Hidrógeno Verde: la construcción del parque eólico en Río Negro se iniciará a fines de 2025

Fecha de Publicación: 20/10/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Será en Cerro Policía, con dos años de ejecución y una inversión de 400 millones de dólares. La Provincia cede derechos, estudios y tierras, y cobrará unos 11 millones de dólares, en 30 años. Hay fuertes críticas al acuerdo, ya ratificado por la Legislatura.

La cesión del Estado rionegrino a un grupo privado de estudios, proyectos y tierras para un parque eólico en Cerro Policía fue formalizada -recientemente, en un trámite exprés- por la Legislatura, generando expectativas y, también, desaprobaciones por los entendimientos originales.
En concreto, la empresa estatal Eólica Río Negro (ERSA) transfirió sus activos a Fortescue, que es la empresa impulsora de la iniciativa privada del megaproyecto de producción de Hidrógeno Verde, con su inversión centrada en Sierra Grande.
ERSA avanzó en estudios y en las autorizaciones para un parque eólico en Cerro Policía, en un predio de tierras fiscales , cedidas por 30 años. Ahora, estos derechos se transfieren al mencionado grupo por 60 años, sin costo por la mitad del lapso. Esta concesión fue una de las críticas parlamentarias.
El asentamiento se realizaría en dos etapas. La construcción de la primera -según la firma- se iniciará en el tercer trimestre del 2025 y exigirá una inversión de 400 millones de dólares. Se llegarán a ocupar unos 450 trabajadores y los trabajos requerirán de unos dos años, es decir, su conclusión se estima para el 2027.
Fortescue admite que su ejecución dependerá de la sanción de la ley de regulación de Hidrógeno Verde en el país.
En respuesta a consultas de Diario RIO NEGRO, esa firma australiana indicó que para seguir “avanzando, es necesario un marco regulatorio eficiente para la industria del hidrógeno verde y condiciones macroeconómicas que propicien inversiones”.
A fines de mayo, el proyecto de regulación fue elevado por el Ejecutivo nacional a la Cámara de Diputados pero, todavía, no logró dictamen en las comisiones para su tratamiento en el recinto.
En contrapartida, la Provincia (Eólica Río Negro) recibirá cerca de 11 millones de dólares, con un desembolso inicial de 3,25 millones por estudios y derechos cedidos, pagaderos en tres cuotas, y se fija un canon por uso de las tierras, diferenciado en 200 mil pesos dólares anuales durante la construcción y 250 mil dólares cuando obtenga la “habilitación comercial”.
El desembolso por la utilización de las tierras rondará los 8 millones de dólares, considerando el lapso de los primeros 30 años.
La concesión a Fortescue totaliza 60 años, pero el contrato no prevé canon por la segunda mitad. Esta condición conformó un punto cuestionado en el Plenario legislativo cuando se cumplió en el primer análisis por parte de los parlamentarios.
Los convenios fueron explicados y defendidos por el secretario de Planificación, Daniel Sanguinetti y un equipo de Eólica Río Negro, liderado por su presidente Hugo Brendstrup.
En principio, el funcionario encuadró esta medida en “la política de Estado” del gobierno provincial de Arabela Carreras de “los proyectos de Hidrógeno Verde” y vinculó “la venta del activo” con esa consolidación, a la vez, que destacó que la participación de Fortescue “demuestra su verdadero interés”.
Son “contratos de inversiones muy altas, de muy largo plazo, mucha mano de obra, mucha capacitación y mucho fomento de la industria nacional”.
Habló que Eólica Río Negro “está vendiendo” su “trabajo de 10 a 12 años, con mástiles instalados”, y se acordó “un valor muy razonable”, con “pautas muy precisas del pago” para “capitalizar a la empresa estatal y pueda integrarse en esta cadena de componentes nacionales de producción de elementos”.
La Provincia debe garantizar la aprobación de los ocupantes en los predios involucrados, que suman 16.800 hectáreas. Brendstrup explicó que son “10 pobladores, con producción ganadera, y nueve ya firmaron sus consentimientos”.
Además, narró que el plan final de Fortescue es un parque con una generación de 1000 MW, con una inversión de 1.000 millones de dólares, con “40% de componentes nacionales”, según -aclaró- está “contemplado en el proyecto de ley nacional”. Agregó que esa industria “sería la mayor parte dentro de Río Negro” y, después, estimó su fabricación “lo más cerca posible” al consignar que existe una empresa en Allen que ya construye molinos.
Brendstrup intentó una explicación frente a las consultas críticas de los legisladores por qué no se estableció un uso de canon de uso para los segundos 30 años. Afirmó que la negociación con Fortescue fue dura y, por eso, se alargó casi un año, a partir de una exigencia del inversor del no cobro y que, al final, la suma acordada se prefirió concentrarla en la primera mitad.
En el recinto, la ratificación parlamentaria fue importante, con 31 votos a favor y 5 lo hicieron por la negativa.
Los rechazos fueron expresados por Marcelo Mango (FG), María Grandoso (Kolina), Pablo Barreno (FdT), Alejandra Mas y Daniel Belloso (ambos de Unidad Ciudadana). Estas posturas sumaron interrogantes y reprobaciones, expresadas por Mango, Grandoso y Belloso. Este último recomendó esencialmente la revisión del contrato y, en todo caso, su cesión gradual, con una comisión de seguimiento.
Mango fue el más censor, calificando las cesiones de “privatización” y de “entrega”.

Hidrógeno verde y las críticas: plazos, montos y garantías
Los cuestionamientos fueron advertidos por los legisladores que negaron sus votos aunque, igualmente, la Legislatura -mayoritariamente- avaló el acuerdo propuesto.
La censura central fue de Marcelo Mango, del Frente Grande, empezando con que Fortescue “no tiene antecedentes” en la temática eólica frente a los trabajos y la experiencia de la Provincia con Eólica Río Negro, constituida por el Invap y Transcomahue.
Recordó que el objetivo de ERSA era “construir y poner en funcionamiento un parque eólico en Cerro Policía”, y se otorgó tierras por 30 años”. Agregó que, en su origen, se preveía alguna asociación o participación con privados, tras lo cual, criticó la propuesta ya que es “una entrega”.
Indicó que el contrato deja al Estado rionegrino “ utilidades cero” y que Fortescue no garantiza la obra sino que “va a evaluar, si es factible instalar y explotar el proyecto. Se aseguran las tierras por 60 años y después van a revisar si les conviene”, afirmó.
El desembolso de la empresa -dijo- es de 3,25 millones de dólares, “en cómodas cuotas”, mientras “la Provincia está obligada a la aprobación del Plan de Manejo Ambiental porque si no es así entonces hay que devolverle el pago, es decir, nos obliga” a la aprobación.
En su repaso censor, Mango expresó que Fortescue “puede ceder este proyecto a quién quiera y cuándo quiera”.
Recuerda que la Provincia otorgó 625.000 hectáreas a Fortescue por la iniciativa privada para la inversión de Hidrogeno Verde, pero “no empezó la inversión y la excusa es una ley nacional que no se votó”.
Otros argumentos críticos fueron planteados por María Grandoso (de Kolina), empezando por el apuro gubernamental y su tratamiento exprés y, como también, el monto asignando, proponiendo que se “podría haber cobrado en energía”.
Las numerosas obligaciones asignadas a la Provincia fueron reprochadas y, entre ellas, Grandoso alertó de la cláusula de una penalidad de 15.000 dólares diarios” para el Estado rionegrino si “se diera algún impedimento de libre acceso a los predios por parte del cesionarios, sus contratistas y o cualquier tercero designado”. Entendió que es “extranjerizar nuestra tierra”.
Además del consentimiento requerido de los pobladores, la legisladora Grandoso informó que ya existen planteos por parte del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, cuestionando los entendimientos por el incumplimiento de la “consulta previa, libre e informada”.

