Incendio afecta planta de residuos petroleros de Vaca Muerta en Añelo

Fecha de Publicación: 19/01/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


El fuego se reavivó cerca de las 3.30 de la mañana. Trabajan en el lugar tres dotaciones de bomberos voluntarios y una de YPF. Desde Defensa Civil se señaló que el siniestro ya está controlado.
Un incendio de importantes dimensiones se desató ayer por la tarde y se reavivó en horas de la madrugada de hoy en la planta de tratamiento de residuos petroleros de la firma Comarsa, en la zona de Añelo. En el lugar trabajaron cuatro dotaciones de bomberos, personal de Defensa Civil y del municipio y consideran que el siniestro ya está controlado.
El director de Defensa Civil de Añelo, Héctor Leiva, explicó que el incendio comenzó en la tarde del lunes, cerca de las 18 con un pequeño foco en un depósito de acopio donde había residuos con restos de hidrocarburos. «Pudimos sofocar ayer el incendio con tres cisternas y nos retiramos y hoy en un lateral se volvió a iniciar nuevamente a eso de las 3 de la mañana», explicó.
De acuerdo a la información brindada por la presidenta del Cuerpo de Bomberos de Añelo, Mirta Isaza, los efectivos recibieron en llamado de alerta a las 3.30 de la mañana y de inmediato partieron hacia el lugar tres dotaciones de bomberos de la institución.
Además se plegó a las tareas de combate del fuego una unidad de bomberos de la firma YPF, ya que está ubicada en proximidades al predio en donde se desató el foco.
Como resultado de ambos episodios, el enorme galpón de acopio de materiales a tratar se encuentra totalmente destruido, con daños materiales totales. Aunque desde las fuerzas intervinientes se señaló que se evitó la propagación a otras dependencias.
La planta de tratamiento de residuos petroleros de Comarsa se emplaza a 10 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Añelo, y a pesar de la distancia el humo generado es visible desde los barrios ubicados en la meseta de la localidad.
Según se supo, el incendio afecta a un galpón de la empresa dedicada al tratamiento de los residuos especiales generados por la actividad de Vaca Muerta. En imágenes que se han difundido se puede ver cómo varias dependencias son afectadas por densas llamas.
De acuerdo a las primeras versiones oficiales, el incendio comenzó precisamente en el galpón en donde se acopiaban materiales como mantas oleofílicas y mamelucos con restos de hidrocarburos, que se presume que por sus materiales y la estática que pueden generar habrían iniciado la combustión.
Además, por el tipo de residuos petroleros que hay en la zona, los bomberos trabajaron con espumas especiales para intentar controlar la situación.
Desde los bomberos se trabajó desde la madrugada en intentar no solo extinguir las llamas, sino también en evitar que el incendio afecte otras dependencias, una tarea que a estas horas se considera lograda, ya que el titular de Defensa Civil detalló que el incendio «está controlado» aunque continúan adelante los trabajos de movimiento y enfriamiento del lugar.
.

Gracias a un trabajo de diez años, la población de la rana de Valcheta creció

Fecha de Publicación: 19/01/2022
Fuente: Minuto Neuquén
Provincia/Región: Buenos Aires


La rana de Valcheta es una de las 100 especies con mayor peligro de extinción del mundo.
Gracias a un operativo realizado por científicos de la Universidad Nacional de La Plata, la población de la rana de Valcheta, que se encontraba en estado crítico de extinción, empezó a crecer.
Los agentes y pobladores de los alrededores de Valcheta, comenzaron a trabajar hace diez años para que la especie que solo se puede encontrar en la localidad rionegrina. Hasta el momento, la población de la rana de Valcheta aumentó en un 5 %.
La rana de Valcheta (o Pleurodema somuncurense como es su nombre científico) fue tomada como especie “insignia” dentro de la división de herpetología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Plata y pasó a ser una importante línea de investigación y la primera de su tipo en el país.
El operativo para salvar al anfibio de la extinción se llama “Meseta Salvaje” y es encabezado por el doctor Federico Kacoliris y estuvo compuesto por un equipo de becarios del Conicet y docentes de la universidad platense.
El proyecto tiene por finalidad la preservación, mejora del hábitat y aumento poblacional de la especie que se encuentra en el top 100 mundial de los vertebrados con mayor riesgo de extinción.

Declaraciones de los científicos que pretenden salvar la especie
En diálogo con el diario Río Negro, Federico Kacoliris sostuvo que el área donde habita la rana de Valcheta es “tan pequeña que cualquier pérdida de hábitat, el porcentaje con el nivel de destrucción de la especie es mucho mayor”, añadió Kacoliris
El entorno en el que viven los especímenes no supera los 10 kilómetros cuadrados, con lo cual cualquier modificación tiene una incidencia directa. A eso se le añade la presencia de la trucha arcoíris, su mayor depredador que habita en el arroyo de Valcheta entre 1920 y 1930.
“Sabemos que la siembra atrae mucho turismo y entendemos que en muchos parajes es necesario, pero en el caso de Valcheta queremos que no se haga más, al menos en la parte superior del arroyo”, advirtió el científico.
.

Alerta por incendios forestales: cuántas hectáreas se quemaron durante 2021 en la Argentina

