Para 80 organizaciones ambientales, más que Ley Ómnibus es una ley topadora que se lleva puesto todo

Fecha de Publicación: 10/01/2024
Fuente: El Ciudadano Web
Provincia/Región: Nacional


Entidades de todo el país enviaron una carta a la Cámara de Diputados en la que analizan y advierten, punto por punto, la degradación que implica el megaproyecto enviado por el gobierno al Congreso, y piden el rechazo de 22 de sus artículos
Más de 80 organizaciones ambientales y sociales, fundaciones y redes enviaron una carta a la Cámara de Diputados de la Nación para expresar su rechazo al proyecto de “Ley Ómnibus” enviada por el Poder Ejecutivo Nacional porque indicaron que supone “serios retrocesos en la legislación ambiental” que protege al país, a la que incluso muchas entidades consideran aún insuficiente y permisiva. “Bajo el pretexto de la libertad, el proyecto de ley pretende avanzar sobre ecosistemas protegidos y dar beneficios económicos a sectores como la minería, el agro y el sector hidrocarburífero en detrimento de los derechos de las personas y la protección de los ecosistemas”, sostiene el comunicado que firman colectivos de todo el país. El documento –con puntos de encuentro con un previo documento de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas– previene los nuevos escenarios ambientales que supondría dar luz verde a las modificaciones pretendidas, encontrando que la degradación consecuente ni siquiera habilitaría un aumento de la cantidad y calidad de las exportaciones, sino lo contrario.
Las entidades consideraron “un avasallamiento a la democracia constitucional” tanto al proyecto legislativo como al voluminoso decreto de necesidad y urgencia que está siendo resistido en Tribunales con una catarata de presentaciones. Las organizaciones de defensa del ambiente, en forma masiva, apuntaron al nuevo andamiaje legal “desregulador” por “derogar y modificar regresivamente leyes ambientales sancionadas por el Congreso de la Nación y respaldas por la sociedad civil de todo el país”.
“El proyecto pretende realizar reformas a leyes cruciales para la protección del ambiente, entre las cuales se incluyen la ley de Bosques (26.331), la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema (26.562), la ley de Glaciares (26.639) y la ley Federal de Pesca (24.922)”, remarcaron las entidades.
En la carta, además, las organizaciones advierten que el proyecto de ley contraviene “el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú, un pacto internacional que establece que la legislación no puede empeorar la situación del derecho vigente”. La cuestión del no retroceso en materia ambiental tiene rango constitucional, por lo que no puede ser alterada por normas de catergoría inferior como una ley, y menos un decreto de necesidad y urgencia.
“Evidentemente, las modificaciones propuestas en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo implicarían una disminución en los niveles de protección ambiental y, por ende, tendrían un impacto negativo en el bienestar de las personas”, sostienen las organizaciones.
Las organizaciones, algunas de alcance local y regional, otras de presencia nacional e incluso capítulos en la Argentina de fundaciones internacionales, recuerdan que la legislación ambiental vigente fue lograda “tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de consenso entre diversos actores sociales, a lo largo de los últimos años”, y citan el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga a los gobiernos a resguardar el derecho de las y los habitantes del país a “un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
“En pos del cumplimiento de este mandato constitucional, la sociedad argentina ha comprometido, tiempo y esfuerzo para el desarrollo de un importante plexo normativo que, aunque incompleto y de implementación parcial ha permitido generar un adecuado balance entre el estímulo a la producción, la conservación y restauración del ambiente y el desarrollo social”, remarca la nota enviada a la Cámara de Diputados referida al proyecto “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.
“Rechazamos este proyecto de ley que constituye un intento de retroceder en la protección y conservación del ambiente alcanzado y, por ende, es ilegal e inconstitucional”, señaló Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Las reformas proyectadas forman parte del Capítulo III del Título VI –Interior, Ambiente, Turismo y Deporte– y el director de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo, denunció que así “se propone avanzar sobre legislación construida de manera participativa entre diversos sectores de la sociedad”. Uno de los ejemplos es la ley de Bosques, “que existe desde hace 15 años, producto del trabajo conjunto entre diferentes organizaciones y legisladores junto con diversas jurisdicciones, y que ha permitido visibilizar los bosques nativos, reducir inclusive las tasas de deforestación”, subrayó Jaramillo.
Las entidades marcaron en su documento que incluso el tratamiento previsto para la Ley Ómnibus en la Cámara baja es defectuoso, ya que abarca temas ambientales sin convocar a las comisiones respectivas. “En algunos casos van más allá de las capacidades de las comisiones a las cuales actualmente tiene giro (Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales y de Legislación General). En línea con los temas analizados en este documento, las comisiones faltantes para el análisis del proyecto son: de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Energía y Combustibles, de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y de Agricultura y Ganadería”, remarcaron.

Topadora de tierra, agua y aire
Uno de los puntos que las organizaciones reprochan con firmeza es la modificación a la ley de Manejo del Fuego, cuya letra final pretendida por el gobierno de Javier Milei deja habilitada cualquier tipo de quema en caso de que en 30 días hábiles la autoridad competente no responda a una solicitud. “El silencio es interpretado de manera positiva y autoriza de manera tácita a avanzar con quemas sin presencia ni control de parte de las autoridades locales especializadas en manejo del fuego”, expusieron.
Otro de los puntos es la degradación de la ley de Bosques: “En caso de aprobarse la modificación propuesta por el proyecto de ley, las exigencias legales de evaluación de impacto ambiental y participación ciudadana ya no serán requeridas” en un 19% de las áreas resguardadas por la normativa vigente. Esto es 10.192.063 hectáreas sujetas a desmonte. Pero además alertan que la ley “pretende habilitar desmontes hoy prohibidos” en las dos categoría con mayor protección: “Se trata de bosques de muy alto valor de conservación a proteger a perpetuidad, que no debe transformarse” y “de mediano valor de conservación, a manejar de forma sostenible”. Así se afecta a 10.992.353 hectáreas de máxima protección (21% de los bosques nativos), y a 32.000.085 hectáreas categorizadas en amarillo, nada menos que el el 60% de los bosques argentinos.
También se remarca que el mamotreto enviado al Congreso “elimina la mención específica al acceso a la información de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas”, lo que implica desconocer leyes y tratados internacionales, como la ley general de Ambiente, la ley de Acceso a la Información Pública Ambiental, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a Pueblos Indígenas.
“El proyecto de ley hiere de muerte a nuestros bosques nativos, su biodiversidad y los medios y modos de vida de comunidades enteras. Implica además anular las 23 leyes provinciales de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que fueron dictadas al ritmo de los parámetros que la ley 26.331 y de las actividades permitidas y de las prohibidas.
Y también alerta sobre el daño que –¿por desconocimiento?– puede infligirle a las exportaciones nacionales que deben sortear normativa internacional, como lo es el Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación, adoptado en junio de 2023 y “con efecto directo sobre las exportaciones de Argentina en materia de soja, ganado bovino y madera”. Y Europa no es el único mercado que exige para la introducción de productos “que el país muestre una fuerte política combatiendo la deforestación y la degradación forestal”.
Además el documento puntualiza que el proyecto Ómnibus “deroga la obligación del Estado nacional de constituir anualmente el Fondo Nacional de Conservación y Enriquecimiento de Bosques Nativos”, que se conforma con dos fuentes fijas –0,3% del Presupuesto Nacional y 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas y forestales– para plantear un financiamiento a discreción del gobierno de turno.
Sobre la ley de Glaciares, en tanto, la nota denuncia que “para facilitar la intervención sobre estos ambientes protegidos, el texto propuesto recorta la definición amplia de glaciar presente en la ley vigente y la restringe a una protección limitada a determinados glaciares”. Las ONG asimilan que la intención es atender “un reclamo histórico del sector minero en detrimento de la protección ecosistémica”, lo cual es simplemente “una clara vulneración al principio de no regresión ambiental” que tiene vigencia en la Argentina.
A su vez, la carta denuncia que la protección sobreviniente “está condicionada a una serie de requisitos restrictivos y discrecionales que redundan en la desprotección de áreas hoy preservadas por la ley vigente como, por ejemplo, la limitación a glaciares sólo incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares”. Y remarcan que, de hecho, el Inventario “es incompleto por excluir pequeños glaciares”. Pero también las modificaciones desafían la protección de una porción que está en el inventario al plantear la exigencia de “función hídrica efectiva y relevante como condición necesaria para justificar la protección de glaciares y ambiente periglacial”.
“Sumado a ello, el mensaje presidencial al inicio del proyecto de ley señala que de este modo se revierte un “avasallamiento” del poder federal sobre las provincias. Esta posición desconoce el mandato constitucional de la Nación de establecer un umbral mínimo de protección del ambiente”, cita la carta al artículo 41 de la Constitución Nacional.
En esa línea también se señala que el proyecto “aduce serias contradicciones legales, confunde la naturaleza de herramientas como el Inventario Nacional de Glaciares, entre otras falencias”. Como consecuencia, en definitiva “se vulnera la protección de ambientes que ya están en retroceso y que son centrales como reservorios de agua dulce, y que tienen funciones clave para la adaptación y mitigación al cambio climático y para la regulación hídrica, especialmente en zonas desérticas, no sólo para la vida humana sino para sostener el funcionamiento de los ecosistemas”.
Como cuarto punto, el documento apunta al Régimen Federal de Pesca, que generó una airada protesta de las provincias patagónicas –junto a Buenos Aires, las únicas colindantes con el mar– y el paso atrás del gobierno nacional. Pero el ministro del Interior, Guillermo Francos, se limitó a hablar de “clarificaciones”, entre ellas la defensa de la zona económica exclusiva de 200 millas marinas, a la que el proyecto de ley dejaba troquelada. Aunque admitió las quejas planteadas y abrió el juego para una mesa de diálogo con los distintos sectores involucrados, el ministro Francos no precisó cómo se iban a implementar los cambios.
Para las organizaciones ambientalistas la cuestión no sólo pasa por lo económico. El documento recuerda que el proyecto de Ley Ómnibus “propende a flexibilizar el proceso para otorgar permisos de pesca” cambiando condiciones y prioridades “sin involucramiento del Consejo Federal Pesquero”, y además “deroga la obligatoriedad de desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos” dejando así habilitados la descarga en otros puertos o el tranbordo en el alta mar, “lo que puede afectar la transparencia y trazabilidad de la pesca”. Y esto, precisamente cuando en todo el planeta los países avanzan hacia el punto contrario, que es una legislación “que desalienta la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”. La alteración de esas premisas, advierten las organizaciones, puede vedar el ingreso a Europa y a Estados Unidos de productos pesqueros nacionales propios o bajo licencia.
Pero el documento centra su atención en que una cosa que se debe mejorar, se empeora. Ya la normativa en vigencia “adolece de insuficientes previsiones” en las consecuencias la actividas sobre el ambiente, “lo cual es necesario atender con fines de mejora, entrecruzando los principios que trajo la legislación ambiental vigente, particularmente el enfoque ecosistémico, el acceso a la información y la participación ciudadana”, señala el documento. Pues bien, las modificaciones no atienden ninguno de estos señalamientos, y en su lugar puede “facilitar una profundización del extractivismo en el mar, con usos que no sigan pautas de conservación ni consideren los impactos sobre la biodiversidad marina”.
En cuanto a la transición energética, otro punto que toma la Ley Ómnibus y por el que las organizaciones ambientales vienen expresando reparos hacia las gestiones anteriores, la observación es que reduce todo a una cuestión comercial, el modelo de “mercantilización de la naturaleza”. En ese aspecto, la suma de cambios legislativos propuestos “lejos está de proponer de qué manera se llevará a cabo la transición energética hacia una matriz energética más limpia en Argentina, y cuál será la hoja de ruta para cumplir con los compromisos internacionales”, denuncia el documento. Y y puntualiza que el proyecto meramente “se enfoca en el establecimiento de mercados de derechos de emisión de gases de efecto invernadero”. En esa línea “pretende asignar derechos de emisión de gases de efecto invernadero a cada sector y subsector de la economía”, que serán “compatibles con el cumplimiento de las metas” comprometidas por el país. “Sin embargo, no hace referencia a la necesidad y urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero desde las fuentes”, como el sector energético y la agricultura y ganadería.
En todos los casos se “faculta al Poder Ejecutivo Nacional para la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, establecimiento de límites de emisión, monitoreo de avances, establecimiento de un mercado y sus reglas, además de la plataforma de registro, y penalización en caso de incumplimiento”, apelando de nuevo a una lógica discrecional que deja de lado la masa de conocimiento gestada a lo largo de tiempos históricos por comunidades locales, organizaciones, institutos de investigación, grupos especializados y actores clave en temáticas específicas. “Para que Argentina sea una potencia mundial es crucial construir sobre lo ya construido evitando destruir los logros alcanzados”, advierten las organizaciones, subrayando que entre esos logros “se encuentran las normas que este proyecto de ley pretende reformar y que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales en la Argentina”.
“Exhortamos a la Cámara de Diputados a no hacer lugar a estas propuestas que colisionan de lleno contra principios jurídicos y normativa nacional e internacional vigente en el país, afectando los resultados económicos productivos de diversas actividades socioeconómicas que se pretenden beneficiar y arriesgando seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los foros multilaterales ambientales”, concluye la misiva.
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Aseguran que la creciente del Paraná trajo consigo “una explosión de vida”

