Allen y el enésimo derrame petrolero
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Río Negro: un derrame de petróleo en un pozo de YPF preocupa a fruticultores de Allén
Fecha de Publicación: 06/12/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Río Negro
Productores fruticultores de la zona de Allén, Río Negro, se encuentran en estado de alerta por un derrame de petróleo producido ayer al mediodía en un pozo de la compañía YPF. Se trata del pozo EFO355 del yacimiento Estación Fernández Oro. Los vecinos tomaron conocimiento de la situación por un ruido proveniente del lugar, lo que a los pocos minutos generó que sonara la alarma de protocolo de la empresa.
Un comunicado de YPF indicó que el inconveniente tuvo origen en una fuga de gas con fluidos de perforación. También señaló que se trabajó para intentar controlar la fuga y que el pozo volviera a su condición "normal", y así evitar potenciales daños en zonas cercanas.
Hoy la empresa volvió a difundir otro comunicado donde señala que todas las medidas de seguridad "tuvieron como única finalidad controlar lo más rápido posible y al mismo tiempo preservar la integridad" de las personas y el medio ambiente.
"La compañía destina por estas horas todos los recursos disponibles para caracterizar y remediar la situación en coordinación con las autoridades de aplicación. Más de 60 personas y 15 máquinas trabajan en el lugar para terminar de recuperar de la locación el fluido base agua derramado y volver la misma a su situación previa", dice el texto.
En el lugar actuaron los fiscales de Cipolletti, Gustavo Herrera, y de Roca, Andrés Nelli, quienes ingresaron a la planta con autoridades provinciales de la Secretaría de Ambiente y labraron las actas correspondientes. Los directivos del establecimiento así como funcionarios municipales y representantes de las cámaras de productores agrícolas también acudieron al lugar, dado que se trata de un área de chacras.
Aunque los fruticultores de la zona se encuentran en estado de alerta por temor a eventuales daños, el Gobierno de Río Negro, en un comunicado, sostuvo que no fueron afectadas chacras ni cursos de agua. "Inspectores de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Departamento Provincial de Aguas y la Secretaría de Energía comprobaron que se produjo una fuga de gas con fluidos, contenida con terraplenes de tierra, en un pozo del yacimiento Estación Fernández Oro", dice el comunicado. Y continúa: "La empresa había montado un operativo de seguridad que logró contener el fluido en el predio del pozo". De esa manera también precisa que los técnicos provinciales reclamaron, como prevención, la colocación de barreras de contención de un desagüe cercano.
Hace 45 días hubo un derrame de petróleo en Vaca Muerta, que también opera YPF en Neuquén. El gobierno provincial suspendió la licencia ambiental de la compañía para la explotación en Bandurria Sur, donde ocurrió el hecho que afectó a una zona de tres hectáreas. Sin embargo, los daños naturales se extendieron hasta 27 kilómetros.
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Fecha de Publicación: 06/12/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Río Negro
Productores fruticultores de la zona de Allén, Río Negro, se encuentran en estado de alerta por un derrame de petróleo producido ayer al mediodía en un pozo de la compañía YPF. Se trata del pozo EFO355 del yacimiento Estación Fernández Oro. Los vecinos tomaron conocimiento de la situación por un ruido proveniente del lugar, lo que a los pocos minutos generó que sonara la alarma de protocolo de la empresa.
Un comunicado de YPF indicó que el inconveniente tuvo origen en una fuga de gas con fluidos de perforación. También señaló que se trabajó para intentar controlar la fuga y que el pozo volviera a su condición "normal", y así evitar potenciales daños en zonas cercanas.
Hoy la empresa volvió a difundir otro comunicado donde señala que todas las medidas de seguridad "tuvieron como única finalidad controlar lo más rápido posible y al mismo tiempo preservar la integridad" de las personas y el medio ambiente.
"La compañía destina por estas horas todos los recursos disponibles para caracterizar y remediar la situación en coordinación con las autoridades de aplicación. Más de 60 personas y 15 máquinas trabajan en el lugar para terminar de recuperar de la locación el fluido base agua derramado y volver la misma a su situación previa", dice el texto.
En el lugar actuaron los fiscales de Cipolletti, Gustavo Herrera, y de Roca, Andrés Nelli, quienes ingresaron a la planta con autoridades provinciales de la Secretaría de Ambiente y labraron las actas correspondientes. Los directivos del establecimiento así como funcionarios municipales y representantes de las cámaras de productores agrícolas también acudieron al lugar, dado que se trata de un área de chacras.
Aunque los fruticultores de la zona se encuentran en estado de alerta por temor a eventuales daños, el Gobierno de Río Negro, en un comunicado, sostuvo que no fueron afectadas chacras ni cursos de agua. "Inspectores de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Departamento Provincial de Aguas y la Secretaría de Energía comprobaron que se produjo una fuga de gas con fluidos, contenida con terraplenes de tierra, en un pozo del yacimiento Estación Fernández Oro", dice el comunicado. Y continúa: "La empresa había montado un operativo de seguridad que logró contener el fluido en el predio del pozo". De esa manera también precisa que los técnicos provinciales reclamaron, como prevención, la colocación de barreras de contención de un desagüe cercano.
Hace 45 días hubo un derrame de petróleo en Vaca Muerta, que también opera YPF en Neuquén. El gobierno provincial suspendió la licencia ambiental de la compañía para la explotación en Bandurria Sur, donde ocurrió el hecho que afectó a una zona de tres hectáreas. Sin embargo, los daños naturales se extendieron hasta 27 kilómetros.
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Cortometraje muestra la lucha de mujeres en el Riachuelo
Las mujeres del río: cómo es la lucha cotidiana contra la contaminación del Riachuelo
Fecha de Publicación: 06/12/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Un cortometraje muestra el trabajo y la valentía de quienes pelean a diario en el curso de agua, a una década del fallo de la Corte que ordena su saneamiento
La contaminación del Riachuelo baja hacia su desembocadura en el Río de la Plata a través de 64 kilómetros. En ese camino cuenta historias de mujeres valientes que en su pelea cotidiana intentan revertir una de las situaciones más graves en las que puede estar una población: el olvido y el abandono.
Esto es lo que cuenta el cortometraje Las mujeres del río, dirigido e ideado por Soledad Fernández Bouzo, que recoge la acción de Beatriz Mendoza, la vecina que comenzó con la causa por el saneamiento del Riachuelo que llegó a la Corte Suprema, de Claudia Leguizamón, maestra de una escuela de Villa Jardín y de Graciela Aguirre, que da clases en Lomas de Zamora, en Villa Lamadrid.
"Es muy frustrante. Lo que veo es involución. Hay cosas que me entristecen y hasta opacan todo lo voluntarioso que uno puede ser. Mi problema comenzó con una polineuritis cuando trabaja en la Villa Inflamable, en Dock Sud. Cada año nacen entre 300 y 500 chicos allí y nadie sabe si tienen plomo o hidrocarburos en la sangre y tampoco nadie sigue los casos. Hay acciones, pero no apuntan al centro del problema", le dice a Infobae Mendoza en el predio de la Universidad de Lanús donde la semana pasada se presentó oficialmente el cortometraje.
El reclamo de los vecinos no parece imposible de cumplir. Sin embargo, no ocurre: "Es necesario que se deje de contaminar, eso necesitamos. Y luego, atención de la salud".
En julio de este año se cumplieron 10 años de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fue considerada histórica. El máximo tribunal ordenó a los estados nacional, bonaerense y porteño a sanear la cuenca más contaminada de la Argentina. Sin embargo, el balance de esas acciones tiene un sabor agridulce.
Después de años de atraso, avanza una megaobra cloacal financiada por el Banco Mundial para descargar los efluentes de 2 millones de personas a 12 kilómetros de la costa del Río de la Plata. Mientras tanto, las relocalizaciones de la población están muy atrasadas, los basurales clandestinos vuelven a brotar, la salud de la población se atiende de forma deficiente y el agua sigue igual o peor que hace una década o que hace un siglo.
Pero la pelea por que se cumpla con el fallo judicial no es la única que se da en esta cuenca en la que viven unas 7 millones de personas. "Busco que los chicos dejen de ser invisibles. Son los olvidados y por momentos ves que van a la escuela a permanecer. Así son los estudiantes con los que trabajamos", agrega Aguirre, directora de la ESB 334.
Después de años de atraso, avanza una megaobra cloacal financiada por el Banco Mundial para descargar los efluentes de 2 millones de personas a 12 kilómetros de la costa del Río de la Plata. Mientras tanto, las relocalizaciones de la población están muy atrasadas
"Primero, les cuesta ver que nacen en ese ámbito pero que no son ellos los responsables. Es un proceso que es largo en el que hay que explicarles que tienen derechos. Ellos incluso intentan diseminar el mensaje entre sus familias, pero ellos también entraron en ese letargo", le cuenta a Infobae.
Leguizamón está en la misma lucha. Es maestra de la escuela 72 en Villa Jardín Lanús. Ella no pudo ir a la presentación del cortometraje que la tiene como protagonista. La emergencia lo impidió: las lluvias dejaron anegados a cientos de vecinos que buscaban un refugio para dormir o comer, después de que la inundación transformara en inhabitables sus casas.
"Un día les pedí a los pibes que escribieran en una hoja lo que les pasaba y entre los papeles había una hoja en blanco. Cómo podía pasar eso, no era obligatorio el trabajo. Sé de qué niño es y me entero de la muerte de sus dos hermanitos. No me puedo quedar con los brazos cruzados sabiendo que los chicos no tienen inodoro, viendo que no tienen un espacio para jugar, viendo que la plaza que había se transformó en un basural gigantesco", dice en uno de los pasajes del corto y describe la realidad que sufren varios de los barrios y asentamientos que están en los bordes del Riachuelo.
Vivir condenados, vivir esperando, como describen el sociólogo de la Universidad de Austin, el argentino Javier Auyero y la antropóloga Débora Swistun en su libro Inflamable. En la Villa Inflamable, en Dock Sud, por caso, donde además de la tormenta se registró un nuevo accidente en la empresa Shell con incendio incluido. Allí viven 1800 familias que iban a ser relocalizadas. Ese proceso, aún no comenzó.
No me puedo quedar con los brazos cruzados sabiendo que los chicos no tienen inodoro, viendo que no tienen un espacio para jugar, viendo que la plaza que había se transformó en un basural gigantesco
"Es un abandono por parte del Estado. No es un problema de justicia ambiental, es un problema político", insiste Mendoza.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) instaló medidores de calidad de aire en la zona y una encuesta. Y la Dirección de Salud y Educación Ambiental del organismo llevó adelante el proyecto "Niveles de plombemia en perros de la Cuenca Matanza Riachuelo como centinelas de riesgo ambiental". La vecina que inició la causa tiene sentimientos encontrados porque cree que si la agencia se disuelve o la desarman pierden todos.
Las noticias no son muy alentadoras por estos días. La Acumar, que ahora depende del Ministerio del Interior, tendrá en 2019 unos $1000 millones menos que este año.
Según las fuentes consultadas, esta diferencia radica en la contratación o no de los servicios para recolección de residuos de las orillas del río. Hasta este año esa tarea está a cargo de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), la idea del ex vicejefe de gabinete, Mario Quintana, era que desde el año próximo esa tarea quedara a cargo de los municipios. En año electoral y con recesión, los expertos aseguran que será difícil que ocurra.
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Fecha de Publicación: 06/12/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Un cortometraje muestra el trabajo y la valentía de quienes pelean a diario en el curso de agua, a una década del fallo de la Corte que ordena su saneamiento
La contaminación del Riachuelo baja hacia su desembocadura en el Río de la Plata a través de 64 kilómetros. En ese camino cuenta historias de mujeres valientes que en su pelea cotidiana intentan revertir una de las situaciones más graves en las que puede estar una población: el olvido y el abandono.
Esto es lo que cuenta el cortometraje Las mujeres del río, dirigido e ideado por Soledad Fernández Bouzo, que recoge la acción de Beatriz Mendoza, la vecina que comenzó con la causa por el saneamiento del Riachuelo que llegó a la Corte Suprema, de Claudia Leguizamón, maestra de una escuela de Villa Jardín y de Graciela Aguirre, que da clases en Lomas de Zamora, en Villa Lamadrid.
