Interminable polémica con papeleras
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Interminable polémica con papeleras
Fecha de Publicación: 13/07/2008
Fuente: La Opinión (Rafaela)
Provincia/Región: Misiones
La provincia de Misiones aprobó la "insalubridad laboral" en las industrias de celulosa, pero el debate más fuerte continúa siendo el que denuncia la contaminación medioambiental producida por estas fábricas.
La contaminación del medioambiente por parte de las industrias de celulosa tomó revuelo en los últimos años cuando ciudadanos entrerrianos abrieron una intensa lucha contra el gobierno uruguayo que autorizó la instalación de dos plantas de celulosa sobre la costa del Río Uruguay.
En la Argentina hay unas treinta papeleras que, según especialistas, tienen índices de contaminación más elevados que Botnia -la celulosa finlandesa instalada en Uruguay- debido a la utilización de tecnologías más antiguas para la "purificación" de los desechos eliminados al aire y los ríos.
Estas industrias son altamente cuestionadas porque utilizan grandes extensiones de bosques y extraordinarios volúmenes de aguas, además de las constantes emanaciones de gases tóxicos al aire.
Las once principales papeleras argentinas son: Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray y Papel Misionero, en Misiones; Celulosa Campana SA, en Buenos Aires, Papel Prensa y Massuh, en Provincia de Buenos Aires; Productos Pulpa Moldeada, en Río Negro; Papelera del Tucumán; Papelera del NOA y Ledesma, en Jujuy; y Celulosa Argentina, en Santa Fe.
El conjunto de empresas del sector produce en el país unas 900 mil toneladas de celulosa al año con diversas tecnologías y materias primas, y las más grandes y cuestionadas están sobre el río Paraná, en la región noreste.
Según organizaciones protectoras del medioambiente, como Greenpeace, las más conflictivas son Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray, Celulosa Argentina, Ledesma y Papelera del Tucumán, por sus elevados índices de contaminación debido a la utilización de cloro elemental, la tecnología de blanqueo más contaminante.
Esta última pastera protagoniza el único caso en donde cabe anotar una clara victoria de las organizaciones ambientalistas en la lucha por preservar el medio ambiente, ya que la Cámara Federal de Tucumán dispuso el procesamiento de los directivos de esa empresa.
Los directivos están procesados penalmente por la Justicia Tucumana por contaminación de aguas y destrucción de especies autóctonas con efectos perjudiciales para la agricultura y la salud de las personas.
De todas maneras, el problema de la contaminación no se reduce sólo a la tecnología empleada sino que las organizaciones ambientalistas afirman que antes de que haya empezado a funcionar la primera máquina, ya comienza el desastre ambiental.
Según las denuncias acumuladas hasta la actualidad, los problemas son causados por las plantaciones de pinos foráneos -como ocurre en Misiones- o las enfermedades provocadas por el bagazo usado como materia prima -como se acusa en Jujuy-.
Esas plantaciones, según señalan, producen la eliminación directa de miles de especies animales y vegetales que "son arrasadas para que se incremente la producción de materias primas para celulosas".
Fecha de Publicación: 13/07/2008
Fuente: La Opinión (Rafaela)
Provincia/Región: Misiones
La provincia de Misiones aprobó la "insalubridad laboral" en las industrias de celulosa, pero el debate más fuerte continúa siendo el que denuncia la contaminación medioambiental producida por estas fábricas.
La contaminación del medioambiente por parte de las industrias de celulosa tomó revuelo en los últimos años cuando ciudadanos entrerrianos abrieron una intensa lucha contra el gobierno uruguayo que autorizó la instalación de dos plantas de celulosa sobre la costa del Río Uruguay.
En la Argentina hay unas treinta papeleras que, según especialistas, tienen índices de contaminación más elevados que Botnia -la celulosa finlandesa instalada en Uruguay- debido a la utilización de tecnologías más antiguas para la "purificación" de los desechos eliminados al aire y los ríos.
Estas industrias son altamente cuestionadas porque utilizan grandes extensiones de bosques y extraordinarios volúmenes de aguas, además de las constantes emanaciones de gases tóxicos al aire.
Las once principales papeleras argentinas son: Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray y Papel Misionero, en Misiones; Celulosa Campana SA, en Buenos Aires, Papel Prensa y Massuh, en Provincia de Buenos Aires; Productos Pulpa Moldeada, en Río Negro; Papelera del Tucumán; Papelera del NOA y Ledesma, en Jujuy; y Celulosa Argentina, en Santa Fe.
El conjunto de empresas del sector produce en el país unas 900 mil toneladas de celulosa al año con diversas tecnologías y materias primas, y las más grandes y cuestionadas están sobre el río Paraná, en la región noreste.