Fecha de Publicación: 10/01/2024
Fuente: Diario El Once
Provincia/Región: Litoral Argentino


La llegada del agua en gran cantidad al sistema de humedales trae beneficios inmediatos para el ecosistema porque obliga a cambiar la actividad humana y favorece la biodiversidad. Regenera la vida del mundo vegetal y la fauna nativa.
Después de una bajante extraordinaria que duró casi cuatro años y que ya figura como la más larga desde que existen registros, el río Paraná recuperó la memoria durante los últimos meses para instalarse en una situación de creciente a lo largo de los miles de kilómetros que componen su extensísima cuenca.
Tal como sostiene Damián Lescano, naturalista, biotecnólogo y técnico en el Acuario del río Paraná de la ciudad de Rosario, la llegada del agua en gran cantidad al sistema de humedales trae dos beneficios inmediatos para la salud ambiental: el cese de actividades humanas como los incendios y una importante merma de cría de ganado en zona de islas. “Ya no se puede quemar más porque todo está lleno de agua y la carga de ganado se redujo casi a cero, aunque quedan algunas vacas en tierras altas. Solo eso le quita una presión enorme al sistema respecto de sus usos humanos”, detalló.
Además, el agua regenera la vida de todo tipo, tanto del mundo vegetal como la fauna nativa, que vuelve a verse en abundancia y diversidad como no se veía desde hacía años. Un capítulo aparte merecen las poblaciones de peces, muy castigadas por los largos años de sequía. “Llama la atención que en cualquier parte de la costa de Rosario, a simple vista pueden observarse un montón de peces, ya sea en la Rambla, en la Fluvial o en los clubes se ven cardúmenes de mojarritas o sabalitos. Me interesa charquear y, entre los camalotes, se ven juveniles de todas las especies de peces, que están teniendo una reproducción masiva en este momento”, continuó Lescano en declaraciones al diario La Nación.
Invisibles a la vista por la opacidad de las aguas marrones del Paraná, las poblaciones de peces que pueblan este gran río son las grandes beneficiadas por la creciente, ya que su ciclo reproductivo no es igual al de otros animales y buena parte de su éxito depende de las condiciones hídricas del ambiente. “Los peces funcionan de forma particular porque, aunque cumplen un ciclo anual, las poblaciones se recuperan con un reclutamiento en un año bueno, con creciente en verano”, dijo el especialista.
Y agregó: “Hacen falta determinadas condiciones para que esa reproducción sea masiva y esa masividad prospere y haya un aumento de biomasa, de cantidad y tamaños de individuos mucho mayor que cualquier otro año. Por eso los años de creciente en verano son claves para la recuperación de las especies, desde las grandes más comerciales como el sábalo, el dorado o el surubí, a las más pequeñas como morenas o mojarritas”.
El alto nivel del Paraná permite entonces que, durante estos meses, haya abundancia de crías de peces, algo que no ocurría desde 2016, cuando se dio la última gran crecida veraniega. “El stock pesquero de hoy sigue siendo el de ese año, pero esta temporada se va a crear una nueva generación de peces que en unos años serán adultos y ayudarán a reponer lo perdido”, indicó el biotecnólogo.
Las crecientes, como las bajantes, son parte del ciclo natural de los grandes ríos de llanura como el Paraná. Y si bien generan inconvenientes para los usos humanos del ecosistema (como la necesidad de evacuar el ganado de las islas), quien tiene tradición de vivir y producir en la zona “conoce esos ciclos y se adapta”, según Lescano. “El agua, los nutrientes, la materia orgánica, son una explosión de vida; se regeneran todos los ambientes, crece la vegetación de forma más exuberante y aumenta la productividad del humedal en su totalidad”, enumeró.
Otra expresión del dinamismo del sistema cuando vuelve el agua son los camalotes, que a veces son percibidos como un problema o “suciedad”. Contra esto, Lascano argumentó que todas las plantas flotantes “son una matriz que sirve para que se desarrolle la vida del ecosistema, ya que las crías de los peces y de otros animales pueden alimentarse, prosperar y encontrar refugio en esa vegetación”.

