
Algunos artículos que los ambientalistas reclaman a Sanjuan tener en cuenta
Más allá de los derechos constitucionales al acceso a la información pública, a la protesta y a la libertad de expresión, los ambientalistas de Pro-Eco, advirtieron la existencia de artículos de la Ley General del Ambiente (Nº 25.675) los que recomendaron al juez Sanjuan tener en cuenta antes de iniciar denuncia alguna.
Entre otros, mencionaron los artículos de la mencionada ley vinculados a la Participación Ciudadana que, a continuación, aquí se transcriben.
ARTICULO 19. — Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general.
ARTICULO 20. — Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública.
ARTICULO 21. — La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados.
Denuncia penal por antena celular
Presentan demanda penal contra el intendente de Olaeta por la antena
Fecha de Publicación: 09/05/2008
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Darío Florit, vecino de la localidad, considera que Garello y los ediles incumplieron en sus deberes de funcionario público al permitir la instalación de la estructura sin control y aviso de obra, tal lo exige la ley.
Un vecino de esta localidad presentó una demanda penal contra el intendente de esta población, por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, por la instalación de una antena de telefonía celular.
Se trata del doctor Darío Florit, habitante de esta comunidad quien viene movilizándose contra la instalación de una gran estructura a metros de su vivienda y a dos cuadras de la escuela primaria de la localidad.
Este vecino logró, en un principio, parar la obra de instalación al interponer un recurso de amparo, y ahora inició acciones contra el intendente Eldo Garello.
En la presentación Florit señala que el intendente omitió una serie de leyes que regulan sobre este tema, como lo son el anuncio de comienzo de obra, estudios de impacto ambiental y hasta la factibilidad “expresa” de localización, tramitaciones que deben hacerse en el ámbito de la Agencia Córdoba Ambiente y también del Municipio.
“En Olaeta el intendente permitió colocar una antena, sin aviso de obra, ni factibilidad de ubicación. Por lo tanto se puede entender que se trataría de una obra clandestina”, detalló Florit.
El denunciante hizo la presentación ante la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de La Carlota, a cargo de Ana Venturuzzi, y en estos días se presentará como querellante particular ante estos tribunales.
“Acá hay una serie de irregularidades muy serias, y el primero responsable es el intendente y los concejales que por decreto avalaron el alquiler de un terreno y no cumplieron luego con las otras tramitaciones”.
Florit menciona que con la omisión de estas acciones se violó el decreto 2131 inciso 8 que exige dar aviso de obra y obtener para ello el permiso de la Agencia Córdoba Ambiente, organismo que se enteró de la ubicación de la antena cuando el 80 por ciento de ésta ya estaba emplazada en un terreno municipal.
No se descarta que además del titular del Ejecutivo de Olaeta también tenga responsabilidad por estas omisiones a la ley, la empresa de comunicaciones.
Paralizadas
La obras iniciadas por la empresa de telefonía se encuentran paralizadas tras la presentación del recurso de amparo por parte de este vecino.
Al respecto se indicó que por estos días está interviniendo la Agencia Córdoba Ambiente haciendo las acciones y controles pertinentes.
En cuanto a la respuesta del Ejecutivo al recurso de amparo, éste habría presentado un contrato que menciona un acuerdo de locación del terrno con la empresa por espacio de 15 años, mientras que anteriormente y ante requerimento del vecino se había mostrado otra ordenanza pero que refería a un contrato de un año únicamente.
Lo cierto es que con la presentación judicial, por parte de Florit, se abrirá entonces una instancia de investigación para determinar si hubo irregularidades y omisión de deberes por parte del intendente y también de concejales de la localidad.
Fecha de Publicación: 09/05/2008
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
Darío Florit, vecino de la localidad, considera que Garello y los ediles incumplieron en sus deberes de funcionario público al permitir la instalación de la estructura sin control y aviso de obra, tal lo exige la ley.
Un vecino de esta localidad presentó una demanda penal contra el intendente de esta población, por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, por la instalación de una antena de telefonía celular.
Se trata del doctor Darío Florit, habitante de esta comunidad quien viene movilizándose contra la instalación de una gran estructura a metros de su vivienda y a dos cuadras de la escuela primaria de la localidad.
Este vecino logró, en un principio, parar la obra de instalación al interponer un recurso de amparo, y ahora inició acciones contra el intendente Eldo Garello.
En la presentación Florit señala que el intendente omitió una serie de leyes que regulan sobre este tema, como lo son el anuncio de comienzo de obra, estudios de impacto ambiental y hasta la factibilidad “expresa” de localización, tramitaciones que deben hacerse en el ámbito de la Agencia Córdoba Ambiente y también del Municipio.
“En Olaeta el intendente permitió colocar una antena, sin aviso de obra, ni factibilidad de ubicación. Por lo tanto se puede entender que se trataría de una obra clandestina”, detalló Florit.
El denunciante hizo la presentación ante la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de La Carlota, a cargo de Ana Venturuzzi, y en estos días se presentará como querellante particular ante estos tribunales.
“Acá hay una serie de irregularidades muy serias, y el primero responsable es el intendente y los concejales que por decreto avalaron el alquiler de un terreno y no cumplieron luego con las otras tramitaciones”.
Florit menciona que con la omisión de estas acciones se violó el decreto 2131 inciso 8 que exige dar aviso de obra y obtener para ello el permiso de la Agencia Córdoba Ambiente, organismo que se enteró de la ubicación de la antena cuando el 80 por ciento de ésta ya estaba emplazada en un terreno municipal.
No se descarta que además del titular del Ejecutivo de Olaeta también tenga responsabilidad por estas omisiones a la ley, la empresa de comunicaciones.
Paralizadas
La obras iniciadas por la empresa de telefonía se encuentran paralizadas tras la presentación del recurso de amparo por parte de este vecino.
Al respecto se indicó que por estos días está interviniendo la Agencia Córdoba Ambiente haciendo las acciones y controles pertinentes.
En cuanto a la respuesta del Ejecutivo al recurso de amparo, éste habría presentado un contrato que menciona un acuerdo de locación del terrno con la empresa por espacio de 15 años, mientras que anteriormente y ante requerimento del vecino se había mostrado otra ordenanza pero que refería a un contrato de un año únicamente.
Lo cierto es que con la presentación judicial, por parte de Florit, se abrirá entonces una instancia de investigación para determinar si hubo irregularidades y omisión de deberes por parte del intendente y también de concejales de la localidad.
Preservación Marino Patagónico
Se desarrollaron dos encuentros en pos de la preservación Marino Patagónico
Fecha de Publicación: 08/05/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Patagonia
En el marco de las acciones que está desarrollando la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación conjuntamente con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura tendientes a la elaboración de un plan nacional para la conservación de tiburones, se llevó a cabo en el organismo ambiental un encuentro sobre pesca deportiva de esta especie, rayas y quimeras (condrictios).
En ese sentido, el objetivo de dicha reunión fue elaborar un diagnóstico sobre las pesquerías deportivas de estos peces en el mar argentino y elaborar recomendaciones para una pesca responsable.
Durante la mañana, los participantes hicieron presentaciones sobre las acciones que están desarrollando. A la tarde se comenzó a trabajar en el diagnóstico teniendo en cuenta las especies capturadas por provincia, la estacionalidad y modalidad, la reglamentación existente, los actores involucrados y el relevamiento de eventos.
Posteriormente se recomendó realizar entrenamiento en buenas prácticas deportivas como pesca con devolución y establecimiento de tallas mínimas para especies críticas.
Participaron del encuentro representantes de la Dirección de Desarrollo Pesquero de Buenos Aires, del Organismo de Desarrollo de dicha provincia, de la Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Verde y Bahía Falsa, de la Secretaría de Pesca de Chubut, de la Asociación Ñande Yby, de las fundaciones Patagonia Natural y Vida Silvestre, el Museo Argentino de Ciencias Naturales y el Instituto Argentino de Oceanografía.
Por otro lado, en el marco del Proyecto “Conservación de la Diversidad Biológica y Prevención de la Contaminación Marina en Patagonia”, ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se llevó a cabo el “Plenario de Cierre de Subproyectos Competitivos de Innovación Tecnológica e Investigación Aplicada”, que tuvo como objetivo presentar los resultados de esas iniciativas haciendo énfasis en la potencial transferencia de los productos obtenidos hacia los organismos de gestión ambiental.
Participaron del mismo 45 personas provenientes no solamente de las instituciones responsables de los subproyectos, sino también de otros institutos y universidades, funcionarios de distintas áreas y potenciales usuarios de la información generada en el marco de estos subproyectos. El objetivo de sumar otras instituciones y organismos, fue avanzar en la sinergia entre los distintos proyectos y ampliar el campo de interacción profesional de la especialidad.
Durante el último día de este plenario se conformó una mesa de trabajo a fin de identificar y proponer prioridades para la investigación marina patagónica que permitiera alimentar los mecanismos de formulación de política científica y contribuir a fortalecer aquellas líneas de investigación en curso así como otras que puedan iniciarse en el futuro.
Asimismo, se resaltó la importancia de articular la información del sistema científico académico con la gestión ambiental.
El cierre del taller estuvo a cargo del Subsecretario de Política y Planificación Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, José María Musmeci.
Fecha de Publicación: 08/05/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Patagonia
En el marco de las acciones que está desarrollando la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación conjuntamente con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura tendientes a la elaboración de un plan nacional para la conservación de tiburones, se llevó a cabo en el organismo ambiental un encuentro sobre pesca deportiva de esta especie, rayas y quimeras (condrictios).
En ese sentido, el objetivo de dicha reunión fue elaborar un diagnóstico sobre las pesquerías deportivas de estos peces en el mar argentino y elaborar recomendaciones para una pesca responsable.
Durante la mañana, los participantes hicieron presentaciones sobre las acciones que están desarrollando. A la tarde se comenzó a trabajar en el diagnóstico teniendo en cuenta las especies capturadas por provincia, la estacionalidad y modalidad, la reglamentación existente, los actores involucrados y el relevamiento de eventos.
Posteriormente se recomendó realizar entrenamiento en buenas prácticas deportivas como pesca con devolución y establecimiento de tallas mínimas para especies críticas.
Participaron del encuentro representantes de la Dirección de Desarrollo Pesquero de Buenos Aires, del Organismo de Desarrollo de dicha provincia, de la Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Verde y Bahía Falsa, de la Secretaría de Pesca de Chubut, de la Asociación Ñande Yby, de las fundaciones Patagonia Natural y Vida Silvestre, el Museo Argentino de Ciencias Naturales y el Instituto Argentino de Oceanografía.
Por otro lado, en el marco del Proyecto “Conservación de la Diversidad Biológica y Prevención de la Contaminación Marina en Patagonia”, ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se llevó a cabo el “Plenario de Cierre de Subproyectos Competitivos de Innovación Tecnológica e Investigación Aplicada”, que tuvo como objetivo presentar los resultados de esas iniciativas haciendo énfasis en la potencial transferencia de los productos obtenidos hacia los organismos de gestión ambiental.
Participaron del mismo 45 personas provenientes no solamente de las instituciones responsables de los subproyectos, sino también de otros institutos y universidades, funcionarios de distintas áreas y potenciales usuarios de la información generada en el marco de estos subproyectos. El objetivo de sumar otras instituciones y organismos, fue avanzar en la sinergia entre los distintos proyectos y ampliar el campo de interacción profesional de la especialidad.
Durante el último día de este plenario se conformó una mesa de trabajo a fin de identificar y proponer prioridades para la investigación marina patagónica que permitiera alimentar los mecanismos de formulación de política científica y contribuir a fortalecer aquellas líneas de investigación en curso así como otras que puedan iniciarse en el futuro.
Asimismo, se resaltó la importancia de articular la información del sistema científico académico con la gestión ambiental.
El cierre del taller estuvo a cargo del Subsecretario de Política y Planificación Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, José María Musmeci.
La Corte Suprema y riña de gallos
La Corte Suprema no se expidió sobre riña de gallos
Fecha de Publicación: 08/05/2008
Fuente: Agencia Télam - La Voz del Interior
Provincia/Región: San Luis - Nacional
La Corte Suprema se abstuvo de actuar en una causa en la que una entidad defensoras de los derechos de los animales pidió la prohibición de las riñas de gallos en la provincia de San Luis. Los ministros demoraron casi un año en resolver que el reclamo no ingresa en la órbita de las llamadas “causas originarias” del máximo tribunal, y que el expediente debe ventilarse previamente en instancias inferiores.
“Son las autoridades provinciales las que deben examinar, en primer término, si la Provincia de San Luis se ha excedido en el ejercicio del poder de policía al reglamentar esta práctica enraizada en costumbres de la comunidad local y si ha traspasado el principio de razonabilidad al dictar la norma impugnada en el marco de las atribuciones propias”, falló la Corte.
La Fundación Argentina para el Bienestar Animal (Faba) había planteado el 29 de abril del año pasado la inconstitucionalidad de la ley provincial que autorizaba las riñas de gallos, a las que calificó como “actos aberrantes y crueles”.
Había recurrido a la Corte por entender que la legislación de fondo sobre el trato a los animales corresponde a la órbita nacional y no a la provincial.
El rechazo de la petición fue suscripto por los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Carmen Argibay, con la disidencia de Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
Fecha de Publicación: 08/05/2008
Fuente: Agencia Télam - La Voz del Interior
Provincia/Región: San Luis - Nacional
La Corte Suprema se abstuvo de actuar en una causa en la que una entidad defensoras de los derechos de los animales pidió la prohibición de las riñas de gallos en la provincia de San Luis. Los ministros demoraron casi un año en resolver que el reclamo no ingresa en la órbita de las llamadas “causas originarias” del máximo tribunal, y que el expediente debe ventilarse previamente en instancias inferiores.
“Son las autoridades provinciales las que deben examinar, en primer término, si la Provincia de San Luis se ha excedido en el ejercicio del poder de policía al reglamentar esta práctica enraizada en costumbres de la comunidad local y si ha traspasado el principio de razonabilidad al dictar la norma impugnada en el marco de las atribuciones propias”, falló la Corte.
La Fundación Argentina para el Bienestar Animal (Faba) había planteado el 29 de abril del año pasado la inconstitucionalidad de la ley provincial que autorizaba las riñas de gallos, a las que calificó como “actos aberrantes y crueles”.
Había recurrido a la Corte por entender que la legislación de fondo sobre el trato a los animales corresponde a la órbita nacional y no a la provincial.
El rechazo de la petición fue suscripto por los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Carmen Argibay, con la disidencia de Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
San Luis realiza operativos por la caza furtiva
Medio Ambiente realiza operativos para frenar la caza furtiva
Fecha de Publicación: 07/05/2008
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: San Luis
Desde el Ministerio de Medio Ambiente informaron que intensificaron los operativos de control para combatir la caza furtiva de especies autóctonas. En un trabajo conjunto con la Brigada Rural y el programa de Control Sanitario y Fiscal —COSAFI—, sólo en 15 días desde que iniciaron los operativos, incautaron 60 cañas de pescar, 21 armamentos, entre pistolas, escopetas, fusiles, carabinas y pistolones. Y más de 30 animales.
El subcomisario, Marcelo Balbo, de la Policía Caminera informó que los mayores procedimientos se realizaron en la zona sur de la provincia, entre las rutas 27 y 55.
“Todo lo incautado es derivado al área de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, que son los encargados de labrar las correspondientes actuaciones”.