Fecha de Publicación: 19/01/2022
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Hay discrepancias por las estadísticas entre las organizaciones ambientales y el Gobierno; cuáles son las estrategias que deberían implementarse para prevenirlos
Carlos es pescador y vive hace 15 años en el Banquito San Andrés, una de las islas del delta de jurisdicción santafesina que se despliegan frente a esta ciudad. Los últimos días del año pasado, entre Navidad y Año Nuevo, las 200 hectáreas de esa isla fueron arrasadas por un fuego que alguien prendió para “limpiar” matorrales y que luego, por efecto de las altas temperaturas, el viento y la extrema sequía y la bajante del río, resultó incontrolable. Las llamas llegaron hasta las escaleras de su casa y quemaron absolutamente todo alrededor: “Perdí materiales, pero lo peor es ver cómo quedó la naturaleza: todo devastado. Va a llevar mucho tiempo recuperar todo”.
Las 200 hectáreas de ese islote, ahora quemado, irán a engrosar, o no, las estadísticas sobre incendios forestales en la Argentina, una problemática socioambiental potenciada por el cambio climático que afecta a muchas provincias, desde las zonas más secas como las sierras cordobesas y San Luis hasta la Patagonia, y el humedal que componen las islas y riachos del Delta del Paraná.
La sequía persistente que afecta a buena parte del país y las altas temperaturas insinúan que las semanas y meses por venir pueden ser muy duros: “Si bien hoy estamos más aliviados que hace 10 días, la etapa de riesgo no concluyó. Presagiamos que va a ser una temporada larga y con esta sequía tan pronunciada es probable que volvamos a tener situaciones complejas” dijo Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
La multiplicación de incendios forestales ocurre en un contexto regional de sequía y en uno global de aceleración de la crisis climática que se expresa con un incremento de la temperatura promedio y otras anomalías climáticas como la secuencia de eventos La Niña que “han promovido una mayor acumulación de biomasa seca y combustibilidad de la vegetación, favoreciendo la ocurrencia y propagación de megaincendios en la región, difíciles de controlar”, según el artículo Adaptación frente a los riesgos del cambio climático en los países iberoamericanos, de 2020 publicado por la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático.
Cuantificar lo que dejan los incendios es un tema que, como muchos otros relacionados con la sistematización de datos, no es sencillo en la Argentina. El 4 pasado, mientras se reportaban incendios en Neuquén, Río Negro, Chubut, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, San Luis y Salta, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional Juan Cabandié, utilizó su cuenta en Twitter para afirmar que 2021 “cerró con la superficie quemada más baja de los últimos cinco años” y detalló que el año pasado se quemaron 331.000 hectáreas, contra 1.136.534 en 2020; 483.567 en 2019; 1.145.055 en 2018 y 1.895.547 en 2017. “El fortalecimiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) mejoró el desempeño del sistema federal y de las tareas de combate, de las que son responsables las provincias”.
Estas estadísticas, según detalló el propio funcionario, se basan en los reportes que hacen al gobierno nacional las provincias. El problema es que esos reportes subestiman seriamente el problema: por ejemplo, Santa Fe informó, para todo el año 2021, apenas 102 hectáreas quemadas. Eso llevó a que organizaciones socioambientales de referencia como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) salieran a cruzar el posteo de Cabandié. “Hay limitaciones en materia de información pública ya que varias provincias no reportan cada año la totalidad de hectáreas afectadas por incendios. Así los datos oficiales no reflejan la realidad de los territorios ni se condicen con datos relevados por otras instituciones” explicaron desde esa organización.
En el caso del Delta, por ejemplo, las estimaciones de lo que se quemó el año pasado son muy diferentes según quien calcule: para el Estado nacional se quemaron 26.581 hectáreas (fuente: reportes diarios del Ministerio de Ambiente), en cambio, según el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolas (que hace informes semanales de focos de calor en base a imágenes satelitales), se incendiaron 182.000 hectáreas, siete veces más.
Para Federovsky, saber cuántas hectáreas se queman es algo muy complejo que no necesariamente muestra la magnitud de los incendios. “Cada vez que me preguntan me niego a responder cuántas hectáreas se están quemando, porque no hay dos hectáreas iguales. Ese dato no revela nada desde lo cualitativo, porque no es igual una hectárea en una interfase rural-urbana en la Patagonia o en Carlos paz que una en una zona de ganadería extensiva en La Pampa o Santiago del Estero”, argumentó.
Cabandié insistió, en sus posteos, en que son las provincias las responsables “de cuidar sus recursos naturales”. “El Ministerio de Ambiente actúa luego de una solicitud formal provincial. Continuamos trabajando apoyando a las provincias, que son las responsables del cuidado de sus recursos naturales” repitió el ministro.
Este razonamiento anclado en lo que marca la Constitución (que las provincias son soberanas sobre sus recursos naturales) sirve, también, para deslindar responsabilidades y señalar culpables en la orilla de enfrente. “Hay que dejar atrás este deslinde de competencias, para eso existen espacios como el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente), para coordinar entre partes. A este razonamiento ya lo hacía María Julia Alsogaray hace 30 años, llevamos décadas con esto, hay que superarlo” razonó Andrés Nápoli, el director ejecutivo de la FARN.
En opinión de Federovisky, hay que “releer” la Constitución desde una mirada que contemple la matriz ambiental. “Si bien las provincias muchas veces son muy celosas de sus recursos para explotarlos, pero no tanto para cuidarlos, tenemos que ir hacia una política ambiental holística que suture las diferencias que vienen desde la lectura literal de la Constitución”.
¿Hay presupuesto suficiente para combatir los incendios forestales en Argentina? Cabandié afirmó que durante 2021 se destinó más presupuesto al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) con “3000 millones de pesos, contratación de más aviones y helicópteros, un nuevo centro de operaciones móviles, herramientas y ropa ignífuga para los brigadistas, la red de Faros de Conservación, nuevas sedes del SNMF en Apóstoles (Misiones) y en Santa Rosa de Conlara (San Luis) y más capacitaciones”.
Desde la FARN consideraron que hay que implementar y financiar la legislación vigente en materia de fuego, recordaron que la Ley de Bosques está dotada de cada vez menos fondos y agregaron que, para prevenir los incendios, también es clave la sanción de una Ley de Humedales. “El año pasado se avanzó con más fondos, pero hay que ver cómo se usan. Además, es necesario complementar eso con otros temas como el correcto financiamiento de la Ley de Bosques y la sanción de la Ley de Humedales, que sería algo central” subrayó el director Ejecutivo de la FARN.
Según un documento de la propia fundación, el año pasado la partida presupuestaria original para el SNMF fue de 282 millones de pesos (un 43% menos que en 2020), aunque luego se reasignaron partidas para el manejo del fuego por $2918 millones, lo que cuadruplicó los fondos disponibles. De todo eso, solo se ejecutó el 25%.
“Precisamos que el Estado esté presente porque una vez que el fuego se prende no se apaga más, aunque vengan brigadistas. Solo la lluvia apaga el fuego acá”, dice Carlos, el pescador del Banquito de San Andrés. Desde su conocimiento empírico de la realidad del territorio, pide trabajar de otra manera: con prevención y anticipación. En el mismo sentido, para la FARN es “urgente” avanzar en un cambio de paradigma en materia de incendios forestales: “El Estado tiene que tener una presencia permanente y no aparecer solo en la emergencia. Cuando el fuego se apaga tiene que seguir trabajando en capacitación y en una visión integral de manejo. No podemos correr siempre de atrás el problema”, dijo Nápoli.
En relación a esto Federovisky señaló que, desde el gobierno nacional buscan avanzar con políticas que excedan el momento de la catástrofe: “En la Argentina prevalece la idea que al incendio se lo combate cuando aparece el fuego, pero sabemos que la mejor manera de combatirlo es minimizando los factores que permiten que se inicie”. Para eso, dijo, durante este mes se inaugurarán los primeros cinco Faros de Conservación en el Delta, estaciones de monitoreo que cuentan con cámaras de detección de humo y calor. A lo largo del año replicarán esto en la Patagonia, Córdoba y San Luis.
.

Renace el conflicto con La Pampa por las aguas del Atuel y podría terminar otra vez en la Corte

Fecha de Publicación: 18/01/2022
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza  - La Pampa  - Nacional


Las últimas reuniones no han tenido avances considerables, y si bien los plazos de acuerdos ya se terminaron -y debería resolver otra vez la Justicia-, aún se persigue una salida política entre las partes. Mendoza sostiene que no puede enviar agua sin obras esenciales y la provincia vecina asegura que lo debe hacer mientras se negocian las obras. Qué posición tiene Nación.
Renace el conflicto con La Pampa por las aguas del Atuel y podría terminar otra vez en la Corte Los gobiernos de Mendoza y La Pampa sumaron esta semana un nuevo capítulo en su enfrentamiento político/judicial por las aguas de los ríos. En paralelo a toda la historia largamente contada por la controversial obra Portezuelo del Viento sobre el río Grande, en este caso el protagonista es el río Atuel, sobre el cual la Corte Suprema de Justicia fijó en 2020 que Mendoza debe garantizar un caudal mínimo en el límite con la provincia vecina y realizarse obras hídricas entre las partes para mejorar la eficiencia del manejo del agua y alcanzar esa meta resuelta.
Sin embargo, no hay hasta el momento acuerdos importantes en base a cómo se logrará este objetivo, en medio de una crisis hídrica casi sin precedentes, y todo indica que, de no mermar las fuertes posturas que se tienen, terminará todo nuevamente en la Justicia, lo que volvería a marcar el fracaso de la política y del trabajo que realiza la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI).
Con dilaciones, han habido los últimos días encuentros entre especialistas y funcionarios representantes de ambas jurisdicciones, así como también miembros de la Nación. En mayó del año pasado hubo un encuentro infructuoso, la semana anterior hubo una reunión virtual que no terminó en buenos términos, y este viernes hubo otro nuevo de técnicos, en el que no hubo grandes avances.
Según comentó el subsecretario de Obras Hídricas de la Nación, Gustavo Villa Uría, se avanzaron algunos compromisos, como la programación en febrero de una “campaña a fin de concretar los sitios de las estaciones de medición a instalar” en diferentes zonas del río, y que la Subsecretaría remitirá a Irrigación “los informes técnicos generales que se elaboraron para las estaciones superficiales y subterráneas”.

