Pumas en peligro: Argentina, el 7° exportador mundial de “trofeos de caza”

Fecha de Publicación: 21/08/2021
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


La especie es una de las más amenazadas por la caza deportiva. Varias ONG se unieron para pedir que se prohíba la actividad y ya juntaron 30.000 firmas.
Organizaciones ambientalistas y conservacionistas lanzaron una petición para prohibir la caza deportiva del puma, una actividad que atrae decenas de cazadores extranjeros anualmente y mueve decenas de miles de dólares para obtener el “trofeo de caza”.
Pero además, referentes conservacionistas del puma advierten que es necesario terminar con la matanza de estos animales porque es una especie que funciona como alarma sobre desequilibrios ecológicos.
El lanzamiento de la petición en Change.org reunió más de 36 mil firmas en apenas diez días. Detrás de la iniciativa están los refugios Pumakawa de Córdoba, Fundación Cullunche de Mendoza, la Red Argentina Contra el Tráfico de Especies Silvestres (RACTES) y la Humane Society International.
 La conservacionista Kai Pacha, desde su refugio Pumakawa, ubicado en Villa Rumipal en el Valle de Calamuchita, cuenta el objetivo de la petición. “Queremos cambiar la ley que permite la caza del puma. Es una ley de la Dictadura que permite el trofeo de caza, su exportación e importación”, explica. Es la ley nacional N° 22421 de Conservación de la Fauna, que tiene un decreto reglamentario durante el gobierno de Carlos Menem en 1997.
“Esta ley es muy antigua. El paradigma cambió en el mundo, hemos evolucionado y la relación con el medio ambiente cambió. Hay países que están prohibiendo la caza deportiva y en vez de apuntar a un negocio de pocos, los cazadores, se reconvierte a la actividad turística”, dice Pacha, dedicada a la preservación del puma a la vera de la ruta provincial 5, en la serranía cordobesa.
La Argentina es el séptimo exportador del mundo de trofeos de caza. “Tenemos que salir de ese lugar”, dice Pacha.
El 30 de agosto de cada año es el Día Internacional del Puma. Y sus conservacionistas se ponen una meta para avanzar en la protección de la especie.
“El puma es bastante maltratado. Se lo cree perjudicial y se lo considera dañino, cuando es el revés: es clave para la preservación del ecosistema”, asegura Kai Pacha.
En Costa Rica, desde el año 2012, la caza deportiva está prohibida. “Hasta Sudáfrica prohibió la cría de leones para caza”, exclama Pacha. La población de leones cayó un 98% en los últimos dos siglos, según la organización conservacionista Four Paws.
En La Pampa, en la temporada 2019 llegaron 253 cazadores extranjeros. Fueron los que compraron el permiso para cazar pumas, ciervos, búfalos y otras especies. La mayoría provenientes de EE.UU. (171) y Canadá (24), además llegaron desde Europa (Suecia, 9; Alemania, 8; Suiza, 1; Luxemburgo, 2; Inglaterra, 1; Hungría, 1; Holanda, 1; Dinamarca, 7; Rumania 1), de otros países sudamericanos (Brasil, 7; Austria, 8; Uruguay, 3; Paraguay, 1 y Perú, 3). También arribaron cazadores desde México (2), Australia (1) y Namibia (1).
En esa temporada, la Subsecretaría de Recursos Naturales pampeana informó que se cazaron 17 pumas en los criaderos-coto de caza habilitados. En 2020 la temporada de caza estuvo prohibida por la pandemia y en 2021 quedó reducida a unas semanas, por el cierre ante la segunda ola de Covid que comenzó en mayo.
La caza deportiva del puma se practica además de La Pampa, en cotos de caza de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén. El puma está presente en Chubut,  Santa Cruz, Córdoba, Mendoza, San Luis, La Rioja, San Juan y la Mesopotamia.
En el Congreso nacional hay un proyecto de ley para prohibir la exportación e importación de trofeos de caza. El objetivo es desalentar el negocio de la caza deportiva. Ese es el camino para terminar con la caza deportiva del puma.
Además la iniciativa de las organizaciones proteccionistas involucra a las aerolíneas. A través de una carta, pidieron a Aerolíneas Argentinas que se sume a la prohibición de transporte de trofeos de caza.
“Esto está en sintonía con lo que ocurrió con 'Cecil' el león fue capturado en Zimbabue”, dijo Pacha. Se refería al caso del león, que era el más querido de ese país y fue llevado fuera de un parque nacional para su captura por un cazador estadounidense, el dentista Walter Palmar. Este pagó 55.000 dólares por esa cacería. Después de ese escándalo, 40 aerolíneas prohibieron el transporte de trofeos de caza.
En la pandemia, el cierre de fronteras reveló que una parte del negocio de la caza está en la ilegalidad. En un campo cercano a Balcarce, sobre la ruta nacional 226, en enero se hallaron 300 ejemplares de especies silvestres, entre ellas tigres, pumas y ciervo. “Esto es una muestra. Hay 10 pumas que pueden venir a nuestra reserva. Esto tiene que terminar”, reclama Kai Pacha porque las reservas están desbordadas de pumas detectados en manos de cotos ilegales.
Kai Pacha tiene en su refugio en Villa Rumipal crías de pumas que fueron lastimadas por maquinaría agrícola cuando se realizaba la cosecha de maíz.
“Esto revela la adaptabilidad del puma. Y es superior a la del yaguareté”, explica la conservacionista. “Cuando el puma sale de su medio ambiente, es porque no tiene animales silvestres para cazar. Y esto es un dato ecológico”, remarca.
“El puma daña el ganado cuando se le terminaron los animales silvestres. Es un fusible del ambiente. Durante 50 años se lo mató al puma y no da resultado. Es matar la fiebre, el síntoma”, afirma la conservacionista cordobesa.
Se refiere a que en Chubut, el gobierno paga hasta 5.000 pesos por un cabeza y el cuero del puma. La Fundación Silvestre Argentina ya le pidió el gobernador Mariano Arcioni que derogue esta norma, la ley XVII-N° 52.
La proteccionista Kay Pacha reclama otras estrategias hacia el puma, que reemplacen la matanza utilizada como “caza de control”. “Hay muchas estrategias para tener con el puma. Perros protectores, llamas, luces intermitentes, el burro. Cuando el puma hace daño, el porque hay un problema ambiental”, insiste.
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La fauna del Paraná, en jaque por contaminación del plástico

Fecha de Publicación: 21/08/2021
Fuente: Cadena 3
Provincia/Región: Litoral Argentino


