Entre Ríos no aportó pruebas contra Botnia
11:19 | 
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Eco Sitio |
El gobierno dilata el tiempo para aportar pruebas en la causa contra Botnia
Fecha de Publicación: 01/12/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno provincial aún no aportó a la Justicia Federal mayores pruebas del monitoreo que Cancillería hizo públicos respecto de la planta contaminante de pasta de celulosa de UPM-Botnia, instalada en la margen del río Uruguay, informó a AIM el abogado de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (Acag), Luís Leissa, quien consideró que “hay ausencia de voluntad de asumir un compromiso concreto”, para defender la salud de los entrerrianos.
Los primeros días de octubre Urribarri y el canciller, Héctor Timerman, dieron informes y cuadros que confirmaban que la planta de Botnia-UPM contamina. Más allá de compromiso asumido, a un mes de manejar la información, el gobernador no impulsó medidas que aportaran a llevar adelante en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, para defender la salud de la población.
En ese sentido, Leissa aseguró que el gobierno “debe presentar las pruebas, porque no debería permanecer ajeno a un tema donde está involucrada la salud de la población”. Al respecto, precisó que “acá hay ausencia de voluntad de asumir un compromiso concreto, en un tema que afecta nuestra soberanía ambiental y el aprovechamiento de nuestros recursos y frente al cual el gobierno se somete a dictados económicos erigiéndose más en defensor de una inversión extranjera que en garante de la salud de la población. Aquí se cae el discurso del kirchnerismo de defensa de la independencia nacional, porque vemos como un gobierno y los de la Cámpora que se dicen progresistas, se resignan frente a una fuerza económica y se someten a Botnia”.
“El monitoreo que dio a conocer el gobierno dicen Botnia contamina y el gobernador decía que iba a ser inflexible con el tema, por lo que desde la Asamblea se reclamó que las pruebas se incorporen para avanzar en la investigación, ya que el delito que se investiga es el que está previsto en la Ley 24051 que prohíbe arrojar residuos peligrosos”, detalló Leíssa quien remarcó el doble discurso de Urribarri durante la campaña y luego de los elecciones. Señaló que se hizo “alarde durante la campaña electoral, antes del 27 de octubre y ahora otra vez buscan que nos resignemos frente a la afectación del río Uruguay que ya está comprometido”.
A la dilación de la presentación de pruebas, se suman dos variables que agudizan el conflicto: la una, que el Juez encargado de la causa no llama a indagatoria a los directivos de la compañía, y, la otra, que el gobierno es obsecuente al capital y brinda herramientas a los empresarios para ocultar información. La Corte de La Haya “sugirió que se tomaran medidas dirigidas a monitorear permanente a Botnia y esas cosas Argentina siempre las ocultó y actuó a regañadientes siendo complaciente con la empresa que fue declarada ilegal pero que, lamentablemente, no se hace nada”. En ese marco, el abogado comentó que cada vez que se hace una inspección, el Estado debe avisar con anticipación “lo que le da margen a la empresa de hacer cambios de regímenes de producción y oculta pruebas o disimula la contaminación que genera”.
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Fecha de Publicación: 01/12/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno provincial aún no aportó a la Justicia Federal mayores pruebas del monitoreo que Cancillería hizo públicos respecto de la planta contaminante de pasta de celulosa de UPM-Botnia, instalada en la margen del río Uruguay, informó a AIM el abogado de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (Acag), Luís Leissa, quien consideró que “hay ausencia de voluntad de asumir un compromiso concreto”, para defender la salud de los entrerrianos.
Los primeros días de octubre Urribarri y el canciller, Héctor Timerman, dieron informes y cuadros que confirmaban que la planta de Botnia-UPM contamina. Más allá de compromiso asumido, a un mes de manejar la información, el gobernador no impulsó medidas que aportaran a llevar adelante en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, para defender la salud de la población.
En ese sentido, Leissa aseguró que el gobierno “debe presentar las pruebas, porque no debería permanecer ajeno a un tema donde está involucrada la salud de la población”. Al respecto, precisó que “acá hay ausencia de voluntad de asumir un compromiso concreto, en un tema que afecta nuestra soberanía ambiental y el aprovechamiento de nuestros recursos y frente al cual el gobierno se somete a dictados económicos erigiéndose más en defensor de una inversión extranjera que en garante de la salud de la población. Aquí se cae el discurso del kirchnerismo de defensa de la independencia nacional, porque vemos como un gobierno y los de la Cámpora que se dicen progresistas, se resignan frente a una fuerza económica y se someten a Botnia”.
“El monitoreo que dio a conocer el gobierno dicen Botnia contamina y el gobernador decía que iba a ser inflexible con el tema, por lo que desde la Asamblea se reclamó que las pruebas se incorporen para avanzar en la investigación, ya que el delito que se investiga es el que está previsto en la Ley 24051 que prohíbe arrojar residuos peligrosos”, detalló Leíssa quien remarcó el doble discurso de Urribarri durante la campaña y luego de los elecciones. Señaló que se hizo “alarde durante la campaña electoral, antes del 27 de octubre y ahora otra vez buscan que nos resignemos frente a la afectación del río Uruguay que ya está comprometido”.
A la dilación de la presentación de pruebas, se suman dos variables que agudizan el conflicto: la una, que el Juez encargado de la causa no llama a indagatoria a los directivos de la compañía, y, la otra, que el gobierno es obsecuente al capital y brinda herramientas a los empresarios para ocultar información. La Corte de La Haya “sugirió que se tomaran medidas dirigidas a monitorear permanente a Botnia y esas cosas Argentina siempre las ocultó y actuó a regañadientes siendo complaciente con la empresa que fue declarada ilegal pero que, lamentablemente, no se hace nada”. En ese marco, el abogado comentó que cada vez que se hace una inspección, el Estado debe avisar con anticipación “lo que le da margen a la empresa de hacer cambios de regímenes de producción y oculta pruebas o disimula la contaminación que genera”.
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