El jefe de Area de Biodiversidad, Ernesto Estévez, señaló que a los infractores se los intima a pagar una multa, que varía según la gravedad de la infracción y, en caso de no cumplir, se deriva a Fiscalía de Estado, que desde la parte legal se encarga del cobro de la multa”. Además, el funcionario agregó que desde la intensificación de los operativos subieron las ventas de permisos para caza y pesca un 20%.
Una multa puede variar, según el decreto que reglamenta la actividad, entre los 1.000 y los 5 mil pesos, de acuerdo a la gravedad del delito, de las armas que porten, el estado de la documentación y los animales expropiados.
“Para incrementar los operativos, el Ministerio de Medio Ambiente incorporará 25 personas del Plan de Inclusión que será capacitados para trabajar en conjunto con la Policía Caminera, con COSAFI y, en algunas ocasiones, realizarán los operativos solos”, comentó Estévez.
Finalmente, el subcomisario Balbo informó que no sólo en la veda está el ilícito, sino también en la documentación que deben portar los cazadores, como la falta de los permisos pertinentes, la habilitación del dueño del campo y la tarjeta de legitimación del usuario del arma.
Fecha de Publicación: 07/05/2008
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: San Luis
Desde el Ministerio de Medio Ambiente informaron que intensificaron los operativos de control para combatir la caza furtiva de especies autóctonas. En un trabajo conjunto con la Brigada Rural y el programa de Control Sanitario y Fiscal —COSAFI—, sólo en 15 días desde que iniciaron los operativos, incautaron 60 cañas de pescar, 21 armamentos, entre pistolas, escopetas, fusiles, carabinas y pistolones. Y más de 30 animales.
El subcomisario, Marcelo Balbo, de la Policía Caminera informó que los mayores procedimientos se realizaron en la zona sur de la provincia, entre las rutas 27 y 55.
“Todo lo incautado es derivado al área de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, que son los encargados de labrar las correspondientes actuaciones”.
El jefe de Area de Biodiversidad, Ernesto Estévez, señaló que a los infractores se los intima a pagar una multa, que varía según la gravedad de la infracción y, en caso de no cumplir, se deriva a Fiscalía de Estado, que desde la parte legal se encarga del cobro de la multa”. Además, el funcionario agregó que desde la intensificación de los operativos subieron las ventas de permisos para caza y pesca un 20%.
Una multa puede variar, según el decreto que reglamenta la actividad, entre los 1.000 y los 5 mil pesos, de acuerdo a la gravedad del delito, de las armas que porten, el estado de la documentación y los animales expropiados.
“Para incrementar los operativos, el Ministerio de Medio Ambiente incorporará 25 personas del Plan de Inclusión que será capacitados para trabajar en conjunto con la Policía Caminera, con COSAFI y, en algunas ocasiones, realizarán los operativos solos”, comentó Estévez.
Finalmente, el subcomisario Balbo informó que no sólo en la veda está el ilícito, sino también en la documentación que deben portar los cazadores, como la falta de los permisos pertinentes, la habilitación del dueño del campo y la tarjeta de legitimación del usuario del arma.
Equipos para control ambiental en Río III
La compra de equipos para mejorar el control ambiental ya fue adjudicada
Fecha de Publicación: 06/05/2008
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Río Tercero. La licitación municipal para la compra de elementos y equipos para mejorar el sistema de control ambiental quedó adjudicada a la única empresa que presentó una oferta. Se trata de la firma Service Instrument SA, que un plazo máximo de 120 días deberá entregar el material.
El monto adjudicado fue de 1.311.601 pesos (IVA incluido), lo que representa un 2,5 por ciento menos del presupuesto oficial de 1.345.232 pesos. Desde el municipio aseguran que se trata de una empresa líder en este rubro en el país y que es la que también ganó una licitación similar para equipar el sistema de control ambiental que tiene el municipio de Bahía Blanca, ciudad con un polo industrial químico mayor al de Río Tercero.
El importe de la compra es el aportado por la Secretaría de Ambiente de la Nación. La cesión fue parte de las medidas de respuesta tras los graves incidentes del año pasado en las plantas químicas locales, con varios escapes y hasta dos muertos por un episodio interno en una planta.
Ambiente de la Nación ha realizado transferencias parciales del monto asignado y una vez que avance este proceso licitatorio depositará el resto, según señalaron desde el municipio.
La compra incluye analizadores de emisiones gaseosas de diferentes sustancias; un cromatógrafo portátil para monitoreo de compuestos; sensores meteorológicos; programas informáticos de gestión y reporte de datos y otros. También se incorporarán sistemas de calibración, un medidor de nivel sonoro (decibelímetro), un medidor para monitorear la calidad de agua y una cámara especial de filmación con programación especializada.
Parte de estos equipos se instalarán a modo de estación de control ambiental móvil, en el vehículo utilitario que meses atrás donó al municipio la Provincia. Otra parte será para reforzar las estaciones fijas de monitoreo del aire existentes.
Los equipos por llegar servirán para mejorar el monitoreo del ambiente, pero no para la actuación ante eventuales emergencias químicas. En ese marco, desde el municipio insisten en que esperan poder habilitar en breve la nueva sala de control fija, en el tercer piso del edificio municipal, desde la que se monitoreará las 24 horas todo lo que suceda en el polo industrial, mediante cámaras de televisión y sensores que detectarán la presencia de químicos por fuera de lo normal en el perímetro del polo fabril. A ese sistema se sumarían las alarmas comunitarias que están en trámite de compra, para usar como aviso a la población en caso de emergencias ambientales graves. Ese sistema de control está siendo armado con recursos municipales y de las empresas químicas.
Pero en el gobierno municipal esperan, para poder dotarlo de mayor equipamiento, espacio y capacidad de acción que el Ministerio de Planificación Federal concrete el aporte de un subsidio solicitado el año pasado por 4.500.000 pesos con ese fin. De ese otro subsidio nacional hasta ahora no hay novedades ni señales de que se concrete en el corto plazo.
Fecha de Publicación: 06/05/2008
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Río Tercero. La licitación municipal para la compra de elementos y equipos para mejorar el sistema de control ambiental quedó adjudicada a la única empresa que presentó una oferta. Se trata de la firma Service Instrument SA, que un plazo máximo de 120 días deberá entregar el material.
El monto adjudicado fue de 1.311.601 pesos (IVA incluido), lo que representa un 2,5 por ciento menos del presupuesto oficial de 1.345.232 pesos. Desde el municipio aseguran que se trata de una empresa líder en este rubro en el país y que es la que también ganó una licitación similar para equipar el sistema de control ambiental que tiene el municipio de Bahía Blanca, ciudad con un polo industrial químico mayor al de Río Tercero.
El importe de la compra es el aportado por la Secretaría de Ambiente de la Nación. La cesión fue parte de las medidas de respuesta tras los graves incidentes del año pasado en las plantas químicas locales, con varios escapes y hasta dos muertos por un episodio interno en una planta.
Ambiente de la Nación ha realizado transferencias parciales del monto asignado y una vez que avance este proceso licitatorio depositará el resto, según señalaron desde el municipio.
La compra incluye analizadores de emisiones gaseosas de diferentes sustancias; un cromatógrafo portátil para monitoreo de compuestos; sensores meteorológicos; programas informáticos de gestión y reporte de datos y otros. También se incorporarán sistemas de calibración, un medidor de nivel sonoro (decibelímetro), un medidor para monitorear la calidad de agua y una cámara especial de filmación con programación especializada.
Parte de estos equipos se instalarán a modo de estación de control ambiental móvil, en el vehículo utilitario que meses atrás donó al municipio la Provincia. Otra parte será para reforzar las estaciones fijas de monitoreo del aire existentes.
Los equipos por llegar servirán para mejorar el monitoreo del ambiente, pero no para la actuación ante eventuales emergencias químicas. En ese marco, desde el municipio insisten en que esperan poder habilitar en breve la nueva sala de control fija, en el tercer piso del edificio municipal, desde la que se monitoreará las 24 horas todo lo que suceda en el polo industrial, mediante cámaras de televisión y sensores que detectarán la presencia de químicos por fuera de lo normal en el perímetro del polo fabril. A ese sistema se sumarían las alarmas comunitarias que están en trámite de compra, para usar como aviso a la población en caso de emergencias ambientales graves. Ese sistema de control está siendo armado con recursos municipales y de las empresas químicas.
Pero en el gobierno municipal esperan, para poder dotarlo de mayor equipamiento, espacio y capacidad de acción que el Ministerio de Planificación Federal concrete el aporte de un subsidio solicitado el año pasado por 4.500.000 pesos con ese fin. De ese otro subsidio nacional hasta ahora no hay novedades ni señales de que se concrete en el corto plazo.
Relocalizar a familias de Villa Inflamable
Picolotti entregó viviendas para relocalizar a familias de Villa Inflamable
Fecha de Publicación: 05/05/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Buenos Aires
La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, entregó hoy en Avellaneda, junto al intendente Baldomero Alvarez de Olivera y funcionarios nacionales, 25 viviendas en el barrio San Lorenzo, de Wilde, en el marco del Plan de Relocalización de la población de Villa Inflamable, una de las acciones contempladas en el Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, que además incluye el control de las industrias y su eventual relocalización; la realización de obras de saneamiento cloacal y pluvial; el cierre de basurales; la limpieza de márgenes y espejo de agua; el monitoreo de la calidad del agua, tierra y aire, etc.
La entrega, que completa un plan de 100 viviendas en el municipio de Avellaneda, tiene por objetivo la relocalización de la población en alto riesgo que habita en la denominada Villa Inflamable, afectada –entre otras dolencias–, por los niveles de plomo en sangre, las afecciones a la piel y complicaciones respiratorias, como consecuencia de la cercanía del asentamiento con empresas contaminantes y la saturación de las napas con metales pesados.
Picolotti destacó la importancia de estas obras ya que “el saneamiento de una cuenca como la del Matanza Riachuelo no se limita al control de las industrias y la recomposición de las márgenes y el espejo de agua. Hay un aspecto de suma importancia que tiene que ver con la salud de la población afectada, a la que tenemos la obligación de atender, tanto con acciones de tratamiento médico específico como con la mejoría integral de sus condiciones de vida”.
Luego de entregarle las llaves de su vivienda a una de las 25 familias beneficiadas, Picolotti mencionó que “es un día muy feliz para la gente de Villa Inflamable, pero no sólo para ellos sino para todos los que estamos inmersos en este proyecto de mejorar las condiciones de vida de la gente de la cuenca”.
Del acto participaron además el secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, y el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Arq. Luis Bontempo.
En Villa Inflamable viven alrededor de 800 familias, que conviven con el Polo Petroquímico Dock Sud en condiciones de emergencia ambiental y de salud.
En este marco, la Secretaría de Ambiente de la Nación tiene prevista la construcción de 8845 viviendas para trasladar allí a las personas más afectadas que viven en la Cuenca. Las mismas se llevan a cabo a través del Plan Federal de Viviendas, que alcanza en la provincia de Buenos Aires a 19 municipios.
Fecha de Publicación: 05/05/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Buenos Aires
La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, entregó hoy en Avellaneda, junto al intendente Baldomero Alvarez de Olivera y funcionarios nacionales, 25 viviendas en el barrio San Lorenzo, de Wilde, en el marco del Plan de Relocalización de la población de Villa Inflamable, una de las acciones contempladas en el Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, que además incluye el control de las industrias y su eventual relocalización; la realización de obras de saneamiento cloacal y pluvial; el cierre de basurales; la limpieza de márgenes y espejo de agua; el monitoreo de la calidad del agua, tierra y aire, etc.
La entrega, que completa un plan de 100 viviendas en el municipio de Avellaneda, tiene por objetivo la relocalización de la población en alto riesgo que habita en la denominada Villa Inflamable, afectada –entre otras dolencias–, por los niveles de plomo en sangre, las afecciones a la piel y complicaciones respiratorias, como consecuencia de la cercanía del asentamiento con empresas contaminantes y la saturación de las napas con metales pesados.
Picolotti destacó la importancia de estas obras ya que “el saneamiento de una cuenca como la del Matanza Riachuelo no se limita al control de las industrias y la recomposición de las márgenes y el espejo de agua. Hay un aspecto de suma importancia que tiene que ver con la salud de la población afectada, a la que tenemos la obligación de atender, tanto con acciones de tratamiento médico específico como con la mejoría integral de sus condiciones de vida”.
Luego de entregarle las llaves de su vivienda a una de las 25 familias beneficiadas, Picolotti mencionó que “es un día muy feliz para la gente de Villa Inflamable, pero no sólo para ellos sino para todos los que estamos inmersos en este proyecto de mejorar las condiciones de vida de la gente de la cuenca”.
Del acto participaron además el secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, y el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Arq. Luis Bontempo.
En Villa Inflamable viven alrededor de 800 familias, que conviven con el Polo Petroquímico Dock Sud en condiciones de emergencia ambiental y de salud.
En este marco, la Secretaría de Ambiente de la Nación tiene prevista la construcción de 8845 viviendas para trasladar allí a las personas más afectadas que viven en la Cuenca. Las mismas se llevan a cabo a través del Plan Federal de Viviendas, que alcanza en la provincia de Buenos Aires a 19 municipios.
Un pueblo de pie para cuidar su ambiente
Un pueblo de pie, para cuidar su medio ambiente
Fecha de Publicación: 03/05/2008
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Los pobladores de La Ciénaga, un pueblito que está en Jáchal camino a Huaco, serán los que se dediquen a preservar la riqueza natural que hay en el lugar, que desde hace 3 años es Area Natural Protegida. Pero esto no sólo será una mera intención. Es que fueron capacitados y ahora se desempeñarán como agentes protectores, cuya tarea será similar a la que desempeñan los guardaparques. Esto será posible porque la Unión Vecinal, el municipio de Jáchal y Medio Ambiente de la provincia, aunaron esfuerzos y ayer firmaron un convenio. Es la primera vez que son los mismos pobladores los que se dedicarán, cobrando un sueldo, a cuidar un Area Protegida de la provincia.
Que suceda esto es la consecuencia de un trabajo de hormiga que estos habitantes vienen haciendo desde hace años. Ellos fueron los que lograron que el lugar fuera declarado como Area Protegida por la Legislatura de la provincia en el 2005. Y es por eso que desde Medio Ambiente los vienen capacitando desde entonces para que sean los que cuiden el lugar.
En el convenio que se firmó ayer, se establece que la Unión Vecinal de La Ciénaga será la encargada de designar entre sus pobladores (11 familias) a dos personas para que se desempeñen como custodias del lugar. Esta institución es la que proveyó de la vivienda donde estarán apostados los agentes. Se encuentra sobre la ruta principal y servirá además para dar información al turista que pase por allí. Otra de las misiones de estos agentes será controlar que no se cacen aves, ya que la zona es conocida como "el paraíso de los pájaros", porque hay casi 80 especies diferentes.
Mientras que Medio Ambiente es quien está capacitando a la gente y les proveerá además de toda la indumentaria necesaria para realizar el trabajo. También será quien pague los sueldos, a través de la Municipalidad jachallera.
Esta es una experiencia única en la provincia y la idea es que sirva de modelo para otras áreas protegidas. "Lo ideal es capacitar a la gente del lugar para que sean ellos los custodios de sus propios tesoros", dijo Marcelo Jordán, director de Conservación y Areas Protegidas.