"Es muy frustrante. Lo que veo es involución. Hay cosas que me entristecen y hasta opacan todo lo voluntarioso que uno puede ser. Mi problema comenzó con una polineuritis cuando trabaja en la Villa Inflamable, en Dock Sud. Cada año nacen entre 300 y 500 chicos allí y nadie sabe si tienen plomo o hidrocarburos en la sangre y tampoco nadie sigue los casos. Hay acciones, pero no apuntan al centro del problema", le dice a Infobae Mendoza en el predio de la Universidad de Lanús donde la semana pasada se presentó oficialmente el cortometraje.
El reclamo de los vecinos no parece imposible de cumplir. Sin embargo, no ocurre: "Es necesario que se deje de contaminar, eso necesitamos. Y luego, atención de la salud".
En julio de este año se cumplieron 10 años de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fue considerada histórica. El máximo tribunal ordenó a los estados nacional, bonaerense y porteño a sanear la cuenca más contaminada de la Argentina. Sin embargo, el balance de esas acciones tiene un sabor agridulce.
Después de años de atraso, avanza una megaobra cloacal financiada por el Banco Mundial para descargar los efluentes de 2 millones de personas a 12 kilómetros de la costa del Río de la Plata. Mientras tanto, las relocalizaciones de la población están muy atrasadas, los basurales clandestinos vuelven a brotar, la salud de la población se atiende de forma deficiente y el agua sigue igual o peor que hace una década o que hace un siglo.
Pero la pelea por que se cumpla con el fallo judicial no es la única que se da en esta cuenca en la que viven unas 7 millones de personas. "Busco que los chicos dejen de ser invisibles. Son los olvidados y por momentos ves que van a la escuela a permanecer. Así son los estudiantes con los que trabajamos", agrega Aguirre, directora de la ESB 334.
Después de años de atraso, avanza una megaobra cloacal financiada por el Banco Mundial para descargar los efluentes de 2 millones de personas a 12 kilómetros de la costa del Río de la Plata. Mientras tanto, las relocalizaciones de la población están muy atrasadas
"Primero, les cuesta ver que nacen en ese ámbito pero que no son ellos los responsables. Es un proceso que es largo en el que hay que explicarles que tienen derechos. Ellos incluso intentan diseminar el mensaje entre sus familias, pero ellos también entraron en ese letargo", le cuenta a Infobae.
Leguizamón está en la misma lucha. Es maestra de la escuela 72 en Villa Jardín Lanús. Ella no pudo ir a la presentación del cortometraje que la tiene como protagonista. La emergencia lo impidió: las lluvias dejaron anegados a cientos de vecinos que buscaban un refugio para dormir o comer, después de que la inundación transformara en inhabitables sus casas.
"Un día les pedí a los pibes que escribieran en una hoja lo que les pasaba y entre los papeles había una hoja en blanco. Cómo podía pasar eso, no era obligatorio el trabajo. Sé de qué niño es y me entero de la muerte de sus dos hermanitos. No me puedo quedar con los brazos cruzados sabiendo que los chicos no tienen inodoro, viendo que no tienen un espacio para jugar, viendo que la plaza que había se transformó en un basural gigantesco", dice en uno de los pasajes del corto y describe la realidad que sufren varios de los barrios y asentamientos que están en los bordes del Riachuelo.
Vivir condenados, vivir esperando, como describen el sociólogo de la Universidad de Austin, el argentino Javier Auyero y la antropóloga Débora Swistun en su libro Inflamable. En la Villa Inflamable, en Dock Sud, por caso, donde además de la tormenta se registró un nuevo accidente en la empresa Shell con incendio incluido. Allí viven 1800 familias que iban a ser relocalizadas. Ese proceso, aún no comenzó.
No me puedo quedar con los brazos cruzados sabiendo que los chicos no tienen inodoro, viendo que no tienen un espacio para jugar, viendo que la plaza que había se transformó en un basural gigantesco
"Es un abandono por parte del Estado. No es un problema de justicia ambiental, es un problema político", insiste Mendoza.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) instaló medidores de calidad de aire en la zona y una encuesta. Y la Dirección de Salud y Educación Ambiental del organismo llevó adelante el proyecto "Niveles de plombemia en perros de la Cuenca Matanza Riachuelo como centinelas de riesgo ambiental". La vecina que inició la causa tiene sentimientos encontrados porque cree que si la agencia se disuelve o la desarman pierden todos.
Las noticias no son muy alentadoras por estos días. La Acumar, que ahora depende del Ministerio del Interior, tendrá en 2019 unos $1000 millones menos que este año.
Según las fuentes consultadas, esta diferencia radica en la contratación o no de los servicios para recolección de residuos de las orillas del río. Hasta este año esa tarea está a cargo de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), la idea del ex vicejefe de gabinete, Mario Quintana, era que desde el año próximo esa tarea quedara a cargo de los municipios. En año electoral y con recesión, los expertos aseguran que será difícil que ocurra.
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Denuncian desmontes en El Impenetrable
Denuncian desmontes ilegales en Tantanacuy, en El Impenetrable
Fecha de Publicación: 06/12/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Una investigación de Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” reveló que, a pesar de la vigencia de la normativa que lo prohíbe taxativamente, continúan produciéndose desmontes ilegales en El Impenetrable chaqueño, con graves consecuencias desde el punto de vista ambiental.
La información obtenida por el Centro Mandela da cuenta de que Tantanacuy es un valioso y persistente emprendimiento ecoturístico y de conservación que está ubicado sobre la Picada 82, antes del cruce con la ruta Juana Azurduy. Toda la región corresponde a la categoría II (amarillo), o sea que es zona protegida y en la que está prohibido desmontar, según el mapa del Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo chaqueño (OTBN).
“Es un punto estratégico de El Impenetrable”, sostiene el informe y agrega que “es crítico” el actual balance ambiental y de bioseguridad en todo el entorno de Tantanacuy producto de los mega-desmontes que se ejecutaron durante los años 2017 y 2018 en los campos aledaños.
El informe revela que “tan solo en ese corto lapso de junio de 2017 a setiembre de 2018, es decir en dieciseis meses, todas las parcelas que lindan con Tantanacuy fueron desmontadas”.
El seguimiento se realizó a través de dos imágenes satelitales que demuestran el estrago ambiental en la zona analizada, específicamente la situación de colapso del entorno de Tantanacuy. “Los desmontes ejecutados fueron continuos y sistemáticos, hasta que eliminaron todos los montes de la zona”, advirtieron desde el Centro de Estudios.
Las Rejas
El caso más paradigmático se ha dado en las Parcelas 225 y 226, Circunscripción V, Zona D, del Departamento Almirante Brown, que fueron las más atacadas. “Desmontaron a tala rasa”, expone el informe y añade que “las dos parcelas constituyen una superficie de 5000 hectáreas”. “Los suelos son Clase V, no aptos para la agricultura. La destrucción ambiental ha sido total en las áreas intervenidas”, profundiza.
“Los desmontes ejecutados por un fuerte grupo económico contó con la complacencia de la Dirección de Bosques: Obtuvieron planes de aprovechamiento de cambio de uso del suelo, que fueron autorizados por la nefasta Dirección de Bosques. El mayor desmonte se produjo en el establecimiento “Las Rejas”, explicaron desde el Centro Mandela.
Denuncia Administrativa
Antes de publicar este documento, el Centro Mandela presentó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Investigación Administrativa de Chaco (FIA) a los fines de que este organismo de control investigue las posibles irregularidades cometidas y relacionadas con el mega-desmonte ejecutado en el Establecimiento “Las Rejas”.
Conforme los resultados de la investigación realizada por el Centro Mandela, es que se planteó que la FIA debe investigar los daños ambientales, sociales y sanitarios provocados por el desmonte realizado en zona protegida, dando intervención la Fiscalía de Estado, al Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, dado su carácter de órgano de control externo de Sector Público.
A la se planteó que se notifique al gobernador para que tome intervención y actúe conforme está previsto en el sistema legal, tomándose en cuenta las gestiones encaradas por el Subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, y el Director de Bosques, Emanuel Carrocino, en función del interés público en juego, que en el caso se concreta en la protección de los suelos y de los recursos naturales.
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Fecha de Publicación: 06/12/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Una investigación de Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” reveló que, a pesar de la vigencia de la normativa que lo prohíbe taxativamente, continúan produciéndose desmontes ilegales en El Impenetrable chaqueño, con graves consecuencias desde el punto de vista ambiental.
La información obtenida por el Centro Mandela da cuenta de que Tantanacuy es un valioso y persistente emprendimiento ecoturístico y de conservación que está ubicado sobre la Picada 82, antes del cruce con la ruta Juana Azurduy. Toda la región corresponde a la categoría II (amarillo), o sea que es zona protegida y en la que está prohibido desmontar, según el mapa del Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo chaqueño (OTBN).
“Es un punto estratégico de El Impenetrable”, sostiene el informe y agrega que “es crítico” el actual balance ambiental y de bioseguridad en todo el entorno de Tantanacuy producto de los mega-desmontes que se ejecutaron durante los años 2017 y 2018 en los campos aledaños.
El informe revela que “tan solo en ese corto lapso de junio de 2017 a setiembre de 2018, es decir en dieciseis meses, todas las parcelas que lindan con Tantanacuy fueron desmontadas”.
El seguimiento se realizó a través de dos imágenes satelitales que demuestran el estrago ambiental en la zona analizada, específicamente la situación de colapso del entorno de Tantanacuy. “Los desmontes ejecutados fueron continuos y sistemáticos, hasta que eliminaron todos los montes de la zona”, advirtieron desde el Centro de Estudios.
Las Rejas
El caso más paradigmático se ha dado en las Parcelas 225 y 226, Circunscripción V, Zona D, del Departamento Almirante Brown, que fueron las más atacadas. “Desmontaron a tala rasa”, expone el informe y añade que “las dos parcelas constituyen una superficie de 5000 hectáreas”. “Los suelos son Clase V, no aptos para la agricultura. La destrucción ambiental ha sido total en las áreas intervenidas”, profundiza.
“Los desmontes ejecutados por un fuerte grupo económico contó con la complacencia de la Dirección de Bosques: Obtuvieron planes de aprovechamiento de cambio de uso del suelo, que fueron autorizados por la nefasta Dirección de Bosques. El mayor desmonte se produjo en el establecimiento “Las Rejas”, explicaron desde el Centro Mandela.
Denuncia Administrativa
Antes de publicar este documento, el Centro Mandela presentó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Investigación Administrativa de Chaco (FIA) a los fines de que este organismo de control investigue las posibles irregularidades cometidas y relacionadas con el mega-desmonte ejecutado en el Establecimiento “Las Rejas”.
Conforme los resultados de la investigación realizada por el Centro Mandela, es que se planteó que la FIA debe investigar los daños ambientales, sociales y sanitarios provocados por el desmonte realizado en zona protegida, dando intervención la Fiscalía de Estado, al Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, dado su carácter de órgano de control externo de Sector Público.
A la se planteó que se notifique al gobernador para que tome intervención y actúe conforme está previsto en el sistema legal, tomándose en cuenta las gestiones encaradas por el Subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, y el Director de Bosques, Emanuel Carrocino, en función del interés público en juego, que en el caso se concreta en la protección de los suelos y de los recursos naturales.
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Fiscalía ambiental en Neuquén post derrame en Vaca Muerta
Luego del derrame en Vaca Muerta, crean una fiscalía ambiental
Fecha de Publicación: 05/12/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Funcionará con personal contratado sin una dependencia del Poder Ejecutivo. Los profesionales indagarán para luego determinar la sanción. El funcionamiento del nuevo organismo se incluyó en el presupuesto del año próximo. Constatará que se cumplan las leyes del Ambiente y Residuos Peligrosos.
El ministerio Público Fiscal de Neuquén creó una unidad especial que se encargará de investigar delitos ambientales y también maltrato animal, que dependerá del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid. Estará conformado por un equipo de cinco especialistas que tendrá un ingeniero en ambiente, un licenciado en seguridad e higiene, dos abogados especialistas en los temas y un asistente letrado.
La unidad especial comenzará a funcionar en breve y tendrá competencia en todo el territorio provincial. El equipo de profesionales tendrá a su cargo los trabajos de campo, para luego asesorar al fiscal en el curso de las investigaciones.
Esta fiscalía especializada trabajará en función de dos leyes, la 25675 –ley general del Ambiente– y la 24051 –Residuos Peligrosos–, se encuadrará también en los tipos penales establecidos entre los artículos 200 y 207 del Código Penal , que protegen la salud pública y se relaciona con la protección del ambiente.
Desde la fiscalía señalaron que los profesionales dependerán directamente del Poder Judicial y serán contratados por medio de un concurso público. Por ese motivo advirtieron que este equipo dará un margen de “libertad” a la hora de comenzar una investigación porque no dependerá del Ejecutivo provincial.