¿Qué pasará con el comportamiento del río en los próximos días?
Según el último reporte semanal emitido por el Instituto Nacional del Agua (INA), el Paraná en su tramo argentino seguirá con un nivel de aguas “entre medias y altas”, ya que en la última semana se registraron precipitaciones leves sobre las áreas de aporte en la zona de Corrientes, así como desde el río Salado.
Para el tramo que va desde la ciudad de Corrientes hasta Goya se espera una “tendencia general descendente”, con oscilaciones acopladas. “Es probable que la tendencia de gradual descenso persista sobre las secciones superiores del río Paraná, en rango propio de aguas medias”, señalaron desde ese organismo.
Finalmente, en Rosario y el Delta del Paraná el río se comporta de manera oscilante “en culminación de la fase de ascenso del último tránsito de la onda de crecida”. “Actualmente se lo observa iniciando la fase de descenso en Rosario, en aguas medias altas, por debajo de los niveles de alerta y culminando en el tramo medio e inferior del Delta, con niveles más significativos sobre la margen izquierda debido al efecto combinado del tránsito de onda sobre el Paraná y de las últimas crecientes de los afluentes locales que alimentan las lagunas de la planicie aluvial del Delta”.
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Derrame de petróleo en la ría: Susbielles y Aristimuño denunciaron penalmente a la empresa

Fecha de Publicación: 09/01/2024
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Buenos Aires


"La justicia debe expedirse y delimitar responsabilidades acerca de la posible negligencia empresarial", dijo el intendente bahiense en sus redes sociales.
 Tras el reciente derrame de petróleo en la ría bahiense, el intendente Federico Susbielles anunció hoy que presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal, junto con su homólogo de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, contra la empresa Oiltanking Ebytem S.A. Terminal Marítima Puerto Rosales, responsable de este incidente.
"Tal cual lo expresado oportunamente, y en virtud del derrame de petróleo producido por Oiltanking en el estuario de Bahía, en conjunto con el intendente de Coronel Rosales Rodrigo Aristimuño, realizamos una denuncia penal en el Juzgado Federal Número 1, a cargo del Dr Lopez Da Silva", comunicó Susbielles a través de sus redes sociales.
"Según la información brindada por la propia empresa, el incidente se habría producido a las 19:15 hs del 26 de diciembre y recién habrían activado el PLANACOM a las 15:45 hs del 27 de diciembre, es decir diecinueve horas después", agregó.
"El estuario bahiense es un humedal único, un vital reservorio de biodiversidad. El petróleo derramado sobre el ecosistema local generó severos daños. La justicia debe expedirse y delimitar responsabilidades acerca de la posible negligencia empresarial. El ambiente se protege", concluyó.
La semana pasada, se registró un derrame de petróleo en la ría, durante una maniobra de amarre de un buque en la empresa Oiltanking, con sede en Coronel Rosales. La operación fallida afectó también la zona bahiense del estuario.
Días atrás, Susbielles había afirmado que "si la petrolera hubiera activado en forma oportuna el PLANACOM para contener a tiempo el derrame, habría evitado impactos ambientales de gravedad”.
“Esta medida no se tomó y hoy las consecuencias están a la vista", había indicado.
En consonancia con esto, el jefe comunal de Coronel Rosales había señalado que el derrame es una situación que “se minimizó, pero que ha tenido un impacto importante”.
“La empresa falló en la comunicación hacia la sociedad. A veces, la responsabilidad social queda en otra órbita, pero es fundamental que se entienda que hay una comunidad que convive con la ría, por lo que tienen la obligación de informar al respecto”, había manifestado.
También había asegurado que una vez que se conozcan los informes correspondientes, “vamos a accionar tanto desde el Consorcio de Gestión del Puerto de Coronel Rosales —que también tiene un sumario interno—, como desde el Municipio".
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Agua con glifosato en La Matanza: la Justicia ordenó entregar bidones de agua potable a una familia fumigada

Fecha de Publicación: 09/01/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


Ante los constantes problemas de salud de sus hijos, una mamá golpeó puertas hasta dar con una toxicóloga que asoció esas dolencias a los agrotóxicos del entorno. Comenzó así una lucha que logró alejar las fumigaciones del Barrio Nicole. Ahora, un nuevo fallo de la Cámara Federal prioriza su derecho al acceso al agua segura.
El último día hábil del año que se fue, la Cámara Federal de San Martín otorgó una medida cautelar que obliga a la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de La Matanza a entregar bidones de agua potable a una familia de Barrio Nicole que lleva años luchando contra los agrotóxicos y sus efectos. Tras conseguir frenar las fumigaciones a su alrededor, el nuevo fallo entiende que los niveles de glifosato detectados en el agua representan un riesgo y que debe respetarse su derecho a acceder a agua segura.
La lucha de Erika Gebel empezó por los problemas de salud de sus hijos. Sarpullidos, erupciones, sangrados de nariz, dolores de cabeza, descomposturas, pérdida de peso, molestias en las articulaciones. En la búsqueda de explicaciones a esos síntomas dio con una toxicóloga que apuntó a los agroquímicos en su entorno. Y el reclamo de una familia se convirtió en el reclamo de todo un barrio, en el municipio que es corazón del territorio bonaerense.
El reciente fallo de la Justicia Federal implica un paso más y hace lugar al pedido de acceso a agua potable planteado por esa familia, que logró reunir pruebas sobre la presencia de glifosato en sus cuerpos y también en el agua de pozo que consumen. Lo que sigue: hacer extensiva la exigencia de bidones a todo el barrio, también afectado por el agua contaminada.

La cuestión del agua y el glifosato
“Si bien la Cámara está resolviendo sobre la cautelar y no el tema de fondo, pone sobre la mesa la cuestión de cuál tiene que ser el valor de seguridad del agua. Lo venimos sosteniendo en causas como Pergamino: se tiene que tomar el valor de referencia de la Unión Europea (UE), que estableció que los residuos de agrotóxicos en agua de consumo humano no tienen que superar los 0,1 ug/l (microgramos por litro) por cada uno, y si hay varios el cóctel no puede superar los 0,5”, dijo el abogado Fernando Cabaleiro, referente de la ONG Naturaleza de Derechos y representante de la familia demandante.
“El problema es que Código Alimentario, que es la pauta de referencia en Argentina, incluye un par de agrotóxicos pero -salvo dos- los otros fueron prohibidos hace 30 años”, agregó el abogado. El glifosato, sospechado de cancerígeno, no está incluido en ese parámetro. “La Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) trajo como referencia la normativa de Estados Unidos y Canadá, que usan niveles exorbitantes. Lo que decimos es que se tiene que aplicar principio pro homine: el mejor criterio de protección que exista. Porque lo que está en juego es la salud”, remarcó Cabaleiro. Y cuestionó la “complicidad de Acumar”, que hizo el primer informe sobre el agua del Barrio Nicole, en el laboratorio de AYSA, y concluyó que no había glifosato, “pero el sistema que se usó tiene un nivel de detección a partir de los 500 microgramos, lo cual es una barbaridad”. Luego, un estudio de la Universidad de Buenos Aires costeado por la comunidad arrojó la presencia de 2,5 microgramos por litro de glifosato en el agua que consumía la familia en su vivienda.
“En el caso resulta de fundamental importancia el derecho de acceso al agua potable y la aplicación del principio de prevención y, aun en la duda técnica, del principio precautorio, como sustento de ese derecho”, firmaron los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, al revocar la resolución emitida en mayo y ordenar “que se adopten las medidas necesarias para la entrega de agua segura a la familia actora”.

La lucha de una familia
Hace once años, cuando Érika llegó al barrio, le gustaba ver el vehículo que pasaba regando el campo frente a su casa. Porque ella, en un primer momento, creía que eso que arrojaban sobre los cultivos era agua. Pero no. Era un mosquito fumigando plantaciones de soja.
Pasó un tiempo hasta que asoció esa postal con los olores que percibía. Y, luego, con los síntomas en los cuerpos de sus hijos e hijas. Atravesó un largo periplo de tres años hasta que una voz médica le advirtió sobre el riesgo que implicaba para esos cuerpos la exposición a agroquímicos.
“Vine a vivir acá cuando mis hijos tenían 7 y 5 años, y 8 meses. Al toque empezaron los síntomas. Llegué un verano y al mes que habían fumigado yo empecé a ir al hospital. Los primeros síntomas son similares a una alergia. Nadie me dijo ‘señora, es porque vive ahí, se tiene que ir’. Yo no sabía. Vine a vivir al campo creyendo que iba a respirar aire puro”, lamentó, en diálogo con Tiempo.
Según consta en la causa judicial, en 2020 la Unidad de Toxicología del Hospital Gutiérrez –a cargo de Elda Cargnel- le dijo que los problemas de salud de la familia “podían estar relacionados con la exposición a los agrotóxicos, por lo que se les indicaron análisis de orina sobre presencia de glifosato, que dieron positivo en dos de sus integrantes”.
Al año siguiente, la toxicóloga les recomendó “que no tomen agua de la perforación y que debían mudarse de continuar las fumigaciones con agrotóxicos”. Érika pudo irse a alquilar a otro sitio, pero solo por un tiempo. Después, no le quedó otra que volver y seguir luchando por cuidar el entorno y la salud de su familia. Y en ese camino impulsó la organización de la Asamblea de vecinos envenenados por glifosato en la Matanza y el reclamo comunal.
“Se logró una cautelar sobre mil metros de distancia para las fumigaciones y después que el Consejo Deliberante sacara una resolución por mil metros en toda La Matanza. La ordenanza es del 28 de diciembre de 2022, pero no se publicaba en el Boletín Oficial. Hasta que se hizo una marcha y se planteó el tema y se logró recién en agosto de 2023”, recordó el abogado Cabaleiro. Tras ese logro, faltaba resolver el acceso al agua limpia.
“Esto es una de las victorias para festejar. No es el fin, es apenas el comienzo. Vengo solventando el agua de mi casa hasta para lavarme los dientes. Compro agua mineral, que sale muy cara. No sé cuándo empezarán a llegar los bidones, pero ya deberían estar hace dos años”, planteó la mujer que encabezó esta lucha.
El nuevo fallo fue una buena noticia en ese sentido. Pero queda pendiente no sólo alcanzar el cumplimiento efectivo de la medida sino que también llegue al resto de las vecinas y vecinos afectados por el agua contaminada, algo en lo que trabaja el abogado de Naturaleza de Derechos, junto a una ONG que se presentará en representación de la comunidad.
“Sabemos que si no lo hacemos público, esto queda en el silencio. La labor de nuestra asamblea es alertar a la población de que el agua está contaminada, que hay una ordenanza que limita las fumigaciones, que se debe extender la red de agua potable. Al menos, para que otras personas no digan ‘no sabía’.”, cerró Érika.
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“La hija de Juruna”: la historia del nuevo yaguareté silvestre descubierto en el Parque Nacional Iberá

