Humedales mendocinos en serio riesgo

 


Los humedales mendocinos están cada vez más cerca de secarse

Fecha de Publicación
: 04/01/2023
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Mendoza


La necesidad del agua para Mendoza no es ningún secreto. El clima árido, predominante en casi todo el territorio provincial, hace que el escaso recurso hídrico disponible sea vital para el desarrollo de la actividad humana.
En toda la geografía mendocina existen reservorios de agua dulce, pero están en riesgo debido al cambio climático y al mal uso del recurso por el alto consumo en las zonas residenciales.
Si bien aún no hay un número exacto de la cantidad de humedales que existen en Mendoza, sí se sabe que la mayoría se encuentra en la zona cordillerana, la zona sur y algunos sectores del norte provincial.
Se considera humedal a los ambientes que presentan distintas condiciones de inundación del suelo, ya sea saturado o con diferentes niveles de fluctuación. El agua es el elemento que controla el sistema y define sus características.
La forma en la que se presentan es muy diversa, ya que pueden incluir vegas, bañados, bosques fluviales, esteros, pastizales, lagunas, salares, entre otros.
En Mendoza, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores del país, los humedales no son de grandes extensiones, ni albergan cantidades exageradas de agua.
Dentro de la amplia clasificación que existen de este tipo de ecosistemas, en la Provincia predominan dos: las llamadas Vegas Alto-Andinas ( en la zona cordillerana) y las lagunas y bañados (en las zonas bajas).
Las vegas son sectores de pequeños valles con tierras muy fértiles que suelen ser atravesados por ríos o arroyos con una alta saturación de agua y son considerados “selvas de montaña“.
Por otro lado, los bañados son terrenos llanos muy húmedos que se ubican en sectores cercanos a desembocaduras de ríos y son fácilmente inundables.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Humedales de Argentina, elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en conjunto con especialistas de todo el país, los humedales de Mendoza se distribuyen entre la Región de Humedales del Monte Central, la cual pertenece en su totalidad al dominio de las tierras secas y representa 20,34% del total nacional, y a la Subregión de Humedales Altoandinos, que contiene apenas 0,4%.
De éstos, hay tres humedales que se encuentra protegidos por leyes internacionales que son: la Laguna de Llancanelo en Malargüe, Lagunas y Ciénagas de Guanacache en Lavalle y la Reserva Natural de Villavicencio en Las Heras.

Situación crítica
Clara Rubio es geógrafa, doctora en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la UNCuyo, Investigadora de conicet, entre otros cargos, manifestó que la situación en Mendoza es realmente preocupante.
“Las características de la provincia hacen que la demanda hídrica sea mayor a la oferta, esto se ha agudizado en los últimos años debido a la escasez de nevadas que se producen en la cordillera, estresando a toda la cadena, llevando a los humedales a una situación delicada”.
Todos los humedales de la provincia están en grave riesgo de secarse, aunque los factores difieren dependiendo de la región.
“Los humedales de tierras bajas están siendo severamente afectados principalmente por el exceso de uso de agua por los oasis agroindustriales y el avance del uso del suelo residencial. A esto se le suma un notorio proceso de sequía provocado por los cambios climáticos”, señaló Rubio.
Por otra parte, los humedales de la alta montaña son principalmente afectados por el cambio climático. La escasez nívea produce un estrés hídrico en estos humedales, ya que los arroyos y vertientes que regaban la zona están desapareciendo.
En el mismo sentido, Sebastián Melchor, director de Recursos Renovables, de la Secretaría de Ambiente de Mendoza, aseguró que “el cambio climático golpeó con dureza la disponibilidad de agua en estos sectores”.
“Cada vez hay menos precipitaciones níveas en la cordillera, lo que produce menor caudal en los ríos y menos agua en toda la cadena. Estos ecosistemas se nutren del agua del final de la cadena de utilización del agua. A menor cantidad de agua disponible, menos es la que llega a estos sectores.
“Los ciudadanos utilizan el agua como si la crisis hídrica no existiera o fuera un mito. La dura realidad es que no solamente existe, está acá y los pronósticos para el futuro no son nada alentadores” señaló el funcionario.
Por su parte, Rubio aportó que “es importante entender que la responsabilidad de mantener este tipo de ecosistemas con vida es de todos nosotros, porque de ellos no solamente viven animales y plantas, sino que muchas personas se nutren de las aguas de estos lugares”.

Deuda pendiente
Uno de los humedales protegidos por la legislación internacional es el sistema de Lagunas y Ciénagas de Guanacache en el departamento de Lavalle, al que pertenece la conocida Laguna del Rosario.
Este sistema se alimenta principalmente de los afluentes del Río Mendoza, pero las aguas dejaron de llegar después de la creación del dique Potrerillos.
Esto ocurre a pesar de que en el estudio de impacto ambiental de la obra se obliga a cumplir con un caudal mínimo para aquel sector del norte provincial, algo que nunca ocurrió en la práctica y que llevó a que la laguna se seque completamente.
Esto produjo no sólo un desastre ambiental para las especies de flora y fauna de la región, sino también para los pobladores del lugar.

Combo para mejorar
Rubio asegura que hay que realizar varias tareas en simultáneo para poder avanzar en la protección de los humedales.
“Un plan de ordenamiento territorial adecuado para no explotar por demás el recurso hídrico en algunos sectores, evitar la filtración de agua en los canales de riego y un uso responsable por parte de los ciudadanos sumado a alguna ayuda que nos del factor climático podría mejorar considerablemente la realidad de estos sectores“, señaló la investigadora.
Por su parte, Melchor aseguró que “hay que avanzar sobre el mal uso del agua por parte de la gente, colocar medidores en los hogares, no baldear las veredas en horas no autorizadas, no llenar piletas con agua potable, utilizar una mochila en el baño con dos botones distintos son pequeñas acciones que ayudan a mejorar la disponibilidad de agua para aquellos sectores.

Leyes en suspenso
En el Congreso existe un proyecto de Ley para proteger a los humedales, pero entre las distintas fuerzas políticas no logran ponerse de acuerdo para darle tratamiento en la casa de las leyes.
Por otro lado, en Mendoza también se presentó un proyecto para que la provincia tenga su propia ley de humedales. Este proyecto fue presentado por el ex legislador del Frente de Izquierda, Lautaro Jiménez, y que ya tuvo tratamiento en la comisión de ambiente pero aún no ha sido despachado hacia el recinto.
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Entre Ríos e incendios: deberán informar los dueños de lotes

 


Entre Ríos tendrá que informar quiénes son los dueños de las tierras del Delta

Fecha de Publicación
: 04/01/2023
Fuente: portal r2820.com
Provincia/Región: Entre Ríos


El 2 de febrero, el Gobierno deberá presentar un detallado informe sobre quiénes poseen lotes en el Delta entrerriano, desde Paraná hasta Ibicuy, pasando por Gualeguaychú.
 El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó parcialmente un fallo de primera instancia que dictó en noviembre último la Cámara en lo Contencioso Administrativo que obligó al Estado a brindar a un particular información sobre quiénes son los dueños de los lotes de tierra en el Delta.
El humedal que ha quedado en el ojo de la tormenta estos últimos dos años a raíz de los continuos incendios y la afectación medioambiental que esa práctica ha producido.
El militante ambientalista del Foro Ecologista, Daniel Verzeñassi, acudió a la Justicia con un recurso de amparo ante lo que consideró «la omisión arbitraria y manifiesta por parte de los funcionarios a cargo del Departamento Ejecutivo del Gobierno de Entre Ríos de brindar una respuesta a la solicitud de acceso a información pública ambiental referida a los datos catastrales de la totalidad de los terrenos de las islas del Delta del Paraná en territorio provincial, el que ocupa parte de los departamentos de Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas de Ibicuy».
En el marco de la causa "Verzeñassi, Sergio Daniel contra el Estado provincial sobre una acción de amparo ambiental", el Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad parcial de la sentencia dictada por la vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Paraná, Adriana Beatriz Acevedo, el 28 de noviembre pasado, únicamente en lo referido a la aplicación de astreintes.
Asimismo, rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Estado provincial, confirmándose en lo esencial el fallo revisado. La resolución fue adoptada por mayoría.
De ese modo, el STJ confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia y rechazó la apelación de Fiscalía de Estado, la que quedó condenada a presentar, el 2 de febrero próximo, un detallado informe sobre quiénes poseen lotes en el Delta entrerriano.
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Otro año sin Ley de Humedales

 


Otro año sin Ley de Humedales: algunos diputados explican, otros callan

Fecha de Publicación
: 03/01/2023
Fuente: Portal rosarioplus.com
Provincia/Región: Nacional


