Las empresas de energía eólica rechazan el “impuesto al viento” y piden la intervención de Alberto Fernández

Fecha de Publicación: 25/01/2021
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Señalan que una tasa que les aplica la municipalidad de Puerto Madryn pone en riesgo las inversiones y la continuidad de las empresas
La Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) alertó que la tasa municipal que pretende imponer Puerto Madryn genera “graves perjuicios económicos” sobre los proyectos que fueron construidos en la zona. Lo denominan “impuesto al viento”.
Las empresas que conforman la Cader se refieren a la Ordenanza N° 11.546, emitida por el Concejo Deliberante de Puerto Madryn cuando comenzaba el aislamiento preventivo, que obliga a las centrales de energías limpias en operación comercial a pagar impuestos municipales que, según explican mediante un comunicado son “millones de pesos que no fueron previstos en sus propuestas de inversión”, algo que genera “serios riesgos financieros en un contexto económico ya de por sí adverso para el sector”.
El problema que se generó es que por con la ampliación del ejido urbano de la cuidad los proyectos eólicos quedaron bajo el alcance municipal. Así, aunque las energías renovables están exentas de algunos tasas, el Concejo resolvió aplicar una “tasa por habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental” por los metros cuadrados de uso, algo que pagan todas las empresas.
Este cambio, dice la Cámara, impactará en la proyección de negocio de los parques eólicos ya que un parque de potencia promedio (100 MW) “se vería obligado a pagar 20 millones de dólares”.
“Como Cámara de representación empresarial del sector de las energías renovables con más de doce años de antigüedad y más de 100 firmas asociadas, representando toda su cadena de valor, rechaza categóricamente la implementación del ‘impuesto al viento’”, explica el comunicado.
Juan Manuel Alfonsín, Director Ejecutivo de la entidad señaló que “hay compañías que están evaluando la judicialización de la tasa en Puerto Madryn para evitar la penalización de las centrales, la pérdida de empleos y que se frene el desarrollo futuro de proyectos”.
Un punto no menor es que por la Ley 27.191 los generadores de energía renovables tienen la posibilidad de trasladar al precio del producto cualquier impuesto, tasa o gravamen –nacional, provincial o municipal– que aparezca luego de la firma de los contratos. Esta especie de blindaje que en su momento estuvo amparado en la idea de la estabilidad para las inversiones hoy significaría que la tasa municipal se trasladará al valor con el que las empresas le venderán la energía a la red y, de ahí, a los consumidores.
“En caso de trasladarse el nuevo impuesto a tarifa los usuarios de todo el país estarían pagando una tasa local de Puerto Madryn”, alertó Alfonsín.
Hay compañías que están evaluando la judicialización de la tasa en Puerto Madryn para evitar la penalización de las centrales, la pérdida de empleos y que se frene el desarrollo futuro de proyectos (Alfonsín)
Para Cader, de prosperar la norma, Chubut avanzaría en “una directa violación de la seguridad jurídica contra el sector de las energías renovables, considerando que la Legislatura Provincial adhirió a la Ley 27.191 mediante la ley provincial XVII N°95, invitando incluso a los municipios a que respeten sus postulados”.
Además, Alfonsín detalló que desde el punto de vista jurídico el “impuesto al viento carece de sustento legal, dado que no guarda relación con una prestación brindada por el municipio de Puerto Madryn”.
Ante esta situación, desde la cámara le reclaman al Gobierno Nacional que se involucre en la discusión. “Solicitamos a las autoridades nacionales que tomen cartas en el asunto para evitar que las tarifas se vean incrementadas por un impuesto ilegítimo que penaliza la generación limpia, competitiva y eficiente”.
Ayer hubo un encuentro entre el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el tema fue parte de la agenda.
La preocupación pasó por la posibilidad que las empresas comiencen un camino judicial, algo que desde Cader ya adelantaron que se encuentran en estudio. “Estamos estudiando todas las acciones legales que ofrece la legislación vigente para impedir el cobro del impuesto al viento”, expresaron.
Desde la entidad fueron terminantes y señalaron que “en ningún país del mundo se castiga a la generación de energía limpia. Por el contrario necesitamos nuevos programas nacionales y locales para respetar el cumplimiento a los compromisos ambientales que anunciamos como país ante otros Estados soberanos en foros climáticos internacionales”.
Alfonsín dejó un mensaje final al señalar que Cader “ratifica su oposición a cualquier modificación o instauración de un nuevo impuesto, canon o tasa, que implique mayor carga fiscal para el sector de las energías renovables, dado que amenaza seriamente su desarrollo y continuidad en nuestro país”.
.

Ordenan a la Provincia informar sobre la extracción de arena para fracking

Fecha de Publicación: 25/01/2021
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


El Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a una solicitud de acceso a la información ambiental presentada por la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, que solicitó saber si hubo estudios de impacto ambiental y audiencias públicas en los proyectos de extracción de arena silícea con destino a la explotación petrolífera de Vaca Muerta.
La resolución tomada por la Justicia fue en el marco de un amparo interpuesto por los administradores de la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy y un grupo de vecinos que temen por efectos contaminantes en la extracción de arena silícea.
El material es extraído en esa zona al sur de la provincia, a 363,7 kilómetros de Paraná, y es utilizada para la extracción de hidrocarburos bajo el polémico sistema de fractura hidráulica –fracking– en los yacimientos de Vaca Muerta en la cuenta neuquina.
La resolución fue emitida este lunes 18, en el marco del legajo “Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos LTDA c/ Gobierno de la Provincia de Entre Ríos-Secretaría de Ambiente-S/Acción de Amparo”.
En rigor, el fallo confirmó la sentencia emitida emitido en primera instancia, el 24 de diciembre de 2020, por el juez subrogante de Villa Paranacito, Abel Alfredo Rodríguez, quien hizo lugar a la pretensión de la Cooperativa de acceder a información ambiental.
En su resolución, el magistrado había declarado abstracto el pedido de información sobre el establecimiento minero «El Mangrullo», propiedad de Yacimiento Petrolíferos Fiscales SA (YPF), puesto que el Estado hizo pública la información en una plataforma digital. Fue el único punto que respondió el Estado cuando la Cooperativa requirió información por la vía administrativa.
En tanto, el magistrado hizo lugar a lo solicitado en cuanto a las demás explotaciones que se encuentren instaladas y/o a instalarse en el departamento Ibicuy, para lo cual otorgó a la administración 30 días de plazo para dar información.
Sin embargo, el fallo no se cumplió inmediatamente porque la Fiscalía de Estado, a través de su fiscal adjunto, Sebastián Trinadori, apeló. Entre otros planteos, pidió que la vía del amparo sea declarada inadmisible ya que la petición todavía estaba tramitándose en el ámbito administrativo.
Por el contrario, la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy, a través de su apoderado Ricardo José Luciano, reiteró que la instalación en el Departamento Islas del Ibicuy de areneras y canteras de arena preocupa a los administradores de la Cooperativa por los probables efectos contaminantes como así también por la profundizaciones de las napas de agua que por el uso de determinadas prácticas, insumos, técnicas y ausencia de prevención y control, que dichas explotaciones pueden llegar a producir.
Según el documento al que accedió Entre Ríos Ahora, refirió que esa preocupación es compartida por la comunidad de Ibicuy, y contó que junto a vecinos autoconvocados se reunieron con investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), quienes aconsejaron la realización de estudios técnicos sobre diferentes aspectos de las explotaciones areneras en la zona, como así también del impacto ambiental que la actividad produce.
En los argumentos para solicitar la información ambiental, explicó sobre la utilidad de la arena sílica -mineral extraído por las areneras y de las canteras situadas en la zona de Ibicuy- para la industria petrolera y particularmente con destino al yacimiento denominado «Vaca Muerta», ubicado en la provincia de Neuquén. La arena se utiliza para el fracking, técnica de fractura hidráulica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo.
Además, señaló que las prácticas que se realizan para la extracción de arena pueden generar efectos nocivos para la salud humana y los ecosistemas, debido a que producen tanto la volatilización del sílice generada a consecuencia de la extracción de arena sílica por las areneras y canteras, como los producidos por su lavado que efectúan utilizando químicos denominados flucolantes.
El Superior Tribunal de Justicia, de feria, integrado por Bernardo Salduna, Marcelo Baridón y Andrés Manuel Marfil, finalmente confirmó la sentencia de primera instancia este lunes 18.
“Entiendo que con toda razón asiste derecho a la Cooperativa a indagar la información tenida en cuenta por la administración para categorizar a la actividad arenera y consecuentemente exigir o no el estudio de impacto ambiental como así también informarse sobre los resultados del mismo; en la medida en que indudablemente por tratarse de probables efectos nocivos sobre el agua para consumo humano, constituye información de interés público”, dijo Salduna en el voto que comandó el fallo, y al que accedió Entre Ríos Ahora.
Enseguida, recordó que la Cooperativa intimó mediante carta documento a la Secretaría de Ambiente a que brinde la información el 2 de octubre de 2020, y que, ante la falta de respuesta, se interpuso un amparo invocando el artículo 8 del Régimen de Libre Acceso a Información Pública Ambiental.
Más adelante, destacó que el amparo debe prosperar porque se dan dos situaciones: por una lado, la Constitución provincial, en su artículo 13, contempla la obligación de responder toda requisitoria sobre información pública; y por otro que las explotaciones areneras denunciadas se encuentran en una zona geográfica que el Estado de la Provincia de Entre Ríos declaró por ley 9718 «Área Natural Protegida», lo que obliga a la administración a integrar la conservación y el uso sostenible del área; a proteger el ambiente natural, los ecosistemas y particularmente los cursos de agua; a conservar los recursos genéticos y minimizar la erosión de los suelos, entre otros objetivos.
De ese modo, se condenó al Estado provincial a que en el plazo de 30 días hábiles administrativos brinde la información respecto de los establecimientos mineros areneros y canteras de arena instaladas y/o a instalarse y en trámite de instalación en el Departamento Islas del Ibicuy -a excepción del establecimiento minero «El Mangrullo» propiedad de YPF S.A-.
En su respuesta, el Gobierno deberá dar información sobre los siguientes puntos peticionados específicamente por la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy:
– 1) Si las plantas extractadoras de arena radicadas en Ibicuy han cumplimentado con lo ordenado en los artículos 11 -obligatoriedad del procedimiento de evaluación ambiental-; 12 -declaración jurada sobre el impacto o no de la actividad y decisión administrativa si corresponde o no estudio de impacto ambiental-; y 13 -contenido del estudio de impacto ambiental- de la ley General de Ambiente N° 25.675;
-2) En relación al floculante utilizado brinde la siguiente información: a) Qué floculante se usa; b) Cantidades; c) Tratamiento del efluente; d) Qué tipo de piletas para el tratamiento de efluentes son utilizadas; e) Dónde y en qué cantidades por arenera por día se descarta floculante en los efluentes; f) Quién es el encargado de fiscalizar el destino de los efluentes, y con qué periodicidad se realizan los controles;
-3) Si dispone algún estudio sobre el impacto ambiental producido por la extracción de arena, cambio en la geografía por las fosas/cavas que quedan producto de la extracción, como así también si hay alguna exigencia de re forestación en las mismas, y si se realizan cuidados sobre la flora autóctona después de producidas las cavas.
.

Greenpeace denuncia que el gobernador de Salta dio vía libre a los desmontes en la pandemia

Fecha de Publicación: 25/01/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Salta


La organización ecologista denunció que Salta pretende habilitar en un mes más hectáreas de las que se deforestaron durante el año pasado.La agrupación ecologista Greenpeace alertó que el gobierno de Salta convocó a audiencias públicas para habilitar desmontes en siete fincas por un total de 28.311 hectáreas.
“El gobernador (Gustavo) Sáenz aprovecha la pandemia de Covid-19 para darle vía libre a los desmontes. En un mes pretenden autorizar más de lo que se deforestó en Salta durante todo el año pasado. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos se encuentra vencida desde 2014 y la realización de audiencias públicas con las actuales restricciones de circulación no garantiza la participación ciudadana y de las comunidades afectadas, además de resultar peligroso a nivel sanitario”, señaló la coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.  
En 2020 se desmontaron 20.962 hectáreas en Salta, según el monitoreo que realiza Greenpeace comparando imágenes satelitales.
Cruz agregó que “la destrucción de bosques aumenta las enfermedades, como dengue y leishmaniasis. Cuando arrasan los bosques, destruyen el equilibrio de la naturaleza, entre algunos patógenos y las personas, y se promueve el brote de enfermedades. Con la deforestación actual podríamos estar preparando el escenario de futuras pandemias de origen zoonótico, además de empobrecer la calidad de vida de todos. La actitud del gobierno de Salta es completamente ilegal e irresponsable”, afirmó Cruz.         

