La Corte Suprema cerró la causa por la contaminación del Riachuelo y dejará de controlar el curso de agua

Fecha de Publicación: 24/10/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo


Argumentó que se están cumpliendo los objetivos del plan de saneamiento; evitó imponer una indemnización por el daño colectivo causado y dejó en manos de cada juez los reclamos de particulares
La Corte Suprema puso fin a la supervisión de la ejecución del cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo que viene llevando adelante en la causa caratulada “Mendoza, Beatriz Silvia” desde hace casi dos décadas. En un fallo emitido este martes, sostuvo que dejará de controlar el proceso porque se cumplen los objetivos del programa y eludió fijar un monto de daño colectivo en favor de las 17 personas que plantearon la demanda.
La Corte basó su decisión en que a partir de su intervención activa, se generó la reforma estructural que resulta imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos que en materia ambiental consagra la Constitución Nacional.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quien amplió sus fundamentos en un voto por separado.
Los ministros de la Corte, en una decisión que LA NACION adelantó en junio pasado, dijeron que las causas que están en manos de los jueces de ejecución por este caso, Ariel Lijo y Jorge Rodríguez de Morón, deberán regresar a los tribunales que les correspondan en razón del territorio y la materia. Es decir, ambos magistrados cesan su intervención en estos temas.
Además, señalaron que no corresponde por prematura evaluar “la consideración del daño moral colectivo solicitado” por los vecinos que iniciaron la causa. Además, el trabajo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) se encuentra aún en desarrollo, “lo que impide que se pueda arribar a una conclusión con el grado mínimo de certeza necesario acerca de la eventual existencia de daños irreversibles”.
Los jueces dijeron que no corresponde crear un fondo común de recomposición para solventar los gastos de reparación del ecosistema, pues el Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y Acumar son quienes han venido afrontando los costos de la recomposición. Y determinaron que las costas deban ser impuestas en el orden causado.
El tribunal consideró que como consecuencia de las decisiones adoptadas a lo largo de los años, el Congreso de la Nación reconoció la problemática ambiental en la zona como “una cuestión de Estado” y sancionó la ley 26.168, por la cual creó la Acumar con amplias facultades de regulación, control y fomento respecto de cualquier actividad con incidencia ambiental en la cuenca.
Esta institución también tiene atribuciones para intervenir en materia de prevención, recomposición y utilización racional de los recursos naturales. A su vez, la Corte analizó los diversos informes presentados por Acumar en la causa y concluyó que lo ordenado oportunamente se encuentra en ejecución con diferente grado de avance.
“La intervención de esta Corte ha cumplido acabadamente su propósito de generar la reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución”, dijeron los jueces y concluyeron que “de acuerdo a lo que surge del informe de la Acumar, los objetivos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) son ejecutados de un modo regular por parte de la autoridad de aplicación”
Indicaron que “en la medida en que esta Corte ha dispuesto que la Acumar es la obligada al cumplimiento del PISA y que hasta el presente ha venido ejerciendo su función de modo constante y sostenido, corresponde poner fin a la presente causa” y que el control del Acumar sea administrativo.
El tribunal entendió que en las actuales condiciones la medición detallada de los resultados que alcancen estas nuevas estructuras no forma parte del cometido del tribunal, en especial, si se tiene en cuenta que el monitoreo demandaría un tiempo prolongado o tiempo indefinido, en el caso de que lo ordenado sea de ejecución permanente.
La Corte enumeró que la Acumar informó que ha efectuado la continua limpieza y mantenimiento de 26.000 metros lineales de márgenes del cauce principal del río y 103.323 metros lineales de ríos y arroyos. Y que realiza desde el año 2010 la limpieza del cauce principal del Río Matanza Riachuelo, extrayendo diariamente los residuos flotantes.
El promedio mensual de residuos extraídos en 2022-2023 es de 286,48 toneladas mensuales y se extrajeron 80 embarcaciones hundidas en las aguas del río.
Además, resalto que hay en marcha planes contra la contaminación del Riachuelo por efluentes cloacales, hay planes directores de drenaje que se encuentran en ejecución con un grado de cumplimiento del 94%; se trabaja en el control de la contaminación de origen industrial con 4157 establecimientos empadronados, y un millar de ellos inspeccionados.
Indicó que se detectaron 434 agentes contaminantes, se relocalizaron curtiembres y se construyó la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales (Pteli). En mayo de 2022 se efectivizó el traslado del Mercado de Hacienda de Liniers, porque se consideraba que era uno de los sectores que generaba mayor volumen de contaminación orgánica, ya que vertía sus efluentes, sin adecuado tratamiento, al Arroyo Cildañez.
Se implementaron planes habitacionales para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la región. En total, 17.771 familias en situación de emergencia ambiental. El plan se encuentra en ejecución con un avance del 41%, lo que representa un total de 7247 soluciones habitacionales terminadas.
El informe indica que se trabajó en la limpieza y el cierre de los macro basurales y con la instalación de sesenta estaciones de reciclado. Se realizaron tareas de limpieza, desmalezamiento y poda de las márgenes,
Finalmente, la Corte advirtió que resulta necesario que la Acumar siga trabajando para mejorar de manera continua el cumplimiento de los objetivos del plan de saneamiento y que el control sobre su actividad habrá de canalizarse a través de las vías establecidas en la ley 26.168 y del procedimiento de control de la actividad de toda la administración pública nacional.

El devenir de la causa
El 14 de julio de 2004 se presentaron ante la Corte 17 personas, algunos representando a sus hijos, reclamando por en términos de la Ley General del Ambiente (LGA) una demanda de recomposición e indemnización del daño ambiental colectivo ocasionado como consecuencia de la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo, si la situación era irreversible. La acción fue dirigida contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas.
El 20 de junio de 2006, la Corte delimitó las pretensiones en dos grupos: los reclamos individuales, que los mandó a cada juzgado, y los reclamos colectivos, que se los reservó. Y así, en 2006, las partes acompañaron el “Plan Integral para el Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo”, en el cual describieron los aspectos principales de este programa, que tuvo apoyo del entonces presidente Néstor Kirchner, el gobernador Felipe Solá, el jefe de gobierno Jorge Telerman y los intendentes de los partidos involucrados.
Se creó entonces la Acumar y la Corte monitoreó durante estos años los avances del proceso. El 19 de diciembre de 2012, la ejecución de la condena fue escindida en dos magistrados. Uno de ellos tendría el control de los contratos celebrados o a celebrarse en el marco del plan de obras de provisión de agua potable y cloacas, del tratamiento de la basura; y el otro, la supervisión de las restantes competencias.
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Minería: el Gobierno ahora impulsa “Don Luis”, un proyecto de exploración de litio en San Rafael

Fecha de Publicación: 24/10/2024
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


En el Boletín Oficial ya se convocó a una audiencia pública, así como también se determinó cómo se realizará la Declaración de Impacto Ambiental.
La gestión de Alfredo Cornejo se ha tomado en serio la posibilidad de darle un impulso a la minería metalífera en Mendoza. Por un lado, con el tratamiento ya en la Legislatura del megaproyecto de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), con 34 proyectos de extracción de cobre. No obstante, ahora se suma la posibilidad de extraer litio en San Rafael, con el proyecto denominado “Don Luis”, que está impulsado por la empresa El Jarillar SA.
Según se informó este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno, a través de la resolución 150 de la Dirección de Minería, dio por iniciado el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental “de exploración para la búsqueda de sales de litio” del proyecto ubicado en el sur provincial.
La norma, firmada por el director de Minería, Jerónimo Shantal; y el director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández, designó en el artículo 2 a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI), de la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo), para que se encargue del Dictamen Técnico de la propia Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Recordemos que la FCAI fue el mismo organismo que se encargó de establecer el dictamen técnico en el proyecto de Malargüe Distrito Minero Occidental, que actualmente se encuentra en estudio en la Legislatura Provincial.
Por otro lado, se abonarán $406.400 a la FCAI “en concepto de honorarios por Consultoría Externa”, tal como marca el artículo 3.
En tanto, el artículo 4 solicita a la Municipalidad de San Rafael, a la Dirección Nacional de Vialidad, al Departamento General de Irrigación, a la Dirección de Transición Energética y a la Dirección de Áreas Protegidas de Mendoza para la realización de los “dictámenes sectoriales de su incumbencia”.
Los mismos deberán ser “producidos en un plazo perentorio de 15 días hábiles, contados a partir de la recepción de la documentación pertinente”.

Audiencia pública
Por otro lado, también convocó el Gobierno a una audiencia pública, que tiene como fecha el 25 de noviembre a las 9 “de manera híbrida por ‘Plataforma Web virtual’, y de manera presencial en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano”, en San Rafael.
La inscripción de los participantes para la audiencia se realizará a través de los links de inscripción que se podrá visualizar en las siguientes páginas: www.dpa.mendoza.gov.ar/ y www.mendoza.gov.ar/mineria.
En tanto, el artículo 11 designa como instructoras a cargo de la Audiencia Pública a la ingeniera Carmen Biedma, a la doctora Romina Toroski, y a la técnica Rebeca Cultrera; siendo ésta última, o a quien ésta designe, quien presidirá el acto de audiencia pública y llevar adelante su instrucción”. En tanto, se designa como instructora alterna, a la arquitecta Soledad Barros.