El fiscal General José Gerez señaló a “Río Negro” que la finalidad es “tener un posicionamiento serio para proteger el medio ambiente, en los términos penales. Lo que se crea es una unidad fiscal específica nutrida de técnicos que se va a encargar de perseguir esos hechos para llegar a una sanción. Las empresas que vengan invertir a Neuquén tienen que saber que no pueden afectar el medio ambiente y que si infringen la ley las vamos a perseguir”.
Mencionó que los hechos se investigarán en base a los informes que provea la secretaría de Ambiente de la provincia o ante la denuncia de superficiarios que se vean afectados.
Independencia
Agregó que “al contar con especialistas propios nos da plena libertad para trabajar. Si nosotros tuviéramos que depender constantemente del asesoramiento de un organismo del Estado para evaluar si hubo un delito o no, existe una dependencia de los informes que puede condicionar los tiempos y los procedimientos para las investigaciones. Al contar con especialistas propios se puede avanzar con autonomía”.
Respecto al costo de funcionamiento, Gerez señaló que se incluye al presupuesto general del Poder Judicial y que la contratación de los especialistas ya fue aprobada por unanimidad de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, en el acuerdo 5768 que se firmó el pasado miércoles.
El objetivo es tener un posicionamiento para proteger el ambiente en términos penales. Comenzará a funcionar en breve y actuará en toda la provincia.
Dos datos
934 - fueron los incidentes que se registraron en los primeros 10 meses del 2018, en 95 yacimientos.
5 - serán los especialistas que conformarán la fiscalía de medio ambiente y dependerán de un fiscal jefe.
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Fecha de Publicación: 05/12/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Funcionará con personal contratado sin una dependencia del Poder Ejecutivo. Los profesionales indagarán para luego determinar la sanción. El funcionamiento del nuevo organismo se incluyó en el presupuesto del año próximo. Constatará que se cumplan las leyes del Ambiente y Residuos Peligrosos.
El ministerio Público Fiscal de Neuquén creó una unidad especial que se encargará de investigar delitos ambientales y también maltrato animal, que dependerá del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid. Estará conformado por un equipo de cinco especialistas que tendrá un ingeniero en ambiente, un licenciado en seguridad e higiene, dos abogados especialistas en los temas y un asistente letrado.
La unidad especial comenzará a funcionar en breve y tendrá competencia en todo el territorio provincial. El equipo de profesionales tendrá a su cargo los trabajos de campo, para luego asesorar al fiscal en el curso de las investigaciones.
Esta fiscalía especializada trabajará en función de dos leyes, la 25675 –ley general del Ambiente– y la 24051 –Residuos Peligrosos–, se encuadrará también en los tipos penales establecidos entre los artículos 200 y 207 del Código Penal , que protegen la salud pública y se relaciona con la protección del ambiente.
Desde la fiscalía señalaron que los profesionales dependerán directamente del Poder Judicial y serán contratados por medio de un concurso público. Por ese motivo advirtieron que este equipo dará un margen de “libertad” a la hora de comenzar una investigación porque no dependerá del Ejecutivo provincial.
El fiscal General José Gerez señaló a “Río Negro” que la finalidad es “tener un posicionamiento serio para proteger el medio ambiente, en los términos penales. Lo que se crea es una unidad fiscal específica nutrida de técnicos que se va a encargar de perseguir esos hechos para llegar a una sanción. Las empresas que vengan invertir a Neuquén tienen que saber que no pueden afectar el medio ambiente y que si infringen la ley las vamos a perseguir”.
Mencionó que los hechos se investigarán en base a los informes que provea la secretaría de Ambiente de la provincia o ante la denuncia de superficiarios que se vean afectados.
Independencia
Agregó que “al contar con especialistas propios nos da plena libertad para trabajar. Si nosotros tuviéramos que depender constantemente del asesoramiento de un organismo del Estado para evaluar si hubo un delito o no, existe una dependencia de los informes que puede condicionar los tiempos y los procedimientos para las investigaciones. Al contar con especialistas propios se puede avanzar con autonomía”.
Respecto al costo de funcionamiento, Gerez señaló que se incluye al presupuesto general del Poder Judicial y que la contratación de los especialistas ya fue aprobada por unanimidad de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, en el acuerdo 5768 que se firmó el pasado miércoles.
El objetivo es tener un posicionamiento para proteger el ambiente en términos penales. Comenzará a funcionar en breve y actuará en toda la provincia.
Dos datos
934 - fueron los incidentes que se registraron en los primeros 10 meses del 2018, en 95 yacimientos.
5 - serán los especialistas que conformarán la fiscalía de medio ambiente y dependerán de un fiscal jefe.
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Dietrich a favor de las mineras en Mendoza
Dietrich: “Mendoza tiene subdesarrollada la Cordillera y en Chile es fuente de desarrollo”
Fecha de Publicación: 05/12/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El ministro aseguró que la actividad minera siempre que sea sustentable “es una gran oportunidad para la generación de empleo”.
Mendoza está en plena discusión por la modificación de la ley 7.722, que abriría el camino al desarrollo de la minería a gran escala si se aprueban los proyectos de los senadores peronistas Juan Agulles y Alejandro Abraham.
No obstante, aún la discusión está frenada por propias inseguridades del peronismo, que no tiene previsto por el momento asumir con el “costo político”, mientras que el radicalismo espera que se tome este tema como una política de estado.
Desde el Centro Internacional de Medios (IMC) del G20, el ministro Guillermo Dietrich, opinó a Los Andes que es necesario que Mendoza y el país desarrolle con fuerza la actividad minera, sobre todo por la “oportunidad de generar empleo y desarrollo”.
De todas maneras, hizo hincapié en que debe ser bajo estrictos controles y estándares de sustentabilidad. “Teniendo en cuenta eso, se puede, la minería es una actividad que genera muchos recursos con impuestos que se quedan en la provincia y la nación”.
En ese sentido, sostuvo que se debe mirar cómo el país trasandino ha hecho del desarrollo minero una actividad clave.
“Mendoza tiene a su lado Chile, tenemos la misma Cordillera, la nuestra está totalmente subdesarrollada, mientras que la chilena ha sido una de las fuentes para el desarrollo. Esta es una gran oportunidad para que lleguen inversiones”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 05/12/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El ministro aseguró que la actividad minera siempre que sea sustentable “es una gran oportunidad para la generación de empleo”.
Mendoza está en plena discusión por la modificación de la ley 7.722, que abriría el camino al desarrollo de la minería a gran escala si se aprueban los proyectos de los senadores peronistas Juan Agulles y Alejandro Abraham.
No obstante, aún la discusión está frenada por propias inseguridades del peronismo, que no tiene previsto por el momento asumir con el “costo político”, mientras que el radicalismo espera que se tome este tema como una política de estado.
Desde el Centro Internacional de Medios (IMC) del G20, el ministro Guillermo Dietrich, opinó a Los Andes que es necesario que Mendoza y el país desarrolle con fuerza la actividad minera, sobre todo por la “oportunidad de generar empleo y desarrollo”.
De todas maneras, hizo hincapié en que debe ser bajo estrictos controles y estándares de sustentabilidad. “Teniendo en cuenta eso, se puede, la minería es una actividad que genera muchos recursos con impuestos que se quedan en la provincia y la nación”.
En ese sentido, sostuvo que se debe mirar cómo el país trasandino ha hecho del desarrollo minero una actividad clave.
“Mendoza tiene a su lado Chile, tenemos la misma Cordillera, la nuestra está totalmente subdesarrollada, mientras que la chilena ha sido una de las fuentes para el desarrollo. Esta es una gran oportunidad para que lleguen inversiones”, finalizó.
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BA reglamentará las fumigaciones (con poca proteción)
Buenos Aires: dictarán una resolución con pautas para la aplicación de agroquímicos
Fecha de Publicación: 05/12/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, que conduce Leonardo Sarquís, emitirá una resolución con pautas para la aplicación de agroquímicos en los municipios con actividad agropecuaria.
La norma, que se dará a conocer próximamente, será para que unos 128 municipios donde se realizan actividades productivas puedan incorporar lo que se establecerá en materia de uso de estos productos.
"Es la primera vez que desde la provincia se realiza un documento de este estilo. Es una resolución para cuidar la salud de la población. Un decálogo que está firmado y avalado por mí", explicó a LA NACION Sarquís. La norma se oficializará antes del 15 de diciembre próximo y entrará en vigencia el 1° de enero de 2019.
Uno de los puntos principales del documento tiene que ver con las zonas de amortiguamiento para las aplicaciones. Sobre este tema, el director provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de Recursos Naturales bonaerense, Luis Herrera, explicó: "Es una normativa que se deberá cumplir a partir del 1° de enero donde se establece como zonas de amortiguamiento determinados lotes lindantes con áreas urbanas, residenciales, donde hay escuelas, etcétera. En esas zonas los productores y aplicadores deberán prever determinadas cuestiones tecnológicas y meteorológicas a la hora de aplicar".
Además, el funcionario agregó que los usuarios que apliquen agroquímicos en esos lotes en áreas residenciales "deberán contratar a un profesional".
Según Sarquís, la base para la resolución fue tomada del informe que en conjunto elaboraron las carteras del gobierno nacional de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria en julio de este año, con un documento con principios y recomendaciones para la aplicación de fitosanitarios, resultado de un trabajo elaborado durante 90 días por un equipo interministerial.
"Son conceptos que van de la mano: sobre ese informe final nuestro equipo de la Dirección de Fiscalización tomó un decálogo de recomendaciones para que los municipios tengan en cuenta. Para los usuarios no es una sugerencia, es una obligación. Estamos invitando a los distritos a llegar a un convenio para ejercer el control de aquellos lotes que consideren oportunos. Así, ellos podrán auditar el lote que crean necesario: oficiarán como nuestros ojos. El municipio que se adhiera contará con la ayuda y la asistencia del Ministerio para fiscalizar el uso de fitosanitarios en su localidad", explicó Sarquís.
Para la aplicación de agroquímicos muchos municipios bonaerenses tienen sus propias normativas. La cartera provincial busca "complementar y homologar" el correcto uso de estos productos. "De los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, 128 se dedican a la actividad agroindustrial. De ese total, 70 tienen normativas municipales distintas", afirmaron desde la cartera.
Cursos para aplicadores de Buenas Prácticas Agrícolas
El Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires comenzó con un programa de capacitación para aplicadores de productos de control urbano de plagas en junio de 2015 en la ciudad de Chivilcoy. Esa capacitación ya alcanzó a unos 75 municipios.
"Los asistentes rinden un examen final y, si aprueban, reciben un carnet habilitante para la aplicación en el territorio provincial. Actualmente sumamos 3500 operarios capacitados (todos evaluados) con un porcentaje de aprobados del 87%. Al principio la jornada duraba 140 horas teóricas y prácticas y luego lo fuimos ajustando. Hoy dura en promedio doce horas (siete teóricas y cinco prácticas). Nos quedan 53 municipios para completar los 128 que componen la provincia", afirmaron en la cartera agroindustrial.
Aplicadores recibiendo su carnet habilitador en Necochea Aplicadores recibiendo su carnet habilitador en Necochea Crédito: Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires
El entrenamiento está a cargo de miembros de la Dirección de Fiscalización Vegetal de la Provincia, que viajan a los distintos distritos. El aplicador se inscribe y realiza un curso teórico-práctico de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Al finalizarlo se le otorga un carnet que lo habilita para aplicar. La semana pasada, por ejemplo, 50 operarios lo recibieron en General Pinto. También en General Villegas, Rojas y Necochea. "Si no tenés ese carnet, no podés aplicar", explicaron desde el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
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Fecha de Publicación: 05/12/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, que conduce Leonardo Sarquís, emitirá una resolución con pautas para la aplicación de agroquímicos en los municipios con actividad agropecuaria.
La norma, que se dará a conocer próximamente, será para que unos 128 municipios donde se realizan actividades productivas puedan incorporar lo que se establecerá en materia de uso de estos productos.
"Es la primera vez que desde la provincia se realiza un documento de este estilo. Es una resolución para cuidar la salud de la población. Un decálogo que está firmado y avalado por mí", explicó a LA NACION Sarquís. La norma se oficializará antes del 15 de diciembre próximo y entrará en vigencia el 1° de enero de 2019.
