Crece la preocupación en countries de Buenos Aires: denunciaron la aparición de zorros en los barrios

Fecha de Publicación: 24/01/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Buenos Aires


Vecinos de las zonas de Canning y Ezeiza se mostraron muy preocupados por la presencia de animales salvajes en algunos countries del Gran Buenos Aires. Esta hecho se suma a la aparición de carpinchos del 2021 en Nordelta.
Los animales salvajes volvieron a tomar los countries del Gran Buenos Aires. Así lo registraron vecinos de residencias cerrados de Canning, quienes denunciaron la presencia de una familia de zorros dentro del barrio. Debido a los crecientes desarrollos inmobiliarios, la fauna que residía en estos lugares tienen menos lugares a donde “escapar” y, muchos de los seres silvestres, están regresando a su habitad inicial.
Mientras que en Nordelta, los carpinchos paseaban por las calles de uno de los barrios privados más exclusivos de Argentina a mitades de 2021, en la zona Sur del GBA también volvieron a circular animales de la fauna silvestre.
El hecho sucedió en el Country Los Rosales, ubicado en Canning, partido de Esteban Echeverría. Allí, aumentaron las denuncias sobre la presencia de una familia de zorros en el barrio.
A pesar de que Canning se convirtió en un polo suburbano desarrollado gracias a la cantidad de barrios cerrados, countries y clubes de campo que se levantaron allí en los últimos años, la urbanización no fue un impedimento para el retorno de los animales desterrados.
Si bien los vecinos del barrio cerrado Los Rosales denunciaron la presencia de estos animales salvajes, no fueron los únicos. Ubicado en los alrededores, otro barrio privado que realizó llamadas de alerta fue el country de El Venado, uno de los countries pioneros de Canning.
Por su parte, en Terralagos, también hubo avistamiento de los zorros. Este hecho sorprendió ya que es uno de los proyectos más nuevos de la zona. Desarrollado en un predio de 270 hectáreas y con una laguna espejo de agua cristalina de cinco hectáreas rodeada de playas, el barrio tiene 1300 terrenos y se encuentra en el corazón de Canning, sobre la Ruta 52.
El proyecto prometió “experimentar una conexión constante con la naturaleza”, algo que están viviendo a pleno los propietarios, durante las últimas horas.
Cabe recordar que, hace dos años, se vivió una situación similar al otro lado del GBA con los capibaras. A mediados del 2021, el municipio de Tigre denunció la aparición cada vez más frecuente de mascotas heridas y parques totalmente destrozados por los carpinchos.
Los zorros ya fueron derivados a Fundación Temaiken, quienes indicaron que, al igual que sucedió con los carpinchos, lo que está ocurriendo es que estos animales están volviendo a sus hogares de origen.
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La agroindustria argentina, frente al desafío de la ley de deforestación en Europa

Fecha de Publicación: 24/01/2023
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional


Los productos que quieran ingresar en Europa deberán demostrar que no provienen de campos deforestados. La normativa alcanza a producciones como soja, café, caucho y aceite de palma, entre otras
En 2023, la agroindustria argentina enfrentará un nuevo escenario a la hora de comercializar su producción. En diciembre, en Europa se aprobó una ley que prohibirá las importaciones de productos que provengan de deforestación. Este escenario plantea un desafío al complejo agroexportador argentino, responsable de generar el grueso de las divisas que ingresan a la economía.
En el bloque Mercosur empezaron a tomar nota de esta situación y de acuerdo a analistas de comercio internacional, una de las líneas de trabajo en Brasil será apuntar a la sustentabilidad en los procesos productivos, para acoplarse a esta nueva normativa.
La Fundación Vida Silvestre estudió este escenario y el impacto que tendrá en esta cadena de valor. “La nueva regulación significaría un desafío para el sector agroexportador argentino y la necesidad de redefinir sus modos de producción, para adaptarse a las nuevas exigencias y poder mantener las exportaciones”, señalaron desde la entidad.
El informe de la fundación hizo zoom en dos producciones: soja y carne. En este punto, consideraron que un sistema de trazabilidad eficiente permitirá combinar información sobre el tipo de producción, el ecosistema donde se desarrolla y los impactos generados.
Con esta información, los cada vez más exigentes consumidores globales podrán rastrear el camino recorrido por un producto comercial desde su origen hasta su destino final e identificar los impactos sociales y ambientales de toda la cadena de suministros.
“Las nuevas tendencias sobre el consumo responsable y las exigencias tanto de los consumidores como de ciertos mercados empujan a los productores, las empresas y marcas globales a incluir nuevos lineamientos en materia de sustentabilidad”; señaló Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.
Según la Unión Europea, la normativa garantizará que los bienes que ingresen a ese bloque regional no contribuyan a la deforestación. Aquellas empresas que mantengan negocios en el Viejo Continente, tendrán que realizar realizar controles estrictos si comercializan productos como aceite de palma, ganado vacuno, soja, café, cacao, madera y caucho.
Los operadores y comerciantes deberán demostrar que los productos están libres de deforestación, esto es producidos en tierras que no fueron deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.
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Contaminación del Río Salado: Empresa avícola desmiente a un Municipio y lo acusa de frenar obras

Fecha de Publicación: 23/01/2023
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La empresa avícola Absolon difundió una carta en la que rechaza las acusaciones del municipio de Roque Pérez por el volcado de efluentes al Río Salado.
Absolon S.A, una de las dos empresas alimenticias señalas por el municipio de Roque Pérez por el volcado de efluentes al Río Salado dio a conocer una carta en la que se despegó de las acusaciones y acusó al gobierno del intendente José Luis Horna de frenar la autorización de una obra para el correcto tratamiento de las aguas.
La empresa había quedado en el centro de la escena junto al frigorífico "La Canaria SA", luego que el Municipio apuntara hacia las firmas a raíz de la viralización de una imagen área con el volcado de líquidos contaminantes que generó preocupación en la comunidad.
En una carta remitida al sitio digital Roque Pérez Hoy, la firma avícola acusó al gobierno municipal de negarle sistemáticamente una autorización de una obra de excavación para retomar el trabajo en los piletones.
"En los últimos días se han publicado ciertas notas donde se acusaba a la empresa Absolon S.A. de verter sobre el río salado desechos compatibles con sangre, plumas y restos de pollo. Queremos agradecer a este medio la posibilidad que nos brinda de publicar nuestro derecho a réplica, que no sirve solo para refutar las falsas afirmaciones que ciertos funcionarios de la política de Roque Pérez volcaron allí, sino también para llevar tranquilidad a los vecinos de Roque Pérez respecto del impacto de nuestra actividad industrial en la zona” explicaron.
Luego se refirieron a la situación legal de la empresa, tras la quiebra de Criave: “Absolon comenzó sus operaciones en enero de 2019. No se trata de una continuación ni reconversión de Criave tras su quiebra. Absolon es una empresa nueva, constituida por personas que eran clientes de Criave y a quienes le encargaban la faena de animales y que, tras la quiebra de ésta, decidió constituir una sociedad y hacer una oferta por un contrato de alquiler a los dueños de la planta” manifestaron.
Respecto a los dichos de una de las funcionarias del Municipio, en las que se hacía alusión al “vuelco directo de sangre, plumas, restos de pollo”, lo negaron enfáticamente.
“Absolon S.A. no tiene, como consecuencia de su proceso de producción, disposición final de residuo alguno, mucho menos de plumas, sangre y garras de pollo. Contrata a una empresa que se dedica a retirar las plumas, sangre y garras de los pollos con el fin de comercializarlo a terceros, quienes utilizan esto como materia prima para la fabricación de subproductos” se excusaron.
Asimismo, en la carta remitida al periodista Abel Barth afirmaron que la firma “cuenta con su propia planta de tratamiento de efluentes, donde se ocupa del tratamiento del agua utilizada en el proceso de producción de la faena de pollos, de modo que no existe desecho alguno derivado de nuestra actividad industrial que pueda ser el responsable de las imágenes publicadas sobre el Río Salado”.

“Queremos llevar tranquilidad a la comunidad local”
A través de la extensa nota, desmintieron que “la empresa se encuentre en situación de incumplimiento de normativa nacional, provincial ni municipal” e insistieron en que “las obras para la mejora del sistema de tratamiento de efluentes necesitan de una conexión entre la unidad de tratamiento primario y las lagunas de decantación, que se encuentran en terreno lindante frente al establecimiento, para lo cual es necesario realizar una excavación a través de la calle. El municipio se niega sistemáticamente a autorizar esta obra” lanzaron.
“Queremos llevar tranquilidad a la comunidad local, descartando de plano la hipótesis de que las fotos publicadas guarden relación alguna con la actividad industrial de Absolon S.A., quien no vuelca efluente alguno al Río Salado y mucho menos vinculado con sangre, garras o plumas de pollo, las cuales son comercializadas a terceros no representando ser residuo alguno” manifestaron.