El proyecto de hidrógeno verde y la aclaración de Fortescue
Argentina Fortescue afirmó que la construcción se iniciaría en el tercer trimestre del 2025, con una inversión de 400 millones de dólares y una ocupación de 450 trabajadores.
Diario RIO NEGRO consultó a la firma por el plan de inversión y, Fortescue respondió que “para el desarrollo y ejecución del Parque Eólico Cerro Policía con una generación de 300 MW” se estima “una inversión total de 400 millones de dólares, sujeta a la decisión final”.
En relación a las ejecuciones, el grupo de capitales australianos planteó que inicialmente se debe finalizar con los “trabajos de adecuación del proyecto original y los ajustes de estudios, permisos e ingeniería”. En su cálculo, se estima que la “construcción llevará al menos 2 años”.
Reafirmó que estas “fechas están sujetas al desarrollo de un marco regulatorio nacional para la industria de hidrógeno verde, así como también un escenario macroeconómico que propicie inversiones de capital intensivo”.
“El Parque Eólico Cerro Policía” -indica- tiene como “el principal objetivo alimentar de energía verde la futura planta de hidrógeno verde de Fortescue”.
Aclaró que “para que el proyecto siga avanzando, es necesario un marco regulatorio eficiente para la industria del hidrógeno verde y condiciones macroeconómicas que propicien inversiones para capitalizar el gran potencial que tiene Argentina. Hasta entonces, Fortescue continuará avanzando en la adecuación del proyecto original, ajustes y estudios necesarios”.
El proyecto de 300 MW -informó- “prevé la contratación de hasta 450 personas” en “la etapa más intensiva de la obra”, implicando “la mano de obra directa e indirecta por parte de las empresas involucradas en los trabajos en sitio, así como mano de obra indirecta a través de la compra de bienes y servicios”.
En otra contestación, la empresa manifestó que “el Proyecto Parque Eólico Cerro Policía surge con el objetivo de generar energía renovable para la futura planta de hidrógeno verde de Fortescue del Proyecto Pampas. Con este nuevo paso, reafirmamos nuestra presencia en el país y nuestra intención en desarrollar esta nueva industria en Argentina”.
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Comunidades mapuche bloquean basureros petroleros en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 20/10/2023
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Neuquén


Desde la Confederación Mapuche de Neuquén explicaron que la ocupación de las plantas de tratamientos de residuos peligrosos busca visibilizar el reclamo por el tratamiento de una ley de consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas de Neuquén.
Miembros de la comunidad mapuche iniciaron este martes un bloqueo al ingreso a las plantas de tratamiento de residuos peligrosos de la industria hidrocarburífera en Vaca Muerta, para reclamar por el tratamiento de una ley de consulta previa, libre e informada para las comunidades indígenas de la provincia de Neuquén.
A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la Confederación Mapuche exclamó: "Levantamos la voz desde el corazón de nuestro territorio, hoy denominado “Vaca Muerta” ya que la industria del fracking hasta los nombres de nuestros parajes modificó".
"Desde las primeras horas de hoy, hemos procedido a ocupar las instalaciones de las plantas de tratamientos de residuos peligrosos de la industria hidocarburífera: Indarsa, Treater, SAN (Servicios Ambientales Neuquén) y Comarsa interrumpiendo todo tipo de tareas en estos basureros petroleros", añadió.
Según explicaron desde la Confederación, el objetivo de la medida de fuerza es "llamar la atención del poder Legislativo sordo que se ha burlado de nuestra urgencia permitiendo el envenenamiento de ríos, lagos, y territorio de todos, mapuches y productores de la provincia de Neuquén y negándose a incluir en la agenda legislativa la propuesta de convertir en Ley la CONSULTA LIBRE, PREVIA INFORMADA".
La Confederación manifestó, asimismo, que la negativa les llamó la atención, dado que "es el propio gobernador (Omar) Gutiérrez quien lo elevó por nota a principios de año y ha solicitado en actos públicos su urgente tratamiento", y agregó que "las razones esgrimidas es que quien decide la agenda de la Legislatura desde hoy es el gobernador electo Rolando Figueroa".
"A nosotros nos parece un manoseo infame que un derecho que tiene tres décadas de vigencia quede en los toma y daca de los bloques de poder", lamentaron y remarcaron: "No es complejo el tema. Se debe convertir en Ley el Decreto 108 que el gobernador aprobó a principios de este mismo año".
Por último, la Comunidad exigió el "tratamiento de ley de consulta previa, la ejecución de seguros ambientales a las operadoras que incumplen y la ejecución de contratos para que se cumpla con la legislación vigente", y aseguró que mantendrán la medida de fuerza hasta ser escuchados.
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En Argentina apenas el 16% del territorio continental se encuentra bajo protección: “Las áreas protegidas son muy importante para la conservación”

Fecha de Publicación: 19/10/2023
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional


La conservación de la biodiversidad y la protección de los recursos naturales son fundamentales, para concientizar sobre su importancia, el 17 de octubre se celebra el Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe.
Esta fecha conmemora la importancia de estos territorios para el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible en la región. Las áreas protegidas son zonas destinadas a la salvaguardia de la flora y fauna, los valores culturales y los servicios ecosistémicos. Su creación y gestión se enmarcan en el Convenio de Diversidad Biológica, un acuerdo global para garantizar la conservación de la biodiversidad.
En el recientemente firmado «Marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica», se establece el ambicioso objetivo de conservar y gestionar eficazmente al menos el 30% de las zonas terrestres, de aguas continentales y costeras, y marinas para 2030. Esto incluye áreas protegidas ecológicamente representativas, bien conectadas y gobernadas equitativamente, además de reconocer los territorios indígenas y tradicionales.
A nivel global, según la ONU, el 16.64% de la superficie de áreas terrestres y aguas continentales del planeta está dentro de áreas protegidas, equivalente a 22.5 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, el Informe Planeta Vivo señala que solo el 10% de las áreas protegidas terrestres están conectadas, y se conoce poco sobre su nivel de gestión. Esto subraya la necesidad de promover la creación de áreas protegidas, fortalecer la conectividad y mejorar su implementación para combatir la fragmentación de hábitats y aumentar la resiliencia climática.
Fernando Miñarro, director de conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina, destacó la relevancia de las áreas protegidas en el contexto actual de desafíos ambientales. «Las áreas protegidas poseen un papel muy importante no solo para la conservación de los ecosistemas, sino también para asegurar el bienestar de las personas y un desarrollo sostenible debido a los servicios ambientales que brindan. Por lo tanto, es esencial que las comunidades locales, gobiernos y empresas participen en promover áreas de protección», señaló.
Las áreas protegidas son cruciales por diversas razones:
- Brindan soluciones naturales para la adaptación al cambio climático.
- Fomentan la investigación y la educación.
- Contribuyen a las economías locales y regionales.
- Mejoran la salud y calidad de vida de las personas.
- Proveen servicios ambientales como agua, alimentos y medicinas.
- Permiten el desarrollo de actividades turísticas y recreativas sustentables que impulsan el desarrollo social y económico a nivel local y regional.
En Argentina, según el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP), actualizado en octubre de 2023, existen 616 áreas protegidas a nivel nacional. De estas, 556 son terrestres y abarcan el 16.17% del territorio continental, y 57 son áreas protegidas costero-marinas que cubren el 7.11% de la plataforma submarina. Sin embargo, se sabe poco sobre su nivel de implementación, como si cuentan con el personal y equipo adecuados para abordar sus desafíos.
En el Congreso argentino, se encuentra pendiente un proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Áreas Protegidas que busca establecer requisitos mínimos para promover la creación e implementación de áreas protegidas terrestres y costero-marinas. Con la aprobación de esta ley, se pretende garantizar un mayor presupuesto y una mejor gestión de estas áreas para que cumplan con sus objetivos. Lamentablemente, el proyecto ha perdido estado parlamentario en dos ocasiones anteriores (2019 y 2017).
En la búsqueda de alcanzar la meta del 30% de territorio protegido, se vuelve esencial promover la figura de reserva privada para que más propietarios se involucren en la conservación. Además, se deben implementar otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas, que sin ser áreas protegidas, garanticen la conservación de la biodiversidad.
Casos de éxito en Argentina incluyen programas como el de Fundación Vida Silvestre Argentina, que ha contribuido a la creación y gestión efectiva de más de 25 áreas protegidas públicas, marinas y terrestres, municipales, provinciales y nacionales, protegiendo más de 7.5 millones de hectáreas destinadas a la conservación y uso sostenible de la naturaleza. Además, la creación de reservas privadas impulsadas por la comunidad y los propietarios de tierras demuestran un creciente interés en la conservación.
Dos ejemplos destacados son la Reserva Vida Silvestre Urugua-í en Misiones, que protege una biodiversidad única y especies amenazadas como el yaguareté, y la Reserva de San Pablo de Valdés en Chubut, que conserva ecosistemas patagónicos y contribuye a la protección de la vida silvestre y el patrimonio cultural del área.
El Día de las Áreas Protegidas nos recuerda la importancia de estas zonas en la construcción de un futuro sostenible para las generaciones presentes y futuras, promoviendo la conservación de la biodiversidad y la preservación de los recursos naturales que sustentan la vida en nuestro planeta.
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El silencio del INTA y una nota para que continúe el proyecto sobre agroquímicos