Uno de los puntos principales del documento tiene que ver con las zonas de amortiguamiento para las aplicaciones. Sobre este tema, el director provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de Recursos Naturales bonaerense, Luis Herrera, explicó: "Es una normativa que se deberá cumplir a partir del 1° de enero donde se establece como zonas de amortiguamiento determinados lotes lindantes con áreas urbanas, residenciales, donde hay escuelas, etcétera. En esas zonas los productores y aplicadores deberán prever determinadas cuestiones tecnológicas y meteorológicas a la hora de aplicar".
Además, el funcionario agregó que los usuarios que apliquen agroquímicos en esos lotes en áreas residenciales "deberán contratar a un profesional".
Según Sarquís, la base para la resolución fue tomada del informe que en conjunto elaboraron las carteras del gobierno nacional de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria en julio de este año, con un documento con principios y recomendaciones para la aplicación de fitosanitarios, resultado de un trabajo elaborado durante 90 días por un equipo interministerial.
"Son conceptos que van de la mano: sobre ese informe final nuestro equipo de la Dirección de Fiscalización tomó un decálogo de recomendaciones para que los municipios tengan en cuenta. Para los usuarios no es una sugerencia, es una obligación. Estamos invitando a los distritos a llegar a un convenio para ejercer el control de aquellos lotes que consideren oportunos. Así, ellos podrán auditar el lote que crean necesario: oficiarán como nuestros ojos. El municipio que se adhiera contará con la ayuda y la asistencia del Ministerio para fiscalizar el uso de fitosanitarios en su localidad", explicó Sarquís.
Para la aplicación de agroquímicos muchos municipios bonaerenses tienen sus propias normativas. La cartera provincial busca "complementar y homologar" el correcto uso de estos productos. "De los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, 128 se dedican a la actividad agroindustrial. De ese total, 70 tienen normativas municipales distintas", afirmaron desde la cartera.
Cursos para aplicadores de Buenas Prácticas Agrícolas
El Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires comenzó con un programa de capacitación para aplicadores de productos de control urbano de plagas en junio de 2015 en la ciudad de Chivilcoy. Esa capacitación ya alcanzó a unos 75 municipios.
"Los asistentes rinden un examen final y, si aprueban, reciben un carnet habilitante para la aplicación en el territorio provincial. Actualmente sumamos 3500 operarios capacitados (todos evaluados) con un porcentaje de aprobados del 87%. Al principio la jornada duraba 140 horas teóricas y prácticas y luego lo fuimos ajustando. Hoy dura en promedio doce horas (siete teóricas y cinco prácticas). Nos quedan 53 municipios para completar los 128 que componen la provincia", afirmaron en la cartera agroindustrial.
Aplicadores recibiendo su carnet habilitador en Necochea Aplicadores recibiendo su carnet habilitador en Necochea Crédito: Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires
El entrenamiento está a cargo de miembros de la Dirección de Fiscalización Vegetal de la Provincia, que viajan a los distintos distritos. El aplicador se inscribe y realiza un curso teórico-práctico de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Al finalizarlo se le otorga un carnet que lo habilita para aplicar. La semana pasada, por ejemplo, 50 operarios lo recibieron en General Pinto. También en General Villegas, Rojas y Necochea. "Si no tenés ese carnet, no podés aplicar", explicaron desde el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
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Litio, extractivismo y vulneración de derechos
Litio y espejos de colores
Fecha de Publicación: 04/12/2018
Fuente: OPS
Provincia/Región: Nacional
La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.
“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.
Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y algunos sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.
Veinte años
El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas kollas y atacama en Jujuy y Salta.
El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), está en manos de la multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.
A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.
Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar, de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.
Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.
Mauricio Macri lo promociona de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será “líder” en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.
¿Desarrollo nacional?
“YPF del litio”, fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.
“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.
Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.
El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.
Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).
El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.
Académicos
El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.
Otro espacio de investigación sobre la temática es el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales. Un espacio heterogéneo, tanto en formación (incluye a economistas, cientistas políticos e historiadores, entre otros) y en miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.
“Geopolítica del litio”, es el libro publicado por el grupo en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en Ciencias Sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).
El 21 de septiembre participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.
Criticó la idea empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.
Pero también señaló que el litio “plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.
Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el litio”, denunció.
“Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.
Explicó que en Chile, de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado es “muy importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo promovió el modelo boliviano, donde -remarcó- se estatizó “el recurso y se intervino en toda la cadena de valor”.
Afirmó que existe fiscalización para que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.
“Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades”, propuso Slipak.
En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.
¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.
Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”, vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación (ver recuadro entrevista).
Lucha
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.
Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según la legislación nacional (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.
Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta y cómo debía ser. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.
Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.
Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.
Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: “Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.
Ambiente y presiones
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de la Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.
Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.
Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance de mineras y la situación está complicada porque el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen”, denunció González.
Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre el territorio indígenas.
EEUU y represión
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.
El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.
“El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.
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Fecha de Publicación: 04/12/2018
Fuente: OPS
Provincia/Región: Nacional
La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.
“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.
Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y algunos sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.
Veinte años
El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas kollas y atacama en Jujuy y Salta.
El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), está en manos de la multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.
A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.
Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar, de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.
Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.
Mauricio Macri lo promociona de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será “líder” en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.
¿Desarrollo nacional?
“YPF del litio”, fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.
“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.
Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.
El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.
Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).
El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.
Académicos
El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.
Otro espacio de investigación sobre la temática es el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales. Un espacio heterogéneo, tanto en formación (incluye a economistas, cientistas políticos e historiadores, entre otros) y en miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.
“Geopolítica del litio”, es el libro publicado por el grupo en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en Ciencias Sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).
El 21 de septiembre participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.
Criticó la idea empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.
Pero también señaló que el litio “plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.
Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el litio”, denunció.
“Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.
Explicó que en Chile, de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado es “muy importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo promovió el modelo boliviano, donde -remarcó- se estatizó “el recurso y se intervino en toda la cadena de valor”.
Afirmó que existe fiscalización para que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.
“Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades”, propuso Slipak.
En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.
¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.
Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”, vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación (ver recuadro entrevista).
Lucha
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.
Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según la legislación nacional (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.
Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta y cómo debía ser. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.
Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.
Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.
Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: “Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.
Ambiente y presiones
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de la Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.
Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.
Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance de mineras y la situación está complicada porque el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen”, denunció González.
Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre el territorio indígenas.
EEUU y represión
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.
El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.
“El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.
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Caza del guanaco rechazada por los científicos
Los científicos cuestionan la autorización de la caza del guanaco
Fecha de Publicación: 04/12/2018
Fuente: Télam
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Expertos de la comunidad científica de la provincia rechazaron una ley que pone en peligro a una especie protegida.
Expertos de la comunidad científica de Tierra del Fuego rechazaron este jueves la ley sancionada esta semana por la Legislatura fueguina que autoriza por un año la caza y la comercialización del guanaco en todo el ámbito provincial.
La especie estaba protegida desde 1993 por ser considerada "en peligro de extinción", junto a los cetáceos, los zorros colorados y las aves silvestres, pero una norma sancionada este martes por los legisladores provinciales, sin debate previo, la excluyó de ese status para permitir, incluso, la industrialización de su carne.
El doctor en geología e investigador principal del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) -dependiente del Conicet- Adrián Schiavini, explicó a Télam que cualquier decisión de este tipo vinculada a una especie silvestre necesita de un plan de manejo y de una capacidad técnica y humana capaz de fiscalizar las extracciones.
"En principio es necesario saber cuántos animales se autorizan a extraer, de dónde, de qué modo y de qué clase. Sin fiscalización se fomenta un mercado negro, y me consta que para esta medida ni siquiera fueron consultadas las propias áreas del gobierno relacionadas a la fauna y el ambiente", señaló el experto en dialogo con Télam.
Según Schiavini, uno de los problemas centrales es el "bromatológico", ya que "cuando alguien compre una pata de guanaco en una carnicería debe estar seguro de su procedencia, y no exponerse a inconvenientes en su salud", afirmó.
El biólogo observó que, por ejemplo, los mataderos que se utilizan para faenar fauna silvestre no pueden ser los mismos que se usan para faenar animales domésticos.
"El otro tema son los cazadores inexpertos, que puestos a realizar esa tarea sin la capacidad necesaria pueden llegar a matar muchos más animales sin ningún sentido", sostuvo el especialista.
Por su parte el vicegobernador provincial, Juan Carlos Arcando, impulsor de la ley en el parlamento fueguino, explicó a Télam que la medida tienen su origen en la imposibilidad que posee el sector gastronómico de conseguir carne de guanaco porque con la norma en vigencia estaba prohibida, tanto la caza e industrialización a nivel local, como el comercio desde otros estados provinciales como Santa Cruz.
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Fecha de Publicación: 04/12/2018
Fuente: Télam
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Expertos de la comunidad científica de la provincia rechazaron una ley que pone en peligro a una especie protegida.
Expertos de la comunidad científica de Tierra del Fuego rechazaron este jueves la ley sancionada esta semana por la Legislatura fueguina que autoriza por un año la caza y la comercialización del guanaco en todo el ámbito provincial.
La especie estaba protegida desde 1993 por ser considerada "en peligro de extinción", junto a los cetáceos, los zorros colorados y las aves silvestres, pero una norma sancionada este martes por los legisladores provinciales, sin debate previo, la excluyó de ese status para permitir, incluso, la industrialización de su carne.
El doctor en geología e investigador principal del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) -dependiente del Conicet- Adrián Schiavini, explicó a Télam que cualquier decisión de este tipo vinculada a una especie silvestre necesita de un plan de manejo y de una capacidad técnica y humana capaz de fiscalizar las extracciones.
"En principio es necesario saber cuántos animales se autorizan a extraer, de dónde, de qué modo y de qué clase. Sin fiscalización se fomenta un mercado negro, y me consta que para esta medida ni siquiera fueron consultadas las propias áreas del gobierno relacionadas a la fauna y el ambiente", señaló el experto en dialogo con Télam.
Según Schiavini, uno de los problemas centrales es el "bromatológico", ya que "cuando alguien compre una pata de guanaco en una carnicería debe estar seguro de su procedencia, y no exponerse a inconvenientes en su salud", afirmó.
El biólogo observó que, por ejemplo, los mataderos que se utilizan para faenar fauna silvestre no pueden ser los mismos que se usan para faenar animales domésticos.
"El otro tema son los cazadores inexpertos, que puestos a realizar esa tarea sin la capacidad necesaria pueden llegar a matar muchos más animales sin ningún sentido", sostuvo el especialista.
Por su parte el vicegobernador provincial, Juan Carlos Arcando, impulsor de la ley en el parlamento fueguino, explicó a Télam que la medida tienen su origen en la imposibilidad que posee el sector gastronómico de conseguir carne de guanaco porque con la norma en vigencia estaba prohibida, tanto la caza e industrialización a nivel local, como el comercio desde otros estados provinciales como Santa Cruz.
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Entre Ríos: encontraron ejemplares de “tuco-tuco oriental”
Encontraron especie en peligro de extinción en parque nacional entrerriano
Fecha de Publicación: 04/12/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Se trata del “tuco-tuco oriental”. A partir de una investigación de relevamiento, se confirmó la presencia de estos pequeños roedores en el Parque Nacional Pre Delta, ubicado en el departamento Diamante.
Especie en peligro
A través del análisis genético y la comparación fenotípica, es decir, de sus características observables, se llegó a la conclusión de que la población pertenece a esta especie considerada “en peligro” tanto a nivel nacional como global.
El “tuco-tuco oriental” se encuentra solo en esta región: en Entre Ríos, parte de la provincia de Buenos Aires y Uruguay. Nunca había sido citada para el área protegida.
El informe revela que la “fragmentación del hábitat es uno de los mayores problemas de conservación para estos animales y la práctica agrícola una de sus principales amenazas, provocando la disminución y el aislamiento de las poblaciones, por lo que enfrentan en la actualidad un alto riesgo de extinción en estado silvestre”
La presencia de la especie refuerza los valores de conservación del Parque Nacional Pre Delta y sus áreas linderas. Esta población superó el impacto de diversas actividades militares y agrícolas en el predio, lo que ofrece indicios alentadores respecto de la restauración del área mediante medidas e iniciativas de conservación y su uso recreativo acorde a los objetivos de conservación.
El “tuco-tuco oriental”
Son pequeños roedores exclusivos de Sudamérica. Hasta el momento, se describieorn más de 60 especies, siendo Argentina el país con mayor diversidad de este grupo, con más de 40 especies reconocidas en su territorio.
Estos mamíferos construyen madrigueras consistentes en un sistema de galerías subterráneas, dentro de las cuales pasan la mayor parte del día, ocultos de los predadores, saliendo al exterior durante el crepúsculo para alimentarse.
