Sistema cloacal de Ushuaia sin solución por ahora
Contaminación en Ushuaia: "Los niveles son cada vez más altos", afirmó Worman
Fecha de Publicación: 15/08/2014
Fuente: Sur 54
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La próxima sesión legislativa incluiría en el temario la ratificación de la adenda del Fideicomiso, con fondos para el sistema cloacal de Ushuaia, pero la contaminación está lejos de solucionarse. Todavía no está definida la competencia entre gobierno, municipio y DPOSS, hasta tanto no dicte sentencia el juez Alejandro Fernández o se resuelva legislativamente, mediante ley u ordenanza.
El tema que se había instalado en el centro de la agenda quedó de lado, con el anuncio de una inversión que tomará tiempo hasta que se terminen los procesos administrativos y se inicien las obras.
Mientras tanto la contaminación no cede. “Todo lo contrario, el problema de la contaminación hídrica generalizada en Ushuaia por falta de tratamiento de los efluentes cloacales, es una dificultad creciente”, aseguró esta mañana Guillermo Worman, representante de la ONG Participación Ciudadana, que promovió la causa por contaminación.
“Como continuamos sin tener sistemas de tratamiento, la información biológica que daba altísimos niveles de contaminación, lo que refleja es que algunos puntos centrales como el turbal de Monte Gallinero, la bahía encerrada, el chorrillo Buena Esperanza, tienen niveles de contaminación cada vez más altos”, expuso por Radio Provincia.
“Estos tiempos de espera, de estudio, de resolución, contribuyen a agravar este problema”, sostuvo, dado que se han realizado obras menores y se sigue dilatando la solución de fondo.
El último día hábil de febrero era la fecha para que se pusieran de acuerdo las partes respecto de a quién le compete remediar el problema. “Esto no se concretó y vencido ese plazo el juez iba a resolver. Esto se postergó un par de meses más, el acuerdo no se alcanzó y la causa entró en proceso de resolución a sentencia”, dijo sobre el estado actual de una causa que no tiene plazo establecido y dependerá del criterio del juez Alejandro Fernández.
“Ya está en el despacho del juzgado para que en algún momento el juez se expida sobre un tema que va a ser muy complejo, porque el juez va a tener que esclarecer la falta de definiciones legislativas que tiene la provincia y la ciudad con respecto a este servicio”, subrayó Worman.
Recordó que “no está claro en términos de leyes provinciales y ordenanzas quién tiene que tratar las cloacas. En Río Grande es un servicio que se municipalizó e incluso tiene una cuota más alta de coparticipación por eso”, por lo tanto el juez hará las veces de legislador al determinar por sentencia quién debe ocuparse de aquí en adelante, y también hacia atrás en materia de remediación.
“El juez tiene la definición más ardua de establecer responsabilidades sobre quién tiene que realizar los tendidos, abrir calles y conectarlas, y tratar las cloacas. Y además quien tenga esa responsabilidad, va a tener la responsabilidad de cobrar una tasa, porque esto no se paga en Ushuaia”, apuntó sobre el servicio de cloacas.
“Siendo consciente del daño producido, Participación Ciudadana solicitó un plan de saneamiento y tampoco está claro quién tiene que sanear. Por ejemplo, retirar los barros y el sedimento en el fondo de la bahía encerrada, retirar la basura superficial y oxigenar los núcleos de agua contaminados”, dijo.
“Los vecinos vemos que la ciudad sigue contaminada y no tenemos fecha cierta de cuándo va a resolver el juez, quién lo tiene que hacer y en qué plazo”, remarcó Worman.
Reconoció “un giro de parte del gobierno” al incluir obras de cloacas en la adenda del Fideicomiso que tiene dictamen de Legislatura, dado que “no tenía en agenda este tema y ahora está pidiendo esta adenda para incorporar temas que tienen que ver con efluentes cloacales”.
Reiteró la importancia de dejar claras las competencias, no sólo para resolver la contaminación sino para nuevas urbanizaciones. Puso como ejemplo concreto que “al no haber responsable de quién tiene que hacerlo, hay barrios que no tienen cloacas y no saben a quién pedirle que le tiendan la red, si al gobierno, al Municipio o a la DPOSS”.
La definición está en manos del juez Alejandro Fernández que “tiene que despejar la incógnita de quién tiene que invertir, quién tiene que mantener y quién tiene que reparar. Hay que ver qué responsabilidad asigna a municipio, la DPOSS y gobierno, y en algunos casos podría darse de manera conjunta, sobre todo en materia de reparación”, advirtió.
Consideró que “por sentido común” debería ser injerencia de la DPOSS, teniendo en cuenta que es la dirección de “obras y servicios sanitarios”; y remarcó que en función de estas competencias habrá además “consecuencias millonarias” porque “la resolución integral de esta situación en Ushuaia no va a bajar de los 500 millones de pesos, que es casi el presupuesto de toda la ciudad”.
“Hasta tanto Legislatura y Concejo no tomen una decisión conjunta, de alguna manera en esta sentencia se va a estar legislando sobre una materia huérfana de responsabilidad”, observó.
“Esperamos una sabia y pronta resolución, para un tema de alto interés público que impacta en la totalidad de los vecinos de la ciudad”, concluyó Worman.