Por la “licencia social”
Desde el Gobierno defendieron el proyecto explorativo de litio en San Rafael. La ministra de Energía, Jimena Latorre, aseguró que “como ocurrió con Malargüe Distrito Minero Occidental, estamos convencidos de que la forma de construir la licencia social en estos procesos es abriendo a la participación ciudadana”.
Además, detalló que cada una de las etapas del procedimiento ambiental, siguiendo los lineamientos de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, un tratado regional ratificado por Argentina, “tienen como objetivo garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso irrestricto en asuntos ambientales”.
“Hoy la autoridad ambiental minera acaba de analizar parte de la etapa del procedimiento de evaluación del informe de impacto ambiental del proyecto de exploración de sales de litio en las Salinas del Diamante, San Rafael, presentado por el Jarillal SA en conjunto con Ampere Lithium, una empresa australiana que visitamos en Perth, Australia, meses atrás, y que hoy desembarca en Mendoza para iniciar un proyecto de exploración”, señaló el director de Minería, Jerónimo Shantal.
Y agregó: “Es muy importante el avance de estos proyectos de exploración en la búsqueda de minerales críticos y necesarios para la transición energética, como es el litio. Para Mendoza es una noticia novedosa este tipo de minerales, ya que en general la provincia se caracteriza por la presencia de cobre, pero que el litio pueda ser otro de los minerales que tengamos en la provincia avecina una gran oportunidad”.
Por su parte, el director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández, aseguró: “Estamos esperanzados en que el proyecto de exploración avance y que pronto podamos tener resultados. Previamente debemos pasar por todo este proceso de análisis de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y los distintos organismos sectoriales, para que posteriormente evaluemos en conjunto con la Dirección de Minería”.

Don Luis
El proyecto integral se refiere a un proceso convencional, con bombeo de salmuera, pileta de evaporación y planta de proceso de salmueras a los efectos de la obtención de diversos productos de uso industrial.
Se proyecta realizar 5 pozos de expiración para la realización de un nuevo muestreo geoquímico definiendo cinco nuevos puntos de extracción en zonas aleatorias y a distintas profundidades, caminos de acceso a las plataformas de perforación, construcción de piletas de evaporación y planta piloto.
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La Justicia Federal ordenó a Barrick pagar una multa millonaria por lo exportado

Fecha de Publicación: 23/10/2024
Fuente: Portal Minería y Desarrollo
Provincia/Región: Mendoza  - Nacional


Un fallo de la Cámara Federal de Mendoza pone en discusión cuál es el tope a las retenciones en la minería del oro, ya que la decisión que se conoció la semana pasada impone que se considere una alícuota del 12% a las retenciones mineras y no el tope del ocho por ciento (8%) establecido por el artículo 52 de la Ley N° 27.541 -sancionada el 23 de diciembre pasado-.
Esto se produjo luego de un recurso de queja que impulsó la AFIP (Aduana) cuestionando un fallo de primera instancia aquí en San Juan -dictado por el titular del Segundo Juzgado Federal, Leopoldo Rago Gallo- que benefició a Barrick y por el que ahora, y además, se le reclama unos 8 millones de dólares por diferencias de retenciones mal liquidadas.
Según el cálculo realizado por Barrick, detallado en el mismo escrito judicial, el cambio de porcentajes a pagar por derechos de exportación le provocará un “daño de veintidós millones de dólares (U$S 22.000.000) -diferencial de derecho de exportación entre la tasa del 12% y el tope legal del 8%-”, atento que las ventas previstas del oro de Veladero para el 2020 “llegan a una suma de setecientos veintidós millones de dólares estadounidenses (U$S 722.000.000)”.
A esto se agrega que como el pago de las retenciones quedaron con efecto devolutivo y no suspensivo, hasta que la sentencia quede firme, Barrick deberá pagar el 12% por tasas de exportación a la AFIP (Aduana) por lo que está obligada a pagar una diferencia de casi 8 millones de dólares, más los intereses por el 4% no liquidados en los últimos meses previstos en el Art. 794 del Código Aduanero.
Los representantes legales de Barrick, antes de que se conociera la sentencia en su contra, fueron durísimos en los escritos en contra de la posición de la AFIP (Aduana) local y llegaron a sostener que tener que defender sus derechos puso “en riesgo sanitario a sus propios abogados y a sus funcionarios” al dar a entender que esa situación se verificaría al haber reclamado un pedido de habilitación de Feria y en su recurso extraordinario.
Destacaron también que el nuevo esquema tributario los obliga a afectar una suma multimillonaria al pago de tributos “ilegales en lugar de preservar ese dinero para el mantenimiento de sus operaciones y el pago de sueldos”.
Agregaron, además, una amenaza de futuras acciones cuando señalaron que: “La promoción de la demanda y todo lo actuado en consecuencia es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Aduana, que deberá hacerse responsable por las consecuencias de sus acciones y omisiones.”
El escrito original de Barrick pedía también que se ordenara a la AFIP (Aduana) abstenerse en el futuro de aplicar derechos de exportación superiores a ese tope y reintegrar los pagos ya hechos en exceso de él.
Sin embargo, la Justicia Federal le negó este pedido y ahora le intima a pagar 8 millones de dólares extras por diferencias de pago de retenciones.
Todo hace suponer que los jueces federales de Mendoza terminaron de aprobar el planteo de la AFIP (Aduana) sobre la base de los números que la propia empresa le entregó al juzgado y que darían a entender la factibilidad del cobro de tributos en medio de una escalada histórica del precio del oro en el mundo.
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La mala nota que obtiene Argentina en un ranking sobre prácticas ecológicas

Fecha de Publicación: 23/10/2024
Fuente: Portal MDZ
Provincia/Región: Nacional


El cambio climático obliga a adoptar nuevos hábitos de consumo. El problema es que no siempre es una tarea sencilla ni accesible desde lo económico. El debate entre lo urgente y lo importante.
Las urgencias económicas y en materia de seguridad hacen que los temas de preocupación de la sociedad argentina no se ubiquen en el mismo nivel de importancia que en otros países.
Con estos problemas sin solución es difícil que se pongan los ojos en otros ítems no tan urgentes pero importantes como la agenda ecológica. En la mayoría de las economías, la inflación hace tiempo que dejó de ser un problema, mientras que en la Argentina es un flagelo diario que atenta contra la calidad de vida.
Eso queda reflejado en los sondeos que se realizan sobre los temas que más preocupan en los distintos países. El cambio climático se ubica en la tercera posición a nivel global, mientras que en la Argentina está en la décima. Si se consulta por la contaminación ambiental, la ubicación en el ranking de preocupaciones, en el país, sube al 12.
La consultora NielsenIQ, líder global en el análisis de comportamiento de consumidores, presentó los resultados de su estudio más reciente sobre sustentabilidad, el cual abarca múltiples mercados en Argentina y América Latina. Esta investigación destaca cómo los consumidores están adoptando prácticas sustentables, priorizando el ahorro y la eficiencia en el hogar, y el rol clave que esperan de las empresas en la lucha contra el cambio climático.
Sin embargo, se encuentran con impedimentos para adoptar hábitos ecológicos que tienen que ver con lo económico. A pesar de la voluntad de cambio, dice el informe, el 60% de los argentinos percibe que las alternativas ecológicas son demasiado caras. Se sigue priorizando la supervivencia material del día a día, lo que limita el enfoque en una agenda verde más amplia.
“Esta realidad explica por qué los cambios que se observan están orientados principalmente al ahorro y a la eficiencia energética, en lugar de implicar transformaciones profundas en los estilos de vida o la adopción de "hábitos verdes" más sustanciales”, agrega.
Esto demuestra que la adopción de comportamientos ecológicos en Argentina está fuertemente influenciada por factores económicos. El 82% de los argentinos afirma implementar medidas para ahorrar energía en el hogar, un porcentaje superior al promedio regional.
Asimismo, el 74% toma acciones para conservar el agua, aunque en el resto de la región este comportamiento es aún más común, con un 79% de la población tomando medidas similares.
El estudio de NielsenIQ revela que el 81% de los argentinos considera crucial que las empresas adopten acciones responsables con el medio ambiente, una postura compartida por la generación Z (88%) y los millennials (85%). Sin embargo, un 65% de los argentinos y un porcentaje similar en los otros grupos etarios afirma que haría más por el medio ambiente si supiera cómo.
Un 49% cree que el Gobierno debería asumir un rol más activo en la resolución de problemas ambientales. La generación Z en Argentina se está posicionando como un grupo particularmente comprometido con el activismo y la sostenibilidad.
Un 30% de los consumidores argentinos discute temas ambientales con otras personas, una práctica que se mantiene constante entre las generaciones, incluyendo millennials, generación X y baby boomers.
Sin embargo, la generación Z se distingue en acciones más activas: el 20% realiza voluntariado relacionado con el medio ambiente, superando el promedio nacional del 16%, y un 19% de los jóvenes de esta generación dona dinero a organizaciones ecologistas, significativamente más que el 12% del total de Argentina. Estas cifras sugieren que la generación Z está liderando la adopción de comportamientos proactivos en torno a la sostenibilidad.
"Este estudio refleja claramente cómo la sustentabilidad está ganando terreno entre los consumidores argentinos y latinoamericanos, especialmente cuando las acciones tienen un impacto directo en sus finanzas", comenta Sara Barrón López, research director CMI Argentina de NIQ. Y agrega: "Es crucial que las empresas entiendan esta tendencia y adopten estrategias sustentables que sean accesibles y tangibles para los consumidores".
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Comienza la COP16: los desafíos ambientales de la Argentina y la posición del Gobierno de Milei