Fecha de Publicación: 08/01/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Corrientes


Se trata de una cachorra nacida en mayo de 2022 cuya presencia los científicos intuían pero nunca habían confirmado. En los últimos tres años, la población de este felino, en serios peligros de extinción, en Corrientes pasó de cero a 21 y ya representa casi el 10% de la población de total de yaguaretés en Argentina
Hace apenas dos años la presencia del mítico yaguareté en uno de sus hábitats naturales, los esteros correntinos, era un recuerdo de otro siglo. Durante los últimos 70 años, el felino desapareció de esta zona del norte argentino, víctima de la caza “deportiva” y la extensión de las fronteras agropecuarias. Sin embargo, las cosas cambiaron en el último tiempo. Apenas unas horas después de iniciado el año 2024, los científicos que trabajan para la reinserción de la especie dentro del Parque Nacional Iberá encontraron un nuevo ejemplar silvestre mientras repasaban las capturas tomadas por las cámaras trampa ubicadas en el territorio.
El equipo de científicos que monitorea la zona esperaba encontrar a esta hembra. Sabían que había nacido hace alrededor de un año porque habían visto que su madre, Juruna, huérfana traída desde Brasil y reinsertada por la Fundación Rewilding Argentina, estaba embarazada. “Hace poco pudimos ver a uno de sus cachorros pero faltaba este. Ahora sabemos que está vivo. Y parece que es una hembra”, celebró Sebastián Di Martino, biólogo y director del área de Conservación de Rewilding. La imagen dura apenas un segundo. La cachorra cruza delante de la cámara trampa, ubicada bajo un monte. Como las manchas de los yaguaretés son únicas para cada animal, del mismo modo que lo son las huellas dactilares para los humanos, los especialistas pudieron detectar que no era ninguno de los habitantes conocidos de la zona.
El animal se suma a otros 20 detectados entre los yaguaretés que nacieron en cautiverio y fueron reintroducidos y los hijos de estos nacidos en libertad. Las estimaciones indican que en Argentina habría entre 200 y 250 yaguaretés, por lo que la población del Parque Nacional Iberá ya representa el 10% aproximadamente del total y Corrientes es ahora la provincia de la región chaqueña argentina con mayor cantidad registrada del felino más grande del continente.
La hembra nueva es hija de Juruna, una yaguareté nacida en Brasil que quedó huérfana y fue traída a los esteros para, una vez estabilizada, intentar su reinserción en el hábitat natural. En 2021 finalmente los científicos de Rewilding le abrieron la jaula. Salió junto a dos cachorras hembras. Las tres lo hicieron, con collares que emiten una señal que permite su seguimiento y, a través de este, y las cámaras trampa, entender su comportamiento.
El yaguareté es un animal que puede caminar decenas de kilómetros en un solo día. Si se observa que se quedan mucho tiempo en un mismo lugar es porque parió. Si anda alrededor de un espacio muy pequeño es porque está comiendo alguna presa allí, lo que pasados unos días les permite ir a los investigadores y detectar cuál fue su bocado.
Más tarde, los observadores detectaron que Juruna estaba nuevamente embarazada. Pero si bien se dieron cuenta que había parido por su geolocalización, nunca pudieron verla con los cachorros. Cada vez que se iban a la zona donde creían que estaba, ella estaba presente y era imposible aproximarse a los animales.
“Y después se empezó a mover con los cachorros”, explica Di Martino y agrega: “Hace un tiempo logramos ver un yaguareté del tamaño que tendrían esos cachorros pero nos faltaba un segundo y creemos que este es el que nos faltaba”.
Como el 90% de las veces los yaguaretés dan a luz dos cachorros, intuyeron que había dos nuevos integrantes en el Iberá. Esto fue en mayo del 2022, por lo que se cree que el ejemplar recientemente visto tiene un año y siete meses.
Los nacidos en libertad no tienen los collares y no se les pueden colocar hasta que alcancen el tamaño adulto y puedan eventualmente ser capturados. Por ese motivo, las cámaras trampa adquieren una relevancia trascendental a la hora de identificar y seguir a estos individuos.
“Los resultados obtenidos en Iberá hasta el momento son muy auspiciosos. Es el primer proyecto a nivel mundial que intenta restablecer al yaguareté en una región donde se había extinguido, y es observado como ejemplo a ser replicado en la Mata Atlántica de Brasil y en el sur de los Estados Unidos. El éxito del proyecto incluso llevó a la fundación Rewilding Argentina, junto a Parques Nacionales, a trabajar para replicar el proceso en el Parque Nacional El Impenetrable”, explicaron desde la fundación.
No obstante, el cambio de gobierno tiene los trabajos en pausa. Como no hay autoridades designadas aún en la Administración de Parques Nacionales, no pueden ser reinsertadas dos hembras en el Impenetrable (donde se sabe que al menos dos machos silvestren caminan por el territorio), una nacida en cautiverio y la otra traída, huérfana, de Paraguay.
“A pesar de lo ambiciosos o titánicos que parezcan cuando comienzan, estos proyectos son necesarios para que las especies regresen a los lugares en donde desaparecieron por causas humanas y vuelvan a cumplir sus roles ecológicos, en este caso el de depredador tope. La presencia del yaguareté es esencial para mantener la salud del ecosistema ya que regula las poblaciones de las otras especies presentes en los esteros del Iberá, incluyendo especies vegetales”, detallaron desde Rewilding.
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Lanzan alertas por la presencia de cianobacterias en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires

Fecha de Publicación: 08/01/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Buenos Aires


Es en el balneario de Laguna de Lobos y la Laguna Hinojo partido bonaerense de Trenque Lauquén.
La provincia de Buenos Aires continúa con el Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, con un mapa de alerta temprana y actualización diaria en 28 municipios, que advierte posibles floraciones de cianobacterias y permite activar mecanismos de prevención en la comunidad, informó el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.
A través del Sistema de Alerta Temprana y mediante el cianosemáforo emitió hoy un alerta rojo por la presencia de cianobacterias en el balneario de Laguna de Lobos y la Laguna Hinojo partido bonaerense de Trenque Lauquén.
En este sentido, informa que el agua se observa color verde intenso, azul o azul verdoso, con una acumulación extensa de cianobacterias en la superficie formando una capa continua de floración consolidada.
Al respecto, recomienda no utilizar el agua para consumo de forma directa o para higiene personal, alejar a los niños y mascotas hasta que la floración desaparezca, y no consumir alimentos del espejo de agua.
En tanto, la laguna de Chascomús y el Río Salado a la altura del Puente de la Ruta 5, Puente de Ladaga y Puente de la ruta 51 en Achupallas del municipio de Alberti, se encuentran con Alerta Naranja, por lo que se aplica la bandera sanitaria correspondiente.
En este sentido, según se informa a través del cianosemáforo, esta condición puede darse por condiciones de bajante o sequía y, además, el agua se ve de un color verde brillante en la superficie y en la arena.

Sobre las cianobacterias en Buenos Aires
Las cianobacterias se acumulan en la columna de agua o en la superficie, pero no en una capa continua, y en este sentido se recomienda evitar el contacto con las manchas verdes, lavarse con agua limpia en caso de entrar al río o laguna.
La actualización de este mapa tiene como principal objetivo que bañistas y deportistas no pongan en riesgo su salud en aguas recreativas.
Además del trabajo conjunto con los municipios en el monitoreo visual, se implementó también un sistema satelital a cargo de profesionales de la Autoridad de Agua que acompañan una detección más eficiente de posibles floraciones.
El cianosemáforo se puede consultar en el link gba.gob.ar/cianobacterias dónde también se puede encontrar material descargable para difusión sobre qué son y cómo actuar ante su contacto.
Al respecto y para conocimiento de la población, desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense informaron que las cianobacterias son organismos que viven en el agua generalmente presentan un color azul verdoso, pudiendo ser algunas especies nocivas para la salud.
En tanto indicaron que los efectos en la salud más comunes son: vómitos, diarrea, dolor de cabeza, debilitamiento muscular y alergias en la piel.
Por último, señalaron que en caso de sentir olor u observar color en el agua no se debe tomar contacto y, a la vez, consultar en el centro de salud más cercano en el caso de intoxicación.
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UICN Argentina pidió al Congreso Nacional que se rechace las modificaciones en materia ambiental propuestas en el proyecto de Ley Ómnibus

Fecha de Publicación: 06/01/2024
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Nacional


Desde el Comité Argentino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) emitieron una declaración pública para dar a conocer su preocupación por los alcances del proyecto de Ley Ómnibus del Poder Ejecutivo Nacional en que proponen modificaciones que implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados con la Ley de Bosques, Ley de Quema y Ley de Glaciares. «Colisionan de lleno contra principios jurídicos vigentes y normas que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales en la Argentina», señalaron.
UICN Argentina pidió al Congreso Nacional que se rechace las modificaciones en materia ambiental propuestas en el proyecto de Ley Ómnibus Las organizaciones de la sociedad civil integrantes del Comité Argentino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) expresaron sábado – a través de un comunicado- su “profunda preocupación” por las medidas contenidas en el proyecto de Ley ómnibus enviado este 27 de diciembre al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
“El proyecto vulnera el principio de no regresión ambiental, consagrado en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) dado que los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados”, advierten desde la UICN Argentina.
Por otra parte, indican que varias de las medidas propuestas de modificación suponen “serios retrocesos en la legislación ambiental lograda tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de consenso entre diversos actores sociales, a lo largo de los últimos años en la Argentina”, remarcaron.

