Atuel: sigue el proceso judicial entre La Pampa y Mendoza
09:15 | 
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Eco Sitio |
Un avance por el Atuel, otra retranca judicial
Fecha de Publicación: 10/12/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Temas de la semana que se fue: la Corte Suprema pidiéndole una posición al gobierno nacional respecto del daño ambiental que Mendoza causa con el corte del Río Atuel; y otro arreglo del fiscal Amado en el contexto de un Poder Judicial cuestionado incluso por los defensores oficiales.
Una de cal...
La Corte Suprema de Justicia dio un paso histórico que beneficia los intereses de la provincia de La Pampa en la pelea para que le sean reconocidos los derechos que tiene sobre el Río Atuel, y que Mendoza se niega a hacer prácticos pese a las numerosas constancias legislativas, judiciales, institucionales y administrativas que no dejan lugar a dudas respecto de qué debe hacerse.
Durante la semana que se fue, se conoció que el máximo organismo judicial requirió un posicionamiento concreto de la Secretaría de Ambiente de la Nación en el marco del expediente donde se denunció el daño ambiental que perjudica a La Pampa, y que no fue motorizado por los gobernantes o los organismos oficiales de nuestra provincia sino por dos abogados en forma particular.
La presentación de Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez data del año 2010 y la decisión de la Corte pone más aún en evidencia el extraño comportamiento del gobierno pampeano, que tiene contradicciones consigo mismo y que pese a los anuncios de formalizar una presentación ante el máximo organismo judicial sigue retardando ese trámite.
El gobierno de Oscar Mario Jorge, en principio, apostó todas sus fichas a una salida diplomática, confiando en la negociación política pese a los claros signos que había de que en ese terreno el destino era el fracaso: ni siquiera alcanzó el convenio firmado en el año 2008 con presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que Mendoza torciera un poco su brazo.
Cuando la sugerencia de los especialistas y la presión de numerosos sectores políticos y sociales se hizo insoportable, el gobernador anunció el inicio de una demanda: lo hizo en contexto preelectoral y sin dar detalles respecto de cómo sería exactamente ese presentación.
Desde entonces sólo ha pasado el tiempo y el Ejecutivo no concretó su compromiso, sino que encontró diversas razones con las cuales demorar la formalización del planteo: una de ellas fue la curiosa resolución de buscar constitucionalistas que representaran a la Provincia, para lo cual el gobernador viajó a Buenos Aires a entrevistarse con los gestores de reconocidos -y costosos- estudios de Abogacía.
Resulta llamativo, cuando no incomprensible, que el gobierno no se volcara a consultar a quienes ya habían hecho una presentación ante la Corte y habían tenido en el mes de setiembre la novedad de que el organismo estaba dispuesto a tratar el tema, independientemente de cuáles fueran después sus procedimientos.
Para beneficio de La Pampa, la diligencia de la propia Corte en el expediente que presentaron los abogados, puede en parte suplantar la larga ausencia oficial y poner la situación a resolución concreta, aunque de todos modos una cosa es que el daño ambiental sea de alguna manera resarcido por sus causantes y otra es que el río vuelva a correr del modo en que está establecido en numerosos espacios institucionales.
...y una de arena...
Durante la semana que se fue, un nuevo hecho de corrupción quedó oculto a los ojos de la población pampeana, ya que el fiscal de los arreglos -Jorge Marcelo Amado- les facilitó a dos involucrados en un fraude al Estado la posibilidad de no sentarse en el banquillo y acordar de modo tal que no tuvieran que pasar un solo día en la cárcel.
Tras el desplome del polideportivo de Ataliva Roca, lo que se derrumbó esta vez es la ilusión de los ciudadanos preocupados por la cosa pública que aspiraban no sólo a una sentencia de ocasión sino a conocer en un juicio oral y público cuál fue el modus operandi y cuál el papel de los involucrados (técnicos, políticos, etc), incluyendo el rol del entonces intendente Martín Borthiry, que logró zafar de brindar su testimonio, que le había sido requerido y que ofreció por escrito.