A pesar del clamor popular y del intenso debate hasta por fin lograr un dictamen -el más permisivo, pero al menos uno- el Congreso de la Nación volvió a dejar en espera una legislación urgente para preservar esos ecosistemas, controlar y sancionar a quienes atenten en ese sentido.
En noviembre de este año se consiguió que el plenario de comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura elevara al Recinto un proyecto de Ley de Humedales, el de Juntos por el Cambio con dictamen por mayoría. Sin embargo no hubo tratamiento de éste en las últimas sesiones del año en Diputados, ya que se requiere del acuerdo político de todos los sectores, algo que a las vistas no se consiguió. La buena noticia es que el dictamen favorable permite su tratamiento hasta diciembre de 2023, por lo que si bien este no fue el año de su concreción, no perdió estado parlamentario como ocurrió el año pasado.
El año legislativo ya tuvo su fin el pasado jueves en la última sesión, y habrá que esperar las voluntades de toda la Cámara para que la Ley de Humedales sea tratada en el marco un año electoral que avisora muchas dudas en torno a una decisión política positiva para que finalmente se generen los presupuestos mínimos a nivel nacional para promocionar la conservación, el uso sostenible y la restauración de estos ecosistemas, y poner fin a la disgregación de políticas y normativa que existen en las diversas provincias, un reclamo social que ya cumple una década (ver apartado).
Incólumes y estoicos, los activistas de un conjunto de organizaciones sociales nucleadas en la Multisectorial persisten con la campaña “Arden los humedales” en las redes sociales exigiendo el tratamiento de la ley con el hashtag #LeyDeHumedalesYA para pedir que Diputados atienda el proyecto de ley consensuado por cientos de organizaciones, especialistas y científicos, el cual también había tenido dictamen favorable pero espera con paciencia, por haber salido por minoría.
La diputada por Santa Fe Ximena García es una de los dos impulsores del proyecto que resultó mayoritario, desde Juntos por el Cambio. Este medio quiso contactarla para conocer su visión sobre por qué este año no pudo ser debatido finalmente, pero no hubo respuestas de la legisladora.
Los diputados por Santa Fe Eduardo Toniolli (FPV) y Enrique Estévez (PS) fueron consultados por Rosarioplus.com en torno a las causas por las que naufragó un año más el avance de esta ley. “No hay en el país una planificación para cumplir con los compromisos internacionales que suscribió, y uno de ellos es el cuidado de los humedales como ecosistemas fundamentales para frenar el cambio climático y evitar alguna de sus consecuencias como las grandes inundaciones y sequías”, reflexionó el socialista, quien aseveró luego: “Tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos hay diversas miradas, pero en ambos bloques existe la mirada negativa a tener una Ley de Humedales. Este año no tenemos la ley porque eso se suma a la falta de impulso por parte del Ejecutivo”.
El diputado Toniolli por su parte esbozó que “finalmente no fue al Recinto porque algunos de los que firmaron por mayoría lo hicieron con el único objetivo de bloquear la llegada del dictamen de minoría que veníamos impulsando todos los diputados y las organizaciones que acompañamos el proyecto de ley consensuado en 2021. Hubo diputados incluso de nuestro bloque que no votaron por nuestro proyecto porque gobernadores del norte se opusieron al avance de este proyecto, con razones infundadas”.
Consultados ambos en torno a la posibilidad de fumata blanca en el avance de la ley para 2023, cada cual avizoró su mirada sin descartar un cauce. “El año próximo será electoral, y el tema humedales, en 2021 fue utilizado en las campañas electorales con promesas. Esperamos que se genere un consenso más amplio en el Congreso, y que el Ejecutivo impulse el tratamiento de este proyecto absolutamente necesario para preservar los humedales en el país”, preció Enrique Estévez.
Mientras Toniolli aseguró: “Desde mi lugar como diputado voy a reclamar su tratamiento en cada oportunidad, y espero que se dé porque el daño que se está haciendo es irreversible y los humedales son fundamentales para preservar el ambiente, son ecosistemas que ayudan a preservar el cambio climático”.

Diez años en espera
El primer proyecto se presentó en 2013, en el contexto de la declaración de los humedales del Delta del Paraná como sitios Ramsar y la creación del sistema Piecas, el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná. Un acuerdo interjurisdiccional entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, junto al gobierno nacional, cuyo objetivo era gestionar dichos humedales, un ecosistema compartido por las tres jurisdicciones provinciales. El Piecas existe, pero no es más que una teoría sin aplicar.
Luego tanto en 2015 como en 2018, dos proyectos de Ley de Humedales consiguieron media sanción en el Senado. Pero en ninguna de esas oportunidades se lograron aprobar en la Cámara de Diputados, y el proyecto de Ley de Humedales volvió al cajón.
Finalmente, luego de más de dos años de persistentes quemas de pastizales en las islas entrerrianas en el Delta del Paraná, que trajeron aparejadas una convención social en torno al reclamo ambiental, más de 300 organizaciones elevaron su proyecto de ley, el cual luego fue tomado por el diputado Leonardo Grosso, y surgieron nuevas propuestas desde otros bloques, con predominancia de uno presentado por varios legisladores de Juntos por el Cambio.
En un plenario conjunto de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Hacienda, el 10 de noviembre se emitieron dos dictámenes al Proyecto de Ley de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales. Uno de minoría -perteneciente al oficialismo- y uno de mayoría -de la oposición-.
Así como cuenta con varios apoyos, el proyecto oficialista también tiene sectores que se resisten a la iniciativa. Ricardo Buryaile, diputado nacional por Formosa y perteneciente al radicalismo, ha sido uno de los más férreos opositores junto a los llamados gobernadores del Norte Grande, quienes se encolumnan en la postura de supuestas consecuencias de la aprobación de este proyecto en términos económicos y sociales.
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El Hidrógeno Verde a paso lento

 


Pasó un año y la producción de Hidrógeno Verde se demora en Río Negro

Fecha de Publicación
: 03/01/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


La provincia anunció en noviembre de 2021 una mega inversión para desarrollar esta energía renovable de la mano de una empresa australiana. La demora de la ley de regulación nacional para la industria frenó el impulso inicial.
Pasó más de un año y la producción de Hidrógeno Verde en Río Negro no desembarcó con la potencia que se esperaba tras el anuncio realizado en la Cumbre de Cambio Climático en Glasgow. Termina el 2022 sin ley de regulación de esta energía renovable porque el proyecto continúa en análisis en el ministerio de Economía, sin asomar por el Congreso de la Nación.
La mega inversión de 8.000 millones de dólares, que pretendía realizar la empresa australiana Fortescue, es incipiente y los puestos de trabajo generados hasta ahora están muy lejos de los 15.000 prometidos en noviembre del año pasado. Solo medio centenar de profesionales están abocados a estudios vinculados a este desarrollo y en Sierra Grande esperan el cambio de su matriz económica que los ilusionó un año atrás.
“Tuvimos un montón de avances a lo largo de este año, en enero se presentó la iniciativa privada que se aprobó por unanimidad en la Legislatura, se creó una comisión, se comenzaron a realizar estudios sobre la base de permisos, hicimos aportes sustantivos al proyecto de ley de regulación nacional y ahora esperamos esa ley de promoción y fomento que debe sancionar el Congreso”, afirmó a RÍO NEGRO el secretario de Estado de Planificación, Daniel Sanguinetti.
El plan original tenía un esquema progresivo de inversiones. Se trata de un proyecto a “mediano plazo”, insistió Sanguinetti quien remarcó que se trabaja de manera “seria, con todos los estudios, con información para tener licencia social”.

La inversión actual
En la práctica, hoy la empresa Fortescue cuenta con seis mástiles de viento instalados, dos de ellos en la zona de Punta Colorada y otros 4 en tierras privadas que la empresa compró y que están por fuera del proyecto original, por lo que sus permisos van por otra vía.
El proyecto plantea la instalación de 17 mástiles de medición de vientos. Sanguinetti explicó que la mayoría estarían emplazados en la Meseta de Somuncura y “si bien no hay impacto según el plan de manejo vigente, que es del año 2006, decidimos actualizarlo y esperar”.
Para eso se contrataron unos 45 profesionales de la Universidad de Río Negro que realizan nuevos estudios de diversas características vinculadas al ambiente, pero también a la vida silvestre como el sobrevuelo de los cóndores que transitan por esa zona.
Sanguinetti destacó esta “actualización del plan de manejo” como una medida de relevancia para avanzar en un “cuidado y prolijo” desarrollo del Hidrógeno Verde en Río Negro. También destacó que con los profesionales en campo se genera un movimiento económico en la Región Sur.
“Vamos a esperar este estudio actualizado y mientras tanto se avanza con la instalación de mástiles por fuera de esa área y con otras tareas. Es mejor esperar, ir firmes, con responsabilidad, certeza y con estudios científicos que lo avalen”, indicó el funcionario.
En paralelo, también se realizan estudios de relieve de suelo en la zona de Punta Colorada donde se va a construir el nuevo puerto para la exportación de este producto.

La ley de regulación de la producción queda para 2023
El proyecto de regulación de producción de Hidrógeno Verde se posterga para el 2023 a pesar de que el Gobierno de Río negro y la empresa Fortescue Future Industries esperaban la normativa este año para avanzar en su anunciado megaproyecto, centralizado en Sierra Grande.
Nunca expuesto públicamente, pero la firma reguló este año el avance del proyecto, que denomina Pampas, a lograr precisar el encuadramiento de la actividad y producción que pretende instalar en Río Negro.
Entre sus expresiones públicas, a mediados del 2022, el Gerente Regional de Gobierno de Fortescue en la Región Latinoamérica, Sebastián Delgui, declaró a RÍO NEGRO el deseo de la firma “de tener la ley culminando el año”.
En ese momento, la iniciativa no estaba y, ahora, si bien existe un texto avanzado en Economía, no hay presentación gubernamental en el Congreso. Fuentes de la cartera de Energía señalaron a RÍO NEGRO que era intención agilizar ley para este año, pero finalmente no se podrá concretar ya que sigue en análisis, circulando el borrador en diversos despachos.
Días atrás, el ministerio que conduce Sergio Massa remitió un anteproyecto al senador Alberto Weretilneck con las modificaciones introducidas al borrador inicial para volver a Economía después de su revisión y allí continúa en análisis.
El secretario de Estado de Planificación de Río Negro, Daniel Sanguinetti, dijo que también el gobierno tuvo en sus manos el borrador e hicieron “aportes sustantivos”. Lo trabajó junto a la provincia de Tierra del Fuego, que tiene también un proyecto para el Hidrógeno Verde.
Aclaró que “hay puntos que no acordamos, pero esperamos que Nación, que tiene la facultad de crear el marco regulatorio con una ley que sea de fomento y promoción, finalmente impulse la ley. Estamos expectantes”.
Sanguinetti habló de una premura por ese marco regulatorio y generar condiciones propicias para el desarrollo de esta industria novedosa ante el apremio de competidores cercanos como Brasil, Chile y Colombia que también buscan desarrollar el Hidrógeno Verde.
Para el funcionario la ley debería otorgar “estabilidad por los próximos 30 años” a los posibles inversores y anheló que se replique la experiencia rionegrina de que salga con un mayoritario consenso en el Congreso.