Fecha de Publicación: 19/10/2023
Fuente: Portal quedigital.com.ar
Provincia/Región: Nacional


Los voluntarios del proyecto Sprint se reunieron con el nuevo director y afirmaron que les respondió “no tener nada que ver con la decisión” del Consejo Directivo.
El ingreso de una nota formal dirigida a distintas autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para reclamar la continuidad de Argentina en el proyecto internacional “Sprint”, que busca estudiar y medir las cantidades de agroquímicos en el cuerpo humano y también en los ecosistemas, fue una de las últimas acciones que encararon las y los voluntarios que participaron en el muestreo tras una reciente reunión con el INTA. En ella, aseguran, el nuevo director del organismo estatal, Ariel Pereda, se comprometió a elevar su pedido aunque les planteó “no tener nada que ver” con la decisión del Consejo Directivo de posponer la difusión pública de los resultados y la participación del país en el estudio.
Ante la falta de respuestas en torno a la continuidad del proyecto “Transición sostenible de protección vegetal: un enfoque de salud global” (Sprint, por sus siglas en inglés), las y los 73 voluntarios de distintos partidos del sur de la Provincia de Buenos Aires (entre ellos de General Pueyrredon) que participaron del muestreo en noviembre de 2021, decidieron en las últimas semanas a partir de una reunión virtual con el organismo ingresar una nota formal dirigida al Consejo Directivo del INTA.
El estudio Sprint inició en 2020 y está pautado para desarrollarse durante un total de cinco años. Participan Holanda, Dinamarca, Croacia, Eslovenia, Francia, Portugal, España, Italia, Suiza, República Checa y Argentina, país elegido y financiado por la Unión Europea por ser uno de los principales exportadores de soja y otros cultivos para el consumo de su ganado.
Sin embargo, en julio, quienes participaron como voluntarios y voluntarias junto a distintas organizaciones en una jornada frente a la delegación local del INTA, denunciaron que el organismo estatal había “pospuesto” sin una justificación razonable la publicación de los resultados que debía realizarse el 21 de junio y que apartó del estudio a la científica Virginia Aparicio, una ingeniera agrónoma experta en la materia, a cargo del proyecto y quien debía presentar esos resultados.
Días después de esas denuncias públicas, que incluyeron la voz del colectivo Paren de Fumigarnos, investigadores y profesionales del propio organismo, el INTA ―a través de una resolución con fecha del 5 de julio― “pospuso” la participación de Argentina en el proyecto Sprint “hasta tanto no se cuente con los informes y antecedentes de los avances de las actividades efectuadas”.
Desde entonces, el reclamo de quienes participaron como voluntarios se centró en obtener algún tipo de respuesta oficial de los resultados que, si bien habían sido presentados individualmente por el organismo a cada participante, no incluyeron una explicación de qué implica tener una “mezcla” de agroquímicos en el cuerpo.
En un informe periodístico que abarca la experiencia de dos voluntarios de General Pueyrredon, Qué digital expuso que de esos resultados se desprende, a grandes rasgos y sin distinción entre zonas periurbanas y urbanas (como el centro de Mar del Plata), que las personas analizadas en Argentina tienen restos de hasta 10 agroquímicos en la sangre, de 6 a 13 en la orina, 18 en la material fecal y hasta 86 agroquímicos diferentes en el polvo de sus hogares.

Una reunión con el nuevo director nacional del INTA
Semanas atrás, quienes participaron del Sprint fueron convocados a una reunión virtual para el 4 de septiembre en la que se presentó el nuevo director nacional del INTA, Ariel Pereda, el veterinario que asumió en reemplazo de Carlos Parera.
Allí, Aparicio presentó los resultados sobre los agroquímicos encontrados en los participantes aunque “todo fue rápido”, según expusieron las personas muestreadas. Según relató Esteban, voluntario de General Pueyrredon, Pereda “pidió disculpas por cómo se había manejado el tema aunque se excusó diciendo que el Consejo Directivo era el que había decidido suspender la participación del INTA en el proyecto Sprint“.
En esa misma línea, sostuvo que, como recién asumía, Pereda dijo que “él no tenía nada que ver con la decisión del Consejo Directivo”, y que ahora, sin un plazo de fecha estimado, esa máxima área del organismo estatal “va a tomar una decisión de si continúa con la suspensión o no“.
Con la sensación de que el nuevo director del INTA “se desentendió” y de que la reunión “fue media ‘secreta’ porque no hubo convocatoria ni a la gente de los departamentos del INTA de Balcarce”, las y los voluntarios resolvieron, en busca de alguna respuesta, ingresar una nota formal.
“En un momento de la reunión nos dijeron que querían preservarnos a nosotros, por la confidencialidad. Pero nosotros justamente lo que queremos es que se difundan los resultados. Fue un poco rara la situación y después de eso, no hubo ninguna respuesta por parte del INTA. El director se comprometió a transmitir nuestro pedido al Consejo pero no hemos tenido ninguna respuesta”, aseguró Esteban.

El ingreso de una nota formal
A raíz de ello, quienes participaron del estudio decidieron ingresar una nota formal dirigida al Consejo Directivo del INTA que es el área de “máximo nivel de decisión”, conformada por un presidente, Mariano Garmendia ―quien días atrás afirmó que los resultados del Sprint “no están prohibidos”―, y vicepresidente, Nacira Belén Muñoz, designados por el Poder Ejecutivo Nacional.
El Consejo Directivo, a su vez, está integrado por un cuerpo colegiado con cinco representantes del sector público y cinco representantes del sector privado para “garantizar una activa participación del sector productivo en la fijación de las políticas y estrategias globales de decisión institucional así como el control social de su accionar”.
Más allá del argumento del nuevo director nacional del INTA ante su nueva asunción, los voluntarios reparan en la responsabilidad del organismo al momento de firmar el contrato con un “consorcio de diferentes instituciones” que llevan adelante el proyecto y que “está incumpliendo”.
En ese sentido, el reclamo central apunta ahora a, por un lado, la continuidad del INTA en el proyecto Sprint por su relevancia en materia de salud pública y del desarrollo de políticas y, por el otro, a “que se hagan públicos los resultados porque es información que según el Acuerdo de Escazú, tiene que ser pública“.
“Interpretamos esta falta de respuesta como una estrategia de que va a pasar el tiempo, nadie va a decir más nada, y se va a suspender definitivamente la participación del INTA”, analizó Esteban. Además, lamentaron que las agrupaciones gremiales del campo y diferentes universidades del país que también forman parte del Consejo Directivo, hayan estado de acuerdo con la suspensión del INTA en el Sprint de manera unánime.
“Es una cosa incomprensible e imperdonable. No puede ser que haya representantes de entidades de investigación y conocimiento público que hayan votado la suspensión del proyecto. Es totalmente inaudito”, planteó Esteban.
La nota, firmada por las y los voluntarios y enviada el 23 de septiembre al Consejo Directivo y a los Consejos Regionales del INTA que “son los que aconsejan aunque el que mayor poder de decisión tiene en este caso es el de Buenos Aires Sur”, se trata de una solicitud formal para que el INTA continúe su participación en el proyecto bajo la responsabilidad de Aparicio.

Los argumentos
Al momento de hacer esa solicitud, los voluntarios se refirieron a la relevancia del estudio para generar “datos cruciales” sobre la presencia de plaguicidas, sus mezclas y concentraciones en muestras humanas, animales, vegetales y ambientes en el territorio colectivo: “La construcción colectiva de estos datos nos brinda la oportunidad de contribuir en la toma de decisiones más informadas y comprometidas para una producción agropecuaria sostenible en pos de la salud“.
Además de los equipos de investigación argentinos involucrados, hicieron hincapié en la importancia, más allá de obtener sus resultados de manera individual y privada, de la evidencia científica obtenida en el proceso de monitoreo y resultados experimentales relacionados con las mezclas y concentraciones de agroquímicos que se desarrollan el laboratorios europeos.
En ese sentido, sostienen que el proyecto Sprint forma parte de un plan global “dirigido e integrado por profesionales de gran prestigio internacional pertenecientes a institutos de investigación, universidades europeas y la FAO (por sus siglas en inglés) con laboratorios de estándares de calidad rigurosos para el procesamiento de las muestras”.
Y argumentaron que en la última reunión virtual, Pereda “manifestó su apoyo a la continuidad del Sprint y a Aparicio como investigadora responsable en Argentina” a pesar de que “explicó que no es competencia suya la participación argentina en el proyecto sino del Consejo Directivo, quien dictó la suspensión a través del voto unánime”.
Es por eso que los voluntarios consideran como “fundamento insuficiente” la explicación que el INTA dio oficialmente a la hora de suspender la participación. En ese momento, el organismo estatal aseguró que los estudios realizados excedían la “incumbencia” del INTA por “involucrar a la salud humana”, según relataron en la nota.
“Abandonar este proceso científico comprometería el trabajo que se ha realizado y la credibilidad del INTA frente a la comunidad y a futuros compromisos de financiación y cooperación internacional”, cerraron en la nota, aún sin respuesta.