Fecha de Publicación: 22/10/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La Conferencia de las Partes (COP16) se desarollará en Cali, Colombia, con el objetivo de hacer frente a los desafíos que representa la pérdida de la biodiversidad: en la previa, un informe alerta por la degradación de las tierras, la desaparición de especies y la deforestación en Latinoamérica. Participarán 12 mil delegados de 190 países y hay expectativas por la postura argentina.
Argentina enfrenta una serie de desafíos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP16, que comienza este lunes en Cali, Colombia. Con el objetivo de avanzar en un plan global de preservación del medio ambiente, delegaciones de todo el país debatirán planes y estrategias para los próximos años.
En su columna para La García, la periodista especializada en ciencia y ambiente, Gabriela Vizental, explicó que esta conferencia tiene el objetivo de ver cómo poner en marcha el acuerdo logrado en la COP anterior, en 2022 en Canadá, conocido como el "30-30-30".
Su nombre se debe a que busca proteger para el 2030 el 30% de las áreas terrestres del mundo y el 30% de los ecosistemas marinos y de agua dulce. Para este año se espera que los países trabajen en la implementación de esta famosa hoja de ruta y avancen en los acuerdos marco.
Sin embargo, hasta el momento, solo el 15% de los países han presentado este plan de trabajo. Argentina, así como la gran mayoría de América Latina, se encuentra en el grupo de países que hasta el momento no dijo cómo se avanzará a nivel local con estas iniciativas.
Pero hay más, porque Vizental explicó que esto implica un desafío en todo el mundo, pero especialmente en la región: “Todo esto se enmarca en la reciente presentación del informe "Planeta Vivo" de la WWF, que señala que la región donde vivimos es una de las más afectadas por la pérdida de biodiversidad”.
“Esto incluye animales, plantas y la degradación de tierras, con una disminución cercana al 95% por diversas causas, como la deforestación, la explotación de recursos y la introducción de especies no nativas”, afirmó sobre los datos del informe disponible en la web.
“Ahora, ¿qué sucede con el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires en relación con esto? Javier Milei ha pedido a su cuerpo diplomático que no avance con la Agenda 2030, que está relacionada con estos temas. Queda por ver cómo el Gobierno se presentará en esta conferencia para lograr un acuerdo”, dijo.
La delegación argentina estará integrada por la subsecretaria de Ambiente, Ana Vidal de Lamas, y hay expectativa porque el país debe presentar en Cali los lineamientos de la Estrategia Nacional de Biodiversidad para conocer de qué forma y con qué objetivos y métodos se van a afrontar los compromisos con la protección de la biodiversidad.
En tanto, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, también se encuentra en el evento, con la intención de avanzar con acuerdos a nivel local.
Entrevistada por la 750, Vilar afirmó: “Estamos aquí para discutir en el marco de la Agenda 2030 los objetivos de biodiversidad y articular una posición latinoamericana. Fortalecer la postura del ambientalismo social, que no puede separarse de lo político, de lo económico y tampoco del andar social”.
“Discutir ambientalismo es discutir modelos de desarrollo. Por supuesto, el contexto de nuestro país es muy complejo para tener estas discusiones con un presidente como Milei, que niega la crisis ambiental y socava los vínculos con países que podrían ser aliados”, finalizó al respecto.
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La versión cordobesa del RIGI: una norma hecha para impactar en el ambiente y delegar superpoderes

Fecha de Publicación: 22/10/2024
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba


Con un proyecto enviado por el Ejecutivo provincial, la Legislatura adhirió al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones que tendrá alto impacto ambiental. La oposición cuestionó la falta de debate sobre los alcances y tildó la delegación de facultades como un “cheque en blanco”.
La Legislatura de Córdoba aprobó el miércoles la adhesión a la ley nacional que impulsa el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases de Javier Milei, y ahora sancionado en Córdoba con un proyecto enviado por el Ejecutivo provincial. La versión local incorporó “beneficios extras” para Córdoba con el objetivo de atraer más capitales, según argumentó el oficialismo.
El proyecto enviado por el gobernador Martín Llaryora -que ingresó 24 horas antes- se salteó el debate en comisiones y fue tratado sobre tablas pese a los reclamos opositores. Al final de la noche del miércoles, con una protesta de sectores socio ambientales afuera de la Unicameral, el PJ logró reunir los votos y darle vía libre al RIGI en la provincia.

Pero, qué es el RIGI
La normativa establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para fomentar proyectos de inversión de gran envergadura en sectores que el Gobierno nacional denomina “estratégicos” por el impacto que tienen en la economía.
Apunta a inversiones cuya magnitud supere los 200 millones de dólares, según la Nación para que “mejoren el clima de negocios” y se atraiga tanto inversores locales como extranjeros, aunque dado el tamaño de las inversiones requeridas es posible que los proyectos de mayor porte provengan de capital extranjero.
Entre los sectores a los que apunta el RIGI, están: minería (explotación de minerales), tecnología (desarrollo de bienes y servicios tecnológicos innovadores con foco en la biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial, entre otros), siderurgia (industrialización y procesamiento de hierro, acero y aleaciones), forestoindustria (industrialización y explotación de recursos forestales), turismo (relacionado al desarrollo de hospedajes, alojamientos y otras infraestructuras turísticas), infraestructura (construcción de redes y sistemas públicos y privados que incluyan transporte, logística y proyectos de esparcimiento), energía (generación y distribución de energía, incluyendo fuentes renovables, como así también proyectos energéticos de gran envergadura en energías renovables como no renovables), petróleo y gas (incluye exenciones de derechos de importación para infraestructura relacionada con la explotación de hidrocarburos, petroquímica y gas natural licuado).

Superpoderes al Ejecutivo provincial
“Hay actores del entramado productivo que no fueron escuchados, donde sabemos que también hay muchos temores porque son sectores -como el caso de las pymes- que podrían verse perjudicados por incentivos dirigidos a actores que pueden entrar en una suerte de competencia desleal con productores locales”, dice a LNM la legisladora Brenda Austin (UCR) sobre la falta de debate en comisión del proyecto oficialista que además, en su artículo tres, delega facultades al Gobernador para determinar quiénes serán los beneficiarios de los “millonarios incentivos” para invertir.
Para Austin, no puede existir una ley que brinde beneficios a inversores por 30 años con estabilidad fiscal y normativa y cuya decisión “quede en manos de una sola persona”.
“El gobernador puede determinar la ampliación de los beneficios del RIGI sin siquiera establecer un límite a las categorías o actividades que puede llegar a alcanzar o cuáles son esos tipos de beneficios que podrían obtenerse”, cuestiona la legisladora provincial y agrega que “una pregunta muy atinada” que se hizo en la sesión del miércoles fue “cuánto vale esa firma” ante tanto poder delegado para otorgar beneficios a grandes inversores.
“Creemos que esa era una de las razones más fuertes por las que gran parte de la oposición votó en contra. Este artículo de delegación de facultades abre un universo muy incierto con respecto al verdadero alcance que va a tener el RIGI en Córdoba”, explica Austin y añade que esto va a poner en riesgo a los actores que hoy representan el gran empleador de la provincia que son las pymes, que dan más del 80% de la mano de obra de Córdoba.
Tras la adhesión al RIGI con una versión local, para la referente de la UCR ahora se abre un nuevo capitulo que tiene que ver con cómo se reglamentará y cómo se controlará dicha normativa: “Estamos pensando alternativas para que este superpoder en manos del Gobernador sea estrictamente controlado, algo que tampoco está en el proyecto aprobado y que por lo menos la Legislatura de los ciudadanos tengamos derecho a saber a quiénes les van a estar otorgando estos beneficios”.