Una investigación de Martín Blettler (UNL) y Clara Mitchell (UNR) da cuenta de cómo las especies se ven afectadas por los desechos de los humanos.
Dos científicos santafesinos, Martín Blettler (UNL) y Clara Mitchell (UNR), dieron cuenta de cómo afecta la contaminación por plásticos a la fauna del río.
El trabajo de ambos fue publicado por la prestigiosa revista “Science of the Total Environment”, donde visibilizaron el perjuicio que provocan los residuos humanos sobre la naturaleza.
“Siempre se habla de la contaminación del plástico en los mares y no del río, tierra adentro y pedimos armar una convocatoria donde la gente cuando viera una interacción plástico-fauna tomara una foto o video”, explicó Mitchell a Cadena 3.
De este modo le llegaron más de 90 imágenes diferentes, de 44 especies de agua dulce y terrestres, y donde el 70% eran de aves, aunque también aparecieron mamíferos, reptiles y peces.
El dato interesante es que casi el 60% de todas esas interacciones son letales para los animales.
“Vimos mucho animal atrapado por partes de plástico atoradas en el cuerpo, animales muertos por la interacción”, lamentó.
El objetivo de este trabajo fue demostrar que la contaminación no sólo es de especies en zonas marítimas, sino que también sucede en la costa rosarina, y que el descuido del hombre con los desechos puede provocar la muerte de numerosas especies.
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Vecinos del Uruguay denunciaron por violar los DDHH a UPM ante la OEA

Fecha de Publicación: 21/08/2021
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) recibió el martes pasado la denuncia de varias organizaciones sociales de la República Oriental del Uruguay sobre las lesiones de los derechos humanos de vecinos y de la población en general por los acuerdos firmados entre el gobierno y la multinacional UPM (ex Botnia) para la instalación de una tercera planta de celulosa en el hermano país.
La denuncia la presentaron vecinos de las localidades orientales de Durazno, 25 de Mayo, Florida, Progreso, La Paz, Canelones, Peñarol, Sayago, Colón y el Municipio de Montevideo, que se oponen al paso del tren de UPM por esas zonas densamente pobladas, junto con la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, Redes AT de Uruguay y el Colectivo Ecofeminista Dafnias, se indicó en un comunicado dado a conocer por el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus).
Las organizaciones socio ambientales recordaron que la CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA creado en 1959 para la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, Estados Unidos. Junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (SIDH).
“La denuncia presentada se basa en las irregularidades cometidas por el Estado uruguayo y UPM para instalar la planta de celulosa eludiendo las garantías del debido proceso, alterando los procedimientos de autorización ambiental, desconociendo la Constitución y las leyes protectoras de derechos humanos y ambientales y los tratados internacionales respectivos de los cuales es signatario Uruguay”, explicaron en la presentación a la prensa.
Las personas afectadas apelaron al derecho de petición ante el Poder Ejecutivo y el Parlamento uruguayo para objetar el contrato firmado, han recurrido a las vías administrativa y judicial para impugnar los actos irregulares sin obtener respuesta. Los vecinos de las localidades atravesadas por el tren de UPM utilizaron una ley vigente para promover un cambio o decidirlo por una consulta popular, pero fueron ignorados, publicó el portal Era Verde.
“En defensa de la dignidad, la integridad y los derechos de los uruguayos, llamamos a cumplir con los principios establecidos por las Naciones Unidas y ratificados por Uruguay, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados posteriores en esa materia, en especial, el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, expresa la petición presentada al organismo interamericano.
Las organizaciones firmantes solicitan a la Comisión la realización de una auditoría externa e independiente con el fin de evaluar el Contrato ROU-UPM y sus consecuencias potenciales sobre el ambiente y los derechos humanos, así como para analizar lo que está ocurriendo actualmente en Uruguay en relación al proyecto de la multinacional finlandesa y el respeto de los derechos involucrados.
Esta denuncia se complementa con la presentada en febrero pasado al Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU por tres organizaciones sociales finlandesas sobre las consecuencias de las actividades de UPM en Uruguay y la responsabilidad de Finlandia en la actuación de empresas multinacionales cuya sede central se encuentra en ese país.
En sus conclusiones, el CDESC lamentó que Finlandia no tenga un marco normativo que obligue a las empresas bajo su jurisdicción a respetar los derechos humanos y expresó su preocupación por la falta de una evaluación completa sobre los impactos del proyecto de UPM en Uruguay. El Comité fijó un plazo de dos años para que Finlandia adopte un marco normativo sobre empresas y derechos humanos.
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Avanzan las negociaciones para construir dos centrales y recuperar la producción de agua pesada

Fecha de Publicación: 20/08/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno nacional gestiona la construcción de dos reactores: uno de uranio enriquecido y agua liviana y otro de uranio natural y agua pesada.
En medio de una etapa clave para que el país comience a cumplir con la premisa mundial de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, tal como indica el Acuerdo de París, la Argentina avanza hacia la construcción de dos nuevas centrales nucleares: una de ellas con tecnología china Hualong y otra de reactor Candu, que será emplazada con conocimientos nacionales y el apoyo de Canadá.
Se trata de dos proyectos de estratégica importancia para las relaciones geopolíticas que se traducirán en la generación de miles de empleos, nuevos conocimientos y la duplicación de la producción energética de cara a los próximos 15 años.
Con la llegada al poder del gobierno del Frente de Todos, la política nuclear volvió a ser un eje de importancia para el desarrollo. Por eso, entre otras cosas, desde abril pasado se retomaron los contactos con China para el reinicio de una negociación que había quedado estancada durante el macrismo para construir una nueva central nuclear de uranio enriquecido y agua liviana.
"Cuando llegamos comenzamos a planificar nuestro plan de acción a futuro con una programación a corto plazo y un plan estratégico porque los proyectos nucleares son de largo plazo. En ese marco, primero vamos a comenzar la construcción de la central de tecnología Hualong de 1.100 megavatios y para ello lo inmediato nos encomienda que terminemos de negociar para formalizar el contrato y comenzar la construcción durante el segundo semestre del año que viene”, contó a PERFIL José Luis Antúnez, presidente de la estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A., a cargo, entre otras cosas, de gestionar Atucha I, II y Embalse, las tres centrales operativas que tiene el país.

