Casilda prohibe por ordenanza tres agrotóxicos
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Tres agroquímicos fueron prohibidos en toda Casilda
Fecha de Publicación: 02/10/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Se trata de los productos Endosulfan, Nonil Fenol y Ester 2.4D. Pertenecen a la banda roja y no podrán aplicarse en las 37.800 hectáreas de la jurisdicción.
Con la vista puesta en el cuidado del medio ambiente y la protección de la salud pública, el Concejo Municipal sancionó una ordenanza que prohíbe en toda la jurisdicción de esta ciudad el uso de un grupo de agroquímicos considerados altamente "tóxicos, volátiles y de acción residual prolongada". Se trata de los productos Endosulfan, Nonil Fenol y Ester 2.4D, los cuales son aplicados frecuentemente en cultivos de la zona. Para tener una idea del alcance de la norma, la jurisdicción de Casilda tiene una superficie de 37.800 hectáreas, de las cuales sólo 5 mil están urbanizadas.
El deliberativo local fundamentó su decisión ante la preocupación que genera el "incremento de consultas por patologías asociadas a intoxicaciones agudas y enfermedades de la piel por agrotóxicos y enfermedades en las vías respiratorias". En tal sentido remarcó que "en la toxicidad a largo plazo de estos compuestos químicos está el verdadero problema" ya que, precisamente, "la distancia en el tiempo entre la aparición de los síntomas y la exposición puede hacer que el paciente ni el profesional interviniente asocien la patología con el producto".
La prohibición de este tipo de plaguicidas "hace al sustento de los habitantes de nuestro pueblo", sostuvieron los ediles para luego remarcar que "la salud del agro es un capital económico, social y colectivo que no podemos poner en riesgo". Asimismo plantearon que es su deber como órgano legislativo "considerar esta situación como un problema ya que si no lo entendemos así esto va a seguir evolucionando peligrosamente hacia la catástrofe".
El Concejo calificó como de "indiscutible" la toxicidad de los plaguicidas que prohibió por el peligro que representa para la sanidad humana. Y en ese contexto valoró la importancia de "trabajar en estas cuestiones que hacen a la calidad de vida y el bienestar de nuestra población en un tema que es altamente delicado".
Ordenanza. Casilda cuenta actualmente con una ordenanza que regula la aplicación de fitosanitarios tomando como base el límite urbano. La normativa, que adhiere a la ley provincial vigente, prohíbe las fumigaciones aéreas a menos de un kilómetro del radio urbano y permite aspersiones terrestres en los primeros quinientos metros solamente con productos de las bandas verde y azul, previa autorización del Ejecutivo municipal.
Los productos Endosulfan (insecticida), Nonil Fenol (coadyuvante) y Ester 2.4D (herbicida), son utilizados habitualmente en áreas rurales alejadas de casco urbano aunque igualmente pueden afectar a la población debido a su fácil polución. "Son productos muy volátiles y como implican un peligro para la salud de la población es que resolvimos prohibir su uso a instancias de sugerencias planteadas por el Consejo Asesor de Ecología como por la presidente del Consejo Local de Medio Ambiente (Colama), Liliana Alvarez", explicó el concejal Mauricio Plancich, quien integra la comisión legislativa de Ecología y Medio Ambiente junto a sus pares Antonia Pierucci y Pedro Sanitá.
La instrumentación la norma recientemente sancionada por unanimidad implicará un fuerte control por parte de la Municipalidad a fin de garantizar su cumplimiento. "El objetivo es evitar los posibles efectos nocivos de estos agroquímicos", dijo Plancich para agregar que su prohibición "también supone que los establecimientos dedicados a la venta de insumos para el campo no lo comercialicen".
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Fecha de Publicación: 02/10/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Se trata de los productos Endosulfan, Nonil Fenol y Ester 2.4D. Pertenecen a la banda roja y no podrán aplicarse en las 37.800 hectáreas de la jurisdicción.Con la vista puesta en el cuidado del medio ambiente y la protección de la salud pública, el Concejo Municipal sancionó una ordenanza que prohíbe en toda la jurisdicción de esta ciudad el uso de un grupo de agroquímicos considerados altamente "tóxicos, volátiles y de acción residual prolongada". Se trata de los productos Endosulfan, Nonil Fenol y Ester 2.4D, los cuales son aplicados frecuentemente en cultivos de la zona. Para tener una idea del alcance de la norma, la jurisdicción de Casilda tiene una superficie de 37.800 hectáreas, de las cuales sólo 5 mil están urbanizadas.
El deliberativo local fundamentó su decisión ante la preocupación que genera el "incremento de consultas por patologías asociadas a intoxicaciones agudas y enfermedades de la piel por agrotóxicos y enfermedades en las vías respiratorias". En tal sentido remarcó que "en la toxicidad a largo plazo de estos compuestos químicos está el verdadero problema" ya que, precisamente, "la distancia en el tiempo entre la aparición de los síntomas y la exposición puede hacer que el paciente ni el profesional interviniente asocien la patología con el producto".
La prohibición de este tipo de plaguicidas "hace al sustento de los habitantes de nuestro pueblo", sostuvieron los ediles para luego remarcar que "la salud del agro es un capital económico, social y colectivo que no podemos poner en riesgo". Asimismo plantearon que es su deber como órgano legislativo "considerar esta situación como un problema ya que si no lo entendemos así esto va a seguir evolucionando peligrosamente hacia la catástrofe".
El Concejo calificó como de "indiscutible" la toxicidad de los plaguicidas que prohibió por el peligro que representa para la sanidad humana. Y en ese contexto valoró la importancia de "trabajar en estas cuestiones que hacen a la calidad de vida y el bienestar de nuestra población en un tema que es altamente delicado".
Ordenanza. Casilda cuenta actualmente con una ordenanza que regula la aplicación de fitosanitarios tomando como base el límite urbano. La normativa, que adhiere a la ley provincial vigente, prohíbe las fumigaciones aéreas a menos de un kilómetro del radio urbano y permite aspersiones terrestres en los primeros quinientos metros solamente con productos de las bandas verde y azul, previa autorización del Ejecutivo municipal.
Los productos Endosulfan (insecticida), Nonil Fenol (coadyuvante) y Ester 2.4D (herbicida), son utilizados habitualmente en áreas rurales alejadas de casco urbano aunque igualmente pueden afectar a la población debido a su fácil polución. "Son productos muy volátiles y como implican un peligro para la salud de la población es que resolvimos prohibir su uso a instancias de sugerencias planteadas por el Consejo Asesor de Ecología como por la presidente del Consejo Local de Medio Ambiente (Colama), Liliana Alvarez", explicó el concejal Mauricio Plancich, quien integra la comisión legislativa de Ecología y Medio Ambiente junto a sus pares Antonia Pierucci y Pedro Sanitá.
La instrumentación la norma recientemente sancionada por unanimidad implicará un fuerte control por parte de la Municipalidad a fin de garantizar su cumplimiento. "El objetivo es evitar los posibles efectos nocivos de estos agroquímicos", dijo Plancich para agregar que su prohibición "también supone que los establecimientos dedicados a la venta de insumos para el campo no lo comercialicen".
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El Atuel suma otro conflicto entre Mendoza y La Pampa
Denuncian desvío de agua del río Atuel a La Pampa
Fecha de Publicación: 01/10/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El senador radical Camerucci, asegura que Irrigación está violando un acuerdo con la Corte Suprema y que en el paraje de Rincón del Indio (San Rafael) se están derivando 4 metros cúbicos por segundo. El organismo desmiente que se haya perdido calidad de riego.
El legislador ahora denuncia que el Departamento General de Irrigación está desviando alrededor de 4 metros cúbicos por segundo de aguas del río Atuel a La Pampa, a pesar de que actualmente no se cumple con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictaminó que Mendoza debe regar las más de 75 mil hectáreas que se sirven de ese río y derivar el excedente a la vecina provincia.
“La Corte dijo que debíamos asegurar el riego de 75.661 hectáreas. Actualmente estamos regando 50 mil hectáreas”, asegura Camerucci.
Desde Irrigación responden con un informe realizado por técnicos del organismo: “La alternancia de caudales no puede ser absorbidas por el conjunto de canales derivados del canal matriz Nuevo Alvear. Por el contrario, las compuertas derivan caudales fijos trasladándose las variaciones al final del mismo, causando perjuicios tanto por excesos como por déficit de agua”.
Según Camerucci, en el dique de Rincón del Indio (San Rafael) se abrieron las compuertas y se está derivando agua por la traza natural del río. A la altura de La Olla se reconduce una parte del agua al canal Matriz Nuevo Atuel, mientras que la otra continúa en la traza natural del río hacia La Pampa. Siempre según el legislador, el caudal que se está dejando correr por el río es de unos 4 metros cúbicos por segundo.
“En Rincón del Indio se mezclan las aguas de mala calidad, conocidas como ‘aguadita’ con las que se derivan del Marginal del Atuel. Luego, en La Olla, al reencauzarse una parte, se está entregando agua de mala calidad para el riego”, dice el senador.
El canal marginal del Atuel se construyó, además de para evitar la pérdida de agua por filtraciones en el lecho del río, para evitar la salinidad de las aguas que afectaba particularmente a los productores de General Alvear. Al mezclarse las aguas del canal con las que vienen por el río se incrementa el volumen, pero baja la calidad para el riego.
Irrigación también responde a esto. “La salinidad del agua que ingresa al Canal Marginal es de 1,27 dS/cm, la del cauce del río Atuel por aportes de aguaditas, a la altura del Dique Rincón del Indio alcanza a 2,30 dS/cm. En el Matriz Nuevo Alvear llega a 1,30 dS/cm, no significando esto una pérdida de calidad del agua de riego”.
La relación de la actual gestión de Irrigación, encabezada por José Luis Álvarez, con los regantes del Atuel, no ha sido fácil. Y es por esto que la denuncia de Camerucci viene a sumar un poco más al caldeado clima. Y buena parte de los conflictos tiene que ver con el caudal de agua y la pelea de aguas con La Pampa.
A fines de julio, regantes de General Alvear levantaron campamento en las puertas de la delegación de Irrigación en ese departamento. Los productores pedían la presencia de José Luis Alvarez para que garantice la dotación de agua para riego. El 7 de agosto estuvo Álvarez por Alvear para destrabar la situación que incluyó hasta cortes de rutas.
Otro dato acerca de la tirante relación con los regantes del sur está vinculado a la expropiación de tierras a deudores del canon de riego.
Una parte de esos deudores en realidad no lo eran, al menos es lo que reclamaban los productores del Sur. Es que, cuando un fenómeno climático afecta a la producción, llega la declaración de emergencia y eso implica que el Estado se hace cargo del derecho de riego.
Así es que aparecían deudores, porque nunca se hizo el cruce de datos y el asiento contable. Esto también tuvo que resolverlo Alvarez.
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Fecha de Publicación: 01/10/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El senador radical Camerucci, asegura que Irrigación está violando un acuerdo con la Corte Suprema y que en el paraje de Rincón del Indio (San Rafael) se están derivando 4 metros cúbicos por segundo. El organismo desmiente que se haya perdido calidad de riego. El legislador ahora denuncia que el Departamento General de Irrigación está desviando alrededor de 4 metros cúbicos por segundo de aguas del río Atuel a La Pampa, a pesar de que actualmente no se cumple con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictaminó que Mendoza debe regar las más de 75 mil hectáreas que se sirven de ese río y derivar el excedente a la vecina provincia.
“La Corte dijo que debíamos asegurar el riego de 75.661 hectáreas. Actualmente estamos regando 50 mil hectáreas”, asegura Camerucci.
Desde Irrigación responden con un informe realizado por técnicos del organismo: “La alternancia de caudales no puede ser absorbidas por el conjunto de canales derivados del canal matriz Nuevo Alvear. Por el contrario, las compuertas derivan caudales fijos trasladándose las variaciones al final del mismo, causando perjuicios tanto por excesos como por déficit de agua”.
Según Camerucci, en el dique de Rincón del Indio (San Rafael) se abrieron las compuertas y se está derivando agua por la traza natural del río. A la altura de La Olla se reconduce una parte del agua al canal Matriz Nuevo Atuel, mientras que la otra continúa en la traza natural del río hacia La Pampa. Siempre según el legislador, el caudal que se está dejando correr por el río es de unos 4 metros cúbicos por segundo.
“En Rincón del Indio se mezclan las aguas de mala calidad, conocidas como ‘aguadita’ con las que se derivan del Marginal del Atuel. Luego, en La Olla, al reencauzarse una parte, se está entregando agua de mala calidad para el riego”, dice el senador.
El canal marginal del Atuel se construyó, además de para evitar la pérdida de agua por filtraciones en el lecho del río, para evitar la salinidad de las aguas que afectaba particularmente a los productores de General Alvear. Al mezclarse las aguas del canal con las que vienen por el río se incrementa el volumen, pero baja la calidad para el riego.
Irrigación también responde a esto. “La salinidad del agua que ingresa al Canal Marginal es de 1,27 dS/cm, la del cauce del río Atuel por aportes de aguaditas, a la altura del Dique Rincón del Indio alcanza a 2,30 dS/cm. En el Matriz Nuevo Alvear llega a 1,30 dS/cm, no significando esto una pérdida de calidad del agua de riego”.
La relación de la actual gestión de Irrigación, encabezada por José Luis Álvarez, con los regantes del Atuel, no ha sido fácil. Y es por esto que la denuncia de Camerucci viene a sumar un poco más al caldeado clima. Y buena parte de los conflictos tiene que ver con el caudal de agua y la pelea de aguas con La Pampa.
A fines de julio, regantes de General Alvear levantaron campamento en las puertas de la delegación de Irrigación en ese departamento. Los productores pedían la presencia de José Luis Alvarez para que garantice la dotación de agua para riego. El 7 de agosto estuvo Álvarez por Alvear para destrabar la situación que incluyó hasta cortes de rutas.