Conflicto de larga data
En términos generales, la Justicia determinó que se debe garantizar un caudal de 3,2 m³ por segundo de agua en el límite entre las provincias (puente Vinchuqueros).
No obstante, acá entra el quid de la cuestión. La interpretación de Mendoza es que La Corte marcó que a ese número se podrá llegar necesariamente con obras públicas -en conjunto con otras acciones- que mejoren la eficiencia en el manejo del agua, y que las mismas se deben realizar entre la Nación junto a ambas provincias. De hecho, señalan que hoy, para llegar a entregar ese caudal, deberían quitar agua esencial de los regantes, cosa que no harán, y aún así marcan que “no hay garantías que pueda se pueda alcanzar ese número”.
En tanto, la interpretación de La Pampa es que mientras se discuten las obras, Mendoza debería enviar esos 3,2 m³ por segundo, mediante algunas acciones que no necesariamente son obras, tales como un “manejo diferente” de los embalses, para permitir ese caudal mínimo en el límite provincial. La hipótesis es que la provincia hace un “mal manejo del agua y se apropia del recurso de los condóminos”
La Nación, en tanto, sostiene que trata de llegar a términos medios, al indicar que la provincia tendría que llevar a cabo esas “acciones” a la vez que se discuten las obras, para tener un mayor caudal, e ir entregando “la cuota que se pueda” a La Pampa, en paralelo a la instalación de mayores medidores de todo el ciclo hidrológico del Atuel. Hoy no se está entregando agua.
Si vamos al fallo del 16 de julio del 2020, en el punto III de la sentencia, la Corte ordenó a las provincias y a Nación a que “determinen en la órbita de la CIAI las acciones u obras de infraestructura necesarias para alcanzar el caudal mínimo permanente fijado, debiendo indicar el tiempo que demandarán y el porcentaje de los costos que cada una de las jurisdicciones afrontarán”.
Los Andes se comunicó con las tres partes, y hasta el momento las posturas están muy separadas. Esto abre otro panorama, que es que, en caso de no llegar a buen puerto, la Corte “definirá el curso de acción a seguir”, tal como reza el fallo. Desde ya, los plazos para los acuerdos ya están vencidos, aunque siguen las negociaciones.

Por dónde empezar
Villa Uría sostuvo a Los Andes que la visión del gobierno nacional es que se debe acordar en acciones, como por ejemplo operar de manera diferente embalses (Los Nihuiles y Valle Grande) con el objetivo de mejorar la eficiencia en el manejo del agua, y también avanzar en mayores sistemas de mediciones para saber en qué condiciones se encuentra todo el sistema hidrológico del Atuel, mientras se discuten las obras para hacer.
“La Nación está comprometida a invertir $3.000 millones en obras (repartido en ambas provincias), pero primero debemos saber cómo estamos parados en términos hídricos. Y para eso es necesario instalar más medidores en distintos puntos de la cuenca, así como también en la zona de montaña para medir la nieve”, señaló el ingeniero, quien opinó que ha habido una “involución” en el acercamiento de las partes luego del fallo de la Corte en julio del 2020.
El Subsecretario opinó que se ve una “resistencia” o trabas por parte de Mendoza a que se instalen esas herramientas de medición, ya que “se están pidiendo condiciones y los detalles de los proyectos y evaluaciones ambientales, cuando la medición no requiere intervenciones previas en ninguna de las jurisdicciones del país”, marcó. También dijo que hay urgencia para instalar los llamados “snow pilots” en la montaña, una especie de “balanzas” -en términos simples - que miden el aguanieve y hacen más precisos los controles de derrame y escurrimiento, ya que luego de marzo el clima no permite dicha instalación por las bajas temperaturas.
“Medir es un gesto de soberanía, de conocimiento y la mejor inversión que se puede hacer. Si no medimos se va al marco de la discusión jurídica, que es lo que está pasando ahora, y no importa quien tiene la verdad”, aseguró.
También marcó que la visión objetiva “es que el fallo dice 3,2 m³. Nosotros como operadores vemos que ese número llega eventualmente o no llega en todo el año. Con una serie de acciones Mendoza podría entregar algo de agua, pero es una decisión autónoma de la provincia. Sí tenemos que decir que no estaría cumpliendo con lo que la Corte falló”.
“Si Mendoza dice que no hay agua, que se demuestre. Que sea con realidad y hechos, no con mitos”, finalizó.

Respuesta local
Uno de los que ha participado de las reuniones es el ministro de Infraestructura, Mario Isgró, quien se limitó a indicar que están buscando los acuerdos necesarios para acordar todas las obras públicas necesarias para llegar al caudal mínimo.
En tanto, el representante del comité de trabajo de la provincia en este tema, Fernando Gomensoro, defendió la posición de Mendoza y sostuvo que “de ninguna manera el fallo dice que la entrega del caudal debe ser en forma inmediata”, y aclaró que se deben llevar a cabo medidas, como las obras, para “no perjudicar a los regantes ni a los productores. No vamos ni podemos dejarlos sin agua en contexto de crisis hídrica”.
“La Pampa con un análisis técnico erróneo – que puede comprobarse fácilmente - , fijó de entrada su postura, estableciendo la necesidad de caudal inmediato, lo que implica daño directo a los productores que dejarían de usar el agua para satisfacer ese caudal, dado que el agua lamentablemente no sobra”, señala la introducción del documento del Plan de Obras Acciones y Monitoreo que propuso Mendoza.
Por otro lado, Gomensoro declaró que los ríos de Mendoza “son los más medidos del país” pero que hay varios puntos de medición propuestos por Nación “no tienen acuerdo”. “Irrigación dice que necesita los proyectos de mediciones del sistema. No basta con un listado como se ha enviado”, comentó, y acotó que si bien siempre se puede medir más, “es importante saber para qué. Somos la provincia que más mide en términos hídricos. No queremos conflictos”.
Desde la Provincia argumentan que Nación está pidiendo avanzar en los “puntos de acuerdo” que hay entre las jurisdicciones, pero marcan que “lo cierto es que estos puntos son los que propone La Pampa, y claramente nosotros tenemos voluntad de avance. Pero ellos son inflexibles, por eso nosotros pedimos ahora avanzar en estos puntos si se avanzan en las obras para mejorar el caudal del Río”, agregó.
De acuerdo al financiamiento de los trabajos, Mendoza plantea que el 70% sea costeado por la Nación; un 15% la provincia y el 15% restante, La Pampa.

La Pampa pide su cuota
Desde la provincia vecina habló con Los Andes Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos, quien sostuvo en primer lugar que no se trata de “ninguna guerra o disputa del agua”, y atribuyó esas calificaciones como una “justificación política al mal manejo del agua que hace Mendoza”.
El funcionario pampeano dijo que hoy “está cortado el río” y es necesario que Mendoza dé la cuota de agua que le corresponde a La Pampa, según fijó la Corte. “El fallo debe empezar a cumplirse con el caudal mínimo escurriendo”, indicó.
También dijo que Mendoza “se niega” a cumplir con las mediciones y que también se opone a aceptar un manejo en conjunto de las aguas en su territorio.

Obras
Entre las obras y acciones que presentó Mendoza, se encuentran en una primera etapa, perforaciones, encauces y revestimientos del tramo Carmensa-Vinchuqueros, el tramo superior del canal marginal del Atuel, manejo de embalses para reducir la evaporación del agua y un reservorio de regulación en el límite, en lo que corresponde a una primera etapa, con un monto calculado de U$S 57 millones.
En tanto, la etapa 2 contempla la limpieza y adecuación del cauce, el encauce y mejoras del tramo El Sosneado – La Junta y monitoreos y acciones no estructurales (tal como en la primera etapa), por un total de U$S 2,8 millones.
Ya la tercera etapa marca incluso el tan ansiado trasvase del río Grande al Atuel, cuya obra está en el torno de los U$S 560 millones. “Es con el trasvase que puede alcanzarse el aumento de la oferta que se requiere para la adaptación al Cambio Climático. El incremento de la eficiencia no sólo tiene un límite, sino que es costoso, por lo que esta obra es muy relevante e imprescindible”, indica el plan de obras de Mendoza
.