Pedidos
Greenpeace detalló que los desmontes que el gobierno salteño busca aprobar son:
- 13.257,24 hectáreas en el Establecimiento Ganadero El Tunal,  solicitado por AGRONE S.A., cuyo presidente es Luis Armani, importante empresario de la construcción vial.
- 5.724,74 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero Chaguaral, solicitado por Quebracho Colorado S.A., de los hermanos estadounidenses Paul David Gabel y David Kent Gabel.
- 3.783 hectáreas en la finca Piedra Blanca y Totoral, solicitado por Tranmar S.R.L. y Agro-Inversora Mojotoro S.R.L., cuyo gerente es Martín Wierna, actual Auditor de Proyectos Especiales de la Sindicatura General de la Provincia de Salta.
- 3.383,45 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero Cresud,  solicitado por Cresud S.A.C.I.F.yA., cuyos principales accionistas son Eduardo Elsztain y Alejandro Elsztain.
- 1.029 hectáreas en la finca San Isidro, solicitado por EMAISA S.A., vinculada al ingenio azucarero y destileria San Isidro.
 - 662 hectáreas en la finca Los Colorados, solicitado por BABA  S.R.L., de los empresarios agropecuarios Sergio Antonio Barzola y Luis María Barzola.
- 472,34 hectáreas en la finca El Molino, solicitado por Campo El Refugio S.A., cuyo presidente es el empresario ganadero Eduardo Agustín Llorente.
Greenpeace está impulsando una petición para que se prohíban y penalicen los desmontes y los incendios forestales en todo el país.
.

La pandemia agudizó la pesca ilegal en el mar argentino

Fecha de Publicación: 23/01/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Se alerta sobre la presencia de buques pesqueros de origen oriental (chinos y coreanos) que funcionan como factorías, congelando y procesando a bordo.
En el contexto de la pandemia que atravesó gran parte del 2020, la gravísima problemática de la pesca ilegal en diversas costas de la región se acentuó con el correr de los meses.
Diversos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil denunciaron en los últimos meses la presencia de cientos de buques y barcos, que expandieron su actividad industrial en la región incumpliendo todo tipo de normas y arrasando con el ecosistema marino.

Medidas en abril
En abril pasado, a raíz de las denuncias radicadas sobre la existencia de actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros en la "Zona Económica Exclusiva Argentina" (ZEEA), el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, dispuso la inmediata intervención de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización
Pesquera (DNCYFP), en una acción conjunta con la Prefectura Naval Argentina.
El objetivo por aquel entonces fue el de reforzar el control y el patrullaje en el mar Argentino tomando en cuenta que las acciones denunciadas "no sólo son depredatorias de los recursos naturales nacionales sino que también afectan a la seguridad de los trabajadores del sector". Pero las denuncias siguieron.

Depredación silenciosa
Según afirma el informe de Greenpeace "The Wild West Atlantic Report" (2019), el Atlántico Sur Occidental, zona de aguas internacionales también conocida como el "Agujero Azul", tiene un rol ecológico central dentro de los océanos globales: proporciona importantes áreas para el desove y alimentación de mamíferos marinos y aves, a la vez que es el hogar de importantes especies comerciales. El área también es un lugar de alimentación para especies clave, como la ballena franca austral y otras cuyo estado de conservación es vulnerable.

Sin embargo, la zona en cuestión sufre de un vacío legal: actualmente, la única organización regional de relevancia para la gestión pesquera que allí opera es la Comisión Internacional para la Conservación de los Atunes del Atlántico (ICCAT) que sólo se ocupa de la pesca dirigida al atún y especies afines. Por lo que otras actividades enfocadas en especies como calamares, merluza o merluza negra no están cubiertas por un organismo internacional.

A mediados del 2020, se alertó sobre la presencia de una flota de entre 350 y 400 buques pesqueros en la región. En su mayoría, se trata de barcos de origen oriental (chinos y coreanos) que funcionan como factorías, congelando y procesando a bordo. Suelen ser tangoneros (únicamente dedicados a la pesca de calamar) y de arrastre (pesca con red), y se instalan en las zonas elegidas por períodos superiores a un año.
Un dato alarmante sobre el trayecto de la flota que desde el pasado julio ha recorridolas costas de Ecuador, Colombia, Perú y Chile es que se mantuvo por aproximadamente dos meses en el límite de las áreas marinas protegidas del Parque Nacional Galápagos, depredando gran parte de su biodiversidad marina y poniendo en peligro este lugar único en el mundo. Tomando en cuenta que sobre finales del año varios de los buques pertenecientes a esta flota cruzaron el estrecho de Magallanes con
dirección al océano Atlántico, todo indicaría que el mar Argentino correría la misma suerte.
.

Nacieron dos guacamayos de una especie en peligro de extinción en el Bioparque

Fecha de Publicación: 23/01/2021
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires


Este tipo de aves habita en América del Sur y está considerando en peligro, ya que en muchas zonas ha mermado la población como consecuencia de las actividades ilegales como la caza y el tráfico.
Dos guacamayos azulamarillo (Ara arauna), una especie que está en peligro de extinción, nacieron en el Bioparque de la ciudad bonaerense de La Plata en el marco del trabajo de conservación y protección de las especies que permanecen en el predio.
Desde el Bioparque, que depende de la Secretaría de Espacios Públicos, informaron que el nacimiento se produjo días atrás y que los pichones "se encuentran en buen estado de salud".
"Las aves son cuidadas por profesionales del propio Bioparque. Esta es una gran noticia ya que también es un aporte para contrarrestar la pérdida de biodiversidad, dado que la especie está en peligro", señaló José Etchart, el responsable del área.
Este tipo de guacamayo habita en América del Sur (sectores de Colombia, Brasil, Perú, Bolivia) y está considerando en peligro, ya que en muchas zonas ha mermado la población como consecuencia de las actividades ilegales como la caza y el tráfico.
Uno de los comportamientos más curiosos de la especie es que, una vez formada la pareja, ya no se separan.
Anidan cada dos años entre los meses de agosto y enero, en sus hábitats naturales cavan agujeros en los troncos de los árboles y palmeras, y la hembra generalmente pone dos o tres huevos.
.