Los orígenes y el borrador de la normativa
La base del trámite en evaluación de la cartera de Sergio Massa, concretamente en la Secretaría de Energía que conduce Flavia Royón, fue una presentación del senador Alberto Weretilneck para establecer el marco regulatorio del Hidrógeno Verde en Argentina.
Esta labor tuvo su inicio en un encuentro del presidente Alberto Fernández con la gobernadora Arabela Carreras, quién insistió en la ley nacional, con participación del senador. Esa reunión, realizada en la Quinta de Olivos, estuvo marcada -realmente- como la primera gestión oficial del mandatario nacional, tras la abrupta salida del ministro de Economía, Martín Guzmán.
Llegó, días después, Massa a esa cartera y, a fines de agosto, Weretilneck le entregó una carpeta con su idea de la ley “de Promoción de Hidrógeno”, de 53 artículos, donde se precisan tipos de producción; exenciones e incentivos; un régimen de retenciones y derechos de importación, como también, condiciones de seguridad, con sus eventuales sanciones.
Desde entonces, Royón avanzó en Economía con sus análisis técnicos y con intercambios con las distintas empresas con proyectos anunciados en el país, como Fortescue. Un contrapunto radica en los beneficios, como también, en los límites del intercambio de divisas, entre ellas, los envíos al exterior donde las firmas piden liberación para cumplir con el financiamiento que requieran para sus inversiones.
En la entrevista, Delgui había enumerado algunos otros puntos, como el “modelo impositivo, si se paga IVA, si hay devolución”, como también, admitió la cuestión de las retenciones. “Queremos tener un mayor detalle de qué estamos hablando con las retenciones. Este número hay que ponerlo en el modelo de negocio final”, decía y remarcaba que “no se está pidiendo nada extraordinario del esfuerzo del Estado Nacional”.
En septiembre, luego de un encuentro con Massa y Royón, la gobernadora Carreras decía que se “está cerca” y adelantaba el envío del proyecto al Congreso para “las próximas semanas”. Insistía así que se está “dentro de los plazos” porque pretendía su tratamiento en el 2022 para alejarlo del proceso electoral. “Sería ideal este año y separarlo de la grieta, que se profundizará en el 2023”, remarcó Carreras.
La legislación nacional daría previsión a la Fortescue para concluir sus cálculos y, entre cosas, resolver el estudio final de factibilidad de la inversión, anunciada en 8.400 millones.
Además, la norma habilitaría a Río Negro para avanzar en el llamado a licitación para formalizar el proyecto de Fortescue, cuya iniciativa privada fue aprobada por la Legislatura en abril, y cumplir con los trámites de la concesión de la zona Franca de Sierra Grande.

La Provincia renovó permisos y la empresa seguirá con estudios
En noviembre del 2021, la gobernadora Arabela Carreras autorizó a Fortescue para el “uso de tierras fiscales” con “el objetivo de cumplir” con “estudios de prefactibilidad vinculados al proyecto de producción de hidrógeno verde”.
El plazo de utilización era de un año y, concluido ese plazo, los relevamientos no se finalizaron, porque la empresa reguló también sus tiempos frente a las demoras advertidas por el Estado, especialmente de Nación con la ley de regulación.
Ahora, la mandataria firmó el decreto N° 1337 donde se extiende el permiso Argentina Fortescue Future Industries SA por otros dos años.
La norma original fue presentada y entregada por la mandataria a la CEO de FFI, Julie Shuttlewort cuando visitó Río Negro para su presentación del megaproyecto, con la presencia también del aún ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
La autorización inicial era por un año y, ahora, se prórroga por otros años. En especial, se preveían estudios “de los recursos eólico necesarios para establecer dónde sería posible y conveniente construir los parques para la generación de la energía eléctrica”.
También aquellas evaluaciones de “prefactibilidad para la construcción de las líneas de transmisión de la electricidad generada en los parques eólicos”.
Los permisos se mantienen en evaluaciones para “el emplazamiento de la planta de producción de Hidrógeno Verde y sus productos derivados”, como también, las evaluaciones “para determinar la infraestructura portuaria que haga posible el transporte y comercialización de los productos verdes elaborados”.
La normativa rionegrina aclara que serán “análisis eléctricos, topográficos, geotécnicos, hidrológicos, batimétricos, medioambientales, arqueológicos, ornitológicos, paleontológicos y sociales”.
Por su parte, Fortescue “se compromete a utilizar las propiedades exclusivamente” para cumplir con esos “estudios y deberá informar a las autoridades provinciales el cronograma de trabajo antes del inicio de tareas, identificando precisamente el área a intervenir, las acciones de sensibilización y comunicación social con las poblaciones cercanas”.
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Criminal fumigación en Santiago del Estero

 


Santiago del Estero: denuncian fumigaciones con agroquímicos sobre viviendas

Fecha de Publicación
: 02/01/2023
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Santiago del Estero


Los habitantes del Departamento Jiménez denunciaron que la fumigación de los campos de soja y maíz es severamente perjudicial para la salud de todos los seres vivos del lugar.
Esta semana los habitantes del Departamento Jiménez, en Santiago del Estero, denunciaron que la fumigación de los campos de soja y maíz es severamente perjudicial para la salud de todos los seres vivos del lugar luego de que comenzarn a difundirse en redes sociales presuntas imágenes de las consecuencias de la fumigación con agroquímicos en la provincia.
En los videos de tan solo unos segundos, se puede ver cómo una avioneta sobrevuela una de las viviendas del lugar y también cómo un grupo de gallinas y pollitos quedan tendidos en el suelo, agonizando hasta morir..
Las grabaciones de lo ocurrido fueron difundidas por Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, quien señaló: “Así fumigan con agroquímicos sobre la población en las zonas sojeras de Santiago del Estero, y así quedan los animales luego de una fumigación aérea. Parece un ataque aéreo. Y lo es, con veneno. Hay niños y adultos viviendo bajo esos venenos”.
En esta misma línea, Sergio Raffaelli, sacerdote santiagueño que vive en el Departamento Jiménez, señaló en diálogo con PERFIL que esta es “una situación muy habitual en esta época” ya que “de noviembre hasta marzo/abril, la época de lluvias, es cuando se siembra soja y maíz”.
“La fumigación es una práctica común, no solo la fumigación aérea con avionetas sino también la fumigación terrestre. Es una práctica habitual de estos pseudo empresarios sobre las comunidades campesinas”, remarcó.
“Ellos viven con mucha preocupación, porque saben el daño que esto le causa a todos los seres vivos. Las familias son conscientes de que ese veneno lo respiran y que con el tiempo es causante de varios tipos de cánceres, de afecciones respiratorias y de la piel. Viven esta época con mucho miedo ya que ven peligrar su salud”, relató el religioso.
En este sentido, explicó que “las familias sufren varias pérdidas” como consecuencia de las fumigaciones con agroquímicos. No obstante, no suelen formalizar sus reclamos ya que “poder hacerles un juicio a los empresarios se les hace muy engorroso y viven lejos de los grandes centros urbanos”. “Se limitan a resignarse y soportar”, lamentó.
“A veces se producen erupciones en la piel, en otros casos aparecen problemas respiratorios y los más severos aparecen enfermedades como cáncer, leucemia, se producen abortos espontáneos y los niños nacen con malformaciones”, enlistó el cura con respecto a algunas de las consecuencias que enfrenta la comunidad afectada.
A su vez, Raffaelli explicó que por los hechos registrados en las imágenes se procedió no solo a la movida en redes sociales sino también a la realización de las denuncias pertinentes en la comisaría más cercana al domicilio en cuestión.
“Se ha hecho la denuncia penal contra el empresario detrás de la fumigación y en el lugar se presentó personal policial a través de la Fiscalía Provincial de las Termas de Río Hondo, justicia a la que pertenece nuestra zona, y trabajadores de la Dirección de Agricultura, para tomar muestras y realizar los análisis pertinentes”, detalló.
En este contexto, el cura le afirmó a este medio que “a largo plazo y como ideal máximo quiere que se terminen las fumigaciones de una vez por todas” y que “a corto plazo esperan poder alejar a las familias de este tipo de prácticas nocivas para la salud”.
“Las comunidades campesinas en Santiago del Estero seguimos exigiendo que paren de fumigar. Este modelo está colapsado, saturado, no se puede seguir envenenando para ‘producir alimentos’, como dicen los gurúes del agronegocio”, concluyó.
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Portezuelo del Viento: finalmente habrá nuevo EIA

 


No a Portezuelo del Viento: el favor político de Alberto Fernández y el futuro de los millones de Mendoza

Fecha de Publicación
: 02/01/2023
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza - Nacional