Mirá las fotos de la contaminación del Río Salado que causan preocupación
En los últimos días, el Municipio de Roque Pérez dio a conocer una serie de imágenes con las que advirtió que tiene “verificado en reiteradas oportunidades el vuelco de efluentes industriales no permitidos en el canal aliviador que desemboca en el cuerpo de agua mencionado”.
En esa dirección, apuntó contra las firmas Absolon SA y Frigorífico La Canaria SA, “han desoído las advertencias comunicadas por cédulas oficiales, las que daban cuenta de los resultados con valores contaminantes obtenidos de las tomas de muestras que la dirección de Ambiente realiza junto a personal técnico del laboratorio de la dirección Provincial de Hidráulica y donde se les solicitaba el cese inmediato de ese vuelco” expresaron.
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Acumar participa de los talleres de salud y educación ambiental con infancias

Fecha de Publicación: 23/01/2023
Fuente: Diario Vida de Lanús
Provincia/Región: Riachuelo


En el marco del Programa Escuelas Abiertas en Verano, ACUMAR lleva adelante actividades educativas en los municipios de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Comenzaron los talleres de concientización sobre medidas de prevención del mosquito Aedes aegypti que ACUMAR brinda en el marco del programa Escuelas Abiertas en Verano de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense se desarrollará hasta el 27 de enero en 1.880 sedes de los 135 distritos de la provincia, entre los que se encuentran los catorce municipios de la Cuenca. Allí, ACUMAR participará con actividades para infancias que apuntan a fortalecer conocimientos sobre el Aedes aegypti, descubrir mitos y verdades sobre el mosquito, aprender cómo es su ciclo de vida y cómo evitar su reproducción.
Los talleres informativos se realizaron esta semana en Ezeiza, General Las Heras, Lanús, Merlo y San Vicente, mientras que la semana pasada tuvieron lugar en Avellaneda, Cañuelas y Marcos Paz.
“Desde ACUMAR acompañamos esta propuesta de la Provincia como una muy buena instancia para dar continuidad en la temporada de verano a las acciones que llevamos adelante todo el año en articulación con las instituciones educativas de la Cuenca. Fortalecer las herramientas con las que cuentan las, les y los niños para conocer su entorno y promover medidas de cuidado es fundamental”, destacó el presidente del organismo, Martín Sabbatella.
La Autoridad de Cuenca impulsa la educación ambiental como un recurso para transformar las problemáticas ambientales desde un enfoque transversal y multidisciplinario. A lo largo del año, como parte del programa Escuelas por la Cuenca, también se capacitaron a estudiantes y docentes sobre prevención del mosquito Aedes aegypti.
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Sequía en el sur de Córdoba: una laguna se quedó sin agua y perdió su flora y su fauna

Fecha de Publicación: 21/01/2023
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Se trata de la laguna La Brava, ubicada 20 kilómetros al este de La Carlota. “Nunca vimos algo así en 29 años”, dijo uno de los vecinos del paraje Olmos.
A raíz de la falta de lluvias que afecta a todo el país desde hace meses, una laguna del sur de Córdoba se secó y quedó sin flora ni fauna.
Se trata de la laguna La Brava ubicada a unos 20 kilómetros al este de La Carlota y a 5 kilómetros del paraje Olmos.
El panorama es desolador: las 100 hectáreas que abarcan un sector rural entre La Carlota y Canals, en el Departamento Unión, se quedaron sin su espejo de agua.
“Desde hace 29 años que vivimos en este lugar nunca vimos que la laguna se seque de esta manera. Desde hace dos meses vemos que aparecían peces muertos en las orillas. Ahora ya no queda nada, de nada”, contó a Puntal Andrea Pedraza, una tambera que vive en Paraje Olmos y que llevaba sus animales a pastar y tomar agua al lugar.
“Desde hace más de un mes y medio que no largo las vacas, porque ahora se empantanan y mueren ahí. No hay forma de sacarlas”, agregó.

Cómo está la laguna La Brava que se secó en Córdoba
La laguna se alimenta de sus propias vertientes, de los excesos hídricos de La Carlota, de la zona de Viamonte y hasta del río Quinto.
Sin embargo, la extrema sequía la dejó sin una gota de agua y la base de la laguna luce con el cuarteado característico de una zona que quedó seca.
Además, por la falta de agua se puede observar la cantidad de basura que se arrojaba al lugar como restos de vehículos, tanques de GNC y distintos elementos.
La Brava no es la única laguna golpeada por la sequía en Córdoba. Otros reservorios de agua próximos como la laguna Camoatí muestran la misma situación.
Vecinos del sector y personas que acostumbraban a pescar en La Brava contaron que el nivel de agua llegaba a medio metro de la estructura de hierro del puente carretero, que ahora muestra sus bases al descubierto.
“Nunca en estos 29 años vi algo así. Por el 2000 hubo una sequía, pero no tan grande como esta. Para que vuelva a aparecer la laguna tiene que llover y mucho, no solo acá, sino en toda la zona. Primero se tienen que llenar los canales que desaguan acá y que las vertientes vuelvan a surgir”, contó un vecino de Olmos.
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Desmonte y falta de agua en comunidades indígenas de Salta

Fecha de Publicación: 21/01/2023
Fuente: Radio Nacional
Provincia/Región: Salta


La situación que enfrentan las comunidades indígenas ante la falta de agua apta para el consumo en el norte de la provincia de Salta, preocupa a dirigentes indígenas. El desmonte del territorio ancestral y la falta de agua son las causas principales de la desnutrición y la muerte de niños.
Cabe destacar que los principales reclamos que los integrantes de los pueblos hacen al gobierno de la provincia, fueron dictados en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020. En la resolución se encontró al Estado responsable de la violación de los derechos de la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de los pueblos indígenas.
De esta manera, se ordenaron medidas de reparación específica para la restitución de esos derechos, incluyendo acciones para el acceso al agua y la alimentación, la recuperación de recursos forestales y de la cultura indígena. Sin embargo, los pueblos originarios piden políticas públicas para que se respeten sus derechos más básicos, como el acceso a agua potable y asistencia sanitaria.
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En 2022 se duplicó la superficie de hectáreas incendiadas en Argentina

Fecha de Publicación: 20/01/2023
Fuente: El Resaltador
Provincia/Región: Nacional


El mismo informe resalta que el 95% de los incendios son producidos intencionalmente por la acción humana, y entre las primeras causas se encuentra el uso del fuego para la preparación de áreas de pastoreo.
Durante 2022, el fuego afectó a 723 mil hectáreas en todo el país, los cual representa más del doble que en 2021, cuando la superficie afectada fue de 326.688 hectáreas. El dato alerta por la situación ambiental del país, aunque la cifra aún se mantiene lejos del récord que fue en 2020 cuando se arrasaron más de 1 millón de hectáreas.
El dato surge a partir de un informe de Chequeado en el cual compararon los datos aportados por las provincias y por la Administración de Parques Nacionales (APN) al Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
Si se analizan la cantidad de incendios, es decir el número de focos activos, la cifra se muestra ascendente. En 2022 se contabilizaron al menos 2613 en el país, mientras que en 2021 habían sido 2339 incendios, y en 2019 fueron 1506. Es decir que hay cada vez más puntos geográficos que corren riesgos de incendios.
Evaluándo el ránking por provincias, el año pasado fue Salta la jurisdicción con más cantidad de terrenos incendiados (126 mil hectáreas). Según el informe, le siguen San Luis (121 mil), Corrientes (89 mil) y Chubut (80 mil). Esto es a partir de los datos que las provincias le aportan al Sistema Nacional del Manejo del Fuego.
Pero acá hay una situación llamativa: el Ministerio de Ambiente decidió realizar un análisis propio a través de imágenes satelitales en Corrientes debido a los grandes incendios que hubo en el Delta del Paraná a comienzos de 2022. Y, según ese análisis, se habrían incendiado 1.058.000 hectáreas solo entre enero y marzo de 2022 en esa provincia.
Si los datos de la Nación son los correctos, Corrientes lideraría el ránking de provincias con más superficie incendiada y el 2022 sería el año récord, superando al 2020.