La cuarta central
Según contó, el plazo de construcción de la cuarta central es de 8 años a partir de la conclusión de los acuerdos y los trámites necesarios para que se concrete el financiamiento chino.
Por ello, la negociación tendrá dos etapas: la primera prevé que Nucleoeléctrica Argentina y la Comisión Nacional de Energía Atómica se pongan de acuerdo con el gigante asiático en el contrato que incluirá también la transferencia tecnológica para la fabricación del combustible que abastecerá a esa central, es decir, para producirlo en el territorio. “Estimamos que las conversaciones se extiendan hasta noviembre o diciembre”, dijo Antúnez.
La segunda etapa, en tanto, busca encuadrar al proyecto dentro del acuerdo bilateral que se firmó en 2014. En paralelo, la Secretaría de Energía encabezará las negociaciones vinculadas al “paquete financiero” que se debe recomponer debido a que “las ofertas están vencidas”, según el titular de Nucleoeléctrica. “Una vez que avancemos en eso, las autoridades de ambos países pondrán la firma y se iniciará la construcción, algo que esperamos que ocurra a mediados del año que viene”, estimó.
Mientras tanto, Antúnez dijo que “vamos a adelantar los preparativos en el terreno, vamos a realizar los estudios de suelo, la nivelación y el emplazado de los caminos de acceso”. También se va a montar la estructura para abastecer de energía y agua a los obradores y “a los más de 5 mil trabajadores que llegarán al predio Atucha, donde estará la central”.

Tecnología adquirida y apoyo de Canadá
Por otra parte, desde Nucleoeléctrica ya piensan en la construcción de la quinta central nuclear. Se trata de un proyecto “nacional” que contará con el apoyo de Canadá, país que transfirió la tecnología que se utilizará. De ese modo, las relaciones bilaterales en términos energéticos que comenzaron cuatro décadas atrás durante la construcción de la Central de Embalse, en Córdoba, continuarán por lo menos por otros 40 años.
Los lineamientos generales de ese proyecto ya están definidos: será una planta de uranio natural y agua pesada, con un reactor de tecnología conocida como Candu, que se encarará con recursos propios y “una programación distinta a la habitual”.
“Vamos a realizar la ingeniería en la Central Embalse, donde está depositada toda la experiencia de construcción, diseño y operación que tenemos para esas centrales. Por eso vamos a contar con técnicos y profesionales de la zona para producir los componentes, que serán muchísimos y de industria nacional, es decir, vamos a concentrar allí los recursos que tenemos de la industria manufacturera y metalmecánica”, explicó Antúnez.
Si bien el país adquirió la tecnología años atrás, los conocimientos están actualizados debido a que recientemente se cerró un proceso clave que fue la extensión de la vida útil de la central cordobesa, que ya está operativa. “Todavía no elegimos el sitio donde la vamos a construir. Puede ser en algún punto del litoral marítimo o fluvial, o en el predio Atucha o cercanías. A eso lo dejamos para más adelante porque nos vamos a concentrar en la fabricación de los componentes”, anticipó.
Entre ambos proyectos, la Secretaría de Energía de la Nación proyecta duplicar la potencia energética instalada del país de acá a 15 años. “Entre las tres centrales que están operativas en la actualidad tenemos aproximadamente 1.700 megavatios. A partir de la entrada en funcionamiento de los reactores Hualong y Candu vamos a añadir una cantidad similar a la instalada en Nucleoeléctrica”, sostuvo el presidente de la empresa estatal.
Consultado acerca de la importancia que tendrán los proyectos en términos geopolíticos, Antúnez consideró que “va a significar relaciones bilaterales a largo plazo” y, en el caso de China, “el inicio de unos largos lazos científicos y comerciales como nos pasó con Canadá a partir de Embalse. “Cuando construyamos la central Candu, si bien será un proyecto nacional con nuestra tecnología, vamos a tener participación canadiense”, completó.

La planta de agua pesada
En ese contexto, Argentina también avanza hacia la recuperación de la planta de producción de Agua Pesada de Arroyito, en Neuquén, que fue desactivada durante el gobierno de Cambiemos y sus trabajadores despedidos. Esa planta producía un compuesto de vital importancia para el funcionamiento de Atucha I y II y Embalse, y lo será también para la central Candu: el óxido de deuterio.
En la actualidad, la sustancia es importada desde el exterior, lo que significa un costo mayor al que implicaría la producción local. A propósito de las negociaciones para reactivarla, este diario pudo saber que “el proyecto está avanzando” a partir de que “Energía tomó las medidas necesarias para que se recupere la producción de agua pesada de origen nacional”.
Pese a que hay que recurrir al mercado externo, indicaron que en la actualidad las tres centrales consumen 25 toneladas de agua pesada por año, por lo que “no estamos importando grandes cantidades”. Una vez que se inicie el proyecto de recuperación de la planta de Arroyito se deberá esperar un año más para que vuelva a abastecer a las centrales.
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“Es la punta de un iceberg”

Fecha de Publicación: 20/08/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La maniobra de usar papeles falsos para extraer madera de lugares no autorizados quedó plasmada en la causa a cargo del juez de Buenos Aires, Sebastián Casanello.
Camionadas en fila con rollos de madera por las rutas del norte provincial son parte de un panorama conocido por quienes las recorren. Y el secreto a voces, y en más de una ocasión denunciado en la justicia salteña, es que se tala de manera ilegal en distintos sectores. Pero esos árboles derribados cuya madera pasa a la vista de los agentes de seguridad en las rutas, tienen como justificación las guías de transporte que emiten las autoridades ambientales. Muchas indican que el producto transportado es de una finca en particular, pero en la realidad suele suceder que la madera es talada en lugares no autorizados.
Ese es en resumen la práctica que existe cuando se trata de la tala ilegal de madera que quedó plasmada en una investigación que llevó adelante en Buenos Aires el juez Sebastián Casanello, que en julio último procesó a 14 personas por el presunto contrabando de 1.282 toneladas de madera de palo santo comercializados en 2013 por una empresa ubicada en Salta, una de las tres provincias argentinas donde crece este árbol. El procesamiento también es por la presunta falsificación de documentos públicos que se habrían utilizado —según el fallo— para fraguar el origen real de la madera de palo santo. Así surge de una nota de CNN en Español.
“Eso es la punta de un iceberg. Seguro que hay muchas otras cosas”, dijo la presidenta de la Red Agroforestal e integrante de Asociana, Ana Álvarez, al indicar que si bien desconoce esta denuncia en particular, se sabe que “el problema de la extracción ilegal de palo santo es común a Salta y a Chaco”. La operatoria es recurrente. “Se extrae (la madera), con guías de zonas de otros lados, por ejemplo, fincas aprobadas para un desmonte, pero se extraen en volúmenes muy superiores”.
En el caso que investiga Casanello, de hecho, se pudo corroborar la irregularidad por un control de imagen satelital. En enero de 2014 la Dirección Nacional de Bosques procedió a corroborar la información de los permisos oficiales concedidos a las empresas que buscaban exportar la madera. Un técnico del organismos nacional, quien declaró en la causa como testigo, pudo verificar a través de un programa de imágenes satelitales que no había rastros de desmonte en la finca Las Colmenas, de donde supuestamente provenían estas 1.282 toneladas de palo santo. Entonces, si la madera no se sacó de ese lugar (claramente no desmontado), era indefectiblemente de otros lugares.