El artículo 165 y la vulneración de leyes ambientales
“Nosotros somos muy críticos con lo que implica en términos de entrega porque hasta los propios empresarios a nivel nacional estaban sorprendidos de la generosidad de todo lo que se ofrece el RIGI, prácticamente sin nada a cambio, porque estas inversiones tienen pocos condicionamientos”, dice a este medio la legisladora Luciana Echeverría del MST en el Frente de Izquierda Unidad en Córdoba, uno de los espacios más críticos con la normativa y que forma parte de la campaña plurinacional en contra del RIGI y su impacto en los recursos nacionales.
Echeverría indica que la legislación a la que adhirió Córdoba plantea que la utilización de divisas se liberan completamente en el tercer año y por lo tanto, los inversores “se pueden llevar todo y no dejar nada acá”. En los primeros años, la inversión puede llegar solo al 40% y podría en algunos casos reducir al 20% por lo que “ni siquiera van a ser dólares que van a ingresar rápido”, dice la legisladora y agrega: “Todo esto también con beneficios por 30 años con lo que significa eso”.
Por otro lado, entre las mayores críticas sobre todo de sectores ambientalistas, se hace foco en el artículo 165 de la ley que establece que las “grandes inversiones que califiquen y se concreten bajo el RIGI son de interés nacional y resultan útiles y conducentes para la prosperidad del país”, por tanto, “cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido”, tanto a nivel nacional, provincial o municipal “será nula, de nulidad absoluta e insanable”, y la Justicia competente deberá, en forma inmediata impedir su aplicación.
“Esa parte es la que más nos preocupa, que deja sin efecto leyes ambientales que con tanta lucha y esfuerzo se fueron conquistando a lo largo de los años, más allá que tampoco se las cumple mucho, pero son herramientas de protección que quedarían sin efecto para favorecer estos tipos de emprendimientos”, destaca Echeverría y puntualiza que el discurso del oficialismo “por lo bajo dice que acá no hay litio ni petróleo y que entonces no afectaría el medioambiente, pero hablan incluso de una planta de "biojet" para aviones, donde ya sabemos que toda la producción de biocombustibles implica a la ampliación de las fronteras agropecuarias, el uso de agroquímicos, desmontes, y demás”.
“Otra de las cosas que plantean es la producción de cal para la industria del cobre, lo cual significa dinamitar las sierras. Y también los tipos de emprendimientos turísticos como un parque acuático -como ya se venía diciendo-, en la zona de Paravachasca que sufre estrés hídrico y ponerle un parque acuático, es complejo”, agrega Echeverría.
Para la legisladora, lo que ofrece el Gobierno "es mucho más que solo beneficios". Cuando la Provincia plantea facilitar infraestructura, puede ser más autovía, más rutas. Es decir, “por todos lados afectaría al ambiente” y es una normativa que, como lo dicen organizaciones como Fundes, en ningún lado establece la necesidad de hacer estudios de impacto ambiental ni hacer procesos de audiencias públicas, nada. “La ley no habla de sanciones a la violación de normas protectoras porque justamente el artículo 165 va para el lado contrario, es un entrega de soberanía completa porque las condiciones son realmente complejas”, plantea Echeverría.

Judicialización del RIGI
“Lo primero que hay que decir es que es básicamente una norma inconstitucional y será inevitable que se judicialice porque no se puede a través de una norma ignorar el cumplimiento incluso de tratados”, dice el biólogo y ambientalista Raúl Montenegro, que forma parte de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam). “En el caso del RIGI, no solamente colisiona con la Constitución sino también con el acuerdo de Escazú- que es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y además, es el primero en el mundo en contener disposiciones de protección a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales-. Además, va en contra de la base del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos indígenas”, plantea.
En la misma línea de cuestionamientos, Montenegro indica que cualquier proyecto que entre en la norma del RIGI será provisto de una serie de inmunidades para los daños ambientales, es decir que la propia definición el RIGI lo que hace es institucionalizar inversiones de alto impacto ambiental sin consecuencias legales a quienes hagan ese tipo de impacto negativo ambiental.
“Sin eufemismos, el RIGI es una normal hecha para impactar el ambiente y en el caso de Córdoba, entre las provincias con peor administración ambiental en el país, llega en un momento de vulnerabilidad ambiental extrema, donde por ejemplo, queda menos del 4% de la superficie original del bosque nativo”, puntualiza el biólogo y agrega que en cuanto al cuidado ambiental, “la gestión Llaryora continúa en la misma línea que el gobierno anterior, solo que con más utilización de pintura verde”. Para Montenegro, “el RIGI entra perfectamente en ese esquema porque tanto la gestión de Schiaretti como la de la Llaryora, directamente no entienden lo que es biodiversidad, y esto es clave porque es el principal problema ambiental de la provincia”.
El biólogo explica que si una provincia no tiene suficiente ambiente con biodiversidad, el funcionamiento de las cuencas hídricas, la regeneración de suelo, la resistencia al cambio climático, todo eso se ve dificultado: “Lamentablemente el RIGI no deja de ser una herramienta de alto impacto en lo ambiental e ingresa a una provincia donde no se protegen en términos generales el ambiente ni la biodiversidad. Es por ello, que no se puede aprobar el proyecto de estas características”.
A nivel local, para Montero, el RIGI vulnera la Ley 7343 que es la primera legislación de ambiente de Córdoba, sancionada hace casi 40 años y que tiene por objetivo la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio provincial. “El RIGI destroza todo lo que a partir de entonces, y pese a los gobierno, se fue agregando”, dice y agrega: “La insensatez con que está hecha la norma sobre el RIGI hace que tenga que ser muy poderosa las movilizaciones tanto a nivel administrativo, judicial y a nivel público porque muestra que no les importa el futuro de las nuevas generaciones”.
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Provincias estudian demandar a Nación por el recorte a la protección de bosques

Fecha de Publicación: 21/10/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional

El presupuesto de 2025 destinado a la protección de bosques nativos será el más bajo de la historia: representa el 2,8% de lo que corresponde por ley. El ajuste en esta materia y la eliminación por decreto del Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque) suman rechazos: a la declaración conjunta de organizaciones que trabajan en la temática le siguieron la renuncia de un funcionario y una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), en la que trece provincias manifestaron su “preocupación y disconformidad” con las políticas que lleva adelante el gobierno nacional.
El 8 de octubre se publicó en el Boletín Oficial el decreto 888/24, mediante el cual el Poder Ejecutivo decidió eliminar el fideicomiso que fue creado en 2018 con el objetivo de administrar de manera más eficiente el dinero del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos. El problema no es solamente que ese fondo fiduciario no exista más: también que no se sabe qué destino tuvo el dinero que tenía disponible para los programas remanentes desde 2023. Se trata de alrededor de $ 16 mil millones.
La decisión del Gobierno y la falta de rendición de ese dinero a las provincias motivaron que, ese mismo día, Octavio Pérez Pardo, a cargo de la Dirección Nacional de Bosques, pidiera ser eximido de sus responsabilidades, aunque esa renuncia todavía no fue aceptada.
La ley de bosques prevé que el 0,3% del presupuesto nacional más el 2% de las retenciones a las exportaciones agrícolas y forestales “debería asignarse para que las provincias tuvieran recursos para compensar a los propietarios por los servicios ambientales que los bosques nativos prestan, y para poder realizar el monitoreo, fiscalización y promoción del manejo sustentable y la conservación por comunidades rurales y pueblos indígenas. Un 70% debe ser para los propietarios y un 30% para las provincias”, explicó a PERFIL Manuel Jaramillo, director de la Fundación Vida Silvestre. “Lo que se hizo es disolver el fideicomiso donde se alojaba el presupuesto que año a año se asignaba y que siempre fue muy bajo, nunca llegó a ser más del 10% de lo que establece realmente la ley”, agregó. Con esto, argumentó, se elimina una herramienta de administración financiera que protegía los fondos de la inflación. “Tampoco se sabe cuál fue el destino de los $ 16 mil millones de pesos que este fideicomiso tenía y que correspondían al presupuesto de 2023”.
El 70% de los medios asignados “puede utilizarse para la promoción del manejo sustentable, donde los propietarios de bosques nativos realizan tareas silvícolas, raleos, podas, diseño de áreas de vías de saca, diferentes alternativas que forman parte de un plan que también permite generar recursos para la industria”.
El financiamiento puede ir además a obras de infraestructura para la conservación y la prestación de servicios turísticos que permiten a su vez generar ingresos para pagar servicios de guardaparques o de control de incendios, explicó Jaramillo.
El 30% restante es utilizado por las provincias para “fortalecer sus unidades de bosques, ambiente, fiscalización, control y monitoreo de la biodiversidad”, agregó. También se puede destinar a pequeños productores, comunidades rurales y pueblos indígenas que no están en condiciones de acceder a ese otro 70%, “ya que implica una inversión en la contratación de un técnico para hacer los planes y las gestiones”.
El 15 de octubre, en un comunicado conjunto, veinte organizaciones dedicadas al tema medioambiental explicaron que durante 2024 el Tesoro Nacional no ejecutó ni un solo peso para ese fondo, a pesar de tener presupuestados $ 10 mil millones. “Al analizar el proyecto de ley de Presupuesto 2025, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos debería contar con $ 352.664 millones, correspondientes al 0,3% del presupuesto nacional que establece la ley 26.331. Sin embargo, tiene asignados para 2025 apenas $ 10 mil millones, lo que representa un 2,84% de lo que efectivamente debería. En otras palabras, recibirá 35 veces menos de lo que le exige la ley al Tesoro Nacional”.
A estos rechazos se sumó el de trece provincias en el Consejo Federal de Medio Ambiente, que la semana pasada convocó a una reunión extraordinaria.
En la resolución, del 16 de octubre, los firmantes declaran su disconformidad con la disposición del Gobierno que elimina el Fobosque, “por inconstitucional, violatoria de los convenios internacionales de París y Escazú, el principio ambiental de no regresividad, y por arbitraria, en tanto no se dio participación a los miembros del Cofema, en el carácter de coadministrador de los fondos”.
En el documento también llaman a la acción e instan a “promover acciones políticas, institucionales, jurídicas” y todas aquellas “que sean necesarias para lograr que se restituya el fondo fiduciario”.
El apoyo a la resolución fue contundente. Trece provincias votaron afirmativamente (La Rioja, Jujuy, Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Formosa y Chubut). Solamente tres provincias (San Luis, Salta y Tucumán) votaron en contra, voto al que se sumó el de Nación. Tres se abstuvieron (Chaco, San Juan y Misiones) y el resto estuvo ausente.
PERFIL consultó a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, de la que dependen estos fondos, pero no recibió una respuesta al momento del cierre de esta nota.
El impacto del recorte se extiende a las comunidades nativas e indígenas, que ante la deforestación se ven obligadas a emigrar. “Es una situación que va en aumento. Los bosques generan muchos recursos que utilizan las comunidades que los habitan. Al no tener esos recursos o haberlos disminuido, pueden empezar a desplazarse a los cinturones de pobreza de las ciudades”, aseguró Jaramillo.
La decisión también compromete la competitividad de los productos argentinos: “La Unión Europea tiene una resolución que impide que se importen productos que no pueden asegurar que no provienen de deforestación. Esa resolución entraba en vigencia en diciembre de este año, pero la prorrogaron un año más. Sin embargo, no se cambió la línea de corte, que es en diciembre de 2020”.
Una ley de bosques que se cumpla “permitiría que se clasificara al país como de riesgo bajo y que los controles fueran menores ante las declaraciones juradas que deben presentar los exportadores”, sintetizó.
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Histórico avistamiento de la famosa ave que “baila tango” y que está en peligro de extinción

