Fracking, sismos e impunidad: la receta de una zona de sacrificio en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 06/09/2025
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Neuquén


Hace más de 10 años que la fractura hidráulica, el fracking, comenzó a transformar la formación geológica de Vaca Muerta, en el este de Argentina, en un megaproyecto de hidrocarburos no convencionales. Desde entonces, el suelo tiembla.
Vaca Muerta se extiende por la provincia de Neuquén y se adentra en las vecinas Mendoza, Río Negro y La Pampa. Su magnitud convierte a esta cuenca en el segundo yacimiento de shale gas más grande del mundo y el cuarto de petróleo no convencional. El fracking, que permite romper la roca subterránea con agua a presión y arena para liberar y extraer gas o petróleo, ha hecho que la cuenca sea muy codiciada.
Los primeros pozos se perforaron en Vaca Muerta a principios de la década de 2010, lo que marcó el inicio de la historia de la extracción de shale gas o gas de lutita en Argentina. Estos pozos podían extenderse bajo tierra hasta alrededor de 10 “etapas” de fracturación, realizadas horizontalmente a intervalos en la roca.
Desde entonces, los avances tecnológicos han permitido a las empresas aumentar la actividad de los pozos, mientras que el número de etapas de fracturación ha superado las 50.
El aumento de etapas de fractura ha estado vinculado con un aumento de sismos en la región. Esto ocurre porque cada etapa implica inyectar grandes volúmenes de agua y arena a alta presión, lo que puede activar fallas geológicas preexistentes, provocando sismos inducidos, es decir, cuya causa no es natural.
Neuquén, la principal provincia productora de gas y petróleo en Argentina, terminó el primer semestre de 2025 con el mayor número de sismos inducidos registrados en comparación con los mismos periodos anteriores, de acuerdo a nuestros relevamientos en el Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI). Nunca tembló tanto la provincia, y todo parece indicar que cada año establecerá un nuevo piso.
El OSI registró 548 sismos en Vaca Muerta entre 2018 y junio de 2025. Todos ellos están relacionados con operaciones de fracturación hidráulica. En el primer semestre del año se registraron 36 sismos relacionados con el fracking, una cifra que supera los 33 del mismo periodo de 2024, los 27 de 2023, los 10 de 2022, los 11 de 2021 o los 28 de 2020.

Inducción con impunidad
Los sismos inducidos son como cualquier otro terremoto: liberan energía desde el subsuelo, y esa energía se transmite a la superficie.
Tienen tres efectos principales. Primero, la afectación estructural de las construcciones, como grietas en casas, galpones y edificaciones. Segundo, desprendimiento de rocas, un riesgo directo para las personas. Y el tercero, el más silencioso, pero igualmente preocupante, la afectación a la salud mental. Las vecinas y vecinos del pueblo se despiertan a cualquier hora y se asustan ante los sismos.
La infraestructura de la industria petrolera también se ve afectada. Ductos, pozos, torres, depósitos, piletas, playones y rutas se ven expuestos al deterioro por la exposición recurrente a sismos. Esto podría derivar en siniestros en la superficie, como accidentes, vertidos, fugas, incendios y explosiones, o también en colapsos en las infraestructuras del subsuelo.
Además, la ruptura de cañerías subterráneas puede facilitar filtraciones de fluidos entre formaciones, comunicando acuíferos con depósitos de hidrocarburos o de líquidos derivados del fracking altamente contaminantes.
A pesar de ello, la sismicidad inducida no se considera —ni es obligatorio por ley— en las evaluaciones de impacto ambiental de ninguna de las empresas que operan en Vaca Muerta, entre las que se encuentran la empresa estatal argentina YPF, así como las transnacionale Shell, Pan American Energy, Pluspetrol y Vista Energy. Esto ha tenido graves consecuencias ambientales y sociales.
Diversas organizaciones pretenden llevar a cabo acciones legales para dirimir responsabilidades y establecer las acciones necesarias para controlar la situación. En este sentido, la participación ciudadana es crucial para que lleguen a buen término.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó un amparo junto a vecinos y vecinas, pero fue rechazado por la Corte Suprema en agosto de 2024.

Semáforos sísmicos
Es urgente desarrollar herramientas para que, en un futuro que se muestra cada vez más controlado por los intereses capitalistas de las grandes corporaciones, los pueblos puedan defender el ambiente en el que viven, reducir los riesgos para la salud y mejorar su calidad de vida.
Iniciativas como los semáforos sísmicos ya se están utilizando en países como Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, un sismo de dos grados en la escala de Richter se traduce en luz verde: el fracking puede continuar. Si alcanza los 2,5 grados, la empresa responsable debe notificarlo al organismo regulador y reducir sus operaciones. A partir de 3,5 grados, el fracking debe cesar hasta que el Estado pueda realizar una evaluación.
Estos sistemas de alerta visual informan a la población del nivel de actividad sísmica en una zona determinada y obligan al Estado a controlar el subsuelo y a gestionar la gravedad de los temblores. Las alertas no eliminarán los riesgos, pero su aplicación mediante una legislación eficaz será un paso en la dirección correcta, aunque sea difícil de conseguir.
El OSI ha elaborado un proyecto de ley que propone semáforos sísmicos, así como zonas de exclusión del fracking de 15 kilómetros alrededor de las ciudades, los embalses y otras zonas sensibles. No se trata de una ley que prohíba el fracking, pero establecería zonas de exclusión en los lugares donde se han identificado fallas sísmicas.
Hasta ahora, hemos presentado nuestro proyecto de ley a los distintos bloques de la legislatura de Neuquén, a las oficinas del ejecutivo provincial, a varios departamentos de la Universidad Nacional del Comahue y a institutos académicos como el Instituto de Prevención Sísmica (Inpres) y el Instituto Geofísico Sismológico Volponi (IGSV).
Incluso lo hemos presentado a varias empresas petroleras. Esperamos que sea retomado por grupos políticos, movimientos sociales o empresas y, finalmente, por el gobierno.
El Estado es la máxima autoridad reguladora. Como tal, debe determinar las zonas de exclusión del fracking para proteger a la población y las infraestructuras.
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Tensión judicial: los fiscales piden prisión para los que queman caña pero los jueces se niegan

Fecha de Publicación: 06/09/2025
Fuente: Portal Contexto
Provincia/Región: Tucumán


La quema de cañaverales y pastizales abrió una fuerte disputa judicial en Tucumán. Mientras el Ministerio Público Fiscal (MPF) insiste en solicitar prisión preventiva para quienes son sorprendidos iniciando incendios, los jueces hasta ahora se limitaron a abrir causas sin ordenar la privación de libertad.
El último episodio se registró el jueves pasado en Mancopa, cuando efectivos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la división Delitos Rurales y Ambientales detectaron a tres hombres apilando restos de desmonte para prender fuego.
Según el informe pericial, la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Bella Vista impidió que las llamas alcanzaran un cañaveral y los bosques nativos de la zona. Por orden de la fiscala Mariana Rivadeneira, los sospechosos fueron aprehendidos.
El sábado se concretó la audiencia de formulación de cargos, donde la auxiliar fiscal Brenda Deroy advirtió sobre la gravedad de estas prácticas, que “ocasionan accidentes de tránsito, daños a inmuebles, a personas y a los animales”. 
Deroy pidió la prisión preventiva por 30 días para dos de los imputados, al señalar que no tienen domicilio acreditado en la provincia y que la defensa sólo aportó como referencia la localidad de El Mojón, Santiago del Estero.
Sin embargo, la jueza interviniente rechazó el pedido y dictó medidas de menor intensidad, considerando la situación económica de los acusados y la falta de pruebas sobre un dolo intencional.
Desde que el MPF adoptó una política criminal contra las quemas, al menos 10 personas fueron acusadas por delitos que prevén penas de cumplimiento efectivo. No obstante, sólo tres imputados recibieron prisión preventiva, dos de ellos bajo arresto domiciliario.
Pese a los fallos judiciales, fuentes fiscales ratificaron que seguirán pidiendo preventivas. De hecho, el domingo el ECIF intervino en un nuevo incendio en Cevil Pozo, a tres kilómetros de la rotonda de Los Gutiérrez, que afectó una línea de alta tensión de Transnoa. Los peritos trabajan para identificar a los responsables.
En paralelo, avanzan las investigaciones contra al menos cuatro grandes productores cañeros, dos de ellos propietarios de ingenios, sospechados de ordenar o permitir quemas en sus campos.
Según la fiscal Rivadeneira, estos empresarios habrían presentado denuncias de supuestos ataques incendiarios contra sus propiedades como estrategia preventiva para evitar causas penales. Los registros muestran que las presentaciones se concentraron en los meses de agosto y septiembre, época de mayor riesgo, lo que refuerza las sospechas.
Además, no se descarta que puedan ser imputados por no tomar medidas de seguridad adecuadas para prevenir estos siniestros, pese a su reiteración anual.
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Las habilitaciones de caza en distintas provincias encienden las alarmas por la falta de control e información

