Conflcto del Atuel: Nación no fijó posición
10:44 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Nación dejó vencer el plazo: no fijó posición
Fecha de Publicación: 27/12/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Ambiente, prefirió mirar para otro lado: ante la exigencia de la Corte Suprema de Justicia para que fijara posición respecto del conflicto por el río Atuel entre Mendoza y La Pampa, el organismo nacional dejó vencer el plazo y no dio ninguna respuesta.
Esa ausencia, jurídica y políticamente todo un dato, se dio en el marco de la causa iniciada por los abogados Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez para que el máximo organismo judicial del país se ocupe del daño ambiental que genera el corte del río.
La Corte se está ocupando del tema y el silencio del Estado nacional, para Gil Domínguez, “era esperable”. El abogado aseveró: “La no respuesta es una clara respuesta, jurídica y política, con respecto a la postura del Estado federal sobre los intereses pampeanos: que no le interesa meterse en ese tema o por lo menos opinar en esta instancia”.
Durante una entrevista en www.radiokermes.com, Gil Domínguez consideró de todos modos como “bastante importante que oportunamente la Procuración haya dictaminado que es competencia originaria de la Corte el tratamiento de este tema; la circulación y el gran debate que se está generando entre todos los ministros para resolver la competencia originaria, el pedido de audiencia y de medida cautelar”.
Tres cuestiones
Gil Domínguez lamentó que “nunca hemos sido consultados institucionalmente” e hizo un análisis del abordaje que se ha hecho de la problemática en nuestra provincia, y en especial por parte de los gobiernos.
Dijo: “A mí siempre me llamó la atención la postura que tuvieron distintos gobiernos de La Pampa. Primero, decir que La Pampa había perdido el juicio (del año ’87), cuando claramente no se perdió, porque la Corte estableció que el río era interprovincial y las aguas debían ser compartidas de manera igualitaria, equitativa y razonable. Y sin embargo se insistía en que La Pampa ha perdido el juicio”.
“¿Por qué tomar una postura de derrota cuando en realidad jurídicamente La Pampa había ganado? -se preguntó retóricamente-. El problema era cómo hacer cumplir esa sentencia. La Pampa no perdió. Uno lee los fundamentos del fallo y lo comprueba: las aguas deben ser compartidas”.
Además, consideró que “una segunda cuestión es por qué nunca se hizo nada desde los distintos gobiernos, jurídicamente. Siempre se esperó que la vía política diera alguna solución, y es imposible. Mendoza es provincia preexistente, está río arriba, políticamente es imposible”.
“La tercera cuestión es por qué en esto que iniciamos con Miguel (Palazzani) nunca tuvimos un llamado, un diálogo, una apoyatura institucional. Desconozco las razones y no me gustaría conjeturar en vano. Pero es sorprendente eso y que algunas ONG no se hayan movilizado, quizá están esperando alguna mejor oportunidad procesal”, apuntó.
“Llama la atención”
En la causa, La Pampa está citada como un tercero interesado, por lo que -señaló Gil Domínguez- “se podría presentar, adherir, ampliar, hacer aportes probatorios. Me imagino que el Gobierno debe tener estudios permanentes y actualizados respecto de lo que sucede con el daño ambiental, pero eso no se hace, no se produce, no hay contactos”.
- ¿Qué salida hay a esta cuestión, entonces?
- La salida es que el proceso judicial, el amparo colectivo en marcha, produzca algunos frutos. El mínimo sería que se llame a una audiencia pública en la que Mendoza tenga que justificar no en términos políticos sino en términos jurídicos cómo es posible que en un lugar donde tiene que pasar un río se juegue al fútbol o se críen cabras. No es una discusión donde tenés que traer peritos o generar una gran cantidad de pruebas. Donde tiene que haber un río el cauce está seco, no hace falta ser experto para darte cuenta que hay un daño ambiental concreto. Las respuestas, si se dan, se van a dar en esta causa, en la que la Corte dirá si dicta una medida cautelar para que, por ejemplo, obligue a Mendoza a mantener el caudal fluvioecológico para mantener el ecosistema. Llama la atención la ausencia del Gobierno, que pudiéndose sumar con sus propios técnicos y abogados no lo hace y se mantiene en una posición como si tuviéramos que litigar, además de contra Mendoza, también contra La Pampa, cuando en realidad es nuestro aliado.