La connivencia estatal
“Esto hay sido una práctica común. No brindar legitimidad de los lugares de donde salían (los árboles talados), habilitar exportaciones de madera de palo santo de lugares sin monitorear. Esto llevó a distintas causas en distintos lados pero casi siempre hay connivencia con funcionarios de Ambiente que deben autorizar la extracción”, sostuvo Álvarez ante el conocimiento de este tipo de situaciones en distintas zonas.
En el fallo de Casanello hay entre los acusados cuatro ex funcionarios públicos procesados como supuestos "partícipes primarios" del delito de contrabando, tres de los cuales estuvieron “de los dos lados del mostrador” en distintas etapas de la maniobra denunciada: trabajaron para la empresa responsable del desmonte y, en otro momento, tuvieron cargos en la Secretaría de Ambiente de Salta.
En 2007, la empresa Tierra Vasca SA intentó por primera vez obtener los permisos para talar palo santo en la finca de su propiedad. Entonces, quien se ocupó de los trámites como ingeniero forestal de la compañía fue Gustavo Enrico Paul. Ese mismo año, el intento fracasó debido a que las autoridades ambientales de la provincia de Salta no autorizaron la tala en la finca Las Colmenas, ubicada en el departamento de Orán.
La compañía volvió a presentar la solicitud de tala cinco años más tarde, en mayo de 2012, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Ya en ese momento Paul asumió como secretario de Ambiente y quien se presentó como apoderado de la empresa ante la provincia fue Cristian Heraldo Gribaudo. Según el fallo, este había sido funcionario de Ambiente de la provincia en 2007 y había participado de las audiencias públicas realizadas como paso previo a analizar la entrega de permisos. Otra ex empleada de Tierra Vasca SA, Natalia Rangeón, también pasó a ocupar en 2012 un cargo clave en el estado provincial: era directora general de Planificación Territorial de la Secretaría de Ambiente de Salta.
Para Casanello, la participación de estos tres ex funcionarios habría sido central para que la empresa Tierra Vasca SA consiguiera los permisos oficiales para comercializar la madera de palo santo, supuestamente adulterando el origen real de los árboles en los documentos. Además, ninguno de los dos funcionarios se excusó de participar en la aprobación de los permisos de tala de la empresa para la que habían trabajado cinco años antes, afirmó el juez en el procesamiento. Según indicó el actual secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal (también ex consultor de empresas dedicadas al agronegocio), en una comunicación con Radio Nacional, cualquier funcionario debe excusarse en todos aquellos expedientes que involucren a empresas para las cuales trabajó antes de asumir en el cargo.
El 22 de mayo de 2013, el área de Ambiente de Salta otorgó los permisos para que Tierra Vasca SA talara unas 3.000 hectáreas de bosque y utilizara esa extensión para ganadería y agricultura. Luego autorizó a la empresa a comercializar la madera de palo santo, según consta en el fallo judicial, que resalta que la inspección y el monitoreo del proyecto quedó en menos del área encabezada por Paul. La investigación judicial determinó que estos permisos de tala se otorgaron sin tener ningún respaldo técnico o documentación que corroborara qué cantidad de árboles se podían extraer de esa finca, sin inspeccionar en el lugar la existencia de los árboles ni la ubicación ni fechas de las tareas de tala.

El negocio de la exportación
Álvarez recordó que por la época en la cual se investiga la causa que involucra a privados y ex funcionarios públicos, en la Nación existía un registro en el que debían estar anotados quienes exportaban palo santo. Esta madera, considerada preciosa, es muy buscada “en el mercado oriental para hacer pisos”, dijo Álvarez, al sostener que el producto suele ser exportado a Japón. Pero afirmó que durante el gobierno de Mauricio Macri el sistema de ese registro fue eliminado y actualmente la información solo es enviada por las provincias. En Salta, según lo afirmado por el propio Aldazábal, Ambiente solo cuenta con dos camionetas para realizar los controles.
Volviendo al fallo de Casanello, de su texto surge que Tierra Vasca SA vendió la madera a otras tres compañías que iban a exportarla: Entrecomex Global SRL, Tropical Bushes SRL y Winner International SRL, que llegaron a trasladar la madera hacia distintos puertos argentinos para enviarla al extranjero. Sus responsables en este caso fueron procesados como presuntos co-autores de contrabando en tentativa.
Los trámites llegaron al Ministerio de Medio Ambiente de la Nación cuando las tres empresas exportadoras presentaron la documentación sobre el origen de la madera para sacar del país las 1.282 toneladas que habían comprado a Tierra Vasca SA en Salta. En un primer paso, intervino el cuarto funcionario acusado en la causa, Eduardo Álvarez, quien no se desempeñaba en la provincia de Salta sino en el gobierno nacional y avaló los permisos sobre la base de la documentación entregada por las empresas. El juez le reprocha que no corroboró el origen del producto forestal. Eduardo Álvarez declaró ante el juez que nunca cometió delitos en el ejercicio de su función de control en la exportación de la madera y dijo que se limitó a examinar la documentación que provenía de Salta.
En enero de 2014, el proyecto llegó a la Dirección Nacional de Bosques. Un funcionario a cargo del control de la madera para exportación buscó constatar la información aportada por las empresas. Tras corroborar a través del análisis de imágenes satelitales de la finca detectó que no había rastros del desmonte autorizado. El funcionario viajó hasta la propiedad junto a otra inspectora oficial para comprobar la sospecha: los árboles de palo santo no habían sido talados en Las Colmenas, aseguró ante el juez.
Los funcionarios nacionales concluyeron que la madera que se quería exportar provendría de otros bosques, sobre los que Tierra Vasca SA no tenía permiso oficial para deforestar. En base a esa conclusión, la Dirección Nacional de Bosques frenó la exportación de la madera y denunció la supuesta falsedad de la información que constaba en los permisos oficiales.