Según organizaciones protectoras del medioambiente, como Greenpeace, las más conflictivas son Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray, Celulosa Argentina, Ledesma y Papelera del Tucumán, por sus elevados índices de contaminación debido a la utilización de cloro elemental, la tecnología de blanqueo más contaminante.
Esta última pastera protagoniza el único caso en donde cabe anotar una clara victoria de las organizaciones ambientalistas en la lucha por preservar el medio ambiente, ya que la Cámara Federal de Tucumán dispuso el procesamiento de los directivos de esa empresa.
Los directivos están procesados penalmente por la Justicia Tucumana por contaminación de aguas y destrucción de especies autóctonas con efectos perjudiciales para la agricultura y la salud de las personas.
De todas maneras, el problema de la contaminación no se reduce sólo a la tecnología empleada sino que las organizaciones ambientalistas afirman que antes de que haya empezado a funcionar la primera máquina, ya comienza el desastre ambiental.
Según las denuncias acumuladas hasta la actualidad, los problemas son causados por las plantaciones de pinos foráneos -como ocurre en Misiones- o las enfermedades provocadas por el bagazo usado como materia prima -como se acusa en Jujuy-.
Esas plantaciones, según señalan, producen la eliminación directa de miles de especies animales y vegetales que "son arrasadas para que se incremente la producción de materias primas para celulosas".
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Cuestionamientos a la represa del Ayuí
Fuertes cuestionamientos a la represa del Ayuí, cerca de Iberá
Fecha de Publicación: 11/07/2008
Fuente: Proteger
Provincia/Región: Corrientes
Los recientes anuncios acerca de un gran proyecto agrícola en el área de la cuenca del Arroyo Ayuí en el Departamento Mercedes de la provincia de Corrientes (1), deben ser cuidadosamente analizados por la opinión pública, antes de festejar lo que a primeras luces sería una iniciativa de desarrollo local generadora de empleo y nuevas inversiones.
Impulsado por dos empresas líderes del sector (Copra y Adeco) este proyecto anticipa una notable expansión agrícola en un área tradicionalmente ganadera.
Se anuncian la incorporación de unas 28.000 hectáreas de cultivos de arroz y otros cereales, exportaciones millonarias y una cantidad nada despreciable de nuevos puestos de trabajo.
Lo que no se anuncia con la misma intensidad es que para ello proponen interrumpir el flujo natural de un importante curso de agua, eliminando sus bosques de ribera y extensos pastizales, sorteando así derechos fundamentales expresados en la constitución y las normas más elementales.
La propuesta de las empresas consiste en crear un lago artificial de proporciones descomunales. Tan grande como El Palmar de Colón (Entre Ríos), mayor que la cercana y famosa Laguna del Iberá y 12 veces más extenso que el casco urbano de la cercana ciudad de Mercedes. El proyecto consiste en atravesar con un paredón el arroyo mencionado e inundar su lecho completo en un tramo de decenas de kilómetros de costas.
La escena de la fotografía quedaría entonces bajo el agua, destruida de manera irreversible. Este reservorio artificial recibiría, a su vez, los efluentes químicos de esta gigantesca superficie de plantíos, y el destino de la cuenca del río Miriñay (receptor final de las aguas que terminan en el río Uruguay), podría quedar severamente comprometido, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también productivo, pues la cantidad y calidad de aguas disponibles cuenca abajo ya no serían las mismas.
Conviene reflexionar que represas y lagos artificiales de estas proporciones –aunque ya severamente cuestionadas en todo el mundo– han sido siempre emprendidos por el Estado y con fines de provisión de electricidad a la población. Obras netamente públicas y en procura del bien común. Pero esta vez se trata de un emprendimiento privado, con lógicos fines lucrativos. Nadie intenta desmeritar la renta privada, muy por el contrario. Pero ella no podría justificar adueñarse de algo tan público como un trozo de la geografía… ¡un río! para simplemente hacerlo desaparecer junto a sus bosques y sus especies animales y vegetales.
Resulta al menos llamativo que las autoridades participen de manera entusiasta del anuncio de un proyecto de estas características, con tono de “lanzamiento”. ¿Habrán advertido que no sólo de puestos de trabajo se trata? A favor de los gobernantes, conviene aquí reducir el hecho de los anuncios a lo que efectivamente ocurrió hasta ahora: las empresas presentaron la documentación, y deben permanecer a la espera de los permisos necesarios.
El proyecto deberá entonces pasar por muchas instancias previas, incluyendo una audiencia pública donde las evaluaciones ambientales sean sometidas a la opinión popular. Tal vez ni siquiera llegar a eso, ya que este parece ser un ejemplo de lo que “no se puede hacer”, mucho más que un caso que admite evaluar su impacto ambiental.
Si las autoridades dejaran pasar esto, y si las empresas –advertidas de una situación que podría devenir en importante reacción en el terreno jurídico y cívico– insistieran en destruir el curso del Ayuí para dar lugar a su proyecto productivo el precedente sería desafortunado.