Otro dato acerca de la tirante relación con los regantes del sur está vinculado a la expropiación de tierras a deudores del canon de riego.
Una parte de esos deudores en realidad no lo eran, al menos es lo que reclamaban los productores del Sur. Es que, cuando un fenómeno climático afecta a la producción, llega la declaración de emergencia y eso implica que el Estado se hace cargo del derecho de riego.
Así es que aparecían deudores, porque nunca se hizo el cruce de datos y el asiento contable. Esto también tuvo que resolverlo Alvarez.
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Quieren opinar sobre los bosques de Neuquén
San Martín quiere espacio en la discusión de la ley de bosques
Fecha de Publicación: 30/09/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
El foro local en Defensa del Bosque Nativo difundió ayer un documento, por el que exige "trabajar y participar activamente en la reglamentación de la nueva ley, así como la reincorporación de los 15 trabajadores de la Dirección de Bosques Nativos, cuya continuidad quedó en duda en medio del conflicto por la aplicación de la norma y el descabezamiento de la oficina regional de esa repartición, dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial.
Asimismo, solicitaron al director general de Recursos Forestales, Uriel Mele, y al director de Bosques Nativos, Mauricio Mazzuchelli, que informen los avances en la reglamentación de la ley que, interpretan, ya habría sido elaborada. En ese contexto, relaman activa participación de las organizaciones que integran el foro y de los trabajadores del sector.
El escrito, presentado ayer en rueda de prensa junto a concejales y en la sala de sesiones del Legislativo municipal, también se pronuncia por "abordar las problemáticas locales en torno de los bosques nativos, como son los riesgos de incendios forestales en desarrollos urbanísticos y (la futura) urbanización en el cerro Chapelco".
"Actitud de castigo"
Los miembros del foro también rechazaron la "actitud de castigo" que adjudicaron a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Territorial contra los trabajadores de Bosques Nativos que "se animaron a denunciar irregularidades en torno de la ley de bosques".
Como ya informó este diario en otras ediciones, la disputa estalló por el mapeo de bosques en Villa la Angostura y Traful, cuestionado por las autoridades provinciales.
Los trabajadores, sin embargo, sostuvieron que en pliegues del gobierno se pretendía vulnerar la nueva ley, favoreciendo intereses inmobiliarios.
La discusión produjo el descabezamiento de la oficina sanmartinense de Bosques, con jurisdicción sobre la región sur, cuyos técnicos habían trabajado en la confección del proyecto de ley.
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Fecha de Publicación: 30/09/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
El foro local en Defensa del Bosque Nativo difundió ayer un documento, por el que exige "trabajar y participar activamente en la reglamentación de la nueva ley, así como la reincorporación de los 15 trabajadores de la Dirección de Bosques Nativos, cuya continuidad quedó en duda en medio del conflicto por la aplicación de la norma y el descabezamiento de la oficina regional de esa repartición, dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial.Asimismo, solicitaron al director general de Recursos Forestales, Uriel Mele, y al director de Bosques Nativos, Mauricio Mazzuchelli, que informen los avances en la reglamentación de la ley que, interpretan, ya habría sido elaborada. En ese contexto, relaman activa participación de las organizaciones que integran el foro y de los trabajadores del sector.
El escrito, presentado ayer en rueda de prensa junto a concejales y en la sala de sesiones del Legislativo municipal, también se pronuncia por "abordar las problemáticas locales en torno de los bosques nativos, como son los riesgos de incendios forestales en desarrollos urbanísticos y (la futura) urbanización en el cerro Chapelco".
"Actitud de castigo"
Los miembros del foro también rechazaron la "actitud de castigo" que adjudicaron a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Territorial contra los trabajadores de Bosques Nativos que "se animaron a denunciar irregularidades en torno de la ley de bosques".
Como ya informó este diario en otras ediciones, la disputa estalló por el mapeo de bosques en Villa la Angostura y Traful, cuestionado por las autoridades provinciales.
Los trabajadores, sin embargo, sostuvieron que en pliegues del gobierno se pretendía vulnerar la nueva ley, favoreciendo intereses inmobiliarios.
La discusión produjo el descabezamiento de la oficina sanmartinense de Bosques, con jurisdicción sobre la región sur, cuyos técnicos habían trabajado en la confección del proyecto de ley.
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La actividad minera en Laguna Brava sumó críticas
Críticas al Gobierno por la actividad minera en Laguna Brava
Fecha de Publicación: 30/09/2012
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
La Mesa Provincial del Frente Grande (FG) expresó su disconformidad y desacuerdo con las últimas medidas del Gobierno Provincial respecto de las decisiones adoptadas sobre las actividades de explotación minera en zonas cercanas a la Laguna Brava.
“Consideramos inadmisible que se auspicien explotaciones de estas características sin estudios serios de impacto ambiental, ni proyecciones sustentables, que en definitiva lo único que provocan es un daño irreversible a los eco-sistemas y a la flora y fauna allí contenida”, sostuvieron desde el FG.
El FG destacó además que en otros países el mundo se protegen las bellezas naturales y contrastaron estas políticas ambientales con lo que consideran una desacertada decisión de la Provincia de avanzar con la minería en la zona de la Laguna Brava. “¿Cómo es posible que una reserva y una maravilla cómo esta, considerada una de las bellezas naturales mas apreciadas por la humanidad sea expuesta a su destrucción? La mayor parte de los países del mundo tienden a presevarlas y desarrollarlas para conservar medio-ambientes sanos y para el turismo sin embargo en nuestra provincia quedan sujetos a la más cruda depredación”, señalaron.
En este marco, el partido político le reclamó al Gobierno impulsar un proyecto de desarrollo basado en la actividad agropecuaria, en los servicios, el turismo y en las actividades alternativas. “Desde el Frente Grande de La Rioja abogamos por un proyecto de desarrollo integral de toda la provincia pero con ejes que pongan especial énfasis en la agricultura, la ganadería, en los Servicios, el turismo y las actividades alternativas, todas ellas generadoras de riquezas, de movilidad económica y de mano de obra, que no ponen en riesgo el ambiente, principal garante de la calidad de vida de las generaciones futuras”, concluyeron.
La Mesa Provincial del Frente Grande (FG) expresó su disconformidad y desacuerdo con las últimas medidas del Gobierno Provincial respecto de las decisiones adoptadas sobre las actividades de explotación minera en zonas cercanas a la Laguna Brava.
“Consideramos inadmisible que se auspicien explotaciones de estas características sin estudios serios de impacto ambiental, ni proyecciones sustentables, que en definitiva lo único que provocan es un daño irreversible a los eco-sistemas y a la flora y fauna allí contenida”, sostuvieron desde el FG.
El FG destacó además que en otros países el mundo se protegen las bellezas naturales y contrastaron estas políticas ambientales con lo que consideran una desacertada decisión de la Provincia de avanzar con la minería en la zona de la Laguna Brava. “¿Cómo es posible que una reserva y una maravilla cómo esta, considerada una de las bellezas naturales mas apreciadas por la humanidad sea expuesta a su destrucción? La mayor parte de los países del mundo tienden a presevarlas y desarrollarlas para conservar medio-ambientes sanos y para el turismo sin embargo en nuestra provincia quedan sujetos a la más cruda depredación”, señalaron.
En este marco, el partido político le reclamó al Gobierno impulsar un proyecto de desarrollo basado en la actividad agropecuaria, en los servicios, el turismo y en las actividades alternativas. “Desde el Frente Grande de La Rioja abogamos por un proyecto de desarrollo integral de toda la provincia pero con ejes que pongan especial énfasis en la agricultura, la ganadería, en los Servicios, el turismo y las actividades alternativas, todas ellas generadoras de riquezas, de movilidad económica y de mano de obra, que no ponen en riesgo el ambiente, principal garante de la calidad de vida de las generaciones futuras”, concluyeron.
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Fecha de Publicación: 30/09/2012
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
La Mesa Provincial del Frente Grande (FG) expresó su disconformidad y desacuerdo con las últimas medidas del Gobierno Provincial respecto de las decisiones adoptadas sobre las actividades de explotación minera en zonas cercanas a la Laguna Brava.
“Consideramos inadmisible que se auspicien explotaciones de estas características sin estudios serios de impacto ambiental, ni proyecciones sustentables, que en definitiva lo único que provocan es un daño irreversible a los eco-sistemas y a la flora y fauna allí contenida”, sostuvieron desde el FG.
El FG destacó además que en otros países el mundo se protegen las bellezas naturales y contrastaron estas políticas ambientales con lo que consideran una desacertada decisión de la Provincia de avanzar con la minería en la zona de la Laguna Brava. “¿Cómo es posible que una reserva y una maravilla cómo esta, considerada una de las bellezas naturales mas apreciadas por la humanidad sea expuesta a su destrucción? La mayor parte de los países del mundo tienden a presevarlas y desarrollarlas para conservar medio-ambientes sanos y para el turismo sin embargo en nuestra provincia quedan sujetos a la más cruda depredación”, señalaron.
En este marco, el partido político le reclamó al Gobierno impulsar un proyecto de desarrollo basado en la actividad agropecuaria, en los servicios, el turismo y en las actividades alternativas. “Desde el Frente Grande de La Rioja abogamos por un proyecto de desarrollo integral de toda la provincia pero con ejes que pongan especial énfasis en la agricultura, la ganadería, en los Servicios, el turismo y las actividades alternativas, todas ellas generadoras de riquezas, de movilidad económica y de mano de obra, que no ponen en riesgo el ambiente, principal garante de la calidad de vida de las generaciones futuras”, concluyeron.
La Mesa Provincial del Frente Grande (FG) expresó su disconformidad y desacuerdo con las últimas medidas del Gobierno Provincial respecto de las decisiones adoptadas sobre las actividades de explotación minera en zonas cercanas a la Laguna Brava.
“Consideramos inadmisible que se auspicien explotaciones de estas características sin estudios serios de impacto ambiental, ni proyecciones sustentables, que en definitiva lo único que provocan es un daño irreversible a los eco-sistemas y a la flora y fauna allí contenida”, sostuvieron desde el FG.
El FG destacó además que en otros países el mundo se protegen las bellezas naturales y contrastaron estas políticas ambientales con lo que consideran una desacertada decisión de la Provincia de avanzar con la minería en la zona de la Laguna Brava. “¿Cómo es posible que una reserva y una maravilla cómo esta, considerada una de las bellezas naturales mas apreciadas por la humanidad sea expuesta a su destrucción? La mayor parte de los países del mundo tienden a presevarlas y desarrollarlas para conservar medio-ambientes sanos y para el turismo sin embargo en nuestra provincia quedan sujetos a la más cruda depredación”, señalaron.
En este marco, el partido político le reclamó al Gobierno impulsar un proyecto de desarrollo basado en la actividad agropecuaria, en los servicios, el turismo y en las actividades alternativas. “Desde el Frente Grande de La Rioja abogamos por un proyecto de desarrollo integral de toda la provincia pero con ejes que pongan especial énfasis en la agricultura, la ganadería, en los Servicios, el turismo y las actividades alternativas, todas ellas generadoras de riquezas, de movilidad económica y de mano de obra, que no ponen en riesgo el ambiente, principal garante de la calidad de vida de las generaciones futuras”, concluyeron.
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Gobierno de Neuquén niega impacto del shale gas
El Gobierno niega un posible impacto ambiental
Fecha de Publicación: 29/09/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Betina Laurenzano, geóloga y a cargo de la Fiscalización Hídrica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Neuquén, dijo ayer que hay muchos mitos con respecto a la afectación del agua de la provincia por la explotación de recursos no convencionales. Lo hizo durante las Jornadas de Actualización en Derecho Ambiental que se realizaron ayer en el Museo Nacional de Bellas Artes de la capital neuquina, que este año giraron con fuerza sobre el tema de la actividad no convencional de gas y petróleo y el nuevo marco normativo que abrió el Decreto 1283 que regula el uso del agua en la provincia.
Entre los mitos que recordó Laurenzano, que circulan en la provincia, uno es que la actividad del shale oil va a utilizar el equivalente a un lago Mari Menuco. “Sin embargo, hicimos los supuestos considerando el desarrollo a futuro de la actividad (con los 2.500 pozos que piensa perforar YPF y si se usara el lago Mari Menuco, las necesidades concretas de agua alcanzan para 400 años”.
Otro mito, según la geóloga, es que se van a contaminar los acuíferos durante el proceso de fractura hidráulica para extraer los recursos no convencionales. Este proceso se realiza inyectando agua a alta presión y areniscas. Además Laurenzano dijo que “esta fractura se hace a mucha profundidad mientras que los acuíferos pasan mucho más arriba”.
Con respecto a los fluidos que se utilizan en la actividad hidrocarburífera, Laurenzano recordó que “el nuevo decreto especifica el tratamiento de estos fluidos” para poder ser reutilizados a menos que vayan a disposición final.
Inversiones
Por su parte, Rubén Etecheverry, titular de la estatal G&P, hizo un repaso de la actividad hidrocarburífera en la provincia y sobre todo reseñó las acciones que se vienen desarrollando en el terreno del no convencional y la potencialidad de Vaca Muerta. Etcheverry recordó que G&P a través de las tres rondas licitatorias ya consigió inversiones por u$s 600 millones en las diversas UTE en las que participa junto a las petroleras. Se trata de 60 contratos.
Si bien reconoció que el proceso de maduración de la actividad tardará un poco más que lo previsto inicialmente para alcanzar el nivel de productividad que requiere el desarrollo del no convencional, Vaca Muerta sigue teniendo el potencial para terminar con el déficit energético por casi u$s 10.000 millones en que incurrió la Argentina el año pasado por las caídas en la producción. “Pensábamos que para el 2011 iba a estar el gran desarrollo pero será a principios de 2014”, dijo Etcheverry.