Fecha de Publicación: 03/05/2008
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Los pobladores de La Ciénaga, un pueblito que está en Jáchal camino a Huaco, serán los que se dediquen a preservar la riqueza natural que hay en el lugar, que desde hace 3 años es Area Natural Protegida. Pero esto no sólo será una mera intención. Es que fueron capacitados y ahora se desempeñarán como agentes protectores, cuya tarea será similar a la que desempeñan los guardaparques. Esto será posible porque la Unión Vecinal, el municipio de Jáchal y Medio Ambiente de la provincia, aunaron esfuerzos y ayer firmaron un convenio. Es la primera vez que son los mismos pobladores los que se dedicarán, cobrando un sueldo, a cuidar un Area Protegida de la provincia.
Que suceda esto es la consecuencia de un trabajo de hormiga que estos habitantes vienen haciendo desde hace años. Ellos fueron los que lograron que el lugar fuera declarado como Area Protegida por la Legislatura de la provincia en el 2005. Y es por eso que desde Medio Ambiente los vienen capacitando desde entonces para que sean los que cuiden el lugar.
En el convenio que se firmó ayer, se establece que la Unión Vecinal de La Ciénaga será la encargada de designar entre sus pobladores (11 familias) a dos personas para que se desempeñen como custodias del lugar. Esta institución es la que proveyó de la vivienda donde estarán apostados los agentes. Se encuentra sobre la ruta principal y servirá además para dar información al turista que pase por allí. Otra de las misiones de estos agentes será controlar que no se cacen aves, ya que la zona es conocida como "el paraíso de los pájaros", porque hay casi 80 especies diferentes.
Mientras que Medio Ambiente es quien está capacitando a la gente y les proveerá además de toda la indumentaria necesaria para realizar el trabajo. También será quien pague los sueldos, a través de la Municipalidad jachallera.
Esta es una experiencia única en la provincia y la idea es que sirva de modelo para otras áreas protegidas. "Lo ideal es capacitar a la gente del lugar para que sean ellos los custodios de sus propios tesoros", dijo Marcelo Jordán, director de Conservación y Areas Protegidas.
Agua potable, en cuestión
Agua potable, en cuestión
Fecha de Publicación: 02/05/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
La Justicia dictaminó que la fábrica Diacrom, en Munro desde 1956, contaminó con ácido crómico la estación que abastece a Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre y San Martín, pero AySA garantiza la potabilidad de la red
En un fallo del Tribunal de Trabajo N° 1 de San Isidro, integrado por los jueces Juan Carlos Reyes, Gonzalo Nieto Freire y Julián Rampo Lescano Cameriere, se lee: "Ha quedado palmariamente demostrado que Diacrom SAIC ha contaminado durante décadas el aire, el suelo y la napa freática adyacente a la fábrica con cromo hexavalente y plomo, sin que hasta ahora [10 de marzo último] haya realizado resanación alguna. También, que son los barros que contienen esas sustancias los que, al filtrarse por los poros, vanos o resquicios del acueducto que abastece a la Estación Elevadora Villa Adelina, contaminan el agua potable de Vicente López, San Martín, San Isidro, San Fernando y Tigre".
El 7 de abril último, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), uno de cuyos directores es el intendente de Vicente López, Enrique García, emitió un comunicado con el siguiente contenido: "AySA garantiza la potabilidad del agua que distribuye. En respuesta a las inquietudes de los vecinos de zona norte, la empresa afirma que el agua de red que distribuye en todo el ámbito de su concesión cumple con los parámetros de calidad establecidos en el marco regulatorio aplicable y está en línea con los criterios fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)".
La Provincia ha apelado el fallo ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín. Según el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible bonaerense (PDS), también hay un expediente sobre el caso en la Fiscalía de Estado bonaerense, a cargo del doctor Ricardo Szelagowski, cuyos dictámenes no serán vinculantes.
Mientras tanto, los vecinos de la fábrica Diacrom S.A.I.C., en la localidad de Munro desde 1956 (José Hernández 5242, entre las calles Carlos Calvo y Natalio Querido), aseguran que tienen más miedos que certezas, habida cuenta de que en la última década se han registrado 19 enfermos de cáncer en cuatro cuadras a la redonda, de los cuales ya han fallecido 16.
"La empresa sigue abierta, aunque, según el fallo, no posea el certificado de aptitud ambiental obligatorio para una fábrica de su clase", aclara María Luz Ledesma, una de las impulsoras del amparo ambiental, a través de la Fundación Ecosur ( www.fundacionecosur.org.ar ). Ella está enferma de cáncer de mama y vive en el barrio desde 1983.
"En 1999 empezamos a notar que éramos muchos los enfermos en cuatro cuadras a la redonda –agrega Ledesma–. Según el Ministerio de Salud Pública, hasta cuatro enfermos de cáncer por manzana es normal. En los hombres predomina el cáncer de próstata, hígado o pulmón, y en las mujeres, el de mama. Hay casos de madre e hija, e incluso de una chica de 24 años que falleció a los cuatro meses del nacimiento de su bebe. Pero ni AySA, ni la Municipalidad de Vicente López, ni la Secretaría de Política Ambiental bonaerense se han comunicado con nosotros."
Según el expediente, el 9 de junio de 2003 falleció Marcelino Lohaiza, empleado de la fábrica. Tenía cáncer de hígado y de páncreas. Trabajaba en los baños de cromo y residía a cuatro cuadras de la sede industrial.
Mariano Aguilar, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ( www.aadeaa.org.ar , donde puede verse el fallo judicial), añade: "Los médicos les dijeron a los vecinos que el cáncer estaba relacionado con el cromo hexavalente. La Fundación Ecosur les prestó su personería y ellos nos dieron un poder. Esto se inició hace un año y medio. Quedó probado que la red que lleva agua potable a Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre y San Martín, es decir, a 1.500.000 de personas, tiene altos valores de cromo, fundamentalmente, y plomo".
–¿Qué niveles detectaron?
–AySA informó 44 microgramos de cromo por litro, en promedio, cuando el tope es 50 mg/l. Si bien no supera el máximo de la OMS, no sabemos cuánto tiempo una persona puede tomar agua con cromo por debajo de 50 mg/l sin contraer cáncer. Sí sabemos que el cromo hexavalente es cancerígeno para la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ( www.iarc.fr ). Yo, vecino, no tomaría esa agua. Lo grave es que el gobierno provincial, condenado, apeló el fallo, intentando eludir su responsabilidad. Y lo mismo hace la Municipalidad de Vicente López, no demandada, por tratarse de una fábrica de tercera categoría, que supone una mayor sofistificación y un mayor riesgo para la comunidad, que está bajo el control de la provincia.
Alfredo Brenner, principal accionista de Diacrom SAIC ( www.diacrom.com ), comenta a La Nacion: "Iniciaremos acciones legales por injurias y calumnias. No somos una familia de ladrones ni de delincuentes. Con el caso Atanor, parecía que todos se morían por talio, pero eso se tranquilizó y ahora nosotros estamos de moda. Nuestra empresa ha estado monitoreada por la Secretaría de Política Ambiental de la provincia e investigada por la Gendarmería. Acá hay un fuerte tinte político, y somos el jamón del sándwich. La contaminación viene de larga data, existió en su momento, pero negamos que el agua esté contaminada. Hoy, afortunadamente, todo es mensurable. Lo demás son tiros al aire".
Silvia Suárez, secretaria de Obras y Servicios Públicos de Vicente López, y secretaria de Política Ambiental durante la gestión del gobernador Felipe Solá, admite: "La contaminación data de unos 20 años. Diacrom tuvo muchísimas clausuras de parte de la Nación y también de parte de Política Ambiental de la provincia,
"La empresa sigue abierta, aunque, según el fallo, no posea el certificado de aptitud ambiental obligatorio para una fábrica de su clase", aclara María Luz Ledesma, una de las impulsoras del amparo ambiental, a través de la Fundación Ecosur ( www.fundacionecosur.org.ar ). Ella está enferma de cáncer de mama y vive en el barrio desde 1983.
"En 1999 empezamos a notar que éramos muchos los enfermos en cuatro cuadras a la redonda –agrega Ledesma–. Según el Ministerio de Salud Pública, hasta cuatro enfermos de cáncer por manzana es normal. En los hombres predomina el cáncer de próstata, hígado o pulmón, y en las mujeres, el de mama. Hay casos de madre e hija, e incluso de una chica de 24 años que falleció a los cuatro meses del nacimiento de su bebe. Pero ni AySA, ni la Municipalidad de Vicente López, ni la Secretaría de Política Ambiental bonaerense se han comunicado con nosotros."
Según el expediente, el 9 de junio de 2003 falleció Marcelino Lohaiza, empleado de la fábrica. Tenía cáncer de hígado y de páncreas. Trabajaba en los baños de cromo y residía a cuatro cuadras de la sede industrial.
Mariano Aguilar, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ( www.aadeaa.org.ar , donde puede verse el fallo judicial), añade: "Los médicos les dijeron a los vecinos que el cáncer estaba relacionado con el cromo hexavalente. La Fundación Ecosur les prestó su personería y ellos nos dieron un poder. Esto se inició hace un año y medio. Quedó probado que la red que lleva agua potable a Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre y San Martín, es decir, a 1.500.000 de personas, tiene altos valores de cromo, fundamentalmente, y plomo".
Datos históricos
1968. Según la Comuna, "la vereda se utiliza como depósito de residuos industriales. Existe contaminación ambiental. No se utilizan medidas de precaución, ni siquiera para el personal que allí trabaja".
1995. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación afirma: "Muestras del Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas indican que el nivel de cromo en aguas subterráneas supera en casi 10.000 veces el límite". Roberto Marquevich, del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro, procesa a Alfredo Sali Brenner Grunpeter por contaminación culposa.
2003. Expertos anticipaban que la remediación de las napas será imposible en muchos sectores, pero el juez Marquevich decreta el sobreseimiento de Brenner Grunpeter, que había propuesto forestar en lugar de remediar las napas, "porque la descontaminación implicaría retirar los cimientos, lo que conllevaría un costo prohibitivo, además de la suspensión de tareas, con el correlativo prejuicio social y económico".
Fecha de Publicación: 02/05/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
La Justicia dictaminó que la fábrica Diacrom, en Munro desde 1956, contaminó con ácido crómico la estación que abastece a Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre y San Martín, pero AySA garantiza la potabilidad de la red
En un fallo del Tribunal de Trabajo N° 1 de San Isidro, integrado por los jueces Juan Carlos Reyes, Gonzalo Nieto Freire y Julián Rampo Lescano Cameriere, se lee: "Ha quedado palmariamente demostrado que Diacrom SAIC ha contaminado durante décadas el aire, el suelo y la napa freática adyacente a la fábrica con cromo hexavalente y plomo, sin que hasta ahora [10 de marzo último] haya realizado resanación alguna. También, que son los barros que contienen esas sustancias los que, al filtrarse por los poros, vanos o resquicios del acueducto que abastece a la Estación Elevadora Villa Adelina, contaminan el agua potable de Vicente López, San Martín, San Isidro, San Fernando y Tigre".
El 7 de abril último, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), uno de cuyos directores es el intendente de Vicente López, Enrique García, emitió un comunicado con el siguiente contenido: "AySA garantiza la potabilidad del agua que distribuye. En respuesta a las inquietudes de los vecinos de zona norte, la empresa afirma que el agua de red que distribuye en todo el ámbito de su concesión cumple con los parámetros de calidad establecidos en el marco regulatorio aplicable y está en línea con los criterios fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)".
La Provincia ha apelado el fallo ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín. Según el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible bonaerense (PDS), también hay un expediente sobre el caso en la Fiscalía de Estado bonaerense, a cargo del doctor Ricardo Szelagowski, cuyos dictámenes no serán vinculantes.
Mientras tanto, los vecinos de la fábrica Diacrom S.A.I.C., en la localidad de Munro desde 1956 (José Hernández 5242, entre las calles Carlos Calvo y Natalio Querido), aseguran que tienen más miedos que certezas, habida cuenta de que en la última década se han registrado 19 enfermos de cáncer en cuatro cuadras a la redonda, de los cuales ya han fallecido 16.
"La empresa sigue abierta, aunque, según el fallo, no posea el certificado de aptitud ambiental obligatorio para una fábrica de su clase", aclara María Luz Ledesma, una de las impulsoras del amparo ambiental, a través de la Fundación Ecosur ( www.fundacionecosur.org.ar ). Ella está enferma de cáncer de mama y vive en el barrio desde 1983.
"En 1999 empezamos a notar que éramos muchos los enfermos en cuatro cuadras a la redonda –agrega Ledesma–. Según el Ministerio de Salud Pública, hasta cuatro enfermos de cáncer por manzana es normal. En los hombres predomina el cáncer de próstata, hígado o pulmón, y en las mujeres, el de mama. Hay casos de madre e hija, e incluso de una chica de 24 años que falleció a los cuatro meses del nacimiento de su bebe. Pero ni AySA, ni la Municipalidad de Vicente López, ni la Secretaría de Política Ambiental bonaerense se han comunicado con nosotros."
Según el expediente, el 9 de junio de 2003 falleció Marcelino Lohaiza, empleado de la fábrica. Tenía cáncer de hígado y de páncreas. Trabajaba en los baños de cromo y residía a cuatro cuadras de la sede industrial.
Mariano Aguilar, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ( www.aadeaa.org.ar , donde puede verse el fallo judicial), añade: "Los médicos les dijeron a los vecinos que el cáncer estaba relacionado con el cromo hexavalente. La Fundación Ecosur les prestó su personería y ellos nos dieron un poder. Esto se inició hace un año y medio. Quedó probado que la red que lleva agua potable a Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre y San Martín, es decir, a 1.500.000 de personas, tiene altos valores de cromo, fundamentalmente, y plomo".
–¿Qué niveles detectaron?
–AySA informó 44 microgramos de cromo por litro, en promedio, cuando el tope es 50 mg/l. Si bien no supera el máximo de la OMS, no sabemos cuánto tiempo una persona puede tomar agua con cromo por debajo de 50 mg/l sin contraer cáncer. Sí sabemos que el cromo hexavalente es cancerígeno para la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ( www.iarc.fr ). Yo, vecino, no tomaría esa agua. Lo grave es que el gobierno provincial, condenado, apeló el fallo, intentando eludir su responsabilidad. Y lo mismo hace la Municipalidad de Vicente López, no demandada, por tratarse de una fábrica de tercera categoría, que supone una mayor sofistificación y un mayor riesgo para la comunidad, que está bajo el control de la provincia.
Alfredo Brenner, principal accionista de Diacrom SAIC ( www.diacrom.com ), comenta a La Nacion: "Iniciaremos acciones legales por injurias y calumnias. No somos una familia de ladrones ni de delincuentes. Con el caso Atanor, parecía que todos se morían por talio, pero eso se tranquilizó y ahora nosotros estamos de moda. Nuestra empresa ha estado monitoreada por la Secretaría de Política Ambiental de la provincia e investigada por la Gendarmería. Acá hay un fuerte tinte político, y somos el jamón del sándwich. La contaminación viene de larga data, existió en su momento, pero negamos que el agua esté contaminada. Hoy, afortunadamente, todo es mensurable. Lo demás son tiros al aire".
Silvia Suárez, secretaria de Obras y Servicios Públicos de Vicente López, y secretaria de Política Ambiental durante la gestión del gobernador Felipe Solá, admite: "La contaminación data de unos 20 años. Diacrom tuvo muchísimas clausuras de parte de la Nación y también de parte de Política Ambiental de la provincia,
"La empresa sigue abierta, aunque, según el fallo, no posea el certificado de aptitud ambiental obligatorio para una fábrica de su clase", aclara María Luz Ledesma, una de las impulsoras del amparo ambiental, a través de la Fundación Ecosur ( www.fundacionecosur.org.ar ). Ella está enferma de cáncer de mama y vive en el barrio desde 1983.
