Atuel: piden la posición del estado nacional
Daño ambiental por el corte del Atuel: la Corte requiere una posición del Estado nacional
Fecha de Publicación: 04/12/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Nacional
La Corte Suprema de Justicia requirió formalmente la opinión de la Secretaría de Ambiente nacional, en el marco de la causa por daño ambiental que impulsaron los abogados Andrés Gil Domínguez y Miguel Ángel Palazzani. “Es histórico, por primera vez el Estado nacional tendrá que fijar posición sobre el tema”, dijo a El Diario el abogado Gil Domínguez.
La Corte Suprema de Justicia le dio traslado al Estado nacional para que fije posición respecto del daño ambiental que le causa a La Pampa el corte del río Atuel.
El dictamen se da en el marco de la demanda que iniciaron dos abogados pampeanos, Andrés Gil Domínguez y Miguel Ángel Palazzani.
La medida del máximo tribunal del país se genera antes de que el gobierno provincial haya decidido la presentación de su propia demanda: hace meses que el gobernador Oscar Mario Jorge hizo el anuncio de que motorizaría esa presentación, pero por una cosa o por otra el trámite se fue demorando.
Más aún: una de las causales del retardo es el hecho de que el gobernador salió a la búsqueda de “constitucionalistas” que sustentaran la demanda que pretende presentar, aún cuando esta causa ya había sido atendida por la Corte y presentada por dos abogados.
El amparo contra Mendoza lo iniciaron Palazzani y Gil Domínguez y reclamaron, eventualmente, que se pidieran los posicionamientos de la Provincia de La Pampa y de la Secretaría de Ambiente de la Nación. El hecho de que la Corte pida una opinión del gobierno nacional marca su interés en el asunto y ratifica el avance del expediente.
“Es histórico, porque es la primera vez que el Estado nacional tendrá que intervenir y dar opinión sobre este tema”, dijo en diálogo con El Diario el abogado Andrés Gil Domínguez.
Formalmente, la Corte le dio traslado al Estado nacional, notificándolo de la prueba documental para que manifieste qué opina sobre el tema y puntualmente sobre el daño ambiental que le provoca a La Pampa el corte del Río Atuel.
“Es realmente un pequeño gran paso histórico, porque en términos procesales le da trámite a la demanda y determina que el Estado tiene que fijar postur”, insistió Gil Domínguez.
La presentación formal se dio por el daño ambiental que padece, sobre todo, el oeste pampeano. La causa estuvo parada durante un par de años, pero tuvo un avance en setiembre de este año, cuando el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, retomó el expediente 732/10.
Ese expediente ingresó a la Corte el 13 de diciembre de 2010: está caratulado como “Palazzani, Miguel Angel contra Mendoza, provincia de y otro sobre amparo ambiental”.
Mientras se gestaban estos avances, el gobierno provincial primero dudó y después demoró el inicio de otra causa judicial. El gobernador Jorge primero apostó todas las fichas a la vía diplomática o a la “negociación política”. Más tarde, y a partir de la exigencia de numerosos sectores políticos y sociales, anunció el inicio de una demanda, cuya presentación también fue postergándose.
Desde ya, Mendoza pretende la vía de la negociación. Incluso desafía desde el discurso: plantea que con la presentación en la Corte no pasará nada. La provincia cuyana tiene para su aprobación el convenio que se firmó en 2008, entre el gobernador Jorge, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador mendocino Celso Jaque. La Legislatura no respalda ese acuerdo.
La causa presentada en 2010 había sido tratada por la Procuración General en abril de 2011, cuando dio dictamen favorable para que la Corte analice el tema.
Puede ser un aporte clave en el expediente el fallo del año 1987, en que la Corte declaró al Atuel como “interprovincial”. La Procuración, justamente, dijo que la Corte debe intervenir porque el conflicto es “interjurisdiccional”.
Entre las solicitudes de Palazzani en su demanda, se incluye el reclamo de que los jueces dispongan “el cese de las actividades generadoras de la disminución del caudal fluvial ecológico del Río Atuel Inferior” y que obliguen a Mendoza a tomar “las medidas pertinentes que garanticen el uso razonable y equitativo de sus aguas respecto a los habitantes de dicha provincia (La Pampa)”.
El “Estudio para la determinación del caudal mínimo necesario para el restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso inferior del Río Atuel (Informe Final)” que realizó la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa también es parte del expediente.