Factores
El 95% de los incendios son producidos intencionalmente por la acción humana, y entre las primeras causas se encuentra el uso del fuego para la preparación de áreas de pastoreo.
Según los especialistas, además existen algunos factores naturales que contribuyen a esta situación, como el cambio climático, que produce sequías sin precedentes. Sobre este dato hay que entender una cosa: es, directa o indirectamente, también producto de la acción humana.
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Santa Fe hizo una millonaria inversión para el nuevo sistema de defensa contra inundaciones

Fecha de Publicación: 20/01/2023
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


El gobierno de Omar Perotti destinará $5.000 millones para la obra que comenzará en el terraplén de Villa Añatí hasta su cierre, en el Km 16,7 de la ruta provincial N°1. La licitación se realizará en febrero, con un plazo de ejecución de 24 meses.
El gobierno provincial anunció que el próximo 8 de febrero se realizará el acto de apertura de ofertas para construir el sistema de defensa contra inundaciones en San José del Rincón y Arroyo leyes, que tiene un presupuesto oficial de $ 5.191.782.529 (con base a septiembre de 2022) y un plazo de ejecución de dos años.
Al respecto, la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, destacó la decisión del gobernador Omar Perotti de realizar la obra: "Les estamos dando respuestas concretas a un reclamo histórico de los vecinos, que nos manifestaban su preocupación por el mantenimiento de las defensas. Será una obra emblemática para el departamento La Capital, no solo por su extensión, complejidad e inversión, sino porque dará tranquilidad a la zona y mejorará sustancialmente la calidad de vida de los vecinos", dijo la funcionaria.
Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Roberto Gioria, explicó que la construcción del terraplén de defensa se ejecutará mediante material refulado, a excepción del tramo al oeste del Loteo Lagos del Leyes donde se ha proyectado la construcción por el método convencional, con suelo cohesivo compactado.
"La obra tendrá su inicio en el terraplén de defensa de Villa Añatí, en el Km 8,2 de la RP N°1, hasta su cierre en el Km 16,7 de dicha ruta. Contará con seis estaciones de bombeo, con su respectivo abastecimiento eléctrico y reservorios", detalló.
"Además, se realizarán obras de intervención arquitectónica que contemplan el arbolado sobre talud seco y talud húmedo del terraplén, la construcción de playones miradores, estaciones aeróbicas, rampas de acceso, bicicleteros, bebederos, bancos, iluminación y cartelería", aseguró.

La obra en detalle
En concreto, los trabajos incluyen la construcción de terraplenes de defensa mediante material refulado y material cohesivo compactado, la ejecución de las protecciones con suelo cohesivo y suelo vegetal y las terminaciones correspondientes para permitir la circulación por sobre la defensa, como también el acceso a las zonas no defendidas situadas al oeste de la traza.
Asimismo, la ejecución de las obras civiles y el equipamiento hidroelectromecánico de seis estaciones de bombeo y obras de descarga por gravedad, con el objeto de evacuar los excedentes hídricos resultantes de las precipitaciones que se producen dentro del área defendida.
En correspondencia con cada una de estaciones de bombeo se construirán reservorios para acumulación de los volúmenes y atenuación de los caudales excedentes. Los reservorios fueron ubicados en bajos naturales que, a la fecha del proyecto, no presentan construcciones y son naturalmente concentradores de escurrimientos superficiales.
También, la construcción de los colectores troncales de los aportes correspondientes a cada una de las cuencas y que facilitan la conducción de los excedentes pluviales hacia los distintos reservorios. Dichos colectores, denominados colector troncal norte y troncal sur en cada una de las cuencas, se han proyectado al pie del talud interior del terraplén de defensa y están constituidos por canales de sección trapecial, de ancho de fondo y profundidad variables y taludes revestidos con suelo cemento.
La construcción del colector troncal Puerto Palacios, el cual se inicia como canal, en la intersección de las calles Puerto Palacios y Schweizer, recorre aproximadamente 440 metros con dirección oeste, luego gira hacia el norte por calle Molinari y a unos 140 metros, en la calle Zapata Gollán, recibe los aportes de este secundario.
A partir de este punto, ya entubado, gira nuevamente hacia el oeste hasta calle Farías Páez, girando nuevamente por la misma, en dirección norte, hasta su ingreso en el reservorio previsto. La longitud total del colector es de aproximadamente 830 metros y en su construcción se incluyen las obras de arte y cámaras necesarias.
Las obras de abastecimiento eléctrico a las Estaciones de Bombeo, consisten de una línea simple terna de 13,2 kv de aproximadamente10 Km de longitud que parte desde la Estación Transformadora existente de la EPE, ubicada aproximadamente en el Km 8,1 de la RP N°1 y se desarrolla paralela al trazado del terraplén de defensa, por el terreno natural del lado correspondiente al talud mojado y luego de pasar la estación EB6, con el objeto de disponer de una alimentación alternativa, se conecta a la línea de13,2 kv que corre paralela a la RP N°1, al este de la calzada.
En su recorrido va abasteciendo a cada una de las Estaciones de Bombeo. Para ello en cada locación se instala una Estación Transformadora con los correspondientes transformadores, las Celdas de media tensión y el Tablero de baja tensión. Todo el sistema tiene previsto una funcionalidad automática controlada por el SCADA de la EPE.
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Empezará a funcionar la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales

Fecha de Publicación: 19/01/2023
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Nacional


Debido al grave aumento de incendios forestales intencionados en la mayoría de las provincias, el Ministerio de Seguridad optó por la creación de un departamento que se encargue de prevenir delitos ambientales.
El Gobierno nacional dispuso la creación de la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales para contribuir en la "detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos ambientales" tanto en el territorio nacional como en "espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional".
A través de la Resolución 19/2023, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso la puesta en marcha de la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, que conduce Aníbal Fernández.
La resolución, que lleva la firma del ministro, establece entre los objetivos de la nueva área "coadyuvar en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos ambientales que se desarrollen dentro del territorio nacional ya sea que afecten la flora, fauna, suelo, aire, aguas y/o espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional".
También "recolectar y sistematizar información sobre los delitos ambientales cometidos en el territorio nacional, proveniente tanto de fuentes abiertas, como de las fuerzas policiales y de seguridad federales", además de "desarrollar indicadores y elaborar informes periódicos que sirvan de insumo para el trabajo en el ámbito de la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales y a solicitud de otras áreas" de la cartera de Seguridad.
La Unidad también buscará "elaborar un mapa de situación, a fin de detectar 'zonas calientes', individualizando los delitos por zonas con la finalidad de proponer medidas tendientes a la prevención de los ilícitos ambientales".
En tanto, el artículo 11 de la resolución indicó que "la presente medida no implica erogación presupuestaria alguna al Estado nacional".
La medida fue generada con la intención de aplacar los incendios forestales que cobraron mayor intensidad en el último año en casi todas las provincias. Uno de los focos más problemáticos ha sido la ciudad de Rosario, Córdoba, Entre Ríos y Río Negro. A menudo el fuego se desató con facilidad en las zonas del norte argentino.
El Sistema Nacional de Manejo del Fuego había detectado, hacia la mitad del 2022, más de 1000 incendios con estas características en el país.
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Roque Pérez: Apuntan a dos industrias por la contaminación del Río Salado

Fecha de Publicación: 19/01/2023
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


Una impactante imagen en la que se observa el descargo de efluentes al Salado generó alarma en Roque Pérez. Las inspecciones del Municipio y la Provincia.
Una fotografía área captada desde un paramente puso real dimensión a la contaminación ambiental del Río Salado en la localidad bonaerense de Roque Pérez. La imagen se viralizó en las redes sociales y generó preocupación en la comunidad, aunque la problemática tiene larga data y es seguida con atención por autoridades municipales y provinciales.
La imagen fue tomada en “El Pico", una zona en la que funcionan dos industrias que quedaron en el centro de la polémica. Por un lado, la firma Absolon SA – adoptó esa denominación y se reconvirtió tras la quiebra de Criave que generó más de 200 despidos- y, por otro, el frigorífico "La Canaria SA"- A ambas empresas, el gobierno municipal a cargo del intendente José Luis Horna acusa de haber “desoído” las advertencias comunicadas por cédulas oficiales, que daban cuenta de los resultados “con valores contaminantes” y en los que se solicitaba “el cese inmediato de ese vuelco”.
A raíz de esa advertencia y la falta de avances en una mesa de diálogo creada en septiembre de 2021, la dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, Autoridad del Agua, del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y autoridades municipales llevaron adelante el último jueves 5 de enero un operativo e inspección conjunta donde “se imputaron diferentes faltas e incumplimiento a la normativa local, provincial y nacional vigente”. Además se tomaron nuevas muestras, cuyos resultados se esperan para evaluar próximas medidas.