Además precisó que en materia de no convencional ya hay 100 nuevos equipos nuevos de perforación funcionando en la provincia.
A futuro recordó que el plan de inversiones de YPF por 37.000 millones de dólares tiene como epicentro a Vaca Muerta.
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Fecha de Publicación: 29/09/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Betina Laurenzano, geóloga y a cargo de la Fiscalización Hídrica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Neuquén, dijo ayer que hay muchos mitos con respecto a la afectación del agua de la provincia por la explotación de recursos no convencionales. Lo hizo durante las Jornadas de Actualización en Derecho Ambiental que se realizaron ayer en el Museo Nacional de Bellas Artes de la capital neuquina, que este año giraron con fuerza sobre el tema de la actividad no convencional de gas y petróleo y el nuevo marco normativo que abrió el Decreto 1283 que regula el uso del agua en la provincia.Entre los mitos que recordó Laurenzano, que circulan en la provincia, uno es que la actividad del shale oil va a utilizar el equivalente a un lago Mari Menuco. “Sin embargo, hicimos los supuestos considerando el desarrollo a futuro de la actividad (con los 2.500 pozos que piensa perforar YPF y si se usara el lago Mari Menuco, las necesidades concretas de agua alcanzan para 400 años”.
Otro mito, según la geóloga, es que se van a contaminar los acuíferos durante el proceso de fractura hidráulica para extraer los recursos no convencionales. Este proceso se realiza inyectando agua a alta presión y areniscas. Además Laurenzano dijo que “esta fractura se hace a mucha profundidad mientras que los acuíferos pasan mucho más arriba”.
Con respecto a los fluidos que se utilizan en la actividad hidrocarburífera, Laurenzano recordó que “el nuevo decreto especifica el tratamiento de estos fluidos” para poder ser reutilizados a menos que vayan a disposición final.
Inversiones
Por su parte, Rubén Etecheverry, titular de la estatal G&P, hizo un repaso de la actividad hidrocarburífera en la provincia y sobre todo reseñó las acciones que se vienen desarrollando en el terreno del no convencional y la potencialidad de Vaca Muerta. Etcheverry recordó que G&P a través de las tres rondas licitatorias ya consigió inversiones por u$s 600 millones en las diversas UTE en las que participa junto a las petroleras. Se trata de 60 contratos.
Si bien reconoció que el proceso de maduración de la actividad tardará un poco más que lo previsto inicialmente para alcanzar el nivel de productividad que requiere el desarrollo del no convencional, Vaca Muerta sigue teniendo el potencial para terminar con el déficit energético por casi u$s 10.000 millones en que incurrió la Argentina el año pasado por las caídas en la producción. “Pensábamos que para el 2011 iba a estar el gran desarrollo pero será a principios de 2014”, dijo Etcheverry.
Además precisó que en materia de no convencional ya hay 100 nuevos equipos nuevos de perforación funcionando en la provincia.
A futuro recordó que el plan de inversiones de YPF por 37.000 millones de dólares tiene como epicentro a Vaca Muerta.
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Cooperación con China para la energía nuclear
Atucha III se construirá con un 60% de componentes nacionales
Fecha de Publicación: 29/09/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación, Julio De Vido, firmó convenios de cooperación. La Compañía Nuclear China mostró su interés en participar en una licitación junto a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima para producir uranio enriquecido en el país.
En el último día de su gira por China en busca de inversiones para construir las hidroeléctricas de Santa Cruz, el ministro de Planificación, Julio De Vido, mantuvo encuentros y firmó convenios de cooperación binacional con la Administración Nacional de Energía y la Compañía Nacional Nuclear China (CNNC).
Este último acuerdo de entendimiento tenderá a que la firma china se sume al pelotón de firmas internacionales que, junto a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), peleen una licitación para desarrollar en la Argentina un plan de producción de uranio enriquecido a escalas industriales para abastecer centrales atómicas que se construyan en el país. Hasta el momento, las tres atómicas existentes (Atucha 1 y 2, y Embalse), operan con un sistema de uranio natural y agua pesada. La ventaja del uranio enriquecido propio es que se evita la importación del producto, y es a la vez más económico, ya que por unidad de potencia se necesita menos inversión para generar electricidad porque hay más concentración de potencia.
Sin embargo, detrás de lo rubricado ayer se esconde un dato aun más ambicioso que tiene que ver con la transferencia de tecnología: el gobierno nacional establecerá una serie de reglas para que las usinas nucleares a construirse tengan un 60% de piezas, mano de obra e insumos industriales fabricados en la Argentina. A los fines, el Estado dejará de entregar proyectos de construcción de centrales llave en mano, y exigirá a los que ganen las licitaciones el cumplimiento del parámetro de composición nacional.
"La industria nacional está en totales condiciones de fabricar el 60% y más", aseguró el viernes José Luis Antúnez, vicepresidente de NASA, quien acompañó a De Vido en la firma de los acuerdos. Antúnez, director del proyecto de Atucha II con amplia participación en todas las centrales atómicas del país, destacó que "cada vez la participación local tiene que ser mayor, y eso habrá que hablarlo con las empresas, pero se puede lograr con tiempo".
La referencia a un proceso es vital. Si se mira hacia atrás, Atucha I (construida por la alemana Siemens), con un contrato firmado en 1968 y puesta en marcha en 1974, tuvo sólo un 10% de componente nacional; luego Embalse (de la canadiense ASL) llegó a un 30% de participación; mientras que Atucha II subió hasta un 40 por ciento.
Con esto se concluye que la tan mentada Atucha III, que estará instalada al lado de sus gemelas, en Buenos Aires, tendrá que cumplir con los requisitos del 60%, así como también la otra atómica que se incluye en plan oficial de obras hacia el año 2025.
A estos parámetros deberán adecuarse los interesados en producir uranio enriquecido y construir centrales en la Argentina. El convenio reciente con la china CNNC suma a la firma a una reñida competencia con la estadounidense Westinghouse, la francesa Areva, la coreana Kesko y la rusa Rosatom, que ya se habían sumado al proyecto. Con esta última compañía, De Vido se reunirá el próximo lunes en Moscú, ciudad en la que abordará cuestiones nucleares y dará una exposición sobre el proyecto para construir las hidroeléctricas Néstor Kirchner-Jorge Cepernic, sobre el Río Santa Cruz.
Si bien funcionarios cercanos a De Vido aclararon que la producción de uranio enriquecido convivirá con el uso de uranio natural y agua pesada, el enriquecimiento del mineral se ha transformado en tendencia mundial. Los Estados Unidos tiene 104 usinas atómicas, todas con uranio enriquecido; al igual que las 68 que están en Francia.
La visita oficial a China dejó, a último momento, un nuevo interesado en las hidroeléctricas (la megaconstructora China State Construction, que aún no opera en Latinoamérica) (ver recuadro); y concluyó con la bendición política a los acuerdos entre ambas naciones por parte de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.
En una charla con De Vido el viceministro de la cartera (un súper ministerio que planifica y ordena el vínculo entre las empresas, el Estado y los inversores), Zhang Xiaoqian, se manifestó "conforme de que las empresas chinas participen en los procesos de licitación de obras en Argentina". «
El interés del gigante mundial
La China State Construction se sumó a las dos principales constructoras de represas de ese país, que aseguraron su participación en el proceso licitatorio de la construcción de las centrales hidroeléctricas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic.
Así lo destacaron fuentes del Ministerio de Planificación Federal a los periodistas argentinos que están presentes en la gira, luego de un encuentro que el titular de esta cartera, Julio De Vido mantuvo con el vicepresidente de la compañía, Wang Shaofeng.
De esta manera, China State se sumó a Sinohydro y el Grupo China Gezhouba, que una vez concluida la presentación realizada ayer en esta ciudad capital, garantizaron que se anotarán en la licitación.
China State es considerada la constructora más grande del mundo: cuenta con 120 mil ejecutivos y técnicos, y una plantilla total de un millón de empleados.
Números que impactan.
En la gira de De Vido por Asia, se habló tanto de energía como de celulares. En ambos rubros, los números de China impactan: sobre una población de 1300 millones de personas, hay en China 1060 millones de teléfonos móviles, 180 millones de los cuales son 3G.
En el caso de la electricidad, el país tiene un consumo total de 980 mil MW, y genera 60 mil MW eólicos y 200 mil MW a través de centrales hidroeléctricas, siendo la más grande del mundo Tres Gargantas.
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Fecha de Publicación: 29/09/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación, Julio De Vido, firmó convenios de cooperación. La Compañía Nuclear China mostró su interés en participar en una licitación junto a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima para producir uranio enriquecido en el país.En el último día de su gira por China en busca de inversiones para construir las hidroeléctricas de Santa Cruz, el ministro de Planificación, Julio De Vido, mantuvo encuentros y firmó convenios de cooperación binacional con la Administración Nacional de Energía y la Compañía Nacional Nuclear China (CNNC).
Este último acuerdo de entendimiento tenderá a que la firma china se sume al pelotón de firmas internacionales que, junto a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), peleen una licitación para desarrollar en la Argentina un plan de producción de uranio enriquecido a escalas industriales para abastecer centrales atómicas que se construyan en el país. Hasta el momento, las tres atómicas existentes (Atucha 1 y 2, y Embalse), operan con un sistema de uranio natural y agua pesada. La ventaja del uranio enriquecido propio es que se evita la importación del producto, y es a la vez más económico, ya que por unidad de potencia se necesita menos inversión para generar electricidad porque hay más concentración de potencia.
Sin embargo, detrás de lo rubricado ayer se esconde un dato aun más ambicioso que tiene que ver con la transferencia de tecnología: el gobierno nacional establecerá una serie de reglas para que las usinas nucleares a construirse tengan un 60% de piezas, mano de obra e insumos industriales fabricados en la Argentina. A los fines, el Estado dejará de entregar proyectos de construcción de centrales llave en mano, y exigirá a los que ganen las licitaciones el cumplimiento del parámetro de composición nacional.
"La industria nacional está en totales condiciones de fabricar el 60% y más", aseguró el viernes José Luis Antúnez, vicepresidente de NASA, quien acompañó a De Vido en la firma de los acuerdos. Antúnez, director del proyecto de Atucha II con amplia participación en todas las centrales atómicas del país, destacó que "cada vez la participación local tiene que ser mayor, y eso habrá que hablarlo con las empresas, pero se puede lograr con tiempo".
La referencia a un proceso es vital. Si se mira hacia atrás, Atucha I (construida por la alemana Siemens), con un contrato firmado en 1968 y puesta en marcha en 1974, tuvo sólo un 10% de componente nacional; luego Embalse (de la canadiense ASL) llegó a un 30% de participación; mientras que Atucha II subió hasta un 40 por ciento.
Con esto se concluye que la tan mentada Atucha III, que estará instalada al lado de sus gemelas, en Buenos Aires, tendrá que cumplir con los requisitos del 60%, así como también la otra atómica que se incluye en plan oficial de obras hacia el año 2025.
A estos parámetros deberán adecuarse los interesados en producir uranio enriquecido y construir centrales en la Argentina. El convenio reciente con la china CNNC suma a la firma a una reñida competencia con la estadounidense Westinghouse, la francesa Areva, la coreana Kesko y la rusa Rosatom, que ya se habían sumado al proyecto. Con esta última compañía, De Vido se reunirá el próximo lunes en Moscú, ciudad en la que abordará cuestiones nucleares y dará una exposición sobre el proyecto para construir las hidroeléctricas Néstor Kirchner-Jorge Cepernic, sobre el Río Santa Cruz.
Si bien funcionarios cercanos a De Vido aclararon que la producción de uranio enriquecido convivirá con el uso de uranio natural y agua pesada, el enriquecimiento del mineral se ha transformado en tendencia mundial. Los Estados Unidos tiene 104 usinas atómicas, todas con uranio enriquecido; al igual que las 68 que están en Francia.
La visita oficial a China dejó, a último momento, un nuevo interesado en las hidroeléctricas (la megaconstructora China State Construction, que aún no opera en Latinoamérica) (ver recuadro); y concluyó con la bendición política a los acuerdos entre ambas naciones por parte de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.
En una charla con De Vido el viceministro de la cartera (un súper ministerio que planifica y ordena el vínculo entre las empresas, el Estado y los inversores), Zhang Xiaoqian, se manifestó "conforme de que las empresas chinas participen en los procesos de licitación de obras en Argentina". «
El interés del gigante mundial
La China State Construction se sumó a las dos principales constructoras de represas de ese país, que aseguraron su participación en el proceso licitatorio de la construcción de las centrales hidroeléctricas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic.
Así lo destacaron fuentes del Ministerio de Planificación Federal a los periodistas argentinos que están presentes en la gira, luego de un encuentro que el titular de esta cartera, Julio De Vido mantuvo con el vicepresidente de la compañía, Wang Shaofeng.
De esta manera, China State se sumó a Sinohydro y el Grupo China Gezhouba, que una vez concluida la presentación realizada ayer en esta ciudad capital, garantizaron que se anotarán en la licitación.
China State es considerada la constructora más grande del mundo: cuenta con 120 mil ejecutivos y técnicos, y una plantilla total de un millón de empleados.
Números que impactan.
En la gira de De Vido por Asia, se habló tanto de energía como de celulares. En ambos rubros, los números de China impactan: sobre una población de 1300 millones de personas, hay en China 1060 millones de teléfonos móviles, 180 millones de los cuales son 3G.
En el caso de la electricidad, el país tiene un consumo total de 980 mil MW, y genera 60 mil MW eólicos y 200 mil MW a través de centrales hidroeléctricas, siendo la más grande del mundo Tres Gargantas.