El arreglo de Amado -aceptado por los jueces, siempre veloces para aplicar la mano blanda en estos casos de guante blanco- impidió el esclarecimiento total del caso: el acuerdo implica condenas de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para Juan Armando Velázquez (inspector del Ministerio de Obras Públicas) y Raúl Lechner (director técnico de la constructora Sol Obras).
En el primer caso, se lo responsabiliza de un fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta como delito continuado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, todo en concurso ideal por tratarse de un único hecho; en el segundo, por fraude a la administración pública como delito continuado, en concurso ideal con falsedad ideológica.
Lechner ya tenía prontuario propio, ya que había sido condenado por delitos de guante blanco a raíz de su tarea como funcionario en la Municipalidad de Puan.
Sol Obras fue una empresa privilegiada por el gobierno de Carlos Verna: su nacimiento y la cantidad de grandes obras que le fueron adjudicadas de modo inmediato generaron inmediatas y justificadas sospechas, además confirmadas cuando la firma abandonó numerosos emprendimientos iniciados en el interior de la provincia y dejó el tendal de deudas a sus proveedores y a cientos de trabajadores en la calle.
Los arreglos de Amado ya no constituyen novedad alguna y son más bien la norma ordinaria, pero no por ello debe dejar de señalarse que el mecanismo no está concebido para que los delitos de corrupción se tramiten de espaldas a la ciudadanía.
El Poder Judicial pampeano tiene un comportamiento contradictorio, que ha sido oportunamente advertido en esta semana que se fue por un grupo de defensores oficiales: el sistema luce contemporizador y amable, retardado y demorón con los delincuentes poderosos y acomodados, los que cometen estafas, fraudes y peculados; luce en cambio diligente para aplicar la mano dura -a veces incluso sin que haya pruebas- sobre quienes no tienen recursos económicos ni de otro tipo como para chicanear en los expedientes y aprovecharse de todas las trampas habidas y por haber.
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Fecha de Publicación: 10/12/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Temas de la semana que se fue: la Corte Suprema pidiéndole una posición al gobierno nacional respecto del daño ambiental que Mendoza causa con el corte del Río Atuel; y otro arreglo del fiscal Amado en el contexto de un Poder Judicial cuestionado incluso por los defensores oficiales.
Una de cal...
La Corte Suprema de Justicia dio un paso histórico que beneficia los intereses de la provincia de La Pampa en la pelea para que le sean reconocidos los derechos que tiene sobre el Río Atuel, y que Mendoza se niega a hacer prácticos pese a las numerosas constancias legislativas, judiciales, institucionales y administrativas que no dejan lugar a dudas respecto de qué debe hacerse.
Durante la semana que se fue, se conoció que el máximo organismo judicial requirió un posicionamiento concreto de la Secretaría de Ambiente de la Nación en el marco del expediente donde se denunció el daño ambiental que perjudica a La Pampa, y que no fue motorizado por los gobernantes o los organismos oficiales de nuestra provincia sino por dos abogados en forma particular.
La presentación de Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez data del año 2010 y la decisión de la Corte pone más aún en evidencia el extraño comportamiento del gobierno pampeano, que tiene contradicciones consigo mismo y que pese a los anuncios de formalizar una presentación ante el máximo organismo judicial sigue retardando ese trámite.
El gobierno de Oscar Mario Jorge, en principio, apostó todas sus fichas a una salida diplomática, confiando en la negociación política pese a los claros signos que había de que en ese terreno el destino era el fracaso: ni siquiera alcanzó el convenio firmado en el año 2008 con presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que Mendoza torciera un poco su brazo.
Cuando la sugerencia de los especialistas y la presión de numerosos sectores políticos y sociales se hizo insoportable, el gobernador anunció el inicio de una demanda: lo hizo en contexto preelectoral y sin dar detalles respecto de cómo sería exactamente ese presentación.