Fecha de Publicación: 05/09/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Diversas jurisdicciones dieron luz verde para matar especies autóctonas y hasta para mercantilizar productos derivados de ellas. La postura de las organizaciones especializadas en fauna.
La habilitación para cazar fauna autóctona en varias provincias enciende las alertas en los sectores ambientalistas, que manifiestan la necesidad de contar con mayor información para conocer la situación de algunas especies que son parte de actividades cinegéticas en el país. A su vez, mencionan la existencia de una “deuda histórica” sobre el control de las normativas para proteger a la fauna nativa.
Situaciones como la habilitación en Río Negro para cazar y comercializar fauna autóctona o en Entre Ríos, donde desde el 24 de junio y hasta el 29 de septiembre hay autorización libre para matar a 150.000 coipos generaron preocupación en diversas organizaciones.
La situación del coipo en Entre Ríos es particular: se trata de una Especie de Vertebrado de Valor Especial (Evve), una categoría que se instauró en la Administración de Parques Nacionales en 1991 y que está conformada por animales seleccionados bajo nueve criterios que determinan su importancia de conservación.
Cada área protegida del país tiene que contar con una lista de Evves y el coipo se encuentra listado en 12 espacios de este tipo. Once de ellos son parques nacionales y dos de esas áreas se encuentran en Entre Ríos: el Parque Nacional Pre-Delta y Parque Nacional El Palmar. También forma parte de la lista de Evves de la Reserva Natural Formosa.
En el pasado reciente, otras disposiciones también levantaron críticas, como la posibilidad de cazar pumas y guanacos en Santa Cruz. La medida, luego de que sectores ambientalistas reclamaran, se revirtió en abril de este año por tratarse de dos especies nativas.
Especialistas dan lugar a la caza para control de especies exóticas o invasoras, pero ponen en tela de juicio los casos mencionados por tratarse de fauna nativa que es irremplazable.

Falta de información
La situación actual llevó a que Aves Argentinas emitiera una posición institucional sobre la caza, algo que la organización nunca había hecho, según explicó a TN el director de coordinación institucional de la organización, Francisco González Táboas.
Estas posiciones, indicó, surgen por demandas coyunturales y resaltó que “sobre caza nunca se había hecho”.
En su posición, Aves Argentinas se opone “a toda práctica de caza que ponga en riesgo a las especies y sus hábitats” y que se aplique el principio precautorio de la Ley General del Ambiente, que indica que en casos que haya peligro de daño grave o irreversible no podrán usarse la falta de información o de certeza científica para postergar medidas que impidan la degradación del ambiente. Ante la duda, no tocar ni modificar nada.
Justamente, González Táboas manifestó que la falta de información y de análisis sobre diversas especies dificulta la posibilidad de determinar si las mismas sufren disminuciones en su población. Por eso, resaltó que se debe tomar el principio precautorio: “No hay números y no hay investigaciones, entonces no sigamos autorizando cazas”.
En tanto, resaltó la necesidad de que se lleven adelante estudios a nivel regional más que provincial. Las normativas heterogéneas entre provincias es otro de los puntos cuestionados por la posición de Aves Argentinas. En ese sentido, el directivo marcó lo que ocurre con el pato crestudo, un ave típicamente cazada para subsistencia pero que sufre la pérdida de población y es de las especies más buscadas por los cazadores en la zona del Gran Chaco.
Sí identifican especies que tienen a sus poblaciones muy comprometidas, como el cardenal amarillo. Por eso, la organización también pidió que se revisen con urgencia los permisos otorgados a empresas de turismo cinegético y denunciaron falta de control sobre firmas no habilitadas.
“La caza cinegética, en general, es sobre especies nativas: patos, perdices, palomas. En un momento se promocionó la caza de cauquenes o avutardas, pero se prohibió porque empezó a ser una especie amenazada”, detalló González Táboas, y sumó que las provincias en donde más se promociona el turismo cinegético son Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa.
Sobre este punto que tiene como eje la actividad turística, la posición de Aves Argentinas apunta a que se fomente el turismo de naturaleza para generar ingresos económicos sin dañar el patrimonio natural.

Deuda histórica
En la Fundación Vida Silvestre señalaron que existe una “deuda histórica” respecto al control y cumplimiento de normativas para la protección de la fauna nativa.
El director de Conservación de la fundación, Sebastián Fermani, consideró que “existen presiones originadas por diversas fuentes, como las actividades productivas o cinegéticas”.
Por su parte, también resaltó que identifican “prácticas específicas y preocupantes” como el uso de perros para la caza ilegal de especies nativas, entre las que mencionó al ñandú o el venado de las pampas.
Fermani señaló que desde Vida Silvestre consideran a la pérdida de biodiversidad como una de las tres patas de la “triple crisis planetaria” que enfrenta la humanidad, en conjunto con el cambio climático y la contaminación.
“La pérdida de biodiversidad es una de las principales problemáticas ambientales del país y rechazamos tanto la caza como el comercio de fauna silvestre que no cuente con un marco regulatorio respaldado en ciencia. Son necesarias políticas públicas basadas en evidencia científica que prioricen la conservación de especies nativas y el equilibrio ecológico”, finalizó.
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La Corte Suprema condenó al Estado Nacional, a Jujuy y a dos petroleras por la contaminación del Parque Nacional Calilegua

Fecha de Publicación: 05/09/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional - Jujuy


El máximo tribunal ordenó implementar y ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental colectivo. “Nos da esperanza de ver pronto esta área protegida sin petroleras”, destacaron desde Greenpeace.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado Nacional, a la provincia de Jujuy y a dos empresas a ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental generado por la actividad petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua. La causa había sido impulsada por vecinos del área protegida.
El máximo tribunal sentenció “a la Provincia de Jujuy, a las sociedades Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y Jujuy Hidrocarburos Sociedad Anónima Unipersonal (J.H. S.A.U.) a implementar y ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental colectivo y de la actividad petrolera del yacimiento Caimancito y del pozo Ca.e3 ubicado en el área CNO-4 Río Colorado, que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos y legales establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación y por la Administración de Parques Nacionales, en un plazo que tendrá como fecha límite para su conclusión el 31 de diciembre del año 2030.”
El fallo además condenó “al Estado Nacional a responder solidariamente en la efectiva implementación y ejecución del plan” y determinó que “la Administración de Parques Nacionales deberá supervisar la implementación y ejecución”.