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Ayuí: fallo a favor de la provincia por parte de la CSJ
Corte Suprema reconoce postura de Corrientes en caso Ayuí
Fecha de Publicación: 28/09/2012
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Corrientes
La Corte Suprema de Justicia avaló la postura del Gobierno de Corrientes en una causa iniciada contra el Estado Nacional por el proyecto de represa Ayuí. La Corte reconoció la inconstitucionalidad de una resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación que ordenó el freno del proyecto. Admitió que una decisión de ese tipo es competencia de la Justicia ordinaria.
La decisión fue tomada por los Ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, quienes se remitieron al dictamen de la Procuradora Fiscal Laura Monti por compartir sus argumentos y “en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias”.
La provincia había pedido solicitó la declaración de inconstitucionalidad de una resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación que sostuvo que el proyecto hídrico Ayuí Grande era incompatible con las obligaciones asumidas por la República en el Estatuto del Río Uruguay.
Más precisamente, Corrientes presentó demanda contra el Estado Nacional a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones 1238/2011 emitida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Resolución 1149 dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros, que desestimó el recurso jerárquico de Corrientes contra la medida sobre Ayuí.
El Gobierno de Corrientes cuestionó la medida de la Secretaría de Ambiente en cuanto por su intermedio el Gobierno Nacional decidió que las obras del proyecto productivo Ayuí Grande llevadas a cabo por la Provincia resultan incompatibles con las obligaciones asumidas por Argentina en el Estatuto del Río Uruguay y otras normas y acuerdos internacionales en materia de medio ambiente y las leyes 25.675 del Ambiente y 26.331 de Bosques Nativos.
Además consideró que la Secretaría de Ambiente no tiene competencia para controlar el impacto ambiental de un río internacional y que debió darles a los organismos internacionales, nacionales y provinciales, al Consejo Federal del Ambiente, a la Comisión Administradora del Río Uruguay y a otros organismos con facultades competentes.
Por ello, estimó que la actuación del Gobierno nacional avasalló el dominio originario de los recursos naturales provinciales, y además invade la potestad de regular el uso y aprovechamiento de recursos, y además viola el debido proceso adjetivo ya que Nación no le dio participación a la Provincia en la medida.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en su falló se basó en el dictamen de la Procuradora Fiscal Laura Monti quien sostuvo que correspondía la competencia originaria de la Corte Suprema de la Nación “en atención a la naturaleza de la partes enfrentadas en el proceso”.
La Procuradora Fiscal destacó que “la provincia de Corrientes –a quien le concierne la competencia originaria de la Corte de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional-, demanda al Estado Nacional –que tiene derecho al fuero federal según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Fundamental-”.
“La única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar el pleito en esta instancia originaria”, por lo que “opino que la causa debe tramitar ante los estrados del Alto Tribunal”, aseveró después la funcionaria del Ministerio Público.
En consecuencia, y conforme el dictamen de la Procuración, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que la acción iniciada por la provincia de Corrientes, para que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones cuestionadas, era parte de su competencia originaria.
Además la Corte de la Nación ordenó correr traslado de la demanda al accionado, el Estado Nacional, por el plazo de sesenta días.
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Fecha de Publicación: 28/09/2012
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Corrientes
La Corte Suprema de Justicia avaló la postura del Gobierno de Corrientes en una causa iniciada contra el Estado Nacional por el proyecto de represa Ayuí. La Corte reconoció la inconstitucionalidad de una resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación que ordenó el freno del proyecto. Admitió que una decisión de ese tipo es competencia de la Justicia ordinaria.
La decisión fue tomada por los Ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, quienes se remitieron al dictamen de la Procuradora Fiscal Laura Monti por compartir sus argumentos y “en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias”.
La provincia había pedido solicitó la declaración de inconstitucionalidad de una resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación que sostuvo que el proyecto hídrico Ayuí Grande era incompatible con las obligaciones asumidas por la República en el Estatuto del Río Uruguay.
Más precisamente, Corrientes presentó demanda contra el Estado Nacional a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones 1238/2011 emitida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Resolución 1149 dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros, que desestimó el recurso jerárquico de Corrientes contra la medida sobre Ayuí.
El Gobierno de Corrientes cuestionó la medida de la Secretaría de Ambiente en cuanto por su intermedio el Gobierno Nacional decidió que las obras del proyecto productivo Ayuí Grande llevadas a cabo por la Provincia resultan incompatibles con las obligaciones asumidas por Argentina en el Estatuto del Río Uruguay y otras normas y acuerdos internacionales en materia de medio ambiente y las leyes 25.675 del Ambiente y 26.331 de Bosques Nativos.
Además consideró que la Secretaría de Ambiente no tiene competencia para controlar el impacto ambiental de un río internacional y que debió darles a los organismos internacionales, nacionales y provinciales, al Consejo Federal del Ambiente, a la Comisión Administradora del Río Uruguay y a otros organismos con facultades competentes.
Por ello, estimó que la actuación del Gobierno nacional avasalló el dominio originario de los recursos naturales provinciales, y además invade la potestad de regular el uso y aprovechamiento de recursos, y además viola el debido proceso adjetivo ya que Nación no le dio participación a la Provincia en la medida.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en su falló se basó en el dictamen de la Procuradora Fiscal Laura Monti quien sostuvo que correspondía la competencia originaria de la Corte Suprema de la Nación “en atención a la naturaleza de la partes enfrentadas en el proceso”.
La Procuradora Fiscal destacó que “la provincia de Corrientes –a quien le concierne la competencia originaria de la Corte de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional-, demanda al Estado Nacional –que tiene derecho al fuero federal según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Fundamental-”.
“La única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar el pleito en esta instancia originaria”, por lo que “opino que la causa debe tramitar ante los estrados del Alto Tribunal”, aseveró después la funcionaria del Ministerio Público.
En consecuencia, y conforme el dictamen de la Procuración, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que la acción iniciada por la provincia de Corrientes, para que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones cuestionadas, era parte de su competencia originaria.
Además la Corte de la Nación ordenó correr traslado de la demanda al accionado, el Estado Nacional, por el plazo de sesenta días.
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La Rioja: el mes que viene relevarán glaciares
En octubre inician tareas para relevar glaciares en La Rioja
Fecha de Publicación: 28/09/2012
Fuente: El Independiente
Provincia/Región: La Rioja
Durante la primera jornada de la Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que se lleva a cabo en la ciudad de Mar del Plata, Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), realizó un detallado informe del avance del inventario de glaciares en el país durante este primer año de trabajo.
El titular del IANIGLA, Ricardo Villalba, explicó el trabajo que se viene desarrollando desde su área a partir de la reglamentación por decreto de la ley Nº 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
Asimismo informó que “durante este primer año de trabajo se realizó el fortalecimiento humano y técnico, no sólo del IANIGLA, sino de los equipos técnicos de las provincias que ya están trabajando en sus inventarios y que se encuentran bastante avanzadas en la labor, como Mendoza, Santa Cruz, Chubut, y Tucumán”.
En el caso particular de la provincia de La Rioja, que pertenece a la región Cuenca de los Andes Desérticos, Villalba explicó que “los trabajos para la realización del inventario iniciarán a partir de octubre con la capacitación del personal. Otro avance importante que debe destacarse es que el IANIGLA realizó la designación de un coordinador propio para llevar adelante el proyecto”.
Por otra parte, desde la Dirección de Normativa Legal de la Secretaría de Ambiente de la Nación se propuso una reunión entre las provincias cordilleranas y la determinación de aquellas que deben ser prioritarias para organizar el trabajo y de esta manera determinar también las necesidades técnicas y humanas.
Finalmente el secretario de Ambiente, Nito Brizuela, destacó el avance desde la Provincia respecto a lo anunciado por Villalba, “ya que La Rioja pasará a integrar el grupo de las primeras en realizar el inventario, para lo cual en los próximos días investigadores del IANIGLA estarán visitando la Provincia”.
Brizuela, adelantó que el doctor Ricardo Villalba participará de la Reunión Regional de CUYO, NOA y Córdoba que se realizará en la ciudad de La Rioja los días 15 y 16 de octubre.
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Fecha de Publicación: 28/09/2012
Fuente: El Independiente
Provincia/Región: La Rioja
Durante la primera jornada de la Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que se lleva a cabo en la ciudad de Mar del Plata, Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), realizó un detallado informe del avance del inventario de glaciares en el país durante este primer año de trabajo.El titular del IANIGLA, Ricardo Villalba, explicó el trabajo que se viene desarrollando desde su área a partir de la reglamentación por decreto de la ley Nº 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
Asimismo informó que “durante este primer año de trabajo se realizó el fortalecimiento humano y técnico, no sólo del IANIGLA, sino de los equipos técnicos de las provincias que ya están trabajando en sus inventarios y que se encuentran bastante avanzadas en la labor, como Mendoza, Santa Cruz, Chubut, y Tucumán”.
En el caso particular de la provincia de La Rioja, que pertenece a la región Cuenca de los Andes Desérticos, Villalba explicó que “los trabajos para la realización del inventario iniciarán a partir de octubre con la capacitación del personal. Otro avance importante que debe destacarse es que el IANIGLA realizó la designación de un coordinador propio para llevar adelante el proyecto”.
Por otra parte, desde la Dirección de Normativa Legal de la Secretaría de Ambiente de la Nación se propuso una reunión entre las provincias cordilleranas y la determinación de aquellas que deben ser prioritarias para organizar el trabajo y de esta manera determinar también las necesidades técnicas y humanas.
Finalmente el secretario de Ambiente, Nito Brizuela, destacó el avance desde la Provincia respecto a lo anunciado por Villalba, “ya que La Rioja pasará a integrar el grupo de las primeras en realizar el inventario, para lo cual en los próximos días investigadores del IANIGLA estarán visitando la Provincia”.
Brizuela, adelantó que el doctor Ricardo Villalba participará de la Reunión Regional de CUYO, NOA y Córdoba que se realizará en la ciudad de La Rioja los días 15 y 16 de octubre.
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Denuncia penal por Monsanto en Córdoba
Denuncia penal por aval preliminar a la empresa Monsanto
Fecha de Publicación: 27/09/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es contra el intendente Arzani y los ediles, por autorizar a la firma tareas previas. La presentaron Rubén Arroyo y Santiago Clavijo.
El abogado Rubén Arroyo y el legislador juecista Santiago Clavijo encabezan en carácter de denunciantes una presentación penal formulada ayer contra el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y seis concejales de esa ciudad del Gran Córdoba donde la empresa Monsanto planea construir una planta tratamiento y acondicionamiento de semillas de maíz.
La denuncia plantea que los acusados incurrieron en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al otorgar pre factibilidad a la radicación y autorizar el inicio de las tareas preliminares a la construcción de la planta antes de que la firma hubiera completado los requisitos que fija la Ley General del Ambiente 25.675.
Concretamente, la denuncia sostiene que ambas habilitaciones provisorias se concedieron sin que Monsanto cumpliera aún con el procedimiento previo de evaluación de impacto ambiental (artículo 11 de dicha ley), sin que se hubieran institucionalizado los procedimientos obligatorios de consulta o audiencia pública (artículo 20), y sin haber asegurado la participación ciudadana en el procedimiento de evaluación de impacto y, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados (artículo 21).
La presentación insiste en que, tras la reforma de 1994, la Constitución Nacional incorporó la denominada “cláusula ambiental” que eleva a la categoría supra legal el derecho a un ambiente sano y establece que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho”.
Además de denunciar a Arzani y a los concejales de Malvinas Argentinas, la presentación también solicita que se analicen eventuales responsabilidades de funcionarios del Gobierno de Córdoba, y cita a los ministros de Industria, Jorge Lawson; de Agricultura, Néstor Scalerandi; y en especial, al de Agua, Ambiente y Energía, Manuel Calvo, por supuesto incumplimiento de la ley 7.343 de defensa del ambiente.
A la Provincia, la denuncia le achaca no haber impedido el inicio de las tareas preliminares, pese a que hasta ahora Monsanto sólo habría presentado un “aviso de proyecto”, apenas el primer paso del Estudio de Impacto Ambiental que prevé la legislación provincial.
La inversión de Monsanto en Malvinas Argentinas fue anunciada meses atrás por la Provincia, y también fue avalada por la presidenta Cristina Fernández. La empresa proyecta invertir 1.600 millones de pesos y planea que la planta esté lista en diciembre del año que viene. En julio pasado la firma indicó las tareas de cerramiento perimetral del predio, remoción de tierras, emparejamiento del terreno y excavaciones para extracción de agua.
Grupos ecologistas se oponen a la radicación y mantienen movilizado a un sector importante de la población. Días atrás, el Consejo Superior de la UNC recomendó una consulta a la población de Malvinas Argentinas sobre el desembarco de Monsanto.
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Fecha de Publicación: 27/09/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es contra el intendente Arzani y los ediles, por autorizar a la firma tareas previas. La presentaron Rubén Arroyo y Santiago Clavijo.El abogado Rubén Arroyo y el legislador juecista Santiago Clavijo encabezan en carácter de denunciantes una presentación penal formulada ayer contra el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y seis concejales de esa ciudad del Gran Córdoba donde la empresa Monsanto planea construir una planta tratamiento y acondicionamiento de semillas de maíz.
La denuncia plantea que los acusados incurrieron en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al otorgar pre factibilidad a la radicación y autorizar el inicio de las tareas preliminares a la construcción de la planta antes de que la firma hubiera completado los requisitos que fija la Ley General del Ambiente 25.675.
Concretamente, la denuncia sostiene que ambas habilitaciones provisorias se concedieron sin que Monsanto cumpliera aún con el procedimiento previo de evaluación de impacto ambiental (artículo 11 de dicha ley), sin que se hubieran institucionalizado los procedimientos obligatorios de consulta o audiencia pública (artículo 20), y sin haber asegurado la participación ciudadana en el procedimiento de evaluación de impacto y, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados (artículo 21).
La presentación insiste en que, tras la reforma de 1994, la Constitución Nacional incorporó la denominada “cláusula ambiental” que eleva a la categoría supra legal el derecho a un ambiente sano y establece que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho”.