En particular, el texto incluye modificaciones en:
-  Una modificación a la Ley 26.331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos aprobada en el año 2007, permitiendo el desmonte en las zonas categorizadas como rojo y amarillo, en las cuales el desmonte está prohibido por ser áreas con indicadores de valor ambiental o ecosistemas únucis, debiendo conservarse a perpetuidad o destinarse a uso sostenible, respectivamente. Según la modificación propuesta se habilitarían, previo cumplimiento de los requerimientos de la Ley General del Ambiente, “proyectos de desmonte de bosques nativos para los que se encuentren bajo la categoría I y II”, es decir, categoría roja y amarilla. Así, estas áreas que hoy suponen más del 70% de los ordenamientos territoriales declarados por las provincias pasarían a quedar desprotegidas.
Por su parte, el proyecto flexibiliza el desmonte en áreas verdes, hoy sujeto a previa evaluación de impacto ambiental y audiencia pública.
Además el proyecto vacía de financiamiento a la Ley de Bosques ya que quita de las fuentes que aportan anualmente al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos al 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones al agro. La Ley 26.331 pasaría a obtener los fondos que anualmente decida asignar el PEN y otras fuentes menores.
Propone, asimismo, eliminar la mención al acceso a la información y participación de pueblos indígenas y las comunidades campesinas, en contradicción con el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, marginando al mismo tiempo a los sectores en mayor vulnerabilidad en relación con los bosques nativos.
-  En materia de Ley de quemas, el proyecto del gobierno mantiene la definición vigente de “quema” pero agrega una de “aprovechamiento productivo” como toda “actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno”. Esto permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen, etc.
Por otro lado, mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización. Pero el proyecto propone un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud. En caso de falta de respuesta, se considerará que la quema ha sido autorizada “tácitamente”.
De esta manera, el silencio es interpretado de manera positiva generando una ficción legal que permitiría de manera tácita avanzar con quemas sin presencia ni control de parte de las autoridades locales especializadas en Manejo del Fuego, y sin ponderación de parámetros ambientales, incluyendo acumulativos, de tipo técnicos relativos al manejo del fuego, y cuidado de la seguridad y salud pública.
Para atender el flagelo de los incendios que arrasan con bosques, pastizales y humedales se necesita de un robusto y permanente monitoreo y accionar preventivo de parte de las autoridades, trabajando mano a mano con la comunidad y con financiamiento.
-  Se propone modificar la Ley 26.639 de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglaciar prohibido hoy en la norma vigente, recortando su definición amplia vigente y condicionando su protección al cumplimiento de requisitos restrictivos y discrecionales. Esta medida es una clara respuesta a un reclamo histórico del sector minero, que busca aumentar sus beneficios económicos en detrimento de la preservación socioambiental y la protección de áreas resguardadas por ley.
-  Modificaciones propuestas para la Ley 24.922 de régimen federal de pesca promulgada en 1998. Se propende a flexibilizar el proceso para otorgar permisos de pesca con cambios a las condiciones y prioridades hoy dispuestas y concentrando ese otorgamiento en la autoridad de aplicación, sin involucramiento del Consejo Federal Pesquero.
Por otro lado, implicaría liberar las aguas tradicionalmente reservadas a pesqueros de bandera argentina, derogando preferencia de personas de nacionalidad argentina en tripulaciones y la obligatoriedad de desembarcar la producción pesquera en puertos argentinos. Esto podría tener consecuencias graves para el sector, puestos de trabajo, y promover usos que no sigan pautas de conservación ni consideren los impactos sobre la biodiversidad marina.
-  Respecto a los mercados de carbono, el proyecto de ley se enfoca en el establecimiento de estos mercados que suponen una visión mercantilizadora de la naturaleza y sin hacer referencia a la necesidad y urgencia de reducir las emisiones desde las fuentes, ni a los compromisos internacionales de reducción de emisiones.

Por todo lo mencionado, las organizaciones de la sociedad civil del Comité Argentino de la UICN realizaron un llamado público a ambas Cámaras del Congreso Nacional a “no hacer lugar a estas propuestas del proyecto de Ley ómnibus del PEN que colisionan de lleno contra principios jurídicos vigentes y normas que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales en la Argentina.
Modificar estas leyes ambientales no sólo impactará negativamente en la conservación, uso sostenible y restauración de la biodiversidad, sino también en los resultados económicos productivos de las distintas actividades socioeconómicas involucradas que se pretende beneficiar”.
Finalmente, sostuvieron que además “arriesgan seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los foros multilaterales ambientales”.
El Comité Argentino de la UICN actualmente nuclea a 11 miembros: Administración de Parque Nacionales (APN), Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca); Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Fundación Bosques Nativos Argentinos; Fundación Biodiversidad (FB); Fundación Habitat y Desarrollo; Fundación Patagonia Natural (FPN); Fundación ProYungas (FPY); Fundación RIE; Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) y Secretaría de Ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .
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Corrientes: registraron a un nuevo yaguareté silvestre en el Iberá

Fecha de Publicación: 06/01/2024
Fuente: Diario Epoca
Provincia/Región: Corrientes


La Fundación Rewilding confirmó la información a través de sus redes sociales. "La primera noticia de 2024 llega desde el corazón del Parque Iberá en Corrientes: las cámaras trampa registraron a un nuevo ejemplar", postearon.
"La primera noticia de 2024 llega desde el corazón del Parque Iberá en Corrientes: las cámaras trampa registraron a un nuevo yaguareté silvestre", publicó la Fundación Rewilding confirmando el ejemplar número 21 en la reserva.
Cabe destacar que el rewilding busca restaurar las especies e interacciones ecológicas propias de los ecosistemas naturales, a fin de revertir las crisis de pérdida de biodiversidad y climática que amenazan al planeta.
Por ello destacaron que a noticia que llega desde Iberá reafirma el camino "el parque natural más grande de Argentina; la vuelta, por primera vez en la historia, del mayor carnívoro del continente americano; el posicionamiento de los Esteros correntinos entre los destinos naturales más recomendados del mundo".
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Derrame de petróleo en el Estuario Bahía Blanca: la empresa dice que fueron casi mil litros

Fecha de Publicación: 05/01/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


Un vocero de Oiltanking Ebytem sostiene que la mancha abarcó 300 metros de extensión y un ancho de entre 30 y 50 metros. Organizaciones ambientales de un número diez veces mayor.
Pasó el derrame de petróleo en el Estuario de la Bahía Blanca, arrancaron las tareas de remediación y ahora vendrá el tiempo de las investigaciones: por un lado conocer las causas que llevaron al siniestro ambiental protagonizado la empresa Oiltanking Ebytem; por el otro, saber con mayor precisión cuánto material se vertió al agua y sus consecuencias.
Como relató Tiempo el sábado, el hecho ocurrió a mitad de la semana pasada. Quien documentó por primera vez el derrame fue Natalio Huerta, conocido pescador artesanal la zona, desde su embarcación la Saverio Lombardo. Natalio fue uno de los pocos que pudo salir tras las pérdidas ocasionadas por el pasado temporal a los pescadores artesanales.
«Las manchas de crudo habrían afectado sectores sensibles para muchas especies vulnerables de la fauna marina de la Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde», señaló Pablo Petracci, director de la Estación de Rescate de Fauna Marina Guillermo Fidalgo (ERFAM).
En declaraciones a la prensa local, Petracci manifestó que la mancha ocupó 3 kilómetros de ancho por 1,5 de largo. Sin embargo, un representante de la empresa dio un número casi diez veces menor.
De acuerdo a lo declarado por Rolando Balsamello, gerente de Oiltanking Ebytem S.A., al programa Nunca es Tarde, fueron 950 litros de vertido en una mancha estimada de 300 metros de extensión y un ancho variable de entre 30 y 50 metros: «Lo que existe internacionalmente es un criterio que fijan algunos organismos, hay unas guías en función de la coloración de la mancha sobre el agua. En base a la dimensión que se observa lo que está flotando, se establece a través un coeficiente, un criterio de cuál es el volumen vertido».
Y completó: «Nosotros hicimos una evaluación basada fundamentalmente en el comentario que nos hacen quien estaban navegando, que hablaba de una mancha de 300 metros de extensión y ancho variable entre 3o y 50 metros, es una estimación que fue lo reportado a Prefectura y autoridades. Son unos 950 litros vertidos».