"En 1999 empezamos a notar que éramos muchos los enfermos en cuatro cuadras a la redonda –agrega Ledesma–. Según el Ministerio de Salud Pública, hasta cuatro enfermos de cáncer por manzana es normal. En los hombres predomina el cáncer de próstata, hígado o pulmón, y en las mujeres, el de mama. Hay casos de madre e hija, e incluso de una chica de 24 años que falleció a los cuatro meses del nacimiento de su bebe. Pero ni AySA, ni la Municipalidad de Vicente López, ni la Secretaría de Política Ambiental bonaerense se han comunicado con nosotros."
Según el expediente, el 9 de junio de 2003 falleció Marcelino Lohaiza, empleado de la fábrica. Tenía cáncer de hígado y de páncreas. Trabajaba en los baños de cromo y residía a cuatro cuadras de la sede industrial.
Mariano Aguilar, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ( www.aadeaa.org.ar , donde puede verse el fallo judicial), añade: "Los médicos les dijeron a los vecinos que el cáncer estaba relacionado con el cromo hexavalente. La Fundación Ecosur les prestó su personería y ellos nos dieron un poder. Esto se inició hace un año y medio. Quedó probado que la red que lleva agua potable a Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre y San Martín, es decir, a 1.500.000 de personas, tiene altos valores de cromo, fundamentalmente, y plomo".
Datos históricos
1968. Según la Comuna, "la vereda se utiliza como depósito de residuos industriales. Existe contaminación ambiental. No se utilizan medidas de precaución, ni siquiera para el personal que allí trabaja".
1995. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación afirma: "Muestras del Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas indican que el nivel de cromo en aguas subterráneas supera en casi 10.000 veces el límite". Roberto Marquevich, del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro, procesa a Alfredo Sali Brenner Grunpeter por contaminación culposa.
2003. Expertos anticipaban que la remediación de las napas será imposible en muchos sectores, pero el juez Marquevich decreta el sobreseimiento de Brenner Grunpeter, que había propuesto forestar en lugar de remediar las napas, "porque la descontaminación implicaría retirar los cimientos, lo que conllevaría un costo prohibitivo, además de la suspensión de tareas, con el correlativo prejuicio social y económico".
Campesinos argentinos se unifican sin FAA
Campesinos argentinos se unifican, sin la "hipocresía" de la Federación Agraria
Fecha de Publicación: 30/04/2008
Fuente: Radio Mundo Real - EcoPortal
Provincia/Región: Nacional
Varias organizaciones de trabajadores rurales de Argentina conformaron el Frente Nacional Campesino, que tiene como principal bandera a la soberanía alimentaria y cuestiona el modelo concentrador de la tierra, que genera pobreza en el campo, inequidad social y exclusión.
La nueva agrupación se conformó el Día Internacional de la Lucha Campesina, el 17 de abril. Los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik, entrevistaron a Omar, integrante del Movimiento Campesino de Jujuy (provincia del norte argentino), que es parte del Frente Nacional Campesino.
El Movimiento Campesino de Jujuy tiene ya cinco años y tiene presencia en 15 localidades de la provincia. Omar explicó que una de las mayores dificultades que enfrentan los pequeños productores de la zona es el avance de los cultivos de soja y de tártago, que se está plantando para usar en la producción de biodiesel.
En la actualidad 16 millones de hectáreas de tierra en Argentina están ocupadas con soja, según datos oficiales citados por el diario Página 12 de ese país. Hace diez años la oleaginosa ocupaba cinco millones de hectáreas. Casi el 100 por ciento de esa soja es transgénica.
Asimismo, Argentina es el tercer exportador mundial de soja, de acuerdo a la agencia Reuters. Los mayores beneficiarios de esta producción desmesurada de soja son los grandes terratenientes y los empresarios del sector. “La plata que llega a nivel nacional jamás es repartida a los pequeños productores, queda en aquellos que tienen grandes extensiones de tierra”, dijo Omar.
En esta línea, el campesino se refirió a la Federación Agraria Argentina, que en marzo promovió un paro agrario que duró unos 20 días contra la resolución del gobierno nacional de aumentar las retenciones a las exportaciones de algunos productos agrícolas, entre los que se destaca la soja. La federación argumentó que representaba a los pequeños y medianos productores del país.
“Por lo menos acá en Jujuy, la Federación Agraria, que dice representar a los pequeños productores, no tiene nada que ver. Es otra la realidad. Ellos salen diciendo esto por la televisión, confundiendo a la sociedad”, aseguró Omar. “Los que ponen el lomo, los compañeros que tienen media hectárea, o cinco hectáreas, o los que pueden alquilar la tierra, lo hacen con mucho sacrificio”, agregó.
En este momento los pequeños campesinos de la zona están produciendo principalmente verduras y carne. Enfrentan, principalmente en el norte de la provincia, las mismas problemáticas que tienen los agricultores en otras regiones del país, como el desalojo por parte de los empresarios.
Por eso el Frente Nacional Campesino abre al Movimiento Campesino de Jujuy la posibilidad de unirse a pares de otras partes del país para luchar por sus derechos en forma coordinada. “La creación del Frente Campesino nos sirve a los pequeños productores, o a los campesinos, para hacer escuchar nuestra voz, nuestro reclamo”, dijo Omar. “A nivel nacional hay miles de compañeros, hay un montón de organizaciones campesinas que estamos dispersas, y yo creo que esto nos sirve sinceramente para que nosotros nos representemos, que nadie nos venga a contar el cuento”, remató.
Fecha de Publicación: 30/04/2008
Fuente: Radio Mundo Real - EcoPortal
Provincia/Región: Nacional
Varias organizaciones de trabajadores rurales de Argentina conformaron el Frente Nacional Campesino, que tiene como principal bandera a la soberanía alimentaria y cuestiona el modelo concentrador de la tierra, que genera pobreza en el campo, inequidad social y exclusión.
La nueva agrupación se conformó el Día Internacional de la Lucha Campesina, el 17 de abril. Los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik, entrevistaron a Omar, integrante del Movimiento Campesino de Jujuy (provincia del norte argentino), que es parte del Frente Nacional Campesino.
El Movimiento Campesino de Jujuy tiene ya cinco años y tiene presencia en 15 localidades de la provincia. Omar explicó que una de las mayores dificultades que enfrentan los pequeños productores de la zona es el avance de los cultivos de soja y de tártago, que se está plantando para usar en la producción de biodiesel.
En la actualidad 16 millones de hectáreas de tierra en Argentina están ocupadas con soja, según datos oficiales citados por el diario Página 12 de ese país. Hace diez años la oleaginosa ocupaba cinco millones de hectáreas. Casi el 100 por ciento de esa soja es transgénica.
Asimismo, Argentina es el tercer exportador mundial de soja, de acuerdo a la agencia Reuters. Los mayores beneficiarios de esta producción desmesurada de soja son los grandes terratenientes y los empresarios del sector. “La plata que llega a nivel nacional jamás es repartida a los pequeños productores, queda en aquellos que tienen grandes extensiones de tierra”, dijo Omar.
En esta línea, el campesino se refirió a la Federación Agraria Argentina, que en marzo promovió un paro agrario que duró unos 20 días contra la resolución del gobierno nacional de aumentar las retenciones a las exportaciones de algunos productos agrícolas, entre los que se destaca la soja. La federación argumentó que representaba a los pequeños y medianos productores del país.
“Por lo menos acá en Jujuy, la Federación Agraria, que dice representar a los pequeños productores, no tiene nada que ver. Es otra la realidad. Ellos salen diciendo esto por la televisión, confundiendo a la sociedad”, aseguró Omar. “Los que ponen el lomo, los compañeros que tienen media hectárea, o cinco hectáreas, o los que pueden alquilar la tierra, lo hacen con mucho sacrificio”, agregó.
En este momento los pequeños campesinos de la zona están produciendo principalmente verduras y carne. Enfrentan, principalmente en el norte de la provincia, las mismas problemáticas que tienen los agricultores en otras regiones del país, como el desalojo por parte de los empresarios.
Por eso el Frente Nacional Campesino abre al Movimiento Campesino de Jujuy la posibilidad de unirse a pares de otras partes del país para luchar por sus derechos en forma coordinada. “La creación del Frente Campesino nos sirve a los pequeños productores, o a los campesinos, para hacer escuchar nuestra voz, nuestro reclamo”, dijo Omar. “A nivel nacional hay miles de compañeros, hay un montón de organizaciones campesinas que estamos dispersas, y yo creo que esto nos sirve sinceramente para que nosotros nos representemos, que nadie nos venga a contar el cuento”, remató.
Córdoba busca crear vertederos y reciclar
La Provincia busca crear vertederos y reciclar la basura de los pueblos
Fecha de Publicación: 30/04/2008
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
El plan de Medio Ambiente vuelve sobre una idea ya aplicada en otras comunas, y que procura ahora ampliarla al sur cordobés. Se incorpora la idea de que parte de los desechos sean recuperados.
Intendentes de la región se reunieron ayer con la titular de la Secretaría de Ambiente para, una vez más, debatir sobre distintas alternativas que permitan a los pueblos erradicar sus basurales a cielo abierto.
Este tema, que viene desde hace décadas analizándose, aún no ha logrado en la región plasmarse en un proyecto que pueda dar una solución integral, sino que han surgido iniciativas aisladas.
Ahora la propuesta de Medio Ambiente es generar un plan integral para residuos urbanos, trabajando en conjunto con los municipios en lo que es asesoramiento técnico, creación de las denominadas estaciones de transferencias y vertederos regionales, y sumando ahora una nueva etapa, el reciclaje de basura.
La titular de dicha repartición, María Amelia Chiófalo, dijo que hay regiones donde ya se están implementando los sistemas con muy buenos resultados.
En el caso del Departamento Río Cuarto se cuenta con el vertedero ubicado en esa ciudad, pero queda por avanzar en el paso siguiente, de la apertura de estaciones de transferencia, donde los pueblos puedan acudir a depositar los desechos que finalmente llegan al enterramiento sanitario.
“También vamos a incorporar un eje muy importante, que es el tema de las plantas de reciclado ya que si bien esto soluciona en parte el tema de los residuos urbanos, tienen un impacto ambiental importante en lo que se refiere a concientización”, declaró a PUNTAL.
Por su parte, los mandatarios esperan que se comience a trabajar en breve, ya que aseguran que la mayoría de los pueblos tienen sus depósitos totalmente saturados, generando además un serio problema ambiental.
En el caso de varios municipios de la región, entre los que se incluye Adelia María, desde hace aproximadamente tres años vienen presentando distintas alternativas. Hoy la nueva propuesta está cercana a los intereses de los pueblos, pero deberán ajustarse aspectos tales como la necesidad de los municipios de contar con camiones de traslado apropiados.
Hugo Cometto, intendente municipal de Adelia María, señaló que llegó la hora de debatir sobre este tema y encontrarle en el corto plazo una solución.
“Lo que creo es que tenemos que impulsar una idea en forma conjunta, porque ningún pueblo por sí solo puede dar solución al problema de la basura”.
Agregó que hoy la mayoría de las poblaciones cuentan con sus predios totalmente saturados y resulta casi imposible adquirir nuevas tierras.
“Primero está el problema de los altos valores que hoy se piden por cualquier terreno, y segundo que nadie quiere vender sus tierras para que allí se acumule basura”, señaló el mandatario.
Algunos municipios vienen trabajando proyectos en forma conjunta, pero que terminan siendo postergados por la falta de recursos financieros que permitan ejecutarlos.
Varios mandatarios coinciden en que bien puede aprovecharse el enterramiento sanitario de Río Cuarto, lugar donde se ha hecho una fuerte inversión, no sólo en el terreno, sino además en la incorporación de camiones cerrados y maquinarias adecuadas para la tarea.
Cabe recordar que años atrás, algunas localidades trasladaban sus desechos a Río Cuarto, pero el incremento de costos y la falta de transportes adecuados obligaron a desistir de esta posibilidad.
La idea ahora es retomarla, pero viendo la manera de que el gobierno provincial ayude a los gobiernos municipales a adquirir los equipos necesario. O, caso contrario, tercerizar el traslado.
Esta renovada intención de Medio Ambiente de la provincia de dar inicio a un plan integral regional anima a las comunidades a pensar que finalmente podrán clausurar sus saturados y peligrosos basurales a cielo abierto.
Fecha de Publicación: 30/04/2008
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
El plan de Medio Ambiente vuelve sobre una idea ya aplicada en otras comunas, y que procura ahora ampliarla al sur cordobés. Se incorpora la idea de que parte de los desechos sean recuperados.
Intendentes de la región se reunieron ayer con la titular de la Secretaría de Ambiente para, una vez más, debatir sobre distintas alternativas que permitan a los pueblos erradicar sus basurales a cielo abierto.
Este tema, que viene desde hace décadas analizándose, aún no ha logrado en la región plasmarse en un proyecto que pueda dar una solución integral, sino que han surgido iniciativas aisladas.
Ahora la propuesta de Medio Ambiente es generar un plan integral para residuos urbanos, trabajando en conjunto con los municipios en lo que es asesoramiento técnico, creación de las denominadas estaciones de transferencias y vertederos regionales, y sumando ahora una nueva etapa, el reciclaje de basura.
La titular de dicha repartición, María Amelia Chiófalo, dijo que hay regiones donde ya se están implementando los sistemas con muy buenos resultados.
En el caso del Departamento Río Cuarto se cuenta con el vertedero ubicado en esa ciudad, pero queda por avanzar en el paso siguiente, de la apertura de estaciones de transferencia, donde los pueblos puedan acudir a depositar los desechos que finalmente llegan al enterramiento sanitario.
“También vamos a incorporar un eje muy importante, que es el tema de las plantas de reciclado ya que si bien esto soluciona en parte el tema de los residuos urbanos, tienen un impacto ambiental importante en lo que se refiere a concientización”, declaró a PUNTAL.
Por su parte, los mandatarios esperan que se comience a trabajar en breve, ya que aseguran que la mayoría de los pueblos tienen sus depósitos totalmente saturados, generando además un serio problema ambiental.
En el caso de varios municipios de la región, entre los que se incluye Adelia María, desde hace aproximadamente tres años vienen presentando distintas alternativas. Hoy la nueva propuesta está cercana a los intereses de los pueblos, pero deberán ajustarse aspectos tales como la necesidad de los municipios de contar con camiones de traslado apropiados.
Hugo Cometto, intendente municipal de Adelia María, señaló que llegó la hora de debatir sobre este tema y encontrarle en el corto plazo una solución.
“Lo que creo es que tenemos que impulsar una idea en forma conjunta, porque ningún pueblo por sí solo puede dar solución al problema de la basura”.
Agregó que hoy la mayoría de las poblaciones cuentan con sus predios totalmente saturados y resulta casi imposible adquirir nuevas tierras.
“Primero está el problema de los altos valores que hoy se piden por cualquier terreno, y segundo que nadie quiere vender sus tierras para que allí se acumule basura”, señaló el mandatario.
Algunos municipios vienen trabajando proyectos en forma conjunta, pero que terminan siendo postergados por la falta de recursos financieros que permitan ejecutarlos.
Varios mandatarios coinciden en que bien puede aprovecharse el enterramiento sanitario de Río Cuarto, lugar donde se ha hecho una fuerte inversión, no sólo en el terreno, sino además en la incorporación de camiones cerrados y maquinarias adecuadas para la tarea.
Cabe recordar que años atrás, algunas localidades trasladaban sus desechos a Río Cuarto, pero el incremento de costos y la falta de transportes adecuados obligaron a desistir de esta posibilidad.