Los datos presentados en Nueva York
Semanas atrás, en el marco de la novena edición de la Cumbre Científica en torno a la 78° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, se presentaron virtualmente datos comparativos con los resultados obtenidos en Argentina. Allí, comentó Esteban en diálogo con Qué digital, en comparación a los países europeos muestreados se identificó que en Argentina hay cantidades “superiores de agrotóxicos en sangre, orina y demás”.
“La diferencia es abismal. Esos datos se difundieron públicamente días atrás. Es alarmante que el nivel de contaminación en Argentina es varias veces superior. Es una diferencia muy grande lo que están dando con los países europeos”, sostuvo.
En la cumbre científica, la investigadora Violette Geissen, coordinadora a nivel internacional del Sprint, reveló que las muestras de Argentina presentaron menos variedad de agroquímicos que las de Europa aunque mayores concentraciones de plaguicidas en el polvo de las casas de familias rurales y en la materia fecal, según publicó la agencia nacional Télam.
A pesar de que en Argentina se observaron cantidades menores de plaguicidas respecto a Europa, la investigadora reparó en que en el país se relevó una zona con pocos tipos de cultivo mientras que en Europa se contemplaron diez tipos de cultivos, entre ellos de vino, olivas y trigo.
En cuanto a las concentraciones, explicó que en Argentina fueron mayores en el suelo, el aire interior y en el agua mientras que en las plantas fueron “iguales”. Respecto a los valores en las personas, informó que los plaguicidas en la materia fecal en las muestras de Argentina fueron “mucho más altas” que las de Europa.
En concreto, el 100% de las muestras de materia fecal de Argentina arrojaron la presencia de glifosato mientras que el mismo plaguicida estuvo presente, según datos de Télam, en el 70,5% de las muestras de Europa. En Argentina, además, se encontraron altas concentraciones de fipronil sulfone en el 97,1% de las muestras contra 23,8% de las de Europa y el plaguicida lambda-Cyhalothrin en un 87% de las muestras argentinas en comparación al 15,9% en Europa.
Por otro lado, la investigadora aseguró que en las muestras argentinas de orina también se encontraron mayores concentraciones aunque la diferencia “no fue tan marcada“, algo que atribuye a que “no se metaboliza lo mismo a través de la orina” y que las altas concentraciones de agroquímicos en la materia fecal indicarían una alta exposición de los plaguicidas en Argentina.
La experta concluyó, en línea con lo que que plantean las y los voluntarios de Argentina, que más allá de las concentraciones encontradas de cada uno de los plaguicidas, la principal problemática tanto en Europa como en el país es que “se encontraron varios químicos a la vez” y que aún no existen estudios que muestren qué implica para la salud humana esas “mixturas”.
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Decisión oficial inédita por el riesgo para la salud de olas de calor extremo este verano

Fecha de Publicación: 18/10/2023
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


El hecho de que haya un sostenido incremento de las temperaturas globales en los últimos años, producto del cambio climático, genera inquietud por los efectos que puede producir este fenómeno en la salud. Argentina no es la excepción y por ese motivo el Gobierno tomó una decisión inédita para hacerle frente durante los próximos meses.
Se trata de una prueba piloto que ya comenzó a comienzos de octubre y se extenderá hasta fines de marzo. Consiste en que las provincias seleccionen instituciones para realizar un relevamiento individual de estos eventos habituales en las olas de calor. Posteriormente habrá otro operativo similar durante el invierno para las olas de frío.
Esto se suma a la obligación de los efectores de salud de todo el país de informar cualquier evento de salud que esté relacionado con una ola de calor, con el fin de reducir la mortalidad atribuida a esta causa. Así lo informa el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud publicado el sábado.
“Las temperaturas extremas, como las olas de calor y de frío, pueden tener importantes efectos sobre la salud humana y se asocian con un aumento de la morbilidad y la mortalidad”, advierte el documento que promueve la vigilancia de estos episodios. Es decir, tratarlos como una potencial epidemia.
Y agrega: “Las temperaturas extremas aumentan los riesgos para la salud, especialmente entre los grupos vulnerables, como niños y niñas y personas mayores, las personas con enfermedades crónicas, las socialmente aisladas y aquellas que trabajan al aire libre o en ambientes expuestos”.
Según el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, desde la década de 1950 las olas de calor se han hecho más frecuentes e intensas en todo el planeta y es probable que esta tendencia se mantenga debido al calentamiento global.
Según informó el Ministerio de Salud, “en Argentina se ha estudiado la mortalidad por olas de calor, evidenciando incrementos significativos en el riesgo de morir durante estos eventos de temperatura”. Y agrega que “los mayores incrementos se observaron en las personas mayores y las causas de defunción con incrementos significativos fueron las cardiovasculares, respiratorias, renales y diabetes”.
La cartera que conduce Carla Vizzotti explicó que “dada la relevancia de los eventos de temperaturas extremas en relación con la salud se considera necesario generar información epidemiológica que sea sensible y oportuna”.
Un reciente artículo publicado en la revista científica The Lancet afirma que durante la última década las olas de calor en Sudamérica fueron más intensas y frecuentes, lo que derivó en el incremento de muertes relacionadas con el calor de 160 por ciento en el período 2017-2021 comparado con el período 2000-2004.
En los últimos meses el calor ha venido batiendo récords en el mundo y el comienzo de la primavera en Sudamérica también ha sido un reflejo de ese escenario, con temperaturas por encima de los 40 grados en algunas regiones de países del continente, entre los que se cuenta la Argentina.
En cuanto a los efectos en la salud asociados al calor extremo, se explicó que se clasificará como caso “toda persona con antecedentes de exposición a calor extremo en circunstancia de Alerta Temprana por Temperatura Extrema del Servicio Meteorológico Nacional y sintomatología clínica atribuible”.
Esto es temperatura corporal mayor o igual a 39 grados y 2 o más de los siguientes síntomas: piel caliente, sudoración abundante en un primer momento o escasa, náuseas y/o vómitos, hipotensión, taquicardia y taquipnea, alteración del estado de conciencia, convulsiones, desmayo. Y en bebés, sudoración abundante y piel irritada por sudor.
El tema del cambio climático asociado a la salud preocupa cada vez más y las políticas públicas empiezan a orientarse en ese sentido. Este año, en junio, el gobierno ya había puesto en marcha la Unidad de Cambio Climático, Ambiente y Salud (UCCAS), en el marco del Instituto Malbrán, e inaugurado el Laboratorio de Cambio Climático, con una inversión de 65 mil dólares en equipamiento.
Según el Gobierno, la UCCAS tiene como objetivo prioritario “enfrentar los desafíos del cambio climático y su impacto en la salud pública” para “impulsar la innovación y promover soluciones concretas”. Por otro lado, el mencionado laboratorio, se informó, “está equipado con microscopios ópticos de alta resolución, cámaras de cría, heladeras y freezers, para realizar análisis moleculares que permitirán realizar investigaciones relacionadas con la dispersión de insectos vectores en los nuevos escenarios emergentes”.
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Luego de vivir bajo amenaza constante, el venado de las pampas tiene un nuevo refugio en los Esteros del Iberá

Fecha de Publicación: 18/10/2023
Fuente: Portal canal26.com
Provincia/Región: Corrientes


La ONG Fundación Rewilding Argentina lleva a cabo un proyecto de restauración de ecosistemas en Argentina desde el 2010.
En medio de uno de los humedales protegidos más grandes del mundo y el más importante de Argentina, la Reserva Natural del Iberá -conocida por sus esteros-, y luego de casi un siglo viviendo en constante amenaza, el venado de las pampas está cerca de conseguir la autosustentabilidad en el país.
La ONG Fundación Rewilding Argentina lleva a cabo un proyecto de restauración de ecosistemas en Argentina desde el 2010. En ese espacio, que se encuentra a unos 190 kilómetros de Corrientes, se lleva a cabo la resilvestración como estrategia para recuperar y conservar la fauna.
Para ir hasta al lugar de este proyecto, hay que llegar hasta una isla en el centro del Iberá, a la denominada estancia San Alonso. Se accede por tierra, tras cruzar el Portal San Nicolás, uno de los ocho accesos del Parque Nacional, abriéndose paso entre cientos de carpinchos que se apartan del camino si los autos les piden permiso.
También, a los costados, ñandúes corren en paralelo, venados miran curiosos, mientras pastan la zona cerca de zorros que se cruzan entre madrigueras y las aves levantan vuelo para acompañar el viaje.
Al finalizar la ruta, el único acceso posible es por agua o aire y, tras media hora en lancha, el tránsito de fauna se completa con el avistaje de roedores navegando la laguna Paraná junto a algún que otro yacaré escondido en la flora acuática.