Tucumán huele demasiado mal

Fecha de Publicación: 23/01/2021
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán


La capital tucumana fue calificada el año pasado como la ciudad con peor calidad de vida de entre las 24 cabeceras argentinas -23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, según un amplio relevamiento realizado a nivel nacional. En la muestra de más de 12.000 casos, llevada a cabo por la consultora IPD (Innovación, Política y Desarrollo) se tuvieron en cuenta catorce variables, entre ellas: contaminación, costo de vida, empleo, vivienda, transporte, infraestructura, conectividad, seguridad, medio ambiente, higiene, deportes, educación, cultura y si le gusta vivir en su ciudad.
Entre las respuestas negativas que se destacaron primaron las quejas de los ciudadanos respecto de los malos olores que envuelven al área metropolitana tucumana, causados principalmente por los cientos de basurales a cielo abierto desparramados por la urbe, la falta de higiene generalizada, los derrames cloacales que asfixian a toda la ciudad y los vahos nauseabundos que se desprenden de la fermentación de la vinaza, uno de los desechos que genera la producción de alcohol a partir de la caña de azúcar.
En algunos casos, la responsabilidad es compartida entre la población indiferente y mal educada, un gobierno provincial ineficaz y los municipios ineficientes, como ocurre con la falta de higiene y los basurales sin control.
En otros casos, la ausencia del Estado es alarmante y allí ninguna responsabilidad le cabe a la comunidad, como sucede con las cloacas explotadas en todas las esquinas y los ríos de aguas servidas, y con el irresponsable tratamiento que le dan los ingenios a la maloliente vinaza.
Hasta hace una década, aproximadamente, este derivado de la producción del alcohol, entre muchos otros desechos industriales, se arrojaban directamente a los ríos, lo que provocó que la Cuenca Salí-Dulce llegara a ser, como sigue siendo hoy, la segunda más contaminada de la Argentina, según informes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Tras varios juicios, multas y sanciones, desde 2012 comenzó a disminuir el volcado de vinaza a los cursos de agua y empezó a emplearse para regar campos de caña o para realizar compostajes.
El problema es que cuando la vinaza fermenta, y bajo ciertas condiciones climáticas, el aire en la provincia se torna irrespirable.
Los tucumanos llevamos años de promesas oficiales respecto de que esta contaminación atmosférica estaba en vías de solucionarse, mediante diferentes tratamientos industriales. Lejos de remediarse, a medida que aumenta la producción de alcohol para biocombustibles este flagelo se agrava cada año. Incluso, la vicepresidenta del Ente de Turismo, una de las oficinas que más debería preocuparse por la calidad ambiental, llegó a justificar estos olores nauseabundos, con el argumento de que forman parte de la idiosincrasia de la industria madre de los tucumanos, que es la producción azucarera.
Un razonamiento que hubiera encontrado cierto asidero a fines del Siglo XIX. Punto de vista que resulta insólito en la actualidad, cuando la economía de la provincia, según el Ministerio de Economía, depende un 66% de las actividades terciarias o de servicios, mientras que las actividades primarias o extractivas, y las secundarias o industriales
representan el 10% y el 24%, respectivamente.
Es decir, si es por su gravitación dentro del producto bruto interno, el sector de servicios hoy es la verdadera “industria madre” de la provincia. Al margen de este dato, no menos importante, no es un problema meramente económico sino que afecta a la salud de la población y a la maltratada calidad del medio ambiente provincial.
A demasiados organismos oficiales les compete solucionar este drama ambiental, desde el gobernador hasta la Secretaría de Medio Ambiente, la Subsecretaría de Protección Ambiental, la Dirección de Medio Ambiente, la Policía Ecológica, la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Ambiental de la Legislatura, además de fiscales y jueces.
.

Denuncian loteos en tierras afectadas por los incendios

Fecha de Publicación: 22/01/2021
Fuente: Hoy Día Córdoba
Provincia/Región: Córdoba


A pocos meses de los devastadores incendios que consumieron más de 300.000 hectáreas en toda la provincia, y tras observarse imágenes desgarradoras en distintos puntos cercanos a zonas urbanizadas, vecinos de Villa Santa Cruz del Lago denunciaron ayer la realización de loteos y trabajos de acondicionamiento en terrenos afectados por las llamas.
En las imágenes difundidas por los residentes de la zona conocida como El Pato se observaron conexiones de agua potable y topadoras abriendo caminos, algo ilegal en virtud de la categorización “amarilla” dada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia, y de la vigencia de la nueva Ley Nacional del Fuego (ver aparte).
Frente a la situación, personal de Policía Ambiental y propio intendente de esa localidad Omar De Geovanni, llegaron al lugar y junto a los vecinos lograron frenar las obras. Según trascendió desde la Municipalidad, en principio una empresa constructora habría presentado un proyecto de obra el 29 de diciembre, el cual aún no fue analizado ya que el Concejo Deliberante está en receso. “Por todo eso, la realización de trabajos es ilegal”, señalaron.
“Se abrieron caminos, zanjas y se colocaron caños para agua. No sabemos con qué permisos lo hacen, todo ese sector no se puede tocar”, contó una vecina en declaraciones dadas a conocer por el sitio Carlos Paz Vivo. Incluso, cargó contra las autoridades municipales al sostener que “nos dijeron que iban a labrar un acta, que los van a citar a los responsables, pero la verdad es que no tienen idea de leyes ambientales”.

Grave denuncia
En octubre del año pasado, Gabriel Napal, de la Asociación Civil Villa Parque San Miguel, había denunciado que los incendios fueron “intencionales”. “Se quemó zona de reserva, zona amarilla que no está poblada ni urbanizada donde se quería hacer el complejo Torres del Lago. No son sospechas, el inicio fue intencional. Lo tenemos filmado, dos focos con diferencias de kilómetros en el mismo predio”, especificó Napal, quien dijo que los terrenos rinden económicamente.

La sugestiva oferta de venta por Internet
En octubre del año pasado, la Provincia había presentado una denuncia penal ante la Justicia para que se investigue un hecho vinculado a la supuesta venta por Internet de estos mismos predios, que fueron objeto de feroces incendios.
La denuncia fue realizada por el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, quien estuvo patrocinado por el procurador del Tesoro, Juan Delgado, quienes adjuntaron la documentación que corrobora las ofertas de los terrenos en cuestión. Según se indicó, el lugar se encuentra al límite de la jurisdicción de Carlos Paz y Villa Santa Cruz del Lago. De cualquier manera, al haber sido afectados por las llamas se encontrarían protegidos por la Ley Nacional del Fuego, que prohíbe la modificación de su uso por espacio de entre 30 y 60 años.
.