¿Cuál sería, entonces, el nuevo límite? ¿Podrían éstas u otras empresas, con suficiente respaldo económico, levantar un dique para hacer desaparecer nuevos trozos de nuestra geografía? ¿Podría luego ser el turno del Miriñay, el Payubre, el Aguapey o el Corriente? ¿Dependería simplemente de eso?… ¿Del poder económico para hacerlo?
(*) Aníbal Parera es un conocido conservacionista; fue director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
(1) Diario Clarín del Sábado 17 de Mayo 2008, sección Rural, y algunos medios provinciales de Corrientes.
Fecha de Publicación: 11/07/2008
Fuente: Proteger
Provincia/Región: Corrientes
Los recientes anuncios acerca de un gran proyecto agrícola en el área de la cuenca del Arroyo Ayuí en el Departamento Mercedes de la provincia de Corrientes (1), deben ser cuidadosamente analizados por la opinión pública, antes de festejar lo que a primeras luces sería una iniciativa de desarrollo local generadora de empleo y nuevas inversiones.
Impulsado por dos empresas líderes del sector (Copra y Adeco) este proyecto anticipa una notable expansión agrícola en un área tradicionalmente ganadera.
Se anuncian la incorporación de unas 28.000 hectáreas de cultivos de arroz y otros cereales, exportaciones millonarias y una cantidad nada despreciable de nuevos puestos de trabajo.
Lo que no se anuncia con la misma intensidad es que para ello proponen interrumpir el flujo natural de un importante curso de agua, eliminando sus bosques de ribera y extensos pastizales, sorteando así derechos fundamentales expresados en la constitución y las normas más elementales.
La propuesta de las empresas consiste en crear un lago artificial de proporciones descomunales. Tan grande como El Palmar de Colón (Entre Ríos), mayor que la cercana y famosa Laguna del Iberá y 12 veces más extenso que el casco urbano de la cercana ciudad de Mercedes. El proyecto consiste en atravesar con un paredón el arroyo mencionado e inundar su lecho completo en un tramo de decenas de kilómetros de costas.
La escena de la fotografía quedaría entonces bajo el agua, destruida de manera irreversible. Este reservorio artificial recibiría, a su vez, los efluentes químicos de esta gigantesca superficie de plantíos, y el destino de la cuenca del río Miriñay (receptor final de las aguas que terminan en el río Uruguay), podría quedar severamente comprometido, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también productivo, pues la cantidad y calidad de aguas disponibles cuenca abajo ya no serían las mismas.
Conviene reflexionar que represas y lagos artificiales de estas proporciones –aunque ya severamente cuestionadas en todo el mundo– han sido siempre emprendidos por el Estado y con fines de provisión de electricidad a la población. Obras netamente públicas y en procura del bien común. Pero esta vez se trata de un emprendimiento privado, con lógicos fines lucrativos. Nadie intenta desmeritar la renta privada, muy por el contrario. Pero ella no podría justificar adueñarse de algo tan público como un trozo de la geografía… ¡un río! para simplemente hacerlo desaparecer junto a sus bosques y sus especies animales y vegetales.
Resulta al menos llamativo que las autoridades participen de manera entusiasta del anuncio de un proyecto de estas características, con tono de “lanzamiento”. ¿Habrán advertido que no sólo de puestos de trabajo se trata? A favor de los gobernantes, conviene aquí reducir el hecho de los anuncios a lo que efectivamente ocurrió hasta ahora: las empresas presentaron la documentación, y deben permanecer a la espera de los permisos necesarios.
El proyecto deberá entonces pasar por muchas instancias previas, incluyendo una audiencia pública donde las evaluaciones ambientales sean sometidas a la opinión popular. Tal vez ni siquiera llegar a eso, ya que este parece ser un ejemplo de lo que “no se puede hacer”, mucho más que un caso que admite evaluar su impacto ambiental.
Si las autoridades dejaran pasar esto, y si las empresas –advertidas de una situación que podría devenir en importante reacción en el terreno jurídico y cívico– insistieran en destruir el curso del Ayuí para dar lugar a su proyecto productivo el precedente sería desafortunado.
¿Cuál sería, entonces, el nuevo límite? ¿Podrían éstas u otras empresas, con suficiente respaldo económico, levantar un dique para hacer desaparecer nuevos trozos de nuestra geografía? ¿Podría luego ser el turno del Miriñay, el Payubre, el Aguapey o el Corriente? ¿Dependería simplemente de eso?… ¿Del poder económico para hacerlo?
(*) Aníbal Parera es un conocido conservacionista; fue director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
(1) Diario Clarín del Sábado 17 de Mayo 2008, sección Rural, y algunos medios provinciales de Corrientes.