“Es una imagen de una situación que es terrible”
Para conocer más detalles, Infocielo se comunicó con la directora de Medio Ambiente del municipio de Roque Pérez, Cecilia Zuccotti, quien historizó la problemática que cobró protagonismo a través de la imagen viral.
“Un vecino que anda en parapente sube una foto aérea del momento en el que ingresa el efluente al Río Salado. Hay un canal pluvial aliviador que pasa por el costado y por enfrente. Son dos industrias que están enfrente y muy cercanas, y las dos hacen el descargo de efluentes a ese canal aliviador que termina en el pico del Río Salado” comentó.
La funcionaria consideró que “es una imagen de una situación que es terrible y que por supuesto conocemos. Venimos de hace tiempo abordando este tema que es complejo y muy sensible en el comunidad porque de esto también dependen muchas fuentes de trabajo. Son dos industrias que en una comunidad chica como la nuestra, terminan siendo muy relevantes. Lo cual no implica que todo esté permitido” remarcó.
“Venimos haciendo mediciones desde junio del año pasado junto al equipo de Hidráulica de la provincia de los afluentes de las dos industrias y además en el río. Hay mucha presencia de materia orgánica. Una hace el vuelco directo y se puede ver sangre, plumas, restos de pollo. En caso de La Canaria, frigorífico de carne vacuna y de cerdo, los parámetros son un poco más bajos pero están por sobre los parámetros permitidos” explicó.
Sobre la situación de las empresas, recordó que “Absolon SA tiene iniciado un proceso judicial por quiebra fraudulenta cuando era Criave. Y Absolon obtiene una habilitación provisoria para garantizar la fuente laboral porque en ese momento despiden a 200 trabajadores, sujeta a la adecuación de la normativa ambiental provincial pero son cuestiones que a hoy no fueron cumplimentadas. Absolon tiene una clausura administrativa en 2020. La Canaria es una empresa más nueva y está desde 2018- 2019”-

“Hay que derribar ese mito de que producción y ambiente no pueden ir de la mano”
Cecilia Zuccotti también se refirió a la mesa de diálogo convocada en 2021 y lamentó la falta de voluntad de las compañías para adecuarse al tratamiento de sus desechos. “Es posible la inversión. Hay que derribar ese mito de que producción y ambiente no pueden ir de la mano. Buscamos la adecuación de los vuelcos a un tratamiento que arroje los valores adecuados porque no solo estamos afectando la fracción del río que pertenece a Roque Pérez sino toda la cuenca del río” sostuvo.
Sobre las infracciones, precisó que existen “actas donde se imputan un montón de falencias. Estamos esperando los valores de las nuevas muestras. Necesitamos que se haga público. Nosotros en noviembre hicimos una convocatoria a la comunidad con una especie de audiencia pública. Esperábamos a todos los sectores políticos, vecinos afectados, empresas, a los médicos porque hay una cuestión de salud pública. Y en esa convocatoria la oposición no se hizo presente, hay como un mirar para otro lado. Hemos ido al Concejo Deliberante y expuesto toda la situación. Es algo que se tiene que resolver mancomunadamente” remarcó.
A su vez, la titular de Ambiente local valoró el respaldo de la provincia a través del ministerio de Ambiente. “Hemos encontrado la contención y el asesoramiento. Son temas muy sensibles en la comunidad” dijo.
En la misma sintonía, se expresó institucionalmente el Municipio de Roque Pérez. A través de un comunicado, llamó a “dar en comunidad un fuerte debate sobre la situación ambiental y el riesgo a la salud pública que la contaminación constante y diaria de ambas industrias provoca en nuestra ciudad, así como también de las posibles medidas a tomar y sus repercusiones. Es necesario contar con empresas que sean responsables con el cuidado del entorno que nos rodea, debemos exigir todos y todas la adecuación de las herramientas de producción con perspectiva ambiental” explicaron.
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Científicos del Conicet desalinizaron agua de mar y la volvieron apta para consumo humano

Fecha de Publicación: 18/01/2023
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional - Santa Cruz


El dispositivo es un prototipo, pero el agua potable ya fue testeada en laboratorio: podría proveerse a viviendas. Los investigadores ya trabajan en un proyecto a gran escala, utilizando hidrógeno "verde" para abastecer ciudades. La idea surgió porque en esa región costera del sur del país escasea el líquido vital.
Caleta Olivia, en Santa Cruz, está a casi 2 mil kilómetros de la capital santafesina. En esa ciudad costera de unos 80 mil habitantes el ambiente es de estepa patagónica, seco, con un clima de temperaturas bajas y agradables -sólo el viento molesta- y se ubica a orillas del mar: tanto recurso acuífero no apto para el consumo humano en una región de explotación petrolera y donde escasea, justamente, el líquido vital. Los cortes de la red de distribución de agua potable son fijos por días y semanas.
Pero ante el problema surgió una posible solución, de la mano de la ciencia. Un grupo de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que viven en esa ciudad y allí tienen su laboratorio, lograron diseñar un dispositivo que desaliniza (le quita las sales) al agua marina, y convierte a ésta en apta para el consumo humano.
Este dispositivo es un prototipo, pero los resultados de la desalinización del agua de mar y su conversión a agua potable ya fue testeada en el laboratorio, completando todas las pruebas científicas necesarias. En un principio, podría abastecer del líquido vital a unas pocas viviendas; pero los investigadores ya trabajan en una iniciativa similar y a escala urbana, con la utilización de hidrógeno "verde" (que se genera con energía limpia) y una caldera industrial.
El Dr. Adrián Brunini es investigador superior del Conicet en la Unidad Académica Caleta Olivia, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (ver Quién es). Él junto a los científicos de su equipo de trabajo vienen desarrollando este proyecto desde hace seis años. Lo que motivó todo fue, justamente, la falta de agua potable en esa región.
"Aquí en Caleta Olivia y la zona ya no hay más lugares de dónde sacar agua apta para consumo humano para atender a la demanda domiciliaria. La falta de agua, además, dificulta cualquier desarrollo pyme, ganadero, comercial o industrial", pone en contexto Brunini, en diálogo con El Litoral.
El prototipo de este dispositivo ya está listo. Se construyó la planta piloto, y se realizaron todas las pruebas y ensayos: "En nuestro laboratorio hicimos la validación de todos los modelos matemáticos, termodinámicos, físicos y de funcionamiento", dice el científico del Conicet.
El agua producida es totalmente apta para consumo humano, destilada. "Sólo se le agregan los minerales necesarios (como carbonato de calcio). Y al ser ultra pura, también podrían utilizarse en la industria farmacéutica, en la industria electrónica, etcétera", asegura.

Cómo funciona
Lo que pensaron los científicos fue utilizar un tipo de sistema para la desalinización del agua de mar, que es un recurso inagotable. Y se les ocurrió desarrollar una tecnología nueva que copia el ciclo natural del agua. Ocurre que las tecnologías habituales que se aplican en México, California, países árabes e Israel, por ejemplo, tienen un alto impacto ambiental: utilizan muchos productos químicos que terminan contaminando el medio ambiente.
"Lo que logramos desarrollar es una tecnología que tiene un impacto ambiental unas 30 veces más bajo que de aquéllas", apunta Brunini. Se llama "humidificación/deshumidificación", y funciona así: hay agua salina, salobre o cualquiera que tenga sales (incluso arsénico). En este caso, se tomó agua de mar. A esa agua salina se la calienta en el dispositivo a 80 grados centígrados, no más. Luego es pasada por un humidificador que la pone en contacto con aire seco, de la atmósfera.
Al entrar en contacto el agua salina con ese aire seco, ese aire se humedece y absorbe el agua pura, no ya las sales. Después, a ese aire húmedo se le extrae la humedad -o el vapor de agua- en un deshumidificador. Luego se le agregan algunos minerales "sanos" y ¡voilà! Hay agua apta para consumo.
En un plazo promedio de uso del dispositivo en la planta piloto que es pequeña, a escala de un laboratorio, de tres por tres metros, se producen 10 litros por hora. "Pero si se quiere, se pueden producir, en otra escala de producción de agua potable, 100, mil o 100 mil litros", explica Brunini.
"Con esta tecnología, por ejemplo, una vivienda particular podría obtener el vital líquido mediante un calefón solar, pues no necesita de mucha energía", añade el investigador. Esto lleva a otro proyecto sobre el que ya se está trabajando: cómo abastecer de agua potable a una mayor escala, o de qué manera ir de lo domiciliario a lo urbano.