La idea ahora es retomarla, pero viendo la manera de que el gobierno provincial ayude a los gobiernos municipales a adquirir los equipos necesario. O, caso contrario, tercerizar el traslado.
Esta renovada intención de Medio Ambiente de la provincia de dar inicio a un plan integral regional anima a las comunidades a pensar que finalmente podrán clausurar sus saturados y peligrosos basurales a cielo abierto.
La lluvia apagó los incendios del Delta
La lluvia apagó los incendios del Delta y quedan cuatro focos controlados
Fecha de Publicación: 29/04/2008
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos - Buenos Aires
Además del agua, para que terminaran 25 días de fuego influyeron la humedad y la baja en la temperatura· Ahora los bomberos vigilan las cenizas para evitar que se reaviven.
Se acabó el fuego. Quedan sólo cuatro focos -en Baradero, Campana y dos en la isla Talavera- y están controlados. "Estamos en la guardia de humo y cenizas, lo que significa que se mantiene el operativo por si algún costado se levanta", dijo a Clarín Sergio Rusak, coordinador del Plan Nacional de Manejo del Fuego de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Humano.
"Los acabó la naturaleza. Nosotros sólo podíamos trabajar en controlar que el fuego no se propagara y apagar lo que podíamos. Pero terminar con esto, terminó la propia naturaleza", dijo ayer, sincero, Jorge Puentes, jefe de Bomberos Voluntarios del cuartel de Ibicuy, en Entre Ríos.
A pesar de la buena noticia, el tránsito siguió complicado. Como el domingo, fue la niebla la principal causante del trastorno en las rutas de la zona.
La Dirección de Vialidad Nacional dispuso un operativo de tránsito asistido mediante patrullas de la Gendarmería en las rutas 9, 12 y 14. Las rutas 3, 5, 8, 205, 41 y 51 estuvieron habilitadas a la circulación, pero con recomendación de "extrema precaución". El puente Rosario-Victoria, cortado en la noche del domingo, fue reabierto a la 6. Y muchas compañías de transporte hacia la zona mantuvieron suspendidos sus servicios
Desde el Plan Nacional se montaron cuatro centrales, donde ayer seguían trabajando los bomberos: 130 en Záarate, 57 en Victoria, frente a Rosario, 40 en Baradero y 74 en Ibicuy y Paranacito.
A la tarde, decía Rusak: "Hicimos un relevamiento de la zona y encontramos siete puntos calientes, con apenas un poco de humo". En Zárate encontraron cuatro lugares calientes. No llovió mucho, pero fue mejor que nada: unos 7 milímetros en la zona, y 22 milímetros en Victoria.
"Nosotros -dijo Rusak- nos quedamos tranquilos cuando llueve más de 50 centímetros. Menos de eso ayuda, pero no apaga del todo. Moja a los pastizales, pero donde hay álamos el agua ni siquiera llega al suelo. Lo que genera son condiciones más favorables para trabajar". Jorge Puentes, un bombero de Entre Ríos, pedía un poco más de agua para estar totalmente tranquilo. "Que el agua penetre hasta adentro de la tierra apagando los focos subterráneos".
Miguel Dupont, coordinador de Defensa Civil de la costa del Uruguay en Entre Ríos, coincidió con el diagnóstico: "No hay más fuego: todo está controlado", dijo aliviado. "El oficial y licenciado en Seguridad Jorge Bonnet, representante del Plan Nacional de Manejo de Fuego en esta provincia, sobrevoló las zonas afectadas. De la observación, concluyó que los focos ígneos desaparecieron y permanecen focos de humo, indicadores de actividad bajo tierra, que están siendo controlados".
En la provincia de Buenos Aires, Jorge Venturini, superintendente de Seguridad Siniestral, contó como muestra de lo frío que estaba el suelo que an algunas zonas quemadas el ganado volvió a pastar. "Hoy sobrevolamos durante dos horas la 'zona negra': Campana, Isla Talavera, Isla Falsa Botija, Isla Baradero y Norte de Atucha. Solo habían dos pequeños focos, pero humeantes, pero sin llamas, llamados 'fumatas'. Estaban en Campana y en el centro de Isla Talavera. El suelo y la vegetación están mojados y no hay fuego. En algunas zonas que se quemaron ya volvió a pastar el ganado".
Para poder jurar que el fuego está controlado, los funcionarios volaron toda la zona. Una amplia extensión que ocupa 80.000 hectáreas. "Excepto en Paranacito por la mañana -contó Rusak- pudimos volar, en algunos casos transportando personal, tirando agua y haciendo observación. Una vez detectado los lugares calientes se los combate de manera muy artesanal: la cuadrilla baja y con herramientas de mano, como palas, da vuelta lo que se está quemando y cuando terminan el trabajo, vuelven a volar. Con estas condiciones, el trabajo rinde mucho, pero vamos a permanecer hasta que pique el sol fuerte y ver que no se levante humito". Si esto no ocurriera, luego de 48 horas levantarán los campamentos utilizados por bomberos voluntarios, policiales de las provincias, gendarmes y personal del Ejército, Armada, Prefectura, Parques Nacionales y Policía Federal. De todas maneras, algunos ya comenzaron su regreso a casa ayer (ver Bomberos...)
Como diría Jorge Puentes, jefe de los voluntarios de Ibicuy: "Hoy (por ayer) les dimos el golpe de gracia. Somos muy optimistas. Tendrías que haber visto las caras de los bomberos y brigadistas. Después de 16 días de trabajo a destajo, nos enteramos de que por fin podríamos descansar".
Fecha de Publicación: 29/04/2008
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos - Buenos Aires
Además del agua, para que terminaran 25 días de fuego influyeron la humedad y la baja en la temperatura· Ahora los bomberos vigilan las cenizas para evitar que se reaviven.
Se acabó el fuego. Quedan sólo cuatro focos -en Baradero, Campana y dos en la isla Talavera- y están controlados. "Estamos en la guardia de humo y cenizas, lo que significa que se mantiene el operativo por si algún costado se levanta", dijo a Clarín Sergio Rusak, coordinador del Plan Nacional de Manejo del Fuego de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Humano.
"Los acabó la naturaleza. Nosotros sólo podíamos trabajar en controlar que el fuego no se propagara y apagar lo que podíamos. Pero terminar con esto, terminó la propia naturaleza", dijo ayer, sincero, Jorge Puentes, jefe de Bomberos Voluntarios del cuartel de Ibicuy, en Entre Ríos.
A pesar de la buena noticia, el tránsito siguió complicado. Como el domingo, fue la niebla la principal causante del trastorno en las rutas de la zona.
La Dirección de Vialidad Nacional dispuso un operativo de tránsito asistido mediante patrullas de la Gendarmería en las rutas 9, 12 y 14. Las rutas 3, 5, 8, 205, 41 y 51 estuvieron habilitadas a la circulación, pero con recomendación de "extrema precaución". El puente Rosario-Victoria, cortado en la noche del domingo, fue reabierto a la 6. Y muchas compañías de transporte hacia la zona mantuvieron suspendidos sus servicios
Desde el Plan Nacional se montaron cuatro centrales, donde ayer seguían trabajando los bomberos: 130 en Záarate, 57 en Victoria, frente a Rosario, 40 en Baradero y 74 en Ibicuy y Paranacito.
A la tarde, decía Rusak: "Hicimos un relevamiento de la zona y encontramos siete puntos calientes, con apenas un poco de humo". En Zárate encontraron cuatro lugares calientes. No llovió mucho, pero fue mejor que nada: unos 7 milímetros en la zona, y 22 milímetros en Victoria.
"Nosotros -dijo Rusak- nos quedamos tranquilos cuando llueve más de 50 centímetros. Menos de eso ayuda, pero no apaga del todo. Moja a los pastizales, pero donde hay álamos el agua ni siquiera llega al suelo. Lo que genera son condiciones más favorables para trabajar". Jorge Puentes, un bombero de Entre Ríos, pedía un poco más de agua para estar totalmente tranquilo. "Que el agua penetre hasta adentro de la tierra apagando los focos subterráneos".
Miguel Dupont, coordinador de Defensa Civil de la costa del Uruguay en Entre Ríos, coincidió con el diagnóstico: "No hay más fuego: todo está controlado", dijo aliviado. "El oficial y licenciado en Seguridad Jorge Bonnet, representante del Plan Nacional de Manejo de Fuego en esta provincia, sobrevoló las zonas afectadas. De la observación, concluyó que los focos ígneos desaparecieron y permanecen focos de humo, indicadores de actividad bajo tierra, que están siendo controlados".
En la provincia de Buenos Aires, Jorge Venturini, superintendente de Seguridad Siniestral, contó como muestra de lo frío que estaba el suelo que an algunas zonas quemadas el ganado volvió a pastar. "Hoy sobrevolamos durante dos horas la 'zona negra': Campana, Isla Talavera, Isla Falsa Botija, Isla Baradero y Norte de Atucha. Solo habían dos pequeños focos, pero humeantes, pero sin llamas, llamados 'fumatas'. Estaban en Campana y en el centro de Isla Talavera. El suelo y la vegetación están mojados y no hay fuego. En algunas zonas que se quemaron ya volvió a pastar el ganado".
Para poder jurar que el fuego está controlado, los funcionarios volaron toda la zona. Una amplia extensión que ocupa 80.000 hectáreas. "Excepto en Paranacito por la mañana -contó Rusak- pudimos volar, en algunos casos transportando personal, tirando agua y haciendo observación. Una vez detectado los lugares calientes se los combate de manera muy artesanal: la cuadrilla baja y con herramientas de mano, como palas, da vuelta lo que se está quemando y cuando terminan el trabajo, vuelven a volar. Con estas condiciones, el trabajo rinde mucho, pero vamos a permanecer hasta que pique el sol fuerte y ver que no se levante humito". Si esto no ocurriera, luego de 48 horas levantarán los campamentos utilizados por bomberos voluntarios, policiales de las provincias, gendarmes y personal del Ejército, Armada, Prefectura, Parques Nacionales y Policía Federal. De todas maneras, algunos ya comenzaron su regreso a casa ayer (ver Bomberos...)
Como diría Jorge Puentes, jefe de los voluntarios de Ibicuy: "Hoy (por ayer) les dimos el golpe de gracia. Somos muy optimistas. Tendrías que haber visto las caras de los bomberos y brigadistas. Después de 16 días de trabajo a destajo, nos enteramos de que por fin podríamos descansar".
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Gobierno licita campos a grupos sojeros
El Gobierno nacional licita campos a grupos sojeros
Fecha de Publicación: 29/04/2008
Fuente: El Diario de Villa María
Provincia/Región: Córdoba
“Desde hace 15 años se llama a licitación pública, lo que deja afuera a los productores locales, porque se pagan barbaridades que ellos no pueden alcanzar”, dijo el intendente Dardo Iturria respecto a las tierras del Ejército que se alquilan por licitación a grandes grupos económicos donde antes lo hacían entre 30 y 40 productores de allí
“En pleno conflicto con el campo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha expresado hasta el cansancio que la suba en las retenciones busca (además de recaudar, claro) que no todo en la Argentina sean campos sembrados de soja. Sin embargo, un pequeño dato pone en duda el mediático resquemor del Gobierno con ‘ese yuyo’”, publicó el Diario Perfil en su edición del domingo pasado.
Añade que "durante sus fogosos discursos, la presidenta se cansó de expresar la importancia de frenar el avance de la soja. Los argumentos son varios y hasta convincentes: que este tipo de siembra no genera valor agregado; que dispara el precio de la tierra y genera que los productores opten por el arrendamiento del suelo; que no deja espacio para otros cultivos...".
Pero la sección Espía, del mencionado periódico informa “que el Estado nacional acaba de abrir una licitación pública para arrendar un predio de 1.967 hectáreas que el Ejército posee en la localidad de Ordóñez con destino ofrecido para siembra de soja o trigo”.
“A mediados del año pasado, cuando el rumor sobre el pedido de licitación comenzó a circular, el presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, pidió públicamente a la ministra de Defensa, Nilda Garré, que no otorgue estas tierras al Grupo Grobocopatel, ‘sino a los pequeños y medianos productores’. Habrá que esperar, entonces, a ver en qué manos termina ese nuevo predio, seguramente sojero.”
Confirmadísimo
El intendente de Ordóñez, Dardo Iturria, confirmó a EL DIARIO que se trata de un total de 12.300 hectáreas que se van licitando parcialmente, de la que forman parte estas casi dos mil a las que hace alusión el diario capitalino. "Desde hace 15 años se llama a licitación pública, parciales, y se pagan barbaridades por parte de grupos internacionales como Cre-Sur, Grobocopatel o fideicomisos, nunca se sabe de donde vienen los fondos. Esto deja afuera a los 30 ó 40 productores de la zona que antes eran quienes explotaban esas tierras", afirmó el jefe comunal.
"Ningún productor pequeño o mediano puede pagar esos alquileres", insistió Iturria. Definió a esos pooles de siembra como "empresas que hacen negocios del agro", para diferenciar a los colonos como aquellos que "dan vida a nuestra zona y no se llevan la plata a Suiza, la dejan acá, la reinvierten: compran, dan trabajo, construyen...".
Iturria, al frente del municipio desde 1999 por el Partido Justicialista-Unión por Córdoba (PJ-UPC) se manifestó "molesto" por este mecanismo "que además hizo que se perdieran muchas fuentes de trabajo, directa e indirectas". De acuerdo a su testimonio, en esas 12 mil hectáreas se sembraba trigo, maíz, soja... y además había unas 10 mil cabezas de ganado, las que hoy se reducen a entre 1.500 y 2.000, que son del Ejército.
También dijo sobre el Gobierno nacional que "tienen un discurso y en la práctica hacen otra cosa".
El predio, que se extiende aproximadamente a 8 kilómetros hacia Idiazábal, a ambos costados de la ruta provincial 6 (noroeste y suroeste), está compuesto “buenas tierras, con poco desperdicio que se puede destinar a ganadería”, explicó Iturria, quien además remarcó que la licitación debería tener en cuenta una limitación respecto a distancia con la localidad, sino permite a grandes grupos económicos que llegan desde cualquier parte del mundo a explotar esas tierras.
"¿Quién cuida nuestras tierras?, ¿quién protege nuestra producción?", cuestionó el jefe comunal en ese sentido.
El intendente aportó que esas extensiones de tierra son denominadas por los vecinos como "La remonta", aunque específicamente se trata de campo General Paz, donde hasta 1960/61 se cumplía el Servicio Militar Obligatorio. En la actualidad, cuatro profesionales veterinarios y de remonta que trabajan para el Ejército y están a cargo del cuidado del predio y los animales.
Otro dato que arrojó el titular del municipio de Ordóñez es que esas 12.300 hectáreas representan casi el 20% de la zona de influencia de la localidad, por lo que la explotación por parte de los productores locales se limita a las poco más de 40 mil restantes.
Fecha de Publicación: 29/04/2008
Fuente: El Diario de Villa María
Provincia/Región: Córdoba
“Desde hace 15 años se llama a licitación pública, lo que deja afuera a los productores locales, porque se pagan barbaridades que ellos no pueden alcanzar”, dijo el intendente Dardo Iturria respecto a las tierras del Ejército que se alquilan por licitación a grandes grupos económicos donde antes lo hacían entre 30 y 40 productores de allí
“En pleno conflicto con el campo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha expresado hasta el cansancio que la suba en las retenciones busca (además de recaudar, claro) que no todo en la Argentina sean campos sembrados de soja. Sin embargo, un pequeño dato pone en duda el mediático resquemor del Gobierno con ‘ese yuyo’”, publicó el Diario Perfil en su edición del domingo pasado.