Las personas intervienen solo si es para ayudar al ecosistema
En las 11.000 hectáreas repletas de especies naturales por las que se extiende la estancia, donde la mano humana solo puede intervenir si es para el beneficio del ecosistema, un grupo de voluntarios y profesionales trabaja diariamente para cuidar y recuperar las especies amenazadas de Argentina.
Por su parte, la bióloga de la organización y responsable de monitorear entre 300 y 350 ejemplares rumiando alrededor de la reserva, Alicia Delgado, contó que están a punto de lograr una demografía establecida de venado de las pampas en Iberá.
"Cuando iniciamos el proyecto, trabajamos en establecer un número viable de animales fundadores, capaces de repoblar el área. Es una etapa intensa, donde se liberan la mayor cantidad posible para generar una primera generación de manera explosiva. Hoy por hoy estamos contando con poblaciones casi sustentables por sí solas", comentó.
Aunque todavía se encuentran lejos de contabilizar manadas similares a las descubiertas siglos atrás, bajo los números actuales están en condiciones de replicar este proceso en otras partes del territorio argentino: algo que empezó con el traslado de apenas 37 ciervos, que representan el 5 %, máximo permitido a extraer de una población fuente.

El venado de las pampas y su papel en el ecosistema
El venado de las pampas es uno de los ciervos más amenazados del país. Antiguamente, se repartían en manadas -similares a las gacelas de África- del norte al sur de Argentina. Sin embargo, durante el año 1900, la demanda de cueros para exportación a Europa y el ingreso de la fiebre aftosa por culpa de la ganadería llevaron a la especie casi hasta su extinción.
Por su parte, este herbívoro, que puede llegar a pesar 45 kilos y medir hasta un metro y medio de largo, tiene un papel muy importante en ecosistema: contribuye a la salud de los pastizales y a promover su diversidad, además de servir como presa a depredadores como el yaguareté.
"Este tipo de trabajos de manipulación activa de la fauna conlleva riesgos. Muchas veces uno tiene miedo de asumirlos porque está trabajando con especies muy vulnerables, pero si no asumís ese riesgo la especie se pierde", explicó Delgado, orgullosa de haber ayudado a transformar los Esteros del Iberá en un nuevo refugio para el venado de las pampas.
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“Trazabilidad pesquera”: Diputados no abordó la iniciativa interparidista

Fecha de Publicación: 17/10/2023
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


El tratamiento de la denominada “Ley de trazabilidad de la pesca y la acuicultura” no prosperó en la última sesión de la Cámara de Diputados porque cerca de 30 legisladores oficialistas se levantaron de sus bancas y se perdió el quórum.
La iniciativa -que, entre otras cosas, busca frenar la depredación del mar argentino- es interpartidista: la promovieron Graciela Camaño (Identidad Bonaerense); Carlos Selva (Frente de Todos) y Mariana Zuvic (Coalición Cívica).
Ante lo ocurrido, el Círculo de Políticas Ambientales publicó en su cuenta de X “Parte de la bancada del Frente de Todos deja sin quórum la sesión para tratar la ley de trazabilidad de la pesca que permite combatir la pesca ilegal y no reglamentada, especialmente de China, dar transparencia al sector y evitar el fraude de los productos de pesca”.
Por su parte, el conservacionista marino Milko Schvartzman, que sigue el tema desde una perspectiva internacional, interpretó la conducta de los oficialistas a la luz de la relación del gobierno argentino con China y escribió: “Pesca ilegal: China celebra que legisladores del gobierno kirchnerista en Argentina evitan votar ley de trazabilidad y transparencia en la pesca favoreciendo a las flotas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”.
En tanto, en la misma red social, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, subrayó que pese al consenso existente, el kirchnerismo se retiró “a último momento” y “de manera repentina”.
“Este dictamen busca rastrear el origen y trayecto de las capturas para evitar el ingreso de productos ilegales y no regulados a los mercados. Esto, sumado al desinterés del kirchnerismo por tratar la aprobación del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio para limitar las subvenciones a la pesca no hace más que demostrar su voluntad de entregar el Atlántico Sur a China”, sumó.

Dictamen
Luego de un proceso durante el cual, a lo largo de 2022, expusieron representantes del sector privado, gremios, la sociedad civil y funcionarios del Ejecutivo, el proyecto obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Intereses Marítimos.
El proyecto original fue elaborado por los radicales Fabio Queglas (Buenos Aires) y Ximena García (Santa Fe). Apunta a darles garantías a los consumidores y a mejorar el acceso a los mercados externos de los productos de la pesca argentina. No aplica a la denominada “Milla 201”, sobre la cual la Argentina no tiene jurisdicción, pero plantea que en la medida que la trazabilidad se generalice, le quitaría atractivo y rentabilidad a los productos de la pesca ilegal, de China o de cualquier otro país.
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Afirman que está creciendo la población de pumas en la provincia de Buenos Aires

Fecha de Publicación: 17/10/2023
Fuente: Weekend
Provincia/Región: Buenos Aires


Un reciente estudio asegura que, de a poco, pero a paso sostenido, el segundo mayor felino del continente americano está regresando a su hábitat natural en territorio bonaerense.
Si bien hacia mediados del siglo XX el puma (Puma concolor) desapareció por completo de la ecorregión pampeana de la Argentina como consecuencia fundamentalmente de la pérdida de su hábitat natural y de su caza indiscriminada, afortunadamente, un reciente estudio afirma que, en los últimos años, el más adaptable de los felinos está regresando a sus lugares de origen en la provincia de Buenos Aires.
Según datos oficiales, actualmente la especie ha sido registrada en más de 70 partidos periurbanos de la provincia de Buenos Aires, como Balcarce, Bahía Blanca, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Mar del Plata, Punta Alta, Tandil y Villa Gesell, entre tantos otros.
“Entendemos que las apariciones están vinculadas al desplazamiento del hábitat que tienen los pumas por cuestiones como el avance de la agricultura o los incendios forestales. También suelen asomar cerca de la costa, en zonas de médanos”, explicó Melina Manso, directora de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, en una entrevista con DIB.
“El incremento de apariciones no significa necesariamente que la población de este felino esté en aumento. Pareciera que hay más porque se van desplazando de su ambiente natural y se acercan a zonas urbanas” agregó la especialista.
Otra razón muy importante de su regreso lento pero paulatino está dado por la prohibición de su matanza, ya que se trata de una especie protegida por la Ley Provincial Nº 11.723.
“En la provincia de Buenos Aires existe la caza ilegal y ocurre que aparecen ejemplares juveniles abandonados porque mataron al adulto y quedaron los cachorros. En La Pampa está permitida la caza y, tal vez por eso, se vienen desplazando a Buenos Aires. Quizá, también, siguiendo al jabalí que es una de las presas preferidas del puma”, concluyó Manso.
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"En Misiones, el control de la deforestación se da por las denuncias de las comunidades indígenas"

Fecha de Publicación: 16/10/2023
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Misiones


El Pueblo Mbya Guaraní es el garante del monte nativo en Misiones, donde las empresas multinacionales Arauco y Carba avanzan con el monocultivo de pinos detrás de las políticas de “bonos verdes”. La responsabilidad del Gobierno provincial y el incumplimiento de las leyes de Bosques y Emergencia Territorial Indígena. Diálogo con una abogada del equipo Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).
Según estudios y relevamientos oficiales, la tasa de deforestación en la provincia de Misiones ha disminuido debido a la aplicación de la Ley de Bosques y el interés por la biodiversidad. Sin embargo, desde las comunidades originarias que allí residen señalan que se oculta el fenómeno de la plantación del monocultivo de pinos, que ha provocado la sustitución del monte nativo. Para contarnos cómo es el panorama sobre el avance de la deforestación en territorio ancestral de las comunidades Mbya guaraní, entrevistamos a Roxana Rivas abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y miembro del equipo misionero de Derechos Humanos Justicia y Género. La falta control por parte de los organismos y el Estado, en particular el Ministerio de Ecología provincial, a pesar de las denuncias de las comunidades indígenas; el rol de las empresas extractivas Arauco y Carba con la excusa de los proyectos de bonos verdes y la falta de políticas concretas para frenar la deforestación ilegal.