Entre los beneficios ecosistémicos que brindan, los tuco-tucos son dispersores de esporas y propágulos de hongos formadores de micorrizas, asociaciones que contribuyen a una mayor captación de fósforo y aumentan la tasa de crecimiento de las palmeras, entre otras especies vegetales.
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Fecha de Publicación: 04/12/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Se trata del “tuco-tuco oriental”. A partir de una investigación de relevamiento, se confirmó la presencia de estos pequeños roedores en el Parque Nacional Pre Delta, ubicado en el departamento Diamante.
Especie en peligro
A través del análisis genético y la comparación fenotípica, es decir, de sus características observables, se llegó a la conclusión de que la población pertenece a esta especie considerada “en peligro” tanto a nivel nacional como global.
El “tuco-tuco oriental” se encuentra solo en esta región: en Entre Ríos, parte de la provincia de Buenos Aires y Uruguay. Nunca había sido citada para el área protegida.
El informe revela que la “fragmentación del hábitat es uno de los mayores problemas de conservación para estos animales y la práctica agrícola una de sus principales amenazas, provocando la disminución y el aislamiento de las poblaciones, por lo que enfrentan en la actualidad un alto riesgo de extinción en estado silvestre”
La presencia de la especie refuerza los valores de conservación del Parque Nacional Pre Delta y sus áreas linderas. Esta población superó el impacto de diversas actividades militares y agrícolas en el predio, lo que ofrece indicios alentadores respecto de la restauración del área mediante medidas e iniciativas de conservación y su uso recreativo acorde a los objetivos de conservación.
El “tuco-tuco oriental”
Son pequeños roedores exclusivos de Sudamérica. Hasta el momento, se describieorn más de 60 especies, siendo Argentina el país con mayor diversidad de este grupo, con más de 40 especies reconocidas en su territorio.
Estos mamíferos construyen madrigueras consistentes en un sistema de galerías subterráneas, dentro de las cuales pasan la mayor parte del día, ocultos de los predadores, saliendo al exterior durante el crepúsculo para alimentarse.
Entre los beneficios ecosistémicos que brindan, los tuco-tucos son dispersores de esporas y propágulos de hongos formadores de micorrizas, asociaciones que contribuyen a una mayor captación de fósforo y aumentan la tasa de crecimiento de las palmeras, entre otras especies vegetales.
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Investigan biocombustible con suero de queso
Investigadores lograron producir biocombustible con suero de queso
Fecha de Publicación: 04/12/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Córdoba
Este desarrollo tecnológico traerá beneficios económicos y aportará a la sustentabilidad del medioambiente. El principal insumo es uno de los desechos más contaminantes de la industria alimentaria. El lactosuero posee un elevado contenido de materia orgánica y, en la actualidad, requiere ser tratado para no contaminar suelos, napas, ríos o lagunas.
Investigadores de las universidades nacionales de Río Cuarto y de Villa María lograron producir biocombustible a partir de una nueva fuente no convencional de materia prima. Emplean lactosuero, un desecho contaminante que generan en grandes cantidades las industrias de la región que elaboran quesos.
Usaron un microorganismo que tiene un alto potencial biotecnológico en comparación con otros que comúnmente se utilizan en la industria, lo cual convierte en novedosa la investigación de los científicos universitarios.
Como resultado de la investigación pudieron producir bioetanol, cuya purificación lo hace apto para ser utilizado en las naftas de uso común para los automóviles. Lo consiguieron aislando microorganismos, que tienen la capacidad de utilizar la lactosa presente en el suero del queso.
El equipo de trabajo estuvo liderado por la doctora Lilia Cavaglieri, investigadora principal del Conicet y profesora del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la UNRC, con la colaboración de la doctora Mariana Montenegro, del CIT-Conicet de Villa María, y la tesista del Doctorado en Ciencias Biológicas, la microbióloga Carla Aminahuel.
Este desarrollo científico representa un significativo aporte a la sustentabilidad del medioambiente. El lactosuero es uno de los desechos más contaminantes de la industria alimentaria, debido a su elevado contenido en materia orgánica; y la riqueza en lactosa es la principal responsable de su capacidad para actuar como sustrato de fermentación microbiana. Como ejemplo, cerca de 0,25 a 0,30 litros de suero sin depurar equivalen a las aguas negras producidas en un día por una persona.
Por cada kilogramo de queso producido, sobran, en promedio, nueve litros de suero, un líquido de color claro compuesto por un 95% de agua, un 4% de lactosa y un 1% de proteína.
Por año, Argentina produce alrededor de 9 millones de toneladas de suero de queso. El 60% de esa cantidad es desechado y, cuando no se utiliza, es necesario tratarlo como un efluente industrial para no contaminar suelos, napas, ríos o lagunas.
El bioetanol o biocombustible que se logró producir en la Universidad es el conocido como “de primera generación”, denominado así por el tipo de sustrato que utiliza, es decir, el compuesto azucarado que pueda hacer crecer la levadura y, consecuentemente, permitir la producción de combustible. También son llamados así porque se obtienen de residuos de la industria, como por ejemplo del maíz o, como en este caso, a partir del lactosuero.
Las investigadoras Cavaglieri y Aminahuel explicaron que el bioetanol se obtuvo a partir de un proceso de fermentación, que se logra introduciendo microorganismos en el lactosuero, al que se le dan condiciones necesarias, como de temperatura y agitación. Luego, se utiliza el azúcar presente en el lactosuero para convertirlo en bioetanol.
La materia prima empleada se recogió en la región, particularmente en la zona de Villa María, donde la actividad quesera es muy importante. En inmediaciones de esa ciudad, cabecera del Departamento General San Martín, se encuentra una de las cuencas lecheras más importantes del país. Allí se produce gran cantidad de quesos y, por lo tanto, de lactosuero. “En Villa María existen muchas cooperativas y pequeñas industrias que se dedican a la producción de queso. Ellas nos proveen el lactosuero, que es caracterizado en el laboratorio para ver si tienen condiciones para producir bioetanol”, comentaron las investigadoras.
En Argentina, se producen cerca de 9 millones de toneladas de lactosuero y sólo Villa María aporta cerca del 50 por ciento de esa cantidad. Sin embargo, alrededor del 60 por ciento de todo lo que se genera se transforma en desecho, con los inconvenientes que ello implica para el medioambiente, ya que se trata de material biológico, que es una fuente para la proliferación de microorganismos.
En Argentina, a diferencia de países como Brasil, todavía no se emplea el bioetanol puro como combustible para los vehículos, pero sí hay un corte importante de alcohol en las naftas, que oscila entre el 10 y el 12 por ciento.
A las industrias productoras de queso les genera un costo económico extra descontaminar los suelos en donde se arroja el lactosuero. No se trata de un producto tóxico, pero se termina contaminando porque tiene una gran demanda de oxígeno y se generan microorganismos indeseables, que pueden afectar los suelos o, eventualmente, las napas de agua. Incluso, los productores necesitan un espacio físico donde colocar este desecho.
Con la posibilidad de destinar el lactosuero a la producción de bioetanol, el productor tendría una alternativa diferente para disponer de ese desecho, estimaron las investigadoras.
Actualmente, muchas empresas descartan el lactosuero a través de cañerías que van directamente al suelo sin ningún tipo de tratamiento, indicaron.
Aminahuel sostuvo, además, que se intentan los primeros contactos con empresas generadoras de energía de la zona para llevar la producción de bioetanol a una escala mayor.
Una respuesta a la demanda industrial
Este proyecto surgió de la interacción de investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto con pares de Villa María. “Hace unos cinco años comenzamos a trabajar en el desarrollo de aditivos para alimentación animal. Este trabajo, en particular, forma parte de nuevas líneas de investigación, que tienen como finalidad dar respuesta a la demanda de un grupo importante de industrias generadoras de lactosuero”, destacó Cavaglieri. Y agregó: “Cuando uno trabaja en investigación, busca líneas prioritarias que sean sustentables económicamente y que redunden en beneficio para el país. Esta es una investigación que surgió de las demandas del medio”. “Por otra parte, siempre tratamos de darle a nuestras líneas de investigación un perfil que no solamente apunte a un desarrollo tecnológico que conlleve beneficios económicos para los productores, los consumidores y el país, sino que también tengan un impacto ambiental directo o indirecto favorable al aprovechar los residuos que eliminan las industrias”, comentó.
Nuevos desafíos
Resaltó Cavaglieri que, con su grupo de investigación, trabajan actualmente con cepas de Kluyveromyces marxianus, a diferencia de otros lugares del mundo donde lo hacen con cepas de Saccharomyces. De todos modos, explicó: “Nuestra idea es trabajar con distintos tipos de microorganismos para poder mejorar la eficiencia de la producción”.
Las cepas de Saccharomyces están muy difundidas y son aquellas que se utilizan en levaduras para panificación, en la elaboración de cervezas, en la industria vitivinícola, o para otros productos alimenticios. Sin embargo, según precisó la investigadora, no cualquier microorganismo puede utilizar el azúcar que se encuentra en el lactosuero, como ocurre con la cepa Kluyveromyces marxianus, lo cual hace novedoso este tipo de investigaciones, porque se trata de un microorganismo que tiene un alto potencial biotecnológico en relación con otros.
Esa particularidad, ubica a este grupo de investigadores a la vanguardia a nivel mundial en estudios científicos de estas características.
También, adelantó la doctora Cavaglieri, que junto con su equipo de trabajo tiene previsto desarrollar estrategias de encapsulado. Explicó: “Cuando hallamos el mejor microorganismo para la obtención del alcohol, por un proceso de filtración, se descarta todo, incluso el mismo microorganismo que se utilizó. El encapsulado es una técnica que permitiría la reutilización del microorganismo. Esa cápsula tiene poros por donde entra el lactosuero y sale el alcohol, lo que nos permitiría recuperar el microorganismo a través de un proceso de filtración. Esta sería una forma de abaratar costos porque al microorganismo necesario para obtener alcohol también hay que producirlo. Sería una etapa posterior al desarrollo de la actual investigación”.
En este marco, Cavaglieri agradeció el respaldo económico del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, a través del Foncyt y del CONICET, como así también de las secretarías de Ciencia y Técnica, tanto de la Universidad Nacional de Río Cuarto cuanto de Villa María.
Menos contaminación
Mucho se habló sobre la problemática de los combustibles fósiles, en parte debido a la contaminación que inevitablemente se deriva por su uso. Las emisiones de CO2 a la atmósfera, consideradas como una de las fuentes que contribuyen mayoritariamente al calentamiento global del planeta, pueden tener consecuencias desastrosas para ciertas regiones, produciendo sequías e inundaciones. Una alternativa para reducir el volumen total de CO2 que se emite a la atmósfera es el uso de biocombustibles. Éstos se obtienen de manera renovable a partir de restos orgánicos que absorben CO2 a medida que crecen, emitiendo prácticamente la misma cantidad que los combustibles convencionales cuando se queman, lo que produce un proceso de ciclo cerrado.
Dentro de estos biocombustibles se encuentra el bioetanol, que mezclado con la gasolina produce un biocombustible con características muy similares a la gasolina. Además, usado a concentraciones del 5 o el 10% no se requieren modificaciones en los motores actuales.
Faltan nexos con las industrias
Cavaglieri subrayó la calidad y cantidad de investigaciones que llevan adelante los científicos argentinos, pero lamentó que haya “inconvenientes en establecer el nexo entre los investigadores y las industrias, que son las que desarrollan los productos a escala”. “Los investigadores hacemos ensayos a escala piloto, pero entre la empresa que necesita el producto y el investigador necesitamos aquel intermediario que produzca a escala comercial”, remarcó.
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Fecha de Publicación: 04/12/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Córdoba
Este desarrollo tecnológico traerá beneficios económicos y aportará a la sustentabilidad del medioambiente. El principal insumo es uno de los desechos más contaminantes de la industria alimentaria. El lactosuero posee un elevado contenido de materia orgánica y, en la actualidad, requiere ser tratado para no contaminar suelos, napas, ríos o lagunas.
Investigadores de las universidades nacionales de Río Cuarto y de Villa María lograron producir biocombustible a partir de una nueva fuente no convencional de materia prima. Emplean lactosuero, un desecho contaminante que generan en grandes cantidades las industrias de la región que elaboran quesos.
Usaron un microorganismo que tiene un alto potencial biotecnológico en comparación con otros que comúnmente se utilizan en la industria, lo cual convierte en novedosa la investigación de los científicos universitarios.