Provincia firmará convenio con Naciones Unidas para auditoría internacional a la actividad minera

Fecha de Publicación: 22/01/2021
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


El Gobierno Provincial inició la ronda de mesas de trabajo y debate en torno al proyecto de ley que promueve el desarrollo industrial minero metalífero sustentable.
El Gobierno del Chubut comenzó ayer con las mesas de trabajo y la agenda de debate con distintos sectores económicos, productivos y empresariales vinculada al tratamiento de las bases para la ampliación sustentable de la matriz productiva, plasmadas en el proyecto de ley 128/20 que promueve el desarrollo industrial minero metalífero sustentable.
La reunión de trabajo se realizó desde las 17 horas de manera virtual, y estuvieron presentes los ministros de Hidrocarburos, Martín Cerdá; de Ambiente y Desarrollo del Control Sustentable, Eduardo Arzani; de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco, y la subsecretaria Cecilia Domínguez.
Participaron, entre otros, la Federación Empresaria del Chubut; la Cámara Industrial de Puerto Madryn; la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros; Colegio de Ingenieros, Colegio de Geólogos; Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia; Cámara de Industria y Comercio de Puerto Madryn: Cámara de Industria de Puerto Madryn; Cámara de Comercio, Industria y Comercio de Rawson; Cámara de Empresas del Golfo San Jorge; Cámara de Comercio de la Meseta, Sociedad Rural del Valle del Chubut y la Unión Industrial de Chubut. También formaron parte del encuentro virtual los diputados provinciales Carlos Eliceche, Graciela Cigudosa y Mariela Williams.
La apertura estuvo a cargo del ministro Cavaco y el detalle de la presentación fue realizada por los ministros Cerdá y Arzani y la subsecretaria Domínguez, quien destacó la necesidad de «un acuerdo para la construcción de consensos». Y partió del compromiso de que la zonificación no alcanzará a la zona cordillerana, será sin impacto sobre el río Chubut, sin uso de cianuro y sin derogar la ley 5.001.
Destacó además que el desarrollo en los Departamentos Gastre y Telsen abarca el 16 por ciento de la superficie provincial, que se reduce a un 12 por ciento cuando se contabilizan las zonas intangibles. Expuso además que, a diferencia de lo que ocurrirá en Chubut, los departamentos Gastre y Telsen tendrán un decrecimiento poblacional de entre el 8 y 12 por ciento hasta el año 2025, según proyecciones del INDEC.
Domínguez mencionó además que la única actividad económica es la ganadería y que desde el 2005 se perdieron el 50 por ciento de cabezas de ganado en el Departamento Gastre y el 80 por ciento en el Departamento Telsen.

«Efecto multiplicador»
Por su parte, el ministro Cerdá detalló que la inversión prevista ronda entre 1.300 y 1.600 millones de dólares, con la creación de 6.000 puestos de trabajo directos en la fase de construcción (años 1 y 2). Y durante 20 años, 2.600 puestos de empleo directos y 6.000 indirectos. «La participación del empleo chubutense será de 80 por ciento como mínimo en la planta de cada proyecto. La participación de proveedores será no menor al 50 por ciento y debe alcanzar un 70 por ciento al momento de la plenitud de proyecto», precisó.
Destacó además que se proyecta, por año, un movimiento económico por alimentos y catering de unos 4,5 millones de dólares; 2,1 millones de dólares en el rubro ferretería y 1,2 millones de dólares en indumentaria. Cerdá informó que las regalías serán de un 3 por ciento del valor boca de mina y que se implementará un Bono de Compensación del 2 por ciento, además de los Fondos Fiduciarios de Infraestructura (2 por ciento) y de Sustentabilidad (2 por ciento). Agregó a ello los ingresos por impuestos indirectos, como es el caso del 3,5 de Ingresos Brutos y del 0,4 por ciento sobre bienes y servicios.

Controles ambientales
El ministro de Ambiente detalló 18 artículos del proyecto de ley están referidos a aspectos vinculados al cuidado y protección del ambiente, detalló los procesos de cierres de mina. Y confirmó la realización de un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente, que prevé la instrumentación de una auditoría internacional.
En ese orden, precisó los aspectos alcanzados por la Sustentabilidad, Estudios de línea de base, Estudio de Impacto Ambiental, constitución de garantías o pólizas de caución, plan de cierre y Participación Social y Control Ambiental para la minería y la creación del Observatorio de Recursos Naturales.

Consultas de participantes
Luego de la presentación detallada del proyecto, los participantes pudieron hacer las preguntas y consultas que les parecían pertinentes. Hicieron preguntas Celso Pontet (Uich), Gerardo Caldera (Campem), Oscar Dethier (Cima), Fernando Locci (Colegio de Geólogos), Pablo Tedesco (Camad), José María Molina (Colegio de Ingenieros) y Carlos Montegro (Cámara de Comercio de la Meseta), Donato Laurita (Cima), y Roberto Williams (Sociedad Rural Valle del Chubut), entre otros.
.

Avanza el proyecto Ecoparque Socioambiental Quilmes

Fecha de Publicación: 22/01/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Buenos Aires


El Ministerio de Ambiente recibió dos propuestas para la definición de la estructura organizacional y capacitación para la operación del nuevo complejo.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, realizó esta mañana el acto de apertura en el que recibieron dos propuestas para la definición de la estructura organizacional y de capacitación para la operación del nuevo Complejo Socioambiental “Ecoparque Quilmes”.
Las propuestas recibidas apuntan al desarrollo de un organigrama de gestión y operación para la planta de reciclaje del ecoparque, con indicaciones de los perfiles de las candidatas y candidatos a ocupar cada puesto, detalles sobre las líneas de procesos de todo el complejo y las pautas de intervención en cada línea de trabajo. Al mismo tiempo, las proposiciones debían incluir programas de capacitación básica y específica, con una planificación que comprendiera las instancias de evaluación, calificación y seguimiento.
El proyecto “Ecoparque Quilmes” es una iniciativa que busca minimizar la generación y el enterramiento de residuos, formalizar la actividad de recuperación, mejorar los servicios de higiene urbana y promover la separación en origen. Además, contempla una planta para unos 310 trabajadoras y trabajadores que desempeñen sus tareas en adecuadas condiciones laborales de resguardo y salubridad.
Esta iniciativa es articulada por la cartera nacional de Ambiente junto al municipio bonaerense de Quilmes, a través del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, y recibe financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El monto estimado para la consultoría asciende a los 158 mil dólares.
Del acto participó el director de Proyectos con Financiamiento Externo, Martín Illescas.
.