“Graves pasivos ambientales”
En diciembre de 2015, la legislatura jujeña anuló las concesiones hidrocarburíferas otorgadas dentro del área protegida, en respuesta al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, organizaciones sociales, la Auditoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Por su parte, Greenpeace comenzó una campaña que realizó varias protestas y logró el apoyo de más de 270 mil personas.
En 2018, sin embargo, la Administración de Parques Nacionales, en acuerdo con el gobierno de Jujuy, suspendió la afección del área del Yacimiento Caimancito, hasta tanto se realice su remediación ambiental, lo que favoreció a las petroleras. En 2019, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaron un amparo ante la Corte Suprema para que se declare su inconstitucionalidad y nulidad. La acción buscó así impedir la desafectación arbitraria de 1.000 hectáreas del área protegida.
“El Parque Nacional Calilegua protege uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina, como lo es la Selva de Yungas, concentra la mitad de las aves del país y especies en peligro de extinción como el yaguareté. Este fallo de la Corte Suprema nos da esperanza de ver pronto esta área protegida sin petroleras y remediados los daños ocasionados”, señaló Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Con respecto a la decisión de la Corte consideró que “se trata de un fallo histórico que por fin resolverá algo que venimos exigiendo desde hace mucho tiempo junto a guardaparques, vecinos, comunidades indígenas y organizaciones sociales”.
“Es absurdo, ilegal y peligroso que haya petroleras operando dentro de un Parque Nacional, esperamos que se remedien los graves pasivos ambientales”, concluyó.
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Argentina adopta las OMEC: de qué se trata la nueva herramienta para la conservación marina y la pesca sostenible

Fecha de Publicación: 05/09/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno argentino dio un paso crucial para la conservación marina al incorporar la figura de las «Otras Medidas Efectivas de Conservación (OMEC)».
La medida permite reconocer las vedas pesqueras y áreas de manejo existentes como herramientas válidas de conservación de la biodiversidad.

¿Qué son las OMEC y por qué son importantes para la conservación marina
Las OMEC son áreas geográficamente definidas que, sin ser oficialmente Áreas Marinas Protegidas (AMP), logran resultados sostenidos en la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
Su incorporación a la normativa nacional se concretó mediante la publicación de la Resolución 446/2025 en el Boletín Oficial.
Ofrece una alternativa flexible para cumplir con compromisos internacionales, como el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Todo sin necesidad de crear nuevas AMP que puedan restringir por completo las actividades productivas.

La relevancia de las OMEC para el sector pesquero
Para la industria pesquera, la adopción de las OMEC es un avance estratégico. Permite conciliar la pesca sostenible con la conservación, ya que reconoce el valor de las áreas de esfuerzo restringido que ya operan en el Mar Argentino.
Estas zonas, que incluyen vedas permanentes y temporales, áreas de protección de juveniles y corredores de resguardo, contribuyen a la salud de los ecosistemas marinos sin detener la actividad económica.
De esta forma, la Resolución 446/2025 no solo fortalece el marco de manejo pesquero de Argentina, sino que también visibiliza los esfuerzos ya realizados por el sector en pos de la conservación ambiental.
Al reconocer estas áreas, el país demuestra un enfoque innovador y equilibrado, alineando el desarrollo productivo con los objetivos de biodiversidad.

Un camino hacia el desarrollo sostenible
La nueva normativa abre la puerta a que actores públicos y privados, incluyendo comunidades locales y el propio sector pesquero, impulsen el reconocimiento de estas medidas de conservación.
Esto representa una oportunidad para el desarrollo sostenible, ya que promueve una gestión más integrada y flexible del Mar Argentino. Asegurando tanto la salud del ecosistema como la continuidad de una actividad económica vital para el país.
La implementación de las OMEC es un paso fundamental para que Argentina cumpla con sus compromisos ambientales internacionales de una manera realista. Esto reconociendo la importancia de la biodiversidad marina y el rol del sector pesquero en su protección.
«Cabe destacar que esta nueva figura de OMEC permite ampliar las estrategias de conservación más allá del sistema formal de áreas protegidas, e incluye espacios gestionados por el sector privado», remarcaron desde el Gobierno nacional.
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El quebracho colorado está cerca de desaparecer por culpa del desmonte y de la tala

Fecha de Publicación: 04/09/2025
Fuente: Portal Contexto
Provincia/Región: Chaco 


Un reciente estudio llevado a cabo por un equipo de especialistas de Greenpeace Argentina afirma que el quebracho colorado se encuentra seriamente amenazado en las provincias de Chacho, Formosa, Salta y Santiago del Estero, como consecuencia del desmonte y de la cada vez mayor tala indiscriminada por parte del hombre.
De hecho, según datos oficiales, se estima que solo entre los años 1998 y 2024 la pérdida de bosques nativos en el país fue de cerca de 7.000.000 de hectáreas, una superficie que equivale, por ejemplo, a la de Escocia.
Cabe recordar que esta especie es un árbol de gran porte, de crecimiento lento y de madera dura, de allí es que su nombre refiere a que ”quiebra hachas”. 
Además, tiene un alto valor para la conservación de los bosques del Gran Chaco Americano. Y, a  pesar de ser declarado “Árbol Forestal Nacional” en el año 1956, y de su enorme importancia ambiental, económica y social, la histórica sobreexplotación del quebracho colorado lo llevó a su estado actual de vulnerabilidad, por lo que, desde 1998 en la Argentina está categorizado como especie “En Peligro de Extinción" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
“La presencia del quebracho colorado sigue disminuyendo drásticamente por la tala indiscriminada para la producción de tanino y de durmientes de ferrocarriles, y por los desmontes para el avance de la frontera agropecuaria. Existe una clara complicidad de los gobiernos provinciales en que continúe la deforestación. Hay luz verde para los desmontes ilegales y se autorizan donde la Ley de Bosques no lo permite”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
“Las multas económicas no son suficientes como para frenar los desmontes. Es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Debemos terminar con la impunidad, penalizando la destrucción de nuestros bosques”, concluyó la especialista. 
Por último, Greenpeace convocó a la ciudadanía a reclamar en votaporlosbosques.org que los incendios forestales y los desmontes ilegales se establezcan como un delito penal. Hasta el momento, ya  participaron más de 267.000 personas.  /Weekend  /Perfil    
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Presupuesto 2026: el IMiBio prioriza la protección de la biodiversidad y la repoblación de yaguaretés

Fecha de Publicación: 04/09/2025
Fuente: Canal 12 de Misiones
Provincia/Región: Misiones


El Instituto Misionero de Biodiversidad expuso este lunes en la Comisión de Presupuesto. Su titular Viviana Rovira enfatizó en que la provincia es el pulmón de la región y que además trabajarán en llegar a los cien mil de árboles plantados en un año.
La Cámara de Representantes de Misiones retomó este lunes el tratamiento del Presupuesto Provincial 2026 en la Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos. En ese marco, el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) encabezado por su titular, la arquitecta Viviana Rovira, presentó su exposición con los principales lineamientos para el próximo año.
“El presupuesto nos viene muy bien y agradecemos a la Legislatura por haberlo aprobado. Siempre digo que hay que tomar conciencia, que nosotros somos biodiversidad y hay que cuidarlo, no hay otra cosa. Se eligió cuidar la parte forestal, los árboles nativos y la selva paranaense. La población crece y hay que tomar una conciencia ambiental“, indicó en diálogo con Canal Doce.
En este sentido Emanuel Grassi, Director Ejecutivo se refirió ala inmensidad de especies que habitan en la tierra colorada. “Hay un registro total de 21942 especies, entre las cuales hay aves, plantas, hongos, microorganismos, peces, entre otras cosas“, puntualizó.