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Fecha de Publicación: 27/12/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Ambiente, prefirió mirar para otro lado: ante la exigencia de la Corte Suprema de Justicia para que fijara posición respecto del conflicto por el río Atuel entre Mendoza y La Pampa, el organismo nacional dejó vencer el plazo y no dio ninguna respuesta.
Esa ausencia, jurídica y políticamente todo un dato, se dio en el marco de la causa iniciada por los abogados Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez para que el máximo organismo judicial del país se ocupe del daño ambiental que genera el corte del río.
La Corte se está ocupando del tema y el silencio del Estado nacional, para Gil Domínguez, “era esperable”. El abogado aseveró: “La no respuesta es una clara respuesta, jurídica y política, con respecto a la postura del Estado federal sobre los intereses pampeanos: que no le interesa meterse en ese tema o por lo menos opinar en esta instancia”.
Durante una entrevista en www.radiokermes.com, Gil Domínguez consideró de todos modos como “bastante importante que oportunamente la Procuración haya dictaminado que es competencia originaria de la Corte el tratamiento de este tema; la circulación y el gran debate que se está generando entre todos los ministros para resolver la competencia originaria, el pedido de audiencia y de medida cautelar”.
Tres cuestiones
Gil Domínguez lamentó que “nunca hemos sido consultados institucionalmente” e hizo un análisis del abordaje que se ha hecho de la problemática en nuestra provincia, y en especial por parte de los gobiernos.
Dijo: “A mí siempre me llamó la atención la postura que tuvieron distintos gobiernos de La Pampa. Primero, decir que La Pampa había perdido el juicio (del año ’87), cuando claramente no se perdió, porque la Corte estableció que el río era interprovincial y las aguas debían ser compartidas de manera igualitaria, equitativa y razonable. Y sin embargo se insistía en que La Pampa ha perdido el juicio”.
“¿Por qué tomar una postura de derrota cuando en realidad jurídicamente La Pampa había ganado? -se preguntó retóricamente-. El problema era cómo hacer cumplir esa sentencia. La Pampa no perdió. Uno lee los fundamentos del fallo y lo comprueba: las aguas deben ser compartidas”.
Además, consideró que “una segunda cuestión es por qué nunca se hizo nada desde los distintos gobiernos, jurídicamente. Siempre se esperó que la vía política diera alguna solución, y es imposible. Mendoza es provincia preexistente, está río arriba, políticamente es imposible”.
“La tercera cuestión es por qué en esto que iniciamos con Miguel (Palazzani) nunca tuvimos un llamado, un diálogo, una apoyatura institucional. Desconozco las razones y no me gustaría conjeturar en vano. Pero es sorprendente eso y que algunas ONG no se hayan movilizado, quizá están esperando alguna mejor oportunidad procesal”, apuntó.
“Llama la atención”
En la causa, La Pampa está citada como un tercero interesado, por lo que -señaló Gil Domínguez- “se podría presentar, adherir, ampliar, hacer aportes probatorios. Me imagino que el Gobierno debe tener estudios permanentes y actualizados respecto de lo que sucede con el daño ambiental, pero eso no se hace, no se produce, no hay contactos”.
- ¿Qué salida hay a esta cuestión, entonces?
- La salida es que el proceso judicial, el amparo colectivo en marcha, produzca algunos frutos. El mínimo sería que se llame a una audiencia pública en la que Mendoza tenga que justificar no en términos políticos sino en términos jurídicos cómo es posible que en un lugar donde tiene que pasar un río se juegue al fútbol o se críen cabras. No es una discusión donde tenés que traer peritos o generar una gran cantidad de pruebas. Donde tiene que haber un río el cauce está seco, no hace falta ser experto para darte cuenta que hay un daño ambiental concreto. Las respuestas, si se dan, se van a dar en esta causa, en la que la Corte dirá si dicta una medida cautelar para que, por ejemplo, obligue a Mendoza a mantener el caudal fluvioecológico para mantener el ecosistema. Llama la atención la ausencia del Gobierno, que pudiéndose sumar con sus propios técnicos y abogados no lo hace y se mantiene en una posición como si tuviéramos que litigar, además de contra Mendoza, también contra La Pampa, cuando en realidad es nuestro aliado.
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