—¿Cómo es la situación ambiental en relación a la  deforestación a nivel general en la provincia?
—La provincia viene en teoría con una disminución de tasa de deforestación en términos generales, esto tiene que ver con la aplicación de la Ley de Bosques, con la declaración de "interés por la biodiversidad" a nivel provincial. También hay que decir que, en este último tiempo, apareció el negocio de los bonos verdes (mecanismo financiero establecidos en el Acuerdo de París en 2015 para financiar proyectos "sustentables" que tienen como parámetro "preservar el medioambiente"). Por eso se muestra un cierto atisbo de que se está frenando la deforestación. Sin embargo, la realidad es que cuando se habla de los procesos de deforestación en la provincia se oculta, hace mucho tiempo, que este mecanismo financiero es una propaganda política para hablar de la plantación de pinos como forestación. En realidad, lo que hubo fue una sustitución importante de lo que es la selva y el monte nativo a partir de la extensiva plantación de los pinos que son, principalmente, de propiedad de la multinacional Arauco, antes era Alto Paraná. Arauco es la principal empresa con la que hay conflictos en la defensa de los territorios.  En cuanto a la aplicación de la Ley de Bosques, están haciendo bandera con la recuperación de zonas de conservación, asignándoles valores alto, medio o bajo por zonificación, que hace que una parte del monte sea plausible de algún tipo de actividad forestal o ganadera o cambio de uso de suelo y cuáles no.

—¿Cuál es el control que realiza el  Estado de estas actividades productivas en las zonas de conservación?
—Con el trabajo en territorio notamos que hay una ausencia notoria de los organismos de control estatales. Más allá de los permisos de deforestación que se autorizan, en las cuales desde Emipa intervenimos frenando por un sinfín de situaciones, lo cierto es que en las zonas de conservación está presente la actividad extractivista de las grandes empresas y también la deforestación furtiva, ilegal. En el departamento de San Pedro, por ejemplo, que sería la zona norte o Alto Paraná, el desmonte está absolutamente sin control, a pesar de las denuncias que se vienen haciendo y es sobre el monte nativo. Es un fenómeno que, se supone, el Ministerio de Ecología provincial debe controlar y, en teoría, lo hacen a través de sus mapeos satelitales, pero no da información cierta, lo que significa que ahí no interviene ningún organismo para su autorización o control sino que es puramente furtivo.  Es notoria la ausencia del Estado porque, a pesar que se denuncien y se hagan todos los reclamos habidos y por haber, no hay una política pública concreta para frenar esto. El problema es que esta madera sin registrar circula en camiones y hay todo un negocio alrededor de eso.

—¿De qué manera intervienen ustedes junto a las comunidades frente a esta situación de desmonte?
—Las comunidades Mbya guaraní que viven en la provincia son la única etnia que, mayoritariamente, residen dentro de territorios en los que todavía hay monte nativo. Entonces, el control que nosotros hacemos del desmonte, de la deforestación, viene a partir de la denuncia que las comunidades hacen. Ellos son los verdaderos efectores de ese control, y en nuestros casos, por ejemplo, los conflictos más importantes que venimos trabajando son con empresas como Carba y Arauco. Estas empresas son multinacionales conocidas, que tienen diferentes inversiones en la provincia. Carba, por ejemplo, una empresa que en provincias como Mendoza y Córdoba tienen mineras, en Misiones tienen una actividad forestal muy ínfima en relación a lo que sería Arauco. Pero tienen grandes extensiones de territorio de monte nativo, que es sumamente apreciable y en la cual además conviven con las comunidades indígenas, que reclaman y reivindican estas extensiones como su territorio ancestral. Muchas de las comunidades cuentan con los relevamientos territoriales, que otorga la Ley 26.660 de Emergencia Territorial Indígena.

—¿Cómo se plantea la defensa de estos territorios?
—En esos escenarios, donde convive una empresa que tiene un título registral y las comunidades que tienen su relevamiento territorial,  tenemos más herramientas para la defensa. Son zonas de conservación de monte nativo, donde toda actividad que se desarrolle dentro de ese territorio debe ser a través de un proceso que se lleva adelante bajo supervisión del Ministerio de Ecología. En este proceso se ponen en discusión lo que se llaman proyectos o planes de manejo "sustentable o sostenible", que tienen que pasar una serie de pasos inevitables, entre ellos la consulta previa, libre, informada y de buena fe a los pueblos indígenas que habitan ese territorio y de ahí recién salen las resoluciones que habilitan o no estos proyectos.  Desde Emipa, hemos podido frenar, durante más de cuatro años, un proyecto de Carba en el municipio de Ruiz Montoya, porque las cinco comunidades indígenas que vive ahí, entre las cuales la más intensa en la defensa es la comunidad de Ka’a Kupe, apoyada por las autoridades asamblearias de todos los pueblos indígenas de Misiones, ya no conciben ningún tipo de desmonte.

—¿Cuál es el posicionamiento de las comunidades frente a estos planteos de manejos "sustentables" de las empresas?
—Para las comunidades esto de lo "sustentable" dentro del mapeo de conservación de la zonificación de bosques y en sus territorios no tiene ningún tipo de significación ni ecológica ni económica. Ellos no quieren que se toque un árbol más. Y esa lucha es bastante intensa. Nosotros pudimos lograr la declaración de nulidad de un plan de manejo del monte nativo a través de recursos jurídicos, administrativos y también de la presencia de las comunidades frenando el desmonte. Ahora estamos en proceso de realización la consulta, que el Ministerio de Ecología no había hecho en aquel proyecto de Carba. A su vez, lo que fuimos haciendo con el equipo que acompaña las luchas territoriales, fue iniciar una demanda de titularización a partir del relevamiento con el que cuenta la comunidad de acuerdo a Ley de Emergencia Territorial Indígena. Llevamos esta discusión al escenario judicial, porque hasta ahora veníamos esperando la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que no salió nunca y que difícilmente en este contexto político se dé.

—¿Cómo está distribuido el territorio en el que operan las empresas extractivas forestales y cuáles son los conflictos con las comunidades indígenas?
—Aproximadamente cinco comunidades indígenas conviven dentro del territorio ancestral con la empresa Carba. Con Arauco son más de 14, o sea, son muchas comunidades y Arauco tiene muchísimas extensiones, alrededor del 20 o 25 por ciento de la superficie forestada, porque monte ya casi no queda, lo tiene Arauco, la principal empresa forestal que explota la selva misionera con el monocultivo de pino. Arauco sí tiene como principal actividad económica en la provincia la extractivista a diferencia con Carba, que sus negocios estaban también en otro lado. Entonces, con Arauco la pelea es un poco más compleja porque ellos han logrado durante este último tiempo, históricamente, ir avanzando con la forestación de pino en lo que antes era el monte nativo. Entonces, las comunidades indígenas con las que conviven, la mayoría tienen muy poco monte nativo. En San Pedro Pozo Azul, que limita al norte con Brasil, parte de ese territorio que está siendo desmontado ilegalmente, también es propiedad de Arauco y otros, como, por ejemplo, la empresa Harriet, una empresa de negocios forestales que ha abandonado la zona por la Ley de Bosques. Entonces, para ellos pareciera que es más fácil dejar que se desmonte por desmonte ilegal. Y cuando ya esté perdido el monte, ellos podrán eventualmente ingresar y será más fácil aprobarse los proyectos de reforestación con la aplicación de proyectos de bonos verdes. Por eso, la convivencia es un poco más compleja.

—¿Nos podemos explicar más sobre la mecánica de proyectos con bonos verdes?
—Los bonos verdes son un sistema de compensación de carbono o carbono "cero neto". Arauco es una de las pocas empresas en las que esta compensación le da cero. Ellos tienen una cantidad suficiente de forestación y de propiedades, ya sea por monte nativo o por su propia forestación, ya que el monocutivo de pino califica para los bonos verdes, que no estaría debiéndole nada, de compensación en ese sentido a la provincia. Por eso, ellos pueden deforestar tranquilamente en otros territorios. Entonces es una empresa que tiene poder, entre otras cosas, con incursiones complejas en el territorio.