La pantalla de la depredación
En 2018, tras varios allanamientos a cargo de la Policía Federal Argentina, el juez del caso sostuvo que “la finca Las Colmenas fue utilizada como pantalla para justificar falsamente el origen de la madera que se pretendió exportar” y habló de “connivencia” entre los funcionarios públicos investigados y los empresarios.
Los procedimientos policiales permitieron el secuestro de documentos sobre la madera que estaban en poder de los empresarios e incluso de más cantidad de palo santo que estaba listo para su distribución en una finca que habría funcionado como depósito de madera ilegal.
Según el magistrado, “lo ocurrido aquí no se habría tratado de un caso aislado, sino que se enmarcaría en un esquema de actuación más amplio, sumamente organizado”, y que la “madera de palo santo” se originó “en la actividad de tala clandestina”.
Casanello también dictó embargos de bienes y dinero de los 14 procesados que, en el caso de las empresas investigadas, alcanzó los 430 millones de pesos, equivalentes a unos 4.4 millones de dólares.
En Salta, una de las comunidades indígenas de la ruta nacional 86 (en el departamento San Martín), Territorios Originarios Wichí, ya presentó una denuncia y se intervino desde la Justicia para pedir los controles correspondientes a la Secretaría de Ambiente. Ana Álvarez recordó las conocidas y múltiples denuncias que hay, por ejemplo, en la depredación de los árboles de los ex lotes fiscales 55 y 14, en el departamento Rivadavia. Por esta degradación ambiental en particular se llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ya emitió un fallo para resolver sobre esta y otras cuestiones que se plantean en la zona donde coexisten comunidades indígenas y criollas. La tala está prohibida. “Pero el Estado no estuvo presente para controlar la extracción ilegal”, dijo Álvarez.
“En Chaco, en zona de El Impenetrable me comentaron que también es un problema la extracción y he cruzado camiones de distintos tamaños de palo santo. Falta registro y control exhaustivo de cuánto se podría sacar y de dónde. Nadie lleva un registro de la extracción y por lo tanto de la tasa de recuperación del palo santo”, sostuvo la referente de la Red Agroforestal.
Según lo citado por CNN, se busca evitar que el palo santo ingrese en la categoría “riesgo de extinción”, según el Plan Estratégico Nacional del Ministerio de Medio Ambiente para la conservación de este árbol. Con este panorama, parece tarea difícil.
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Reunión para analizar estado actual de la Cuenca Salí-Dulce y reforzar controles de monitoreo e inspección a Ingenios

Fecha de Publicación: 20/08/2021
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero


Las escasas precipitaciones, generan caudales mínimos y la alteración en la calidad del agua que llega al Embalse puede generar problemas ambientales.
El Lic. Sergio Zaltz Coordinador de Proyectos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Agua y Medio Ambiente, se reunió con el Ing. Alfredo Montalván Secretario de Ambiente de la provincia de Tucumán, con el fin de analizar el estado actual de la Cuenca Salí-Dulce.
Las escasas precipitaciones, generan caudales mínimos y la alteración en la calidad del agua que llega al Embalse puede generar problemas ambientales.
En ese sentido, para tratar de adelantarse a la ocurrencia de estos eventos se acordó reforzar controles de monitoreo e inspección a Ingenios, tareas que se realizan a diario en forma articulada con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero en consonancia con la política ambiental que impulsa el gobierno del Dr. Zamora respecto al control de la contaminación.
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Llegó a Buenos Aires la caravana de kayaks que reclama la Ley de Humedales

Fecha de Publicación: 19/08/2021
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


La Multisectorial Humedales arribó al Dique Luján. El miércoles marcharán desde Plaza de Mayo al Congreso para exigir el tratamiento del proyecto de ley.
La Multisectorial Humedales arribó este martes al Dique Luján, en el partido bonaerense de Tigre, con la caravana de kayaks que se inició hace una semana en Rosario y navegó por la cuenca del Río Paraná, y el miércoles marcharán desde Plaza de Mayo al Congreso para exigir el tratamiento del proyecto de Ley de Humedales.
La travesía náutica partió de Rambla Catalunya para recorrer 350 kilómetros, y en la tarde del miércoles sus participantes marcharán al Congreso, informó este martes a Télam Ivo Peruggino de la Multisectorial.
"Alrededor de las 18 horas, una vez que lleguemos al Congreso, la Multisectorial Humedales Rosario entregará formalmente el petitorio que se trabajó en conjunto con organizaciones de todo el país, para que las comisiones que faltan y traban la ley, lo trabajen en conjunto, de manera unificada y simultánea", aseguró.
La caravana de más de 60 kayakistas pedirá a las comisiones de Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda e Intereses Portuarios, Marítimos, Fluviales y Pesqueros, que continúen tratando el proyecto unificado de la Ley de Humedales.
La organización ecologista explicó que la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano "ya le dio tratamiento" a la iniciativa que pasó, con un texto que unificó 15 proyectos, a la comisión de Agricultura y Ganadería.
"Hace más de seis meses que está cajoneado el proyecto en esa comisión, y cuando le dé dictamen aún falta que pase por otras dos comisiones para después pasar a ser votado en el recinto", explicó Peruggino, quien añadió que buscan que las tres comisiones "trabajen en conjunto y saquen el dictamen antes de que pierda estado parlamentario como ha sucedido otros años".
Con respecto a la travesía, Peruggino comentó que se encontraron "con mucho apoyo de parte de la sociedad de todas las localidades por las que pasamos en la cuenca del Paraná y de muchas organizaciones socioambientales de todo el país."
Y afirmó que impulsan esa simbólica protesta "en medio de una grave situación socioambiental, marcada por una bajante histórica del Río Paraná" y en un contexto "de incendios crecientes en todo el Delta, al igual que el año pasado".
Los referentes de la Multisectorial precisaron que durante 2020 "se quemaron más de 400 mil hectáreas" y en lo que va de 2021 "continúa ese ritmo" y destacaron que se trata "de un territorio reconocido como sitio Ramsar (es un humedal designado como de importancia internacional)" porque allí se alojan múltiples reservas y parques nacionales y provinciales.
"Para quienes prefieren los datos científicos, antes que las voces de los territorios, tenemos el último informe del IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático) que nos informa, con un consenso general, que sobrepasamos todos los límites geo-físicos del planeta y nos encontramos inmersos en un colapso eco-sistémico sin precedentes", dijo sobre el trabajo presentado la semana pasada sobre los avances del cambio climático en el mundo.
Por último, recordó que las tratativas "por una Ley que resguarde los humedales están por cumplir una década de trámite legislativo si se tiene en cuenta que el primer proyecto de Ley de Humedales fue presentado por Elsa Ruiz Díaz (FPV) al Congreso de la Nación en 2013".
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La Pampa acudirá nuevamente al consejo de cuenca del río Colorado para trabar Portezuelo del Viento

Fecha de Publicación: 19/08/2021
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza


El gobernador Sergio Ziliotto pedirá con urgencia una reunión de gobernadores para avanzar con los estudios de Impacto Ambiental. En el Poder Ejecutivo no se sorprenden e insistirán en que los estudios “ya están aprobados”. El rol clave del Presidente.
Luego de que el Gobierno Provincial recibiera un aval importante de parte del fiscal de Estado Fernando Simón en cuanto al avance de la obra Portezuelo del Viento, tras analizar algunas presentaciones que tenían como objetivo frenar la licitación, ahora el Poder Ejecutivo deberá enfrentar nuevamente otra embestida de La Pampa en contra de la adjudicación y posterior construcción de la presa.
Precisamente el gobernador pampeano Sergio Ziliotto pedirá este martes al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, una nueva reunión “urgente” del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), para presionar al presidente Alberto Fernández para que laude en contra de Mendoza y se dispongan nuevos estudios de Impacto Ambiental a los que ya realizaron las universidades del Litoral y la de La Plata. Desde Mendoza reaccionaron y destacaron que “todos los estudios están hechos y aprobados por el Coirco” y nuevamente destacaron que no sorprenden las declaraciones del mandatario pampeano.
El dictamen favorable de Simón respecto al avance de la licitación de la obra de U$S 1.023 millones, en el que no encontró fundamentos para darla por fracasada, tuvo repercusiones negativas en la vecina provincia. El propio Ziliotto embistió contra la dirigencia política de Mendoza, al indicar que “ni el rechazo de cuatro provincias ni la angustiante crisis hídrica los detiene” y que se trata de una obra “ambiental y económicamente inviable. Ya nos robaron el Atuel, ¡no nos robarán el Colorado!” expresó.
Funcionarios pampeanos indicaron al diario local La Arena que se pedirá al consejo conformado por los mandatarios de Mendoza (Rodolfo Suárez), La Pampa (Ziliotto), Buenos Aires (Axel Kicillof), Neuquén (Omar Gutiérrez) y Río Negro (Arabela Carreras) que avance en “la realización de una evaluación de impacto ambiental sobre toda la cuenca hídrica, pero también que se analicen los registros y pronósticos nivales del río Colorado, “a fin de estudiar la situación hídrica existente, en base a la cual se deben reasignar los cupos de uso que cada provincia condómina tiene sobre el río”.
De parte del gobierno de Suárez indicaron que si existe una nueva reunión del Consejo de Gobierno irán con la misma postura que ha tenido Mendoza en los últimos años, que es marcar que “todos los estudios están hechos y aprobados por el comité ejecutivo del Coirco, quién es el que los debía aprobar y los aprobó”.
Además, sostuvieron que no resulta sorpresiva la actitud de La Pampa, en la cual “históricamente han estado en contra de la obra”, y también señalaron que esta nueva actitud “forma parte de la campaña electoral y política del oficialismo”, a poco menos de un mes de las elecciones primarias.
No obstante, marcaron que Mendoza seguirá tal cual lo viene haciendo en el análisis de la oferta presentada por el consorcio Malal Hue (conformado por la china Sinohydro, Impsa, Ceosa y Obras Andinas), y si bien no acelerará el proceso de la licitación para presentarlo como una “victoria” de campaña electoral, tampoco dará marcha atrás o lo ralentizará.

El poder presidencial
Es importante remarcar que la suerte de Mendoza en torno a Portezuelo del Viento cambió para mal en términos políticos con el gobierno de Alberto Fernández, ya que en la gestión de Mauricio Macri no sólo el entonces presidente había laudado a favor de la obra (tras un voto en contra de La Pampa sobre la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental), sino que también su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había archivado una presentación ante la Justicia de la provincia en la que insistía con más estudios.
No obstante, con la asunción del peronista a fines del 2019 el ministro De Pedro desarchivó el reclamo de La Pampa, lo que devino en una sucesión de momentos que perjudicaron la intención de Mendoza en avanzar firmemente con la obra, ya que en otra reunión de gobernadores de provincias que integran el Coirco, resolvieron realizar más estudios ambientales, en una votación que Mendoza quedó esta vez sola y perdió 4 a 1.
Allí fue cuando Suárez pidió el laudo presidencial. Lo complejo para la provincia es que en el oficialismo hay quienes creen que la provincia no podría adjudicar la obra hasta que no se apruebe el Impacto Ambiental, y para eso necesitaría del laudo positivo de Fernández.
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Causa Desmontes: convocan a oenegés a participar como “amigos del tribunal”

Fecha de Publicación: 19/08/2021
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvió invitar a la participación ciudadana a través de la figura de “amigos del tribunal” a las asociaciones y fundaciones interesadas en el trámite de la acción de amparo en la que se deberá resolver sobre la continuidad o no de los desmontes en el Chaco, debido a la demora en la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, vencido hace siete años.
Con las firmas de las juezas Natalia Prato y Silvia Varas, la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo invitó a todas las asociaciones y fundaciones que tengan interés en la materia a intervenir como amigos del tribunal en el marco del trámite de la acción de amparo impulsada por la asociación “Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos Asociación Civil”.
En octubre de 2020, la Cámara hizo lugar a una medida cautelar innovativa y ordenó a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco la inmediata suspensión de todo permiso y trámite de autorización de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo-desmonte correspondientes a las categorías de conservación I (rojo) -excepto planes y trabajos de conservación que no impliquen la afectación y/o conversión de los bosques-, II (amarillo) y III (verde III) de la Ley Nº 1762-R, en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente.
La resolución de las juezas de la Sala Primera de convocar a la participación ciudadana como “amicus curiae” (amigos del tribunal), dictada la semana pasada, se tomó luego de que la accionante se presentara en el expediente para solicitar “que cese el estado de incertidumbre en relación a los permisos de cambio de uso de suelo y desmonte otorgados por las autoridades provinciales” y que se determine si la falta de actualización del OTBN “trae como consecuencia la prohibición de otorgar permisos o, en su defecto, la prórroga automática del último OTBN aprobado”; y si la Provincia “puede conceder permisos una vez operado el vencimiento del plazo de cinco años establecido en el Decreto N 91/2009”.
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Avanza un proyecto para medir el recurso solar en todo el país