Además de denunciar a Arzani y a los concejales de Malvinas Argentinas, la presentación también solicita que se analicen eventuales responsabilidades de funcionarios del Gobierno de Córdoba, y cita a los ministros de Industria, Jorge Lawson; de Agricultura, Néstor Scalerandi; y en especial, al de Agua, Ambiente y Energía, Manuel Calvo, por supuesto incumplimiento de la ley 7.343 de defensa del ambiente.
A la Provincia, la denuncia le achaca no haber impedido el inicio de las tareas preliminares, pese a que hasta ahora Monsanto sólo habría presentado un “aviso de proyecto”, apenas el primer paso del Estudio de Impacto Ambiental que prevé la legislación provincial.
La inversión de Monsanto en Malvinas Argentinas fue anunciada meses atrás por la Provincia, y también fue avalada por la presidenta Cristina Fernández. La empresa proyecta invertir 1.600 millones de pesos y planea que la planta esté lista en diciembre del año que viene. En julio pasado la firma indicó las tareas de cerramiento perimetral del predio, remoción de tierras, emparejamiento del terreno y excavaciones para extracción de agua.
Grupos ecologistas se oponen a la radicación y mantienen movilizado a un sector importante de la población. Días atrás, el Consejo Superior de la UNC recomendó una consulta a la población de Malvinas Argentinas sobre el desembarco de Monsanto.
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La Rioja permite la minería en una reserva
Laguna Brava: Ambiente confirmó que pemitirán trabajos en la zona
Fecha de Publicación: 27/09/2012
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
El titular de Medio Ambiente explicó que no será dentro de la Laguna, pero si en el predio que la circunda. Incluye proyectos de turismo y minería.
El secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Nito Brizuela, confirmó a NUEVA RIOJA que permitirán el desarrollo de proyectos en la zona de la Laguna Brava. El funcionario provincial aclaró que existirán controles y que no será dentro de la Laguna.
En los últimos días se había generado una intensa polémica por la posibilidad de que se desarrollen emprendimientos mineros en la zona de la Laguna Brava.
NUEVA RIOJA consultó por este tema al titular de Medio Ambiente de la Provincia, quien brindó algunos detalles de la resolución tomada desde el organismo que conduce.
“Existía una resolución del año 2007 y nosotros hemos sacado una resolución ahora confirmando aquella resolución. En esas resoluciones se determina que la Laguna es un lugar de usos múltiples”, explicó el funcionario provincial en las últimas horas.
Brizuela remarcó que los usos habilitados incluyen el turismo, actividades culturales, proyectos turísticos y “actividades como la minería”.
Habilitados
El titular de Medio Ambiente provincial hizo aclaraciones en referencia a cuáles serán los lugares de trabajo habilitados por el Estado riojano en el extremo Oeste de su territorio provincial.
“La Laguna tiene una superficie de más de 481 mil hectáreas cuadradas, nosotros no estamos habilitando el trabajo dentro de la Laguna, sino en la zona que la rodea”, afirmó el funcionario provincial.
En el mismo sentido, destacó que habrá controles estrictos por parte del Estado provincial y remarcó que cualquier camión o vehículo que ingrese en la zona deberá contar con la autorización del área correspondiente del Gobierno provincial.
Brizuela reconoció que existen en la región trabajos de exploración de algunos emprendimientos mineros.
Consultado por NUEVA RIOJA sobre si la determinación tomada no afecta algunas resoluciones internacionales que existen sobre el tema, Brizuela dijo que la medida se encuadra dentro de lo determinado por las normativas nacionales e internacionales sobre este tipo de superficies físicas.
Informe
Finalmente, explicó que cualquier proyecto que quiera desarollarse en esa parte del territorio provincial deberá presentar un informe de contaminación Medio ambiental ante los organismos correspondientes.
“Se tomaron en cuenta todas las normativas nacionales e internacionales, porque la Laguna es una reserva de usos múltiples. Lo que se están habilitando son los espacios fuera de la Laguna, en los cuales se permiten otras actividades y que tendrán el control por parte del área”, sostuvo el funcionario provincial al analizar la determinación tomada por parte de la Subsecretaría que comanda.
Desde la Juventud Peronista cuestionaron la determinación oficial
La Juventud Peronista de la Capital cuestionó la determinación del Gobierno provincial de habilitar trabajos en la zona de Laguna Brava (ver nota principal en esta misma página).
“La Juventud Peronista de Capital repudia terminantemente la resolución 280/12 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia, en la que se conceden tierras de Reserva Natural y Área Protegida de la vicuña Laguna Brava a empresas para la explotación minera”, informó el espacio político mediante un comunicado de prensa difundido por el propio sector.
“Es necesario y urgente, que el Ejecutivo provincial revea esta provocación cotidiana hacia los riojanos en la entrega indiscriminada de hectáreas protegidas. Es un momento complicado para el gobierno de Beder Herrera, y es tiempo de llevar un mensaje de concordia y respeto para aquellos sectores que no comparten su política en materia de minería”, aseguró el presidente de la rama juvenil Federico Ceballos.
“Hay que estar atentos y rechazar estas entregas de tierras para uso minero por parte del Gobierno provincial. Aliento a los riojanos a manifestarse en la calles contra estos atropellos recurrentes que provocan indignación e irritación. Estas políticas que van en contra de todos los riojanos”, aseveró el dirigente que está vinculado al quintelismo.
Finalmente, Ceballos denunció que deben existir precisiones sobre la situación generada alrededor de la posibilidad de venta de agua a la República de Chile, utilizando el Río Blanco de la zona Oeste de la Provincia.
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Fecha de Publicación: 27/09/2012
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
El titular de Medio Ambiente explicó que no será dentro de la Laguna, pero si en el predio que la circunda. Incluye proyectos de turismo y minería.El secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Nito Brizuela, confirmó a NUEVA RIOJA que permitirán el desarrollo de proyectos en la zona de la Laguna Brava. El funcionario provincial aclaró que existirán controles y que no será dentro de la Laguna.
En los últimos días se había generado una intensa polémica por la posibilidad de que se desarrollen emprendimientos mineros en la zona de la Laguna Brava.
NUEVA RIOJA consultó por este tema al titular de Medio Ambiente de la Provincia, quien brindó algunos detalles de la resolución tomada desde el organismo que conduce.
“Existía una resolución del año 2007 y nosotros hemos sacado una resolución ahora confirmando aquella resolución. En esas resoluciones se determina que la Laguna es un lugar de usos múltiples”, explicó el funcionario provincial en las últimas horas.
Brizuela remarcó que los usos habilitados incluyen el turismo, actividades culturales, proyectos turísticos y “actividades como la minería”.
Habilitados
El titular de Medio Ambiente provincial hizo aclaraciones en referencia a cuáles serán los lugares de trabajo habilitados por el Estado riojano en el extremo Oeste de su territorio provincial.
“La Laguna tiene una superficie de más de 481 mil hectáreas cuadradas, nosotros no estamos habilitando el trabajo dentro de la Laguna, sino en la zona que la rodea”, afirmó el funcionario provincial.
En el mismo sentido, destacó que habrá controles estrictos por parte del Estado provincial y remarcó que cualquier camión o vehículo que ingrese en la zona deberá contar con la autorización del área correspondiente del Gobierno provincial.
Brizuela reconoció que existen en la región trabajos de exploración de algunos emprendimientos mineros.
Consultado por NUEVA RIOJA sobre si la determinación tomada no afecta algunas resoluciones internacionales que existen sobre el tema, Brizuela dijo que la medida se encuadra dentro de lo determinado por las normativas nacionales e internacionales sobre este tipo de superficies físicas.
Informe
Finalmente, explicó que cualquier proyecto que quiera desarollarse en esa parte del territorio provincial deberá presentar un informe de contaminación Medio ambiental ante los organismos correspondientes.
“Se tomaron en cuenta todas las normativas nacionales e internacionales, porque la Laguna es una reserva de usos múltiples. Lo que se están habilitando son los espacios fuera de la Laguna, en los cuales se permiten otras actividades y que tendrán el control por parte del área”, sostuvo el funcionario provincial al analizar la determinación tomada por parte de la Subsecretaría que comanda.
Desde la Juventud Peronista cuestionaron la determinación oficial
La Juventud Peronista de la Capital cuestionó la determinación del Gobierno provincial de habilitar trabajos en la zona de Laguna Brava (ver nota principal en esta misma página).
“La Juventud Peronista de Capital repudia terminantemente la resolución 280/12 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia, en la que se conceden tierras de Reserva Natural y Área Protegida de la vicuña Laguna Brava a empresas para la explotación minera”, informó el espacio político mediante un comunicado de prensa difundido por el propio sector.
“Es necesario y urgente, que el Ejecutivo provincial revea esta provocación cotidiana hacia los riojanos en la entrega indiscriminada de hectáreas protegidas. Es un momento complicado para el gobierno de Beder Herrera, y es tiempo de llevar un mensaje de concordia y respeto para aquellos sectores que no comparten su política en materia de minería”, aseguró el presidente de la rama juvenil Federico Ceballos.
“Hay que estar atentos y rechazar estas entregas de tierras para uso minero por parte del Gobierno provincial. Aliento a los riojanos a manifestarse en la calles contra estos atropellos recurrentes que provocan indignación e irritación. Estas políticas que van en contra de todos los riojanos”, aseveró el dirigente que está vinculado al quintelismo.
Finalmente, Ceballos denunció que deben existir precisiones sobre la situación generada alrededor de la posibilidad de venta de agua a la República de Chile, utilizando el Río Blanco de la zona Oeste de la Provincia.
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Desmienten complicaciones en Atucha II
Desmienten supuestas demoras y mayores costos en la central nuclear Atucha II
Fecha de Publicación: 26/09/2012
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, desmintió hoy una nota publicada en el diario "Clarín", en la que se mencionan supuestas demoras y mayores costos en la central nuclear Atucha II.
Baratta dijo que "se trata de una información inexacta y sesgada", y ratificó que "el proceso de puesta en marcha de la Central avanza de acuerdo a lo previsto y con los valores presupuestados".
El funcionario, a través de un comunicado, consideró que “resulta curioso que un ex funcionario de la época de la Alianza (UCR-Frepaso) se trasunte en crítico nuestro, siendo que nosotros terminamos Atucha II y él la mantuvo paralizada".
"Es más, su mayor logro fue haber tenido Embalse y Atucha I fuera de servicio simultáneamente”, sostuvo en referencia a Néstor Farías Bouvier, ex titular de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), citado en el artículo del matutino.
“Nosotros no solamente logramos terminar Atucha II sino también estamos ejecutando la extensión de vida de la central Embalse", destacó Baratta.
Además, añadió, "se inició la construcción del reactor de potencia CAREM, con tecnología 100 por ciento nacional, y hemos realizado una convocatoria internacional para definir la tecnología de la cuarta central nuclear”.
Baratta explicó que las tareas para la puesta en marcha de Atucha II "avanzan firmemente, conforme el cronograma establecido, tanto en el área nuclear como convencional".
El secretario agregó que "este proceso culminará con la puesta en funcionamiento del reactor, la producción de vapor y la generación de energía eléctrica, para finalmente entrar en producción comercial".
"Las obras civiles y el montaje mecánico de los principales componentes y equipos de Atucha II, incluyendo la Estación de Maniobras de 500 kV, ya concluyeron", agregó Baratta.
Sostuvo luego que la puesta en marcha "implica la prueba y verificación individual de cada uno de los 556 subsistemas de la Central, de los cuales ya se transfirieron 319 y se pusieron en marcha 158".
Según detalló el funcionario, "los hitos más destacados desde el inicio de las tareas de puesta en marcha fueron: el virado de la turbina; el llenado y prueba de estanqueidad de las piletas de almacenamiento; la transferencia de elementos combustible y la finalización del montaje de la turbina hidráulica".
Baratta indicó que también se concluyó la interconexión de dicha Estación de Maniobras a la red de Transener, correspondiente a las estaciones transformadoras de General Rodríguez y Ramallo.
Además, el funcionario refirió que ya se realizó la prueba de presión del circuito secundario, que consistió en la prueba de presión del circuito de vapor de la central.
Esta tarea implicó presurizar a 90kg/cm2 más de 500 mil litros de agua, precisó el comunicado.
Baratta anticipó que durante octubre y noviembre se realizará la prueba de presión del sistema primario del reactor, "uno de los hitos más importantes de la puesta en marcha de la Central, que consiste en presurizar las cañerías y por medio de las bombas principales hacer circular 450 mil litros de agua para probar su hermeticidad".
Luego, en diciembre, se procederá a la carga de elementos combustibles, lo cual implica introducir en el reactor 451 elementos, con 85 toneladas de uranio natural.
Al inicio de 2013 se hará una prueba de vapor de origen no nuclear para alcanzar la presión y temperatura de diseño, y por último se retirará el agua liviana del sistema, se procederá a su secado y se la cargará con agua pesada producida en la Argentina.
Después de esas pruebas "se podrá dar inicio en mayo de 2013 al primer arranque del reactor y generación de energía, para luego sincronizarse a la red", concluyó Baratta.
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Fecha de Publicación: 26/09/2012
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
El subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, desmintió hoy una nota publicada en el diario "Clarín", en la que se mencionan supuestas demoras y mayores costos en la central nuclear Atucha II.
Baratta dijo que "se trata de una información inexacta y sesgada", y ratificó que "el proceso de puesta en marcha de la Central avanza de acuerdo a lo previsto y con los valores presupuestados".
El funcionario, a través de un comunicado, consideró que “resulta curioso que un ex funcionario de la época de la Alianza (UCR-Frepaso) se trasunte en crítico nuestro, siendo que nosotros terminamos Atucha II y él la mantuvo paralizada".