Como resultado de la investigación pudieron producir bioetanol, cuya purificación lo hace apto para ser utilizado en las naftas de uso común para los automóviles. Lo consiguieron aislando microorganismos, que tienen la capacidad de utilizar la lactosa presente en el suero del queso.
El equipo de trabajo estuvo liderado por la doctora Lilia Cavaglieri, investigadora principal del Conicet y profesora del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la UNRC, con la colaboración de la doctora Mariana Montenegro, del CIT-Conicet de Villa María, y la tesista del Doctorado en Ciencias Biológicas, la microbióloga Carla Aminahuel.
Este desarrollo científico representa un significativo aporte a la sustentabilidad del medioambiente. El lactosuero es uno de los desechos más contaminantes de la industria alimentaria, debido a su elevado contenido en materia orgánica; y la riqueza en lactosa es la principal responsable de su capacidad para actuar como sustrato de fermentación microbiana. Como ejemplo, cerca de 0,25 a 0,30 litros de suero sin depurar equivalen a las aguas negras producidas en un día por una persona.
Por cada kilogramo de queso producido, sobran, en promedio, nueve litros de suero, un líquido de color claro compuesto por un 95% de agua, un 4% de lactosa y un 1% de proteína.
Por año, Argentina produce alrededor de 9 millones de toneladas de suero de queso. El 60% de esa cantidad es desechado y, cuando no se utiliza, es necesario tratarlo como un efluente industrial para no contaminar suelos, napas, ríos o lagunas.
El bioetanol o biocombustible que se logró producir en la Universidad es el conocido como “de primera generación”, denominado así por el tipo de sustrato que utiliza, es decir, el compuesto azucarado que pueda hacer crecer la levadura y, consecuentemente, permitir la producción de combustible. También son llamados así porque se obtienen de residuos de la industria, como por ejemplo del maíz o, como en este caso, a partir del lactosuero.
Las investigadoras Cavaglieri y Aminahuel explicaron que el bioetanol se obtuvo a partir de un proceso de fermentación, que se logra introduciendo microorganismos en el lactosuero, al que se le dan condiciones necesarias, como de temperatura y agitación. Luego, se utiliza el azúcar presente en el lactosuero para convertirlo en bioetanol.
La materia prima empleada se recogió en la región, particularmente en la zona de Villa María, donde la actividad quesera es muy importante. En inmediaciones de esa ciudad, cabecera del Departamento General San Martín, se encuentra una de las cuencas lecheras más importantes del país. Allí se produce gran cantidad de quesos y, por lo tanto, de lactosuero. “En Villa María existen muchas cooperativas y pequeñas industrias que se dedican a la producción de queso. Ellas nos proveen el lactosuero, que es caracterizado en el laboratorio para ver si tienen condiciones para producir bioetanol”, comentaron las investigadoras.
En Argentina, se producen cerca de 9 millones de toneladas de lactosuero y sólo Villa María aporta cerca del 50 por ciento de esa cantidad. Sin embargo, alrededor del 60 por ciento de todo lo que se genera se transforma en desecho, con los inconvenientes que ello implica para el medioambiente, ya que se trata de material biológico, que es una fuente para la proliferación de microorganismos.
En Argentina, a diferencia de países como Brasil, todavía no se emplea el bioetanol puro como combustible para los vehículos, pero sí hay un corte importante de alcohol en las naftas, que oscila entre el 10 y el 12 por ciento.
A las industrias productoras de queso les genera un costo económico extra descontaminar los suelos en donde se arroja el lactosuero. No se trata de un producto tóxico, pero se termina contaminando porque tiene una gran demanda de oxígeno y se generan microorganismos indeseables, que pueden afectar los suelos o, eventualmente, las napas de agua. Incluso, los productores necesitan un espacio físico donde colocar este desecho.
Con la posibilidad de destinar el lactosuero a la producción de bioetanol, el productor tendría una alternativa diferente para disponer de ese desecho, estimaron las investigadoras.
Actualmente, muchas empresas descartan el lactosuero a través de cañerías que van directamente al suelo sin ningún tipo de tratamiento, indicaron.
Aminahuel sostuvo, además, que se intentan los primeros contactos con empresas generadoras de energía de la zona para llevar la producción de bioetanol a una escala mayor.
Una respuesta a la demanda industrial
Este proyecto surgió de la interacción de investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto con pares de Villa María. “Hace unos cinco años comenzamos a trabajar en el desarrollo de aditivos para alimentación animal. Este trabajo, en particular, forma parte de nuevas líneas de investigación, que tienen como finalidad dar respuesta a la demanda de un grupo importante de industrias generadoras de lactosuero”, destacó Cavaglieri. Y agregó: “Cuando uno trabaja en investigación, busca líneas prioritarias que sean sustentables económicamente y que redunden en beneficio para el país. Esta es una investigación que surgió de las demandas del medio”. “Por otra parte, siempre tratamos de darle a nuestras líneas de investigación un perfil que no solamente apunte a un desarrollo tecnológico que conlleve beneficios económicos para los productores, los consumidores y el país, sino que también tengan un impacto ambiental directo o indirecto favorable al aprovechar los residuos que eliminan las industrias”, comentó.
Nuevos desafíos
Resaltó Cavaglieri que, con su grupo de investigación, trabajan actualmente con cepas de Kluyveromyces marxianus, a diferencia de otros lugares del mundo donde lo hacen con cepas de Saccharomyces. De todos modos, explicó: “Nuestra idea es trabajar con distintos tipos de microorganismos para poder mejorar la eficiencia de la producción”.
Las cepas de Saccharomyces están muy difundidas y son aquellas que se utilizan en levaduras para panificación, en la elaboración de cervezas, en la industria vitivinícola, o para otros productos alimenticios. Sin embargo, según precisó la investigadora, no cualquier microorganismo puede utilizar el azúcar que se encuentra en el lactosuero, como ocurre con la cepa Kluyveromyces marxianus, lo cual hace novedoso este tipo de investigaciones, porque se trata de un microorganismo que tiene un alto potencial biotecnológico en relación con otros.
Esa particularidad, ubica a este grupo de investigadores a la vanguardia a nivel mundial en estudios científicos de estas características.
También, adelantó la doctora Cavaglieri, que junto con su equipo de trabajo tiene previsto desarrollar estrategias de encapsulado. Explicó: “Cuando hallamos el mejor microorganismo para la obtención del alcohol, por un proceso de filtración, se descarta todo, incluso el mismo microorganismo que se utilizó. El encapsulado es una técnica que permitiría la reutilización del microorganismo. Esa cápsula tiene poros por donde entra el lactosuero y sale el alcohol, lo que nos permitiría recuperar el microorganismo a través de un proceso de filtración. Esta sería una forma de abaratar costos porque al microorganismo necesario para obtener alcohol también hay que producirlo. Sería una etapa posterior al desarrollo de la actual investigación”.
En este marco, Cavaglieri agradeció el respaldo económico del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, a través del Foncyt y del CONICET, como así también de las secretarías de Ciencia y Técnica, tanto de la Universidad Nacional de Río Cuarto cuanto de Villa María.
Menos contaminación
Mucho se habló sobre la problemática de los combustibles fósiles, en parte debido a la contaminación que inevitablemente se deriva por su uso. Las emisiones de CO2 a la atmósfera, consideradas como una de las fuentes que contribuyen mayoritariamente al calentamiento global del planeta, pueden tener consecuencias desastrosas para ciertas regiones, produciendo sequías e inundaciones. Una alternativa para reducir el volumen total de CO2 que se emite a la atmósfera es el uso de biocombustibles. Éstos se obtienen de manera renovable a partir de restos orgánicos que absorben CO2 a medida que crecen, emitiendo prácticamente la misma cantidad que los combustibles convencionales cuando se queman, lo que produce un proceso de ciclo cerrado.
Dentro de estos biocombustibles se encuentra el bioetanol, que mezclado con la gasolina produce un biocombustible con características muy similares a la gasolina. Además, usado a concentraciones del 5 o el 10% no se requieren modificaciones en los motores actuales.
Faltan nexos con las industrias
Cavaglieri subrayó la calidad y cantidad de investigaciones que llevan adelante los científicos argentinos, pero lamentó que haya “inconvenientes en establecer el nexo entre los investigadores y las industrias, que son las que desarrollan los productos a escala”. “Los investigadores hacemos ensayos a escala piloto, pero entre la empresa que necesita el producto y el investigador necesitamos aquel intermediario que produzca a escala comercial”, remarcó.
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Otro parque eólico que inyecta electricidad al sistema
Un parque eólico en Chubut comenzó a inyectar electricidad al sistema
Fecha de Publicación: 03/12/2018
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
La Secretaría de Energía destacó hoy que “un nuevo parque eólico comenzó a inyectar energía a nuestra matriz energética”, en referencia a las instalaciones ubicadas en la localidad de Garayalde.
El parque, en el que se invirtieron US$ 35 millones, “cuenta con una potencia instalada de 24,1 Mw para abastecer el consumo energético anual de 22.000 hogares”, indicó Energía en su cuenta de Twitter.
Un nuevo parque eólico comenzó a inyectar energía a nuestra matríz energética. Es el PE Garayalde en Chubut que cuenta con una potencia instalada de 24,15MW para abastecer el consumo energético de 22 mil hogares.
La planta, operada por Pan American Energy (PAE, del grupo local Bridas y BP, ex British Petroleum) comenzó su construcción en 2016, como consecuencia de la ronda 1 del Programa Renovar.
La capacidad de generación eólica prevista en Garayalde es de 90.000 Mwh / año de electricidad.
En su primera etapa el parque, emplazado en la estancia La Rosa (propiedad de la empresa 3-Gall), en el límite con la localidad de Camarones, sobre la ruta 3, opera con 12 molinos.
Los responsables del emprendimientos admitieron la posibilidad de ampliar el potencial de generación hasta 50 Mw, lo cual requeriría una inversión adicional de US$ 30 millones.
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Fecha de Publicación: 03/12/2018
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
La Secretaría de Energía destacó hoy que “un nuevo parque eólico comenzó a inyectar energía a nuestra matriz energética”, en referencia a las instalaciones ubicadas en la localidad de Garayalde.
El parque, en el que se invirtieron US$ 35 millones, “cuenta con una potencia instalada de 24,1 Mw para abastecer el consumo energético anual de 22.000 hogares”, indicó Energía en su cuenta de Twitter.
Un nuevo parque eólico comenzó a inyectar energía a nuestra matríz energética. Es el PE Garayalde en Chubut que cuenta con una potencia instalada de 24,15MW para abastecer el consumo energético de 22 mil hogares.
La planta, operada por Pan American Energy (PAE, del grupo local Bridas y BP, ex British Petroleum) comenzó su construcción en 2016, como consecuencia de la ronda 1 del Programa Renovar.
La capacidad de generación eólica prevista en Garayalde es de 90.000 Mwh / año de electricidad.
En su primera etapa el parque, emplazado en la estancia La Rosa (propiedad de la empresa 3-Gall), en el límite con la localidad de Camarones, sobre la ruta 3, opera con 12 molinos.
Los responsables del emprendimientos admitieron la posibilidad de ampliar el potencial de generación hasta 50 Mw, lo cual requeriría una inversión adicional de US$ 30 millones.
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Alianza para la Acción Climática Argentina
Lanzan la Alianza para la Acción Climática Argentina
Fecha de Publicación: 03/12/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El movimiento está conformado por representantes del sector empresarial, del académico, de la sociedad civil y de diversos estamentos de gobierno, que han mostrado un compromiso real con la acción climática y buscan catalizar su impacto mediante el trabajo conjunto
En la ciudad de Buenos Aires se realizó el lanzamiento de la Alianza para la Acción Climática Argentina, integrada por representantes del sector empresarial, del académico, de la sociedad civil y de diversos estamentos de gobiernos.
Estos actores clave han mostrado un compromiso real con la acción climática (reducción de emisiones, adaptación al cambio climático, generación de conocimiento y difusión, promoción de políticas públicas, etcétera) y buscan catalizar su impacto y compromiso por medio del diseño e implementación de acciones conjuntas y coordinadas que contribuyan al cumplimiento acelerado de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de Argentina y que generen las condiciones que permitan aumentar las ambiciones nacionales como también incluir nuevas medidas climáticas.