Otras dos importantes lagunas se secaron en Santa Fe

Fecha de Publicación: 18/01/2022
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Santa Fe


La bajante histórica de los ríos en la costa Este de esta provincia, consecuencia de la crisis climática, provoca cambios drásticos en la vida ambiental afectando a la flora y la fauna de la región.
En medio de la ola de calor que está azotando el país, hay una bajante histórica en el Río Paraná debido a la falta de lluvia: registra la medición más baja en lo que va del siglo con 22 centímetros por debajo del cero.
Estas condiciones críticas han provocado una extrema sequía en algunas zonas del territorio argentino. Debido a esto, la Laguna Paiva, ubicada a 40 kilómetros de la capital santafecina, "desapareció" dejando un paisaje completamente desértico al secarse por completo.
El caso de la laguna de Paiva no es el único en la región: la Laguna Juan de Garay (en la ciudad de Santo Tomé), y la Añapiré, situada en la localidad de Campo Andino, también fueron afectadas por la falta de lluvias, experimentando el mismo proceso, luciendo así un impactante cambio de su fisonomía.
La transformación de las lagunas en tierras secas y quebradizas no ha sido la única consecuencia de la crisis climática, ya que la fauna también se ve alterada ante la falta de lluvias y el bajo nivel del agua provocando la muerte de especies animales como peces y tortugas.
.

La bajante histórica que atraviesa el río Paraná deja una grave mortandad de peces

Fecha de Publicación: 18/01/2022
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Santa Fe - Litoral Argentino


La organización ambiental El Paraná No Se Toca denuncia que "no hay datos" sobre la fauna del río. La sequía, las consecuencias del fuego y la sobrepesca conforman un combo fatal
La bajante histórica que atraviesa el río Paraná desde hace más de dos años tiene muchas aristas. La organización ambiental El Paraná No Se Toca difundió en las últimas horas una serie de imágenes que preocupan y encienden las alarmas.
Las tomas aéreas fueron tomadas por una persona afín a los ambientalistas y muestran la situación de una laguna isla adentro, a la altura de Rosario. La postal es desoladora: miles de ejemplares muertos por la bajante.
Jorge Bártoli, integrante de El Paraná No Se Toca, aseguró en diálogo con La Capital que este quizás sea el momento más crítico desde el inicio del descenso del agua a fines de 2019.
En ese sentido, sentenció que “el dato más relevante es que no hay datos”. Según precisó, ningún organismo del Estado “está relevando la afectación de la fauna y la enorme biodiversidad de la isla, empezando por los peces”. Si bien en la temporada estival que por causas naturales haya cierta mortandad de peces por temperaturas elevadas o escasez de oxígeno en el agua este escenario es prolongado y atípico.
“El valle de inundación está absolutamente descubierto de agua. En nuestra zona el Paraná lo cubre cuando la altura llega a los dos metros y medio aproximadamente. Es algo que hace muchísimo que no sucede, es una llanura descubierta de agua y la mayoría de las lagunas están absolutamente secas”, detalló Bartóli.
 Desde la organización critican además que a la falta de estadística se le suma también la falta de “criterios de recomposición elementales” para cuando el agua comience a recuperar su nivel. Como por ejemplo criterios respecto a la carga de ganado, habilitación de la temporada de caza, los pasos para facilitar la recomposición del medio ambiente, entre otros.
Por otra parte, destacaron que entienden que la pesca es un tema extremadamente delicado porque viven de ella miles de familias de pescadores de la zona. “La fauna ictícola está diezmada por las condiciones del río, la bajante que impide la reproducción de los peces desde hace muchos meses y por la sobrepesca fundamentalmente motorizada fundamentalmente por el negocio de la exportación del pescado de ríos”, indicó Bártoli.
No solo los peces se ven afectados, también aves, mamíferos y reptiles se encuentran diezmados. “En algunos lugares la fauna está prácticamente desaparecida”, sentenciaron. Hace algunos días, por ejemplo, un grupo de voluntarios rescató a las tortugas que habían quedado atrapadas en el barro en la laguna Juan de Garay, más conocida como laguna Bedetti.
Por último, el referente de El Paraná No Se Toca recordó que las quemas en las islas, que suceden constantemente, son otro de los causantes del impacto a la fauna del Paraná. Sin responsables y sin Ley de Humedales, la situación del río es cada vez más crítica. Al combo fatal que representa la bajante y la quemas, también se le suma la impunidad.
.

Si el calentamiento global continúa, las olas de calor "van a ser ocho veces más frecuentes"

Fecha de Publicación: 17/01/2022
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Esta semana más de 50 ciudades de Argentina superaron los 40 grados y se batieron múltiples récords de temperaturas máximas que, junto a las mínimas elevadas y la cantidad de días consecutivos con calor, tuvieron a casi todo el país bajo alertas rojas y naranjas.
Frente a la ola de calor histórica que afecta a casi todo el país, especialistas en meteorología aseguran que fenómenos como este serán cada vez más frecuentes e intensos por la influencia del cambio climático y advierten sobre la necesidad de cambiar hábitos de vida y adaptar los servicios para mitigar el impacto.
"En nuestro país, esta ola de calor es la más extrema en cuanto a intensidad", indicó a Télam Matilde Rusticucci, doctora en Ciencias de la Atmósfera, investigadora principal del Conicet y profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Sobre las causas de las temperaturas extremadamente elevadas que esta semana afectaron desde el norte de la Patagonia hasta Jujuy, con marcas térmicas que superaron los 40 grados en diez provincias, la investigadora afirmó que se debe a una conjunción de elementos, como el cambio climático ocasionado por actividades humanas y el fenómeno natural de la Niña, que en los últimos dos años generó en el país precipitaciones por debajo de lo normal.
"La Niña altera toda la circulación del hemisferio y hace que se pueda asentar la masa de aire cálida más tiempo, produciendo estas olas de calor tan intensas", detalló Rusticucci, quien trabajó en el Cuarto y Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas
Esta semana más de 50 ciudades de Argentina superaron los 40 grados y se batieron múltiples récords de temperaturas máximas que, junto a las mínimas elevadas y la cantidad de días consecutivos con calor, tuvieron a casi todo el país bajo alertas rojas y naranjas.
El viernes la Ciudad de Buenos Aires marcó a las 15.45 horas la temperatura más alta de los últimos 64 años, tras alcanzar los 41,5 grados, superando los 41,1 informados el martes pasado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
También ayer, la ciudad de Mar del Plata experimentó el día más caluroso de su historia con 41,9 grados y en la localidad bonaerense de Punta Indio (43,1) se rompió un nuevo récord.
En tanto, el jueves, la localidad rionegrina de Río Colorado alcanzó una temperatura máxima histórica de 43,4 grados y el martes en Córdoba se registró el récord de 42,5.
Para Carolina Vera, doctora en Ciencias de la Atmósfera, investigadora principal del Conicet y jefa de Gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, las olas de calor extremas como la que estamos experimentando "ya son más frecuentes" porque "el calentamiento global es de 1,1 grados por encima de los valores normales que se establecen al inicio de la era industrial, a fines del siglo XIX".
En diálogo con Télam, Vera aseguró que "las olas de calor son cinco veces más frecuentes ahora que hace 50 años" y que si el calentamiento global continúa, "en un mundo con un aumento de un grado y medio van a ser ocho veces más frecuentes".
"De ahí es la urgencia de encarar acciones para mitigar el cambio climático, pero a la vez nos tenemos que adaptar a que este tipo de olas de calor son más frecuentes y ponen en riesgo la salud y también nuestros sistemas de servicios, como el energético o la disponibilidad de agua", alertó la investigadora, quien participó del último informe del IPCC y en 2019 recibió el premio Cleveland Abbe que entrega la Asociación Meteorológica de Estados Unidos.
Asimismo, remarcó que "la comunidad científica de Argentina desde hace décadas viene trabajando en cuestiones de cambio climático, ya sea en investigaciones financiadas por el Conicet o por otras líneas del Ministerio, pero en esta gestión se ha intensificado el apoyo".
Entre las medidas que implementó la cartera de Ciencia, la funcionaria destacó la promoción de investigaciones que faciliten la transición energética, la convocatoria de proyectos ImpaCT.AR, y la colaboración con el Gabinete Nacional de Cambio Climático (Gncc) y el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).
"La comunidad científica de Argentina está al servicio de acelerar el conocimiento para tratar de solucionar estos problemas que ya son una realidad", destacó Vera.
Las investigadoras consultadas por Télam coincidieron en que ante olas de calor más frecuentes y extremas hay que empezar a cambiar hábitos de vida.
"Sobre todo porque hay regiones de nuestro país donde no está la población acostumbrada a tener estas altas temperaturas", indicó Vera y agregó: "Cualquier persona que viva en el norte sabe cómo comportarse pero en el centro del país hay que tomar precauciones con la salud".
En la misma línea, Rusticucci señaló que desde el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA realizaron estudios del impacto de las olas de calor y observaron que después de una determinada temperatura, dependiendo de cada lugar, "se dispara la mortalidad".
En la Ciudad de Buenos Aires el umbral es arriba de 33°C y "en una ola de calor puede morir el doble de personas en un día de los que mueren en promedio", aseguró.
Leandro Díaz, climatólogo en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (Cima) del Conicet y la UBA, dijo, por su parte, a Télam que estos eventos extremos son "muy nocivos para los sectores más vulnerables de la sociedad" y remarcó la necesidad de "empezar a adaptarse".
"Prevemos que estas cosas cada vez van a ser peores", apuntó el científico y destacó que mover los horarios, cancelar actividades y tener "más espacios verdes" en las ciudades ayudaría a moderar el impacto.
"Eventos como olas de calor están incrementándose en Argentina y en casi todo el mundo; no es un fenómeno especial de nuestro país", agregó.
La ola de calor de esta semana impactó a toda la región central de Sudamérica, principalmente a la Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, donde también se registraron récords de temperatura.
Para Díaz es una incógnita qué tanto puede agravarse la situación a futuro y aseguró que dependerá "de qué acciones se tomen o no al respecto".
Algo similar planteó Rusticucci, para quien "cuanto más se demoren en tomar las medidas contra el cambio climático, los impactos van a ser cada vez más extremos".
"Estamos a tiempo de empezar a revertirlo, de dejar de emitir los gases del efecto invernadero y retrasar los cambios", aseguró la especialista y advirtió que "las soluciones y la tecnología están, esto es cuestión de tomar decisiones políticas y no es algo nuestro solo, la responsabilidad es de todo el planeta".
"Pero cada uno tiene su responsabilidad, todos podemos cuidar del agua, la electricidad, el consumo de combustible y poner nuestro granito de arena", concluyó.
.