El derrame y el PLANACON
Según remarcó el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, el derrame provino de la monoboya operada por Oiltanking Ebytem S.A. en Puerto Rosales, ubicada en el vecino partido cuya localidad de cabecera es Punta Alta.
Susbielles apuntó a la empresa: «Si la petrolera hubiera activado en forma oportuna el PLANACOM para contener a tiempo el derrame, habría evitado impactos ambientales de gravedad. Esta medida no se tomó y hoy las consecuencias están a la vista».
Según detalló, remitió notas a Oiltanking, y a Prefectura Naval como autoridad jurisdiccional «para tener información precisa y fidedigna del suceso en el corto plazo. Me consta que el Ministerio de Ambiente de la Provincia inició las actuaciones e investigaciones correspondientes».
«En base a la información que recibamos, definiremos el rumbo de acción a seguir. La seguridad en materia de operatoria en el estuario no admite fallas, ni falta de diligencia alguna. La reserva natural Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde es uno de los tesoros más preciados de nuestra ciudad y, como tal, la protegeremos».
En esa misma línea, el gerente de la empresa se centró en la monoboya y descartó «de plano» que haya provenido de un buque: «el barco nunca fue conectado y el sistema nunca fue presionado, por eso la hipótesis más fuerte es que hubo un exceso de tensión sobre el sistema de anclaje».
OilTanking integra el Sistema Nacional de Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas y Sustancias Potencialmente Peligrosas (PLANACON), que es administrado y operado por la Prefectura Nacional.
«La petrolera no activó el PLANACON para contener a tiempo el derrame evitando impactos ambientales graves a nuestro estuario. Hemos solicitado que se investigue en detalle este hecho brindando las evidencias recopiladas y que, en caso de demostrarse su responsabilidad, sea sancionada y se haga cargo de la mitigación de daños», denunció Petracci.
La firma, que a nivel regional tiene sede en Arroyo Pareja, explicó en un comunicado que el «27 de diciembre de 2023 a las 15:45 hs. se activó el Plan de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos en el Agua (PLANACON) mediante aviso a Prefectura Naval Argentina (PNA), Distrito Bahía Blanca. Esto ocurrió luego de que, tal como se informara a PNA, durante el amarre del Buque Cabo Sounión y este sin haber iniciado operaciones (el buque no tenía sus mangueras de bombeo conectadas), se detectara una oleosidad. Esto motivó la suspensión del amarre, previo barrido de la línea marítima y posterior inspección de las instalaciones».

La remediación
El fin de semana, Oiltanking Ebytem informó que, tras recibir la autorización de las autoridades intervinientes, dio comienzo «a las tareas de remediación y limpieza del sector del canal del embudo y adyacencias, afectadas parcialmente por presencia de petróleo. La labor es llevada adelante por contratistas especializados provistos por la empresa, con el seguimiento y control de personal de las áreas de ambiente local y provincial y otras autoridades y fuerzas vivas de la región. El objetivo de las operaciones de limpieza iniciadas hoy es reducir el volumen de hidrocarburo presente».
Sostuvieron que emplearon grupos de trabajo manual, con apoyo de embarcaciones: «El personal trabajó en remover todos los elementos manchados en la vegetación. Todo el material afectado que se retire será embolsado, trasladado por vehículos habilitados, y recibidos en la Terminal para su disposición final según los procedimientos ambientales vigentes».
Sobre el evento ocurrido, la empresa dijo que se encuentra realizando una «investigación de causa raíz», a fin de detectar «en qué parte del proceso de amarre se pudo dar lugar a un error. Esta exige la entrega de un informe minucioso por parte de los participantes de la operación (tanto otras empresas proveedoras, como personal propio), inspección en las instalaciones y evaluación de eventuales daños registrados. Este proceso tiene como fin reforzar el proceso de operación a fin de evitar que vuelvan a ocurrir incidentes de este tipo». Mientras tanto, la Provincia y el Municipio ya arrancaron su propia investigación.
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Estudian los efectos de un área protegida en la recuperación de tres especies de interés pesquero

Fecha de Publicación: 05/01/2024
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Salta


El trabajo realizado por especialistas del CONICET analiza el rol del Parque Nacional El Rey (Salta) en la protección de poblaciones de peces atractivas para la actividad turística.
Un grupo de especialistas del CONICET analizaron los efectos de la protección del Parque Nacional El Rey sobre las poblaciones del dorado (Salminus brasiliensis), el sábalo (Prochilodus lineatus) y la boga (Megaleporinus spp.), tres especies de interés pesquero.
El trabajo se desarrolló en el río Popayán (dentro y en los límites del Parque Nacional), parte cuenca del río Bermejito, y fue encabezado por Alejo Irigoyen, investigador madrynense del  Consejo en el Centro para el Estudios de Sistemas Marinos (CESIMAR, CONICET). Junto a él trabajaron Gastón Trobbiani y Agustín De Wysiecki, del mismo Instituto; Gastón Aguilera, Guillermo Terán y Baltasar Bugeau, de la Unidad Ejecutora Lillo (UEL, CONICET-FML);  Felipe Alonso, del Instituto de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO, CONICET-UNSa), y Miguel Casalinuovo, fallecido el 16 de julio de 2022.
“El trabajo surgió por iniciativa de Felipe Alonso, que es un ictiólogo salteño, y un grupo de trabajo del CONICET en Tucumán. La idea era llevar nuestra especialidad, que es la estimación de abundancia y tamaño de peces en el mar con métodos no destructivos de observación, a los ríos de la selva yungueña de Salta, que tienen agua clara”, explicó Alejo Irigoyen.
El método utilizado por los científicos del CESIMAR consiste en un ‘censo visual’, que ya llevan practicando en el mar hace unos 20 años, mediante buceo: “Se hacen transectas donde uno cuenta y estima el tamaño de los peces en un área determinada, entonces, se sabe cuántos hay y de qué tamaño”, completó el especialista.
En julio de 2022 se realizaron censos visuales de dorados, bogas y sábalos en pozones de tres áreas distintas: un área protegida sin actividad de furtivismo registrada, un área protegida con actividad de furtivismo registrada y un área desprotegida con actividad de furtivismo registrada. En cada pozón se registró la abundancia de cada especie, profundidad máxima y el largo del mismo.
El análisis de datos indicó que la abundancia de las tres especies fue menor en áreas con furtivismo o desprotegidas, que en la zona protegida sin furtivismo, representando una disminución de un 74% en dorados, 58% en bogas  y 45% en sábalos, mientras que el tamaño de los dorados fue mucho mayor en el área protegida.
“Gracias a un trabajo mancomunado con los guardaparques nacionales, registramos una situación muy buena dentro de un sector del parque, donde encontramos hembras de dorado gran tamaño, que posiblemente sostengan toda la población, y, por otro lado, una situación hacia afuera de explotación de pesca recreativa y también furtiva, donde las poblaciones están muy deprimidas. Hay un contraste brutal desde los límites del parque nacional hacia arriba o hacia abajo, que es donde accede la gente a pescar”.
Según indican los autores, las especies y los hábitats de agua dulce se encuentran entre los más amenazados del mundo. En este contexto, las áreas protegidas (AP) son una herramienta clásica para proteger tanto a los ecosistemas y especies como al patrimonio natural y cultural que contienen. Sin embargo, en áreas continentales, las AP se establecen mayormente sobre valores de conservación terrestres, mientras que la protección de ambientes acuáticos y de peces es casual.
Con estos datos sobre la mesa, los autores aseguran que el manejo de las especies de estudio y dentro y fuera del Parque Nacional El Rey representa un desafío, dadas las dimensiones reducidas del sector de río donde se encuentran bien conservadas las poblaciones de peces, sobre todo de adultos reproductores de dorados. Si se lograra evitar el furtivismo, este factor propiciaría la recuperación rápida de, al menos, los sectores del río estudiados.
La situación actual, además del pasivo ambiental y el riesgo de contar con poblaciones en baja densidad y pocos reproductores, se puede considerar como un pasivo social dada la actividad económica que podría generar la actividad de pesca recreativa.
“Algo que tiene el dorado, por ejemplo, es que es una especie que mueve muchísimo turismo extranjero, muchas empresas se dedican a traer gente a pescar dorado, es una economía emergente. Entonces hablamos no solo del cuidado del patrimonio natural y cultural que es esta especie, sino que también son economías muy rentables y que ayudan a la gente del lugar si se hacen adecuadamente”.
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La biodiversidad perdida

Fecha de Publicación: 04/01/2024
Fuente: Agencia TSS
Provincia/Región: Litoral Argentino