Hidrógeno, la clave
Entonces, la cuestión cambia si se piensa en abastecer mediante este sistema a una ciudad, por caso. "Si quisiéramos purificar agua para toda una ciudad, tendríamos que hablar de otra escala, porque la energía del panel solar de la vivienda puesta como ejemplo no alcanzaría", explica Brunini. Habría que pensar en una caldera para calentar el líquido elemental, y así empezar a humidificar y desalinizar.
"El problema es que en estos casos de gran escala, si a esa caldera se la hace funcionar con gas natural o gas butano, se quema el gas y se producen gases de efecto invernadero, y eso no es deseable. Tampoco es el espíritu de nuestro proyecto. Lo que se nos ocurrió entonces es generar una caldera que trabaje con hidrógeno en lugar de gas natural".
El hidrógeno "verde" (que es el generado por energías renovables, como la eólica), sería el combustible. Se quema y se genera el calor suficiente para la caldera. "A diferencia de lo que ocurre con el gas, que produce monóxido de carbono, dióxido de carbono y otros gases nocivos de efecto invernadero, al quemar hidrógeno hay un beneficio: lo único que produce en la chimenea de la caldera es vapor de agua. Ese vapor, al juntarse con el aire, genera agua potable", explica el especialista.
Este esquema de producción de agua potable, pensado a gran escala, "no tendría límites. Podría abastecerse a una ciudad, un pueblo, o para procesar desechos industriales", se entusiasma el Dr. Adrián Brunini.
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Matanza-Riachuelo: un proyecto que invita a la comunidad a reapropiarse del río

Fecha de Publicación: 18/01/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Riachuelo


Entre viernes y sábado cientos de personas se acercaron a probar el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, que conecta las riberas de La Boca y Avellaneda. Un circuito turístico a partir de la puesta en valor de una infraestructura que no se empleaba desde los años sesenta.
Entre viernes y sábado se realizaron las primeras pruebas piloto del Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, que conecta las riberas de La Boca (en CABA) y la Isla Maciel (en Avellaneda). La novedad es que en ambos puntos se ubican Estaciones de Promoción Ambiental que operarán como espacios que brindan información histórica, económica, ambiental y turística a quienes deseen conocer más sobre el Riachuelo. Una zona geográfica que durante buena parte del tiempo se estableció como límite y que, mediante esta iniciativa, podrá comenzar a integrarse a partir de actividades con fines culturales, que concientizan sobre la sostenibilidad y contribuyen al desarrollo local.
“Hoy empieza a visibilizarse un patrimonio natural y cultural, y una vida comunitaria y social muy fuerte. Nosotros queremos fortalecer una comunidad organizada porque eso aporta al saneamiento. Estamos en una nueva etapa en la que sumamos dimensiones como el empleo verde y el desarrollo sostenible. El Estado hoy presenta un circuito que también servirá para consolidar el turismo en el área”, explica María José Parra, directora de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo de Acumar.
El puente, inaugurado en 1914, dejó de funcionar en los 60, y quiso desguazarse y venderse como chatarra en los 90. En 2013 inició su proceso de recuperación y este fin de semana se reestrenó. “En el pasado, Isla Maciel y La Boca eran parte de un todo y el puente era protagonista de la vida social. Transportaba trabajadores portuarios, maestras, vecinos y hasta vehículos como carretas y animales. No había división entre una orilla y la otra”, destaca. En torno al puente, se establecieron nodos recreativos, estaciones de salud, espacios destinados al deporte y al arte que, al compás, conforman una escenografía que le brinda otra vibra al lugar.
Quienes se acercaron este sábado retiraron sus boletos gratuitos en las estaciones y se agruparon en tandas de 25 personas para realizar una actividad que se prolongaba por media hora. Una vez arriba del transbordador, se puede acceder a puntos panorámicos para sacar fotos y audioguías que llenan de sentido aquello que se observa. Del otro lado, vecinos y guías de la Isla Maciel organizan circuitos de caminatas para llevar a los interesados a recorrer un barrio históricamente invisibilizado o estigmatizado, según la ocasión. “Acá se grabó La Mary, película protagonizada por Susana y Monzón; ésta de más allá fue la primera casa de la Isla, es una casa histórica. El barrio tiene mucha vida, mucha plaza, mucho fútbol, tienen que conocerlo”, suelta Carol, vecina entusiasmada que participaba activamente del recorrido.
De esta manera, el visitante puede acceder a murales emblemáticos, conocer de cerca la historia del lugar, el barrio del club San Telmo, y parar, asimismo, a comer un choripán. En esta jornada, el calor no fue obstáculo para que la gente de la zona y grupos que llegaban desde otros puntos de CABA y el conurbano accedieran a probar el funcionamiento del Puente. Un proyecto (bautizado “El Puente y sus dos orillas”) que contribuye a narrar de una manera distinta la relevancia de los recursos naturales y culturales de la región. Una vez realizada la caminata, se puede volver caminando y acceder a nuevos puntos panorámicos, o bien, aguardar la salida del Transbordador de regreso.

El conflicto ambiental más grave
La cuenca Matanza-Riachuelo atraviesa un proceso de saneamiento que, desde 2006, conduce Acumar. Una contaminación que desde hace décadas amenaza la salud de los ecosistemas y, sobre todo, de las poblaciones que habitan las zonas aledañas. “En 2010 se formuló el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, y desde ese momento se inició la acción sostenida, pero el problema es histórico. El modelo agroexportador, la industrialización, la inmigración, la desindustrialización, la desaparición del Estado y su renovada intervención por estos tiempos: todo deja su huella en el Matanza-Riachuelo. Sin dudas, se trata del conflicto ambiental más importante de Argentina”, advierte la funcionaria. Mediante un fallo de la Corte Suprema en 2008, se enfatizó el derecho a un ambiente sano por parte de los habitantes del lugar y ello operó como punto de inflexión, en la medida en que dejó en evidencia que las cosas debían realizarse de una manera diferente.
El desafío está a la vista: con una longitud que se estima en 64 kilómetros y una superficie que supera los 2 mil kilómetros cuadrados, además, se trata de una de las áreas más pobladas del país, ya que se ubican aproximadamente cinco millones de personas. Abarca 9 comunas de CABA y 14 municipios bonaerenses. Desde mediados del siglo pasado, el río supone un conflicto ambiental de envergadura que, por el momento, no tiene solución. Desechos industriales sin tratamiento de las fábricas adyacentes (principalmente frigoríficos, curtiembres), contaminación cloacal, residuos domiciliarios y decenas de basurales a cielo abierto complican una escena, desafortunadamente, ya conocida a lo largo de generaciones.
Con el crecimiento urbano, el consumo crece y la basura marcha a la par. Según datos de Acumar, en el presente, se generan 10 mil toneladas de residuos diarios que van a parar a la Cuenca. Como resultado, el agua detenta niveles de mercurio, plomo y zinc que exceden de manera grosera los límites tolerables. Alergias, problemas respiratorios y todo tipo de afecciones perjudican a los vecinos y las vecinas. En la actualidad, sin embargo, las acciones de saneamiento --de a poco-- brindan lugar a la emergencia de un nuevo paisaje.
“Hoy vuelven a verse pajaritos, garzas; la flora y la fauna se exhibe al ritmo del crecimiento de las actividades humanas. Muchísima gente hace deporte por estos caminos: hay circuitos para correr, para andar en bici. Además hay actores impresionantes: La Boca es un lugar histórico de artistas emblemáticos”, dice Parra. A Benito Quinquela Martín, también se suman la pintora Alejandra Fenochio y el cantante Trueno.