Fecha de Publicación: 18/08/2021
Fuente: Energía ON
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa interinstitucional busca contar con un estándar internacional trazable al World Radiation Center (WRC). Será financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Con el objetivo de impulsar el desarrollo de capacidades de calibración en energía solar a nivel nacional, el ministerio de Ciencia y Tecnología aprobó un proyecto interinstitucional que será 100% financiado por el Estado. El plan contempla la implementación de una red de laboratorios, contracción de personal calificado y la producción de equipos de medición de energía solar en todo el país.
El proyecto surgió en el marco de la convocatoria Proyectos Interinstitucionales en Temas Estratégicos (PITES) que tiene como lineamiento principal fomentar la articulación y la coordinación entre las diversas instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).
Será llevado adelante por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en colaboración con el departamento Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Grupo de Estudios de la Radiación Solar (GERSolar) del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES/CONICET) de la Universidad Nacional de Luján, y la División Atmósfera de CEILAP (CITEDEF-CONICET).
Otros de los objetivos específicos del proyecto es contar con un estándar internacional trazable al World Radiation Center (WRC), dependiente de la Organización Meteorológica Mundial y acordar estándares de medición de la radiación solar, depuración y tratamiento de datos solarimétricos. Además, se busca fortalecer la producción de equipamiento de bajo costo y origen nacional para complementar el instrumental de la red de medición de radiación solar.
“La iniciativa conjunta aportará información para el correcto dimensionamiento de plantas fotovoltaicas de generación eléctrica y una apropiada evaluación del potencial de generación”, señaló la investigadora del departamento Energía Solar de la CNEA y miembro del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - INN CNEA-CONICET, Mónica Martínez Bogado.
Según precisaron desde la CNEA, se instalará un equipo principal para la evaluación del recurso solar en el Observatorio Central Buenos Aires del Servicio Meteorológico Nacional y se colocarán otros instrumentos en los laboratorios del Departamento Energía Solar de la CNEA, la Universidad Nacional de Luján, el CITEDEF y en los laboratorios que se crearán en el marco de este proyecto en el interior de nuestro país, regionalizando así las facilidades de calibración y medición.
“Esta iniciativa interinstitucional dotará de datos confiables sobre el recurso solar en el país tanto a investigadores que desarrollan su actividad en áreas relacionadas con la meteorología, la energía, la biología y el agro, como así también al ámbito empresarial, en particular a los relacionados con la generación de energía eléctrica por medio de centrales fotovoltaicas”, indicaron.
Como parte del proyecto se continuará con la producción local de solarímetros que permitirán complementar la red solarimétrica nacional. Estos instrumentos tienen un costo inferior a los equipos comerciales importados y es posible adecuarlos a las necesidades del usuario no sólo a nivel nacional sino también regional.
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Liberan a un oso pardo que se encontraba en cautiverio

Fecha de Publicación: 18/08/2021
Fuente: El Diario de Carlos Paz
Provincia/Región: Entre Ríos


Efectivos del Escuadrón 6 “Concepción del Uruguay”, brindaron apoyo a la Brigada de Control Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nacional en el rescate de un oso pardo adulto que se encontraba privado de su libertad.
Se trata de la especie protegida "ursus arctos" que se encuentra en la lista de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que quedará a resguardo en el recinto de la fundación para animales, institución que albergará por primera vez a un oso de dicha especie.
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Contaminación ambiental: encontraron 31 bidones de agroquímicos en un canal de Álvarez

Fecha de Publicación: 18/08/2021
Fuente: El Ciudadano Web
Provincia/Región: Santa Fe


La División Delitos Ambientales secuestró los envases que contenían herbicidas, coadyuvantes y fertilizantes
Este sábado la Agencia de Investigación Criminal (AIC), División Delitos Ambientales dependiente del Ministerio de Seguridad Provincial, realizó un procedimiento por presunta contaminación ambiental en un canal cercano a la localidad de Álvarez y secuestró 31 bidones de agroquímicos, entre ellos herbicidas, coadyuvantes y fertilizantes.
Dicha medida se llevó a cabo a raiz de una presentación ingresada en el servicio de denuncias del MPA. Los elementos secuestrados, una vez definido el fiscal de Delitos Ambientales y tomadas las medidas correspondientes para su identificación serán trasladados para su destrucción como medida de seguridad del medio ambiente.
Interviene la Fiscalía de Flagrancia de turno del M.P.A (Ministerio Público de la Acusación), Fiscal Dra. Gabriela Bassagaisteguy por la causa de (ley 24.051 Residuos Peligrosos).
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Consolidan una red de viveros productivos en territorio bonaerense

Fecha de Publicación: 17/08/2021
Fuente: Perspectiva Sur
Provincia/Región: Buenos Aires


Se trata de un plan que implementa políticas activas para la conservación de los bosques nativos, la recuperación de la biodiversidad y la mitigación y adaptación al cambio climático. A partir de estos convenios se potenciará la producción de plantas nativas.
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) firmó convenios con municipios para consolidar una red de viveros productivos en el marco del proyecto Nativas Bonaerenses. Un plan que implementa políticas activas para la conservación de los bosques nativos, la recuperación de la biodiversidad y la mitigación y adaptación al cambio climático.
El encuentro se llevó a cabo en la Estancia San Juan del Parque Pereyra, con la participación del Director Ejecutivo del OPDS, Juan Brardinelli; el Subsecretario de Coordinación de la Gestión de la Jefatura de Gabinete de la Provincia, Agustín Wydler; el Subsecretario de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible, Francisco Zannini y los intendentes que firmaron los convenios enmarcados en el Plan Provincial Nativas Bonaerenses.
Según pudo saber InfoGEI en sus primeros 11 meses de ejecución, el plan alcanzó una producción total de 51.038 plantas generadas en viveros pertenecientes al organismo: Vivero Del Talar (Estancia San Juan - Parque Pereyra Iraola) y Vivero Ayuí (Reserva Natural Punta Lara). Y se encuentran en licitación cinco nuevos viveros prontos a ser construidos con el fin de aumentar la producción propia.
En paralelo, el OPDS comenzó a trabajar con 16 gobiernos municipales con el objetivo de impulsar el Programa de Promoción de Políticas Ambientales con Municipios buscando consolidar una red de viveros productivos de nativas bonaerenses. Para ello se realizó un ciclo de capacitaciones para cada municipio destinado a trabajadores municipales y responsables políticos de los viveros locales.
Finalizado el ciclo de capacitación se firmaron los convenios de adhesión al Plan Nativas Bonaerenses entre cada municipio y el OPDS, con el objetivo de potenciar la producción de nativas en viveros municipales a través del acompañamiento técnico y la entrega anual de 5.000 semillas, 1.000 plantines y 5 bandejas de almácigos, entre otras acciones.
En comunicación con InfoGEI, desde la OPDS  informaron que a partir de estos convenios se potenciará la producción de plantas nativas elevando su escala productiva. Situación que le permitirá a los municipios planificar su política de restauración y recuperación del bosque nativo como así también de ambientes degradados, consolidando una política pública clave para la mitigación y adaptación al cambio climático.
“Este fortalecimiento de los viveros es parte del crecimiento que estamos planteando desde el OPDS, no sólo desde las plantas nativas sino también con la incorporación de guardaparques, la compra de herramientas contra el manejo del fuego, la instalación de 17 módulos habitacionales en las reservas, incorporando drones y trabajando en un plan de educación a través de la divulgación científica a la comunidad educativa”, destacó Juan Brardinelli.
“Somos una provincia muy vasta en recursos naturales y nuestro objetivo es lograr explotar esos recursos cuidando el ambiente, haciendo que esas dos agendas se compatibilicen y se fortalezcan la una a la otra”, afirmó el Director Ejecutivo. Luego remarcó que Nativas Bonaerenses “simboliza la forma que nosotros tenemos de hacer política: necesitamos plantar y regenerar debido al cambio climático, reforestar regiones que han sido degradadas, pero además es un plan que empieza a generar trabajo, innovación tecnológica, capacidades en los municipios y que apunta a una mayor justicia ambiental para todos”.
Por su parte, Agustín Wydler aseveró que “lo que estamos promoviendo es un Estado presente, un Estado que pueda planificar, que pueda trabajar en todos sus niveles con el sector privado y concretamente eso implica poder potenciar la producción, poder salir de la situación de crisis en que nos puso la pandemia, reactivar la economía, reactivar la Provincia y eso implica producir más y producir mejor, pero sin dañar el medio ambiente, es el desafío que tenemos”.
Francisco Zannini agradeció a los guardaparques y trabajadores de todo el Organismo y sostuvo que “la forestación es una de las políticas más importantes contra el cambio climático. El impulso del Plan Nativas Bonaerenses con una inversión nueva de 22 millones va a permitir hacer un trabajo más articulado con los municipios y vamos a estar asistiéndolos y acompañándolos”.
Estuvieron presentes los intendentes Javier Andres (Adolfo Alsina), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Francisco Echarren (Castelli), Andrés Watson (Florencia Varela), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Pablo Zurro (Pehuajó), Hernán Y Zurieta (Punta Indio) y Gustavo Perié (Ramallo), la Directora Ejecutiva del Organismo Provincial para la Integración Social y Urbana (OPISU) Romina Barrios y el Gerente General de Ceamse Juan Padín.
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Contaminación del río Negro: la Corte Suprema analizará un amparo ambiental