Se formó el Consejo Provincial de Bosques
Se formó el Consejo Provincial de Bosques
Fecha de Publicación: 10/07/2008
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Ministerio de la Producción Recursos Naturales, Forestación y Tierras ha conformado el Consejo Provincial de Bosques, órgano previsto en la Ley Provincial de Conservación y Usos Múltiples de las Áreas Forestales de la Provincia.
Continuando con la estrategia de construcción colectiva efectuada en dicha ley, el Consejo Provincial de Bosques quedo conformado con representantes de las siguientes instituciones: Facultad de Ingeniería Forestal, Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero; Universidad Católica de Santiago del Estero; INTA; Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, presidiendo como órgano de aplicación el Ministerio de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras.
Las funciones inherentes a dicho Consejo son fundamentalmente: asesorar al organismo de aplicación, auditar los proyectos productivos, dirimir situaciones de conflicto, etc.
Cabe aclarar que si bien la Ley Provincial de Conservación y Usos Múltiples de las Áreas Forestales de la Provincia Nº 6841 establece una zonificacion provincial que fuera realizada con un proceso participativo; a finales del 2007 se promulgo la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos Nº 26.331 que contempla, además de lo ya implementado por la ley provincial, la exigencia de la aprobación de un ordenamiento territorial con una zonificación según determinados criterios en tres categorías de conservación y la suspensión de las autorizaciones de desmonte hasta tanto se dicte tal ordenamiento.
Actualmente, se ha iniciado un proceso participativo para la compatibilización de la zonificación provincial, con las categorías de conservación de la ley nacional nº 26331, proceso este, que se prevé, finalizará hacia finales del 2008, tiempo durante el cual se encuentran suspendidas las autorizaciones de los planes productivos nuevos que involucren actividades de desmonte a partir de la vigencia de la Ley Nacional Nº 26.331. Quedando excluidos, es decir continúan vigentes los proyectos productivos aprobados con anterioridad al 1 de enero del 2008, las autorizaciones de extracción de leña muerta y planes productivos de aprovechamiento forestal sin cambio de uso de suelo, cumpliendo estrictamente con la normativa vigente.
Fecha de Publicación: 10/07/2008
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Ministerio de la Producción Recursos Naturales, Forestación y Tierras ha conformado el Consejo Provincial de Bosques, órgano previsto en la Ley Provincial de Conservación y Usos Múltiples de las Áreas Forestales de la Provincia.
Continuando con la estrategia de construcción colectiva efectuada en dicha ley, el Consejo Provincial de Bosques quedo conformado con representantes de las siguientes instituciones: Facultad de Ingeniería Forestal, Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero; Universidad Católica de Santiago del Estero; INTA; Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, presidiendo como órgano de aplicación el Ministerio de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras.
Las funciones inherentes a dicho Consejo son fundamentalmente: asesorar al organismo de aplicación, auditar los proyectos productivos, dirimir situaciones de conflicto, etc.
Cabe aclarar que si bien la Ley Provincial de Conservación y Usos Múltiples de las Áreas Forestales de la Provincia Nº 6841 establece una zonificacion provincial que fuera realizada con un proceso participativo; a finales del 2007 se promulgo la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos Nº 26.331 que contempla, además de lo ya implementado por la ley provincial, la exigencia de la aprobación de un ordenamiento territorial con una zonificación según determinados criterios en tres categorías de conservación y la suspensión de las autorizaciones de desmonte hasta tanto se dicte tal ordenamiento.
Actualmente, se ha iniciado un proceso participativo para la compatibilización de la zonificación provincial, con las categorías de conservación de la ley nacional nº 26331, proceso este, que se prevé, finalizará hacia finales del 2008, tiempo durante el cual se encuentran suspendidas las autorizaciones de los planes productivos nuevos que involucren actividades de desmonte a partir de la vigencia de la Ley Nacional Nº 26.331. Quedando excluidos, es decir continúan vigentes los proyectos productivos aprobados con anterioridad al 1 de enero del 2008, las autorizaciones de extracción de leña muerta y planes productivos de aprovechamiento forestal sin cambio de uso de suelo, cumpliendo estrictamente con la normativa vigente.
INTA apoyó la "rotación de cultivos"
El titular del INTA apoyó la "rotación de cultivos"
Fecha de Publicación: 10/07/2008
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
El titular del INTA, Carlos Alberto Cheppi, sostuvo que el mayor costo en la producción rural es el arrendamiento de los campos, y sostuvo que los fertilizantes y los agroquímicos "no supera 20 por ciento" para el productor, al iniciar su exposión ante el plenario de las Comisiones de Agricultura y de Presupuesto y Hacienda del Senado que discute el proyecto de retenciones móviles.