Alberto Fernández laudó contra Mendoza, pero Portezuelo del Viento ya era una obra abandonada por problemas ambientales, legales y políticos. El presidente se atribuyó para sí y para el PJ todos los costos políticos y, nuevamente, festejan en Casa de Gobierno. Qué puede pasar con los 1.023 millones.
El laudo de Alberto Fernández tiene efectos prácticos neutros, pues Portezuelo del Viento ya era una obra abandonada, pero repercusiones políticas importantes para el presente y el futuro. Y curiosamente pueden celebrar los que más se quejan: con su decisión, contraria a los intereses de Mendoza, el presidente absorbe todos los costos políticos por el fracaso de un proceso que tuvo muchos problemas, incluso más allá de los vaivenes políticos nacionales. En el peronismo local, suman un lastre más gracias a las decisiones de Casa Rosada. Aún falta una respuesta concreta sobre el pedido subsidiario que hizo Rodolfo Suarez; que se permita el uso de los recursos para otras obras que no necesariamente sean hídricas de generación hidroeléctricas. Esa es la cláusula "maldita" para el peronismo, porque permitiría ejecutar un plan de inversión que reimpulse al Gobierno que lo haga.
Portezuelo del Viento ya era una obra inviable desde lo ambiental (el volumen actual del río impedía su llenado y generaría menos energía de la prevista), desde lo político y sobre todo desde lo jurídico. Más allá del laudo, La Pampa tenía recursos judiciales activos en la Corte Suprema que podrían trabar la obra si alguna vez se iniciaba. Pero aún antes el proyecto tenía problemas: una licitación poco clara, un oferente único y un precio exorbitante que luego fue "rectificado" sin mayores explicaciones. Para darse una idea, los 1.023 millones de dólares que Mendoza tiene disponibles no "alcanzarían" para todos los trabajos que se habían propuesto. En el medio quedó en el aire el consorcio formado para hacer esa obra y que era liderado "espiritualmente" por Impsa, que tenía a Ceosa y Obras Andinas como eje y a la china Sinohydro como padrino y garante.
Portezuelo iba a estar en el Río Grande, un curso de agua que es parte de la cuenca del Colorado y cuya administración está a cargo del COIRCO, un ente interprovincial. En la gestión de Mauricio Macri todos (Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Mendoza) menos La Pampa estaban de acuerdo en hacer la obra. Mauricio Macri laudó a favor de Mendoza, aunque pidiendo estudios ambientales y consensos. Con el cambio de gobierno en 2019 la tendencia también se revirtió y todos menos Mendoza pasaron a estar en desacuerdo. El reclamo era que hacía falta un estudio de impacto ambiental integral, algo que la Provincia ya daba por cumplido. Mendoza pidió el laudo de Alberto Fernández y, con largas demoras, se concretó ayer.

El destino de los millones
La historia es larga y las demoras tienen que ver con los tropiezos que Mendoza ha tenido en las últimas décadas. Mendoza tenía el derecho de ser indemnizada por los perjuicios que generó la promoción industrial en provincias vecinas. El juicio lo inició Arturo Lafalla, estaba casi ganado y Julio Cobos firmó un convenio extrajudicial con Néstor Kirchner para que en vez de dinero se financiara la represa Portezuelo del Viento. Pasaron 12 años sin que se concrete y en 2019 Macri y Cornejo firmaron el convenio que le puso montos a ese resarcimiento. Eran 1.023 millones de dólares a pagar en cuotas cuatrimestrales. Mendoza ya tiene casi 600 de esos millones y en 2023 vienen los desembolsos más importantes
El laudo permite una vuelta de página. La orden del Presidente no se cumplirá. Es decir, Mendoza no hará un nuevo estudio de impacto ambiental y Portezuelo del Viento quedará archivado. Esa versión y también la "original", que era una represa de otras características y dimensiones. Automáticamente liberará los recursos para pensar otra "obra hidroeléctrica" para Mendoza. Allí la clave es el artículo 3 del convenio firmado en 2019 entre Mauricio Macri y Alfredo Cornejo. La cláusula tercera tiene algo virtuoso: dice que los 1.023 millones de dólares que Mendoza recibirá son para Portezuelo del Viento u otra obra hídrica de generación de energía. Es decir, sin Portezuelo los dólares se pueden usar. Lo malo de la cláusula es el corset: que solo es para obras de generación hidroeléctrica.
Rodolfo Suarez quiere que en su gestión alguna obra se inicie. Eligió la represa El Baqueano, sobre el Río Diamante, porque el proyecto es menos complejo que otras más importantes como la represa Uspallata. El costo rondaría los 500 millones de dólares y lo más complejo sería la realización de un túnel de 12 kilómetros. Esa obra no agregaría ahorro de agua, sino que más energía a una cuenca que ya tiene tres centrales. Aún no están los estudios de factibilidad, pero Suarez quiere licitarla a principios del año que viene.
Alfredo Cornejo, que es candidato a gobernador por el oficialismo, tiene la idea de usar esos recursos para cualquier tipo de obra. Puede ser a través de alguna addenda firmada con quien sea presidente. Con Alberto Fernández eso parece complicado. Pero el año que viene hay elecciones y en diciembre de 2023 puede volver a darse vuelta todo. En el medio, según reconocen en el Gobierno, ni siquiera existe la capacidad de "gastar" los dólares ahorrados por falta de proyectos. Aún con El Baqueano en pie, a la provincia le quedarían casi 600 millones de dólares para invertir. Una oportunidad que no se va a repetir.

Más Información:

- Ambito - Alberto Fernández dictó el laudo por Portezuelo de Viento y pidió un estudio ambiental
Se debe a la controversia surgida en el seno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO). Los gobernadores de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, La Pampa habían solicitado el análisis ambiental. 

- MendoVoz - Para Suarez, el laudo presidencial "es decirle no a Portezuelo del Viento"
Este jueves, el presidente Alberto Fernández dictó el laudo arbitral solicitado por Mendoza sobre Portezuelo del Viento. En ese marco, ratificó la necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental Regional e Integral sobre toda la cuenca del río Colorado como condición para aprobar la construcción de la megaobra.
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Más medidas contra los residuos pesqueros

 


Nuevas medidas para que los buques reduzcan la contaminación por desechos de pesquería

Fecha de Publicación
: 31/12/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Entre ellas, se destaca la reglamentación publicada hoy en Boletín Oficial que fortalece el control de los residuos pesqueros en las costas marinas.
En el marco de las políticas impulsadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para controlar los residuos pesqueros, el Gobierno nacional publicó hoy en Boletín Oficial la Disposición 28/2022 que establece a propietarios o locatarios de buques pesqueros contar a bordo con herramientas que permitan la recuperación de aparejos de pesca, cajones plásticos y materiales de embalaje que floten caídos al mar.
A través de esta medida será obligatoria la presencia de grampines y bicheros a bordo para facilitar la recuperación de las artes de pesca y cajones que caen al mar, siempre que queden flotando en la superficie. Si bien la actividad pesquera no constituye una de las principales fuentes de contaminación marina por plásticos, su uso directo en el ecosistema acuático exige tomar acciones al respecto para fortalecer la preservación de la biodiversidad marina. Los elementos de pesca abandonados o descartados pueden alterar los fondos marinos y el ambiente oceánico, así como generar dificultades para la seguridad de la navegación.
La disposición fue aprobada por la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, perteneciente a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación y cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entrará en vigencia a los 30 días de la publicación mencionada. A partir de esa fecha, todas las embarcaciones que salgan a mareas bajo jurisdicción nacional y en el área adyacente a la zona económica exclusiva, estarán obligadas a llevar a bordo herramientas que permitan la recuperación de aparejos de pesca, cajones plásticos y materiales de embalaje que queden flotando en la superficie del mar.
La medida es el resultado de un trabajo articulado que lleva adelante el titular de la cartera ambiental de la Nación, Juan Cabandié, junto con el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) y diversas ONG ambientales.
Cabe recordar que la cartera ambiental de la Nación realizó durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 jornadas de inspección vinculadas a la limpieza de residuos de la industria pesquera en Península Valdés.
También se inició un esquema de recolección de desechos en distintas zonas de playa Cormoranes, ubicada en la mencionada península, que contó con la colaboración de personal de la Brigada de Control Ambiental (BCA), de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales y la Administración de Parques Nacionales —todos ellos, organismos que forman parte de la cartera nacional de Ambiente—; de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut; y de la Fundación Vida Silvestre, entre otras ONG.
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La crisis climática ya afecta a Chubut en sus recursos hídricos

 


El cambio climático afecta la disponibilidad de agua en Chubut

Fecha de Publicación: 31/12/2022
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