Al menos 46 especies de plantas y 39 de vertebrados resultaron afectadas por los incendios en los humedales del río Paraná, en la provincia de Santa Fe, durante 2020. Se estima que, en esa oportunidad, el suelo ardía en profundidades que oscilaron de hasta 12 centímetros, mientras que las alturas de las llamas se elevaron hasta más de cuatro metros metros, debido a la presencia de especies leñosas. Los datos surgen de un relevamiento desarrollado por una decena de investigadores de distintas disciplinas, del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que fue recientemente publicado por la revista científica Oecologia Australis.
“Es el primer trabajo en la Argentina que describe y cuantifica a campo la mortalidad de flora y de fauna, y la afectación del suelo en humedales”, dice la investigadora Paola Peltzer, del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL y del CONICET, que estudia el impacto de las actividades humanas en los humedales del Paraná desde hace más de dos décadas.
“Encontramos 85 especies afectadas a lo largo de los años, porque se multiplicaron los incendios y su repetitividad en los mismos sitios”, advierte Peltzer, y aclara que son tierras que no solo fueron quemadas en invierno para facilitar la ganadería, sino que los incendios también se intensificaron y reprodujeron en verano, debido al aumento de la temperatura y la gran sequía histórica que hubo en el río Paraná.
“Eso hizo que, al no estar adecuadas evolutivamente a tener fuego en sus ambientes, las especies de plantas no puieran rebrotar y las de animales no pudieran reproducirse”, afirma la especialista. Y agrega: “Si esto se hubiera extendido más en el tiempo, realmente hubiera sido una catástrofe y una declinación casi regional de estos humedales. Gracias a las inundaciones posteriores, el fuego se frenó pero quedó demostrado que los humedales ya no funcionan como barreras o como esponjas de grandes inundaciones, que es una de sus características y funciones”.
La recopilación de los datos fue a partir de “observación in situ”, que no es otra cosa que ir personalmente al territorio para poder medir la profundidad de la quema y enumerar las distintas especies de plantas y animales vertebrados que resultaron quemados, y en los casos en los que las condiciones no les permitían determinar el tipo de especie que estaban detectando, las registraron fotográficamente y las identificaron luego en el laboratorio.
“El trabajo de campo requiere un esfuerzo muy grande, muchas cosas se hacen realmente a pulmón, sumado a la impotencia de estar viendo animales quemados y no poder hacer nada”, dice Peltzer y destaca la dedicación de todo su equipo, que desde hace años se dedica a esta tarea para estudiar y tratar de proteger la biodiversidad de los humedales, no solo de la región del Paraná Medio, ya que también colaboraron como voluntarios en otras zonas afectadas por incendios, como en Corrientes.
“Es algo desolador y muy triste, volvíamos llorando e incluso con secuelas físicas, como broncoespasmos y ampollas en los pies”, recuerda la investigadora, y agrega que, además de ver animales quemados y plantas afectadas enteramente o árboles muertos en pie, también se encontraron con un suelo “que era prácticamente el de un desierto, no un humedal: había grietas de 10 a 15 centímetros de profundidad en los suelos, que habían roto la microbiota tan importante para esos lugares”, dice la especialista. También destaca la importancia de contar con ayuda de personas que habitan en esas regiones, que facilitaron el traslado con sus propias lanchas y canoas hasta los lugares afectados.
Para este trabajo, específicamente, los y las investigadoras de este equipo recorrieron 18 humedales (entre islas y tierras continentales) distribuidas a lo largo del denominado Paraná medio, que se expande desde la localidad santafesina de Los Zapallos hasta la entrerriana de Diamante, durante tres meses. En algunos sitios también hicieron un seguimiento en distintos momentos posteriores a los incendios, para evaluar las posibilidades de remediación de la biodiversidad en las zonas afectadas.
“Nos encontramos con la no regeneración y la no restauración pasiva de la flora y de la fauna, es decir, que no había posibilidades de que la fauna y la flora pudieran volver al estado anterior sin la ayuda del hombre”, advierte Peltzer, y explica que los humedales no tienen como perturbación natural al fuego, como sí la tienen otros ecosistemas pampeanos, lo que hace que se genere lo que se conoce como “muerte ecológica”. En las plantas, esto implica que, si bien los ejemplares no mueren, se ven afectados de manera tal quedan expuestos a enfermedades e infecciones y no pueden producir flores, por ejemplo, lo que impide que se produzca la polinización y den frutos para reproducirse. En el caso de los animales ocurre algo similar, ya que no pueden regresar o algunas de sus tres funciones vitales, que son alimentarse, reproducirse y encontrar sitio de refugio, resulta alterada.
Para analizar los impactos de los incendios ocurridos durante 2020, los investigadores también determinaron, con información satelital, lo que se conoce como índice de quemado diferenciado normalizado (dNBR) y el índice de vegetación diferenciada normalizada (NDVI), antes y después del incendio. En el caso del dNBR, registró un valor moderado de quemas de 17,64%, que se elevó a un 52,94% de quemaduras de alta gravedad. En cuanto a los valores de NDVI, disminuyeron a la mitad en comparación con los valores registrado en las imágenes de control, inmediatamente después del incendio, y mostraron una posterior revegetación baja a mediano plazo, de tres a cuatro meses. “No nos podíamos quedar solo con lo que vimos en el terreno, también quisimos complementarlo con la información satelital disponible, para comprender mejor cómo impacta el fuego en estos territorios”, dice Peltzer.
La investigación busca comprender el impacto del fuego en la biodiversidad de los humedales y a pensar en modos más efectivos para remediarlos y protegerlos, ya que estos cumplen funciones esenciales contra el cambio y la crisis climática, que generan eventos extremos como los tornados y las fuertes tormentas que se vivieron recientemente en la provincia de Buenos Aires.
“Se espera cierto tiempo para que la naturaleza se recupere sola y evaluar si se debe intervenir o no, a corto, mediano o largo plazo. En general, se espera que con las primeras lluvias primaverales se produzca una regeneración de las plantas herbáceas, por ejemplo, y que eso lleve a que, por sucesión ecológica, vuelvan los animales, se creen microambientes, microclimas y se permita también las sucesión ecológica en cuanto a arbustos y especies arbóreas”, agrega Peltzer, pero advierte que ]”eso no se dio”.
Todo esto evidencia la relevancia de contar con políticas y regulaciones que ayuden a proteger estos ambientes y la biodiversidad contenida en ellos. “Necesitamos más de 60 años para recuperar un ambiente quemado. Si se deroga la Ley de Manejo de Fuego, como intenta el actual Gobierno, se da pie a que se pueda quemar cualquier tipo de tierra y de ecosistema, y permite hacer un uso posterior del suelo quemado, independientemente de si es o no un área natural protegida”, cuestiona la investigadora. Esto último es lo que se conoce como “ley de irreductibilidad”, a lo que también hay que sumarle los riesgos de derogar la Ley de Presupuestos Mínimos, que le quitaría los subsidios a los bomberos nacionales para que puedan actuar frente a los incendios en los diversos ecosistemas del país.
“Es terrible, se está condenando a que perdamos no solamente las tierras, sino también la biodiversidad. No sé si se logra ver lo que eso implica en términos de flora y de fauna, pero realmente asusta”, concluye la investigadora.
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Avanza la ley para aprobar el acuerdo por Salinas Grandes

Fecha de Publicación: 04/01/2024
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta - Jujuy


El Senado otorgó media sanción al proyecto que envió el Ejecutivo provincial y ahora deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados.
En la última sesión del año el Senado otorgó media sanción a la ley que envió el Ejecutivo para aprobar el acuerdo interprovincial que rubricaron los Gobiernos de Salta y Jujuy para la gestión integral de la cuenca hídrica en la zona minera de Salinas Grandes.
El aval que dio el Senado y que también hará lo propio en el próximo período ordinario la Cámara de Diputados avala el Decreto 714 a través del cual el Gobierno de Salta aprobó el acuerdo interprovincial para la gestión integral de la Cuenca Hídrica de Salinas Grandes.
En marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió informes y documentación al Estado Nacional, también a las provincias de Salta y Jujuy, sobre concesiones para la explotación de litio y borato en estas salinas.
De esta manera se respondió a un amparo ambiental que presentaron comunidades de pueblos originarios en resguardo de derechos a un ambiente sano, a la vida, al agua y a la autodeterminación.
A través del convenio, los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Jujuy, Gerardo Morales, acordaron la creación de una comisión interjurisdiccional para la gestión ambiental integral de la cuenca hídrica de Salinas Grandes.
La integrarán autoridades de ambas provincias en materia ambiental, en asuntos hídricos, minería y comunidades indígenas. Esta comisión encomendará la realización de estudios hidrogeológicos con la finalidad de establecer una línea de base de la cuenca, de su hidrología y capacidad.
Además, arbitrará mecanismos para la relación de una evaluación de impacto ambiental integral y acumulativo que tenga en cuenta las características geológicas y geográficas de la región y analizará la legislación existente que rige la exploración y explotación de la actividad minera y propondrá eventuales modificaciones a los fines de armonizar el marco normativo;
El Decreto 714 fue emitido por el Gobierno de Salta en cumplimiento de las facultades que confieren los artículos 140 y 144 de la Constitución de la Provincia y lo dispuesto en la Ley 8171 del Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Secretario General de la Gobernación, Secretarios de Estado y Subsecretarios de Estado y que fue modificada por su similar 8274.
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Alerta y rechazo a nivel político por la “desnacionalización” de la pesca y su impacto