Fecha de Publicación: 21/10/2024
Fuente: La Patagonia
Provincia/Región: Nacional


Tras más de cinco años de no tener noticias sobre esta especie, fue vista nuevamente en el Parque Nacional Patagonia; los detalles de lo ocurrido y las características que la hacen tan especial
Técnicos del Programa Patagonia, perteneciente al Departamento de Conservación de Aves Argentinas y al Programa de Biodiversidad y Conservación de la Fundación Bariloche, registraron un acontecimiento crucial en la protección de especies en peligro: el avistamiento del Macá Tobiano (Podiceps gallardoi) en las lagunas “El Cervecero” y “La Soñada”, situadas al sur de la Meseta del Lago Buenos Aires. Este descubrimiento es especialmente relevante, ya que marca la primera vez en más de cinco años que esta especie se observa en ese emblemático sitio.
Cabe destacar que esta especie se hizo muy popular en redes sociales por sus movimientos, dado que se parecen a los pasos de un tango. Por lo que se pudo ver en las imágenes de su avistamiento, son sus suaves desplazamientos sobre el agua, junto con giros e inclinaciones, los que llamaron la atención. De inmediato, ese comportamiento hizo que lo comparen con los movimientos de este baile argentino, encantando a quienes lo ven en su hábitat natural.
El Macá Tobiano, en grave peligro de extinción y un emblema del Parque Nacional Patagonia, no había sido visto en esta laguna desde 2018, debido a la notable disminución de los niveles de agua en los cuerpos acuáticos de la zona. Asimismo, la laguna “El Cervecero”, conocida por ser un refugio importante para grandes colonias de esta especie, había estado seca o casi sin agua desde entonces, lo que complicó la supervivencia del ave en esa área.
Por fortuna, el último invierno, marcado por fuertes nevadas y una gran acumulación de nieve en la meseta, ayudó a que los niveles de agua en las lagunas se recuperaran, creando un entorno favorable para el regreso del Macá Tobiano. Durante una expedición en el Gran Día de Observación —un evento enfocado en el avistamiento de aves usando plataformas de ciencia ciudadana como eBird— los técnicos Santiago Field y Gerónimo Cutolo confirmaron la presencia de 23 ejemplares en la laguna “La Soñada” y dos en la laguna “El Cervecero”.
Como era de esperarse, este redescubrimiento no pasó desapercibido y generó esperanza entre los especialistas, ya que se interpreta como un signo positivo para la recuperación de esta especie, cuya población disminuyó drásticamente en los últimos años. Además, los esfuerzos de conservación en la Meseta del Lago Buenos Aires, llevados a cabo por el Programa Patagonia y apoyados por la Administración de Parques Nacionales, fueron clave para proteger al Macá Tobiano y restaurar su hábitat natural, en especial mediante la eliminación de especies invasoras como el visón americano.
Por lo que dieron a conocer los expertos a cargo del avistamiento, fueron cruciales las plataformas de ciencia ciudadana como eBird para así poder monitorear la situación de esta y otras especies en peligro. Esto teniendo en cuenta que los registros en tiempo real que se ofrecen allí permitieron a los especialistas tomar decisiones informadas sobre las estrategias de conservación y protección de la biodiversidad.
Es importante destacar que este trabajo se realizó desde la Estación Biológica Juan Mazar Barnett de Aves Argentinas y en colaboración con el personal del Parque Nacional Patagonia, de la Administración de Parques Nacionales, fortaleciendo el esfuerzo conjunto para proteger una de las aves más amenazadas del mundo. Además, este avistamiento representa esperanzas para la conservación de esta especie y un buen augurio para la próxima temporada reproductiva.

Las características del Macá Tobiano
Esta especie de ave es conocido por su distintivo plumaje, que presenta un contraste entre el blanco de su cuerpo y las manchas negras en su cabeza y cuello, lo que lo hace fácilmente reconocible. Durante la temporada de apareamiento, realiza elaboradas exhibiciones de cortejo que incluyen movimientos sincronizados y vocalizaciones para atraer a su pareja. Este comportamiento forma parte esencial de su reproducción, ya que construye sus nidos flotantes en aguas para proteger a sus crías de depredadores y otros peligros ambientales.
En lo que respecta a su alimentación, se nutren de invertebrados que encuentra en la vinagrilla, una planta acuática que también utiliza para construir sus nidos. Asimismo, se destaca por sus habilidades para nadar y bucear, aunque solo vuela de noche. Tiene un cuerpo pequeño y compacto, con una longitud máxima de 28 centímetros. Desde el 8 de octubre de 2009, es considerado “Monumento Natural Provincial”.
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La invasión de tres animales exóticos causa estragos en el campo y desplaza a la fauna local

Fecha de Publicación: 19/10/2024
Fuente: Clarin
Provincia/Región: NEA - Litoral Argentino


Desde hace algunos años, en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa y Misiones, vienen creciendo aceleradamente las poblaciones de especies exóticas invasoras y, según indican los agricultores y ganaderos del noreste argentino (NEA), están provocando serios perjuicios ambientales, productivos y económicos. Jabalíes, chanchos asilvestrados y ciervos Axis se multiplican sin control en la región ya que, al no ser autóctonos, carecen de depredadores naturales y regulación en la cadena trófica.
En Corrientes, las localidades de Mercedes, Curuzú Cuatiá y Sauce, son las más afectadas. “El problema comenzó en el centro sur de la provincia y ya está ocupando el norte. Estos animales circulan de campo a campo llevando parásitos y plagas de un campo a otro. Están produciendo un corrimiento de nuestra fauna autóctona: el ciervo Axis, al ser de mayor tamaño, está desplazando al ciervo de los pantanos o el ciervo colorado; y por el chancho salvaje vemos cada vez menor cantidad de teros, ñandúes y perdices en los campos, ya que esta especie ataca a los huevos para alimentarse”, detalló Carlos Roldán, presidente de la Sociedad Rural de Mercedes y secretario de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes.
Asimismo, indicó que estas especies exóticas representan un “grave problema” para la producción. “En todo el centro sur, que fue por excelencia ovejero, hoy tenemos una problemática y una merma inmensa de corderos porque el chancho ataca a los más chiquitos y hoy es literalmente una plaga”, lamentó.
En agricultura, los chanchos asivelstrados atacan a los cultivos de maíz, arroz y trigo. “Nos producen pérdida económica muy grande que ha puesto en jaque la intensificación de los campos de Corrientes”, señaló el dirigente gremial.
Y en la ganadería vacuna, “los chanchos están alrededor de todos los comederos, llevándose un 30% de la comida que uno tira dentro de los silos de autoconsumo”, contó.
Frente a esta problemática, desde las asociaciones integrantes de Confederaciones Rurales Argentina (CRA) alertaron acera del desbalance en la ecología que esta propagación está generando e hicieron un llamado a las autoridades de todas las jurisdicciones y áreas: Nación, provincias, legisladores, entidades gremiales, carteras de Producción, Turismo y Educación, y Senasa, para que se involucren y tomen cartas en el asunto a fin de diseñar en conjunto las políticas públicas que conduzcan a resolver el problema “con razonabilidad, frente a una amenaza cada vez más preocupante, perjudicial y fuera de control”.
La invasión de estas especies exóticas “ocasiona perjuicios productivos, con áreas donde no se puede cultivar, criar ovejas o intensificar; daños sanitarios por la propagación de enfermedades contagiosas; destrucción de nuestra fauna y el paisaje natural”, señalaron los ruralistas.
Y advirtieron que “la gravedad de la cuestión amerita un trabajo público-privado urgente, mancomunado e interjurisdiccional, que evalúe sus múltiples aristas y proponga soluciones integrales”.
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Avanza el proyecto para volver a modificar la Ley de Biocombustibles

Fecha de Publicación: 19/10/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