Hallaron herbicidas e insecticidas en el Salado y en los peces muertos

Fecha de Publicación: 21/01/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


Tanto en agua, sedimento y tejidos de las especies ictícolas se encontraron diferentes tipos de agrotóxicos, entre ellos glifosato. Desde la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe piden un monitoreo más exhaustivo y con continuidad espacio-temporal sobre la presencia de desechos agrícolas.
El 2020 quedó atrás, pero algo importante restaba resolverse: conocer las causas de la mortandad de peces, sucedida en el río Salado entre los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre.
A fines del año pasado, El Litoral dio a conocer los resultados preliminares elaborados por el laboratorio del Inali (Instituto Nacional de Limnología-UNL) sobre las muestras de agua obtenidas en tres sectores (bajo el puente de la Ruta 70; aguas arriba y aguas abajo del Puente Carretero). Tras analizar la relación de la DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) y la DQO (Demanda Química de Oxígeno), determinaron que en el agua había presencia de vertidos domésticos, bosta de ganado y productos alimenticios. "Esto es un indicativo, no es la causante de la mortandad", había señalado Luis Espínola, doctor en Ciencias Ambientales, investigador adjunto del Conicet (Inali-UNL).
Pero restaba el informe del Laboratorio de Ecotoxicología, dependiente de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL). Luego de analizar las muestras, los resultados indicaron lo que se sospechaba: la presencia de herbicidas e insecticidas en el agua y en los peces muertos.  
Estos informes fueron solicitados en la investigación que se tramita ante los fiscales extrapenales dependientes del Ministerio Público de la Procuración General de la Corte. La impactante mortandad de peces no sólo generó gran preocupación social sino también la intervención de distintas esferas gubernamentales, que son independientes de la investigación dispuesta por la Procuración de la Corte Suprema.
En una nota con El Litoral, el Dr. Jorge Barraguirre, Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, comentó: "Abrimos un expediente preventivo, tendiente a confirmar las sospechas según las observaciones preliminares de los expertos", y había mencionado que "creemos que se podrán encontrar agroquímicos, pero no en la cantidad que revelaría una especie de toxicidad antropogénica. Todos los científicos que consultamos nos dicen que puede haberse lavado el terreno por la lluvia de estos días y llevado agrotóxicos al río".
Para la investigación se tomaron como pruebas el agua del río, sedimento del lecho y peces moribundos. Las muestras se obtuvieron en presencia de los expertos de las instituciones y funcionarios de la Procuración General. Ahora, este medio accedió a esos informes.
.

Detienen una camioneta que transportaba en la caja 400 loros habladores

Fecha de Publicación: 21/01/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta - Santiago del Estero


El vehículo  fue detenido por Gendarmería Nacional en la ruta 16.Los compradores de aves habrían visitado parajes de Salta.
Una camioneta cargada con más de 400 ejemplares de loros habladores, especie que se cría y reproduce únicamente en la zona de la llanura chaqueña, fue decomisada por Gendarmería Nacional. Tres personas quedaron imputadas por los delitos contra el medio ambiente, en tanto los pichones están siendo alimentados para ser devueltos a su hábitat natural, cuando estén en condiciones de hacerlo.
El procedimiento informado se produjo sobre ruta 16, en jurisdicción ya de Monte Quemado.
Personal de Gendarmería detectó en una camioneta 400 loros habladores que iban a ser vendidos en el sur del país, donde cada ejemplar se cotiza según internet a más de 50.000 pesos cada uno.
A los detenidos (cuatro) se les abrió una causa por encontrarse en infracción a la ley 4.802 ley de protección de fauna silvestre.
La cantidad de aves que transportaba la camioneta era productos de un acopio previo de los compradores de aves silvestres, que ingresan a nuestra provincia y adquieren en distintos puntos del chaco salteño, ésta y otras especies en extinción, para abastecer un mercado interno y de exportación de la fauna silvestre del chaco.
El procedimiento se realizó ayer domingo, en horas de la mañana, por efectivos de la Sección “Monte Quemado” sobre ruta nacional 16, en un paraje colindante con nuestra provincia.
Los 400 loros delataron al conductor cuando inspeccionaron su Toyota Hilux.
El traficante de fauna, de nacionalidad argentina, se encontraba acompañado por otras tres personas.
Al momento del registro del rodado, los gendarmes escucharon los pedidos de socorro de los 400 amontonados en cajones de tomates y cubiertos por un cobertor.
400 loros de la especie Amazonas Aestiva (loros habladores) estaba ya listos presumiblemente para su comercialización.
Los demorados no fueron detenidos, sino informados de la causa que se les abrió.
En tanto, los cientos de ejemplares de estas aves fueron entregados a personal de la Dirección de Fauna y Bosques de la provincia de santiago del Estero.
.

Se recolectan 500 toneladas de residuos por día, un 25% más que el año pasado

Fecha de Publicación: 21/01/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


La cantidad de desechos sigue en aumento y la ciudad desarrolla un sistema de gestión integral con puntos verdes. Aseguran que el 40% de esa cifra puede ser reutilizable. En enero del 2020 se acopiaban 400 toneladas.
Por día llegan 500 toneladas de residuos al vertedero municipal, de acuerdo con el registro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Corrientes. Según la gestión integral, el 40% de lo acopiado puede ser reciclable y reutilizable.
El número de enero del año pasado era de 100 toneladas menos, y crecía la preocupación por establecer una nueva planta de tratamiento.
En tanto, continúa el depósito en el predio de Sadoyea Venturino, ubicado en la Ruta Provincial Nº 5, camino a Laguna Brava.
El mes pasado la Comuna presentó una guía práctica para los vecinos, con el fin de capacitar y generar conciencia en torno a la separación y reutilización de residuos. Se trata de una labor que incluirá la intervención de especialistas y trabajadores provinciales municipales, junto con la fundación Manos Verdes.
Para inscribirse en el padrón municipal de recolectores y emprendedores Girsu o por consultas sobre dónde, qué o cómo separar los residuos para que puedan ser reciclados, se debe escribir a educacionambiental@ciudaddecorrientes.gov.ar.