Comunidades mbya en alerta por los desmontes en Misiones

Fecha de Publicación: 17/01/2022
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


Tras cumplirse el plazo de 30 días, la aldea Alecrín de San Pedro rechaza que retomen la quita de madera. Analizan nuevas protestas.
Durante los primeros días de diciembre, integrantes de la comunidad Alecrín, ubicada en San Pedro, encontraron numerosos árboles extraídos de un área dentro de territorio relevado como de uso ancestral. Tras esta denuncia y con movilizaciones de comunidades de toda la provincia, lograron un principio de acuerdo y la empresa pausó la tala por 30 días. Esta semana finaliza el plazo y desde Alecrín temen que, en cualquier momento, retomen los trabajos.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN el cacique de la comunidad Alecrín, Sebastián Benítez, contó que “gracias al diálogo que hubo, toda la obra está parada en este momento”. Sin embargo, indicó que “no tuvimos otra reunión con la empresa y esperamos tener alguna comunicación. Hasta ahora seguimos controlando que se cumpla el cese en los trabajos”.
Al terminarse el tiempo pautado del acuerdo, señaló que “desde las comunidades pedimos que no vuelvan a cortar más árboles. Estuvimos reunidos y en lucha las comunidades Tekoa Arandú, Pozo Azul 1, Yaboty Mirí, entre otras más que están a favor de todo el reclamo de Alecrín”.
Benítez adelantó que “en la provincia estamos en alerta, porque en la comunidad Ka’a Kupé siguen pasando por una situación de desmonte. Entre los caciques, en la próxima reunión, si no tenemos una respuesta favorable para todos vamos a tomar nuevamente alguna medida de fuerza”.

En lucha
El cacique de la comunidad Ka’a Kupé, Mario Borjas, contó a este Diario que “la empresa CARBA nunca paró, siguen cortando la madera y llevándola del área protegida. Esto genera una preocupación por la falta de respuesta de las autoridades provinciales y municipales. Hemos presentado denuncias porque hubo disparos de armas de fuegos al aire cuando nos acercamos a esas hectáreas”.
Contó además que “tenemos otra reunión en la comunidad para ver qué se puede hacer, porque no vemos otra salida que nuevas movilizaciones, pero esta vez más grandes que la vez pasada”.
Remarcó que “las comunidades están muy solas en su reclamo”.
.

Iniciaron cortes selectivos para impedir el pase de camiones

Fecha de Publicación: 17/01/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


En Vinchina, departamento ubicado a 345 km de la capital riojana muy cerca de la cordillera, las asambleas que defienden los recursos naturales de la explotación minera a cielo abierto decidieron profundizar su lucha e iniciaron cortes selectivos para impedir el pase de camiones hacia la zona cordillerana. La lucha es en defensa de Laguna Brava, el glaciar el Potro y las sierras de Famatina, según el comunicado publicado este jueves luego de bloquear el paso de un camión de una empresa minera que se dirigía a la cordillera.
Sostienen que “ante los sucesivos pedidos de informe a las Secretarias de Minería y de Ambiente de La Rioja, instituciones que están avalando y otorgando los permisos y las declaraciones de impacto ambiental a las empresas, no obtuvieron respuesta a la fecha”.
“Informamos que vamos a bloquearles el paso a las empresas mineras ilegales y que no podrán circular por nuestros pueblos las corporaciones Pathfinder, Hanaq, Lundin Gold, entre otras”, dice la publicación.
En diálogo con Catamarca/12, Evelin Barrera integrante de la Asamblea Vecinas/os Autoconvocados de Vinchina y del Valle del Bermejo, comentó que el corte selectivo obedece a la falta de respuestas de las autoridades a los pedidos de informe. “Realizamos un mapeo de acuerdo a las publicaciones del Boletín Oficial. Encontramos 90 proyectos mineros, de los cuales, 42 son para la Laguna Brava que conserva humedales andinos de alto valor biológico. Buscan oro, litio y cobre en ese caso”, comentó. Mencionó también el proyecto King Tut que “amenaza al rio Valle Hermoso única fuente de abastecimiento de agua del pueblo”
Otra de las preocupaciones es el glaciar El Potro, ubicado en el departamento Villa Castelli, a 30 km de Vinchina. A 2 km de ese glaciar se pretende instalar un proyecto minero bajo el nombre de José María en la provincia de San Juan.
Barrera recordó que presentaron una nota con más de 2000 firmas de vecinos/as de Vinchina exigiendo que “no se otorguen más concesiones mineras y reiterando que no hay licencia social para la megaminería en el departamento”. La asamblea de Vinchina se conformó en el 2012 cuando tomaron conocimiento de los permisos de exploración en Laguna Brava.