“Llegó el momento en que todas las personas, representadas a través de las distintas instituciones de la sociedad, participen activamente y contribuyan a la implementación de los compromisos climáticos nacionales, creando las condiciones, interactuando colaborativamente entre ellas y con el gobierno, y proponiendo alternativas más ambiciosas para alcanzar el objetivo de los 1,5ºC. La Alianza para la Acción Climática Argentina es la forma en que se plasma esta intención”, aseguró Carlos Tanides, coordinador de Ambiente, Clima y Energía, de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
El evento de lanzamiento contó con la presencia de Yolanda Kakabadse, ex presidente de la Organización Mundial de Conservación (WWF, por sus siglas en inglés) y actual presidente del Consejo Asesor para Latinoamérica de la Organización.
Por otra parte, se realizó una mesa debate con algunos de los miembros ya confirmados de la Alianza para la Acción Climática Argentina.
Kakabadse fue muy clara en la importancia de las Alianzas para la Acción Climática y la necesidad de empezar a gestar un cambio entre todas las partes de la sociedad: “Siempre tratamos de lavarnos las manos, echando la culpa a los otros, a los empresarios, a los políticos; pero si cada uno de nosotros no empieza a actuar, con acciones individuales, particulares, que se multipliquen en el hogar, en la escuela, en el barrio, en la sociedad y en la nación, nada va a cambiar. Tenemos que cambiar desde adentro, desde las raíces, hacia afuera. Nosotros somos los agentes de cambio”, expresó.
Argentina es el tercer país del mundo en crear este tipo de Alianza luego de Japón y México y se espera que luego sigan otros países como Brasil, Colombia y Sudáfrica, entre otros.
La Alianza para la Acción Climática Argentina será presentada en el ámbito internacional en el marco de la 24ª Cumbre del Clima de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a realizarse en Katowice (Polonia) en las próximas semanas.
Acerca del Acuerdo de París
Adoptado en 2015, las naciones firmantes se comprometieron a emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.
Lograr el cumplimiento de dichos compromisos requiere urgentemente de la movilización completa de la comunidad mundial, para lograr que la temperatura media en el mundo no aumente más de 1,5°C. Si la comunidad mundial quiere mantener el objetivo a su alcance y garantizar una respuesta de adaptación adecuada, la ciencia dice que las emisiones globales deben llegar a su punto máximo en 2020 y la acción climática debe acelerarse rápidamente en todas partes.
Por ese motivo, los compromisos nacionales del primer período del Acuerdo de París deben transformarse ahora en planes de implementación.
Los gobiernos nacionales no pueden enfrentar este desafío solos. El Acuerdo de París reconoce explícitamente el papel de los gobiernos subnacionales y locales y de otros actores tales como empresas, el sector académico, pueblos originarios y ONG, comúnmente conocidos como Actores No Estatales (ANE), como fundamentales para lograr la acción climática a la escala y velocidad requeridas.
En este marco nacen las alianzas para la Acción Climática, una iniciativa global de la Organización Mundial de Conservación (WWF por sus siglas en inglés), Fundación Avina, CDP, C40, CAN, The Climate Group y We Mean Business.
Estas alianzas buscan articular y fortalecer a los actores locales para acelerar la transición a sociedades bajas en carbono y resilientes al clima, implementando y acelerando los Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).
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Fecha de Publicación: 03/12/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El movimiento está conformado por representantes del sector empresarial, del académico, de la sociedad civil y de diversos estamentos de gobierno, que han mostrado un compromiso real con la acción climática y buscan catalizar su impacto mediante el trabajo conjunto
En la ciudad de Buenos Aires se realizó el lanzamiento de la Alianza para la Acción Climática Argentina, integrada por representantes del sector empresarial, del académico, de la sociedad civil y de diversos estamentos de gobiernos.
Estos actores clave han mostrado un compromiso real con la acción climática (reducción de emisiones, adaptación al cambio climático, generación de conocimiento y difusión, promoción de políticas públicas, etcétera) y buscan catalizar su impacto y compromiso por medio del diseño e implementación de acciones conjuntas y coordinadas que contribuyan al cumplimiento acelerado de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de Argentina y que generen las condiciones que permitan aumentar las ambiciones nacionales como también incluir nuevas medidas climáticas.
“Llegó el momento en que todas las personas, representadas a través de las distintas instituciones de la sociedad, participen activamente y contribuyan a la implementación de los compromisos climáticos nacionales, creando las condiciones, interactuando colaborativamente entre ellas y con el gobierno, y proponiendo alternativas más ambiciosas para alcanzar el objetivo de los 1,5ºC. La Alianza para la Acción Climática Argentina es la forma en que se plasma esta intención”, aseguró Carlos Tanides, coordinador de Ambiente, Clima y Energía, de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
El evento de lanzamiento contó con la presencia de Yolanda Kakabadse, ex presidente de la Organización Mundial de Conservación (WWF, por sus siglas en inglés) y actual presidente del Consejo Asesor para Latinoamérica de la Organización.
Por otra parte, se realizó una mesa debate con algunos de los miembros ya confirmados de la Alianza para la Acción Climática Argentina.
Kakabadse fue muy clara en la importancia de las Alianzas para la Acción Climática y la necesidad de empezar a gestar un cambio entre todas las partes de la sociedad: “Siempre tratamos de lavarnos las manos, echando la culpa a los otros, a los empresarios, a los políticos; pero si cada uno de nosotros no empieza a actuar, con acciones individuales, particulares, que se multipliquen en el hogar, en la escuela, en el barrio, en la sociedad y en la nación, nada va a cambiar. Tenemos que cambiar desde adentro, desde las raíces, hacia afuera. Nosotros somos los agentes de cambio”, expresó.
Argentina es el tercer país del mundo en crear este tipo de Alianza luego de Japón y México y se espera que luego sigan otros países como Brasil, Colombia y Sudáfrica, entre otros.
La Alianza para la Acción Climática Argentina será presentada en el ámbito internacional en el marco de la 24ª Cumbre del Clima de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a realizarse en Katowice (Polonia) en las próximas semanas.
Acerca del Acuerdo de París
Adoptado en 2015, las naciones firmantes se comprometieron a emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.
Lograr el cumplimiento de dichos compromisos requiere urgentemente de la movilización completa de la comunidad mundial, para lograr que la temperatura media en el mundo no aumente más de 1,5°C. Si la comunidad mundial quiere mantener el objetivo a su alcance y garantizar una respuesta de adaptación adecuada, la ciencia dice que las emisiones globales deben llegar a su punto máximo en 2020 y la acción climática debe acelerarse rápidamente en todas partes.
Por ese motivo, los compromisos nacionales del primer período del Acuerdo de París deben transformarse ahora en planes de implementación.
Los gobiernos nacionales no pueden enfrentar este desafío solos. El Acuerdo de París reconoce explícitamente el papel de los gobiernos subnacionales y locales y de otros actores tales como empresas, el sector académico, pueblos originarios y ONG, comúnmente conocidos como Actores No Estatales (ANE), como fundamentales para lograr la acción climática a la escala y velocidad requeridas.
En este marco nacen las alianzas para la Acción Climática, una iniciativa global de la Organización Mundial de Conservación (WWF por sus siglas en inglés), Fundación Avina, CDP, C40, CAN, The Climate Group y We Mean Business.
Estas alianzas buscan articular y fortalecer a los actores locales para acelerar la transición a sociedades bajas en carbono y resilientes al clima, implementando y acelerando los Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).
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Misiones declara el “Día Provincial del Yaguareté”
Passalacqua declaró el 29 de noviembre como “Día Provincial del Yaguareté”
Fecha de Publicación: 03/12/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
A través del decreto 1760/18, el gobernador Hugo Passalacqua dispuso que hoy se festejará el primer “Día Provincial del Yaguareté”, conmemoración que tendrá lugar cada 29 de noviembre para reivindicar a uno de los monumentos naturales más representativos de la vasta fauna misionera.
La determinación del mandatario acompaña el reconocimiento ecológico, ético, social y cultural que realiza la Provincia de Misiones del felino más grande de América, cuya presencia implica no sólo un ecosistema en óptimo estado de conservación; sino que también determina la existencia de otras especies, la salud de la selva y del ecosistema y, en definitiva, redunda en un factor directo para el bienestar del ser humano. Es por ello que la elección de una fecha para celebrar la existencia de la “verdadera fiera” (como se desprende de su traducción del guaraní) resulta una colaboración a los esfuerzos de conservación que realiza no sólo la Provincia, sino también numerosas instituciones y organizaciones, al tiempo que implica un afianzamiento en el respeto a la identidad misionera.
Cabe recordar que Misiones fue la primera provincia del país en declarar monumento natural al yaguareté y es la única que monitorea de manera periódica la población de la especie. Asimismo, el Gobierno de la Provincia lleva a cabo el Plan de Acción para la Conservación del Yaguareté del Corredor Verde, que posee 7 programas: protección de hábitat, monitoreo e investigación, control y fiscalización, educación y extensión, comunicación y conservación, entre otras 38 acciones estratégicas.
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Experta argentina en cambio climático lanza advertencia
Matilde Rusticucci: Tenemos que reducir las emisiones ya
Fecha de Publicación: 02/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Una de las mayores expertas argentinas en cambio climático advierte que hay que tomar medidas urgentes para evitar sus efectos. También señala cómo será el impacto en Argentina y qué debería hacer el país para adaptarse al calentamiento global.
Matilde Rusticucci viene estudiando el cambio climático desde hace décadas. Fue autora principal del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), responsable de emitir los informes técnicos de la ONU sobre el tema.
La sensación que tiene es de impotencia ante la falta de reacción que se ha tenido frente a este problema que ahora está a la vuelta de la esquina.
Rusticucci es investigadora principal del Conicet en la Universidad de Buenos Aires y hace unos días dio una charla en Córdoba, en las Jornadas de Actualización Bioquímica. El escenario puede parecer extraño, pero el cambio climático tendrá decenas de impactos en la salud de las personas.
La experta habla sobre este tema y sobre el último informe del IPCC, que es lapidario. El documento advierte sobre las consecuencias de un incremento de la temperatura global de más de 1,5 grados respecto de la era preindustrial.
–¿Cómo se puede evitar superar esa peligrosa marca de 1,5 grados?
–El informe confirma que la reducción de emisiones que los países se comprometieron a hacer en el marco del Acuerdo de París no alcanza. Lo que dice es que es necesario reducir la contaminación casi a la mitad para 2030. Son apenas 12 años.
–Parece una tarea muy difícil de cumplir.
–Tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ya. Las alternativas son utilizar energías sustentables y electrificar el transporte para que dejen de consumir combustibles fósiles. Son medidas ya conocidas, a las que ahora se agregan otras como los cambios en los hábitos de alimentación. Los alimentos basados en la producción ganadera intensiva emiten muchos gases de efecto invernadero. Hay que buscar otras alternativas equivalentes en términos nutritivos pero menos contaminantes.
–¿Cuáles serán las consecuencias si se supera ese límite?
–Con dos grados más de temperatura, las consecuencias son significativamente más graves que si se limita a 1,5 grados. Por ejemplo, la gente expuesta a olas de calor se duplicaría y se triplicarían las especies animales y vegetales afectadas por el cambio climático.
–¿Qué otros efectos sobre la salud tendrá el cambio climático además de la reemergencia de enfermedades transmitidas por mosquitos y otros vectores?
–Los cambios en el clima también están vinculados a problemas cardiovasculares. Habrá muchas migraciones por los problemas climáticos, por lo que también tendrá un impacto psicológico.
–¿Por qué no hay reacción ante este problema?
–Los dirigentes políticos no reaccionan porque son cambios que requieren dinero, aunque muchas tecnologías son económicas. No hay reacción porque no es una prioridad. Y no es una prioridad porque la gente no lo reclama de la forma en que debería hacerlo dada la magnitud del problema. Me da impotencia la situación a la que llegamos, porque hace 30 años que los científicos venimos advirtiendo lo que está pasando ahora.
–¿Qué tan graves serán los efectos del cambio climático en Argentina?
–Argentina no está en el peor lugar donde impactará el cambio climático. Las principales consecuencias serán las lluvias intensas, los períodos de sequía más frecuentes y más olas de calor. Los peores efectos están focalizados en el hemisferio norte, en las islas y en las zonas costeras como en la India, China e Indonesia, donde vive mucha gente. Pero lo cierto es que las consecuencias serán más duras en países pobres y en desarrollo que en las naciones desarrolladas porque están más preparadas y cuentan con más recursos para adaptarse.
–¿Argentina debería preocuparse más en la adaptación que en la mitigación del cambio climático?
–Sí, porque Argentina no es uno de los principales emisores, apenas el 0,7 por ciento. Aunque si se contabiliza por habitante como reclaman naciones como India, nuestro país sí deberá asumir responsabilidades de mitigación. Parte de la adaptación ya la estamos viviendo, por ejemplo, porque en las ciudades se compran más equipos para refrigerar los hogares y porque se extendió la frontera agrícola como consecuencia de un clima más favorable. Pero hay que pensar en lo que vendrá, que serán períodos marcados de sequía y lluvias intensas.