—¿Cómo describirías esas incursiones de la empresa en el territorio?
—Ellos cuentan con un equipo de profesionales que están abocados a la cuestión de la comunidad Mbya guaraní. Entonces, están todo el tiempo supervisando, visitando a las comunidades, asumiendo ese rol un poco paternalista, si se quiere. Siempre como dueños, ofreciendo agua, luz, o sea, tratando de tener un vínculo más clientelar, que les habrá servido para disminuir cualquier tipo de conflicto. Pero hoy la situación de las comunidades Mbya guaraní es que no están tolerando ni siquiera las visitas, porque lo que hay es un empoderamiento, si se quiere, de la titularidad que tienen sobre ese territorio. Por ejemplo, en las que nosotros acompañamos, en la zona de Arauco, como las comunidades de Andrés Guasurari, de Tacuapi Merí y Puente Quemado 2, que son las que se están confrontando con esta empresa. En Puente Quemado 2, hace dos años hubo incendios que casi destruyeron el poco monte que había en la comunidad, dentro de un proceso de reforestación que incluía, por ejemplo, un proyecto de una universidad nacional para reimplantar monte nativo. La comunidad la rechazó reafirmando que es necesario dejar que el monte se restablezca por sí mismo, porque además tienen los elementos para poder hacerlo, para que se restaure naturalmente.  Desde Emipa, hicimos todo un informe con un especialista, con un ingeniero agroforestal, que dio cuenta exactamente de eso, que esa zona tiene la posibilidad de restablecerse. Eso implicó que esta comunidad, que es muy pequeña, pero que está muy fortalecida, esté rechazando la presencia constante que tenía Arauco sobre su comunidad.

—¿De qué manera se vinculan desde Emipa con las comunidades para enfrentar a las empresas extractivas?
—Una de las cuestiones interesantes es el proceso de empoderamiento que tienen las comunidades. Nosotros trabajamos con ellos desde el equipo de pastoral aborigen. Aclaro que es un equipo que pertenece a la Iglesia, pero es ecuménico, que tiene premisa ética, la no evangelización. Nosotros solo intervenimos en cuestiones vinculadas a su territorio y cuando nos lo demandan. Las demandas han sido, durante estos últimos años, la obtención del título de propiedad comunal y la no incursión de ningún tipo de actividades dentro de su territorio ancestral, aún en los casos en los que ya esos territorios tenían pino implantado por las empresas, por ejemplo. Entonces ellos dicen que saquen el pino, que se regenere, o que ellos se encargarán de eso. Por ejemplo, para la comunidad de Puente Quemado, el incendio para ellos fue un signo. Porque lo que se incendió masivamente fue el pino, ¿no? Y una vez que se incendió, empezó a brotar la capuera, como le dicen ellos a los brotes en la tierra desmontada, con los árboles que son los ancestrales. Entonces todo eso es un proceso sumamente interesante y que demanda mucho trabajo y mucho compromiso y también mucha resistencia al sistema.

—¿Cómo continúa el acompañamiento de Emipa a las comunidades?
—Actualmente, tenemos cuatro demandas iniciadas por escrituración y tenemos una en la que ya se obtuvo la devolución de tierras por parte de la Universidad de La Plata. Se trata de más de 6.000 hectáreas en una zona de reserva, que es la del Valle del Cuñapirú, en la que estamos ahora haciendo otro proceso judicial para reivindicar lo que pasó en el tiempo en el que se estuvo discutiendo la devolución del territorio a las comunidades. El poder político, sobre todo de esa zona, agitó mucho la usurpación. Entonces también la usurpación implica que las personas que ingresan, muchas de ellas ni siquiera respetan que eso era una reserva ecológica. Y bueno, empiezan los conflictos de convivencia.
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Apuestan a conservar las especies vegetales en Corrientes

Fecha de Publicación: 16/10/2023
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


En una iniciativa, sin precedentes, el Conicet firmó un convenio de colaboración con el Gobierno de Corrientes para conservar la biodiversidad de especies vegetales de la provincia. El trabajo estará a cargo de especialistas del Instituto de Botánica del Nordeste (Ibone, Conicet  - Unne) y será ejecutado junto con la Dirección de Recursos Naturales.
El proyecto se extenderá por dos años, en los que las y los integrantes del área de Taxonomía del Ibone brindarán asesoramiento sobre la flora de Corrientes, con el objetivo de aportar a la preservación y el uso sustentable de la biodiversidad vegetal.
Además, analizarán el estado de conservación de especies endémicas y buscarán detectar las amenazas que causen sus declives, con el propósito de contribuir a la elaboración y planificación de estrategias de conservación.
"Este convenio significa una gran oportunidad para trabajar en forma colaborativa en la difusión del conocimiento de la flora de la provincia y para lograr un análisis exhaustivo de las especies endémicas de la provincia.
El objetivo es obtener información detallada sobre las especies endémicas, sus patrones de distribución, así como también del estado de los hábitats actuales y sus amenazas", explica la investigadora del Conicet en el Ibone y representante técnica del convenio, Carolina Peichoto.
Cabe señalar que la temática de plantas endémicas en la provincia de Corrientes y el estado de conservación de esas especies es parte del plan de trabajo de otro de los integrantes del equipo, Javier Elías Florentín, quien recientemente fue seleccionado para ingreso a la Carrera del Investigador Científico (CIC) del Conicet en la convocatoria de Proyectos Especiales por Provincia.
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Uno de cada diez trabajos en Argentina es «verde»

Fecha de Publicación: 14/10/2023
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


Representantes de más de 700 empresas, pymes, cámaras sectoriales, sindicatos y organizaciones ambientales, junto a referentes de Naciones Unidas, participaron del encuentro «Acuerdo para la acción climática: plataforma público-privada para el desarrollo sostenible», realizado en el Centro Cultural de la Ciencia, a inicios del mes de septiembre.
El encuentro fue organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Ministerio de Economía (MECON); el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), con el apoyo del proyecto PAGE, coordinado por la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la Argentina.
Este evento incluyó la segunda reunión del Consejo Consultivo del Empleo Verde, en la cual se presentaron indicadores para medir cómo evoluciona este segmento en el país y monitorear su desempeño.
En este contexto, el secretario de Empleo del MTEySS, Leonardo Di Prieto, destacó que actualmente hay más de 778 000 empleos verdes registrados en el país y destacó que «el 12 por ciento del empleo registrado en Argentina hoy son empleos verdes».
Al respecto, el coordinador nacional del proyecto PAGE por parte de la OIT Argentina, Joaquín Etorena, remarcó que «la agenda de empleo verde y de transición justa ganó la agenda global y también tiene un fuerte énfasis en el país».
Al mismo tiempo indicó que está propuesta «ofrece una perspectiva diferente, en la que empleo y ambiente no se enfrentan».
«En cambio, planteamos generar más y mejor trabajo, es decir, más productividad, pero centrados en las personas y en sus derechos, cuidando a las próximas generaciones y las del presente», aseguró
El referente también consideró que preguntas como cuál es el rol de los actores sociales privados, de los sindicatos, del Estado, los representantes de los sectores más estratégicos, «son los aspectos que hoy discutimos en el marco de un diálogo tripartito y ampliado, para construir en conjunto».
Además de Di Prieto y Etorena, la apertura del encuentro contó con la participación de Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente; José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo del MECON; y Claudio Tomasi, representante del PNUD en Argentina.
Según los datos compartidos en el encuentro, el empleo verde creció un cuatro por ciento entre 2021 y 2022, un punto porcentual menos que el empleo total. En detalle, sólo 16 por ciento está ocupado por mujeres, mientras el resto lo representan varones.
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Condenan a seis empresas por la contaminación del arroyo Saladillo

Fecha de Publicación: 14/10/2023
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe


La jueza del Juzgado de Distrito en lo Civil y Comercial de la 13° Nominación, Dra. Verónica Gotlieb, condenó a seis empresas lindantes con el arroyo Saladillo a adecuar sus procesos de gestión de efluentes a la legislación vigente. La resolución condena a las empresas responsables en dos aspectos: la prevención de daños ambientales y la recomposición del ecosistema para que la parte afectada del arroyo vuelva a su estado anterior.
La resolución está vinculada a la demanda civil interpuesta por la Fiscalía Extrapenal de Rosario contra empresas localizadas en el polo industrial de Villa Gobernador Gálvez que descargan sus efluentes sin tratar en un tramo del arroyo Saladillo y el zanjón de la reserva.
Bajo el precepto expreso de “quien contamina, paga”, la resolución recepta las pretensiones de la fiscalía en cuanto a condenar a las empresas en dos aspectos: de prevención de daños ambientales y de su recomposición, es decir que el ecosistema de la reserva natural y de esa parte afectada del arroyo vuelvan al estado anterior a los daños causados.
Para eso dispone un cronograma de acciones con la participación de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia y la instancia y control de la ejecución de la sentencia a cargo de la Fiscalía y el Juzgado, a fin de poner en acción un programa de saneamiento costeado por las empresas que la jueza estimó contaminantes, aun cuando el fallo puede ser apelado ante la Cámara civil.
El fallo de la Dra. Gotlieb es receptiva de la progresión de los derechos ambientales en diversos aspectos, entre ellos el protagonismo de la información para los ciudadanos sobre las acciones de prevención y reparación de los daños. Además, reconoce la legitimación activa de los fiscales de la Ley 10.160 para accionar en defensa de los intereses generales en materia ambiental y la gratuidad para el acceso a la justicia como para la tramitación de procesos ambientales. Exhorta a los poderes local y provincial a instar urgente los procedimientos adecuados para el cumplimiento de la sentencia, incluso mediante la aplicación de sanciones.
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Chaco | Investigadores denunciaron graves irregularidades en el proceso del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