Añade que "durante sus fogosos discursos, la presidenta se cansó de expresar la importancia de frenar el avance de la soja. Los argumentos son varios y hasta convincentes: que este tipo de siembra no genera valor agregado; que dispara el precio de la tierra y genera que los productores opten por el arrendamiento del suelo; que no deja espacio para otros cultivos...".
Pero la sección Espía, del mencionado periódico informa “que el Estado nacional acaba de abrir una licitación pública para arrendar un predio de 1.967 hectáreas que el Ejército posee en la localidad de Ordóñez con destino ofrecido para siembra de soja o trigo”.
“A mediados del año pasado, cuando el rumor sobre el pedido de licitación comenzó a circular, el presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, pidió públicamente a la ministra de Defensa, Nilda Garré, que no otorgue estas tierras al Grupo Grobocopatel, ‘sino a los pequeños y medianos productores’. Habrá que esperar, entonces, a ver en qué manos termina ese nuevo predio, seguramente sojero.”
Confirmadísimo
El intendente de Ordóñez, Dardo Iturria, confirmó a EL DIARIO que se trata de un total de 12.300 hectáreas que se van licitando parcialmente, de la que forman parte estas casi dos mil a las que hace alusión el diario capitalino. "Desde hace 15 años se llama a licitación pública, parciales, y se pagan barbaridades por parte de grupos internacionales como Cre-Sur, Grobocopatel o fideicomisos, nunca se sabe de donde vienen los fondos. Esto deja afuera a los 30 ó 40 productores de la zona que antes eran quienes explotaban esas tierras", afirmó el jefe comunal.
"Ningún productor pequeño o mediano puede pagar esos alquileres", insistió Iturria. Definió a esos pooles de siembra como "empresas que hacen negocios del agro", para diferenciar a los colonos como aquellos que "dan vida a nuestra zona y no se llevan la plata a Suiza, la dejan acá, la reinvierten: compran, dan trabajo, construyen...".
Iturria, al frente del municipio desde 1999 por el Partido Justicialista-Unión por Córdoba (PJ-UPC) se manifestó "molesto" por este mecanismo "que además hizo que se perdieran muchas fuentes de trabajo, directa e indirectas". De acuerdo a su testimonio, en esas 12 mil hectáreas se sembraba trigo, maíz, soja... y además había unas 10 mil cabezas de ganado, las que hoy se reducen a entre 1.500 y 2.000, que son del Ejército.
También dijo sobre el Gobierno nacional que "tienen un discurso y en la práctica hacen otra cosa".
El predio, que se extiende aproximadamente a 8 kilómetros hacia Idiazábal, a ambos costados de la ruta provincial 6 (noroeste y suroeste), está compuesto “buenas tierras, con poco desperdicio que se puede destinar a ganadería”, explicó Iturria, quien además remarcó que la licitación debería tener en cuenta una limitación respecto a distancia con la localidad, sino permite a grandes grupos económicos que llegan desde cualquier parte del mundo a explotar esas tierras.
"¿Quién cuida nuestras tierras?, ¿quién protege nuestra producción?", cuestionó el jefe comunal en ese sentido.
El intendente aportó que esas extensiones de tierra son denominadas por los vecinos como "La remonta", aunque específicamente se trata de campo General Paz, donde hasta 1960/61 se cumplía el Servicio Militar Obligatorio. En la actualidad, cuatro profesionales veterinarios y de remonta que trabajan para el Ejército y están a cargo del cuidado del predio y los animales.
Otro dato que arrojó el titular del municipio de Ordóñez es que esas 12.300 hectáreas representan casi el 20% de la zona de influencia de la localidad, por lo que la explotación por parte de los productores locales se limita a las poco más de 40 mil restantes.
Bush y el interés por el agua argentina
La familia Bush y el interés por el agua argentina: ¿Una nueva amenaza?
Fecha de Publicación: 28/04/2008
Fuente: Agencia Nova
Provincia/Región: Nacional
Los negocios con el agua potable ya emprendidos en nuestro país por empresas multinacionales relacionadas con la familia del presidente de los Estados Unidos George W. Bush, fueron reflotados por la Fundación Oscar Alende (FUNDAL), situación que motivó el refuerzo de la campaña de recolección de firmas para que exista una Ley para proteger el recurso e impedir que el mismo sea transformado en una mercancía de libre exportación.
“Tenemos que impedir que se lleven nuestra agua”, dice el responsable de la campaña en cuestión y referente de la FUNDAL, Roberto Pagés.
Para reforzar la idea, el mismo Pagés hace referencia a un artículo aparecido en la “Revista Fortuna Nº 238 | Edición del 20 de Diciembre de 2007” y cuyo título indicaba: “Las empresas de los Bush en la Argentina”.
“La familia Bush, encabezada por John Ellis "Jeb" Bush –ex gobernador de Florida y hermano del actual presidente de Estados Unidos, George W. Bush–, puso un pie en la Argentina para producir agua potable premium y proteínas de pollo para exportación. Pero el clan no vino solo: el desembarco se hizo con socios como el empresario Ronald Krongold, George Soros y la acaudalada familia cubano-norteamericana Fanjul, dueña del imperio azucarero Santo Domingo, entre otros negocios globales”, decía la publicación nacional especializada en temas económicos.
Según “Fortuna”, este grupo “forma parte de un fondo de inversión norteamericano y chileno que exportará desde la Argentina agua potable premium a Europa y proteínas de soja, pollo y pescado a China, Japón, el sur de Asia y parte de Rusia. Lo harán a través de dos sociedades nuevas, H2O+Sur y Protein+Plus, integradas al fondo y creadas especialmente para estos negocios”.
“El agua potable y las proteínas son consideradas por estos inversores como las commodities del futuro, como lo son la soja y el petróleo. Claro que esta perspectiva de largo plazo no sólo proviene de una visión geopolítica producto de la experiencia al frente de la Casa Blanca de George Bush padre y de George hijo, y de la gestión en la gobernación de Florida de Jeb (dejó el cargo en enero de este año), sino también de la palabra de expertos. Todos los miembros de esta sociedad reciben asesoramiento de varios think tanks de universidades norteamericanas. Estos especialistas no sólo les aportan información sobre hipótesis de conflicto sino sobre regiones y oportunidades de negocios de largo plazo”, informó la revista en cuestión.
Seguidamente, el informe indica que “estos expertos habrían dado al fondo los siguientes datos: el planeta Tierra está integrado en un 78% por agua. De ese total, sólo el 3% es potable. Y el 1,1% de esa cifra está ubicado entre la Argentina y Paraguay”.
La información de la llegada de los Bush y sus socios al país fue confirmada a “Fortuna” por el empresario cubano-argentino René Rodríguez Pérez, quien en noviembre de 2007 compartió una cena con Krongold y su joven esposa, Glenda, en uno de los salones del Sofitel Buenos Aires. Rodríguez Pérez, conocido por su modo frontal de hacer negocios es hombre de confianza, inversor y conceptualista del negocio de este grupo. De hecho, hace cuatro años, y a pedido del propio Jeb Bush (cuando era gobernador) organizó un cóctel de bienvenida en su residencia para empresarios norteamericanos que fomentaban el ALCA. Hoy se sabe que en ese encuentro comenzaron a tejerse las primeras redes del negocio en la Argentina.
Según la edición de diciembre de la publicación, “H2O+Sur se dedicará a extraer agua de las napas de diferentes regiones de la Argentina, donde la sociedad compró y rentó miles de hectáreas definidas como no aptas para agricultura ni siembra, pero con buena calidad de aguas. El grueso de estas tierras está ubicado en la provincia de Córdoba, donde habrían adquirido 5 mil hectáreas, aunque se estima que podrían ser más, y el resto (las rentadas) en el sur, cerca de Villa La Angostura”.
“El agua será sometida a procesos naturales de saneamiento utilizando tecnología de avanzada, importada de Israel y Alemania, que permite purificar hasta el 96% de aguas extraídas. Una vez desalinizada, el agua potable se envasará en grandes tanques contenedores y se exportará a Escocia, país donde se fragmentará el producto en botellas de vidrio de 500 cm3, con marca Patagonia Valley Gourmet y etiqueta de origen made in Argentina, para ser vendido en Europa como agua potable premium. Patagonia Valley es una marca de productos gourmet que ya existía y que fue comprada por Rodríguez Pérez, quien ya la presentó en distintas ferias mundiales”, señaló la investigación de “Fortuna”.
“Una de las razones que interesó a Jeb Bush y sus socios es el nivel de rentabilidad de este negocio: hoy en día, una botella de agua en un café chic de Italia puede costar alrededor de 11 euros. La extracción del agua en la Argentina tiene costos bajos y no se paga ningún impuesto o canon en este sentido”, señaló el informe.
“El agua es de todos”
Según el coordinador de la campaña nacional por la consulta popular, Roberto Pagés, “el agua es la fuente de vida en la tierra”.
“Solo el 3% de toda el agua del mundo es dulce y peligra a raíz de la creciente contaminación y las presiones sobre el recurso que lo convierten en un bien estratégico”, comenta.
“Desde la Fundación Oscar Alende (FUNDAL) impulsamos esta campaña nacional de recolección de firmas con el objeto de que se someta a consulta popular la propiedad, el control y la gestión de un recurso fundamental para la vida humana como es el agua, y hacemos un llamado a las diversas organizaciones de la sociedad civil para conformar una comisión nacional en defensa del agua”, señala Pagés.
A su vez, dice que “el apoyo a esta campaña nacional de recolección de firmas, es un paso más en la resistencia a la apropiación privada de los recursos naturales estratégicos y de bien común. Es una manera de decirle no a las corporaciones que pretenden beneficiarse con un bien que es de todos”.
“Como sociedad debemos asegurar la propiedad, el control y la gestión pública, participativa y sustentable de este recurso fundamental para la vida humana de hoy y de las generaciones futuras. El agua es un bien público que requiere ser gestionado de manera sustentable, distribuido con Justicia y aprovechado eficientemente”, señala.
En ese orden, Pagés expresa que el agua “es un recurso de interés nacional, de carácter estratégico por cuanto de ella depende la vida de toda la población y la sustentabilidad de los ecosistemas, por ello la administración de los recursos estratégicos debe volver a formar parte de una política de Estado”.
Por estas razones y otras que se pueden consultar en la página de Internet www.elaguaesdetodos.org.ar, FUNDAL invita a votar para que se llame a una consulta popular. “Hace falta aprobar una Ley del Agua que proteja el recurso de la voracidad de las multinacionales que quieren transformarla en un bien de mercado”, expresó Pagés.
“Necesitamos una Ley marco a partir de la cual se establezcan criterios comunes para la administración del recurso a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Tenemos que hacer docencia y juntar conciencias, luego de esta tarea, seguramente el agua será completamente nuestra”, concluye.
Proyecto de ley de Consulta Popular
Lo que sigue, es el texto presentado por FUNDAL para su tratamiento en el Congreso nacional:
LEY DE LLAMADO A CONSULTA POPULAR
Artículo 1º: Convócase a consulta popular vinculante en los términos del título I de la Ley 25.432, reglamentaria del artículo 40 de la Constitución Nacional, a fin de que el pueblo de la Nación Argentina se expida acerca del Proyecto de Ley que se transcribe en el artículo 2 de la presente.
Artículo 2º: El Proyecto de Ley sobre cuya sanción versará la consulta popular es el siguiente:
Art. 1: el agua dulce será considerado un Recurso Natural Estratégico y no enajenable, cuya utilización deberá sujetarse a los principios de sustentabilidad y preservación, a fin de garantizar su uso por las generaciones presentes y futuras. El acceso al agua potable en cantidad y calidad suficiente para usos personales y domésticos será considerado un Derecho Humano Fundamental de todos lo habitantes de la Nación Argentina.
Art. 2: La gestión y prestación de los servicios de provisión de agua potable y saneamiento estarán a cargo del Estado quién podrá delegarla solo en asociaciones cooperativas de usuarios de los mismos, conforme lo determine la reglamentación que se dicte a esos efectos. No se admitirá, en las actividades referidas, la participación de personas físicas o jurídicas distintas a las mencionadas en este artículo. El servicio de agua potable domiciliaria no podrá ser interrumpido por ningún motivo y en ningún caso.
Art. 3: En el manejo integral de los recursos de agua dulce compartidos con otros Estados, el Gobierno Nacional estará obligado a sostener los principios establecidos en la presente Ley y se abstendrá de suscribir acuerdos, tratados y/o convenios internacionales que permitan u obliguen la comercialización del recurso y/o privatización de la provisión del agua.
Art. 4: El Poder Legislativo de la Nación dictará legislación que regule la prestación de los servicios enumerados en los artículos anteriores, su gestión, contralor y todas aquellas cuestiones pertinentes, dentro de los 180 días contados a partir de la realización de la consulta popular. Dicha Ley deberá ajustarse estrictamente a la voluntad de la ciudadanía expresada en el acto eleccionario.
Art. 5: el Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentar y/o dictar las normas que estén dentro de su competencia para hacer efectiva la decisión de los ciudadanos expresada en el comicio dentro de los treinta días posteriores a la sanción de la reglamentación mencionada en el artículo precedente.
Artículo 3º: el acto electoral en el que la ciudadanía deberá emitir su voto acerca del Proyecto de Ley, se realizará el 28 de octubre de 2009, simultáneamente con los comicios para la renovación de mandatos legislativos nacionales convocados para esa fecha. Si esta fecha electoral fuese modificada, del mismo modo se modificará la fecha de la realización de la consulta popular, toda vez que ambas deben ser coincidentes.
Artículo 4º: El Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentar la presente Ley dentro de un plazo que permita la realización en la fecha indicada precedentemente, a cuyo fin podrán modificarse por esta única vez los plazos contenidos en el artículo 12 de la Ley 25.432. La reglamentación deberá contener el diseño de las boletas que se utilizarán en el comicio, las que deberán permitir al votante optar por si o por no en relación a la sanción del Proyecto de Ley transcripto en el Art. 2do, debiendo cumplimentar además con los requisitos señalados en los artículos 9,10,11,15, y 16 de la Ley 25.432.
Articulo 5º: Derógase el artículo 14 de la ley 25.432.
Artículo 6º: De forma.
FUNDAMENTOS:
La cuestión del agua no se agota en el manejo del servicio, se enmarca en un contexto más abarcador: “El agua es un Recurso Natural Estratégico, cuyo manejo está sujeto a decisiones políticas que debieran garantizar su sustentabilidad y preservación. Es decir: el agua no es una mercancía con valor de cambio fluctuante en el mercado, es un Derecho Humano Fundamental, inalienable y soberano del pueblo de cada Nación.
Creemos necesario reseñar algunos datos estadísticos que dan una idea cabal de la dimensión de la problemática a abordar:
-Sólo el dos por ciento del agua disponible en el mundo es dulce. Sin embargo, el alto grado de contaminación producido por diversos agentes, reduce sensiblemente ese porcentaje para determinar la cantidad de agua potable disponible.
-El 65% del consumo de agua dulce se destina a la agricultura, el 25% a la industria y sólo el 10% al consumo humano.
-Más de la mitad de los mayores ríos y lagos del mundo están seriamente contaminados y, en consecuencia, el agua que pueda extraerse de ellos no resulta apta para el consumo humano.
En un mundo donde el recurso escasea, su apropiación permite obtener fabulosas utilidades.