En la hipótesis de que no hubiera retenciones a las exportaciones de granos, el funcionario sostuvo en el Senado que seguramente aumentaría el precio del arrendamiento, por lo que no dudó que "el Estado tiene que intervenir".
Por otra parte, Cheppi aseguró que la Argentina "puede llegar en 2015 con 148 millones de toneladas con sustentabilidad y equidad social", pero para eso se debe "incorporar la rotación de cultivos".
Por su parte, el coordinador nacional del Programa Social Agropecuario, José Catalano, advirtió que "todo el campo no es lo mismo" y brindó detalles de qué se considera un pequeño productor.
"Dentro del sector de pequeños productores se incluyen al minifundista, al campesino, a los pueblos originarios, toda aquella población rural que está vinculada a la tierra y que la trabaja", detalló Catalano.
Fecha de Publicación: 10/07/2008
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
El titular del INTA, Carlos Alberto Cheppi, sostuvo que el mayor costo en la producción rural es el arrendamiento de los campos, y sostuvo que los fertilizantes y los agroquímicos "no supera 20 por ciento" para el productor, al iniciar su exposión ante el plenario de las Comisiones de Agricultura y de Presupuesto y Hacienda del Senado que discute el proyecto de retenciones móviles.
En la hipótesis de que no hubiera retenciones a las exportaciones de granos, el funcionario sostuvo en el Senado que seguramente aumentaría el precio del arrendamiento, por lo que no dudó que "el Estado tiene que intervenir".
Por otra parte, Cheppi aseguró que la Argentina "puede llegar en 2015 con 148 millones de toneladas con sustentabilidad y equidad social", pero para eso se debe "incorporar la rotación de cultivos".
Por su parte, el coordinador nacional del Programa Social Agropecuario, José Catalano, advirtió que "todo el campo no es lo mismo" y brindó detalles de qué se considera un pequeño productor.
"Dentro del sector de pequeños productores se incluyen al minifundista, al campesino, a los pueblos originarios, toda aquella población rural que está vinculada a la tierra y que la trabaja", detalló Catalano.
La soja, los herbicidas y el agua potable
La soja, los herbicidas y el agua potable
Fecha de Publicación: 09/07/2008
Fuente: La Voz del Interior - Por César Bertucci - Ingeniero químico y sanitario. Ex jefe del Laboratorio de la Dipas
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
A propósito del conflicto actual sobre la soja, recibí la noticia de que la EPA, Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, aprobó los estándares primarios del Reglamento nacional de agua potable de ese país, en cuya lista se incluyen los compuestos orgánicos y sus niveles máximos contaminantes, entre ellos el glifosato, con su valor de 0,7 mg/l.
¿Qué tiene que ver este herbicida con la soja? Se trata del compuesto más utilizado al aplicar el método de siembra directa en el cultivo de soja transgénica. Tiene posibles efectos sobre la salud, si su presencia en el agua potable excede ese valor límite; en tal caso, puede causar trastornos renales y dificultades para la reproducción humana.
Por otra parte, el hecho inquietante es la extraordinaria intensificación y expansión del área sembrada para el cultivo de esta oleaginosa, que cubre una amplia zona de nuestro país y especialmente de nuestra provincia. Esta producción agrícola conlleva entre otros problemas, la necesidad del control de la contaminación del agua por el uso del agroquímico, aplicado sin control alguno .
En la provincia están vigentes las normas del agua potable (1993), de las cuales fui coautor, para proteger a la población de los efectos de la contaminación de las aguas por cualquier causa. En especial, el Estado debe ejercer el control sistemático de la calidad de las aguas utilizadas para consumo de sus habitantes. Para ello, es necesaria la urgente implementación de un sistema de control de calidad, para el cual deben resolverse dos aspectos fundamentales: 1) Aprobación de una nueva Norma Provincial de Control de Calidad de Agua a la luz de los nuevos conocimientos, que no sólo revise todos los parámetros de calidad y sus límites hoy vigentes, sino que agregue a su lista los contaminantes no considerados anteriormente, como el glifosato; 2) Diseño y puesta en marcha de una red de laboratorios de control de calidad sistemático para el seguimiento actualizado del abastecimiento de agua en el territorio provincial.
En la actualidad, el organismo rector del saneamiento básico que debe cuidar los recursos hídricos, la Dipas, descuida ambos aspectos. ¿Cuál es el resultado? Que no sabemos qué calidad de agua estamos utilizando. Es hora de que la Dipas retome su papel principal y con apoyo del Gobierno provincial, por fin, ejerza el poder de policía que le confiere el Código de Agua, como la única manera de proteger nuestros escasos recursos hídricos.