En los últimos años, en la cabecera de cuenca del Río Chubut la precipitación ha resultado deficitaria, y los caudales del río estuvieron por debajo de los valores medios históricos desde el año 2010.
Está pronosticado que el cambio climático para finales de siglo provocará una disminución del orden del 40 % en la disponibilidad del agua en las nacientes que, por supuesto, repercutirá en el caudal del río, única fuente de agua dulce que alimenta al Valle Inferior y Puerto Madryn  
Las principales reservas comprobadas de agua subterránea de la provincia, acuíferos Gastre y Sacana, se encuentran en los departamentos donde se pretende habilitar explotaciones a cielo abierto de minerales metalíferos. Su calidad no es muy buena, algo dura para consumo humano, no obstante, debe tratar de preservarse.
Uno de los efectos más comunes del cambio climático es el aumento de la frecuencia de lluvias extraordinarias y épocas de sequías con el consecuente avance de la desertificación. En este escenario, el CONICET advierte que la megaminería introduce otro factor de riesgo frente al recurso de por si vulnerable.
“La vulnerabilidad de un recurso tan valioso como el agua en contextos de cambio climático, desertificación, expansión y aumento de la población, debe estar evaluado por estudios transdisciplinares previos a cualquier innovación de intervención antrópica en la región”. (Textual del informe del CONICET-CEMPAT).
Continúa el informe del CENPAT: “La dependencia del Estado de los capitales privados e intereses mineros sobre una estructura preexistente de gobernanza débil y fragmentada de los recursos naturales, genera desconfianza y preocupación. Esta situación no se revertirá con la creación de observatorios, centros de gestión y mesas de desarrollo fragmentarios y sin autarquía”. (textual).
Las poblaciones de la meseta se abastecen de perforaciones que captan el agua de los acuíferos mencionados o de pequeñas vertientes. Hay dos cursos superficiales, los arroyos Telsen y Perdido, cuyos caudales, cuando no están secos, son escasos, y en ocasiones de difícil potabilización.
Si comparamos el río Chubut con otros patagónicos, como el Negro y el Santa Cruz, vemos que su caudal es escaso y que presenta importantes variaciones a lo largo del año, y de un año a otro. En veranos secos, cuatro quintas partes se utilizan para el riego del Valle.
El hallazgo de grandes reservas de agua subterránea aún no explotadas en la Meseta Central es un hecho considerable. Existen estimaciones de la recarga anual que es preciso estudiar en profundidad antes de resolver un significativo aprovechamiento. El CFI ha iniciado un estudio que aún debe completarse. Los datos de estaciones hidrometeorológicas en la zona son casi inexistentes, no permiten conclusiones válidas.    
Los estudios realizados y publicados por empresas mineras interesadas en su aprovechamiento deben necesariamente tomarse con pinzas, y confirmarse con estudios independientes antes de conceder extracciones importantes.
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Alianza en Mendoza por la agricultura regenerativa

 


La agricultura regenerativa se extiende en la región de Cuyo

Fecha de Publicación
: 30/12/2022
Fuente: Unidiversidad
Provincia/Región: Mendoza


Esta estrategia agrícola armoniza la producción agropecuaria con las dinámicas de la naturaleza. Es un proyecto conjunto del INTA y la empresa Unilever.
Con el foco puesto en conservar y revitalizar los procesos biológicos del suelo, la agricultura regenerativa se extiende en la región de Cuyo con un proyecto de INTA y la empresa Unilever que impulsa la sostenibilidad productiva de los horticultores de Mendoza, que abastecen a la industria del deshidratado.
La alianza entre INTA y Unilever se basó en el convencimiento de que se puede producir, al tiempo que se fomenta la biodiversidad y los procesos naturales.
Con casi 30 años de articulación, profesionales del instituto y la empresa trabajan en materia de mejoramiento genético de zapallo, cebolla y zanahoria, producción de semillas y asesoramiento a horticultores involucrados. El proyecto da un paso más y, mediante un nuevo convenio, se incorporan los principios de la agricultura regenerativa para mejorar las producciones.
El director del Centro Regional Mendoza-San Juan del INTA y especialista en horticultura, Claudio Galmarini, explicó que “es prioritario mantener la productividad de nuestros cultivos en armonía con la naturaleza, empleando estrategias que contribuyan a la sostenibilidad, la agricultura regenerativa es una de ellas”.
En este sentido, el profesional aseguró que “es fundamental tener el suelo siempre vivo y con actividad biológica, así como emplear técnicas de manejo que permitan conservar el recurso hídrico, principal problema que preocupa a la región cuyana”.
A su vez, Galmarini reconoció que el trabajo conjunto con los productores que abastecen a la planta deshidratadora de Unilever permitirá “experimentar, aprender, adoptar y difundir prácticas de agricultura regenerativa que contribuyan a la sostenibilidad ambiental, económica y social de los productores y de todo el sector”.
Por su parte, Natalia Giraud –de Asuntos Corporativos de Unilever– especificó que “con la implementación de los Principios de Agricultura Regenerativa queremos apoyar a los agricultores y pequeños productores locales a producir de manera responsable desde lo ambiental, social y económico”.
La profesional agregó: “Este compromiso demuestra nuestra búsqueda constante por agregar valor desde el origen y maximizar el impacto positivo en materia de sustentabilidad. Cultivando los alimentos en armonía con la naturaleza, regenerándola para hoy y para el futuro”.

Regenerar el ambiente
De la mano de la agricultura regenerativa es posible lograr una productividad más eficiente en el uso de recursos, con estabilidad en los rendimientos y una mejora del ambiente. Para esto, es importante fabricar materia orgánica y mantener al suelo siempre vivo, con mucha actividad biológica y diversa. Si se degradan estos elementos, la capacidad productiva del suelo se derrumba.
Regenerar un suelo implica intensificar sus procesos ecológicos naturales, integrarlos al manejo agronómico para recuperar los procesos vitales del ecosistema. Esto no sólo involucra a la biodiversidad edáfica, sino a la biodiversidad complementaria a los cultivos, como es el caso de los insectos polinizadores y controladores biológicos, aves, batracios, mamíferos y especies nativas.

Mendoza, sede de la industria del deshidratado
La mayor capacidad industrial instalada para deshidratar hortalizas en la Argentina se encuentra en la provincia de Mendoza. A su vez, del total de las hortalizas producidas en el país un 10 % se industrializa y se destina a la industria conservera, la del congelado y la del deshidratado.
En la planta de Unilever ubicada en Guaymallén, se deshidratan 13 vegetales diferentes y, para ello, se reciben anualmente 15.000 toneladas de productos crudos, que se traducen en 3.200 toneladas de vegetales deshidratados entre escamas, granulado y polvo.
Los cultivares destinados a la deshidratación son diferentes a los utilizados para el mercado en fresco. Entre los caracteres más valorados está el contenido de materia seca, a mayor contenido menor cantidad de energía se emplea para extraer el agua en el proceso industrial.
Para esta industria, el INTA obtuvo dos variedades de zapallo, otras dos de cebolla y una de zanahoria aptas para la industrialización, dado su mayor contenido de sólidos, color y menor porcentaje de descarte.
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Córdoba tiene la primer estación de servicio de biocombustible

 


Inauguraron en Córdoba la primera estación de servicio con surtidores de biocombustibles

Fecha de Publicación
: 30/12/2022
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Córdoba


Abastecerá en primera instancia a la flota de vehículos públicos de la provincia cordobesa.
El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, inauguró la primera estación de servicio con surtidores de biocombustibles del país y que abastecerá en primera instancia a la flota de vehículos públicos de la provincia, según se informó oficialmente.
Estos nuevos combustibles, estudiados y probados bajo rigurosos controles, garantizan eficiencia y suman entre un 5 y 12,5% de combustibles de origen vegetal de producción regional (etanol de maíz y biodiesel a partir de aceite de soja), superando a los cortes obligatorios definidos por la Nación, según indicaron desde el gobierno local.
Para esta etapa piloto de Migración de Flota Pública se ha diseñado: E17: mezcla de 17% de Bioetanol de calidad de exportación con 83% de Nafta G3 (Premium) y B20: mezcla de 20% de Biodiesel de calidad de exportación con 80% de Gasoil G3 (Premium).
Schiaretti destacó que la iniciativa "permite cuidar el cambio climático y el efecto invernadero y para que en todo el país sea así, lo primero que hay que hacer es aumentar el corte de biocombustible, como lo tiene Córdoba, en un 20 por ciento y autorizar la fabricación de autos que puedan consumir biocombustibles".
La estación está ubicada en la esquina de Avenida Sagrada Familia y Costanera y es el denominado kilómetro cero del Corredor de Movilidad Sostenible Biprovincial Córdoba-Santa Fe.
Oportunamente los gobernadores Schiaretti y Omar Perotti de Santa Fe firmaron un convenio para generar centros de expendio de biocombustibles, puros o en diferentes cortes, en las principales autovías que conectan a ambas provincias.
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Ambiente incoropora drones para parques nacionales

 


Ambiente sumó 17 drones en parques nacionales para la detección de incendios forestales

Fecha de Publicación
: 29/12/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible incorporó diecisiete drones para la detección temprana de incendios forestales en "zonas de difícil acceso" en diferentes parques nacionales del país, se informó oficialmente este martes.
Los drones permitirán monitorear puntos de difícil acceso en dieciocho áreas protegidas distribuidas en quince provincias, pudiéndose desplazar hacia otras áreas por cuestiones de emergencia.
La cartera de Ambiente, que conduce Juan Cabandié, precisó en un comunicado que las aeronaves están disponibles para operar en los parques nacionales Lanín y Laguna Blanca, en Neuquén; Los Alerces y Lago Puelo, en Chubut; Lihuel Calel, en La Pampa; El Palmar, en Entre Ríos; e Iberá y Mburucuyá, en Corrientes.
Los drones son manejados por una red de radiocontrol y proporcionan información en tiempo real a una estación terrestre para la ejecución de un sistema de detección temprana automático diurno y nocturno de incendios forestales.
En los últimos días se detectó el primer foco ígneo a partir del nuevo sistema en el Parque Nacional Los Alerces, lo que "permitió la rápida reacción de brigadistas para controlarlo antes de que se expandiera", según se informó en el texto.
Esta nueva herramienta permite dar cuenta de posibles focos en zonas de alta sensibilidad ambiental y de difícil detección por otros sistemas, lo que contribuye a evitar incendios forestales de mayor magnitud y permite efectivizar los recursos que despliega en todo el país el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
Asimismo, los drones generarán información para la elaboración de informes, avisos, reportes, alertas de peligro de incendio, búsqueda de personas y cazadores furtivos dentro de las áreas de observación.
Por otro lado, en el comunicado se recordó que Argentina está en emergencia hídrica y se instó a todas las provincias a declarar la prohibición del uso del fuego mientras persistan estas condiciones climáticas.
Con base en el informe de noviembre de la Mesa Nacional de Monitoreo de la Sequía, se identificó que alrededor de 163 millones de hectáreas del territorio nacional se encuentran en situación de sequía, de las cuales 22 millones presentan una categoría severa.
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El Río Paraná seguirá bajando