De la cumbre del G-20 a la COP24
El próximo lunes iniciará la cumbre sobre el cambio climático, conocida como COP24. Se realizará en Katowice (Polonia) y se espera que sea la reunión que defina el futuro del Acuerdo de París de 2015.
Será la penúltima reunión en camino hacia 2020, año en que entrará en vigencia el tratado que obliga a las naciones a cumplir con sus planes voluntarios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Uno de los grandes interrogantes es qué hará Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ya decidió salirse del acuerdo, pero que recién podrá formalizarlo en 2020.
Ese mismo camino podría seguir Brasil, si Jair Bolsonaro, su presidente electo, cumple con su promesa.
En la actualidad, Estados Unidos es el segundo país que más contamina (detrás de China) y Brasil está entre las naciones con emisiones más altas. Pero la deserción sudamericana tendría un impacto mayor porque ha sido un país líder en las negociaciones y porque tiene el mayor reservorio de carbono del mundo: el Amazonas.
En este sentido, son claves las negociaciones que se lleven a cabo sobre este tema dentro de la cumbre del G-20 que se está desarrollando en Buenos Aires.
El Acuerdo de París busca disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que la temperatura media global no aumente más de 1,5 grados respecto del período preindustrial.
De superarse esa marca, las consecuencias a partir de mediados de siglo serían catastróficas: el incremento en el nivel del mar dejará a ciudades costeras inundadas, las sequías e inundaciones serán más frecuentes y severas en todo el mundo, y el calentamiento y acidificación de los mares pondrán en jaque a la vida acuática.
Todo ello provocará problemas de escasez de alimentos y agua, aumento de enfermedades, migraciones climáticas y conflictos sociales globales.
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Fecha de Publicación: 02/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Una de las mayores expertas argentinas en cambio climático advierte que hay que tomar medidas urgentes para evitar sus efectos. También señala cómo será el impacto en Argentina y qué debería hacer el país para adaptarse al calentamiento global.
Matilde Rusticucci viene estudiando el cambio climático desde hace décadas. Fue autora principal del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), responsable de emitir los informes técnicos de la ONU sobre el tema.
La sensación que tiene es de impotencia ante la falta de reacción que se ha tenido frente a este problema que ahora está a la vuelta de la esquina.
Rusticucci es investigadora principal del Conicet en la Universidad de Buenos Aires y hace unos días dio una charla en Córdoba, en las Jornadas de Actualización Bioquímica. El escenario puede parecer extraño, pero el cambio climático tendrá decenas de impactos en la salud de las personas.
La experta habla sobre este tema y sobre el último informe del IPCC, que es lapidario. El documento advierte sobre las consecuencias de un incremento de la temperatura global de más de 1,5 grados respecto de la era preindustrial.
–¿Cómo se puede evitar superar esa peligrosa marca de 1,5 grados?
–El informe confirma que la reducción de emisiones que los países se comprometieron a hacer en el marco del Acuerdo de París no alcanza. Lo que dice es que es necesario reducir la contaminación casi a la mitad para 2030. Son apenas 12 años.
–Parece una tarea muy difícil de cumplir.
–Tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ya. Las alternativas son utilizar energías sustentables y electrificar el transporte para que dejen de consumir combustibles fósiles. Son medidas ya conocidas, a las que ahora se agregan otras como los cambios en los hábitos de alimentación. Los alimentos basados en la producción ganadera intensiva emiten muchos gases de efecto invernadero. Hay que buscar otras alternativas equivalentes en términos nutritivos pero menos contaminantes.
–¿Cuáles serán las consecuencias si se supera ese límite?
–Con dos grados más de temperatura, las consecuencias son significativamente más graves que si se limita a 1,5 grados. Por ejemplo, la gente expuesta a olas de calor se duplicaría y se triplicarían las especies animales y vegetales afectadas por el cambio climático.
–¿Qué otros efectos sobre la salud tendrá el cambio climático además de la reemergencia de enfermedades transmitidas por mosquitos y otros vectores?
–Los cambios en el clima también están vinculados a problemas cardiovasculares. Habrá muchas migraciones por los problemas climáticos, por lo que también tendrá un impacto psicológico.
–¿Por qué no hay reacción ante este problema?
–Los dirigentes políticos no reaccionan porque son cambios que requieren dinero, aunque muchas tecnologías son económicas. No hay reacción porque no es una prioridad. Y no es una prioridad porque la gente no lo reclama de la forma en que debería hacerlo dada la magnitud del problema. Me da impotencia la situación a la que llegamos, porque hace 30 años que los científicos venimos advirtiendo lo que está pasando ahora.
–¿Qué tan graves serán los efectos del cambio climático en Argentina?
–Argentina no está en el peor lugar donde impactará el cambio climático. Las principales consecuencias serán las lluvias intensas, los períodos de sequía más frecuentes y más olas de calor. Los peores efectos están focalizados en el hemisferio norte, en las islas y en las zonas costeras como en la India, China e Indonesia, donde vive mucha gente. Pero lo cierto es que las consecuencias serán más duras en países pobres y en desarrollo que en las naciones desarrolladas porque están más preparadas y cuentan con más recursos para adaptarse.
–¿Argentina debería preocuparse más en la adaptación que en la mitigación del cambio climático?
–Sí, porque Argentina no es uno de los principales emisores, apenas el 0,7 por ciento. Aunque si se contabiliza por habitante como reclaman naciones como India, nuestro país sí deberá asumir responsabilidades de mitigación. Parte de la adaptación ya la estamos viviendo, por ejemplo, porque en las ciudades se compran más equipos para refrigerar los hogares y porque se extendió la frontera agrícola como consecuencia de un clima más favorable. Pero hay que pensar en lo que vendrá, que serán períodos marcados de sequía y lluvias intensas.
De la cumbre del G-20 a la COP24
El próximo lunes iniciará la cumbre sobre el cambio climático, conocida como COP24. Se realizará en Katowice (Polonia) y se espera que sea la reunión que defina el futuro del Acuerdo de París de 2015.
Será la penúltima reunión en camino hacia 2020, año en que entrará en vigencia el tratado que obliga a las naciones a cumplir con sus planes voluntarios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Uno de los grandes interrogantes es qué hará Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ya decidió salirse del acuerdo, pero que recién podrá formalizarlo en 2020.
Ese mismo camino podría seguir Brasil, si Jair Bolsonaro, su presidente electo, cumple con su promesa.
En la actualidad, Estados Unidos es el segundo país que más contamina (detrás de China) y Brasil está entre las naciones con emisiones más altas. Pero la deserción sudamericana tendría un impacto mayor porque ha sido un país líder en las negociaciones y porque tiene el mayor reservorio de carbono del mundo: el Amazonas.
En este sentido, son claves las negociaciones que se lleven a cabo sobre este tema dentro de la cumbre del G-20 que se está desarrollando en Buenos Aires.
El Acuerdo de París busca disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que la temperatura media global no aumente más de 1,5 grados respecto del período preindustrial.
De superarse esa marca, las consecuencias a partir de mediados de siglo serían catastróficas: el incremento en el nivel del mar dejará a ciudades costeras inundadas, las sequías e inundaciones serán más frecuentes y severas en todo el mundo, y el calentamiento y acidificación de los mares pondrán en jaque a la vida acuática.
Todo ello provocará problemas de escasez de alimentos y agua, aumento de enfermedades, migraciones climáticas y conflictos sociales globales.
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Mendoza: productores se oponen a cambios en la 7722
"Sí al agua pura, no a la minería”: productores de Mendoza defienden la ley 7722 con un camionetazo
Fecha de Publicación: 02/12/2018
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Mendoza
Convocados por la Sociedad Rural de Valle de Uco, marchan hacia la Legislatura para protestar por la modificación de la norma. "La 7722 no se toca" es la consigna.
Convocados por la Sociedad Rural del Valle de Uco, productores mendocinos realizan desde esta mañana un “camionetazo” en defensa de la ley 7722 y en contra de la minería.
“Sí al agua pura, no a la minería”, expresan los productores de la zona, que partieron hacia la Legislatura a las 6.30 desde el cruce de San Carlos junto con sus pares de Alvear. En tanto, en Zapata se sumaron productores de Tunuyán y Tupungato, mientras que en el Cóndor adhirió el este provincial.
El reclamo se originó a partir de la intención de los legisladores de Mendoza de modificar la ley 7722, que prohíbe el uso de determinadas sustancias en la actividad minera.
“Diversas opiniones científicas demuestran el alto riesgo que la industria de la minería genera, una industria que usando los componentes químicos que propone, coloca en riesgo la calidad de nuestras aguas”, señalaron desde la Rural de Valle de Uco, que aseguró que en las audiencias públicas para cambiar la norma se evidenciaron las “relaciones económicas de poder”.
En ese sentido, los productores dijeron que la ley “es acompañada por juristas, científicos, organizaciones sociales” además del sector primario, al que consideraron “el primero en recibir el agua que viene de nuestra cordillera”.
“Somos la segunda economía regional del país (en relación a la medida en inversión que hace el productor) pero tenemos innumerables problemas. Esta situación tiene responsables directos y, como si fuera poco, nos ponen en riesgo el agua, recurso estratégico, eje de nuestra actividad y desarrollo”, dispararon desde la entidad.
En tanto, se refirieron a la presión impositiva y la falta de asistencia financiera del sector, que “favoreció a la concentración económica” que “está en manos de las bodegas, galpones de empaque, que pagan precios viles, sin un Estado que aplique las leyes vigentes y que impida estas posiciones dominantes”.
“¿Creen que podemos confiar en los controles de un Estado que abandonó a sus productores y ahora va a permitir que le saquen el agua con un rango de escasez declarada por irrigación? Rescatando algunas excepciones, ¿qué ha hecho la política para recuperar a tantos productores expulsados? Lo único que se les ocurrió es hablar de ampliar la matriz productiva, pero eliminando la que ya tienen”, reflexionaron los productores mendocinos.
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Fecha de Publicación: 02/12/2018
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Mendoza
Convocados por la Sociedad Rural de Valle de Uco, marchan hacia la Legislatura para protestar por la modificación de la norma. "La 7722 no se toca" es la consigna.
Convocados por la Sociedad Rural del Valle de Uco, productores mendocinos realizan desde esta mañana un “camionetazo” en defensa de la ley 7722 y en contra de la minería.
“Sí al agua pura, no a la minería”, expresan los productores de la zona, que partieron hacia la Legislatura a las 6.30 desde el cruce de San Carlos junto con sus pares de Alvear. En tanto, en Zapata se sumaron productores de Tunuyán y Tupungato, mientras que en el Cóndor adhirió el este provincial.
El reclamo se originó a partir de la intención de los legisladores de Mendoza de modificar la ley 7722, que prohíbe el uso de determinadas sustancias en la actividad minera.
“Diversas opiniones científicas demuestran el alto riesgo que la industria de la minería genera, una industria que usando los componentes químicos que propone, coloca en riesgo la calidad de nuestras aguas”, señalaron desde la Rural de Valle de Uco, que aseguró que en las audiencias públicas para cambiar la norma se evidenciaron las “relaciones económicas de poder”.
En ese sentido, los productores dijeron que la ley “es acompañada por juristas, científicos, organizaciones sociales” además del sector primario, al que consideraron “el primero en recibir el agua que viene de nuestra cordillera”.
“Somos la segunda economía regional del país (en relación a la medida en inversión que hace el productor) pero tenemos innumerables problemas. Esta situación tiene responsables directos y, como si fuera poco, nos ponen en riesgo el agua, recurso estratégico, eje de nuestra actividad y desarrollo”, dispararon desde la entidad.
En tanto, se refirieron a la presión impositiva y la falta de asistencia financiera del sector, que “favoreció a la concentración económica” que “está en manos de las bodegas, galpones de empaque, que pagan precios viles, sin un Estado que aplique las leyes vigentes y que impida estas posiciones dominantes”.
“¿Creen que podemos confiar en los controles de un Estado que abandonó a sus productores y ahora va a permitir que le saquen el agua con un rango de escasez declarada por irrigación? Rescatando algunas excepciones, ¿qué ha hecho la política para recuperar a tantos productores expulsados? Lo único que se les ocurrió es hablar de ampliar la matriz productiva, pero eliminando la que ya tienen”, reflexionaron los productores mendocinos.
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