Desde entonces sólo ha pasado el tiempo y el Ejecutivo no concretó su compromiso, sino que encontró diversas razones con las cuales demorar la formalización del planteo: una de ellas fue la curiosa resolución de buscar constitucionalistas que representaran a la Provincia, para lo cual el gobernador viajó a Buenos Aires a entrevistarse con los gestores de reconocidos -y costosos- estudios de Abogacía.
Resulta llamativo, cuando no incomprensible, que el gobierno no se volcara a consultar a quienes ya habían hecho una presentación ante la Corte y habían tenido en el mes de setiembre la novedad de que el organismo estaba dispuesto a tratar el tema, independientemente de cuáles fueran después sus procedimientos.
Para beneficio de La Pampa, la diligencia de la propia Corte en el expediente que presentaron los abogados, puede en parte suplantar la larga ausencia oficial y poner la situación a resolución concreta, aunque de todos modos una cosa es que el daño ambiental sea de alguna manera resarcido por sus causantes y otra es que el río vuelva a correr del modo en que está establecido en numerosos espacios institucionales.
...y una de arena...
Durante la semana que se fue, un nuevo hecho de corrupción quedó oculto a los ojos de la población pampeana, ya que el fiscal de los arreglos -Jorge Marcelo Amado- les facilitó a dos involucrados en un fraude al Estado la posibilidad de no sentarse en el banquillo y acordar de modo tal que no tuvieran que pasar un solo día en la cárcel.
Tras el desplome del polideportivo de Ataliva Roca, lo que se derrumbó esta vez es la ilusión de los ciudadanos preocupados por la cosa pública que aspiraban no sólo a una sentencia de ocasión sino a conocer en un juicio oral y público cuál fue el modus operandi y cuál el papel de los involucrados (técnicos, políticos, etc), incluyendo el rol del entonces intendente Martín Borthiry, que logró zafar de brindar su testimonio, que le había sido requerido y que ofreció por escrito.
El arreglo de Amado -aceptado por los jueces, siempre veloces para aplicar la mano blanda en estos casos de guante blanco- impidió el esclarecimiento total del caso: el acuerdo implica condenas de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para Juan Armando Velázquez (inspector del Ministerio de Obras Públicas) y Raúl Lechner (director técnico de la constructora Sol Obras).
En el primer caso, se lo responsabiliza de un fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta como delito continuado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, todo en concurso ideal por tratarse de un único hecho; en el segundo, por fraude a la administración pública como delito continuado, en concurso ideal con falsedad ideológica.
Lechner ya tenía prontuario propio, ya que había sido condenado por delitos de guante blanco a raíz de su tarea como funcionario en la Municipalidad de Puan.
Sol Obras fue una empresa privilegiada por el gobierno de Carlos Verna: su nacimiento y la cantidad de grandes obras que le fueron adjudicadas de modo inmediato generaron inmediatas y justificadas sospechas, además confirmadas cuando la firma abandonó numerosos emprendimientos iniciados en el interior de la provincia y dejó el tendal de deudas a sus proveedores y a cientos de trabajadores en la calle.
Los arreglos de Amado ya no constituyen novedad alguna y son más bien la norma ordinaria, pero no por ello debe dejar de señalarse que el mecanismo no está concebido para que los delitos de corrupción se tramiten de espaldas a la ciudadanía.
El Poder Judicial pampeano tiene un comportamiento contradictorio, que ha sido oportunamente advertido en esta semana que se fue por un grupo de defensores oficiales: el sistema luce contemporizador y amable, retardado y demorón con los delincuentes poderosos y acomodados, los que cometen estafas, fraudes y peculados; luce en cambio diligente para aplicar la mano dura -a veces incluso sin que haya pruebas- sobre quienes no tienen recursos económicos ni de otro tipo como para chicanear en los expedientes y aprovecharse de todas las trampas habidas y por haber.
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