Fecha de Publicación: 09/07/2008
Fuente: La Voz del Interior - Por César Bertucci - Ingeniero químico y sanitario. Ex jefe del Laboratorio de la Dipas
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
A propósito del conflicto actual sobre la soja, recibí la noticia de que la EPA, Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, aprobó los estándares primarios del Reglamento nacional de agua potable de ese país, en cuya lista se incluyen los compuestos orgánicos y sus niveles máximos contaminantes, entre ellos el glifosato, con su valor de 0,7 mg/l.
¿Qué tiene que ver este herbicida con la soja? Se trata del compuesto más utilizado al aplicar el método de siembra directa en el cultivo de soja transgénica. Tiene posibles efectos sobre la salud, si su presencia en el agua potable excede ese valor límite; en tal caso, puede causar trastornos renales y dificultades para la reproducción humana.
Por otra parte, el hecho inquietante es la extraordinaria intensificación y expansión del área sembrada para el cultivo de esta oleaginosa, que cubre una amplia zona de nuestro país y especialmente de nuestra provincia. Esta producción agrícola conlleva entre otros problemas, la necesidad del control de la contaminación del agua por el uso del agroquímico, aplicado sin control alguno .
En la provincia están vigentes las normas del agua potable (1993), de las cuales fui coautor, para proteger a la población de los efectos de la contaminación de las aguas por cualquier causa. En especial, el Estado debe ejercer el control sistemático de la calidad de las aguas utilizadas para consumo de sus habitantes. Para ello, es necesaria la urgente implementación de un sistema de control de calidad, para el cual deben resolverse dos aspectos fundamentales: 1) Aprobación de una nueva Norma Provincial de Control de Calidad de Agua a la luz de los nuevos conocimientos, que no sólo revise todos los parámetros de calidad y sus límites hoy vigentes, sino que agregue a su lista los contaminantes no considerados anteriormente, como el glifosato; 2) Diseño y puesta en marcha de una red de laboratorios de control de calidad sistemático para el seguimiento actualizado del abastecimiento de agua en el territorio provincial.
En la actualidad, el organismo rector del saneamiento básico que debe cuidar los recursos hídricos, la Dipas, descuida ambos aspectos. ¿Cuál es el resultado? Que no sabemos qué calidad de agua estamos utilizando. Es hora de que la Dipas retome su papel principal y con apoyo del Gobierno provincial, por fin, ejerza el poder de policía que le confiere el Código de Agua, como la única manera de proteger nuestros escasos recursos hídricos.
Otro round por la pelea sobre la Ceamse
Otro round en la Corte por la pelea sobre la Ceamse
Fecha de Publicación: 08/07/2008
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Ambientalistas buscan evitar la licitación de una planta de transferencia
Después del fallido intento licitatorio de hace menos de tres meses, la Ceamse vuelve a dar impulso a la construcción de una estación de transferencia de residuos en el Complejo Ambiental Ensenada. En medio de fuertes cuestionamientos vecinales, que ya llegaron hasta la Suprema Corte bonaerense, terminó ayer la venta de pliegos a las empresas interesadas en montar la planta junto al relleno sanitario de arroyo El Gato y diagonal 74.
La obra fue planteada por la Coordinación Ecológica Area Metropolitana, Sociedad del Estado, en el marco de la "Licitación Pública Nacional Nº03/08". Esta especifica las condiciones y requisitos para el "diseño y construcción" de una "estación de transferencia", y una serie de instalaciones complementarias. También los plazos: la apertura de sobres será pasado mañana, y las obras deberán concluirse en 17 meses "a partir de la firma del contrato".
En este contexto, las gestiones y trabajos a cargo de la firma que resulte adjudicataria serán organizados en una etapa de cinco meses, y dos etapas posteriores de seis cada una; entre los once y los diecisiete meses empezará la operación de la planta en carácter de "prueba piloto". Hasta entonces, la basura seguirá siendo apilada -a razón de unas 700 toneladas por día- en las lomas que hoy se pueden divisar camino al Río de La Plata.
Para las organizaciones no gubernamentales de nuestra región que integran la Asamblea Ambiental, la iniciativa es "un nuevo atropello al Poder Judicial y a los intereses de la comunidad, que sigue siendo afectada por la contaminación".
Los ambientalistas presentaron ayer ante el máximo tribunal bonaerense un pedido de anulación del llamado, que según afirmaron "viola de manera flagrante el convenio que fuera firmado en diciembre de 2006 por la Provincia, la Ceamse, las entidades Nuevo Ambiente y Centro Vecinal Punta Lara, y fue homologado por la propia Suprema Corte".
"Hicimos la presentación en coincidencia con el Día de la Conservación de la Tierra, y no es casual", subrayaron ayer los denunciantes: "queremos que quede claro que la Ceamse sigue desconociendo con total impunidad las leyes que preservan la calidad de vida de la gente; construir dentro del relleno sanitario -que insólitamente ni siquiera cuenta con un estudio serio de impacto ambiental- está prohibido según el convenio, y son los intendentes de la región quienes deben proporcionar los lugares alternativos".