El yaguareté, cuidado y repoblación
Hace algunos meses el Gobernador Hugo Passalacqua anunció el histórico proyecto de Repoblación de Yagaretés. “Para eso se trabajó en la generación de planos de recintos, se eligió una área potencial que es la Reserva Biósfera Yabotí, y qué necesita de mejorar en la población. Para ello se realizó un estudio de impacto ambiental de la zona, de lo que implica en territorio, mejoramiento de caminos, estudio de suelo y de agua“, detalló Grassi.
Cabe mencionar que existe una población estimada entre 200 y 250 ejemplares en todo el país, de los cuales casi la mitad de estos felinos viven en la selva misionera.

Protección de la selva con más de cien mil árboles
Desde el IMiBio trabajan también para la masiva plantación de estos ejemplares. “Apostamos para noviembre terminar de plantar cien mil árboles. Ya llevamos más de 60 mil en este año”, indicó Viviana Rovira.
Además añadió que “estas son propuestas que fomentan nuestra selva paranaense es tan importante como misioneros. Tenemos a dos de los ríos más importantes del país y convivimos con muchísimas especies”.

Cómo sigue el tratamiento del Presupuesto 2026
Este lunes además del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), se presentaron el Tribunal Electoral, el Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Estado de Cultura, la Secretaría de Estado de Cambio Climático, el Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, el Instituto de Macroeconomía Circular (IMAC), el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Prevención de Adicciones y control de drogas, Multimedios Sapem y el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio).
En tanto, el martes será el turno de los equipos del Ministerio de Ecología y del Superior Tribunal de Justicia, que presentarán sus respectivas proyecciones y necesidades para el próximo ejercicio financiero.
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El Ministerio Público Fiscal impugnó el fallo que absolvió a los acusados por contaminación ambiental en el Golfo Nuevo

Fecha de Publicación: 03/09/2025
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


La medida se dirige contra la sentencia absolutoria dictada por la jueza Patricia Reyes el pasado 25 de agosto en beneficio de Nadine Parry y Yosef Vargas. 
El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, representado por el fiscal jefe Alex Williams, presentó una impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia contra la resolución que absolvió a los dos imputados en la causa por contaminación ambiental vinculada a la empresa pesquera Conarpesa.
La medida se dirige contra la sentencia absolutoria dictada por la jueza Patricia Reyes el pasado 25 de agosto en beneficio de Nadine Parry y Yosef Vargas. 
El Ministerio Público Fiscal alude que “el fallo presenta una errónea aplicación de la ley penal, una motivación insuficiente y contradicciones que lo tornan arbitrario, lo que fundamenta el pedido de revisión”.

El caso 
Según Fiscalía, Nadine Parry, responsable ambiental de la empresa, y Josep Vargas, encargado de la planta de tratamiento de efluentes, “dispusieron un sistema clandestino de volcado de líquidos industriales sin tratamiento al mar durante al menos dos jornadas de febrero de 2023”. 
Conforme las pericias, las muestras de agua superaron ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente: la legislación autoriza hasta 50 mg por litro de materia orgánica, mientras que los análisis arrojaron valores superiores a 1.500 mg por litro.

Fundamentos de la impugnación 
Fiscalía sostiene que la jueza Reyes “absolvió a los imputados basándose en una supuesta variación en la acusación fiscal durante el debate oral, lo que habría vulnerado el principio de congruencia y el derecho de defensa”. 
El fiscal remarcó que “el hecho histórico atribuido se mantuvo inalterado desde el inicio del proceso hasta el alegato final: el volcado de efluentes crudos al Golfo Nuevo mediante un sistema de cañerías no declarado (“bypass”). En consecuencia, la defensa ejerció plenamente sus derechos y no existió afectación al debido proceso”. 
En tal sentido, indican que “al minuto 32 y al minuto 46, se remarca textualmente que la única conclusión lógica, válida, que se puede arribar es que se había dispuesto exactamente un sistema de vuelco de líquido sin tratar al mar proveniente del lavado de la materia prima”.

Sentencia “sin fundamentos” y “plagada de subjetividades y adjetivaciones”
Asimismo, se planteó que la sentencia “carece de una fundamentación adecuada, recurriendo a argumentaciones formales sin precisar en qué medida se habría limitado la defensa de los acusados, requerimiento ineludible para poder aplicar la sanción que la jueza dispuso pero que en su fallo nada dice al respecto”, remarcan los fiscales que por el contrario la sentencia se encuentra “plagada de subjetividades y adjetivaciones impropias de quien tiene el deber de velar por la imparcialidad”. 

Dimensión ambiental y de derechos humanos 
El recurso presentado por los fiscales también subraya la relevancia colectiva del caso, recordando que los delitos ambientales afectan derechos fundamentales como la salud y la vida. En esa línea, se citaron pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú, que obligan a los Estados a garantizar el acceso a la justicia y la sanción de quienes provoquen daños ambientales.

Superior tribunal de justicia de Chubut 
El Ministerio Público Fiscal solicitó al Superior Tribunal de Justicia que revoque la sentencia absolutoria y ordene la realización de un nuevo juicio oral. Además, se efectuó reserva de caso federal, lo que habilita recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de ser necesario.
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El dragado del Paraná ¿sin control?: el silencio ambiental detrás de la hidrovía más importante del país

Fecha de Publicación: 03/09/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Litoral Argentino


La reciente admisión del Estado argentino sobre la ausencia total de registros ambientales vinculados al dragado del Paraná expone un vacío institucional alarmante. Durante más de dos décadas, no se realizaron estudios de impacto ni procesos de consulta ciudadana sobre una de las obras de infraestructura más relevantes del país.
La Subsecretaría de Ambiente, antes Ministerio, reconoció ante la Justicia que no cuenta con antecedentes técnicos sobre el ensanchamiento ni sobre las modificaciones de traza en el río. Esta revelación surgió en el marco de una causa ambiental impulsada por organizaciones ciudadanas que buscan frenar el avance de un modelo extractivo sin controles.
El hecho de que no existan evaluaciones técnicas ni intervenciones estatales significa que el Paraná estuvo sometido a una explotación intensiva sin garantías de protección ambiental. Se trata de un río clave para la biodiversidad, la provisión de agua y la actividad económica de miles de comunidades ribereñas.
La situación es aún más grave si se considera que todo ocurrió en un escenario marcado por crisis hídricas y bajantes históricas. Las obras de dragado y redragado avanzaron sin análisis actualizado de sus impactos ecológicos y sociales, ni instancias de debate público.

Dragado del Paraná sin estudios, un riesgo colectivo
El caso emblemático es el del paso “Las Hermanas”, frente a Ramallo, donde las intervenciones se realizaron sin ningún tipo de monitoreo ambiental. Esto dejó expuestos humedales, especies migratorias y actividades productivas que dependen del equilibrio del río.
Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas también advirtió irregularidades en la licitación prevista para 2025, lo que obligó a posponer el proceso. Ese documento fue clave para que la Cámara Federal exigiera la entrega de información ambiental hasta ahora inexistente.
El problema no se limita a la falta de estudios. En paralelo, el desmantelamiento del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable eliminó uno de los pocos mecanismos de fiscalización independientes. Esa decisión dejó al Paraná sin monitoreo efectivo y sin garantías mínimas de cumplimiento de la legislación vigente.
La ausencia del Estado en la regulación de la hidrovía no solo compromete la biodiversidad del río, sino que también vulnera derechos humanos básicos, como el acceso al agua segura y la participación ciudadana en decisiones que afectan bienes comunes.