Fecha de Publicación: 13/10/2023
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Chaco


Más de cien investigadores e investigadoras del sistema científico nacional, incluyendo miembros del CONICET, universidades nacionales y el INTA, hacen un pedido de intervención urgente al Gobernador de Chaco Jorge Capitanich sobre las tres Audiencias convocadas para modificar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos del Chaco por irregularidades en la convocatoria, “con violación de normativas provinciales, nacionales y acuerdos internacionales”.
Las audiencias públicas fueron llevadas adelante a fines de septiembre por el Ministerio de Producción con el objeto de reunir opiniones que sustenten cambios al OTBN aprobado por Decreto Provincial en el 2022.
Asimismo, la nueva propuesta de modificación del OTBN presentada durante estas audiencias incumple con casi todos los criterios de sustentabilidad y lineamientos establecidos por la Ley de Bosques N° 26.331 y el Consejo Federal de Medio Ambiente.
La discriminación de actores y sectores productivos y socio-ambientales representativos  del Chaco, el incumplimiento del Protocolo 169 de la OIT sobre consulta previa a comunidades indígenas y otras irregularidades son aspectos de extrema gravedad.
Este llamado ocurre luego de varias alertas previas emitidas por la comunidad científica y organizaciones civiles.
En 2022, mil científicos argentinos expresaron su profunda preocupación ante la regresión ambiental de los bosques nativos prevista en el Decreto N° 2157/22. Además, un grupo de científicos se reunió con legisladores provinciales para destacar los riesgos de este tipo de retrocesos en el patrimonio natural y la sostenibilidad del Chaco.
En 2023, se rechazó categóricamente un nuevo Proyecto que busca eliminar los bosques, incluso en áreas dentro de corredores biológicos de la provincia (Proyecto N°3258 del Diputado Bergia).
En sus últimos meses de gestión, los científicos hacen el último llamado a Capitanich. Piden que se evite una mayor extinción de la biodiversidad, los efectos extremos que impactaran por cambio climático a los chaqueños y la desertificación que traerá un Chaco sin bosques nativos.
Solicitan, por tanto, considerar inválidas las audiencias públicas realizadas con el fin de modificar el OTBN provincial y retomar el proceso de actualización conforme las normas y leyes vigentes, quedando disponibles para trabajar junto a los poderes del estado en pos de un verdadero desarrollo sustentable provincial y nacional.
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Iberá: con la reintroducción del yaguareté, evidencian impacto positivo en ese ecosistema

Fecha de Publicación: 13/10/2023
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


Así lo confirmó la Fundación Rewilding Argentina. En total, 18 animales ya caminan libre por el humedal correntino.
Desde la Fundación Rewilding Argentina que lleva adelante en Corrientes el proyecto de reintroducción del yaguareté en el Iberá, explicaron los efectos del regreso de dicha especie al hoy Parque Nacional.
De esta manera, con 18 yaguaretés viviendo libres en el Iberá, señalaron que algunos de los impactos esperados comienzan a evidenciarse positivamente, en lo que respecta a la recuperación de procesos ecológicos de este ecosistema.
Con la desaparición de una especie clave, como lo es el yaguareté, se pierden también sus interacciones ecológicas, afectando la estructura y función de los ecosistemas donde habitaba. En este marco, la reintroducción de la especie mencionada tiene como uno de sus grandes objetivos recuperar relaciones ecológicas en las que este depredador participaba.
La teoría ecológica predice que el regreso del yaguareté podría generar efectos en cascada sobre los eslabones más bajos de la cadena trófica y regular procesos como la herbivoría y la competencia. Así, el Iberá podría resultar en un ecosistema más diverso, más resiliente y con mayor capacidad de secuestrar carbono y colaborar con la mitigación del cambio climático.
Sin embargo, estas predicciones están siendo puestas a prueba utilizando técnicas científicas. Por eso, diversos institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Proyecto Yaguareté y Rewilding Argentina, con el apoyo de National Geographic Society, aunaron esfuerzos para hacer frente a tareas de evaluación y monitoreo de “una manera sólida y confiable acerca de los efectos del yaguareté sobre el ecosistema, lo cual es una tarea fundamental pero sumamente compleja”, manifestaron.
Explicaron así, que con 18 yaguaretés viviendo libres en el Iberá, “algunos de los impactos esperados comienzan a evidenciarse, ya que monitoreos científicamente robustos permiten documentar los efectos sobre el ecosistema que resultan del regreso de su depredador tope”.
Para el investigador del Conicet e integrante del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba), que trabaja en el Proyecto Yaguareté, la reintroducción de esta especie que se está desarrollando en el Iberá, “es realmente un hito para la conservación del yaguareté a nivel mundial”.
Agregó además que “tenemos esa satisfacción de que venga saliendo todo tan bien, y esperanzados en que se pueda seguir multiplicando esta población y tal vez replicando la experiencia en otros lugares”.
Por su parte, también del Conicet-Ceiba, el investigador Carlos De Angelo, expuso que el proyecto “implica una experiencia muy única en entender cuál es el rol que el yaguareté tiene en este ecosistema. Por ejemplo, los carpinchos forrajean en los pastos del Iberá, pero ahora que ya está el yaguareté, posiblemente cambiaron su comportamiento y ya no forrajean de la misma forma”.
Entonces, “cuál es esa cascada de impactos que puede tener el yaguareté para volver a hacer funcionar mecanismos en el Iberá que existían antes de que se extinguiera y que hoy en día se están recuperando a partir de la reintroducción”, detalló el especialista. Dijo además que, desde los orígenes del proyecto, “estuvimos colaborando con Rewilding Argentina y con otros grupos de investigación del Conicet, para justamente hacernos estas preguntas y poder estar preparados, monitoreando antes y después de la reintroducción entre los distintos equipos, las distintas piezas de este rompecabezas que tiene que ver con recuperar procesos ecológicos en un ecosistema”.
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Alentador: avistan a una especie en peligro de extinción en el Parque Nacional Lanín

Fecha de Publicación: 12/10/2023
Fuente: Weekend
Provincia/Región: Neuquén


Se trata de un monito del monte que fue visto en la zona sur de esa área natural protegida de Neuquén y cuya población ha disminuido un 20% en los últimos 10 años.   
Mientras se encontraban realizando una de sus habituales rondas de vigilancia  por la zona sur del Parque Nacional Lanín, un equipo de la Brigada de Incendios, Comunicaciones y Emergencias de Parques Nacionales se llevó una grata sorpresa al descubrir la presencia de un animalito muy difícil de avistar mientras se paseaba, a plena luz del día, por los árboles de la zona sur de esa importante área natural protegida ubicada en la localidad de Junín de Los Andes, provincia de Neuquén.  
Se trata de un Monito de Monte, una especie marsupial pariente de los canguros que, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se encuentra en serio peligro de extinción, ya que, según datos oficiales, solo en los últimos 10 años su población ha disminuido un 20%.
Actualmente, sus principales enemigos son la fragmentación de los bosques y los incendios forestales, como, así también, el avance de las especies exóticas y la cada vez mayor presencia de perros y gatos domésticos en sus hábitats naturales.
Por ello es que el avistaje de este Mono de Monte es una prueba contundente de la enorme y valiosa tarea que llevan a cabo los brigadistas de Parques Nacionales en su lucha diaria por preservar la biodiversidad de la región.
“Cada avistamiento de un Monito de Monte es una llamada de atención para la protección de estos frágiles ecosistemas y una inspiración para seguir luchando por la supervivencia de esta especie única y extraordinaria”, afirmaron desde Parques Nacionales.
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