 


No recupera: la altura del Río Paraná seguirá descendiendo en el comienzo del 2023

Fecha de Publicación
: 29/12/2022
Fuente: Impulso Negocios
Provincia/Región: Litoral Argentino


Si bien se registró un repunte durante octubre y noviembre, la entidad pronosticó que el caudal del curso fluvial continuará en descenso en enero de 2023.
El Río Paraná seguirá descendiendo en altura. Así lo informó el Instituto Nacional del Agua (INA), que confirmó que el río bajó considerablemente en varios puertos de la provincia de Entre Ríos durante diciembre.
El INA destacó que, por el momento, los números se mantienen por encima de los niveles registrados en 2020 y 2021, cuando sucedió la bajante más larga de la historia desde 1884, fenómeno que fue calificado como extraordinario por “su magnitud y persistencia”.
El análisis determinó una perspectiva similar hacia el 31 de enero de 2023: sin un final de las aguas bajas ni un retorno definitivo a la normalidad.
Sin embargo, los hechos no quedan ahí. A esto se le suma el fenómeno de La Niña, que atraviesa su tercer año consecutivo en la región y ya fue definida como “la peor de los últimos 60 años”.
Cabe destacar que la bajante histórica tuvo su inicio en marzo del 2020, un año más tarde recuperó una tendencia alcista sin alcanzar su normalidad, pero volvió a caer a fines del 2021, y provocó notorios cambios en la vida ambiental, económica, productiva y social entrerriana.
Esto afectó la fauna íctica al dejar seco el valle de inundación (donde los peces se refugian, alimentan, reproducen y crecen), produjo inconvenientes en el riego de cultivos y complicó las producciones industriales que necesitan captar agua.
También, no hay que olvidar los incendios en las islas y los de contaminación del agua, ya que se redujo la capacidad del río de dilución de los afluentes crudos o industriales.
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Córdoba, avanza la autovía, el costo es la naturaleza

 


Punilla, una autovía avanza y los bienes naturales peligran

Fecha de Publicación
: 28/12/2022
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Córdoba


Si bien llovió un poco, no alcanza y la sequía es una problemática grave en Córdoba. El desmonte, de la mano del crecimiento poblacional impulsado por grandes desarrollos inmobiliarios y la escasez de lluvias conspiran para que la situación sea extrema. En esta nota, nos aproximamos a la realidad del Valle de Punilla, atravesada por la construcción de la autovía de montaña que complejiza el panorama.
Estuvo haciendo unos calores insoportables y entre la Scaloneta y la Abuela la la la la la, poco se dijo sobre lo que pasa con el agua y la gran crisis hídrica que atravesamos. En muchos lugares, no hay agua, los cortes son diarios y las megaobras no cesan en nuestras sierras. Prometen circulación veloz, pero no solo son despliegues millonarios, sino que borran el monte y, con esto, todos los recursos que nos brinda. Políticas que solo enriquecen a unos pocos, políticas que no son políticas.
Anoche llovió un montón, lxs vecinxs esperan grandes crecidas en la zona de Punilla y muchxs lo viven en alerta, porque las inundaciones son la otra cara de las sequías. El desmonte y los incendios, causas claras y siempre de la mano de nuevos loteos y grandes obras ingenieriles. Para entender esta realidad, conversamos con especialistas y vecinxs del valle, quienes nos ponen al tanto de cómo se vive en la zona y cuáles son las problemáticas urgentes a resolver.
Emilio Iosa es vecino del Valle de Punilla y médico. Magíster en salud pública y se dedica a la investigación en políticas sanitarias a nivel ambiental. “La situación de nuestra cuenca hídrica y en todas las cuencas hídricas de Córdoba es muy grave. La negación del cambio climático por parte del Gobierno de Córdoba es evidente. Se invierte en muchísimos recursos multimillonarios y se endeuda a la población en dólares para obras que no priorizan el desarrollo sostenible de las comunidades locales”, dice en comunicación con La tinta.
Explica que, en el deterioro del agua en Córdoba, hay un fuerte componente político, además de ecológico, ambiental y sanitario. Apunta al modelo de progreso cordobesista de los últimos 25 años que prioriza siempre obras de infraestructura que nada tienen que ver con el cuidado de los recursos hídricos ni con la salud de las personas.
“El agua no solo es fuente de vida y salud. En el caso del lago San Roque, el 70% de la población de Córdoba toma agua de ahí y, además, es el motor económico de la principal ciudad turística de la provincia y la región”, explica el investigador.
Apunta también al abandono por parte del Gobierno provincial de las obras de infraestructura necesaria para el saneamiento y que la situación es muy complicada en relación a la cantidad y calidad del agua. “El recurso está siendo cada vez más escaso y más impactado por los incendios y el cambio climático. La calidad del agua se ha empobrecido y deteriorado muchísimo”, afirma Iosa y agrega que, de momento, no existen indicios de que el Gobierno entienda esta realidad y tome cartas en el asunto de manera contundente. En cambio, “tuvieron la brillante idea de construir un acueducto interprovincial (Santa Fe-Córdoba) de 440 millones de dólares que pretende solucionar el problema del agua con una obra faraónica, trayendo agua del río Paraná, un río muy impactado por el cambio climático, por la deforestación del Amazonas, pero, sobre todo, por la llegada de agrotóxicos de toda la cuenca de Brasil y norte Argentino. Esa es la solución que brindan a la población”, cuenta con preocupación.
Eugenia Caraballo es vecina de la Comuna de San Roque e integra la Asamblea de Punilla que se convocaron para cuidar los bienes naturales y resistir en colectivo a las megaobras que se trazaron en la zona. Que la sequía es grave, ya lo sabemos y que se siente peor año a año, también. El problema es que no hay un horizonte que prometa mejoras. “El tema es que no hay políticas públicas acordes a contrarrestar esa situación. Por el contrario, lo que se hace empeora y profundiza la falta de agua y su calidad. Hace tiempo que circulan mapas satelitales de cómo se redujo el bosque nativo en nuestra provincia. Una de las cosas que vivimos año tras año son los incendios. Estos no solo son intencionales, sino que, desde el gobierno, no se hace nada para prevenirlos y se denuncia su complicidad en que sucedan. Luego, aparecen obras viales en zonas quemadas o negocios inmobiliarios”, detalla. Eugenia se refiere a las autovías que se construyen tanto en Punilla como en Paravachasca. Desde las asambleas ambientales, denuncian que ambas obras (que afectan a los ríos Anisacate y Yuspe) cuentan con estudios de impacto ambiental ineficaces, aprobados bajo la ilegalidad administrativa.
“La imposición de ambas autovías trajo la resistencia por parte de quienes habitamos los valles y la Justicia hace oídos sordos de manera cómplice. Luego de tocar todas las puertas y hacer los pasos correspondientes sin ser escuchados, nos quedó poner el cuerpo para proteger los territorios. Ante esto, el Gobierno nos envió las fuerzas represivas para quitarnos del medio y, hoy, tenemos más de 20 imputadxs por defender el agua y el derecho a un ambiente sano”, relata Caraballo.
En Bialet Massé, está La Aguadita, un gran espacio natural lleno de vertientes cuidadas por lxs vecinxs. Una plaza donde muchas familias comparten la tarde y donde se abastecen de agua fresca y sanita. Hoy, este lugar está en peligro, la autovía lo atravesaría.
Jésica Scoreancig es vecina del barrio Mirador del Lago y cuenta que sufren cortes de agua cada 4 o 5 días, y que, en zonas más altas, directamente no tienen agua. “Es alarmante la situación que se vive en esta zona y, sobre todo, más alarmante aún con la mala noticia de que la autovía atravesaría por La Aguadita y por el río Yuspe. Son fuentes de agua, vitales para poder vivir. Sin agua, no existen plantas ni árboles, no existe un ecosistema, no existe nada”, dice Jésica y cuenta que no solamente se abastecen de agua de ahí para limpiar y lavar, sino para tomar porque es muy rica al ser de vertiente. “Actualmente, no está funcionando una de las vertientes. Con el desmonte ocasionado por nuevos loteos, el piso queda árido y, cuando llueve, se tapan las vertientes. No tenemos a dónde acudir porque la Municipalidad no se hace cargo”, dice preocupada Jésica.
Adriana Arriaga es vecina de Cosquín y forma parte de la Asamblea Ambiental Cosquín. Nos cuenta la situación de su localidad y la preocupación que se vive ante el bajo caudal en los ríos y el inminente paso de la autovía sobre ellos.
“Emprendimientos como las autovías tienen mucha importancia para el Gobierno provincial. Hasta es conveniente que estén bajos los cursos de agua porque están trabajando en estas obras que tienen que pasar por encima de ríos incluso y lagos. Cuanto más bajos estén, más fácil para seguir con estas obras”, dice Adriana en tono de sospecha.
Lo que está faltando es presión en el agua corriente que llega a los hogares. La solución por parte del municipio es la misma que la de otras localidades de la zona e, incluso, de otros corredores como Sierras Chicas: cortes de agua en ciertos horarios del día o días de la semana, y baja presión. Esto ocasiona que no llegue el suministro a lugares altos ni sea suficiente para llenar tanques. A la par, el negociado del agua privada, es decir, las compras particulares de camiones de agua.
Este escenario se complica, según detalla Arriaga, ya que la gestión del servicio de agua no es óptima y no existe una planimetría planificada de la red de agua de la ciudad, además del mal estado de los caños que, en varios tramos, son inadecuados para transportar agua para el consumo. “El agua es insuficiente para las y los vecinos, mientras las empresas que hacen la autovía usan agua a mansalva. Les vemos sacar agua de los ríos, enormes cantidades de agua”, afirma Adriana y expresa la total preocupación por las consecuencias del trazado de la autovía que, lógicamente, contribuye a la deforestación de todos los recursos. Están acabando con la vegetación, esponja que protege el suelo y contribuye a retener el agua en las temporadas secas como la que vivimos en la actualidad. Con un bosque nativo vivo, el agua sigue fluyendo por cursos subterráneos, vertientes, arroyos y ríos. Esto podría dejar de pasar.
El río Yuspe nace allá, cerca de los Gigantes, y va bañando toda la zona en bajada, es increíblemente rico, mantiene en gran parte el ecosistema nativo. Es agüita fresca en las siestas de verano y, al unirse con el San Francisco, nace el río Cosquín. Caja de resonancia de tantas chacareras bailadas al ritmo del bombo y la guitarra. Amaneceres después de las peñas, besos bailarines, asaditos y mates. También guarda en sus orillas restos arqueológicos comechingones y anteriores, es decir, de la cultura ayampitín. Esta zona, que es pura perfección natural e histórica, hoy, peligra.
“Todo el sistema hídrico que la naturaleza fue creando a lo largo de siglos y que ha funcionado siempre está siendo alterado. Viene siendo alterado desde el siglo pasado, pero, sobre todo, en los veintipico años del siglo XXI de manera impresionante en todo Córdoba”, explica Adriana. Por su parte, Eugenia, de la Comuna de San Roque, agrega que han denunciado las voladuras en la zona de Molinari: “No solo que están volando la cuenca, sino que nos están contaminando aire, tierra y agua con los restos de explosivos que pudimos ver en sus propias cajas que hablan de que producen cáncer”.
Nada es casual, la autovía se traza por los ríos. Se construye como alternativa de circulación a rutas nacionales que ya existen. En vez de reacondicionarlas, se hacen megaobras que destruyen el entorno bajo la promesa de rápida circulación. Cuando lo que se necesita son políticas que cuiden de verdad los bienes naturales y controlen la expansión de los loteos.
Es necesario encontrar formas de vivir que estén en armonía con los lugares que habitamos.
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Mendoza: productores usan agroquímicos peligrosos