Girsu
La gestión integral de residuos sólidos urbanos que intenta implementar la ciudad de Corrientes fomenta la separación en origen y entiende que “todos los residuos son recursos”.
El 57% está conformado por materiales orgánicos, y les siguen los plásticos (16%) y papeles-cartones (13%).
A finales del año 2017 se sancionó en Corrientes la Ley Provincial de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), número 6.422.
Por iniciativa del Gobierno provincial, la ciudad de Corrientes y los municipios vecinos decidieron encarar acciones conjuntas para hacer frente a la problemática en la región metropolitana.
Con el programa Reciclando Juntos, la ciudad está trabajando desde 2018 para concientizar a la comunidad e implementar un sistema de recuperación y revalorización de los residuos aprovechables.

Alternativas
A la recolección cotidiana, sumaron el sistema de cinco puntos verdes en el casco céntrico de la ciudad. Además, creció el número de vecinos que en los barrios se encargan de recolectar materiales, sobre todo plásticos y cartones, para donarlos a las cooperativas.
Son tres las organizaciones que tratan de regularizar el trabajo de la recolección de residuos, con el propósito de vender los acopios para su tratamiento de reutilización.
.

Un caso de corrupción reveló una grave amenaza ambiental en Santa Fe

Fecha de Publicación: 20/01/2021
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Fe


El interrogante sobre el impacto de los casos de corrupción se hace palpable en la causa judicial que envuelve a la Petroquímica Bermúdez, una planta situada sobre el río Paraná, a cinco kilómetros del límite con Rosario. "Es una bomba ambiental", definió el fiscal Luis Schiappa Pietra, que llevará a una audiencia imputativa al empresario Sergio Tasselli,a su hermano Máximo y al exjefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal, a los que acusará de "pactar" el archivo de una causa en la que se investigaba el desastre ambiental que se originó en la planta de insumos químicos, de 20 hectáreas.
De ese predio, que Tasselli -actualmente procesado en la causa de los cuadernos de las coimas- adquirió en 1998 y cerró en 2013, como otra decena de empresas que compró en los 90, desaparecieron 850 tubos de gas de cloro de una tonelada cada uno, una sustancia altamente tóxica, según el acta 197 del Ministerio de Medio Ambiente que consta en la causa, a la que accedió LA NACION. El escape de gas de tan solo uno de esos tambores provocaría la evacuación de las poblaciones de ciudades cercanas, como Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria y el norte de Rosario, señala uno de los informes.
 Nadie sabe adónde fueron a parar esos contenedores de gas cloro, trágicamente conocido por su uso durante la Primera Guerra Mundial como arma química. Se sospecha que podrían haberse tirado al río Paraná o haberse enterrado, algo peor -según señalan los especialistas- porque no se tiene ningún control del daño que podrían causar las sustancias. "Desaparecieron", apuntó el fiscal.
"Es un desastre ambiental que podría tener dimensiones impensadas", explicó Cecilia Bianco, de la ONG Taller Ecologista, entidad que hace cinco años puso en alerta a las autoridades sobre lo que ocurría con el desmantelamiento de Petroquímica Bermúdez. "Detectamos que durante la noche entraban y salían camiones de la planta, con lo cual la principal sospecha es que estaban sacando las bombonas de cloro", advirtió.
 Además del cloro gaseoso, se detectaron otras sustancias altamente tóxicas que contaminaron las napas freáticas por los escapes permanentes de residuos, como cloroformo, benceno, mercurio y lindano (conocido como Gammexane), un insecticida que se fabricó en ese predio. "El peligro es que no se sabe si las napas de los barrios vecinos están contaminadas con estas sustancias, altamente cancerígenas", señaló un exfuncionario que investigó el caso.
Cinco días antes de que se decretara el aislamiento por la pandemia, los pobladores de la zona se reunieron en el club Vecinos Unidos, en el barrio Celulosa, para pedir a las autoridades que intervengan ante esta "bomba ambiental". La pendiente de las napas va hacia el barrio El Espinillo, con lo cual el peligro es que esas sustancias hayan penetrado en el área donde hay consumo de agua de la población.
La planta química se llamaba Electroclor y se inauguró en 1946. En ese momento, los accionistas eran Duperial y Celulosa Argentina, que cerraron la fábrica en 1993, donde antiguamente se aprovechaban y procesaban los residuos de cloro que en ese momento usaban en la papelera.
En 1998, el grupo Tasselli adquirió la planta, donde en esa época solo se producía cloro, acetileno y tricloroetileno, y la nombró Petroquímica Bermúdez. Cinco años después, en julio de 2013, la planta quedó paralizada por un conflicto laboral que terminó en un intento de toma de la fábrica por parte de los trabajadores del gremio químico, que fueron sacados, según denunciaron en ese momento, por una patota. La estrategia que la empresa usó en esta ciudad del Gran Rosario se repitió en otros emprendimientos que fueron desmantelados, como Río Turbio, Altos Hornos Zapla y Agrinar, entre otros.
 ¿Por qué este empresario había comprado una planta química para después cerrarla? La sospecha es que se buscó vender chatarra, según quienes conocen la investigación. El problema es que no era una chatarra cualquiera, sino residuos altamente contaminados y peligrosos.
Desde ese momento, el Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe comenzó a exigirle "un cierre seguro" de la planta. Pero Tasselli, según fuentes de la anterior administración de Santa Fe consultadas, "nunca cumplió". Ante ese escenario, a través de la Fiscalía de Estado, en 2016 se presentó una denuncia penal en el Ministerio Público de la Acusación, que recayó en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales.
En 2017, una auditoría detectó "la presencia de diversos productos químicos peligrosos que ameritan acciones inmediatas para evitar una emergencia ambiental con la afectación de la población". "Ante cualquier emergencia que libere productos tóxicos a la atmósfera, es altamente probable que la nube de gases sea arrastrada por el viento hacia poblaciones que rodean las instalaciones de Petroquímica Bermúdez, hacia el sur, el norte y el oeste", señala el informe, firmado por el ingeniero Andrés Salum.