El puente de la gente
Un hecho a destacar de la iniciativa es que fue impulsada por diversos espacios gubernamentales a nivel nacional, bonaerense y porteño. Participan de su desarrollo Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Vialidad Nacional, el Municipio de Avellaneda, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Comuna 4.
De manera articulada, buscan poner en valor el patrimonio cultural, histórico y natural de la Cuenca. Acciones que intentan involucrar a las comunidades en la producción y la democratización al acceso al conocimiento. La premisa está sobre la mesa: nadie protege aquello que desconoce. En esta línea, para brindar información, primero hay que recolectarla de fuentes fiables y comunicarla de manera amable a las audiencias que se acerquen. Desde aquí, los equipos de guías que operan como anfitriones fueron capacitados; se trata de trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Turismo de la Nación, de Vialidad Nacional, de Acumar y de las jurisdicciones.
Usar el puente no equivale a apropiarse de él; más bien, esta constituye una acción que se consigue cuando la comunidad comienza a construir significados, sentidos y emociones al respecto. “El río es parte de la gente y la gente es parte del Río”, sintetiza Parra. La idea es que las personas realicen usos sociales, recreativos, culturales y turísticos. En ese afán, ya comienzan a circular las propuestas para volverlo navegable, una actividad suspendida judicialmente desde 2011. Aunque, por el momento, la contaminación también divide las aguas sobre este punto.
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Vecinos denuncian a empresa de Quilmes por contaminación y piden su clausura

Fecha de Publicación: 17/01/2023
Fuente: InfoCronos
Provincia/Región: Buenos Aires


Los habitantes del barrio 25 de Mayo denunciaron ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia a la Refinería Redering emanar presuntos gases tóxicos.
La localidad de Bernal mantiene una fuerte disconformidad por parte de sus vecinos, la cual manifestaron con denuncias hacia la Refinería Redering. Los habitantes del barrio 25 de Mayo se expresaron ante la Defensoría del Pueblo contra la empresa, la cual fue acusada por estos mismos de contaminar el ambiente con emanación de gases, que presuntamente son tóxicos.                                                  
Los vecinos decidieron alzar la voz y pidieron a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires que se haga una investigación por medio de inspecciones y, en caso de comprobar los hechos de los cuales los habitantes acusan a la empresa, piden que se clausure.
La empresa ya había sido denunciada con anterioridad y mantiene un largo y oscuro historial de denuncias, como por ejemplo con el ministerio de Medio Ambiente bonaerense, la OPDS y la Policía Ecológica.
En ese sentido, también cabe destacar que previamente fue clausurada en 2018, al comprobarse el vertido a la red pública de efluentes que contenían gran cantidad de materia grasa sin tratamiento. El que terminó saliendo por las canillas de los vecinos del barrio.              
Angelo Mascara fue quien efectuó la denuncia y en el medio local "Info Quilmes”, expresó: “Están contaminando todo el territorio, enfermando seres humanos y envenenando el medio ambiente”. Además, habló de las nubes que reflejan la contaminación del predio y las describió como “nubes ácidas que flotan permanentemente sobre la zona con olores nauseabundos, lluvias de sustancias que queman plantas, corroen el meta”.
En ese sentido, el denunciante afirmó:“En las personas provocan manchas en la piel, vómitos, bronquitis, dolores de cabeza e insomnio y elevados fallecimientos de vecinos por cáncer. También vemos contaminación de los arroyos, napas subterráneas y del aire que es irrespirable, más el ruido colosal de motores que terminan destrozando la vida de las personas”.
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Salta: La ciudad eliminó el pago de patente para los vehículos que no contaminan

Fecha de Publicación: 17/01/2023
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Con el objetivo de fomentar el desarrollo sustentable en la ciudad, la Municipalidad, a través de la ordenanza 15.952, exceptuará el pago del impuesto a la Radicación de Automotores a los vehículos con sistemas no contaminantes para el medio ambiente. Es una de las que tomó tal decisión.
La intendenta Bettina Romero impulsa distintas medidas para cuidar el medio ambiente en la Ciudad de Salta y así luchar contra el cambio climático con una mirada puesta en un futuro más sustentable.
Siguiendo esta política de gobierno, la Municipalidad implementó una exención impositiva a todos los vehículos con sistemas que no contaminen el medio ambiente.
La acción fue impulsada desde el ejecutivo, aprobada mediante la ordenanza 15.952. La cual, incorpora una exención en el código tributario municipal, en el impuesto a la Radicación de Automotores. La misma es del 100% en el 1º año, 75% en el 2º año, 50% en el 3º año, y del 25% en el 4º año.“
“Marcamos un rumbo claro hacía una ciudad más sustentable. Por eso, trabajamos para reducir la contaminación en nuestro medio ambiente con esta y distintas acciones que impulsamos desde que iniciamos la gestión. Lo hacemos pensando en un lugar más sano para todos los salteños y las futuras generaciones”, sostuvo la intendenta.
Y luego, recordó que desde la Municipalidad, se trabaja separando los residuos en origen, con distintas tareas de limpieza y erradicación de microbasurales. También, levantando vehículos abandonados de la vía publica y con operativos de descacharrado.
Y finalizó: “Lograr una ciudad sustentable es una política de Estado que va más allá de quiénes gobiernan y sabemos que lo lograremos con la comunidad involucrada”.

Datos relevantes en la Argentina
Entre enero y octubre de 2021, se patentaron en Argentina casi 5.000 unidades impulsadas por energía verde, según estimaciones de ADEFA (Asociación de Fábrica de Automotores). Ahora, ya son diez los distritos provinciales y comunales que establecen claras ventajas impositivas para los rodados sustentables.
Se trata de Mendoza, San Luis, Chubut y Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Neuquén, Río Grande, Ushuaia, La Plata y se incorporó a este listado: La ciudad de Salta.
En tanto, en 2022 se comercializaron 7.846 vehículos híbridos y eléctricos un 33,4% más que en 2021.

Fundamentos de la medida
La tecnología de los vehículos híbridos y eléctricos ya son una realidad en nuestra región, lo que nos impulsa a redefinir aspectos esenciales de su tributación local. Ya que facilitan la sustitución del transporte impulsado con combustibles fósiles, lo que permite reducir los gases nocivos del efecto invernadero provenientes de estos medios de movilidad.
Es por eso, que desde el municipio se fomenta la utilización de este tipo de vehículos sustentables y amigables con el medio ambiente, de cara a reducir el impacto ambiental que genera el consumo de combustibles líquidos.
Al respecto, el titular de ARMSA, Alejandro Levin, expresó: “Con esta Ordenanza otorgamos exenciones impositivas a los vehículos que no emiten gases contaminantes. Resulta necesario que cada uno haga su aporte desde el lugar que ocupa y desde la Municipalidad aportamos políticas públicas que favorecen el uso de medios de transporte más amigables con el ambiente”.
Y también, destacó que con la acción se busca promover su conveniencia desde la óptica socioeconómica, como pauta concreta para fomentar el cambio en las conductas de la población, buscando ambientes sanos y en equilibrio ecológico.
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Los desafíos ambientales de Argentina en 2023: frenar la deforestación y poner en marcha la lucha contra el cambio climático durante un año electoral

Fecha de Publicación: 16/01/2023
Fuente: Mongabay
Provincia/Región: Nacional


En 2023 Argentina vivirá las diferentes etapas de unos comicios donde se elegirán presidente de la Nación, gobernadores de varias provincias, intendentes [alcaldes] de miles de municipios y se renovará parcialmente el Congreso. Entre agosto y noviembre habrá primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, primera vuelta y, de ser necesario, un ballotage o segunda vuelta, para decidir quién ocupará la Casa Rosada.
Este dato pone en contexto todo lo que puede suceder —o no suceder— en torno a los asuntos socioambientales del año que comienza. Las campañas electorales son particularmente largas en Argentina y tienden a concentrar todo el interés y los esfuerzos de la clase política, eclipsando cualquier otra iniciativa a largo y mediano plazo.
De esa manera, temas que deberían considerarse prioritarios corren riesgo de quedar aparcados al borde del camino. En esa lista se encuentran la puesta en marcha de las medidas contempladas en el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático presentado por Argentina en la COP27 de Egipto; la aprobación y ejecución de leyes que detengan el imparable deterioro de humedales y bosques, la creación de criterios para efectuar estudios de impacto ambiental de participación ciudadana en la ejecución de proyectos industriales; y la decisión sobre el manejo que tendrá la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay, arteria vital por la que circulan los principales productos de exportación del país.
Estas elecciones, además, llegan envueltas en un clima político y una situación económico-financiera complicada. Por un lado, la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, máxima referente del oficialismo, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos y anunció su renuncia a presentarse como candidata en las listas de su partido, lo cual altera aún más las discusiones internas, tanto en su sector político como en la principal oposición.
Por otro lado, el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para el pago de una deuda de 44 000 millones de dólares obliga a recortes y ajustes presupuestarios que pueden aumentar unos índices de pobreza y marginalidad que ya afectan al 40 % de la población del país.
Este es el contexto que enmarca a algunos de los desafíos ambientales que tendrá Argentina en 2023 y que aquí presentamos.