Las estaciones de transferencia, cuya superficie ocupa aproximadamente una hectárea, funcionan de acuerdo con un esquema muy sencillo. Los camiones de recolección urbana ingresan, se pesan, descargan y se vuelven a pesar; los choferes toman el ticket de control correspondiente a la operación, y se van. La basura que dejan, a razón de unas ocho toneladas por cada camión standard o "cola de pato", es volcada por gravedad en contenedores de 23 a 26 toneladas -sumando el vehículo portante, llegan a pesar 45-, y enviada a un relleno sanitario.
El renovado impulso al emprendimiento estaría ligado al acuerdo alcanzado por los gobiernos porteño y bonaerense, después de varios meses de deliberaciones en torno al tema de la basura. La administración que conduce Mauricio Macri aportaría la financiación -unos $200 millones- para dos nuevos rellenos sanitarios, cuya eventual ubicación se maneja con total hermetismo, y otras tantas plantas de transferencia -la de Ensenada y otra en la zona de González Catán-, que darían "un respiro por 20 años" al actualmente saturado esquema de disposición final de residuos domiciliarios para el área metropolitana (capital federal, Conurbano y Gran La Plata), que genera a diario más de doce mil toneladas.
En el caso local, el destino final barajado para los desechos sería el "complejo ambiental" de José León Suárez-Campo de Mayo, o alguno de los que se proyecta construir en el mediano plazo.
Fecha de Publicación: 08/07/2008
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Ambientalistas buscan evitar la licitación de una planta de transferencia
Después del fallido intento licitatorio de hace menos de tres meses, la Ceamse vuelve a dar impulso a la construcción de una estación de transferencia de residuos en el Complejo Ambiental Ensenada. En medio de fuertes cuestionamientos vecinales, que ya llegaron hasta la Suprema Corte bonaerense, terminó ayer la venta de pliegos a las empresas interesadas en montar la planta junto al relleno sanitario de arroyo El Gato y diagonal 74.
La obra fue planteada por la Coordinación Ecológica Area Metropolitana, Sociedad del Estado, en el marco de la "Licitación Pública Nacional Nº03/08". Esta especifica las condiciones y requisitos para el "diseño y construcción" de una "estación de transferencia", y una serie de instalaciones complementarias. También los plazos: la apertura de sobres será pasado mañana, y las obras deberán concluirse en 17 meses "a partir de la firma del contrato".
En este contexto, las gestiones y trabajos a cargo de la firma que resulte adjudicataria serán organizados en una etapa de cinco meses, y dos etapas posteriores de seis cada una; entre los once y los diecisiete meses empezará la operación de la planta en carácter de "prueba piloto". Hasta entonces, la basura seguirá siendo apilada -a razón de unas 700 toneladas por día- en las lomas que hoy se pueden divisar camino al Río de La Plata.
Para las organizaciones no gubernamentales de nuestra región que integran la Asamblea Ambiental, la iniciativa es "un nuevo atropello al Poder Judicial y a los intereses de la comunidad, que sigue siendo afectada por la contaminación".
Los ambientalistas presentaron ayer ante el máximo tribunal bonaerense un pedido de anulación del llamado, que según afirmaron "viola de manera flagrante el convenio que fuera firmado en diciembre de 2006 por la Provincia, la Ceamse, las entidades Nuevo Ambiente y Centro Vecinal Punta Lara, y fue homologado por la propia Suprema Corte".
"Hicimos la presentación en coincidencia con el Día de la Conservación de la Tierra, y no es casual", subrayaron ayer los denunciantes: "queremos que quede claro que la Ceamse sigue desconociendo con total impunidad las leyes que preservan la calidad de vida de la gente; construir dentro del relleno sanitario -que insólitamente ni siquiera cuenta con un estudio serio de impacto ambiental- está prohibido según el convenio, y son los intendentes de la región quienes deben proporcionar los lugares alternativos".
Las estaciones de transferencia, cuya superficie ocupa aproximadamente una hectárea, funcionan de acuerdo con un esquema muy sencillo. Los camiones de recolección urbana ingresan, se pesan, descargan y se vuelven a pesar; los choferes toman el ticket de control correspondiente a la operación, y se van. La basura que dejan, a razón de unas ocho toneladas por cada camión standard o "cola de pato", es volcada por gravedad en contenedores de 23 a 26 toneladas -sumando el vehículo portante, llegan a pesar 45-, y enviada a un relleno sanitario.
