Histórico: la Justicia Federal aceptó abordar el atropellamiento de fauna

Fecha de Publicación: 14/01/2025
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


Debieron pasar años y años de reclamos, presentaciones formales y campañas de concientización para que un juez federal en Misiones admita un amparo de dos ONG ambientalistas, para terminar admitiendo que la muerte de animales -como el yaguareté o un puma en áreas protegidas nacionales- es competencia de ese fuero.
Al magistrado federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero le llevó casi 20 meses de estudio para hacerlo, en una presentación realizada por Norberto Ángel Nigro en representación de Fundación Red Yaguareté y Andrés María Nápoli en representación de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, con el patrocinio de los abogados Pablo Gustavo Ghirlanda y Cristian Hernán Fernández.
Esto ocurrió el 6 de marzo de 2023 y la resolución de Guerrero admitiendo su competencia llegó a fines de diciembre de 2024, antes del inicio de la feria judicial de verano. Fue en el expediente FPO 1.176/2023 caratulado Fundación Ambiente y Recursos Naturales y otro contra el Estado nacional y otros, sobre amparo ambiental”, fallo al que accedió PRIMERA EDICIÓN.
Claro está que, por las fechas, esta causa no incluyó el atropellamiento y muerte de fauna silvestre como la cachorra de cinco meses de yaguareté, que pereció a inicios de octubre de 2024. Cabe recordar que este hecho fue admitido por una empresa de turismo de Iguazú, que pagó una multa de 20 millones de pesos.
En la demanda, las dos ONG fueron contra el Ministerio de Ambiente de la Nación; la Agencia de Seguridad Vial; la Dirección Nacional de Vialidad; y la Administración de Parques Nacionales (APN). Pero también sumaron a la provincia de Misiones.
Concretamente exigieron que “se ordene a los organismos demandados que tomen de inmediato las acciones efectivas y suficientes para regular el tránsito y cumplir las velocidades máximas establecidas para la circulación vehicular en la ruta nacional 12 en el tramo que atraviesa el Parque Provincial Puerto Península y la Reserva Nacional Iguazú, hasta Puerto Iguazú, sustentando su pretensión en la necesidad de preservar a la fauna silvestre que habita en esa porción de la selva paranaense o misionera, con especial foco en la especie panthera onca (yaguareté)”.
Salvo Vialidad Nacional, los representantes de los demás demandados se inclinaron por entender que debería ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que intervenga en el recurso de los ambientalistas. Se fundaron en que el yaguareté migra de un provincia a otra, con lo cual deberían intervenir varias jurisdicciones en el proceso.
Pero el juez Guerrero apuntó a que “…el objeto de la acción versa sobre la protección de un bien jurídico federal, la especie panthera onca -bien de incidencia colectiva-, declarada Monumento Natural Nacional conforme ley 25.463”. Y  aseveró “…con el grado de verosimilitud suficiente que tal denuncia importa y exige para su escrutinio, que el acto, omisión o situación generada provoca efectivamente una degradación en recursos ambientales interjurisdiccionales, que habilitan la competencia federal perseguida toda vez que exige un actuar conjunto de dos jurisdicciones para la recomposición del medio ambiente que se denuncia afectado”.
Aunque la Justicia haya tardado mucho tiempo, esta acción podría significar un primer paso para sumar otros recursos por hechos posteriores, que signifiquen la protección de la fauna silvestre.
En este caso, nadie irá preso por las muertes de decenas de animales pero, con la intimación judicial, la Nación y la Provincia deberán resolver definitivamente los mecanismos para salvaguardar la vida de la fauna. Con mayor énfasis a las medidas ya adoptadas recientemente, como los radares y la cartelería de advertencia que se puso en las rutas y caminos.
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