Estos datos resultan suficientemente ilustrativos de la magnitud del problema a nivel mundial, a la vez que permiten comprender el manejo de las grandes empresas multinacionales por lograr la apropiación del recurso y la monopolización de los servicios de distribución sin resguardos esenciales para los usuarios, especialmente en países pobres. Como vemos cuando hablamos del recurso agua, no nos referimos solamente a un problema de la naturaleza, sino fundamentalmente a una cuestión esencialmente política.
Es necesario que prevalezca una concepción acerca del agua y el saneamiento ambiental como bienes comunes sociales esencialmente ligados al derecho a la vida. El agua es un Derecho Humano Fundamental, inalienable y soberano del pueblo de cada Nación.
Así lo ha manifestado la declaración emitida en la primera gran conferencia mundial que se realizara en Mar del Plata en el año 1977, que expresaba: “Todo hombre tiene igual derecho al acceso al agua potable, en cantidad y calidad suficiente como para cubrir sus necesidades. Más recientemente, las jornadas que desarrolló la FAO en el año 2002 estuvieron presididas por la consigna “ SIN AGUA NO HAY ALIMENTOS”, mientras que en el FORO SOCIAL DEL AGUA 2003, se aprobó LA CARTA SOCIAL DEL AGUA que apuntó a la necesidad de realizar Foros Temáticos que profundicen la discusión y organización de la sociedad frente a los intereses económicos de los grupos trasnacionales que desean incluir el agua en los acuerdos de Libre Comercio ( En especial en la discusión sobre el ALCA).
Considerando que nuestros países detentan las mayores y más estratégicas reservas de agua del mundo, nos debemos posicionar para esta discusión global y preparar a la sociedad para afrontar esta lucha. La avidez de ganancias expresada a través del capitalismo salvaje que enarbola la “ideología neoliberal”, conduce a considerar este recurso soberano de cada nación, como una mercancía sujeta a las fluctuaciones del intercambio comercial. Es a partir de esta concepción como se llevan adelante las privatizaciones de estos servicios en muchos países del mundo, especialmente en países periféricos como el nuestro.
La disputa entre estas concepciones a trabado la formulación de declaraciones o medidas concretas en el seno de conferencias o foros convocados por organismos internacionales relacionados con esta cuestión, porque muchos de ellos se encuentran sujetos a la imposición, o bien coinciden con los puntos de vista de los organismos financieros internacionales, que buscan la privatización del recurso.
Podemos prever que, así como el agotamiento de las reservas de petróleo, el “oro negro”, autoriza a los señores del mundo a atacar al pueblo iraquí, se iniciarán, en los próximos años las guerras por el “oro azul”. En algunos lugares ya están preparando el terreno, por ejemplo, en la zona de la Triple Frontera de Brasil, Paraguay y Argentina, a la sazón, la zona de recarga más importante del Acuífero Guaraní. Las grandes corporaciones se articulan para dominar las reservas estratégicas de agua en América Latina, tienen intereses creados sobre el ACUIFERO GUARANI (una de lasa mayores reservas de agua pura del mundo, ubicada bajo el suelo de nuestros países).
A través de Consultores del BANCO MUNDIAL resolvieron invertir recursos técnicos y financieros en el PROYECTO DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ACUIFERO GUARANI , con sede en Montevideo. A través de este Proyecto será posible hacerse del conocimiento acumulado durante años de investigaciones desarrolladas en diferentes universidades latinoamericanas así como ampliarlo con las nuevas. Con esa información estratégica, grandes grupos económicos podrán manejar sus inversiones en aquello que desean crear: el MERCADO DEL AGUA. Y, con eso, obtener gigantescos beneficios a través del control privado de nuestras reservas naturales.
Este nuevo programa del BANCO MUNDIAL, además de ser un riesgo para la posibilidad de acceso a nuestras aguas por parte de toda la población, es un riesgo para la SOBERANIA DE LOS PUEBLOS.
Con la presión de los EEUU para acelerar la creación del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), las políticas aprobadas por el Banco Mundial en los países pobres han sido la reproducción de las recetas del F.M.I. que resultan en un aumento del nivel de dependencia de los países en relación a la especulación financiera.
A la luz de estas reflexiones deberíamos analizar las políticas públicas sustentadas por el Estado Argentino en las dos últimas décadas con respecto a esta materia. Como todos sabemos la hegemonía de las políticas neo-liberal-conservadores que imperaron durante los gobiernos de Carlos Menem trajeron como resultado la privatización de la casi totalidad de las empresas públicas de la época, entre las que se contó Obras Sanitarias de la Nación. Políticas similares fueron adoptadas por diversas provincias con idénticos resultados, es decir, la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento en la que tuvieron activa participación consorcios internacionales que se adueñaron de la prestación de estos servicios. Las consecuencias más visibles, fueron la sideral elevación del costo de estos servicios, el incumplimiento de cláusulas contractuales por las que se debían realizar obras imprescindibles para la extensión de estos servicios y el corte de suministros. Privaron de este derecho humano a millares de habitantes de nuestro país.
Además las empresas prestadoras, con la complicidad de los funcionarios públicos responsables de estas áreas, condujeron a contratos con cláusulas verdaderamente leoninas que aseguraban ganancias superiores a la que se obtenía en otros países del mundo. Podríamos abundar en citas similares, pero creemos que las expuestas resultan suficientes para caracterizar la cuestión del agua como un asunto de importancia estratégica en el nuevo tablero mundial que se pretende diseñar a través de las reglas de juego de la “globalización”.
En nuestro país, los reiterados y graves incumplimientos en que ocurrió la Empresa Aguas Argentinas (controlada por la Multinacional Suez-Lyonnaise Des Eaux, con participación minoritaria de Aguas de Barcelona), son más que suficientes para fundamentar la rescisión de los contratos realizada por el Presidente Kirchner. Sin embargo aún persisten rémoras en algunas provincias de nuestro país que continúan con los servicios de agua potable privatizados.
Tal como lo hemos expresado en muchas oportunidades, la participación activa de la ciudadanía es indispensable para adoptar decisiones estratégicas que comprometen no sólo el presente, sino también el futuro de varias generaciones de argentinos. Por ello proponemos en el Proyecto de Ley que acompañamos la realización de una Consulta Popular para que la ciudadanía se expida no sólo acerca de la gestión de estos servicios, sino, fundamentalmente, sobre la consideración del agua como un Recurso Natural Estratégico, no enajenable.
Durante la última Cumbre de los Pueblos del MERCOSUR, realizada en Asunción del Paraguay paralelamente a la reunión de Presidentes, su declaración final expresa:
MANIFESTAMOS:
Que el agua, en todas sus formas es un bien social y no una mercancía. Que el acceso a la misma es un derecho humano fundamental e inalienable. El agua es un patrimonio de las comunidades, de los pueblos y de la humanidad, principio constitutivo de la vida en nuestro planeta.
La gestión y el control deben permanecer en el ámbito público, social, comunitario, participativo, con equidad y sin fin de lucro. Es obligación de todas las instituciones públicas locales, nacionales, regionales e internacionales, garantizar estas condiciones desde la planificación hasta el control final del proceso.
Creemos necesaria una gestión sustentable de los ecosistemas y la preservación del ciclo del agua mediante el ordenamiento territorial y ambiental.
Las cuencas hidrográficas son unidades integrales de gestión pública, factor de identidad y unión comunitaria, donde se debe hacer efectiva la participación ciudadana y de los pueblos.
(Cumbre de los Pueblos, Asunción del Paraguay, 28 de Junio de 2007).
Es imprescindible la necesidad de formular y ejecutar políticas públicas por parte de los Estados Nacionales para, por un lado, inscribir la preservación de los recursos acuíferos como un hito importante en la defensa de la soberanía nacional, y, por el otro, garantizar el acceso al agua potable a toda su población, por tratarse de un derecho humano esencial que no admite discriminaciones de ninguna índole.
La urgencia existente en la resolución de este problema nos lleva a concluir que esta Consulta no puede postergarse más allá de las próximas elecciones parlamentarias. No escapa a nuestro conocimiento que la Ley 25.432 reglamentaria del artículo 40 de la Constitución Nacional, establece en su artículo 14 que “el día fijado para la realización de una Consulta Popular no podrá coincidir con otro acto eleccionario”. Creemos que en el caso que no ocupa la urgencia de la resolución de esta cuestión así como el ahorro de los dineros públicos que representaría la realización de ambas elecciones en un mismo acto comicial, son argumentos suficientes para la derogación de este artículo.
En este sentido, es necesario facilitar los mecanismos que favorezcan la comparecencia al comicio más aún cuando, como en el caso que nos ocupa, se trata de emitir opinión sobre un tema fundamental para el desarrollo nacional y la defensa de la calidad de vida de la población. Por otra parte no creemos que resulte demasiado complejo para la ciudadanía emitir paralelamente su voto en el mismo acto, dado que el votante debe limitarse a marcar la elección si o no con relación a los ítems que incluye la consulta. De todos modos, para evitar incurrir en rigideces que puedan obstaculizar una adecuada instrumentación paralela de ambos actos eleccionarios facultamos al Poder Ejecutivo Nacional a reglamentar las cuestiones atinentes al acto electoral.
Tampoco podemos ignorar la vasta experiencia internacional en materia de formas de participación popular. En Italia, Suiza, diversos estados de los EEUU, Uruguay, etc. Se han realizado comicios para elegir representantes a los diversos estamentos del Estado simultáneamente con consultas populares, referéndum o plebiscitos en los que la ciudadanía se expidió sobre diversos temas de acuerdo con la estructura institucional de esos Estados, obteniéndose en la mayoría de los casos un alto porcentaje de asistencia comicial. Sin ir más lejos, hace poco más de dos años, se realizó en el Uruguay una Consulta Popular similar a la que proponemos.
Fecha de Publicación: 28/04/2008
Fuente: Agencia Nova
Provincia/Región: Nacional
Los negocios con el agua potable ya emprendidos en nuestro país por empresas multinacionales relacionadas con la familia del presidente de los Estados Unidos George W. Bush, fueron reflotados por la Fundación Oscar Alende (FUNDAL), situación que motivó el refuerzo de la campaña de recolección de firmas para que exista una Ley para proteger el recurso e impedir que el mismo sea transformado en una mercancía de libre exportación.
“Tenemos que impedir que se lleven nuestra agua”, dice el responsable de la campaña en cuestión y referente de la FUNDAL, Roberto Pagés.
Para reforzar la idea, el mismo Pagés hace referencia a un artículo aparecido en la “Revista Fortuna Nº 238 | Edición del 20 de Diciembre de 2007” y cuyo título indicaba: “Las empresas de los Bush en la Argentina”.
“La familia Bush, encabezada por John Ellis "Jeb" Bush –ex gobernador de Florida y hermano del actual presidente de Estados Unidos, George W. Bush–, puso un pie en la Argentina para producir agua potable premium y proteínas de pollo para exportación. Pero el clan no vino solo: el desembarco se hizo con socios como el empresario Ronald Krongold, George Soros y la acaudalada familia cubano-norteamericana Fanjul, dueña del imperio azucarero Santo Domingo, entre otros negocios globales”, decía la publicación nacional especializada en temas económicos.
Según “Fortuna”, este grupo “forma parte de un fondo de inversión norteamericano y chileno que exportará desde la Argentina agua potable premium a Europa y proteínas de soja, pollo y pescado a China, Japón, el sur de Asia y parte de Rusia. Lo harán a través de dos sociedades nuevas, H2O+Sur y Protein+Plus, integradas al fondo y creadas especialmente para estos negocios”.
“El agua potable y las proteínas son consideradas por estos inversores como las commodities del futuro, como lo son la soja y el petróleo. Claro que esta perspectiva de largo plazo no sólo proviene de una visión geopolítica producto de la experiencia al frente de la Casa Blanca de George Bush padre y de George hijo, y de la gestión en la gobernación de Florida de Jeb (dejó el cargo en enero de este año), sino también de la palabra de expertos. Todos los miembros de esta sociedad reciben asesoramiento de varios think tanks de universidades norteamericanas. Estos especialistas no sólo les aportan información sobre hipótesis de conflicto sino sobre regiones y oportunidades de negocios de largo plazo”, informó la revista en cuestión.
Seguidamente, el informe indica que “estos expertos habrían dado al fondo los siguientes datos: el planeta Tierra está integrado en un 78% por agua. De ese total, sólo el 3% es potable. Y el 1,1% de esa cifra está ubicado entre la Argentina y Paraguay”.
La información de la llegada de los Bush y sus socios al país fue confirmada a “Fortuna” por el empresario cubano-argentino René Rodríguez Pérez, quien en noviembre de 2007 compartió una cena con Krongold y su joven esposa, Glenda, en uno de los salones del Sofitel Buenos Aires. Rodríguez Pérez, conocido por su modo frontal de hacer negocios es hombre de confianza, inversor y conceptualista del negocio de este grupo. De hecho, hace cuatro años, y a pedido del propio Jeb Bush (cuando era gobernador) organizó un cóctel de bienvenida en su residencia para empresarios norteamericanos que fomentaban el ALCA. Hoy se sabe que en ese encuentro comenzaron a tejerse las primeras redes del negocio en la Argentina.
Según la edición de diciembre de la publicación, “H2O+Sur se dedicará a extraer agua de las napas de diferentes regiones de la Argentina, donde la sociedad compró y rentó miles de hectáreas definidas como no aptas para agricultura ni siembra, pero con buena calidad de aguas. El grueso de estas tierras está ubicado en la provincia de Córdoba, donde habrían adquirido 5 mil hectáreas, aunque se estima que podrían ser más, y el resto (las rentadas) en el sur, cerca de Villa La Angostura”.
“El agua será sometida a procesos naturales de saneamiento utilizando tecnología de avanzada, importada de Israel y Alemania, que permite purificar hasta el 96% de aguas extraídas. Una vez desalinizada, el agua potable se envasará en grandes tanques contenedores y se exportará a Escocia, país donde se fragmentará el producto en botellas de vidrio de 500 cm3, con marca Patagonia Valley Gourmet y etiqueta de origen made in Argentina, para ser vendido en Europa como agua potable premium. Patagonia Valley es una marca de productos gourmet que ya existía y que fue comprada por Rodríguez Pérez, quien ya la presentó en distintas ferias mundiales”, señaló la investigación de “Fortuna”.
“Una de las razones que interesó a Jeb Bush y sus socios es el nivel de rentabilidad de este negocio: hoy en día, una botella de agua en un café chic de Italia puede costar alrededor de 11 euros. La extracción del agua en la Argentina tiene costos bajos y no se paga ningún impuesto o canon en este sentido”, señaló el informe.
“El agua es de todos”
Según el coordinador de la campaña nacional por la consulta popular, Roberto Pagés, “el agua es la fuente de vida en la tierra”.
“Solo el 3% de toda el agua del mundo es dulce y peligra a raíz de la creciente contaminación y las presiones sobre el recurso que lo convierten en un bien estratégico”, comenta.
“Desde la Fundación Oscar Alende (FUNDAL) impulsamos esta campaña nacional de recolección de firmas con el objeto de que se someta a consulta popular la propiedad, el control y la gestión de un recurso fundamental para la vida humana como es el agua, y hacemos un llamado a las diversas organizaciones de la sociedad civil para conformar una comisión nacional en defensa del agua”, señala Pagés.
A su vez, dice que “el apoyo a esta campaña nacional de recolección de firmas, es un paso más en la resistencia a la apropiación privada de los recursos naturales estratégicos y de bien común. Es una manera de decirle no a las corporaciones que pretenden beneficiarse con un bien que es de todos”.