Respuesta del gobierno
En la tarde de este jueves, el Gobierno emitió un comunicado en el que niegan la existencia de autorizaciones para la explotación minera. "No avalaremos ningún sistema minero extractivo que utiliza elementos nocivos y contaminantes, como el cianuro, que alteren el ambiente ni que conlleve el uso de grandes cantidades de agua", dice el comunicado y aclara que, en el caso del Glaciar el Potro, es una actividad que se desarrolla en San Juan.
"Entendemos que, sin licencia social, sin el consentimiento de las y los ciudadanos ninguna actividad puede impulsarse ni concretarse; que es el Estado quien debe velar por la protección de su patrimonio natural y respetar la voluntad de la ciudadanía" Continuaremos, como lo hemos venido haciendo, defendiendo con una mirada federal, la autonomía de los pueblos, así como la vida y la salud de sus habitantes", expresaron.

-------------------------------------------------------------------------------------

El Gobierno Provincial negó la existencia de explotación minera

Fecha de Publicación: 17/01/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Catamarca


Luego del bloqueo que realizaran ambientalistas en el Departamento Vinchina y de un comunicado firmado por las Asambleas Riojanas Antiextractivistas, Regional UAC Cuyo-NOA, en el que se acusa al Gobierno Provincial de apoyar la actividad minera a cielo abierto, éste lo negó categóricamente.
Al respecto, desde el Ejecutivo Provincial afirmaron que durante la gestión del actual gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, no se realizaron autorizaciones para desarrollar ningún tipo de explotación. "No avalaremos ningún sistema minero extractivo que utiliza elementos nocivos y contaminantes, como el cianuro, que alteren el ambiente ni que conlleve el uso de grandes cantidades de agua", afirmaron.
Asimismo se hizo hincapié en que, en el caso del Glaciar el Potro, es una actividad que se desarrolla en territorio de la provincia de San Juan. "Entendemos que sin licencia social, sin el consentimiento de las y los ciudadanos ninguna actividad puede impulsarse ni concretarse; que es el Estado quien debe velar por la protección de su patrimonio natural y respetar la voluntad de la ciudadanía", enfatizaron para agregar que "continuaremos, como lo hemos venido haciendo, defendiendo con una mirada federal, la autonomía de los pueblos así como la vida y la salud de sus habitantes".
En varias oportunidades el primer mandatario riojano manifestó que "el problema no es la minería sino el sistema que utilizan y su impacto para el ambiente", recalcando que "aquellas a cielo abierto con elementos contaminantes no son positivas para nadie" siendo uno de los defensores de la lucha por el Famatina. Asimismo, como se recordará, siempre en defensa del ambiente, cuando fue intendente de Capital, Quintela fue el principal promotor para la aprobación de la ordenanza 4930, que declara a este municipio “no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable”.
.

La ONU alertó sobre nuevas olas de calor para Argentina, más frecuentes e intensas

Fecha de Publicación: 15/01/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


La Organización Meteorológica Mundial (OMM) se refirió a las consecuencias que generan la ola de calor que atraviesa la Argentina, donde cinco provincias se encuentran en "alerta roja", y advirtió acerca del cambio climático y su impacto en este fenómeno.
A través de su cuenta de Twitter, la institución sobre el clima que depende de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó que las altas temperaturas están afectando a la “salud, el suministro de energía, el agua, la agricultura (y más)” en el país. En ese sentido, recordó que la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los 41,1 grados de máxima este martes 11 de enero, segundo registro más alto en la historia del territorio porteño.
Además, incluyó la medición realizada para la provincia de Córdoba, que alcanzó la marca térmica de 42,5 grados. “Argentina es presa de una ola de calor con temperaturas superiores a los 40°C y una serie de nuevos récords en la estación”, explicó en otros de sus mensajes.
En tanto, hizo foco en el cambio climático como una de las causas que han provocado que el país sea uno de los sitios más cálidos del globo y alertó que "aumenta la intensidad y frecuencia de las olas de calor". En su publicación, adjuntó un mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con los relevamientos de las temperaturas en las distintas zonas.
El calor produjo cortes de luz para unos 700 mil usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido a la altísima demanda de energía, además de inconvenientes en el acceso a la red de agua. En el interior del país, cinco provincias están en alerta roja: Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y La Pampa, además de localidades de otros distritos como Córdoba y San Luis.
.

Pergamino: hay intoxicados por el uso de agroquímicos

Fecha de Publicación: 15/01/2022
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La localidad bonaerense de Pergamino fue el escenario, una vez más, de la problemática que los agroquímicos generan en la salud de la población, ahora con el saldo de un vecino internado y otros ocho intoxicados tras quedar expuestos a ellos.
Lo dramático es que el vuelo de la nave que arrojó los fitosanitarios sobre las plantaciones de un campo es que pasó de manera rasante y el material alcanzó a los trabajadores que se desempeñaban en la finca lindera, kilómetro 15 de la ruta nacional 178.
Fueron los propios trabajadores los que grabaron con sus teléfonos celulares el vuelo del avión desplegando los agroquímicos sobre las plantaciones a muy poca distancia de las personas.
Dolor de cabeza y picazón en la boca y la garganta fueron algunos de los síntomas que se despertaron en los trabajadores del campo. Por eso, fueron derivados en ambulancia al centro de salud local.

Llevaron la denuncia a la Justicia
En este contexto, según publicó el portal Primera Plana, intervino la abogada y parte de la organización Paren de Fumigar Pergamino, Sabrina Ortíz, quien radicó una denuncia por fumigaciones en la Fiscalía Federal a cargo de Matías Di Lello, un fiscal que ya había intervenido en situaciones similares.
En su petición, Ortiz pidió que se tomen muestras del agua del arroyo “La Botija”, que pasa a pocos metros de allí para ver si el resto de los agroquímicos terminó en él, como así también en el agua de consumo de los barrios linderos.
La letrada exige conocer de qué estaba compuesto el material que fue arrojado y el pedido de autorización de la municipalidad de Pergamino para realizar esa acción.
Cabe recordar que en 2019 la Justicia Federal ordenó “suspender provisoriamente” la aplicación de agroquímicos en el partido, con límites de 1095 metros para las aplicaciones terrestres y unos 3 mil en áreas urbanas.

Antecedentes judiciales en Pergamino
Cabe recordar que en septiembre, en un hecho histórico porque no tiene precedentes, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dictó el procesamiento de dos exfuncionarios de Pergamino responsables de controlar las fumigaciones con agrotóxicos.
El tribunal hizo caso al fallo del juez Carlos Villafuerte Ruso, por considerar que había pruebas suficientes para procesar al exdirector y exauditor de la Dirección de Ambiente Rural del municipio por la inactividad ante denuncias de contaminación.
Ellos eran quienes debían actuar ante la diseminación de agroquímicos en los campos de la zona rural y otros cercanos a la región urbana, donde hubo denuncias por la contaminación del suelo, aire, agua y graves afectaciones a la salud de la comunidad.
Según señala el fallo, la conducta de inacción por parte de estos exfuncionarios permitieron que se pudieran aplicar este tipo de productos químicos sobre las plantaciones sin respetar las disposiciones de la Provincia, dado que la Dirección tiene el poder de policía sobre estos casos.
Asimismo, tampoco hicieron cumplir los límites impuestos por ordenanza municipal, que establece unos 100 metros de exclusión como margen que se debe cumplir para fumigar.
.