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Fecha de Publicación: 15/08/2014
Fuente: Sur 54
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La próxima sesión legislativa incluiría en el temario la ratificación de la adenda del Fideicomiso, con fondos para el sistema cloacal de Ushuaia, pero la contaminación está lejos de solucionarse. Todavía no está definida la competencia entre gobierno, municipio y DPOSS, hasta tanto no dicte sentencia el juez Alejandro Fernández o se resuelva legislativamente, mediante ley u ordenanza.
El tema que se había instalado en el centro de la agenda quedó de lado, con el anuncio de una inversión que tomará tiempo hasta que se terminen los procesos administrativos y se inicien las obras.
Mientras tanto la contaminación no cede. “Todo lo contrario, el problema de la contaminación hídrica generalizada en Ushuaia por falta de tratamiento de los efluentes cloacales, es una dificultad creciente”, aseguró esta mañana Guillermo Worman, representante de la ONG Participación Ciudadana, que promovió la causa por contaminación.
“Como continuamos sin tener sistemas de tratamiento, la información biológica que daba altísimos niveles de contaminación, lo que refleja es que algunos puntos centrales como el turbal de Monte Gallinero, la bahía encerrada, el chorrillo Buena Esperanza, tienen niveles de contaminación cada vez más altos”, expuso por Radio Provincia.
“Estos tiempos de espera, de estudio, de resolución, contribuyen a agravar este problema”, sostuvo, dado que se han realizado obras menores y se sigue dilatando la solución de fondo.
El último día hábil de febrero era la fecha para que se pusieran de acuerdo las partes respecto de a quién le compete remediar el problema. “Esto no se concretó y vencido ese plazo el juez iba a resolver. Esto se postergó un par de meses más, el acuerdo no se alcanzó y la causa entró en proceso de resolución a sentencia”, dijo sobre el estado actual de una causa que no tiene plazo establecido y dependerá del criterio del juez Alejandro Fernández.
“Ya está en el despacho del juzgado para que en algún momento el juez se expida sobre un tema que va a ser muy complejo, porque el juez va a tener que esclarecer la falta de definiciones legislativas que tiene la provincia y la ciudad con respecto a este servicio”, subrayó Worman.
Recordó que “no está claro en términos de leyes provinciales y ordenanzas quién tiene que tratar las cloacas. En Río Grande es un servicio que se municipalizó e incluso tiene una cuota más alta de coparticipación por eso”, por lo tanto el juez hará las veces de legislador al determinar por sentencia quién debe ocuparse de aquí en adelante, y también hacia atrás en materia de remediación.
“El juez tiene la definición más ardua de establecer responsabilidades sobre quién tiene que realizar los tendidos, abrir calles y conectarlas, y tratar las cloacas. Y además quien tenga esa responsabilidad, va a tener la responsabilidad de cobrar una tasa, porque esto no se paga en Ushuaia”, apuntó sobre el servicio de cloacas.
“Siendo consciente del daño producido, Participación Ciudadana solicitó un plan de saneamiento y tampoco está claro quién tiene que sanear. Por ejemplo, retirar los barros y el sedimento en el fondo de la bahía encerrada, retirar la basura superficial y oxigenar los núcleos de agua contaminados”, dijo.
“Los vecinos vemos que la ciudad sigue contaminada y no tenemos fecha cierta de cuándo va a resolver el juez, quién lo tiene que hacer y en qué plazo”, remarcó Worman.
Reconoció “un giro de parte del gobierno” al incluir obras de cloacas en la adenda del Fideicomiso que tiene dictamen de Legislatura, dado que “no tenía en agenda este tema y ahora está pidiendo esta adenda para incorporar temas que tienen que ver con efluentes cloacales”.
Reiteró la importancia de dejar claras las competencias, no sólo para resolver la contaminación sino para nuevas urbanizaciones. Puso como ejemplo concreto que “al no haber responsable de quién tiene que hacerlo, hay barrios que no tienen cloacas y no saben a quién pedirle que le tiendan la red, si al gobierno, al Municipio o a la DPOSS”.
La definición está en manos del juez Alejandro Fernández que “tiene que despejar la incógnita de quién tiene que invertir, quién tiene que mantener y quién tiene que reparar. Hay que ver qué responsabilidad asigna a municipio, la DPOSS y gobierno, y en algunos casos podría darse de manera conjunta, sobre todo en materia de reparación”, advirtió.
Consideró que “por sentido común” debería ser injerencia de la DPOSS, teniendo en cuenta que es la dirección de “obras y servicios sanitarios”; y remarcó que en función de estas competencias habrá además “consecuencias millonarias” porque “la resolución integral de esta situación en Ushuaia no va a bajar de los 500 millones de pesos, que es casi el presupuesto de toda la ciudad”.
“Hasta tanto Legislatura y Concejo no tomen una decisión conjunta, de alguna manera en esta sentencia se va a estar legislando sobre una materia huérfana de responsabilidad”, observó.
“Esperamos una sabia y pronta resolución, para un tema de alto interés público que impacta en la totalidad de los vecinos de la ciudad”, concluyó Worman.
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