“Como sociedad debemos asegurar la propiedad, el control y la gestión pública, participativa y sustentable de este recurso fundamental para la vida humana de hoy y de las generaciones futuras. El agua es un bien público que requiere ser gestionado de manera sustentable, distribuido con Justicia y aprovechado eficientemente”, señala.
En ese orden, Pagés expresa que el agua “es un recurso de interés nacional, de carácter estratégico por cuanto de ella depende la vida de toda la población y la sustentabilidad de los ecosistemas, por ello la administración de los recursos estratégicos debe volver a formar parte de una política de Estado”.
Por estas razones y otras que se pueden consultar en la página de Internet www.elaguaesdetodos.org.ar, FUNDAL invita a votar para que se llame a una consulta popular. “Hace falta aprobar una Ley del Agua que proteja el recurso de la voracidad de las multinacionales que quieren transformarla en un bien de mercado”, expresó Pagés.
“Necesitamos una Ley marco a partir de la cual se establezcan criterios comunes para la administración del recurso a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Tenemos que hacer docencia y juntar conciencias, luego de esta tarea, seguramente el agua será completamente nuestra”, concluye.
Proyecto de ley de Consulta Popular
Lo que sigue, es el texto presentado por FUNDAL para su tratamiento en el Congreso nacional:
LEY DE LLAMADO A CONSULTA POPULAR
Artículo 1º: Convócase a consulta popular vinculante en los términos del título I de la Ley 25.432, reglamentaria del artículo 40 de la Constitución Nacional, a fin de que el pueblo de la Nación Argentina se expida acerca del Proyecto de Ley que se transcribe en el artículo 2 de la presente.
Artículo 2º: El Proyecto de Ley sobre cuya sanción versará la consulta popular es el siguiente:
Art. 1: el agua dulce será considerado un Recurso Natural Estratégico y no enajenable, cuya utilización deberá sujetarse a los principios de sustentabilidad y preservación, a fin de garantizar su uso por las generaciones presentes y futuras. El acceso al agua potable en cantidad y calidad suficiente para usos personales y domésticos será considerado un Derecho Humano Fundamental de todos lo habitantes de la Nación Argentina.
Art. 2: La gestión y prestación de los servicios de provisión de agua potable y saneamiento estarán a cargo del Estado quién podrá delegarla solo en asociaciones cooperativas de usuarios de los mismos, conforme lo determine la reglamentación que se dicte a esos efectos. No se admitirá, en las actividades referidas, la participación de personas físicas o jurídicas distintas a las mencionadas en este artículo. El servicio de agua potable domiciliaria no podrá ser interrumpido por ningún motivo y en ningún caso.
Art. 3: En el manejo integral de los recursos de agua dulce compartidos con otros Estados, el Gobierno Nacional estará obligado a sostener los principios establecidos en la presente Ley y se abstendrá de suscribir acuerdos, tratados y/o convenios internacionales que permitan u obliguen la comercialización del recurso y/o privatización de la provisión del agua.
Art. 4: El Poder Legislativo de la Nación dictará legislación que regule la prestación de los servicios enumerados en los artículos anteriores, su gestión, contralor y todas aquellas cuestiones pertinentes, dentro de los 180 días contados a partir de la realización de la consulta popular. Dicha Ley deberá ajustarse estrictamente a la voluntad de la ciudadanía expresada en el acto eleccionario.
Art. 5: el Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentar y/o dictar las normas que estén dentro de su competencia para hacer efectiva la decisión de los ciudadanos expresada en el comicio dentro de los treinta días posteriores a la sanción de la reglamentación mencionada en el artículo precedente.
Artículo 3º: el acto electoral en el que la ciudadanía deberá emitir su voto acerca del Proyecto de Ley, se realizará el 28 de octubre de 2009, simultáneamente con los comicios para la renovación de mandatos legislativos nacionales convocados para esa fecha. Si esta fecha electoral fuese modificada, del mismo modo se modificará la fecha de la realización de la consulta popular, toda vez que ambas deben ser coincidentes.
Artículo 4º: El Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentar la presente Ley dentro de un plazo que permita la realización en la fecha indicada precedentemente, a cuyo fin podrán modificarse por esta única vez los plazos contenidos en el artículo 12 de la Ley 25.432. La reglamentación deberá contener el diseño de las boletas que se utilizarán en el comicio, las que deberán permitir al votante optar por si o por no en relación a la sanción del Proyecto de Ley transcripto en el Art. 2do, debiendo cumplimentar además con los requisitos señalados en los artículos 9,10,11,15, y 16 de la Ley 25.432.
Articulo 5º: Derógase el artículo 14 de la ley 25.432.
Artículo 6º: De forma.
FUNDAMENTOS:
La cuestión del agua no se agota en el manejo del servicio, se enmarca en un contexto más abarcador: “El agua es un Recurso Natural Estratégico, cuyo manejo está sujeto a decisiones políticas que debieran garantizar su sustentabilidad y preservación. Es decir: el agua no es una mercancía con valor de cambio fluctuante en el mercado, es un Derecho Humano Fundamental, inalienable y soberano del pueblo de cada Nación.
Creemos necesario reseñar algunos datos estadísticos que dan una idea cabal de la dimensión de la problemática a abordar:
-Sólo el dos por ciento del agua disponible en el mundo es dulce. Sin embargo, el alto grado de contaminación producido por diversos agentes, reduce sensiblemente ese porcentaje para determinar la cantidad de agua potable disponible.
-El 65% del consumo de agua dulce se destina a la agricultura, el 25% a la industria y sólo el 10% al consumo humano.
-Más de la mitad de los mayores ríos y lagos del mundo están seriamente contaminados y, en consecuencia, el agua que pueda extraerse de ellos no resulta apta para el consumo humano.
En un mundo donde el recurso escasea, su apropiación permite obtener fabulosas utilidades.
Estos datos resultan suficientemente ilustrativos de la magnitud del problema a nivel mundial, a la vez que permiten comprender el manejo de las grandes empresas multinacionales por lograr la apropiación del recurso y la monopolización de los servicios de distribución sin resguardos esenciales para los usuarios, especialmente en países pobres. Como vemos cuando hablamos del recurso agua, no nos referimos solamente a un problema de la naturaleza, sino fundamentalmente a una cuestión esencialmente política.
Es necesario que prevalezca una concepción acerca del agua y el saneamiento ambiental como bienes comunes sociales esencialmente ligados al derecho a la vida. El agua es un Derecho Humano Fundamental, inalienable y soberano del pueblo de cada Nación.
Así lo ha manifestado la declaración emitida en la primera gran conferencia mundial que se realizara en Mar del Plata en el año 1977, que expresaba: “Todo hombre tiene igual derecho al acceso al agua potable, en cantidad y calidad suficiente como para cubrir sus necesidades. Más recientemente, las jornadas que desarrolló la FAO en el año 2002 estuvieron presididas por la consigna “ SIN AGUA NO HAY ALIMENTOS”, mientras que en el FORO SOCIAL DEL AGUA 2003, se aprobó LA CARTA SOCIAL DEL AGUA que apuntó a la necesidad de realizar Foros Temáticos que profundicen la discusión y organización de la sociedad frente a los intereses económicos de los grupos trasnacionales que desean incluir el agua en los acuerdos de Libre Comercio ( En especial en la discusión sobre el ALCA).
Considerando que nuestros países detentan las mayores y más estratégicas reservas de agua del mundo, nos debemos posicionar para esta discusión global y preparar a la sociedad para afrontar esta lucha. La avidez de ganancias expresada a través del capitalismo salvaje que enarbola la “ideología neoliberal”, conduce a considerar este recurso soberano de cada nación, como una mercancía sujeta a las fluctuaciones del intercambio comercial. Es a partir de esta concepción como se llevan adelante las privatizaciones de estos servicios en muchos países del mundo, especialmente en países periféricos como el nuestro.
La disputa entre estas concepciones a trabado la formulación de declaraciones o medidas concretas en el seno de conferencias o foros convocados por organismos internacionales relacionados con esta cuestión, porque muchos de ellos se encuentran sujetos a la imposición, o bien coinciden con los puntos de vista de los organismos financieros internacionales, que buscan la privatización del recurso.
Podemos prever que, así como el agotamiento de las reservas de petróleo, el “oro negro”, autoriza a los señores del mundo a atacar al pueblo iraquí, se iniciarán, en los próximos años las guerras por el “oro azul”. En algunos lugares ya están preparando el terreno, por ejemplo, en la zona de la Triple Frontera de Brasil, Paraguay y Argentina, a la sazón, la zona de recarga más importante del Acuífero Guaraní. Las grandes corporaciones se articulan para dominar las reservas estratégicas de agua en América Latina, tienen intereses creados sobre el ACUIFERO GUARANI (una de lasa mayores reservas de agua pura del mundo, ubicada bajo el suelo de nuestros países).
A través de Consultores del BANCO MUNDIAL resolvieron invertir recursos técnicos y financieros en el PROYECTO DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ACUIFERO GUARANI , con sede en Montevideo. A través de este Proyecto será posible hacerse del conocimiento acumulado durante años de investigaciones desarrolladas en diferentes universidades latinoamericanas así como ampliarlo con las nuevas. Con esa información estratégica, grandes grupos económicos podrán manejar sus inversiones en aquello que desean crear: el MERCADO DEL AGUA. Y, con eso, obtener gigantescos beneficios a través del control privado de nuestras reservas naturales.
Este nuevo programa del BANCO MUNDIAL, además de ser un riesgo para la posibilidad de acceso a nuestras aguas por parte de toda la población, es un riesgo para la SOBERANIA DE LOS PUEBLOS.
Con la presión de los EEUU para acelerar la creación del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), las políticas aprobadas por el Banco Mundial en los países pobres han sido la reproducción de las recetas del F.M.I. que resultan en un aumento del nivel de dependencia de los países en relación a la especulación financiera.
A la luz de estas reflexiones deberíamos analizar las políticas públicas sustentadas por el Estado Argentino en las dos últimas décadas con respecto a esta materia. Como todos sabemos la hegemonía de las políticas neo-liberal-conservadores que imperaron durante los gobiernos de Carlos Menem trajeron como resultado la privatización de la casi totalidad de las empresas públicas de la época, entre las que se contó Obras Sanitarias de la Nación. Políticas similares fueron adoptadas por diversas provincias con idénticos resultados, es decir, la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento en la que tuvieron activa participación consorcios internacionales que se adueñaron de la prestación de estos servicios. Las consecuencias más visibles, fueron la sideral elevación del costo de estos servicios, el incumplimiento de cláusulas contractuales por las que se debían realizar obras imprescindibles para la extensión de estos servicios y el corte de suministros. Privaron de este derecho humano a millares de habitantes de nuestro país.
Además las empresas prestadoras, con la complicidad de los funcionarios públicos responsables de estas áreas, condujeron a contratos con cláusulas verdaderamente leoninas que aseguraban ganancias superiores a la que se obtenía en otros países del mundo. Podríamos abundar en citas similares, pero creemos que las expuestas resultan suficientes para caracterizar la cuestión del agua como un asunto de importancia estratégica en el nuevo tablero mundial que se pretende diseñar a través de las reglas de juego de la “globalización”.
En nuestro país, los reiterados y graves incumplimientos en que ocurrió la Empresa Aguas Argentinas (controlada por la Multinacional Suez-Lyonnaise Des Eaux, con participación minoritaria de Aguas de Barcelona), son más que suficientes para fundamentar la rescisión de los contratos realizada por el Presidente Kirchner. Sin embargo aún persisten rémoras en algunas provincias de nuestro país que continúan con los servicios de agua potable privatizados.
Tal como lo hemos expresado en muchas oportunidades, la participación activa de la ciudadanía es indispensable para adoptar decisiones estratégicas que comprometen no sólo el presente, sino también el futuro de varias generaciones de argentinos. Por ello proponemos en el Proyecto de Ley que acompañamos la realización de una Consulta Popular para que la ciudadanía se expida no sólo acerca de la gestión de estos servicios, sino, fundamentalmente, sobre la consideración del agua como un Recurso Natural Estratégico, no enajenable.
Durante la última Cumbre de los Pueblos del MERCOSUR, realizada en Asunción del Paraguay paralelamente a la reunión de Presidentes, su declaración final expresa:
MANIFESTAMOS:
Que el agua, en todas sus formas es un bien social y no una mercancía. Que el acceso a la misma es un derecho humano fundamental e inalienable. El agua es un patrimonio de las comunidades, de los pueblos y de la humanidad, principio constitutivo de la vida en nuestro planeta.
La gestión y el control deben permanecer en el ámbito público, social, comunitario, participativo, con equidad y sin fin de lucro. Es obligación de todas las instituciones públicas locales, nacionales, regionales e internacionales, garantizar estas condiciones desde la planificación hasta el control final del proceso.
Creemos necesaria una gestión sustentable de los ecosistemas y la preservación del ciclo del agua mediante el ordenamiento territorial y ambiental.
Las cuencas hidrográficas son unidades integrales de gestión pública, factor de identidad y unión comunitaria, donde se debe hacer efectiva la participación ciudadana y de los pueblos.
(Cumbre de los Pueblos, Asunción del Paraguay, 28 de Junio de 2007).
Es imprescindible la necesidad de formular y ejecutar políticas públicas por parte de los Estados Nacionales para, por un lado, inscribir la preservación de los recursos acuíferos como un hito importante en la defensa de la soberanía nacional, y, por el otro, garantizar el acceso al agua potable a toda su población, por tratarse de un derecho humano esencial que no admite discriminaciones de ninguna índole.
La urgencia existente en la resolución de este problema nos lleva a concluir que esta Consulta no puede postergarse más allá de las próximas elecciones parlamentarias. No escapa a nuestro conocimiento que la Ley 25.432 reglamentaria del artículo 40 de la Constitución Nacional, establece en su artículo 14 que “el día fijado para la realización de una Consulta Popular no podrá coincidir con otro acto eleccionario”. Creemos que en el caso que no ocupa la urgencia de la resolución de esta cuestión así como el ahorro de los dineros públicos que representaría la realización de ambas elecciones en un mismo acto comicial, son argumentos suficientes para la derogación de este artículo.
En este sentido, es necesario facilitar los mecanismos que favorezcan la comparecencia al comicio más aún cuando, como en el caso que nos ocupa, se trata de emitir opinión sobre un tema fundamental para el desarrollo nacional y la defensa de la calidad de vida de la población. Por otra parte no creemos que resulte demasiado complejo para la ciudadanía emitir paralelamente su voto en el mismo acto, dado que el votante debe limitarse a marcar la elección si o no con relación a los ítems que incluye la consulta. De todos modos, para evitar incurrir en rigideces que puedan obstaculizar una adecuada instrumentación paralela de ambos actos eleccionarios facultamos al Poder Ejecutivo Nacional a reglamentar las cuestiones atinentes al acto electoral.
Tampoco podemos ignorar la vasta experiencia internacional en materia de formas de participación popular. En Italia, Suiza, diversos estados de los EEUU, Uruguay, etc. Se han realizado comicios para elegir representantes a los diversos estamentos del Estado simultáneamente con consultas populares, referéndum o plebiscitos en los que la ciudadanía se expidió sobre diversos temas de acuerdo con la estructura institucional de esos Estados, obteniéndose en la mayoría de los casos un alto porcentaje de asistencia comicial. Sin ir más lejos, hace poco más de dos años, se realizó en el Uruguay una Consulta Popular similar a la que proponemos.
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