Hidrovía del Paraná: impactos y desafíos
La hidrovía del Paraná constituye el corredor fluvial más importante de Sudamérica. Por allí circula gran parte de las exportaciones de granos, minerales y combustibles, lo que la convierte en un eje estratégico para la economía nacional. Sin embargo, la presión sobre el ecosistema alcanzó niveles críticos.
El dragado constante modifica la profundidad y el curso del río, alterando los ciclos naturales de sedimentos. Esto impacta directamente sobre los humedales, fundamentales para la regulación climática y para la absorción de excesos de agua en períodos de crecidas.
Otro problema es la pérdida de hábitats para peces y aves migratorias, que dependen del río y sus márgenes para alimentarse y reproducirse. La reducción de estas poblaciones amenaza tanto la biodiversidad regional como la seguridad alimentaria de comunidades que dependen de la pesca artesanal.

Otros factores que se deben tener en cuenta
A ello se suma la erosión de las costas y el avance de especies invasoras, favorecidas por los cambios artificiales en el flujo de agua. El visón americano y el caracol dorado son ejemplos de cómo la alteración de los equilibrios naturales facilita la proliferación de especies que desplazan a las nativas.
La hidrovía también plantea un dilema social y económico: si bien impulsa el comercio exterior, sus costos ambientales recaen sobre poblaciones locales que ven reducida la calidad de su agua, su seguridad frente a inundaciones y sus posibilidades productivas sostenibles.
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Santa Fe lanzó un mapa con 11 tramos críticos de atropellamientos de fauna

Fecha de Publicación: 03/09/2025
Fuente: Cadena3
Provincia/Región: Santa Fe


El Ministerio de Ambiente identificó 5 zonas prioritarias y planifica acciones con señalización, pasafaunas y campañas de sensibilización.
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia presentó su primer mapa de focos críticos de atropellamientos de fauna silvestre. La herramienta, que busca proteger la biodiversidad y mejorar la seguridad vial, identificó 11 tramos críticos en rutas santafesinas, de los cuales cinco fueron priorizados por el riesgo que representan para especies en peligro.
El ministro Enrique Estévez señaló que “cuidar la biodiversidad en tiempos de crisis climática no es un gesto simbólico, es una acción urgente”, y destacó que el trabajo colectivo “permite integrar la perspectiva ambiental en las políticas públicas que impactan en todo el territorio”.

Tramos priorizados
Los cinco sectores considerados prioritarios son:
-Ruta Provincial 36s, entre Matilde y la Ruta Nacional 11, con registros de serpientes, aguará guazú y zorro pampeano.
-Ruta Provincial 32, entre Villa Ocampo y Puerto Ocampo, con impacto sobre serpientes.
-Ruta Provincial 87s, entre Margarita y la Laguna del Palmar, donde las especies más afectadas son zorros, zorrinos y peludos.
-Autopista Santa Fe-Rosario, con atropellamientos de aguará guazú, puma, gato montés y hurón.
-Ruta Provincial 1, entre San José del Rincón y San Javier, con registros de zorro de monte, gato montés y aguará pope.

Acciones planificadas
En estos sectores se implementarán medidas como señalización vial específica, pasafaunas, cercas estratégicas y campañas de sensibilización. El abordaje integra educación ambiental, infraestructura y planificación territorial, con el fin de preservar los corredores biológicos esenciales para el equilibrio de los ecosistemas.

Proceso de elaboración
El mapa fue elaborado con información del Ministerio de Ambiente, universidades nacionales, el Conicet y plataformas de ciencia ciudadana como la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada. El proceso incluyó encuentros con especialistas, organizaciones ambientales y organismos de seguridad vial.

Medidas ya aplicadas
Por primera vez en Santa Fe se incorporaron criterios de protección de fauna en obras viales, como en los nuevos puentes sobre los arroyos Quencho y Caree, en el departamento General Obligado.

Recomendaciones y participación ciudadana
La Agencia Provincial de Seguridad Vial recomendó a los conductores circular con precaución en los tramos críticos y respetar la señalización. Además, se convoca a la ciudadanía a reportar casos de atropellamiento en la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (https://fauna-atropellada.org.ar/).
Con esta política, Santa Fe se convierte en una de las provincias pioneras en el país en la mitigación de atropellamientos de fauna silvestre, integrando la protección ambiental con la seguridad vial.
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El cambio climático desata un ejército de enfermedades animales que amenaza a la humanidad 

Fecha de Publicación: 02/09/2025
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional


Una nueva y ominosa frontera se está abriendo en la crisis climática, una que no se mide en grados centígrados ni en el nivel del mar, sino en la propagación de virus, bacterias y parásitos. Las enfermedades que antes estaban contenidas en ecosistemas salvajes están cruzando barreras geográficas y biológicas a un ritmo alarmante, y la humanidad está en su línea de mira. Según un contundente informe de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), las patologías animales avanzan sobre regiones donde antes eran inexistentes, y casi el 50% de ellas constituyen una amenaza directa para la salud humana.
El fenómeno no es una casualidad, sino una consecuencia directa de la acción humana. La deforestación, la urbanización descontrolada y el calentamiento global actúan como un acelerador perfecto, alterando hábitats y forzando a especies portadoras de patógenos -como murciélagos, roedores y mosquitos- a migrar hacia zonas pobladas. Este cóctel explosivo está creando, según los expertos, el caldo de cultivo ideal para la próxima pandemia.
Los datos respaldan la advertencia. Un estudio complementario publicado en Science Advances ya había calculado que el 9% de la superficie terrestre se encuentra en riesgo “alto o muy alto” de brotes zoonóticos impulsados por factores climáticos. Lo que era una predicción teórica hoy es una realidad tangible.

El Doble Impacto: Bolsillos y Hospitales Vacíos
Las consecuencias de esta invasión silenciosa se sienten en dos frentes críticos: la economía y la salud pública.
Primero, la seguridad alimentaria global está en jaque. Más de una quinta parte de las pérdidas mundiales en la producción de alimentos ya se deben a enfermedades provenientes del mundo animal. En una economía como la argentina, el impacto es devastador. La Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (Caprove) estima que estas patologías generan pérdidas anuales que rondan los 60.000 millones de pesos, comprometiendo no solo la producción de proteínas de calidad sino también el acceso de la población a alimentos seguros. Francisco Nacinovich, jefe de Infectología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), subraya que este impacto convierte la prevención en “un tema clave de políticas públicas y seguridad alimentaria”.
En segundo lugar, y de forma más directa, está la amenaza a la vida humana. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son elocuentes: el 60% de las enfermedades infecciosas humanas tienen su origen en animales, y un alarmante 75% de las enfermedades emergentes son zoonosis. En Argentina, como señala el infectólogo Tomás Orduna, exjefe del Servicio de Medicina Tropical del Hospital Muñiz, esta amenaza está en “latente expansión”. La rabia persiste en murciélagos, el riesgo de leptospirosis acecha en las grandes ciudades tras cada inundación, y la leishmaniasis visceral canina, potencialmente mortal para los humanos, ya se ha instalado en nueve provincias.
Las provincias con áreas endémicas de leishmaniasis, tanto cutánea como visceral, incluyen Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, con la reciente detección de su vector en Santa Fe y Entre Ríos. 

El clima como catalizador de contagios
La crisis climática no solo crea el problema, sino que lo multiplica. La alteración de los ecosistemas funciona como un motor de propagación. Por ejemplo, más de la mitad de las especies de mosquitos que transmiten virus a humanos prosperan en áreas deforestadas, lo que ha disparado los casos de dengue, zika y chikungunya. América Latina es testigo directo: solo en 2023, se registraron más de 4,1 millones de casos de dengue, superando las cifras de la década anterior para el chikungunya. Las proyecciones son aún más sombrías: para 2080, se estima que 2.250 millones de personas más estarán en riesgo de contraer dengue.
Eventos climáticos extremos, como lluvias torrenciales e inundaciones, se han vinculado directamente a brotes de leptospirosis y cólera. Mientras tanto, el aumento de la temperatura de los océanos favorece la proliferación de bacterias mortales como la Vibrio cholerae. Un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature proyecta un futuro aterrador: el cambio climático podría provocar al menos 15.000 nuevos eventos de transmisión viral entre especies de mamíferos para 2070, aumentando exponencialmente el riesgo de que un nuevo virus salte a los humanos.