En el marco del plenario de comisiones de Agricultura y Energía de la Cámara de Diputados de la Nación volvió a tener protagonismo un sector productivo ya conocido, el de los biocombustibles. En un contexto mundial de transformación en materia energética de cara al futuro, el gobierno de Javier Milei planteó redactar una “ley moderna” que tenga en cuenta “biocombustibles renovables”.
En ese sentido, este miércoles Mariela Beljansky, subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, explicó que “el modelo de país que queremos es un modelo de crecimiento productivo para convertirnos en un país netamente exportador. Para lograr incrementar inversiones se necesita confianza, así que tenemos que cumplir con los compromisos, tanto puertas adentro de Argentina como a nivel internacional”.
La representante del Ejecutivo nacional se refirió al régimen de biocombustibles. Opinó que “debería ser un régimen que no esté enfocado casi exclusivamente en biodiesel o bioetanol sino que además incluya combustibles renovables y combustibles sintéticos, apuntando a ampliar el potencial que tenemos, sin que eso tenga un impacto negativo en el déficit fiscal”.
Asimismo, la funcionaria remarcó que “es importante que construyamos un marco legal que, capitalizando los logros obtenidos, nos permita insertarnos en el nuevo mercado de manera inteligente y efectiva”. “Se necesita modificar la ley actual para desregular el mercado, generar competencia de manera inteligente, minimizar la intervención del Estado y tener una norma mucho más amplia”, agregó.
Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), Fernando Rodríguez Canedo, compartió el escenario actual de la industria automotriz en el país. En ese sentido, sostuvo que son 13 las terminales automotrices que están radicadas en Argentina, que emplean a 600 mil familias.
“El 50% de la exportación argentina al mundo proviene de la industria automotriz, en el comercio con Brasil representa el 79% de las exportaciones de manufactura de origen industrial. Además, representamos el 10% del producto bruto industrial”, detalló.
Por su parte, Jorge Feijoo, presidente del Centro Azucarero Argentino, manifestó “el más decidido y firme apoyo y compromiso con el proyecto de ley presentado por la Liga de Provincias, en nombre del bioetanol, tanto de caña como de maíz”.
“El proyecto plantea un incremento progresivo de los cortes, de las mezclas y esto es fundamental porque hace a la progresiva inversión para producir biocombustibles. Este es un proyecto a favor del país, solamente el bioetanol evitó importaciones por 4 mil millones de dólares el año pasado”, aseguró Feijoo.

Qué proyecto está en debate
Si bien, el gobierno hizo sus aportes, la iniciativa que está en danza es la del diputado Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal) que responde al gobernador de cordobés Martín Llaryora.
Propone “un nuevo contexto temporal, dado por cronogramas de extensión regulatoria y de implementación de cuotas de corte de los combustibles fósiles que propendan a la competitividad del sector”. Asimismo sostuvo que “se adecuan las cantidades para las distintas clasificaciones, con objeto de optimizar la transición del régimen y promover el crecimiento de esta industria estratégica y, en general, de la economía”.
El mandatario cordobés disertó el martes en la convención regional de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la Argentina (A.C.A.R.A.) que se desarrolló en la ciudad de Córdoba. Allí señaló que “el biocombustible nos va a elevar la rentabilidad de nuestros productores y va a generar nuevas industrias y nuevos puestos de trabajo. Y si eleva la rentabilidad y genera nuevos puestos de trabajo, ustedes tienen a quién venderle autos o camionetas”.
El mandatario puso como ejemplo otros países, como Brasil, donde se convierte el 60 por ciento de los biocombustibles; o Paraguay, que transforma el 25 por ciento; contra la Argentina, que sólo lo hace en un 12 por ciento. “Si queremos que Argentina progrese, es con los biocombustibles. Nosotros no podemos seguir sin una ley de biocombustibles. Tendríamos que lograr una ley que nos permita que transformemos más grano y generemos riqueza”, sostuvo Llaryora.
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La combinación de agroquímicos aumenta la mortalidad y malformaciones en especies acuáticas

Fecha de Publicación: 18/10/2024
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Nacional


La degradación de los ecosistemas producto de una sostenida contaminación proveniente de la acción humana, parece haberse no solo enquistado en la médula productiva, sino profundizado de manera sistemática con el paso de distintos gobiernos que no han disimulado su desinterés por la salud socioambiental.
Controles que gozan de una ineficiencia absoluta, multas que no redimen el daño originado, complicidades y un vendaval de excusas banas, trasuntan un camino que deja ver un horizonte cada vez más oscuro. El desprecio a todo lo relacionado con lo climático y ambiental, entre muchas otras cosas, por parte del ejecutivo nacional, deja ver que el agravamiento de la crisis socioambiental es un hecho.
El modelo de producción imperante no duda en hacer crecer un pasivo ambiental que amenaza con dar la estocada final a una biodiversidad que viene siendo acorralada desde 1996 con el ingreso de los transgénicos y su paquete tecnológico a esta parte. El panorama es desolador, de una proyección catastrófica, sin embargo, un grupo de científicos conscientes sigue adelante con investigaciones que buscan poner en relieve la necesidad de ponerle fin a un daño irremediable.
Un reciente estudio científico interdisciplinario internacional, liderado por investigadores de la FBCB y FIQ (UNL) y el CONICET, con la colaboración del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de la UNC y el Bremen Center for Computational Materials Science de Bremen, Alemania, ha logrado un avance pionero en el área de la ecotoxicología.
Por primera vez a nivel mundial, se ha demostrado mediante el uso de indicadores biológicos y química computacional, que las mezclas de herbicidas, insecticidas y fungicidas, producen una mayor tasa de mortalidad y malformaciones genéticas que los compuestos químicos por separado. Dicho de manera simple, la mezcla de estas sustancias produce un nuevo compuesto tóxico (xenobiótico) que es aún más tóxico que las sustancias por separado.
 ¿Y por qué esto resulta importante? Estas sustancias están presentes en varias cuencas (ríos y arroyos) de la región Pampeana y el Litoral Mesopotámica y son producto de la actividad agrícola intensiva en sus alrededores, que involucran principalmente a los cultivos transgénicos de soja, maíz y trigo. Incluso se ha detectado la presencia de estas mezclas en valores récords en peces como el sábalo en el río Salado de Santa Fe.
El trabajo señala la importancia de comenzar a considerar los efectos sinérgicos de las mezclas de herbicidas, insecticidas y fungicidas presentes en los ecosistemas con el fin de evaluar la ecotoxicidad de los mismos. En resumen, “se combinan la contaminación con mezclas de agrotóxicos con las crisis climáticas, como sequías y bajantes extremas, agravando la mortalidad de la fauna acuática, en especial de peces. Esto supone un riesgo adicional para las comunidades ribereñas que dependen de la pesca para su subsistencia. “
Quiénes llevaron adelante este vital estudio, no dudaron en compartir su estoico y revolucionario trabajo a la memoria de quién dedicó su vida en pos de la ciencia digna. “Dedicado a la memoria del Dr. Damián Marino, CONICET-UNLP, destacado científico y químico ambiental precursor en el estudio de la contaminación por agrotóxicos en Argentina y luchador incansable en las causas socio-ambientales y especialmente de las escuelas rurales afectadas por las fumigaciones.”

Toxicidad de cócteles de pesticidas en larvas de anfibios: comprensión del impacto de la actividad agrícola sobre los ecosistemas acuáticos de la cuenca del río Salado, Argentina
Las comunidades acuáticas están cada vez más expuestas a mezclas complejas de contaminantes, principalmente pesticidas, debido al impacto de la actividad agrícola. El objetivo de este estudio fue evaluar la toxicidad de un cóctel de ocho pesticidas sobre larvas del sapo común sudamericano Rinella arenarum. El cóctel representa una mezcla realista de insecticidas (cipermetrina, clorpirifos y lambda-cialotrina), herbicidas (glifosato, glufosinato de amonio, prometrina y metolaclor) y un fungicida (piraclostrobina) que ya se encontraban en organismos acuáticos de la cuenca del río Salado, un área con fuerte presión agrícola.
Las simulaciones computacionales a través del método de enlace densitario funcional, indicaron una fuerte tendencia espontánea hacia la formación del cóctel, lo que sugiere que puede actuar como una nueva entidad xenobiótica en el medio ambiente. Los efectos del cóctel se evaluaron en larvas de desarrollo temprano y premetamórficas, a concentraciones factibles encontradas en escenarios reales.
La mezcla provocó una alta mortalidad y teratogenicidad en larvas de desarrollo temprano. Las larvas premetamórficas mostraron disrupción endocrina, estrés oxidativo y alteraciones en la desintoxicación y el funcionamiento hepático. También se observó neurotoxicidad, genotoxicidad, cardiotoxicidad y alta mortalidad en condiciones de estrés en las larvas expuestas. Esta novedosa evaluación resalta el riesgo ecotoxicológico para los organismos acuáticos expuestos a mezclas complejas y subraya la necesidad de considerar los efectos del cóctel en los estudios sobre la salud de los ecosistemas.
Participaron del estudio científico: Ana P. Cuzziol Boccioni, Rafael C. Lajmanovich, Andrés M. Attademo, Germán Lener, Carlos R. Lien-Medrano, María Fernanda Simoniello, María Rosa Repetti & Paola M. Peltzer.
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La Provincia lanzó un plan de restauración ecológica en el que se invertirán $ 100 millones