1. Adaptarse y mitigar para sobrevivir
Los efectos del cambio climático ya se hacen sentir de manera notoria en Argentina. Tres años de sequía, bajantes pronunciadas de los ríos, olas de calor cada vez más intensas y frecuentes en el norte del país, tormentas de tierra de tonos apocalípticos, continuos incendios forestales e inundaciones periódicas componen un panorama que impulsa a tomar decisiones inmediatas.
“Hemos cuantificado lo que nos costaría ahora mismo alcanzar todos los objetivos expuestos en el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que presentamos en la COP27. Serían 185 000 millones de dólares”, dice Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del gobierno nacional. En su conversación con Mongabay Latam también indica que “la inacción tendría un costo adicional. Viendo la virulencia de los impactos del cambio climático en nuestro territorio, todo lo que no se invierta ahora se irá agravando y la cifra se irá encareciendo”.
El Plan es, sin duda, ambicioso y contempla más de 250 medidas. Entre las seis líneas estratégicas de trabajo que componen su núcleo central se incluyen la conservación de la biodiversidad; la gestión alimentaria, de los bosques, los residuos y las infraestructuras urbanas; y las transiciones en materia energética, productiva y de movilidad. A su vez, estas estrategias se complementan con enfoques que atraviesan temas de género, diversidad, salud, empleo y líneas instrumentales referidas a la financiación, investigación y desarrollo, innovación y fortalecimiento de las instituciones.
Si bien no se establecen resultados parciales que permitan conocer los avances en cada etapa del proceso, sus metas finales son cumplir con los compromisos adquiridos por el país: reducir a 349 Mt de dióxido de carbono las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030 y alcanzar la carbono neutralidad en 2050. Cómo llegar a esos puntos y qué avances podrán apreciarse a finales de 2023 son los grandes interrogantes.
“Argentina tiene una enorme biocapacidad”, afirma Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, quien puntualiza: “Podemos colaborar con la transición energética global aportando gas natural (y planificando el cierre de su utilización en 2050); alimentar a una población creciente con modelos de producción agrícola y ganadera libre de deforestación; modificar la matriz energética del país hacia las energías renovables. Incluso, regenerar los suelos y la capacidad productiva de bosques, pastizales, humedales y de nuestro mar para aumentar nuestra resiliencia. Lo que debemos hacer es pasar de una vez por todas de los compromisos a la acción”.
Por supuesto, el Plan no está exento de críticas. “En un contexto global que requiere una transición en dirección contraria a los combustibles fósiles, resulta complejo entender cómo insertar la expansión de la frontera hidrocarburífera [que plantea el gobierno] en la transformación integral del sector energético”, señala Catalina Gonda, co-coordinadora del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Desde su posición, la secretaria Nicolini explica los motivos: “Soy la primera que firmaría producir energía solo con renovables, pero no podemos abrir 30 o 40 parques eólicos o importar miles de placas solares de la noche a la mañana. La transición energética necesita financiarse y el gas es un combustible fósil que a largo plazo no soluciona el problema pero, debido al papel que está teniendo en el mundo a corto y mediano plazo, es una herramienta funcional a esa transición”.
La funcionaria del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible va más lejos: “Hoy Argentina importa gas y el que tenemos en el yacimiento de Vaca Muerta nos permitirá dejar de comprar y tener un saldo exportable. Queremos usar esos dólares para financiar las renovables y desarrollar el hidrógeno verde”.
La realidad indica que Argentina ha hecho muy poco para implementar planes de mitigación desde la firma del Acuerdo de París hasta la fecha. La matriz energética sigue dependiendo en más de un 80 % de los combustibles fósiles y el uso de la energía mantiene altos niveles de ineficiencia. Las dificultades políticas en un año electoral solo suman un obstáculo más.
“2023 tendría que ser el año en el que el sector político tome el cambio climático y la conservación de la biodiversidad como banderas centrales para atraer a los votantes que estén realmente preocupados y comprometidos con la naturaleza”, comenta Jaramillo, mientras que Nicolini aspira a activar todas las líneas estratégicas del Plan: “Me gustaría conseguir unos porcentajes de generación eléctrica a través de energías renovables cada vez más altos y reducir la emisión de GEI por causa de la deforestación, que es uno de los principales déficits que tenemos. Y que en diciembre [de 2023] podamos ver claramente que una política climática robusta tiene un impacto ambiental, económico, social y en términos de empleo. Sería la manera de comprobar que el desarrollo de un país es completamente compatible con la sostenibilidad”.

2. Aprobar varias leyes que son imprescindibles
El 2022 fue el décimo año que transcurrió sin que se llegara a sancionar la Ley de Humedales, tal vez la más emblemática de las normas ambientales que una y otra vez ve frustrada su sanción en el Congreso. En este caso, y luego de muchas discusiones y postergaciones, dos proyectos fueron aprobados por las comisiones de la Cámara de Diputados encargadas de estudiar el tema, pero las divergencias entre oficialismo y oposición impidieron que fueran tratados en el recinto y todo quedó postergado para el periodo de sesiones que comenzará el próximo 1 de marzo. Las perspectivas, en todo caso, no resultan halagüeñas.
“Lo ideal hubiera sido tener la aprobación en Diputados y que en 2023 la discusión ya estuviera en el Senado. El año electoral acortará los tiempos y pondrá la mayor atención en la campaña”, se lamenta Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de FARN. Casi sin excepción, la ley encuentra teóricos apoyos a uno y otro lado del arco político, pero al mismo tiempo genera resistencias insalvables. Los intereses mineros, agropecuarios, forestales e inmobiliarios influyen y logran poner obstáculos que atraviesan las cuestiones ideológicas. “Me pregunto por qué les resulta tan inconveniente aprobar la ley cuando muchos puntos de los que se plantean deberían estar cumpliéndose a partir de las normas que tienen las provincias”, se cuestiona Enrique Derlindati, doctor en biología, docente e investigador en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Salta.
El sistema federal que rige en la Argentina, que brinda a los 24 distritos provinciales amplias competencias en el uso y regulación de sus bienes y recursos naturales, se encuentra detrás de estas dificultades. Las disposiciones que surgen del Parlamento nacional o del Poder Ejecutivo brindan un marco jurídico general pero son implementadas, ejecutadas y controladas en cada distrito, y allí los objetivos y niveles de cumplimiento tienden a diluirse en función de necesidades, acuerdos o grises entramados locales.
“Cuando la potestad queda solo en manos de las provincias un gobernador puede decidir sustraer varios miles de hectáreas de un área protegida para transformarla en otra cosa”, aclara Derlindati. “El gobierno nacional hace sobreabuso de los artículos de la Constitución que otorgan a las provincias la explotación de los recursos que se encuentran dentro de sus límites”, explica Manuel Jaramillo, refiriéndose a la muy escasa o nula intervención del Poder Ejecutivo respecto a las decisiones que toman las autoridades de los diferentes distritos, incluso cuando estas incumplen parcial o totalmente las leyes del Congreso Nacional.
Los sectores ambientalistas y el propio gobierno nacional impulsan que una Ley de Evaluación de Impacto Ambiental también vea la luz en 2023. “Necesitamos una norma de este tipo para que todos los procesos de ejecución de un proyecto industrial sean transparentes y rigurosos”, manifiesta Nicolini. Y es que lo ocurrido en la represa Presidente Néstor Kirchner, una de las dos que se están construyendo sobre el río Santa Cruz en el extremo sur del país, así lo demuestra.
Los trabajos, que comenzaron en 2017, sufrieron varias interrupciones por procesos judiciales y falta de financiamiento, y continuaron avanzando con tareas menores pese a las denuncias de inconsistencia del informe de impacto ambiental presentado por la sociedad chino-argentina encargada de las obras. Un informe posterior del Instituto Nacional de Previsión Sísmica manifestó sus inseguridades respecto al lugar de emplazamiento de la represa, cercano a una falla geológica que atraviesa el río, y la aparición de una grieta de 20 metros en un muro de hormigón obligará a cambiar la ubicación. Teniendo en cuenta esta modificación, la coalición de ONG Río Santa Cruz Libre, demandante en la principal causa legal contra el proyecto, solicitó un pedido de reajuste del estudio de impacto ambiental. Hasta la fecha no obtuvo respuesta.
El caso anterior es solo una muestra de la urgencia de sancionar —y después implementar y hacer cumplir— las leyes ambientales que permitan controlar con mayor eficiencia los recursos naturales del país.