La respuesta: una sola salud para un planeta enfermo
Frente a este panorama, la comunidad científica y sanitaria internacional insiste en que las soluciones fragmentadas ya no son suficientes. La OMSA, la OMS y la FAO promueven activamente un enfoque revolucionario conocido como “Una Salud” (One Health). Este modelo integra la salud humana, la sanidad animal y la gestión ambiental en una única estrategia coordinada.
El concepto es simple pero poderoso: no se puede proteger a las personas sin proteger a los animales y al ecosistema que compartimos. “Prevenir y controlar la transmisión de patógenos (…) es fundamental para crear barreras epidemiológicas”, destaca Edgardo Marcos, director del Instituto de Investigaciones en Epidemiología Veterinaria de la UBA.
Este enfoque también es crucial para combatir otra amenaza global: la resistencia antimicrobiana (RAM). Cada año, 700.000 personas mueren por infecciones resistentes a los medicamentos, una cifra que podría escalar a 10 millones para 2050. Dado que el 60% de los patógenos resistentes provienen de animales, el uso prudente de antibióticos en la ganadería y la priorización de la vacunación son pilares de la estrategia “Una Salud”.
En un mundo donde las fronteras entre la salud del planeta y la nuestra se han desvanecido, entender esta interconexión ya no es una opción, sino una necesidad para la supervivencia. La salud del ecosistema ha dejado de ser una variable ambiental para convertirse en la pieza central de la salud pública global.
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Chaco apuesta por las energías renovables con el primer “Bosque QuantiC”: un salto histórico hacia la descarbonización

Fecha de Publicación: 02/09/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Chaco


Argentina sorprendió al mundo con el anuncio de la instalación del primer “Bosque QuantiC” en la provincia del Chaco, una infraestructura inédita destinada a capturar dióxido de carbono (CO₂) y transformarlo en carbono de alta pureza. Se trata de un hito tecnológico y ambiental que coloca al país en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y el avance hacia las energías renovables.
El proyecto se desarrollará en un predio de 2.200 hectáreas en el departamento de Bermejo. Allí se instalarán 11.000 reactores de descomposición molecular basados en tecnología de arco voltaico, patentada en Argentina y considerada de tercera generación. Su funcionamiento permitirá remover carbono de la atmósfera y convertirlo en insumo industrial.
Este bosque artificial no se limita a los beneficios ecológicos. Se espera que impulse el desarrollo productivo de la región con una inversión millonaria en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Además, generará cientos de empleos calificados y fomentará la economía local con base en innovación y sostenibilidad.
El Bosque QuantiC prevé producir anualmente más de 600 millones de créditos de carbono certificados y alrededor de 200 millones de toneladas de carbono particulado de alta pureza. Con ello, Argentina no solo aporta a la mitigación climática, sino que se posiciona como proveedor estratégico de un recurso clave para industrias globales.

Energías renovables: un modelo de desarrollo verde
El carbono capturado por esta tecnología tiene un alto valor en sectores como la producción de grafito sintético, baterías de litio, metalurgia, petroquímica y fertilizantes de nueva generación. En este sentido, la propuesta combina objetivos ambientales con oportunidades de industrialización sostenible.
La creación del Bosque QuantiC marca un antes y un después en la región. No se trata únicamente de reducir emisiones futuras, sino de remover carbono ya presente en la atmósfera, un paso fundamental para equilibrar el sistema climático. Esta capacidad lo distingue de la mayoría de las soluciones tradicionales, centradas solo en la mitigación.
El impacto del proyecto trasciende lo local: abre el camino para que Argentina se convierta en un actor central en el mercado internacional de créditos de carbono y en el suministro de minerales industriales verdes. Se trata de un avance que fusiona ciencia, economía y justicia ambiental.

Descarbonización: un reto global
La descarbonización es el proceso de disminuir las emisiones de dióxido de carbono que generan las actividades humanas. Implica transformar las formas de producir energía, repensar el transporte, modernizar las industrias y fomentar economías circulares que reduzcan el uso de combustibles fósiles.
Existen dos caminos principales: evitar nuevas emisiones mediante energías renovables y tecnologías limpias, y remover el carbono que ya se encuentra acumulado en la atmósfera. El Bosque QuantiC se enmarca en esta segunda vía, considerada esencial para cumplir con los objetivos de neutralidad de carbono hacia mediados de siglo.
Los beneficios son múltiples. Una economía descarbonizada reduce la contaminación del aire, mejora la salud de las poblaciones, impulsa empleos verdes y fortalece la seguridad energética. Además, mitiga el avance del cambio climático, cuyos impactos ya son visibles en fenómenos extremos, pérdida de biodiversidad y desplazamientos humanos.
Con la inauguración de esta infraestructura, Argentina inicia una etapa inédita: los bosques ya no solo se plantan, también se construyen con tecnología capaz de regenerar el equilibrio climático y abrir nuevas oportunidades de desarrollo sostenible.
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Continúan las denuncias por deforestación masiva en Finca El Aybal 

Fecha de Publicación: 01/09/2025
Fuente: El Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


Un nuevo capítulo se suma al histórico conflicto por la finca El Aybal de Salvador Mazza, con la denuncia por deforestación indiscriminada en el predio que tiene casi 20 mil hectáreas en manos de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Desde 2019 existen denuncias formales sobre desmontes ilegales y tala masiva en la zona, sin que la justicia provincial ni nacional haya dado respuestas concretas. 
La finca fue adquirida originalmente por Delfín Castedo, detenido por causas vinculadas al narcotráfico. Tras su caída judicial, los terrenos quedaron bajo custodia de la UBA, aunque en los hechos habrían sido explotados por terceros.
De acuerdo con Cacho Moro, referente local que acompañó las primeras inspecciones forestales, ya en 2019 se constató la tala de unas 250 mil especies nativas, entre ellas maderas finas de alto valor comercial. 
“Esto empezó con la tala discriminada y siguió con un descontrol total. Se llevaron madera en grandes volúmenes sin autorización ni control”, afirmó.
En el centro de la controversia aparece el empresario Miguel Ojeda, oriundo de Mosconi, señalado por los denunciantes como quien habría operado dentro de la finca con actividades de desmonte y extracción de recursos, sin rendir cuentas ni presentar documentación habilitante.