Fecha de Publicación: 18/10/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Los fondos se destinarán a 11 viveros productores de flora nativa y a dos centros de rescate de fauna silvestre. La iniciativa apunta a conservar lo que se encuentra en buen estado, reforestar con flora nativa los ambientes dañados y controlar especies exóticas invasoras.
En un acto desarrollado en el auditorio del Centro Cívico del Bicentenario y encabezado por el gobernador Martín Llaryora, la Provincia de Córdoba lanzó este martes el “Plan Integral de Restauración Ecológica” (Pire). El conjunto de medidas y políticas públicas ambientales se enfoca en conservar los ambientes sanos de la provincia y en reconstruir aquellos que se encuentran dañados.
Según destacaron, los principales fundamentos de la iniciativa son dos. Por un lado, las “soluciones basadas en la naturaleza”, esto es, el impulso de acciones que favorezcan la propia capacidad de la naturaleza de regenerarse en condiciones adversas. Por el otro, la “identidad cordobesa” tomando a la flora y fauna autóctonas como una manera de representarnos dando cuenta de nuestra cultura e historia.
Los tres ejes de acción del Pire son: conservar aquellos ambientes que se encuentran en buen estado, reforestar a través de la reintroducción de vegetación nativa en los ambientes deteriorados para fomentar su restauración, y controlar con acciones aquellos agentes de la propia naturaleza que perjudican a los ecosistemas, como las especies exóticas e invasoras de flora y fauna.
Para llevar adelante estas acciones, el Gobierno de Córdoba destinará unos $ 100 millones para impulsar distintos proyectos de restauración con recursos que provienen del Plan de Remediación Ambiental Posfuego anunciado con anterioridad por el gobernador Llaryora.
En el lanzamiento estuvieron presentes guardaparques, referentes de instituciones ligadas a la conservación, legisladores e intendentes de varias localidades, a quienes el subsecretario de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, Miguel Magnasco, explicó los detalles del programa.
Entre los principios rectores del mismo, Magnasco remarcó el “hacer con otros”, “generar empleo verde” y la “producción de conocimiento científico y datos para la toma decisiones públicas”. Sobre el primer principio, subrayó el trabajo en conjunto con otras 150 organizaciones, empresas y productores dedicadas a temas ambientales.
Respecto del segundo, expresó: “Los empleos verdes se suelen asociar con los residuos sólidos urbanos, pero hay una gran potencialidad para nuevas fuentes de trabajo en torno a la biodiversidad de Córdoba. Las forestaciones, los seguimientos de supervivencia de esas forestaciones, la producción de flora nativa y el control de especies invasoras forman una amplia gama de empleos verdes que pueden crearse”.
En relación al último principio, Magnasco resaltó que las acciones en el marco del plan están siendo estudiadas para obtener datos que permitan saber si las decisiones tomadas tienen impacto y también ayuden a quienes los releven en sus cargos, proporcionando una “hoja de ruta clara” por dónde continuar avanzando en la materia.
Durante la presentación, Llaryora reafirmó el compromiso de “defender el planeta y generar acciones que bajen el calentamiento global”, además de agregar que defender nuestra fauna y flora es “defender la cultura cordobesa”.
“No se trata solo de plata, sino de liderazgos”, dijo, e instó a los presentes a seguir trabajando “para concientizar a la comunidad y a los líderes que conducen cada uno de nuestros pueblos y ciudades, ya que con ellos podemos hacer que esta transformación escale”.
A su turno, la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, sostuvo que este programa es una nueva oportunidad, pero también una decisión política de pensar a Córdoba como una “provincia verde”.
“No nos da igual tener cualquier tipo de ambiente. Y esto no va en contra de ser una provincia que se desarrolla y genera empleo, sino que estamos para buscar un punto de equilibrio. No hay otra provincia del país con una política dispuesta claramente a trabajar contra el cambio climático y la restauración ecológica”, afirmó la funcionaria.

Un impulso para los proyectos de restauración
En el marco del evento y como parte de la inversión de fondos para la producción de flora nativa y la mejora en las capacidades del cuidado de la fauna, se hizo una entrega simbólica de dinero a 11 viveros productores de flora nativa y a dos centros de rescate de fauna silvestre.
En el primer caso, se trató de cinco viveros de alta producción que recibieron $ 10 millones cada uno y seis de media producción a los que se les entregaron $ 5 millones a cada uno. En cuanto a los centros de rescate, “Proyecto Carayá” recibió $ 10 millones para su plan de prevención y evacuación ante incendios, mientras que la “Reserva Tatú Carreta” obtuvo $ 3 millones para ejemplares de fauna rehabilitados de lesiones ocasionadas por el fuego.
“En un contexto de un país que está tan mal, que sigamos avanzando en esto nos parece fantástico y nos da mucha esperanza. Este dinero lo vamos a usar exclusivamente para evitar que los animales vuelvan a estar en riesgo: abrir caminos, contar con reservas de agua, todo lo que nos ayude a evitar que el fuego haga evacuar y estresar a los animales”, dijo a La Voz Alejandra Juárez, fundadora de Proyecto Carayá.
Desde “Jardineros sin fronteras” explicaron que estos fondos significan un aporte clave en un momento económico complejo que les ayudará a seguir construyendo fuentes de trabajo para los cordobeses. “Vamos a construir un nuevo vivero donde van a trabajar entre 10 y 15 personas que estarán destinadas a la producción de plantas nativas, las cuales son nuestro insumo básico”, comentó Lucia Arzamendia, integrante de la organización.
Por su parte, Ignacio Ricci, uno de los fundadores de la fábrica de árboles “Baum”, aseguró que el apoyo económico es un gran reconocimiento y que les permitirá una ampliación de su unidad productiva, la cual oportunamente se encuentra en proceso de mudanza.
“Las empresas de triple impacto como nosotros no estamos bien vistas. Siempre se considera primero al sector público o a las ONGs. Este apoyo es importante porque implica empezar a romper una frontera en la que el Estado genere incentivos para la producción de árboles. Hay mucho crédito para la industria dura, pero para la verde no y nosotros también necesitamos fondos para ampliar nuestras unidades productivas y abastecer el mercado”, explicó Ricci.
Entre otras organizaciones de producción de flora nativa que recibieron apoyo económico podemos mencionar a los viveros “Autóctonas de Córdoba”, “El Churrinche“, “Forestando Córdoba” y a las fundaciones “Manos que tejen bosques”, “Garabato Cuna de Nativas” y “La Lucena”.
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Contaminación en Argentina: cuáles fueron las 10 ciudades con peor calidad de aire a principios de octubre

Fecha de Publicación: 17/10/2024
Fuente: Canal 26
Provincia/Región: Nacional


Según especialistas, la tendencia al aire contaminado podría seguir empeorando con el paso de los años, afectando a más ciudades y exponiendo a la población a riesgos sanitarios cada vez mayores.
Durante el vigente año 2024, Argentina experimentó un preocupante deterioro en la calidad del aire en varias de sus ciudades, afectadas tanto por los incendios forestales como por la insuficiencia en la regulación de los niveles de polución.
Según el Índice de Calidad del Aire (IQ Air), las ciudades más contaminadas del país fueron cambiando a lo largo del año, especialmente en los últimos meses, debido al impacto del humo generado por incendios que afectaron grandes áreas del territorio nacional y también de países vecinos como Bolivia y Brasil.
En la actualidad, Argentina ocupa el puesto 101 de 134 países en el ranking global de contaminación, un indicador que pone en evidencia la magnitud de un problema que incluso puede comprometer la salud de sus habitantes. A comienzos de octubre de 2024, las 10 ciudades con los peores índices de calidad del aire fueron:
    Córdoba.
    La Rioja.
    San Juan.
    San Luis.
    Mendoza.
    San Rafael.
    Santiago del Estero.
    San Miguel de Tucumán.
    Salta.
    Jujuy.

Las ciudades más afectadas por la contaminación
La contaminación del aire en Argentina supera en 1.8 veces los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para mantener un entorno saludable. Este nivel de polución tiene consecuencias directas en la salud de la población, con efectos que se agravan en las ciudades más comprometidas.  
El norte y el centro del país fueron los más afectados por el humo que se extendió desde los focos de incendios en la región central y el extranjero, sumado a la falta de medidas gubernamentales contundentes para reducir las emisiones contaminantes.
A pesar de estos desafíos, la situación es distinta en el sur, donde ciudades como Comodoro Rivadavia, Tierra del Fuego y Rawson mantienen buenos índices de calidad del aire, con niveles inferiores a 50 en el índice de calidad del aire.
El humo proveniente de incendios forestales fue uno de los principales factores que modificó el panorama de la calidad del aire en el país. En 2023, Córdoba se destacó como una de las ciudades con mejor calidad ambiental del país. No obstante, la situación cambió dramáticamente en 2024, con esta misma ciudad liderando el ranking de las más contaminadas debido a los incendios que afectaron tanto a la provincia como a otras áreas cercanas.