3. Mayor participación ciudadana en la toma de decisiones
En enero de 2021 se realizó en la ciudad de Buenos Aires la audiencia pública destinada a debatir el proyecto de edificación de dos nuevos barrios de torres residenciales junto al Río de la Plata. Este tipo de convocatorias, en la que puede participar libremente cualquier ciudadano, están contempladas en la Ley General del Ambiente aprobada en 2002. En teoría deben ser realizadas antes de que se autorice cualquier actividad que pueda dañar el medio ambiente. Sin embargo, no siempre ocurre así, y además, no son vinculantes. En esa ocasión participaron 2057 personas, de las cuales el 97 % se manifestó en contra. A pesar de esto, en diciembre de ese año, la Legislatura porteña aprobó los nuevos barrios.
Casi simultáneamente, en julio, tuvo lugar una primera audiencia pública para debatir el proyecto de prospección de pozos de gas y petróleo en un área del mar argentino situada a unos 300 kilómetros de distancia de Mar del Plata, el principal centro de vacaciones del país. Hubo 373 intervenciones de las cuales 345 se mostraron contrarias al proyecto y solo 12 a favor. Seis meses más tarde, el gobierno nacional, de signo político contrario al que dirige los destinos en la capital del país, autorizaba las prospecciones. La coincidencia en desoír la voz popular es toda una muestra de que la grieta ideológica que divide el país se difumina cuando se trata de tomar decisiones que afectan el medio ambiente.
Casos semejantes se reproducen a lo largo y ancho del país, fundamentalmente en relación a proyectos mineros, del agronegocio o inmobiliarios. Y se agravan en ámbitos rurales, donde los afectados son menos o pertenecen a comunidades indígenas. “Los gobiernos ni siquiera nos llaman cuando deben decidir la entrada de alguna empresa a nuestros territorios, llevan a cabo lo que quieren hacer sin ninguna consulta previa”, confirma Evis Millán, integrante de la comunidad mapuche-tehuelche Pillan Mahuiza y activista del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas del Buen Vivir.
Las convocatorias para las audiencias suelen ser irregulares, ya sea porque se anuncian tarde, se realizan en lugares de difícil acceso para los pobladores, los interesados acuden sin haber recibido antes la información necesaria para conocer el asunto que se debate, o porque las audiencias no se traducen a las lenguas de los pueblos originarios en los casos donde están implicados.
El fondo de la cuestión se resume en dos palabras: “licencia social”, es decir, el aval de la mayoría de la sociedad para que una obra se lleve a cabo. “La destrucción del bosque chaqueño, por ejemplo, no la tiene. Los habitantes del monte, ya sean de pueblos originarios o campesinos criollos no son los que deforestan”, afirma Micaela Camino, bióloga, integrante de la plataforma Somos Monte y ganadora del Premio Whitley 2022.
Incrementar y mejorar la calidad de la participación ciudadana para fortalecer esa licencia social en cuestiones ambientales es otro de los desafíos del año. También en este punto existe una propuesta de ley para que en todo el país se unifique la forma de actuar en cuestiones concretas relacionadas con la utilización de recursos naturales. Fue presentada por el diputado oficialista Hernán Pérez Araujo en 2021 y el punto más conflictivo para los intereses del poder económico y político es la posibilidad de que los resultados que se produzcan pasen a ser vinculantes. “No se le da a la participación ciudadana el lugar central que debería tener a la hora de desarrollar cualquier proyecto extractivista”, explicó el legislador al presentar su propuesta. Hasta el momento, la idea fue archivada y nunca avanzó un solo centímetro.

4. Frenar la deforestación y apagar los incendios
“En la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) no hemos planteado desmonte cero, pero sí un ordenamiento que de manera progresiva va en favor del ambiente”, dice Marta Soneira, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia del Chaco. Lo que ocurre con los bosques en ese distrito es posiblemente el mejor ejemplo de las tensiones que convierten a la deforestación en uno de los grandes dramas ambientales del país.
Solo en la región del Chaco argentino, que comprende cuatro provincias (Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco), se perdieron 80 938 hectáreas en 2019, 114 716 en 2020 y 110 180 en 2021. El 54 % de ellas de forma ilegal según los datos oficiales. En 2022 Soneira acepta la pérdida de otras 26 000 hectáreas en su distrito —la organización Greenpeace amplía ese número hasta las 47 000—, incluso pese a que una medida judicial prohíbe, desde octubre de 2020, los cambios de uso de suelo que impliquen reducir la masa boscosa.
Pendiente desde 2013, la actualización del OTBN chaqueño es centro de una discusión que lleva más de dos años y  ha ido en aumento de manera progresiva. Científicos, ONG y diferentes expresiones de la sociedad civil manifiestan su inconformidad con las propuestas oficiales, a las que califican de “regresivas”, ya que “blanquea los desmontes ilegales producidos sin sancionar económicamente a los propietarios ni obligarlos a restaurar esas áreas”, sostiene Matías Mastrángelo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Desde el mundo empresarial, por el contrario, entienden que la última proposición de diciembre de 2022, mencionada por Soneira, es una marcha atrás que afectaría la producción y la economía: “Frena el desarrollo productivo y tendría consecuencias negativas para la provincia”, afirma un comunicado de la Federación Chaqueña de Asociaciones Rurales.
En el resto del país son los incendios forestales los que concentran la atención pues, en los últimos años, han sido los promotores de pérdidas de zonas de bosques, pastizales y humedales, además de plantaciones de la industria forestal. “El 2022 ha sido un año muy crítico en esa materia”, admite Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación.
Según los datos oficiales, incompletos aún para el 2022, las llamas consumieron 490 000 hectáreas en 2019; 1 167 985 en 2020; 326 000 en 2021; y hasta agosto de 2022 habían ardido otras 375 000, aunque otras mediciones de ONG ambientalistas, pero también de una entidad estatal como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, hablan de 800 000 solo en los incendios ocurridos en febrero en la provincia de Corrientes.
La lucha contra la deforestación y los incendios, en la que conviven las quemas voluntarias para provocar el rebrote de pastos tiernos para el ganado (por ejemplo, en las islas el Delta del río Paraná, una de las zonas más afectadas), la negligencia y los efectos de tres años continuos de sequía se encuentra, nuevamente, entre los grandes retos de Argentina para 2023.

5. Un rumbo claro para la Hidrovía
El río Paraná y su afluente del norte, el Paraguay, constituyen la ruta central de salida de los buques que transportan los granos y las carnes que conforman el 60 % de las exportaciones argentinas. Sin embargo, la gestión presente y futura de la denominada Hidrovía se encuentra en estado provisional desde el 2020. Ese año caducó el contrato con la empresa que se ocupaba de las tareas de mantenimiento —dragado, balizamiento y señalización—, y del cobro de peajes a los más de 4500 buques que recorren el río.
Después de algunas idas y vueltas, el gobierno creó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Hidrovía y le entregó a la Administración Nacional de Puertos la gestión de las tareas más técnicas. Lo que se espera para 2023 es que el Estado presente los pliegos de una segunda y definitiva licitación internacional (la primera quedó sin efecto) para resolver la situación. De las condiciones que se planteen dependerá en buena medida el futuro ambiental de un sitio especialmente sensible. En el contexto del cambio climático, el Paraná sufrió en 2021 la segunda bajante más severa de la historia y en las orillas e islas de los tramos medio e inferior del cauce se mantiene un alto nivel de estrés hídrico que alimenta los constantes y voraces incendios que se presentan en la zona.
“Habría que adecuar las vías navegables para optimizar la carga potencial transportada de los buques modernos de mayores dimensiones y calado”, proponía en su momento Daniel Nasini, expresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. “Necesitamos más profundidad y zonas de cruce”, afirman los actuales directivos del ente que reúne a las grandes industrias cerealeras nacionales y multinacionales que operan en las más de 80 terminales portuarias distribuidas a lo largo del río. El propósito: permitir la entrada de buques cuya capacidad de carga sea de hasta 70 mil toneladas en lugar de las actuales 48 mil. Sin embargo, este objetivo encuentra resistencias entre los defensores socioambientales.
“Cada sector busca su beneficio. Los armadores quieren reactivar la marina mercante y los astilleros; los patrones y capitanes de barcos pretenden una traza de doble vía para mejorar la seguridad… Nadie hace un balance ni incluye a los grupos sociales más desprotegidos; tampoco se preocupan por las cuestiones ambientales, que es donde recaen los mayores impactos”, opina Nadia Boscarol, coordinadora de Política del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales.
La contaminación que dejan los residuos que arrojan los barcos, el polvillo que desprenden los cereales durante el proceso de carga en los puertos, los desagües cloacales sin tratamiento previo de ciudades y pueblos al río y los efectos que el dragado permanente produce sobre los micoorganismos que habitan en el fondo de las aguas son solo algunos de los inconvenientes que se han ido creando en las orillas y en el lecho del río durante lo últimos 25 años, cuando comenzó su transformación en Hidrovía. Seis provincias tienen acceso directo al complejo Paraná-Paraguay y su participación en las discusiones le añaden complejidad a lo que vaya a determinarse.
Como en el resto de los temas, la política tendrá la última palabra. “Todo es un rompecabezas muy complejo que necesita de muchísimo trabajo, consenso y también de dejar el cinismo de lado”, resume Cecilia Nicolini. En un año electoral la tarea se antoja doblemente difícil.
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