 


El 96% de quienes cultivan en una zona productiva de Mendoza utiliza agroquímicos peligrosos

Fecha de Publicación: 28/12/2022
Fuente: Unidiversidad
Provincia/Región: Mendoza


Esa fue una de las conclusiones de la investigación "Impactos del uso de agroquímicos en la salud", que realizó un grupo del Departamento de Geografía de la UNCUYO. Resultados del análisis estadístico y de las encuestas en terreno.
El 96,6% de quienes cultivan en una franja de la zona productiva del Gran Mendoza utiliza en forma frecuente agroquímicos peligrosos, mientras 64% declaró haberse intoxicado mientras fumigaba. Esa es una de las conclusiones de la investigación “Impactos del Uso de Agroquímicos en la Salud, que dirigió la geógrafa Carolina Beceyro, docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO.
La profesora de las cátedras Metodología de la Investigación y Ambiente y Salud, ambas pertenecientes al Departamento de Geografía, explicó que el estudio se concretó como un proyecto de la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado de la universidad (SIP).
¿Qué relación existe entre la Geografía y los problemas de salud posiblemente derivados del uso de agroquímicos? La profesora explicó que una rama antigua de la especialidad era la Geografía Médica, que estudiaba las relaciones entre factores ambientales y la mortalidad y morbilidad, específicamente en enfermedades de tipo infecciosas. Comentó que con los años -en especial en la década del ’70- se sumó el estudio de nuevas variables sociales, económicas, culturales y políticas y el análisis de cómo influía cada una de ellas en la distribución espacial de un proceso de salud-enfermedad.

La pregunta inicial
Beceyro contó a Unidiversidad que el primer impulso para realizar la investigación surgió luego de analizar la información disponible sobre problemas de salud humana y ambiental, posiblemente derivados del uso de agroquímicos en Argentina. En el repaso inicial de la cartografía advirtió que esos inconvenientes se concentraban en la pampa húmeda y el norte, mientras que la franja que corresponde a Mendoza y Cuyo estaba vacía. Al observar esas diferencias espaciales se preguntó si esas áreas en blanco se debían a la inexistencia del problema, a la falta de datos o que estaba frente a lo que se conoce como un área de “silencio epidemiológico”, es decir que el problema existe, pero no se da a conocer.
Con base en esa pregunta, el equipo planteó la metodología de la investigación con dos fuentes centrales de información: las estadísticas oficiales de Mendoza sobre intoxicaciones por plaguicidas, y un trabajo en terreno para observar la realidad y hacer entrevistas y encuestas, a quienes producen hortalizas en el cinturón verde.

La existencia del problema
El equipo de trabajo, en el que participó Graciela Parra como co directora y un grupo de estudiantes avanzados- analizó primero los datos estadísticos disponibles, que en el caso de las intoxicaciones por plaguicidas son eventos de notificación obligatoria. Estudiaron información proveniente de dos fuentes: hospitales y centros de salud públicos, en el período 1993-2018, y los disponibles en el Centro de Información Toxicológica de Mendoza, desde 2012 hasta la actualidad.
Beceyro explicó que el análisis de esas estadísticas y su ubicación espacial permitió responder parte de la pregunta inicial: que efectivamente se utilizan agroquímicos y que se registran intoxicaciones por esa causa en distintas zonas de Mendoza. Es decir, que existen problemas de salud derivados de su utilización, aunque para comprobar inconvenientes a largo plazo advirtió que sería necesario realizar otro tipo de investigación.

Utilización de productos de banda roja
El segundo componente de la investigación fue el trabajo en terreno, es decir la observación, la realización de entrevistas y de 59 encuestas a quienes producen hortalizas en una franja del cinturón verde, específicamente en la zona de Kilómetro 8 y sus alrededores.
En el trabajo se destacó que la zona presenta cambios en los usos del suelo, por el avance de la urbanización sobre tierras productivas. Además, se detalló que la mayoría de consultados realiza una agricultura de manejo convencional, con bajo nivel de tecnificación.
Una vez concluido el trabajo de campo, que se concretó con cierta dificultad debido a las restricciones por la pandemia y al temor que expresaron los y las entrevistas de responder algunas de las preguntas, el equipo determinó las conclusiones. Estas fueron: 96,6 % de las personas aseguró que utiliza agroquímicos (insecticidas, herbicidas y funguicidas), al tiempo que expresaron que con los años necesitan mayor cantidad, porque “no hacen efecto”.
En cuanto a los agroquímicos que mencionaron fueron de distintos niveles de peligrosidad. En las conclusiones, el equipo enumeró tres considerados “de banda roja” por su alta toxicidad (abamectina, carbofurano y aldicarb), otros de “banda amarilla” (clorpirifos, imidacloprid, lambda cyhalotrina, pendimetalina, paraquat, clorfenapir, entre otros), además del glifosato.
Beceyero subrayó que, si bien la utilización de los agroquímicos de “banda roja” está permitida por las normativas nacionales, en las mismas se advierte la necesidad de extremar los cuidados no solo en su utilización, sino en la disposición final de los envases, condiciones que no se cumplen de acuerdo al relevamiento descriptivo que hicieron en la zona.

Sin protección adecuada
Los resultados de las encuestas determinaron que 83% de las personas dijo saber que los agroquímicos pueden ser peligroso para la salud, pero solo 33,9% utiliza elementos de protección y 16,9% expresó que se coloca mascarilla o guantes “a veces”.
En cuanto a su estado de salud, un 78% de las personas dijo no tener problemas crónicos, pero 64% respondió haberse intoxicado mientras fumigaba. En estos casos expresaron que tuvieron dolor de cabeza, irritación ocular, vómitos, irritación de garganta o de la piel, vértigos o mareos, calambres, dolores de estómago y problemas para respirar.
Otra de las conclusiones del trabajo fue que existe una brecha entre la morbilidad sentida (la intoxicación aguda) y la registrada, ya que las personas expresaron que no buscan atención médica, a menos que el cuadro se agrave. Esto -se detalló- porque en el ámbito rural quien realiza la tarea de fumigación asume estas situaciones como normales, es decir que las intoxicaciones son habituales y coincidieron en comentarios como “no pasa nada”, “nos cuidamos” o “no son venenos fuertes”.