El impacto de la calidad del aire para la salud
La contaminación del aire no solo es un problema ambiental, sino también una crisis de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, la polución atmosférica es responsable de millones de muertes prematuras en todo el mundo.
En el año 2019, se estimó que más de 4 millones de personas fallecieron debido a enfermedades relacionadas con la exposición prolongada a partículas contaminantes. En este sentido, la exposición constante a un aire de mala calidad puede derivar en enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
Teniendo en cuenta las estadísticas de años anteriores, la mala calidad del aire puede derivar en un aumento en las tasas de mortalidad prematura. Los grupos más vulnerables, como niños, ancianos y personas con problemas de salud preexistentes son los más afectados.
Frente a este escenario, los especialistas y organismos internacionales ven sumamente importante tomar medidas inmediatas. Entre las principales recomendaciones están la transición hacia sistemas de movilidad sostenibles, como el uso de transporte público y vehículos eléctricos, la mejora en la eficiencia energética de las industrias y viviendas, y una gestión más eficiente de los residuos municipales.
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Tucumán desmiente acusaciones sobre un derrame de vinaza denunciado por Santiago del Estero

Fecha de Publicación: 17/10/2024
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero


Autoridades de la vecina provincia acusan que el pasado viernes miles de litros de desechos mezclados con agua a la localidad de El Palomar. Desde el gobierno tucumano, realizaron inspecciones y no registraron residuos compatibles con vinaza. Los vecinos afectados apuntan contra el empresario Jorge Rocchia Ferro.
El Gobierno de Tucumán y el de Santiago del Estero mantienen un nuevo cruce ambiental, luego de que autoridades de la vecina provincia denunciaran que el viernes último por la tarde, llegaron millones de litros de vinaza hacia la localidad El Palomar, del departamento Jiménez, a través de un canal interprovincial.
El defensor del Pueblo de la vecina provincia, Martín Díaz Achával, señaló que la novedad fue proporcionada por Hugo Juárez, comisionado municipal de El Arenal que tiene jurisdicción sobre la localidad de El Palomar. Según el diario El Liberal, "los pobladores de la pequeña población, nuevamente tienen que enfrentarse a los inconvenientes que genera el tener que convivir con el desecho proveniente del ingenio La Florida, del empresario Jorge Rocchia Ferro". "Es que, como se recordará, a fines del año pasado esta firma derramó a través del canal, más de 80 millones de litros de vinaza pura que llegaron al pueblo santiagueño", agregaron.
Tras las denuncias, la Secretaría de Estado de Producción, a cargo de Eduardo Castro, realizó inspecciones en los canales de riego de la provincia a fin de evaluar las consecuencias de las fuertes lluvias registradas entre los días 8 y 10 de octubre y como resultado no se registraron residuos compatibles con vinaza.
El viernes 11 de octubre, personal de la Dirección de Recursos Hídricos llevó a cabo controles en el distrito III de riego, especialmente en canales que podrían incidir en la zona de El Palomar, en la provincia de Santiago del Estero. También se verificaron puntos clave como el canal excachacero del Florida en Ruta 321, el Canal Lolita y el Canal del Este en Ruta 303, y el Canal Troncal Virginia en Ruta 345, entre otros.
De acuerdo a lo informado por el Gobierno de Tucumán, durante las inspecciones, se realizaron exámenes de conductividad en los canales. Y como resultado, en general se observó una creciente importante demostrada por la vegetación caída, volcada por el paso del agua, causando un gran arrastre de sedimentos. Además, personal de la Dirección de Protección Ambiental de la Subsecretaría de Medio Ambiente revisó los sitios de disposición de vinaza de los ingenios que operan en la zona. Aunque las muestras tomadas aún se encuentran en proceso de análisis, no se encontraron a simple vista residuos compatibles con vinaza.
Los técnicos concluyeron que el fenómeno observado se debió a una creciente súbita producto de la escorrentía superficial ocasionada por las intensas lluvias. Según datos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, la zona afectada recibió entre 100 y 140 mm de precipitación en esos tres días, siendo el tercer día el que tuvo mayor acumulación de lluvias.
Para concluir, desde la Secretaría de Producción informaron que continúan en conversaciones con el defensor del pueblo de Santiago del Estero, a fin de tratar de evaluar conjuntamente la situación y poder llegar a una solución satisfactoria para ambas provincias.
El diario santiagueño señaló que el panorama en la localidad no había variado: persistían los olores pestilentes del residuo que se genera durante el proceso de elaboración de alcohol de la melaza de caña de azúcar. También, la invasión de moscas que provoca incertidumbre y preocupación en las personas por los efectos nocivos que pudieran generar estos insectos, sobre todo en la salud de los niños.
Vecinos de la zona, realizaron una recorrida por el canal hasta la zona donde la planta industrial construyó reservorios usando parte del acueducto público. A través de imágenes que cedieron a este medio, se comprobó que todavía hay un reservorio con vinaza y que el inmenso piletón de más de cinco kilómetros de largo por 45 metros de ancho y 5 de fondo, se encuentra colmado por las aguas de lluvias de los últimos días.
La sospechas de los lugareños, es que se rompieron los bordos del reservorio para dejar que se escurran los restos de la vinaza acumulada en el lecho del piletón con el agua de las precipitaciones.
Además, los vecinos comentaron que en Los Hardoy, localidad de Tucumán próxima al límite con Santiago del Estero y cercana a El Palomar, hay un curso de vinaza que recorre un canal público, en clara violación a la disposición de la Justicia Federal de Tucumán, que le prohibió al ingenio La Florida, la utilización de dichos canales como reservorio o medio de transporte de vinaza u otro efluente industrial.
En este sentido, Martín Díaz Achával había expresado que esperaba que Tucumán haga cumplir a sus industrias, la disposición que prohibe el uso de canales para transportar o almacenar vinaza. “Esperamos que terminen de utilizarse los canales que son lugares para transportar agua y no residuos industriales”, se quejó el ombudsman santiagueño.
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Ley de Bosques: COFEMA y las provincias analizan acciones ante la eliminación del fondo fiduciario

Fecha de Publicación: 16/10/2024
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional


El Consejo Federal de Medio Ambiente convocó a una reunión extraordinaria para este miércoles para tomar decisiones. A su vez, cada provincia tiene la libertad de emprender acciones puntuales según cómo se vea afectada.
El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se encuentra en un proceso de deliberación junto a las provincias para evaluar las acciones a tomar en respuesta a la reciente decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Fiduciario de la Ley de Bosques Nativos.
Este fondo es crucial para la preservación y manejo sostenible de los bosques en todo el país. Por ello, el equipo jurídico del COFEMA y los miembros de la Comisión de Bosques Nativos están revisando las estrategias y argumentos más adecuados para presentar un rechazo formal ante la Nación.
Las conclusiones se plasmarán en un documento que se discutirá durante la reunión extraordinaria convocada para este miércoles 16. En esta asamblea, se prevé que las provincias puedan incluso apoyar una moción para recurrir a instancias judiciales si la situación lo amerita, de acuerdo a lo manifestado, por ejemplo por funcionarios de las provincias como La Pampa.
Consultado al respecto, el ministro de Ecología de la provincia, Martín Recamán, quien también preside el COFEMA, explicó a PRIMERA EDICIÓN: “Hemos llevado a cabo una reunión de la comisión, donde se decidió elaborar un documento para ser presentado en la asamblea extraordinaria, a la que asistirán todas las provincias. El objetivo es definir cómo proceder, tanto en una consulta formal a la Nación como en acciones alternativas ante la disolución del fondo”, dijo enfático.
La reunión extraordinaria se convoca tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar el fondo fiduciario, una medida que generó gran preocupación esta semana luego de su publicación en el Boletín Oficial.
Recamán destacó que el COFEMA había solicitado previamente un informe a la Nación sobre los pagos adeudados correspondientes a 2023 y 2024, pero hasta el momento no se recibió respuesta alguna. Esta falta de comunicación ha dejado a las provincias en un estado de incertidumbre respecto a la distribución de aproximadamente $15.900 millones que les corresponden entre sí.
“Nos enteramos de la eliminación del fondo a través del Boletín Oficial. La única comunicación directa que teníamos era con Octavio Pérez Pardo, el funcionario que se encontraba al frente de la Subsecretaría de Deporte, Turismo y Ambiente de la Nación, quien renunció. Hay una gran preocupación sobre cómo se procederá, especialmente con las deudas acumuladas de años anteriores. La situación es crítica, ya que los beneficiarios de estos fondos son en su mayoría propietarios privados que conservan los bosques, así como los ministerios y organismos que administraban estos recursos”, subrayó Recamán.
Los recursos provenientes del fondo eran vitales para combatir problemas como el desmonte, promover prácticas sostenibles en el uso del suelo y gestionar incendios forestales. La eliminación de este financiamiento pondría en riesgo no solo la conservación de los bosques nativos, sino también el bienestar de las comunidades que dependen de ellos, según la advertencia que vienen realizando las distintas organizaciones ambientalistas.

“Siempre se recibieron montos muy por debajo de la ley”
El presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente, el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Martín Recamán indicó que las 23 provincias coincidieron el miércoles de la semana pasada en que la decisión de eliminar el fondo fiduciario representa un grave retroceso en materia ambiental.
“Hubo una unanimidad absoluta al respecto, independientemente del color político de cada provincia. La próxima semana, el COFEMA realizará otra reunión extraordinaria y emitirá un documento detallando las acciones a seguir”, afirmó.
En ese sentido, Recamán también mencionó que, aunque el COFEMA liderará las gestiones, cada provincia tiene la libertad de emprender acciones específicas según cómo se vea afectada por la eliminación del fondo.
No obstante también analizó el funcionamiento de la presente ley y aseguró que desde su creación en 2010, las provincias siempre recibieron fondos muy por debajo de lo que establecía la ley, “que oscilaba entre 6% y 7% de lo que decía la ley”, puntualizó.
Por esa misma razón aseguró que el camino a tomar es la cautela hasta ver qué determinaciones toma la Nación para financiar a las provincias en materia de conservación de sus bosques.
De todas formas, el funcionario provincial resaltó que, a partir de que la Ley de Bosques nunca se cumplió como debía “y los fondos nunca alcanzaron ni fueron representativos para la gestión ambiental en Misiones, en relación a la inversión que hace la Provincia en materia de conservación, por esa razón ha venido trabajando en la consecución de otros fondos que tiene que ver, por ejemplo, con los bonos de carbono, que creo que van a ser para Misiones una alternativa que también llega de forma directa al trasladarle al privado un beneficio por la conservación”, remarcó.
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