Bajante del río Paraná: prorrogan medidas para preservar a las especies

Fecha de Publicación: 15/01/2022
Fuente: Weekend
Provincia/Región: Entre Ríos


Sigue generando preocupación, por lo que las autoridades provinciales han prolongado los cupos de extracción para resguardar el recurso ictícola.
Debido a la preocupante bajante del río Paraná, que no tiene perspectivas de mejorar en el corto plazo, el Ministerio de Producción de Entre Ríos, a través de la Dirección de Recursos Naturales, implementó una nueva resolución tendiente a resguardar el recurso ictícola, es decir, todas las especies que habitan en el afluente y que se ven sumamente afectadas por la pesca en este contexto tan particular.
Entre Ríos es la única provincia de la cuenca del río Paraná que aplica desde hace 18 meses cupos de extracción y acopio comercial al pescado de río, reducidos en la misma proporción en que se redujeron los cupos de exportación; para así reducir al máximo los efectos negativos de la pesca extractiva y la bajante extraordinaria sobre la fauna ictícola. Cabe resaltar que esta reducción se aplica a treinta y ocho pesquerías de agua dulce de la provincia con mercado interno y a cuatro pesquerías con mercado externo.
De igual manera, durante este último año y medio transcurrido, en la provincia sólo se permiten tareas de pesca comercial y acopio del pescado en aguas del río Paraná 3 días a la semana. La nueva resolución Nº 0004/22 establece prorrogar este tipo de prohibiciones desde el primero de enero hasta el 31 de marzo del 2022, por lo que se extenderá el plazo de prohibición los días martes y viernes, desde las cero horas hasta el domingo a las veinticuatro horas, incluyendo feriados provinciales y nacionales.
Por otro lado, se recuerda que la pesca deportiva en aguas del río Paraná de jurisdicción provincial solo se podrá realizar todos los días en estos meses, pero con devolución inmediata de las piezas capturadas.
Durante 2021 se labraron 288 actas de constatación de infracción a la normativa vigente, en donde participaron la Dirección de Fiscalización de Fauna de la provincia, la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, la Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y el Puerto de Fiscalización de Victoria, además de guarda faunas honorarios de la Dirección de Recursos Naturales.
.

Una fiscal de Mar del Plata dictaminó contra las actividades de exploración petrolera

Fecha de Publicación: 14/01/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


El Ministerio Público Fiscal (MPF) acaba de pronunciarse a favor del “cese y/o suspensión de las actividades de prospección sísmica y explotación petrolífera”, por lo que las petroleras no podrían avanzar con la exploración sísmica en la Costa Atlántica hasta que no haga un informe de impacto ambiental. Lo hizo al avalar una medida cautelar interpuesta contra el gobierno nacional y por tratarse de acciones de alto impacto ambiental.
La titular de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, pidió la suspensión “de exploración sísmica, explotación petrolera y otros trabajos vinculados, frente a las costas del Partido de General Pueyrredón, que fueran oportunamente dispuestas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 900/21 y aprobadas por la Resolución N°436/21 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.
Pidió que antes de que comiencen las acciones de exploración se realice una evaluación ambiental estratégica, para asegurar que su aprobación no infrinja la normativa en materia ambiental, tanto a nivel nacional como internacional.
Las acciones de amparo, que darían lugar a la medida cautelar y en caso de aprobarse frenarían la exploración inminente frente a las playas de la Costa Atlántica, fueron presentadas por un ciudadano particular y por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados. Ambas peticiones coincidían en la potencial peligrosidad que produciría la prospección sísmica y la eventual explotación petrolífera frente a las costas de Mar del Plata, ciudad cabecera del partido de General Pueyrredón.

Qué pedían los amparos
En el caso de la acción iniciada por el ciudadano, éste solicitaba la suspensión de las actividades de exploración sísmica, "hasta tanto se obtuviera la Declaración de Impacto ambiental garantizando el acceso a la información pública” y se garantizara la “efectiva participación de la comunidad del Partido de General Pueyrredón en el proceso de evaluación de impacto ambiental” y en la toma de decisiones.
El ciudadano pedía que intervengan la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de La Plata y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), para la elaboración de los informes sanitarios, técnicos, ambientales y de impacto, correspondientes.
El segundo amparo, el presentado por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados interpuso un hábeas corpus colectivo que fue rechazado por el juez de primera instancia, pero que luego la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata ordenó reconducir como acción de amparo. La ONG destacó “la amenaza actual e inminente sobre todos los ejemplares de Ballenas Franca Austral (…) por las emisiones sonoras perturbadoras que generarán las prospecciones sísmicas (bombardeo sonoro intensivo de alto impacto) sobre la Cuenca Norte del Mar Argentino”.
En su dictamen, la fiscal Mazzaferri consideró válidos los planteos ya que la autorización de la exploración sísmica se habría dictado sin la intervención de un organismo que, conforme la Ley de Parques y Monumentos Históricos, debía ser consultado de manera obligatoria, según lo establece la Ley 22.351 en el artículo 19.
También, la representante del Ministerio Publico Fiscal sostuvo que, más allá de sus diferencias, ambas acciones atienden a la contaminación sonora de la actividad de exploración sísmica y a la falta de un estudio de impacto ambiental imparcial en relación con la exploración y eventual explotación, que contemple además todos los ribetes potencialmente dañosos de la actividad denunciada.
.

El Gobierno decretó la “Emergencia Ígnea” en todo el país por un año

Fecha de Publicación: 14/01/2022
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


A través de un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial se dispuso que la medida fue dispuesta para “atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios”.
El Gobierno decretó la "Emergencia Ígnea" en todo el país por un año, en medio de una situación que se replica en todo el territorio de incendios de bosques y pastizales que son reactivados por las altas temperaturas y los intensos vientos.
A través del Decreto 6/2022, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández; del Jefe de Gabinete, Juan Manzur; y del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, se declaró "la Emergencia Ígnea en todo el territorio de la República Argentina por el plazo de un año", con el fin de adoptar "las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración las de zonas afectadas y la prevención de nuevos focos".
La medida fue oficializada en momentos que un centenar de brigadistas fue movilizado a la zona de Bariloche para atender un foco secundario, que se reactivó en la zona del Cañadón de la Mosca. Se trata de una extensión del incendio forestal que se inició el 7 de diciembre pasado como consecuencia de un rayo en el lago Martin y que ya afectó una superficie de 5.279 hectáreas, según consignó el diario de Río Negro.
En el decreto, el Gobierno encomienda al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible a convocar a "un Grupo de Trabajo integrado por todas las partes involucradas, con el fin de coordinar la adopción de las medidas y acciones que resulten necesarias para atender la emergencia".
Asimismo instruye al Jefe de Gabinete a "reestructurar, modificar o reasignar partidas presupuestarias con el fin de fortalecer de inmediato la capacidad estatal de respuesta ante la emergencia".
En los considerandos se destacó que "en virtud del riesgo de superación de la capacidad de respuesta de los medios empeñados en el combate del fuego, la criticidad de la situación y el peligro inminente de una catástrofe ambiental, deviene necesario, imperioso y conveniente proceder a declarar la Emergencia Ígnea en todo el territorio nacional".
Al respecto se resaltó que con este decreto se busca "adoptar medidas urgentes", pero también convocar "con suma premura a los organismos involucrados y a las autoridades provinciales con el objetivo principal de frenar los incendios y comenzar inmediatamente un plan de restauración de las zonas afectadas.
Además se indicó que con esta normativa "se agilizará y simplificará el trabajo conjunto, coordinado entre los organismos nacionales, provinciales y locales competentes, bajo las premisas de celeridad, economía, sencillez y eficacia que deben regir las actuaciones para hacer frente a una emergencia de tamaña envergadura".
La emergencia fue declarada a partir de un reclamo realizado por los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Arabela Carreras; de Chubut, Mariano Arcioni; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quienes solicitaron el pasado 27 de diciembre que se declare la Emergencia Ígnea "en el ámbito de la región patagónica y, de ser necesario, se extienda la misma al resto del territorio nacional".
En una resolución del 28 de diciembre, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) instó a las jurisdicciones locales competentes, al sector privado y a las áreas competentes del estado nacional a "fortalecer las políticas de prevención de incendios forestales, rurales y de interfase". Asimismo, el organismo declaró el Estado de Emergencia Ígnea en todo el territorio nacional por el plazo de doce meses en función del riesgo extremo de incendios y a efectos de prevenir y mitigar los daños ambientales, personales y patrimoniales que estos provocan.
Además del foco activo detectado en la zona de Bariloche también se registraba otro incendio forestal en un paraje del departamento de Belgrano, en San Luis,  según informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
En la Río Negro, además de los 100 brigadistas también trabajaban en el lugar cinco aviones, cuatro helicópteros, tres autobombas, un camión de comunicaciones y tres embarcaciones.
Asimismo, el organismo precisó que las llamas fueron "controladas" en la localidad de Caá Catí y San Martín, en Corrientes; en Tolhuin, en Tierra de Fuego; en la capital de Santa Fe y en Avellaneda, en Río Negro.
Según el informe, en Vera, Santa Fe; en Aluminé, Neuquén; y en Capayán y Valle Viejo, en Catamarca; los incendios fueron "contenidos". Por último, se precisó que los focos en General Acha, en La Pampa, fueron "extinguidos".
.