El tratamiento de los envases
Otro de los aspectos que se abordó en las encuestas fue el tratamiento de los envases de agroquímicos. En este sentido, 84% contestó que no tiene el hábito de realizar prácticas ecológicas relacionadas con el descarte de bidones. En la mayoría de los casos respondieron que los deja en un galpón de la propiedad, que los quema, que los recicla (sin aclarar el destino final) o que los tira en un basural o en la vía pública.
“Hay que entender que no es solamente el productor el afectado por la aplicación y la manipulación que hace de estos agroquímicos, sino toda la familia, los niños que ayudan en tareas domésticas y agrícolas, entonces el nivel de exposición es grande”, explicó la doctora en Geografía.
Beceyro subrayó que el objetivo central de la investigación fue descriptivo, obtener un panorama sobre qué productos utilizan y cómo los manipulan quienes producen hortalizas en una franja del cinturón verde, desde donde se distribuyen y comercializan alimentos que se consumen en toda la provincia.
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La deforestación golpea duro al Gran Chaco argentino

 


Gran Chaco: la deforestación avanza sobre un bastión clave de la biodiversidad argentina

Fecha de Publicación
: 27/12/2022
Fuente: El País (España)
Provincia/Región: Nacional - Norte Argentino


Un pequeño cambio propuesto en un ley ambiental provincial podría asestar un golpe mortal al segundo pulmón verde de Sudamérica. La gestión del bosque combina impunidad con genocidio ecológico
Mientras se realizaba la COP15 para proteger la pérdida global de biodiversidad y la Unión Europea establece obligaciones legales para dejar de comerciar productos relacionados con la destrucción de los bosques, en la provincia argentina de Chaco se discute un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) que pone en riesgo lo poco que resta de lo que una vez fue el Gran Chaco, el segundo pulmón sudamericano más importante después de la Amazonía.
Argentina custodia una gran biodiversidad. Por eso fue un hito la denominada Ley de Bosques Nativos, creada hace 15 años para atender la crisis que atravesaban estos ecosistemas en el país. Desde el año 2000, el bosque —presente sobre todo en las provincias de Chaco y Formosa y, en menor medida, en Salta y Santiago del Estero— ha perdido más de una cuarta parte de su superficie forestal.
El OTBN chaqueño que entró en vigor en 2009 estableció tres categorías para las zonas forestales: Roja-I, para áreas de alto valor de conservación que no deben ser transformadas; Amarilla-II, de mediano valor de conservación, que pueden ser degradadas pero siempre y cuando se realicen actividades adecuadas de restauración; y Verde-III, de bajo valor de conservación que pueden ser transformadas parcial o totalmente.
“El avance de la frontera económica sobre los bosques nativos se da hace décadas a través de la presión de tres sectores: el forestal maderero que extrae tanino, principalmente; el agroganadero que busca plantar soja, maíz y algodón; y el inmobiliario, que lotea los campos a través del Instituto de Colonización”, explica en entrevista a América Futura Matías Mastrángelo, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina (CONICET).
La actualización del OTBN desató la polémica ya que busca habilitar cambios de usos de suelo de categoría Amarilla-II en los departamentos de Almirante Brown, Güemes y San Martín —en el norte de la provincia—, disminuyendo así los estándares de protección vigentes sobre una región boscosa de más de 300.000 hectáreas, superficie equivalente a la mancha urbana de ciudades como Lima o Madrid.
“Eso no solo va en contra de la ley nacional y el principio de progresividad ambiental, sino que condona el desmonte ilegal. El hecho de que en el nuevo mapa se pintaran estos espacios en blanco, como si los bosques nunca hubieran existido, permite pensar que tampoco existió la deforestación, por tanto no habría sanción ni necesidad de restaurar algo que nunca existió”, señala.
Paradójicamente, el ministerio de Ambiente de Chaco no es la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques, sino que esta depende del ministerio de Producción. “Igualmente hemos creado una oficina de monitoreo permanente para la detección de desmontes ilegales”, comentó Tomás Camarasa, quien está al frente de la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad del ministerio de Ambiente de la provincia.
A pesar de que el nuevo mapa regresivo fue elaborado por una mesa técnica en la que participaban principalmente actores del sector agro-forestal, con poca participación de los pueblos indígenas y sector científico, la movilización de ONGs como Somos Monte Chaco logró que de momento no haya fecha de tratamiento para ninguna propuesta dentro de la llamada “Ley de OTBN” en la legislatura provincial.

Parece calor, pero es desmonte
De norte a sur de la Argentina, la crisis climática se hace sentir en forma de desertificación en el Gran Chaco, olas de calor en el centro del país e incendios en Tierra del Fuego. Actualmente existe muy poca agua en el Río Bermejo que atraviesa la provincia de Chaco abasteciendo a distintos acuíferos, y la poca que resta se encuentra contaminada por la presencia de cianobacterias, otro efecto del cambio climático que ya produjo inundaciones que afectaron a localidades chaqueñas como Castelli a principio de año.
“Este año prácticamente no hubo un aporte de agua de deshielo hacia Chaco desde la sierra de Santa Victoria [en la zona norte de la provincia de Salta], que es donde nace el Río Bermejo, a causa de la poca formación de hielo por el calentamiento global”, comenta Camarasa. “Las cianobacterias son una consecuencia directa del cambio climático en la provincia, y vemos un panorama donde esto posiblemente siga en aumento. Tenemos que buscar la manera de reducir la deforestación para mitigar el impacto de la crisis climática en Chaco”.
Consultado respecto a las denuncias realizadas por parte de la sociedad civil y una reciente polémica en Twitter con Greenpeace a raíz del nuevo OTBN, el gobernador Jorge Capitanich contestó que “el gran déficit que tenemos hasta el momento para revertir esta situación es la falta de financiamiento y la falta de apoyo para conseguir esos fondos”. Y añade: “Pero creemos que estamos trabajando en la dirección correcta para consolidar alternativas que permitan proteger a los ambientes nativos con la gente adentro. Continuaremos trabajando para estar a la altura de este cambio de paradigma que entiende que ‘sin justicia ambiental no hay justicia social’, el cual es impulsado no solo desde los Gobiernos, sino principalmente de la sociedad civil y el territorio”.
Desde Buenos Aires, la directora ejecutiva de Greenpeace para región Andina, Natalia Machain, dijo que “los Gobiernos argentinos desde la década de 1990 hasta acá no tuvieron una política ambiental seria. Y hoy llegó el momento de reflexionar sobre eso. En Chaco desde 2007 a la fecha se perdieron medio millón de hectáreas, la mitad de forma ilegal e irregular. La propuesta actual del gobernador, Capitanich, consiste exactamente en eso: blanquear, perdonar todos los desmontes ilegales realizados y dar luz verde para el acabar con otro millón de hectáreas más”.

Servicios ecosistémicos o campos desiertos
El avance inmobiliario sobre el corredor biológico del Chaco seco genera “campos vencidos”, según los indígenas wichí, dado que se trata de una zona muy impredecible donde fallan los cultivos y las pasturas por falta de agua, por lo que las comunidades expulsadas del monte terminan segregadas en la periferia de los pueblos.
“La pérdida de especies de flora y fauna no solo afecta a comunidades originarias que dependen del bosque como su supermercado o farmacia. La ausencia del yaguareté, el pecarí quimilero y el tatú carreta y otras especies endémicas del Chaco y en riesgo de extinción, anula la posibilidad de un ecoturismo que atrae a visitantes de todo el planeta”, denuncia el investigador del CONICET.
El nuevo mapa propuesto para la actualización del OTBN contempla un polémico polígono denominado JUANA con espacios pintados de blanco, que para el investigador Mastrángelo es como si los bosques “nunca hubieran existido”. “Por tanto no habría sanción ni necesidad de restaurarlo. Eso no solo va en contra de la ley nacional y el principio de progresividad ambiental, sino que condona el desmonte ilegal”.
Sin embargo, la ingeniera agrónoma Julieta Rojas del INTA y el Observatorio de Degradación de Tierras y Desertificación explica que los suelos del oeste del Chaco sometidos a deforestación para uso agrícola pierden calidad física y química en un plazo muy corto de tiempo. “Principalmente carbono orgánico; se puede perder hasta en un 40%. Y es clave para mitigar el cambio climático y su pérdida acelera el calentamiento global y los procesos de desertificación. Por otro lado, los suelos deforestados se compactan respecto al monte nativo, disminuyendo así hasta cuatro veces la infiltración del suelo del monte, por lo que es más fácil que se produzcan inundaciones cuando llueve”.

Ir más allá de las ideologías estancadas
Para Mastrángelo existen actividades productivas compatibles con el mantenimiento del bosque que tienen un potencial enorme, pero nunca han recibido apoyo del Gobierno para que puedan ser llevadas a un nivel lo suficientemente beneficioso. “La apicultura, el ecoturismo y hasta la misma extracción forestal de determinadas maderas se pueden hacer de forma sostenible si se respetan los tiempos de regeneración, cosa que no hacen las empresas actualmente”, explica uno de los científicos que mejor conoce el problema socioambiental chaqueño.
Capitanich comenta que de aquí a 50 años visualiza un Chaco con plena recuperación de sus bosques nativos y ambientes degradados a través de la consolidación de mecanismos de pago por servicios ecosistémicos como el proyecto Eco-Token que, si bien es incipiente, tiene potencial de modificar sustancialmente la matriz socio-productiva de la provincia, ya que a través de un sistema de trazabilidad con blockchain podría asegurar que fondos generados vayan directamente a impactar positivamente en las comunidades locales que protegen esos bosques.
El gobernador de Chaco explica que están discutiendo reformas para endurecer sanciones y controles, y que seguirán reclamando al Gobierno nacional por la integración total del fondo para la conservación y protección del ecosistema, según lo determina la ley nacional: “De cada 1.000 hectáreas de bosque que la ley nos obliga a proteger, solo se nos asignan los fondos correspondientes a 100 de ellas, y ello convierte a la ley en un instrumento legal de prácticamente imposible cumplimiento en las 900 hectáreas restantes”.
“Argentina está inserta en un mundo acelerado y en un planeta en colapso”, concluye Machain. “Necesita estar mejor parada para lo que se viene. Hay que dar un salto de calidad en nuestro debate. Sostener que la destrucción de la naturaleza nos hará menos pobres es un argumento enlatado y falaz, pero, más que nunca, antiético, y contrario a la realidad y las leyes. Es responsabilidad del propio Estado y sus funcionarios que se completen los fondos necesarios para la protección de los bosques”.
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