Causa cerrada, fiscal preso
Cuando la causa penal avanzaba sobre la responsabilidad de Tasselli, según indicaron fuentes judiciales comenzó a gestarse una maniobra para clausurarla, que ahora va a terminar en la imputación de los Tasselli y del exjefe de los fiscales de Rosario Serjal, actualmente preso por el cobro de sobornos en una causa ligada al juego clandestino.
Los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery, que encabezan la Unidad de Crimen Organizado, empezaron a relevar las causas que había cerrado Serjal. Se encontraron con que el 8 de marzo de 2019 el fiscal de San Lorenzo Juan Carlos Ledesma había pedido el archivo de la causa de Petroquímica Bermúdez en una audiencia ante el juez Juan José Tutau. "Es la instrucción de mi superior", dijo, en alusión a Serjal.
La sospecha es que el pago de sobornos en este caso podría haber sido de más 180.000 dólares, revelaron las fuentes. Con el archivo del caso se terminaba la causa penal que preocupaba a Tasselli y a su hermano Máximo, presidente de Petroquímica Bermúdez.
 En la causa, según describió el fiscal Schiappa Pietra, sobraban elementos para seguir la investigación e imputar a los empresarios. Serjal pidió el archivo de la causa porque la Fiscalía de Estado de Santa Fe también había desistido de la acción penal luego de firmar en 2018 un acuerdo de "remediación" -que incluía el traslado seguro de las sustancias contaminantes- de la planta de Capitán Bermúdez, que Tasselli nunca cumplió. Por eso, otro de los llamados a declarar es el fiscal adjunto de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), Gustavo Luzzini, que desistió de seguir con la causa.
El 23 de diciembre pasado, Schiappa Pietra y Edery recibieron la novedad de que el juez de San Lorenzo Eugenio Romanini había anulado la imputación al considerar que los Tasselli ya habían sido juzgados cuando se archivó la causa, por pedido del exfiscal que está preso por cobrar sobornos.
El 31 de diciembre, sin embargo, la jueza de Cámara Georgina Depetris avaló el pedido de recusación del juez y, tras la finalización de la feria, los Tasselli deberán enfrentar la imputación, que probablemente sea acompañada, según las fuentes judiciales, de un pedido de detención. "Mientras tanto, los vecinos de la zona conviven con una bomba ambiental", afirmó Cecilia Bianco, del Taller Ecologista.
.

El Gobierno provincial realiza un monitoreo ambiental del río Conlara

Fecha de Publicación: 20/01/2021
Fuente: ANSL
Provincia/Región: San Luis


A través de la Secretaría de Medio Ambiente y Parques se trabaja con el objetivo de sistematizar información geográfica que permitirá obtener un diagnóstico de la situación socio ambiental del río, para identificar problemáticas actuales y sus posibles soluciones.
El río Conlara se encuentra al noroeste de la provincia, cuenta con 180 kilómetros de longitud y es uno de los pocos ríos del país que corre de sur a norte. Tiene un buen régimen de agua, siendo un río permanente, con excepción en las zonas cercanas a su infiltración o desaparición.
Siguiendo el desarrollo de políticas ambientales que se aplican para el cuidado de los recursos hídricos, la cartera ambiental realiza un relevamiento de muestras y elementos que permitirá obtener el estado actual que describa las diferentes actividades y situaciones que pudieran estar generando algún tipo de influencia en las características del río Conlara.
Actualmente, el equipo ambiental trabaja en la etapa 3, obteniendo muestras físico-químicas y microbiológicas para determinar la calidad del agua, teniendo en cuenta los diferentes usos que se le da al río Conlara. Los sectores analizados abarcan desde la localidad de Paso Grande a San Pablo y se continuará por todo el curso del río hasta la localidad de Lafinur, donde finaliza.
Este diagnóstico ambiental permitirá plantear diferentes líneas de trabajo en caso de encontrar situaciones de contaminación debidas a las acciones humanas. Las muestras obtenidas facilitarán conocer si el agua se encuentra contaminada o en buen estado.
.

Se pone en marcha el programa provincial de Reciclado

Fecha de Publicación: 20/01/2021
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


El Gobierno provincial apuesta al fortalecimiento de acciones colaborativas que se vienen desarrollando en el marco del Gabinete de Desarrollo Sustentable, cuya síntesis se expresa en las diferentes acciones que se han generado a través del Programa «Chubut Sustentable».
Dicho Programa tiene como objetivo final trabajar en la transformación de la matriz productiva provincial, modificando la estrategia de intervención, promoviendo la generación de Planes de Desarrollo Local, que valorizan la dimensión local a nivel de municipios o comunas rurales.
Al respecto hubo una reunión que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Ambiente, y participaron de la misma el Ministro de dicha cartera, Eduardo Arzani; los secretarios de Trabajo, Cristian Ayala, de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura, Mauro Carrasco, el subsecretario de Agricultura, Claudio Mosqueira, y el coordinador del Programa «Chubut Sustentable», Rubén Contreras.
Se realizó un repaso de las actividades iniciadas durante el ejercicio anterior, actualizando el estado de avance de cada una de ellas, que incluye los compromisos cumplidos y/o asumidos por cada uno de los organismos que integran dicho Gabinete.
Paralelamente se confirmó la actividad a realizar el próximo 2 de febrero, la cual se viene coordinando desde Chubut Sustentable, y que involucra la participación de funcionarios nacionales vinculados a las temáticas, caso del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del INAES, como de legisladores nacionales.
La actividad en cuestión se asocia a dos acciones complementarias: la puesta en marcha del Programa Provincial de Reciclado, que implica la adhesión de Chubut al Programa Argentina Recicla; y la firma del acuerdo vinculado a la puesta en marcha del Proyecto de Hermanamiento con la República de Bolivia.
Al respecto, el coordinador de «Chubut Sustentable», Rubén Contreras, destacó la importancia de ambas actividades, señalando que «en el caso del Proyecto de Hermanamiento con Bolivia, dada la trascendencia asignada a esta acción, ha confirmado la presencia en la zona, el embajador de Bolivia», agradeciendo a los responsables de la Asociación Compromiso Federal, el vínculo generado con las autoridades de Bolivia.
Por su parte, el secretario de Trabajo, Cristian Ayala, remarcó que «hay seguir apostando a la construcción de este tipo de espacios de carácter interjurisdiccional, que permiten generar las condiciones necesarias para la generación de diferentes oportunidades laborales autogestivas, revalorizando y fortaleciendo los esquemas vinculados a la Economía Social Solidaria».
Sobre la actividad, el Ministro Arzani señaló «que se busca darle continuidad a este esquema de participación interministerial, en busca de mejorar la bajada a territorio de diferentes herramientas tanto de orden nacional como provincial, destacando la participación protagónica que han tenido las organizaciones sociales, en la definición de estas actividades».
Finalmente, Arzani indicó «que estamos cumpliendo con el compromiso asumido oportunamente, en relación a conformar una Mesa Provincial vinculada a la gestión integral de residuos urbanos, incorporando el planteo de Argentina Recicla, de la cual surgirá de forma consensuada, la aprobación y puesta en marcha de un Programa Provincial, definiendo la primer reunión de esta Mesa, para el próximo 02 de febrero».
.