Chaco y Salta: al desamparo del desarrollo

Fecha de Publicación: 14/01/2022
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Chaco - Salta


Acaparamiento de tierras, contaminación de las aguas, desmontes, sequías y oleadas migratorias son algunas de las problemáticas que prevalecen en la región del Gran Chaco argentino, tras el avance de un modelo productivo que promete desarrollo local, pero genera beneficios para pocos. Así lo detalla un artículo recientemente publicado que analiza las dinámicas de producción y exclusión en esos territorios.
“Uno de nuestros objetivos era dar cuenta de cómo dos provincias con diferentes historias y productividades terminan teniendo una situación de acaparamiento territorial e hídrico, para abastecer o cumplimentar los objetivos de producción de un sector, sobre todo del empresariado agroganadero, en detrimento de las poblaciones locales de comunidades indígenas y poblaciones campesinas”, explica la doctora en Antropología, Malena Castilla, coautora, junto con su colega Mariana Schmidt, de un artículo recientemente publicado en la revista Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC), en el cual dan cuenta de las dinámicas territoriales, sociales y productivas que se desarrollaron en las provincias de Chaco y Salta, y sobre cómo se fueron modificando durante las últimas décadas y han ido afectando a las poblaciones locales de esa región.
“Las líneas de investigación presentadas en el artículo tienen que ver con proyectos de investigación tanto individuales como colectivos, que venimos llevando adelante cada una de nosotras y con otros compañeros y compañeras de los institutos de investigación en los que participamos”, agrega Schmidt, que es investigadora del CONICET en el Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Uno de los ejes centrales de este trabajo da cuenta del acaparamiento de tierras y otros recursos como el agua (que en muchos lugares es escasa) y la deforestación, que avanzan de la mano de la expansión de la frontera agraria, bajo el argumento de alcanzar el desarrollo regional por medio del paquete tecnológico del agronegocio. Según detalla el documento, por ejemplo, entre 1998 y 2018, la pérdida de bosques nativos en la Argentina fue de alrededor de 6.500.000 hectáreas (ha). Lo más preocupante de ese dato es que el 43% de las deforestaciones ocurrieron dentro del período de vigencia de la Ley N° 26.331/2007, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Específicamente, el 87% de la deforestación practicada entre 2007 y 2018 se localizó en la región chaqueña, principalmente en Chaco (14%), Formosa (13%), Salta (21%) y Santiago del Estero (28%). De igual modo, en el período 2019-2020, aún en épocas de pandemia, los desmontes alcanzaron las 30.368 ha en el Chaco y las 35.606 ha en Salta.
“Tampoco se cumple la Ley de Biocidas, que regula y es la que tiene que establecer límites a las fumigaciones, por ejemplo. Esto es un problema, porque las leyes que existen podrían poner un freno al extractivismo que avanza. Sin embargo, muchas veces no lo hacen y las respuestas gubernamentales terminan siendo similares a las del empresariado o esconden su accionar indebido”, agrega Castilla, que trabaja con las comunidades rurales de Chaco desde hace alrededor de una década en cuestiones vinculadas con el ordenamiento territorial, la gestión de cuencas hídricas y la participación indígena en proyectos de desarrollo.
El otro eje central que observa esta publicación se refiere al acaparamiento hídrico en ambas provincias, no solo por el acceso al agua, que muchas veces es escaso e insuficiente para las poblaciones locales, sino por la mala distribución del recurso y el impacto de las fumigaciones que no solo contaminan las napas, sino también el agua de lluvia que recolectan en muchos lugares, en los que no hay otra fuente de agua potable, ya sea por alto contenido de arsénico o porque son salobres.
Al respecto, el artículo advierte que “entender el problema hídrico de la región como un problema de escasez sería errado”, ya que gran parte del agua es utilizada para producir materias primas, bienes o servicios. Es decir, el desigual acceso al agua refiere tanto a la falta de infraestructuras de distribución y a su acaparamiento por parte de los emprendimientos agroindustriales –que impiden el acceso a ríos y aguadas, por ejemplo– como a mecanismos más sutiles e invisibles, como la cantidad de agua que se incorpora y exporta en cada grano producido.
La publicación destaca el rol de los organismos de crédito internacionales que muchas veces acompañan estos procesos, con financiamientos multimillonarios para la construcción de infraestructuras regionales que finalmente terminan beneficiando a grandes empresarios, en detrimento de las comunidades rurales y campesinas locales. Al respecto, por ejemplo, menciona un préstamo otorgado por el Banco Mundial en el marco del Plan Belgrano, anunciado por el Gobierno nacional en el año 2015, con el objetivo de ampliar el abastecimiento de agua, saneamiento y obras de protección contra inundaciones, mediante el cual se construyeron desde plantas potabilizadoras y sistemas de acueductos hasta aljibes, techos colectores de lluvia y canillas comunitarias, pero las obras no han alcanzado a cubrir las necesidades de gran parte de la población regional.
“Todas estas conflictividades que emergen en el territorio son el resultado de políticas que se fueron implementando y se siguen implementando, muchas veces a partir de los intereses de los empresarios del agronegocio, que tienden a aumentar o a buscar el aumento de la productividad en detrimento de las poblaciones indígenas o campesinas”, comenta Castilla, que es investigadora del CONICET en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la (UBA).
Otro caso que menciona el trabajo es la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), un mecanismo institucional de coordinación de acciones intergubernamentales que surgió en el año 2000 y que busca alcanzar la integración y el desarrollo en la región del Gran Chaco, que abarca a cinco países. Su contracara es una distribución absolutamente inequitativa para las poblaciones locales, principalmente indígenas y pequeños productores campesinos o rurales, que no solo se ven afectados a nivel sanitario, sino también imposibilitados de desarrollar sus actividades productivas tradicionales.
“Cuando se ven obras hídricas, un desarrollo vial o una pavimentación, realmente no están buscando beneficios para la población que habita en esos territorios, sino potenciar la productividad sin generar una redistribución, porque tampoco se hacen las consultas que se tienen que hacer ni los informes ambientales necesarios”, advierte Castilla y agrega que las oleadas de migraciones forzosas son otra de las consecuencias de este modelo. Al respecto, la publicación especifica que, entre 1991-2010, la población total de Chaco y Salta se vio incrementada en un 25,7% y 40,2% respectivamente, pero mientras que la población urbana aumentó 55% en Chaco y 54,6% en Salta (cifras que aumentan en los departamentos agrícolas: +97,3% en Anta, por ejemplo), en ámbitos rurales descendió a un -62,2% en Chaco y -16,3% en Salta.
Castilla dice que ahora están observando las lógicas que se dan en los diferentes mecanismos a través de los cuales avanza el extractivismo, de la mano de los incendios, por ejemplo, o con las fumigaciones. “Nos centramos en analizar las estrategias empresariales para avanzar sobre los territorios, observando cómo estos proyectos, que son millonarios y que se instalan en estas provincias, son producto de una falta de política de control y una capacidad de gestión, pero también en cómo estas políticas que se articulan y que están conectadas con proyectos internacionales y de desarrollo regional son procesos que no solo se dan en el Chaco o en Salta, sino que tienen que ver con un contexto más amplio”, concluye Castilla.
.