Toma por parte de los pobladores
En este contexto, la Agrupación Gauchos de Güemes Fortín Frontera decidió tomar los terrenos. De esta manera, reclaman el derecho a utilizarlos para actividades productivas y denuncian que las comunidades locales quedaron marginadas mientras terceros explotaban los recursos.
Actualmente, pequeños productores y criadores de ganado permanecen en el predio, señalando que no cuentan con espacios suficientes para mantener a sus animales.
“No tomamos las tierras por decisión propia, sino por necesidad. Tenemos animales que terminan en la ruta porque no hay dónde meterlos”, explicaron.
Los pobladores denuncian también que, en medio del conflicto judicial, se produjo el despojo de unas 850 cabezas de ganado. Asimismo, afirman que se instalaron gasoductos cuyos beneficios no llegan a la comunidad local.
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, fue quien intervino en el caso al ordenar que los terrenos quedaran bajo administración de la UBA. Sin embargo, los denunciantes sostienen que la universidad nunca ejerció un control real sobre la finca.
“Acá no hay más joda. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga”, advirtió Cacho Moro.
La comunidad exige la intervención de los gobiernos locales y del Nacional. Así, solicita que no miren hacia otro lado mientras se profundiza la depredación ambiental y el despojo territorial.
“No queremos más atropellos. Basta de que nos arrinconen en los peores rincones del monte mientras otros hacen negocios millonarios”, remarcaron los referentes.
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Detuvieron a un hombre que vendía prendas de piel de animales en extinción en redes sociales

Fecha de Publicación: 01/09/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA


El imputado tiene 85 años; operaba en un local del barrio porteño de Villa Crespo, que fue clausurado tras el hallazgo de prendas valuadas en más de $335 millones 
Un hombre de 85 años fue detenido en las últimas horas por promocionar y vender prendas confeccionadas con pieles de animales en extinción —como ñandúes, yaguaretés y zorros— en redes sociales. Los atuendos están valuados en más de $335 millones.
Según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad a LA NACION, la causa se originó a partir de una denuncia en el marco de tareas contra la comercialización de fauna silvestre. Tras una investigación, se determinó que en un local del barrio porteño de Villa Crespo el acusado comercializaba indumentaria sin estar debidamente registrado.
También se detectaron videos publicados en redes sociales en los que el imputado promocionaba la venta de prendas confeccionadas con estos productos.
En ese contexto, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema), a cargo de Blas Matías Michienzi, solicitó el allanamiento de un local y dispuso el secuestro de la mercadería ilegal encontrada en el lugar.
Se halló un lote de más de 120 prendas confeccionadas con pieles de animales silvestres protegidos por leyes ambientales —algunos de ellos en peligro de extinción—, toda esta mercadería valuada en más de $335 millones. Entre la ropa, las autoridades encontraron un tapado de yaguareté, 25 de boas y diversas prendas de zorro, nutria y visón, además de cueros, colas y mantas confeccionadas con partes de fauna silvestre.
Asimismo, se secuestró un tapado de ñandú, un asta de ciervo colorado y un tapado de zorro blanco, entre otros elementos, todos provenientes de especies protegidas.
El local fue clausurado y el hombre de 85 años fue imputado por ejercicio ilegal de una actividad (utilizaba la pantalla de un rubro lícito para comercializar las pieles) y por el delito de tráfico de subproductos de fauna.
En el operativo también intervino personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal y agentes de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC).
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“No se anticipó”: el peligro invisible que amenaza a los animales silvestres a lo largo del territorio nacional