.
Fecha de Publicación: 04/12/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Nacional
La Corte Suprema de Justicia requirió formalmente la opinión de la Secretaría de Ambiente nacional, en el marco de la causa por daño ambiental que impulsaron los abogados Andrés Gil Domínguez y Miguel Ángel Palazzani. “Es histórico, por primera vez el Estado nacional tendrá que fijar posición sobre el tema”, dijo a El Diario el abogado Gil Domínguez.
La Corte Suprema de Justicia le dio traslado al Estado nacional para que fije posición respecto del daño ambiental que le causa a La Pampa el corte del río Atuel.
El dictamen se da en el marco de la demanda que iniciaron dos abogados pampeanos, Andrés Gil Domínguez y Miguel Ángel Palazzani.
La medida del máximo tribunal del país se genera antes de que el gobierno provincial haya decidido la presentación de su propia demanda: hace meses que el gobernador Oscar Mario Jorge hizo el anuncio de que motorizaría esa presentación, pero por una cosa o por otra el trámite se fue demorando.
Más aún: una de las causales del retardo es el hecho de que el gobernador salió a la búsqueda de “constitucionalistas” que sustentaran la demanda que pretende presentar, aún cuando esta causa ya había sido atendida por la Corte y presentada por dos abogados.
El amparo contra Mendoza lo iniciaron Palazzani y Gil Domínguez y reclamaron, eventualmente, que se pidieran los posicionamientos de la Provincia de La Pampa y de la Secretaría de Ambiente de la Nación. El hecho de que la Corte pida una opinión del gobierno nacional marca su interés en el asunto y ratifica el avance del expediente.
“Es histórico, porque es la primera vez que el Estado nacional tendrá que intervenir y dar opinión sobre este tema”, dijo en diálogo con El Diario el abogado Andrés Gil Domínguez.
Formalmente, la Corte le dio traslado al Estado nacional, notificándolo de la prueba documental para que manifieste qué opina sobre el tema y puntualmente sobre el daño ambiental que le provoca a La Pampa el corte del Río Atuel.
“Es realmente un pequeño gran paso histórico, porque en términos procesales le da trámite a la demanda y determina que el Estado tiene que fijar postur”, insistió Gil Domínguez.
La presentación formal se dio por el daño ambiental que padece, sobre todo, el oeste pampeano. La causa estuvo parada durante un par de años, pero tuvo un avance en setiembre de este año, cuando el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, retomó el expediente 732/10.
Ese expediente ingresó a la Corte el 13 de diciembre de 2010: está caratulado como “Palazzani, Miguel Angel contra Mendoza, provincia de y otro sobre amparo ambiental”.
Mientras se gestaban estos avances, el gobierno provincial primero dudó y después demoró el inicio de otra causa judicial. El gobernador Jorge primero apostó todas las fichas a la vía diplomática o a la “negociación política”. Más tarde, y a partir de la exigencia de numerosos sectores políticos y sociales, anunció el inicio de una demanda, cuya presentación también fue postergándose.
Desde ya, Mendoza pretende la vía de la negociación. Incluso desafía desde el discurso: plantea que con la presentación en la Corte no pasará nada. La provincia cuyana tiene para su aprobación el convenio que se firmó en 2008, entre el gobernador Jorge, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador mendocino Celso Jaque. La Legislatura no respalda ese acuerdo.
La causa presentada en 2010 había sido tratada por la Procuración General en abril de 2011, cuando dio dictamen favorable para que la Corte analice el tema.
Puede ser un aporte clave en el expediente el fallo del año 1987, en que la Corte declaró al Atuel como “interprovincial”. La Procuración, justamente, dijo que la Corte debe intervenir porque el conflicto es “interjurisdiccional”.
Entre las solicitudes de Palazzani en su demanda, se incluye el reclamo de que los jueces dispongan “el cese de las actividades generadoras de la disminución del caudal fluvial ecológico del Río Atuel Inferior” y que obliguen a Mendoza a tomar “las medidas pertinentes que garanticen el uso razonable y equitativo de sus aguas respecto a los habitantes de dicha provincia (La Pampa)”.
El “Estudio para la determinación del caudal mínimo necesario para el restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso inferior del Río Atuel (Informe Final)” que realizó la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa también es parte del expediente.
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