"Es más, su mayor logro fue haber tenido Embalse y Atucha I fuera de servicio simultáneamente”, sostuvo en referencia a Néstor Farías Bouvier, ex titular de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), citado en el artículo del matutino.
“Nosotros no solamente logramos terminar Atucha II sino también estamos ejecutando la extensión de vida de la central Embalse", destacó Baratta.
Además, añadió, "se inició la construcción del reactor de potencia CAREM, con tecnología 100 por ciento nacional, y hemos realizado una convocatoria internacional para definir la tecnología de la cuarta central nuclear”.
Baratta explicó que las tareas para la puesta en marcha de Atucha II "avanzan firmemente, conforme el cronograma establecido, tanto en el área nuclear como convencional".
El secretario agregó que "este proceso culminará con la puesta en funcionamiento del reactor, la producción de vapor y la generación de energía eléctrica, para finalmente entrar en producción comercial".
"Las obras civiles y el montaje mecánico de los principales componentes y equipos de Atucha II, incluyendo la Estación de Maniobras de 500 kV, ya concluyeron", agregó Baratta.
Sostuvo luego que la puesta en marcha "implica la prueba y verificación individual de cada uno de los 556 subsistemas de la Central, de los cuales ya se transfirieron 319 y se pusieron en marcha 158".
Según detalló el funcionario, "los hitos más destacados desde el inicio de las tareas de puesta en marcha fueron: el virado de la turbina; el llenado y prueba de estanqueidad de las piletas de almacenamiento; la transferencia de elementos combustible y la finalización del montaje de la turbina hidráulica".
Baratta indicó que también se concluyó la interconexión de dicha Estación de Maniobras a la red de Transener, correspondiente a las estaciones transformadoras de General Rodríguez y Ramallo.
Además, el funcionario refirió que ya se realizó la prueba de presión del circuito secundario, que consistió en la prueba de presión del circuito de vapor de la central.
Esta tarea implicó presurizar a 90kg/cm2 más de 500 mil litros de agua, precisó el comunicado.
Baratta anticipó que durante octubre y noviembre se realizará la prueba de presión del sistema primario del reactor, "uno de los hitos más importantes de la puesta en marcha de la Central, que consiste en presurizar las cañerías y por medio de las bombas principales hacer circular 450 mil litros de agua para probar su hermeticidad".
Luego, en diciembre, se procederá a la carga de elementos combustibles, lo cual implica introducir en el reactor 451 elementos, con 85 toneladas de uranio natural.
Al inicio de 2013 se hará una prueba de vapor de origen no nuclear para alcanzar la presión y temperatura de diseño, y por último se retirará el agua liviana del sistema, se procederá a su secado y se la cargará con agua pesada producida en la Argentina.
Después de esas pruebas "se podrá dar inicio en mayo de 2013 al primer arranque del reactor y generación de energía, para luego sincronizarse a la red", concluyó Baratta.
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La Universidad de Córdoba cuestionó a Monsanto
Reclamo en Córdoba
Fecha de Publicación: 25/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) cuestionó la instalación de Monsanto en la provincia, explicitó su apoyo a los vecinos que rechazan la llegada de la multinacional, recordó que la “responsabilidad (de Monsanto) en el perjuicio ambiental para las poblaciones es motivo de movilizaciones sociales en el mundo entero” y llamó a respetar el principio precautorio. La semana pasada, una multitudinaria marcha en la capital cordobesa también había cuestionado a Monsanto y a los funcionarios que apoyan la llegada de la empresa estadounidense.
La agrupación estudiantil Movimiento Universitario para el Cambio Social-Sudestada había presentado en agosto al Consejo Superior de la UNC un proyecto de resolución para tomar postura frente a Monsanto y al modelo de agronegocios.
“El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba advierte la necesidad de respetar los dictados de la Constitución Nacional y de la legislación vigente que ordena la aplicación del principio de precaución: ‘Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente’”, solicita la resolución de la UNC, y “exhorta a efectivizar una consulta a la población para que ejerza su derecho a decidir sobre la no radicación de la empresa”.
En junio pasado, la presidenta Cristina Kirchner anunció la instalación de una planta de semillas de maíz transgénicas de Monsanto en Malvinas Argentinas y una estación experimental en Río Cuarto. El emprendimiento cuenta con el apoyo del gobernador, José Manuel de la Sota, y del intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani.
Los vecinos del barrio, que conformaron la Asamblea Malvinas lucha por la vida, denunciaron la falta de estudios de impacto ambiental y, sobre todo, la falta de consulta a la población. El lunes de la semana pasada hubo movilizaciones en todo el mundo contra Monsanto, líder en semillas transgénicas y agrotóxicos. En Argentina hubo actividades en Santa Fe, Capital Federal, Bahía Blanca, Rosario, Río Cuarto y, la más convocante, en la capital de Córdoba. Al menos diez mil personas rechazaron que la empresa se instale en Malvinas Argentinas.
También el lunes, cuando ya había trascendido que el Consejo Superior de la UNC votaría un cuestionamiento a Monsanto, el ministro de Agricultura de Córdoba, Néstor Scalerandi, apuntó a la UNC. “Me hace pensar que está en el ostracismo, en la Edad Media. Monsanto en el mundo les dio de comer a miles de millones de personas. La sociedad quiere respuestas concretas, no fundamentalistas.” Y también cargó sobre quienes marcharon: “¿Cómo saben que (Monsanto) va a ser contaminante? Estudios concretos no hay nada”.
La rectora, Carolina Scotto, le respondió: “Los comentarios generalizadores me parecen agraviantes. Me parecen irrespetuosos respecto de la calidad que tienen las producciones de nuestros investigadores”.
El martes a la tarde, el Consejo Superior de la UNC aprobó la resolución con 25 votos a favor y 12 en contra. “La universidad declara su solidaridad con las comunidades cordobesas de Malvinas Argentinas y Río Cuarto que se movilizan contra la radicación de la empresa Monsanto, cuya responsabilidad en el perjuicio ambiental para las poblaciones es motivo de movilizaciones sociales en el mundo entero, y se compromete a seguir trabajando para que se desarrollen sistemas de producción agropecuaria diversificados, que satisfagan las necesidades de la comunidad, garanticen la soberanía alimentaria, conserven los suelos, la biodiversidad nativa y preserven las cuencas hídricas.”
La consiliaria estudiantil por el Movimiento Universitario para el Cambio Social-Sudestada y estudiante de Agronomía, Fabiana Flores Villagra, valoró que la universidad cuestione a la multinacional y afirmó que “en ámbitos científicos y en los mismos territorios hay sobradas pruebas de las consecuencias de la agricultura manejada por el sector privado”. Evaluó la posición de la UNC como “un respaldo para quienes luchan por otro modelo agropecuario y otro modelo universitario, al servicio del pueblo y no de las empresas”.
La resolución también se hizo eco de la preocupación de organizaciones campesinas ante la inminencia de una nueva ley de semillas, impulsada por las empresas, y solicitó la “reglamentación de la Ley Nacional de Semillas 20247/1973, que garantice la protección de los recursos genéticos, la soberanía alimentaria y la biodiversidad productiva en la Argentina”.
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Fecha de Publicación: 25/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) cuestionó la instalación de Monsanto en la provincia, explicitó su apoyo a los vecinos que rechazan la llegada de la multinacional, recordó que la “responsabilidad (de Monsanto) en el perjuicio ambiental para las poblaciones es motivo de movilizaciones sociales en el mundo entero” y llamó a respetar el principio precautorio. La semana pasada, una multitudinaria marcha en la capital cordobesa también había cuestionado a Monsanto y a los funcionarios que apoyan la llegada de la empresa estadounidense.La agrupación estudiantil Movimiento Universitario para el Cambio Social-Sudestada había presentado en agosto al Consejo Superior de la UNC un proyecto de resolución para tomar postura frente a Monsanto y al modelo de agronegocios.
“El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba advierte la necesidad de respetar los dictados de la Constitución Nacional y de la legislación vigente que ordena la aplicación del principio de precaución: ‘Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente’”, solicita la resolución de la UNC, y “exhorta a efectivizar una consulta a la población para que ejerza su derecho a decidir sobre la no radicación de la empresa”.
En junio pasado, la presidenta Cristina Kirchner anunció la instalación de una planta de semillas de maíz transgénicas de Monsanto en Malvinas Argentinas y una estación experimental en Río Cuarto. El emprendimiento cuenta con el apoyo del gobernador, José Manuel de la Sota, y del intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani.
Los vecinos del barrio, que conformaron la Asamblea Malvinas lucha por la vida, denunciaron la falta de estudios de impacto ambiental y, sobre todo, la falta de consulta a la población. El lunes de la semana pasada hubo movilizaciones en todo el mundo contra Monsanto, líder en semillas transgénicas y agrotóxicos. En Argentina hubo actividades en Santa Fe, Capital Federal, Bahía Blanca, Rosario, Río Cuarto y, la más convocante, en la capital de Córdoba. Al menos diez mil personas rechazaron que la empresa se instale en Malvinas Argentinas.
También el lunes, cuando ya había trascendido que el Consejo Superior de la UNC votaría un cuestionamiento a Monsanto, el ministro de Agricultura de Córdoba, Néstor Scalerandi, apuntó a la UNC. “Me hace pensar que está en el ostracismo, en la Edad Media. Monsanto en el mundo les dio de comer a miles de millones de personas. La sociedad quiere respuestas concretas, no fundamentalistas.” Y también cargó sobre quienes marcharon: “¿Cómo saben que (Monsanto) va a ser contaminante? Estudios concretos no hay nada”.
La rectora, Carolina Scotto, le respondió: “Los comentarios generalizadores me parecen agraviantes. Me parecen irrespetuosos respecto de la calidad que tienen las producciones de nuestros investigadores”.
El martes a la tarde, el Consejo Superior de la UNC aprobó la resolución con 25 votos a favor y 12 en contra. “La universidad declara su solidaridad con las comunidades cordobesas de Malvinas Argentinas y Río Cuarto que se movilizan contra la radicación de la empresa Monsanto, cuya responsabilidad en el perjuicio ambiental para las poblaciones es motivo de movilizaciones sociales en el mundo entero, y se compromete a seguir trabajando para que se desarrollen sistemas de producción agropecuaria diversificados, que satisfagan las necesidades de la comunidad, garanticen la soberanía alimentaria, conserven los suelos, la biodiversidad nativa y preserven las cuencas hídricas.”
La consiliaria estudiantil por el Movimiento Universitario para el Cambio Social-Sudestada y estudiante de Agronomía, Fabiana Flores Villagra, valoró que la universidad cuestione a la multinacional y afirmó que “en ámbitos científicos y en los mismos territorios hay sobradas pruebas de las consecuencias de la agricultura manejada por el sector privado”. Evaluó la posición de la UNC como “un respaldo para quienes luchan por otro modelo agropecuario y otro modelo universitario, al servicio del pueblo y no de las empresas”.
La resolución también se hizo eco de la preocupación de organizaciones campesinas ante la inminencia de una nueva ley de semillas, impulsada por las empresas, y solicitó la “reglamentación de la Ley Nacional de Semillas 20247/1973, que garantice la protección de los recursos genéticos, la soberanía alimentaria y la biodiversidad productiva en la Argentina”.
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Denuncian desmontes ilegales en Salta
Salta: desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 25/09/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Salta
"En el departamento Rivadavia Banda Norte de la provincia de Salta se vive hoy una pesadilla inexplicable: el desmonte de al menos tres latifundios privados. El hecho es inexplicable porque las tierras que van siendo devastadas están en teoría protegidas por la Ley Nacional de Bosques."
En el departamento Rivadavia Banda Norte de la provincia de Salta se vive hoy una pesadilla inexplicable: el desmonte de al menos tres latifundios privados (las fincas El Palmar, La Juanita y La Santafesina). El desmonte angustia no sólo a las comunidades wichís y a los pequeños campesinos criollos que dependen ineludiblemente del monte, sino también a todos los ciudadanos de Salta, de la Argentina y del mundo que somos conscientes de que con cada metro de bosque chaqueño que se destruye se comete un daño irreparable a la diversidad biológica y sociocultural del planeta. El hecho es inexplicable porque las tierras que van siendo devastadas están en teoría protegidas por la Ley Nacional de Bosques (Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Nro. 26331 del año 2007), en base a la cual se ha clasificado al área en cuestión en la “categoría II” (amarillo), una categoría que permite el uso sustentable del ambiente, pero bajo ningún concepto el desmonte.
Aunque el desmonte es ilegal es, sin embargo, difícil detenerlo. Por ejemplo, en las aproximadamente mil hectáreas que forman la finca El Palmar (número de catastro 5431, propiedad de Fernando Gustavo Cenci), ubicada a mil metros al sur del pueblo de Coronel Juan Solá (estación Morillo), desde la primera semana de septiembre las máquinas avanzan dejando detrás tierra arrasada. Comenzaron con un supuesto “deslinde”: la topadora desmontó una franja de quince metros en todo el perímetro del predio y aprovechó la ocasión para también destruir impunemente el monte de veinte hectáreas colindantes que pertenecen a dos de las comunidades wichís de Morillo (La Cortada y Chañar II). Por entonces, ni los indígenas ni el municipio supieron cómo reaccionar: las idas y vueltas que han tenido las leyes ambientales tanto a nivel nacional como provincial, sumado al sistemático comportamiento ambiguo del gobierno provincial en lo que a desmontes concierne hacen que muchos de los actores locales, incluyendo a la propia intendencia, se sientan completamente desprotegidos y no actúen hasta que el daño está bien avanzado. Ahora mismo, y desde hace una semana, una topadora, un tractor y una camioneta 4 x 4 trabajan en la finca de Cenci en un supuesto “desbajerado”, que no obstante, como hemos podido comprobar visualmente y registrar con nuestras cámaras los firmantes de la nota junto con los representantes de las comunidades wichís y miembros de la ONG local Tepeyac, se trata en realidad lisa y llanamente de un desmonte. Según nos confesaron los operarios de las máquinas, el objetivo es “limpiar” quinientas hectáreas.