Fecha de Publicación: 03/01/2024
Fuente: Portal quedigital.com.ar
Provincia/Región: Nacional


Desde la Legislatura bonaerense solicitaron al Congreso que no permita el avance de las reformas regresivas de la explotación del Mar Argentino. Repercusiones a nivel municipal.
Con la presentación de la “ley ómnibus” del gobierno de Javier Milei, que no es más que el complemento de las reformas regresivas aplicadas en el también cuestionado “decretazo”, legisladores y políticos municipales también se expresaron en contra de los artículos dedicados exclusivamente a la desregulación y sobre todo la “desnacionalización” de la pesca, con todo lo que podría traer aparejado en Mar del Plata y en los puertos del país.
Entre las desregulaciones que plantea Milei para el Régimen Nacional de Pesca Vigente, busca las cuotas de capturas de recursos pesqueros dentro de la Zona Económica Exclusiva se liciten de manera internacional, que los buques puedan descargar capturas nacionales en puertos foráneos o que deje de regularse la nacionalidad de los trabajadores a bordo. Por el impacto en la soberanía y en el trabajo nacional, rápidamente la propuesta recibió cuestionamientos de distintos sectores.
En la última sesión extraordinaria de la Legislatura bonaerense, el diputado marplatense Gustavo Pulti se expresó en contra de la desregulación de la pesca y la venta de las capturas del Mar Argentino al mejor postor dentro de la Zona Económica Exclusiva, es decir, las primeras 200 millas náuticas.
“Se impulsa la decisión de licitar internacionalmente sin exigir tripulación nacional ni industria nacional naval, de licitar a través de un arancel. ¡Qué tergiversación terrible! La soberanía de explotar el Mar Argentino con barcos argentinos y tripulación argentina cambiada por una modesta, elemental, pobre, insuficiente y repugnante visión fiscalista de que le vendo el derecho a pescar a uno que -venga de donde venga- pague dos pesos más“, expresó desde su banca.
Al respecto, junto a otros diputados del bloque de Unión por la Patria, Pulti adelantó que presentaron un proyecto para que la Legislatura solicite a las dos cámaras del Congreso Nacional “que rechacen la ley ómnibus, principalmente por la amenaza que representa la desnacionalización de nuestra pesca”, apuntó y deseó que las dos cámaras “se planten” para defender la soberanía nacional.
Mientras tanto, a nivel municipal, quien se expresó a través de sus redes sociales fue el secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro, quien aseguró que el propio intendente Guillermo Montenegro “está manteniendo diálogo con legisladores y funcionarios para alertar y revertir” el avance de la reforma.
“La modificación de la Ley Nacional de Pesca afectaría negativamente al trabajo de los marplatenses. Permitir que flotas extranjeras operen en nuestro mar sin ningún tipo de regulación pone en peligro el trabajo de muchas familias. Además dañaría la industria naval de nuestra región, amenazando nuestro lugar como líderes en la fabricación de buques”, enfatizó.
En las últimas horas y más allá de las condiciones actuales del sector, desde la agrupación empresaria Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina que integran poderosos empresarios locales como también desde el Sindicato Marítimo de Pescadores habían apuntado contra la reforma.
Mientras desde las patronales cuestionaron la licitación internacional de las cuotas de captura sin considerar la infraestructura del “historial pesquero” y la mano de obra nacional empleada por el sector, desde el Simape consideraron que si avanza “puede haber desocupación y quedar todo en manos extranjeras“.
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En Bariloche, reclamaron un freno a la minería y que vuelva la ley anticianuro

Fecha de Publicación: 03/01/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


La protesta e intervención artística se realizó esta tarde en el Centro Cívico, al conmemorarse los 12 años de la derogación de la ley que prohibía el uso de cianuro en actividades extractivistas.
“Bienvenidos a Río Negro, distrito minero” rezaba el cartel para tomarse fotografías donde los rostros se debían posar sobre dos esqueletos. La acción en el centro Cívico de Bariloche fue parte de una intervención artística y movilización de organizaciones ambientalistas, asambleas populares y comunidades mapuches que se expresaron al conmemorarse los 12 años de la derogación de la ley que prohibía el uso de cianuro en los procesos de extracción de la provincia y en rechazo de las recientes reformas de las leyes de tierras y minería.
La llamada “ley anticianuro” tuvo 6 años de vigencia. Fue sancionada en 2005 y derogada el 29 de diciembre de 2011 por impulso del entonces gobernador Carlos Soria y con la voz de la exgobernadora Arabela Carreras como defensora de la medida en la Legislatura. Los gobiernos pasaron y la normativa nunca se restituyó pero cada años las organizaciones que en aquel momento estuvieron en pie de guerra siguen con el lema que los caracterizó: “No es no”.
Alejandro Yanello, referente de la organización ambientalista de Bariloche Piuke, dijo a Diario RÍO NEGRO que el objetivo de la movilización de esta tarde es pedir la restitución de la ley anticianuro, derogada hace 12 años, y rechazar las reformas actuales impulsadas por el gobernador Alberto Weretilneck y también las medidas que afectan al ambiente que decretó o propuso en la ley ómnibus el presidente Javier Milei.
“Recordamos aquel 29 de diciembre que entre gallos y medianoche derogaron una conquista popular”, dijo Yanello y remarcó que durante el período que estuvo la ley “no se podía explorar la megaminería con el uso de cianuro”.
Yanello remarcó que cada año se reúnen las organizaciones y asambleas para mantener vigente el reclamo y se trata de “una construcción plurinacional”.
Junto a los ambientalistas también muchas organizaciones mapuches reclaman por estas medidas. Yanina Llancaqueo de Pu Picheke Choike es una de ellas. “Las comunidades mapuches son afectadas por la actividad minera, principalmente en la Región Sur”, señaló y reafirmó que el pueblo mapuche mantiene el lema “cierre de tranqueras” que instrumentó “hace unos años cuando, durante las restricciones de la pandemia, desembarcaron las mineras y quisieron entrar a los territorios”.
Varias comunidades mapuches de la Región Sur impulsaron un amparo que tuvo un fallo en primera instancia a favor y fue revocado meses atrás por el Superior Tribunal de Justicia, pero a pesar de este revés aseguraron que siguen con la premisa de no permitir el ingreso a las mineras a sus campos y exigen la consulta previa, libre e informada.
“Los pobladores viven de la microganadería y la minería afecta los recursos, afecta el agua”, remarcó Llancaqueo.
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Impactante derrame de petróleo en Bahía Blanca

Fecha de Publicación: 02/01/2024
Fuente: Semanario de Junin
Provincia/Región: Buenos Aires


El intendente de Bahía Blanca responsabilizó a una empresa por el derrame petrolero que podría generar severos impactos ambientales. Interviene la Provincia.
Un impresionante derrame de petróleo tuvo lugar en la ría de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y por el hecho, de impacto natural y económico, desde el Gobierno municipal apuntaron a la falta de controles de una empresa.
Según informó el jefe comunal de esa localidad del sur bonaerense, Federico Susbielles, el hecho ocurrió en la tarde del 26 de diciembre, cuando se produjo un derrame de petróleo en el estuario, proveniente de la monoboya operada por Oiltanking Ebytem SA en Puerto Rosales.
"Si la petrolera hubiera activado en forma oportuna el PLANACOM para contener a tiempo el derrame, habría evitado impactos ambientales de gravedad", sentenció el intendente, quien aseguró que "esta medida no se tomó y hoy las consecuencias están a la vista". Ante este evento, por el que tomó intervención el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Ambiente, Susbielles remitió notas a Oiltanking, como así también a Prefectura Naval como autoridad jurisdiccional para tener "información precisa y fidedigna del suceso en el corto plazo".
"Me consta que el Ministerio de Ambiente de la Provincia inició las actuaciones e investigaciones correspondientes", subrayó. Por caso, el mandatario local señaló que en base a la información que reciba la Comuna, definirán el rumbo de acción a seguir. "La seguridad en materia de operatoria en el estuario no admite fallas, ni falta de diligencia alguna", señaló.
"La reserva natural Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde es uno de los tesoros más preciados de nuestra ciudad y, como tal, la protegeremos", concluyó.
La ciudad de Bahía Blanca aún se encuentra bajo el impacto del temporal que golpeó la región hace poco más de dos semanas y que se volvió una verdadera tragedia, dado el fallecimiento de 13 personas y severos daños materiales y naturales. Hace algunos días, la Comuna logró que las empresas del Polo Petroquímico local aporten 10 mil millones de pesos para la reconstrucción de la ciudad, tras haber recibido una dura advertencia de parte del Gobierno municipal.
Son exactamente $9.237 traducidos en 320 toneladas de chapas y obras futuras a cargo de Mega, Profertil, Dow, TGS, Unipar, Trafigura, Pampa Energía y Oldeval.
La partida será distribuida en cinco ejes de acción: refacción de viviendas; reforestación; recuperación de entidades deportivas, civiles y culturales; instituciones escolares; y seguridad alimentaria.
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