Fecha de Publicación: 30/08/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El atropellamiento de fauna es uno de los principales riesgos que enfrentan especies en riesgo de extinción, incluso dentro de áreas protegidas
Se estima que más de 400 millones de animales vertebrados mueren atropellados por año alrededor del mundo, aun con estudios taxonómicos limitados. Sin embargo, no se dimensiona su impacto: se cree que son casos aislados, cuando en realidad repercute en la población de muchas especies. Según la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (Sarem), el arrollamiento de fauna es una de las principales amenazas para el 89% de los carnívoros terrestres, 67% de los ungulados (animales que caminan sobre la punta de sus patas y no tienen garras), 60% de los primates y 25% de los marsupiales.
La Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (Ramfa) registró, desde 2019, más de 13.000 animales fallecidos por este motivo a lo largo del país. “Esto es solo la punta de iceberg, ya que solo se trata de atropellamientos reportados por colaboradores de esta red”, advierte Diego Varela, profesional del Instituto de Biología Subtropical (Conicet) de Puerto Iguazú, miembro del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (Ceiba) y coordinador de la Ramfa. Incluso si el número de casos y las zonas focales se asocian a la ubicación de los colaboradores, los datos actúan como un indicador preocupante sobre la problemática.
Guillermo Delfino Flood, responsable del Programa de Especies Amenazadas de Fundación Temaikèn, concuerda: “En el último tiempo, los casos de atropellamiento de fauna silvestre ingresados al Centro de Rescate han aumentado considerablemente”. Comparte que muchos ejemplares llegan en estado crítico, con fracturas, heridas graves o traumatismos severos.
La principal causa detrás de esta crisis es la violación de los límites de velocidad, especialmente dentro de áreas protegidas, donde el máximo es de 40km/h o 60 km/h. “Respetar las señales y límites de velocidad no solo es una cuestión de seguridad vial, sino también de responsabilidad ambiental”, señala Lucía Lazzari, coordinadora del programa Bosques de la Fundación Vida Silvestre Argentina. 
También añade la falta de planificación que existió en el momento que se diseñaron las infraestructuras viales. “No se anticipó esta problemática y no se contemplaron pasos de fauna”, explica. Los hábitats naturales se ven fragmentados por rutas u otras obras y los animales son obligados a cruzar los caminos para buscar pareja, agua, comida o refugio.
“Cuando una ruta se construye sin planificación, sin puentes ni cruces seguros, los vínculos se rompen, la movilidad se vuelve peligrosa poniendo en riesgo la vida de las especies y, por ende, el equilibrio del lugar empieza a deteriorarse, convirtiéndose en una barrera en la interacción de un lado y otro de la autopista”, describe Lazzari.
Varela señala que en todas las rutas del país mueren animales atropellados, pero hay ciertas regiones en las que, por su alta biodiversidad, los eventos de mortalidad aumentan. Es el caso de Misiones, provincia que preocupa a los conservacionistas hace años porque hospeda una gran variedad de especies, entre ellas, muchas en riesgo de extinción.
Más de 13 animales mueren atropellados a diario en rutas que atraviesan áreas protegidas del norte de Misiones. Según una investigación de opinión pública realizada por Fundación Vida Silvestre, más del 70% de la población misionera considera el atropellamiento como una de las principales amenazas para especies en peligro crítico de extinción como el yaguareté.
La provincia cuenta con áreas naturales protegidas de gran importancia, como el Parque Nacional Iguazú y el Parque Provincial Urugua-í, atravesadas por rutas que, debido al exceso de velocidad y la falta de pasos de fauna, son escenario de una enorme cantidad de accidentes.
Un reciente informe realizado por la Administración de Parques Nacionales analizó el atropellamiento dentro de áreas protegidas en el nordeste argentino y destacó el PN Iguazú, la Reserva Natural Estricta San Antonio y la Reserva Natural Silvestre Parque Federal Campo San Juan como sitios preocupantes en Misiones. Con respecto al parque nacional, el relevamiento señaló las rutas nacionales 12 y 101 como puntos focales. Principalmente, en el tramo entre el Puerto Iguazú y el aeropuerto, y a lo largo del acceso a las cataratas.
“Cuando las personas llegan a Puerto Iguazú para disfrutar de las cataratas, ingresan a un parque nacional apenas salen del aeropuerto. La ruta que conecta el aeropuerto con la ciudad atraviesa el área natural”, explica Lazzari. “Conducir sin respetar los límites de velocidad en ese trayecto pone en riesgo a los animales y a las personas”, indica.
Otras áreas preocupantes alrededor del país incluyen las rutas de Santa Fe, Corrientes, la Patagonia y la región chaqueña, que abarca las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero.
Según los datos actualizados hasta noviembre de 2024, el grupo más registrado es el de los mamíferos con 5824 registros. Dentro de este grupo, las 15 especies más atropelladas incluyen dos zorros, dos comadrejas, el gato montés, el hurón, el zorrino, dos armadillos, el carpincho y el aguará popé. Varela aclara que los datos de la red reflejan los casos más registrados, no necesariamente los más afectados. Los anfibios son el grupo con mayor mortalidad, pero al ser difíciles de observar, no se refleja en las estadísticas.
La problemática resulta especialmente alarmante cuando se trata de especies en peligro de extinción. Un caso es el del yaguareté, una especie clasificada bajo el mayor nivel de riesgo, y otro es el del aguará guazú, para el que el atropellamiento es la principal amenaza.
El yaguareté (Panthera onca) es el felino más grande de América y el tercero a nivel mundial, después del tigre y el león. Actualmente, en la Argentina se encuentra en peligro crítico (CR). Se estima que quedan alrededor de 250 individuos en tres regiones: las yungas, el Gran Chaco y la Selva Misionera.
El último monitoreo realizado por la Fundación Vida Silvestre en 2024 señaló que esta última concentra la mayor población, con alrededor de 80 yaguaretés. La cifra es resultado de más de dos décadas de trabajo colaborativo entre organizaciones para revertir la desaparición de la especie. No obstante, su panorama es delicado y cualquier pérdida podría impactar severamente su supervivencia en la región. 
“El atropellamiento es una de las amenazas más visibles y evitables para el yaguareté y otras especies que habitan el Bosque Atlántico”, declara Lazzari. La problemática también afecta al yaguareté indirectamente, debido a que son atropellados animales que forman parte de su base alimenticia.
En los últimos 12 años fueron atropellados cinco ejemplares de esa especie dentro de áreas protegidas en la provincia de Misiones. En 2012, una hembra de un año fue atropellada en la ruta nacional 12 dentro del Parque Provincial Puerto Península. En 2013, un yaguareté fue embestido por un ómnibus sobre la misma ruta, dentro del Parque Nacional Iguazú. Un año más tarde, en el Parque Provincial Urugua-í, un macho adulto fue atropellado sobre la ruta provincial 19. En 2018, una hembra, preñada de dos cachorros, en el mismo área.
En el caso más reciente, en octubre de 2024, una hembra de cinco meses fue atropellada en la ruta nacional 12, dentro de Puerto Península. “Una pérdida como esta no solo representa un retroceso en términos de conservación, sino también una tragedia que se podría haber evitado”, lamenta Lazzari.
Por su parte, el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) se encuentra clasificado como vulnerable (VU) a nivel nacional. El atropellamiento en rutas es la principal causa de su mortalidad. “De no implementarse medidas para mitigar este impacto, el riesgo de extinción local aumentará”, advierte Varela. La Ramfa refleja más de 120 ejemplares fallecidos por esta causa alrededor del país, pero el experto señala que la cifra es aún mayor.
Flood agrega: “Esta problemática lleva ya muchos años y, con el tiempo, no solo se mantuvo, sino que se agravó, o al menos comenzamos a detectar con mayor frecuencia gracias a los avances en el monitoreo de la especie”.
Debido a estudios realizados con ejemplares rehabilitados y posteriormente reinsertados en la naturaleza con collares de monitoreo satelital, los expertos pueden conocer más sobre su ecología y sus desplazamientos. Su alta exposición a los accidentes viales se debe, en parte, al comportamiento natural del aguará guazú. “Es un animal de gran movilidad, un caminador incansable”, explica Flood.
Mayormente, los registros se ubican en Santa Fe, donde el aguará guazú fue declarado monumento natural en 2003. Según la Dirección de Manejo Sustentable de Fauna Silvestre provincial, en los últimos siete años se registraron 211 muertes de aguará guazú por accidentes viales. Se trata del 91% de los decesos por esta causa en territorio santafesino. A la vez, solo el 0,9% de los ejemplares logra ser rehabilitado, mientras que un 93% fallece en el momento. 
Un caso trágico ocurrió en febrero de este año, cuando un aguará guazú que había sido rehabilitado en el Centro de Recuperación de Especies de Temaikèn (CRET) murió atropellado en una ruta provincial de Santa Fe. “Tanto esfuerzo no puede perderse en el asfalto”, lamentaron desde la fundación al compartir la noticia por redes sociales.
El ejemplar había sido rescatado en Olavarría, Buenos Aires, y pasó varios meses en un proceso de recuperación. Fue reinsertado en la zona de Vuelta de Obligado y llegó a recorrer más de 3600 kilómetros en ocho meses, con jornadas de hasta 50 kilómetros. “Estos desplazamientos implicaron atravesar múltiples paisajes y ambientes, incluyendo caminos rurales, rutas provinciales y nacionales. Cada cruce representó un riesgo concreto y evidenció lo vulnerable que es la especie frente a esta amenaza”, sostiene Flood.
El aguará guazú sufre esta problemática en las ecorregiones del Chaco Húmedo, Esteros del Iberá, Campos y Malezales, y Pampa, con registros en otras provincias como Córdoba, Chaco, Formosa, Corrientes y Entre Ríos, y Buenos Aires.
Varela señala que la ecología de carreteras es una disciplina incipiente en el país y que aún hace falta ampliar el monitoreo en muchas ecorregiones. Mientras que en Misiones se avanzó mucho en la construcción, concientización y mapeo, en otras regiones “es poco lo que se hace”. Aun así, los especialistas destacan varias soluciones frente al atropellamiento de fauna.
“La Ramfa busca poner este tema en la agenda de los organismos públicos nacionales y provinciales vinculados a vialidad y recursos naturales. Estamos trabajando con algunos organismos provinciales para fortalecer las capacidades locales de monitoreo y mitigación”, indica.
La construcción de estructuras como los ecoductos, alcantarillas adaptadas y pasafaunas subviales permite reducir el número de casos y garantizar la conectividad del hábitat. Los ecoductos requieren una mayor inversión y tiempo para el crecimiento de la vegetación y la adaptación por parte de la fauna. En cambio, la modificación de infraestructuras existentes resulta relativamente simple y económica.
Su efectividad se puede ver limitada por factores como la presencia permanente de agua en los pasafaunas o alcantarillas o el uso de materiales como la chapa encalada, que desalienta el cruce de ciertas especies. Sin embargo, se pueden superar estas barreras con mejoras como la instalación de pasarelas secas, cercos conductores y rampas de acceso que guían a los animales.
Junto al Instituto de Biología Subtropical (Conicet), el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico y Parques Nacionales, Vida Silvestre realizó un estudio acerca de las rutas que atraviesan el Parque Nacional Iguazú y el Parque Provincial Puerto Península en el que monitorearon 21 alcantarillas de drenaje y puentes ya existentes. En solo 18 meses, obtuvieron más de 450.000 registros con cámaras trampa. De las 35 especies registradas, siete se encuentran casi amenazadas (NT); nueve, vulnerables (VU); y una, el yaguareté, en peligro crítico (CR).
A partir de los resultados, se implementaron mejoras en las estructuras con un gran impacto. Por ejemplo, obtuvieron más de 10 registros de ocelotes en un mes en una de las alcantarillas donde no había registros de la especie en más de dos años. Otro caso de éxito es el del oso hormiguero, una especie amenazada, que usó un 30% de las estructuras mejoradas y su tasa de registro fue seis veces mayor que en zonas de control en la selva sin estructuras.
“De todas formas, tanto las alcantarillas adaptadas como los ecoductos representan soluciones complementarias que ayudan a reducir los riesgos de atropellamiento y mejorar la conectividad del paisaje para la fauna”, señala Lazzari. La principal respuesta es la conciencia ciudadana: conducir respetando las señales y límites de velocidad para prevenir las colisiones, tanto por la protección de especies, como por la seguridad humana. “Invertir en educación, participación comunitaria, monitoreo y acciones concretas de mitigación es urgente para evitar más pérdidas”, insiste Flood.
Para aquellas personas interesadas por la problemática, la Ramfa llama a la colaboración en el registro de atropellamientos a través de su plataforma de ciencia ciudadana. “Mapear el impacto de las rutas sobre la fauna silvestre en un país con la extensión geográfica de la Argentina se presenta como un enorme desafío. La Ramfa intenta unir estos esfuerzos aislados en un mapa nacional colaborativo”, sostiene Varela. 
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