El día 19 de septiembre, la intendencia de Morillo y tres particulares (entre ellos, los autores de esta nota), acompañados por los presidentes de las asociaciones civiles indígenas afectadas y por Tepeyac, asentamos dos denuncias policiales a fin de detener urgentemente las máquinas que tiran árboles día y noche sin descanso. Hasta el momento el juez Medina, de la ciudad de Tartagal, competente en la causa, no ha dictado ninguna medida cautelar y por lo tanto la policía no interviene. Simultáneamente, realizamos la denuncia correspondiente en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, pero la actitud de la Secretaría es sistemáticamente ambivalente: el día 18 nos confirmó mediante reiteradas comunicaciones telefónicas que el desmonte en la finca de Cenci no contaba con permiso, es decir, era ilegal; pero el día 19 se retractó diciendo que el desmonte estaba “autorizado”, aunque al mismo tiempo confesó que la autorización correspondía al año 2007 y que no había sufrido los reajustes necesarios por la sanción posterior de la Ley de Bosques. Mientras que la Secretaría confunde a los afectados con su propia ignorancia, no interviene con ninguna medida cautelar ni envía personal de fiscalización a la zona, paralelamente convocó a Cenci a la ciudad de Salta para que actualice inmediatamente sus permisos de desmonte. Por la noche y hasta entrada la madrugada del día 19 las máquinas siguieron tirando árboles.
Hoy, la presión de la intendencia, de las comunidades, de Tepeyac y nuestra parece haber detenido momentáneamente la topadora. La intendenta de Morillo, Marcela Carabajal, y su equipo están interesados en detener este y los otros desmontes que avanzan simultáneamente en el territorio del Municipio, pero no siempre consiguen las herramientas legales y el apoyo policial necesarios. Desde el punto de vista de la cantidad de superficie que será afectada, el problema del desmonte en La Juanita y La Santafesina es muchísimo más grave que el de la finca de Cenci: cada una de aquellas fincas comprende varias decenas de miles de hectáreas. No obstante, la intendencia no encuentra los recursos concretos ni siquiera para inspeccionar el área (vehículos y combustible), la provincia y la justicia se lavan las manos y los empresarios particulares dividen a las comunidades prometiendo que con sus desmontes traerán trabajo y desarrollo.
La protección del bosque nativo salteño es fundamental al menos por dos razones. En primer lugar, porque el monte del área constituye uno de los últimos reductos nacionales y continentales de un ecosistema valiosísimo per se, por la altísima biodiversidad que alberga (que ni siquiera está aún científicamente bien documentada) y por su potencialidad para el desarrollo sostenible de la región. En el contexto de un país y un planeta que atraviesa una agudísima crisis ambiental, el resguardo del hábitat del Chaco Seco salteño no sólo debe preocupar a los habitantes del área, sino también a todos los argentinos y a la humanidad. En segundo lugar, el monte chaqueño posee un valor económico, social y religioso sumamente significativo para los habitantes de la zona: para los campesinos y vecinos de los pueblos criollos, pero fundamentalmente para las comunidades wichís que habitan el territorio desde hace miles de años. Tanto material como simbólicamente, la vida de los indígenas depende del monte: él les provee frutos, animales de caza, pasturas para sus pequeños hatos de cabras, leña, maderas y fibras textiles para sus artesanías, remedios naturales, materiales de construcción para sus viviendas, entre muchísimos otros recursos. Asimismo, cada planta, cada animal y cada lugar del monte forma parte del universo de significados donde la vida wichí cobra sentido. Es pasmoso que en un escenario regional y nacional donde se proclama como fin deseado el desarrollo sostenible y se reivindica constantemente, al menos de palabra, los derechos de los pueblos indígenas, se pueda destruir con tanta soltura el monte y el mundo social complejísimo que los wichís han sabido desarrollar en simbiosis con su entorno natural. El fin del monte es en parte el fin de los wichís, y es un nuevo hito en una historia provincial y nacional signada por la destrucción irresponsable de los recursos naturales, la pauperización de los campesinos, la reducción de la diversidad lingüística y cultural en el área, y el menosprecio y la opresión de los pueblos indígenas. El fin del monte es sin duda el último paso de la “Conquista del desierto verde” que comenzó hace más de cien años.
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Fecha de Publicación: 25/09/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Salta
"En el departamento Rivadavia Banda Norte de la provincia de Salta se vive hoy una pesadilla inexplicable: el desmonte de al menos tres latifundios privados. El hecho es inexplicable porque las tierras que van siendo devastadas están en teoría protegidas por la Ley Nacional de Bosques."
En el departamento Rivadavia Banda Norte de la provincia de Salta se vive hoy una pesadilla inexplicable: el desmonte de al menos tres latifundios privados (las fincas El Palmar, La Juanita y La Santafesina). El desmonte angustia no sólo a las comunidades wichís y a los pequeños campesinos criollos que dependen ineludiblemente del monte, sino también a todos los ciudadanos de Salta, de la Argentina y del mundo que somos conscientes de que con cada metro de bosque chaqueño que se destruye se comete un daño irreparable a la diversidad biológica y sociocultural del planeta. El hecho es inexplicable porque las tierras que van siendo devastadas están en teoría protegidas por la Ley Nacional de Bosques (Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Nro. 26331 del año 2007), en base a la cual se ha clasificado al área en cuestión en la “categoría II” (amarillo), una categoría que permite el uso sustentable del ambiente, pero bajo ningún concepto el desmonte.
Aunque el desmonte es ilegal es, sin embargo, difícil detenerlo. Por ejemplo, en las aproximadamente mil hectáreas que forman la finca El Palmar (número de catastro 5431, propiedad de Fernando Gustavo Cenci), ubicada a mil metros al sur del pueblo de Coronel Juan Solá (estación Morillo), desde la primera semana de septiembre las máquinas avanzan dejando detrás tierra arrasada. Comenzaron con un supuesto “deslinde”: la topadora desmontó una franja de quince metros en todo el perímetro del predio y aprovechó la ocasión para también destruir impunemente el monte de veinte hectáreas colindantes que pertenecen a dos de las comunidades wichís de Morillo (La Cortada y Chañar II). Por entonces, ni los indígenas ni el municipio supieron cómo reaccionar: las idas y vueltas que han tenido las leyes ambientales tanto a nivel nacional como provincial, sumado al sistemático comportamiento ambiguo del gobierno provincial en lo que a desmontes concierne hacen que muchos de los actores locales, incluyendo a la propia intendencia, se sientan completamente desprotegidos y no actúen hasta que el daño está bien avanzado. Ahora mismo, y desde hace una semana, una topadora, un tractor y una camioneta 4 x 4 trabajan en la finca de Cenci en un supuesto “desbajerado”, que no obstante, como hemos podido comprobar visualmente y registrar con nuestras cámaras los firmantes de la nota junto con los representantes de las comunidades wichís y miembros de la ONG local Tepeyac, se trata en realidad lisa y llanamente de un desmonte. Según nos confesaron los operarios de las máquinas, el objetivo es “limpiar” quinientas hectáreas.
El día 19 de septiembre, la intendencia de Morillo y tres particulares (entre ellos, los autores de esta nota), acompañados por los presidentes de las asociaciones civiles indígenas afectadas y por Tepeyac, asentamos dos denuncias policiales a fin de detener urgentemente las máquinas que tiran árboles día y noche sin descanso. Hasta el momento el juez Medina, de la ciudad de Tartagal, competente en la causa, no ha dictado ninguna medida cautelar y por lo tanto la policía no interviene. Simultáneamente, realizamos la denuncia correspondiente en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, pero la actitud de la Secretaría es sistemáticamente ambivalente: el día 18 nos confirmó mediante reiteradas comunicaciones telefónicas que el desmonte en la finca de Cenci no contaba con permiso, es decir, era ilegal; pero el día 19 se retractó diciendo que el desmonte estaba “autorizado”, aunque al mismo tiempo confesó que la autorización correspondía al año 2007 y que no había sufrido los reajustes necesarios por la sanción posterior de la Ley de Bosques. Mientras que la Secretaría confunde a los afectados con su propia ignorancia, no interviene con ninguna medida cautelar ni envía personal de fiscalización a la zona, paralelamente convocó a Cenci a la ciudad de Salta para que actualice inmediatamente sus permisos de desmonte. Por la noche y hasta entrada la madrugada del día 19 las máquinas siguieron tirando árboles.
Hoy, la presión de la intendencia, de las comunidades, de Tepeyac y nuestra parece haber detenido momentáneamente la topadora. La intendenta de Morillo, Marcela Carabajal, y su equipo están interesados en detener este y los otros desmontes que avanzan simultáneamente en el territorio del Municipio, pero no siempre consiguen las herramientas legales y el apoyo policial necesarios. Desde el punto de vista de la cantidad de superficie que será afectada, el problema del desmonte en La Juanita y La Santafesina es muchísimo más grave que el de la finca de Cenci: cada una de aquellas fincas comprende varias decenas de miles de hectáreas. No obstante, la intendencia no encuentra los recursos concretos ni siquiera para inspeccionar el área (vehículos y combustible), la provincia y la justicia se lavan las manos y los empresarios particulares dividen a las comunidades prometiendo que con sus desmontes traerán trabajo y desarrollo.
La protección del bosque nativo salteño es fundamental al menos por dos razones. En primer lugar, porque el monte del área constituye uno de los últimos reductos nacionales y continentales de un ecosistema valiosísimo per se, por la altísima biodiversidad que alberga (que ni siquiera está aún científicamente bien documentada) y por su potencialidad para el desarrollo sostenible de la región. En el contexto de un país y un planeta que atraviesa una agudísima crisis ambiental, el resguardo del hábitat del Chaco Seco salteño no sólo debe preocupar a los habitantes del área, sino también a todos los argentinos y a la humanidad. En segundo lugar, el monte chaqueño posee un valor económico, social y religioso sumamente significativo para los habitantes de la zona: para los campesinos y vecinos de los pueblos criollos, pero fundamentalmente para las comunidades wichís que habitan el territorio desde hace miles de años. Tanto material como simbólicamente, la vida de los indígenas depende del monte: él les provee frutos, animales de caza, pasturas para sus pequeños hatos de cabras, leña, maderas y fibras textiles para sus artesanías, remedios naturales, materiales de construcción para sus viviendas, entre muchísimos otros recursos. Asimismo, cada planta, cada animal y cada lugar del monte forma parte del universo de significados donde la vida wichí cobra sentido. Es pasmoso que en un escenario regional y nacional donde se proclama como fin deseado el desarrollo sostenible y se reivindica constantemente, al menos de palabra, los derechos de los pueblos indígenas, se pueda destruir con tanta soltura el monte y el mundo social complejísimo que los wichís han sabido desarrollar en simbiosis con su entorno natural. El fin del monte es en parte el fin de los wichís, y es un nuevo hito en una historia provincial y nacional signada por la destrucción irresponsable de los recursos naturales, la pauperización de los campesinos, la reducción de la diversidad lingüística y cultural en el área, y el menosprecio y la opresión de los pueblos indígenas. El fin del monte es sin duda el último paso de la “Conquista del desierto verde” que comenzó hace más de cien años.
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Denuncian que Macri quiere reemplazar a los cartoneros
Denuncian que quieren reemplazar a los cartoneros por grupos empresarios
Fecha de Publicación: 24/09/2012
Fuente: Parlamentario.com
Provincia/Región: Nacional
En el marco del tratamiento de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, desde la oposición porteña advierten sobre las intenciones del Gobierno de Macri.
El Gobierno de Mauricio Macri publicó una solicitada bajo el título “Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos”, con el que a juicio del diputado porteño Adrián Camps, “se pretende dar un giro de 180 grados en su política de inclusión social de los cartoneros en la Ciudad de Buenos Aires, para entregar el negocio del reciclado a grandes grupos empresarios”.
“En varias oportunidades, diputados de la Legislatura nos hemos reunido con el ministro Santilli para que nos cuente los planes al respecto, pero nunca mencionó este proyecto”, aseguró el legislador integrante de la Comisión de Ambiente.
La Ciudad genera 6.200 toneladas por día: 2.000 corresponden a residuos áridos -restos de demolición-; 1000 serán tratadas en una planta ya construida en el CEAMSE. Ahora llaman a un concurso nacional e internacional para el tratamiento de otras 3.000 toneladas diarias. La suma da 6000 y abarca a la totalidad de los residuos generados. Para el diputado Camps “es obvio que lo que se busca es desplazar a las cooperativas de cartoneros de las actividades de reciclado que con gran esfuerzo vienen desarrollando desde hace más de 10 años”.
El martes pasado los recicladores urbanos se manifestaron en la Ciudad de Buenos Aires para oponerse a la instalación de contenedores de gran tamaño, porque les impiden acceder a los materiales reciclables que se depositan en su interior. “En las cooperativas sospechaban que el objetivo era desplazarlos para entregar el negocio a las empresas. La solicitada parece confirmar los peores pronósticos”, advirtió Adrián Camps.
En la actualidad trabajan en la Ciudad aproximadamente 5 mil cartoneros, de los cuales 3 mil se encuentran formalizados -cobran subsidio y cuentan con obra social-. Según Camps, “se estima que gracias a su trabajo se recupera entre un 10 y un 15% de los residuos que genera la Ciudad, evitando que se entierren en el CEAMSE y prolongando la vida útil del relleno Norte III”.
“Ninguna política de tratamiento de residuos puede desconocer esta realidad social”, finalizó el legislador.
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Fecha de Publicación: 24/09/2012
Fuente: Parlamentario.com
Provincia/Región: Nacional
En el marco del tratamiento de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, desde la oposición porteña advierten sobre las intenciones del Gobierno de Macri.