Fecha de Publicación: 17/08/2021
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


La dirigencia de RIO-PARTE ratificó su acción para lograr una intervención judicial que “ordene frenar la contaminación y comenzar un trabajo real de saneamiento”.
La situación del río Negro será evaluada por la Corte Suprema de Justicia por un amparo ambiental inicialmente presentado en el juzgado Federal de Roca. La situación se actualizó con una nota publicada por Río Negro en relación a que el bajo caudal de los ríos pone más en evidencia que se persiste en el volcado de los residuos cloacales.
En un comunicado, el legislador Facundo Montecino Odarda, de RIO, informó de la decisión de ”avanzar en el amparo ambiental presentado para preservar la salud” por esa fuerza, que integra el Partido del Trabajo y la Equidad (PARTE). Insisten con accionar para que la Corte ordene, como ya lo hizo en otros casos, “frenar la contaminación y comenzar un trabajo real de saneamiento”.
El parlamentario, Martín Pamio y Claudio Correa, entre otros referentes de PARTE, recordaron que en 2016 presentaron “un amparo colectivo ante la alarmante situación de contaminación que se estaba generando a lo largo de la cuenca”. Agregan que “el Juzgado Federal de Roca ordenó la concreción de un plan de saneamiento y remediación” y para su cumplimiento, los gobiernos de Nación y de la Provincia, en conjunto con la Autoridad Interjurisdiccional Cuencas (A.I.C.), “deben concretar los planes directores cloacales en las ciudades ubicadas a la vera de estos ríos”.
"En primera instancia, el Juzgado –precisan- tenía como subrogante a la jueza de Neuquén, Carolina Pandolfi, quien declaró la admisibilidad del recurso” y “estableció que la AIC debía presentar -en un plazo no mayor a seis meses- un plan de remediación y saneamiento de la cuenca”.
Luego, “se produjo un giro en las actuaciones, ya que el Juzgado consideró que la causa estaba fuera de su competencia” y, por esa razón, el “Amparo Ambiental actualmente, se está tramitando en la Corte Suprema de justicia de la Nación (CSJN)”. Los amparistas de PARTE presentaron un “pronto Despacho para que comiencen a registrarse avances concretos”.
Adelantan que en “los informes de peritos de la Corte Suprema, de la Prefectura Naval y de la AIC se observan que los resultados demuestran “un altísimo grado de contaminación”.
Piden no más “postergaciones porque la contaminación no hace otra cosa que crecer día a día” y, a pesar de la “evidente e imperiosa necesidad de un plan de saneamiento, los caños cloacales continúan derramando efluentes sin tratamiento, en mayor o menor proporción, al curso de agua más importante de la Provincia”. Esperan que la Corte, como “lo hizo en la causa “Matanzas-Riachuelo, conocida como “Causa Mendoza”, ordene frenar la contaminación y comenzar un trabajo real de saneamiento”.
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Se aprobó la adhesión a la Ley Nacional de Educación Ambiental

Fecha de Publicación: 17/08/2021
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires


Buscan incluir el cuidado del medioambiente en la currícula escolar.
Un proyecto impulsado por la senadora del Frente de Todos Gabriela De­maría promueve la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional de Educación Ambiental sancionada en mayo y, tras ser aprobada en el recinto de avenida 51, pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
El proyecto busca integrar la educación ambiental a la currícula educativa y tiene como objetivo promoverla e incorporar los nuevos paradigmas de la sostenibilidad a los ámbitos de la educación formal y no formal. En ese marco, Demaría sostuvo que esta ley representa “un paso importante hacia la transformación cultural necesaria para abordar los enormes desafíos en materia ambiental que tenemos por delante como sociedad” y, por tanto, “es importante que nuestra provincia pueda adherir para complementar la legislación vigente al respecto”.
En los argumentos del proyecto, la senadora destaca el enfoque acerca de la educación ambiental presente en la ley 27.621 “como un campo de intervención político pedagógica que impulsa procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad am­biental, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas ambientales confluyen y aportan a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso”.
Durante esta semana, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas alertó que el clima está cambiando en todo el planeta a un ritmo y escala sin precedentes, con dramáticas consecuencias y que algunos de estos cambios serán irreversibles por miles de años. “Limitar la magnitud y los efectos del drástico cambio climático que nos afecta cada vez más a lo largo del mundo requiere del más alto nivel de compromiso de toda la sociedad, y en ese marco la educación permanente, transversal e integral en materia ambiental es fundamental”, sostuvo Demaría.
Finalmente, la senadora fundamenta que “con esta ley se promueve un paradigma de educación ambiental desde una concepción amplia, no solo desde un lugar de preservación del medioambiente, sino inserta en un contexto so­cial, entendiendo que la problemática de la degradación del ambiente involucra también factores socioculturales, políticos, económicos y que es necesario promover el desarrollo sostenible con justicia social, distribución de la riqueza, preservación y conservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural”.
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