El Gobierno de Mauricio Macri publicó una solicitada bajo el título “Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos”, con el que a juicio del diputado porteño Adrián Camps, “se pretende dar un giro de 180 grados en su política de inclusión social de los cartoneros en la Ciudad de Buenos Aires, para entregar el negocio del reciclado a grandes grupos empresarios”.
“En varias oportunidades, diputados de la Legislatura nos hemos reunido con el ministro Santilli para que nos cuente los planes al respecto, pero nunca mencionó este proyecto”, aseguró el legislador integrante de la Comisión de Ambiente.
La Ciudad genera 6.200 toneladas por día: 2.000 corresponden a residuos áridos -restos de demolición-; 1000 serán tratadas en una planta ya construida en el CEAMSE. Ahora llaman a un concurso nacional e internacional para el tratamiento de otras 3.000 toneladas diarias. La suma da 6000 y abarca a la totalidad de los residuos generados. Para el diputado Camps “es obvio que lo que se busca es desplazar a las cooperativas de cartoneros de las actividades de reciclado que con gran esfuerzo vienen desarrollando desde hace más de 10 años”.
El martes pasado los recicladores urbanos se manifestaron en la Ciudad de Buenos Aires para oponerse a la instalación de contenedores de gran tamaño, porque les impiden acceder a los materiales reciclables que se depositan en su interior. “En las cooperativas sospechaban que el objetivo era desplazarlos para entregar el negocio a las empresas. La solicitada parece confirmar los peores pronósticos”, advirtió Adrián Camps.
En la actualidad trabajan en la Ciudad aproximadamente 5 mil cartoneros, de los cuales 3 mil se encuentran formalizados -cobran subsidio y cuentan con obra social-. Según Camps, “se estima que gracias a su trabajo se recupera entre un 10 y un 15% de los residuos que genera la Ciudad, evitando que se entierren en el CEAMSE y prolongando la vida útil del relleno Norte III”.
“Ninguna política de tratamiento de residuos puede desconocer esta realidad social”, finalizó el legislador.
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Huella hídrica, la certificación que viene
Huella hídrica, la certificación que viene
Fecha de Publicación: 24/09/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Se perfila como uno de los nuevos requerimientos que impondrán los mercados más exigentes. Calcula el volumen total de agua necesaria para producir un bien. En Mendoza ya existen agroindustrias interesadas en reducir la cantidad de agua que utilizan en sus procesos.
El interés de los países centrales por conocer en qué medida se afecta el ambiente en todo el ciclo de vida de cada producto que consumen (desde la producción primaria hasta el proceso de disposición final de los residuos), se traduce paulatinamente en mayores exigencias para quienes proveen de esos bienes.
Investigadores de organismos públicos y de empresas privadas han desarrollado métodos que permiten cuantificar el impacto ambiental de esos ciclos, obteniendo protocolos para minimizarlos y procedimientos de control y seguimiento de esas prácticas sustentables.
Francia, Alemania y Japón, entre otros, han legislado sobre el tema y es de prever que algo similar ocurra en otros países. Si bien no se conocen aún antecedentes de prohibiciones del ingreso de productos a esos mercados, se sabe de casos en que los importadores priorizan la adquisición de productos con esas huellas de afectación ambiental cuantificada, preferentemente certificadas, por sobre los que no han sido sometidos al estudio correspondiente.
Indicador de sostenibilidad
La Ing. química Bárbara Civit, investigadora del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Centro Científico Tecnológico Mendoza del Conicet, señala que “la idea de sostenibilidad se fundamenta en asegurar que los recursos disponibles no se consuman más rápido de lo que se renuevan y que los desechos y emisiones no se liberen con mayor velocidad que aquella a la que pueden ser absorbidos por los distintos sistemas”.
La especialista, que integra también el grupo científico Cliope de la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional -que investiga sobre energía, ambiente y desarrollo sustentable-, explica que diversos indicadores han sido propuestos para cuantificar la sostenibilidad de un producto, un emprendimiento o una actividad y que “entre ellos, el concepto de huella (como una medida cuantitativa de la apropiación de los recursos por parte del hombre) ha cobrado fuerza en la última década entre investigadores y científicos, pero también entre productores, consumidores y tomadores de decisión, de manera que una huella es entonces un indicador de sostenibilidad”.
Las tres huellas
Hasta el momento, han sido definidas la huella ecológica, la huella de carbono y la huella hídrica (ecological footprint, carbon footprint y water footprint, respectivamente en inglés). La primera de ellas es “una medida de la carga impuesta por una población dada, a la naturaleza”. La huella ecológica relaciona los consumos y las emisiones que se producen como consecuencia de las actividades humanas, con la superficie del planeta que se necesita para proveer recursos consumibles y absorber las emisiones y residuos generados.
La de carbono está íntimamente ligada a las emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio climático, y se define como la cantidad neta de gases de efecto invernadero emitidos por un producto, un individuo, una organización o una nación en un período de un año.
“La huella hídrica es, de las tres, la más recientemente definida, y se refiere al cálculo del volumen total de agua consumida o contaminada -directa o indirectamente- por unidad de tiempo, para producir un bien o un servicio, o que consume un individuo, una comunidad o una fábrica”, detalla Civit. El concepto es análogo al de la huella ecológica, pero cuantificando agua en lugar de superficie productiva.
“Este modo de cálculo -revela- ha permitido determinar, por ejemplo, que tomar un pocillo de café equivale a consumir 140 litros de agua, o que comer 1 kilo de asado representa beber 16.000 litros de agua, porque se tiene en cuenta toda el agua utilizada en los procesos involucrados en la cadena de suministro del producto”.
Primeras señales
La Lic. Gabriela Puchol, auditor líder en Cuyo de Det Norske Veritas (DNV), uno de los principales verificadores de gases de efecto invernadero independientes que operan a nivel mundial (con oficina central en Oslo, Noruega), indica que “la mayoría de las empresas están recién comenzando a pensar en el cálculo de la huella de carbono y algunas ya lo están haciendo, pero hasta ahora pocas la certificaron en Argentina”.
Puchol señala que “hay, sí, muchas consultas, sobre todo por huella de carbono y en menor medida por huella hídrica”. El mayor número de esas consultas son de empresas de la industria alimentaria, como también de los rubros cemento, minería y electrodomésticos. “En la región de Cuyo -aclara- principalmente son empresas del área vitivinícola y los proveedores de esa industria (corchos, etiquetas, envases, etc.); además de empaque de uvas y, en otras regiones, procesamiento de frutas cítricas, entre otros sectores. Establecimientos que elaboran otros productos como snacks, azúcar, galletas, caramelos, gaseosas, también nos están consultando”.
La referente zonal de DNV supone que “cuando esté terminada la Norma ISO 14067 podrían comenzar a exigirla varios países, pero a la fecha no hay nada cierto”. Admite que “hoy es más bien una exigencia de algunos distribuidores mayoristas y minoristas; en algunos casos están recomendando que la calculen, pero no queda excluida la posibilidad de venderles si no tienen el cálculo de huella de carbono”. Pero aclara que “en nuestra experiencia, vemos que algunos mayoristas o importadores compran más a las empresas que ya tienen el cálculo”.
Esto es consecuencia de que “los consumidores de algunos países buscan empresas comprometidas a reducir la emisión de gases efecto invernadero, por lo cual los productos con el cálculo de huella son preferidos en las góndolas. Esto sucede en algunos países de Europa, Asia, principalmente, pero hasta ahora no hay exigencias gubernamentales”, sostiene Puchol.
Por su parte, Oscar Pinco, socio de la certificadora Green Solutions Argentina, señala que “la huella y la huella del agua están íntimamente vinculadas, porque en el mundo ya se está hablando de la huella ecológica”. Revela que “en Argentina, estamos trabajando concretamente con una empresa de Tucumán, una de las grandes citrícolas del país (la principal exportadora de limones de Suramérica), haciendo una auditoría de huella de carbono y huella de agua, porque uno de sus clientes, de Alemania, ya le está pidiendo la certificación de huella de agua también”.
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Fecha de Publicación: 24/09/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Se perfila como uno de los nuevos requerimientos que impondrán los mercados más exigentes. Calcula el volumen total de agua necesaria para producir un bien. En Mendoza ya existen agroindustrias interesadas en reducir la cantidad de agua que utilizan en sus procesos.
El interés de los países centrales por conocer en qué medida se afecta el ambiente en todo el ciclo de vida de cada producto que consumen (desde la producción primaria hasta el proceso de disposición final de los residuos), se traduce paulatinamente en mayores exigencias para quienes proveen de esos bienes.
Investigadores de organismos públicos y de empresas privadas han desarrollado métodos que permiten cuantificar el impacto ambiental de esos ciclos, obteniendo protocolos para minimizarlos y procedimientos de control y seguimiento de esas prácticas sustentables.
Francia, Alemania y Japón, entre otros, han legislado sobre el tema y es de prever que algo similar ocurra en otros países. Si bien no se conocen aún antecedentes de prohibiciones del ingreso de productos a esos mercados, se sabe de casos en que los importadores priorizan la adquisición de productos con esas huellas de afectación ambiental cuantificada, preferentemente certificadas, por sobre los que no han sido sometidos al estudio correspondiente.
Indicador de sostenibilidad
La Ing. química Bárbara Civit, investigadora del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Centro Científico Tecnológico Mendoza del Conicet, señala que “la idea de sostenibilidad se fundamenta en asegurar que los recursos disponibles no se consuman más rápido de lo que se renuevan y que los desechos y emisiones no se liberen con mayor velocidad que aquella a la que pueden ser absorbidos por los distintos sistemas”.
La especialista, que integra también el grupo científico Cliope de la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional -que investiga sobre energía, ambiente y desarrollo sustentable-, explica que diversos indicadores han sido propuestos para cuantificar la sostenibilidad de un producto, un emprendimiento o una actividad y que “entre ellos, el concepto de huella (como una medida cuantitativa de la apropiación de los recursos por parte del hombre) ha cobrado fuerza en la última década entre investigadores y científicos, pero también entre productores, consumidores y tomadores de decisión, de manera que una huella es entonces un indicador de sostenibilidad”.
Las tres huellas
Hasta el momento, han sido definidas la huella ecológica, la huella de carbono y la huella hídrica (ecological footprint, carbon footprint y water footprint, respectivamente en inglés). La primera de ellas es “una medida de la carga impuesta por una población dada, a la naturaleza”. La huella ecológica relaciona los consumos y las emisiones que se producen como consecuencia de las actividades humanas, con la superficie del planeta que se necesita para proveer recursos consumibles y absorber las emisiones y residuos generados.
La de carbono está íntimamente ligada a las emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio climático, y se define como la cantidad neta de gases de efecto invernadero emitidos por un producto, un individuo, una organización o una nación en un período de un año.
“La huella hídrica es, de las tres, la más recientemente definida, y se refiere al cálculo del volumen total de agua consumida o contaminada -directa o indirectamente- por unidad de tiempo, para producir un bien o un servicio, o que consume un individuo, una comunidad o una fábrica”, detalla Civit. El concepto es análogo al de la huella ecológica, pero cuantificando agua en lugar de superficie productiva.
“Este modo de cálculo -revela- ha permitido determinar, por ejemplo, que tomar un pocillo de café equivale a consumir 140 litros de agua, o que comer 1 kilo de asado representa beber 16.000 litros de agua, porque se tiene en cuenta toda el agua utilizada en los procesos involucrados en la cadena de suministro del producto”.
Primeras señales
La Lic. Gabriela Puchol, auditor líder en Cuyo de Det Norske Veritas (DNV), uno de los principales verificadores de gases de efecto invernadero independientes que operan a nivel mundial (con oficina central en Oslo, Noruega), indica que “la mayoría de las empresas están recién comenzando a pensar en el cálculo de la huella de carbono y algunas ya lo están haciendo, pero hasta ahora pocas la certificaron en Argentina”.
Puchol señala que “hay, sí, muchas consultas, sobre todo por huella de carbono y en menor medida por huella hídrica”. El mayor número de esas consultas son de empresas de la industria alimentaria, como también de los rubros cemento, minería y electrodomésticos. “En la región de Cuyo -aclara- principalmente son empresas del área vitivinícola y los proveedores de esa industria (corchos, etiquetas, envases, etc.); además de empaque de uvas y, en otras regiones, procesamiento de frutas cítricas, entre otros sectores. Establecimientos que elaboran otros productos como snacks, azúcar, galletas, caramelos, gaseosas, también nos están consultando”.
La referente zonal de DNV supone que “cuando esté terminada la Norma ISO 14067 podrían comenzar a exigirla varios países, pero a la fecha no hay nada cierto”. Admite que “hoy es más bien una exigencia de algunos distribuidores mayoristas y minoristas; en algunos casos están recomendando que la calculen, pero no queda excluida la posibilidad de venderles si no tienen el cálculo de huella de carbono”. Pero aclara que “en nuestra experiencia, vemos que algunos mayoristas o importadores compran más a las empresas que ya tienen el cálculo”.
Esto es consecuencia de que “los consumidores de algunos países buscan empresas comprometidas a reducir la emisión de gases efecto invernadero, por lo cual los productos con el cálculo de huella son preferidos en las góndolas. Esto sucede en algunos países de Europa, Asia, principalmente, pero hasta ahora no hay exigencias gubernamentales”, sostiene Puchol.
Por su parte, Oscar Pinco, socio de la certificadora Green Solutions Argentina, señala que “la huella y la huella del agua están íntimamente vinculadas, porque en el mundo ya se está hablando de la huella ecológica”. Revela que “en Argentina, estamos trabajando concretamente con una empresa de Tucumán, una de las grandes citrícolas del país (la principal exportadora de limones de Suramérica), haciendo una auditoría de huella de carbono y huella de agua, porque uno de sus clientes, de Alemania, ya le está pidiendo la certificación de huella de agua también”.
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