El renovado impulso al emprendimiento estaría ligado al acuerdo alcanzado por los gobiernos porteño y bonaerense, después de varios meses de deliberaciones en torno al tema de la basura. La administración que conduce Mauricio Macri aportaría la financiación -unos $200 millones- para dos nuevos rellenos sanitarios, cuya eventual ubicación se maneja con total hermetismo, y otras tantas plantas de transferencia -la de Ensenada y otra en la zona de González Catán-, que darían "un respiro por 20 años" al actualmente saturado esquema de disposición final de residuos domiciliarios para el área metropolitana (capital federal, Conurbano y Gran La Plata), que genera a diario más de doce mil toneladas.
En el caso local, el destino final barajado para los desechos sería el "complejo ambiental" de José León Suárez-Campo de Mayo, o alguno de los que se proyecta construir en el mediano plazo.
El Glaciar Perito Moreno comenzó a romper
El Glaciar Perito Moreno comenzó a romper
Fecha de Publicación: 07/07/2008
Fuente: ADN Mundo
Provincia/Región: Santa Cruz
El glaciar de la Patagonia argentina inició un proceso de ruptura que según los expertos es inusual que se produzca en invierno.
El Glaciar Perito Moreno comenzó a romper
De acuerdo con la Administración de Parques Nacionales, en las últimas horas apareció una grieta en el dique que el glaciar forma sobre la península de Magallanes del lago argentino, lo que hace prever el gigantesco desmoronamiento de hielo que ocurre en los veranos cada cuatro o cinco años.
Ese dique divide en dos al lago y la perspectiva de su derrumbe atrae a miles de turistas hacia el Parque Nacional Los Glaciares, en la sureña provincia de Santa Cruz.
El fenómeno es provocado por la presión de las aguas sobre el dique de hielo, que comienza a agrietarse hasta formar un hueco en forma de arco que lo debilita y termina por derrumbarse.
“Es raro que suceda un proceso de estas características en el invierno”, apuntó el director del parque, Carlos Corvalán, quien explicó que “es muy difícil determinar cuándo ocurrirá el desmoronamiento”.
“Depende de las condiciones del viento y la humedad”, dice Corvalán.
El glaciar Perito Moreno, de unos 200 kilómetros cuadrados de extensión, está situado sobre la cordillera de Los Andes, límite natural entre Argentina y Chile, y es uno de los pocos del mundo que se mantiene estable, sin retroceder como consecuencia del calentamiento global.
El frente del glaciar mide cerca de 2.8 kilómetros de largo y tiene una altura de unos 70 metros sobre el nivel de las aguas del lago.
En la zona quedan rastros de que el glaciar, al igual que otros vecinos, era mucho más extenso hace centurias.
La velocidad con que se derriten los glaciares del planeta se triplicó en los últimos siete años, según el Programa Ambiental de las Naciones Unidas.
La reducción glacial promedio fue de 30 centímetros anuales, entre 1980 y 1999, a 15 metros, en 2006, y algunas de las pérdidas más importantes se produjeron en los Alpes y los Pirineos.
Fecha de Publicación: 07/07/2008
Fuente: ADN Mundo
Provincia/Región: Santa Cruz
El glaciar de la Patagonia argentina inició un proceso de ruptura que según los expertos es inusual que se produzca en invierno.
El Glaciar Perito Moreno comenzó a romper
De acuerdo con la Administración de Parques Nacionales, en las últimas horas apareció una grieta en el dique que el glaciar forma sobre la península de Magallanes del lago argentino, lo que hace prever el gigantesco desmoronamiento de hielo que ocurre en los veranos cada cuatro o cinco años.
Ese dique divide en dos al lago y la perspectiva de su derrumbe atrae a miles de turistas hacia el Parque Nacional Los Glaciares, en la sureña provincia de Santa Cruz.
El fenómeno es provocado por la presión de las aguas sobre el dique de hielo, que comienza a agrietarse hasta formar un hueco en forma de arco que lo debilita y termina por derrumbarse.
“Es raro que suceda un proceso de estas características en el invierno”, apuntó el director del parque, Carlos Corvalán, quien explicó que “es muy difícil determinar cuándo ocurrirá el desmoronamiento”.
“Depende de las condiciones del viento y la humedad”, dice Corvalán.
El glaciar Perito Moreno, de unos 200 kilómetros cuadrados de extensión, está situado sobre la cordillera de Los Andes, límite natural entre Argentina y Chile, y es uno de los pocos del mundo que se mantiene estable, sin retroceder como consecuencia del calentamiento global.
El frente del glaciar mide cerca de 2.8 kilómetros de largo y tiene una altura de unos 70 metros sobre el nivel de las aguas del lago.
En la zona quedan rastros de que el glaciar, al igual que otros vecinos, era mucho más extenso hace centurias.
La velocidad con que se derriten los glaciares del planeta se triplicó en los últimos siete años, según el Programa Ambiental de las Naciones Unidas.
La reducción glacial promedio fue de 30 centímetros anuales, entre 1980 y 1999, a 15 metros, en 2006, y algunas de las pérdidas más importantes se produjeron en los Alpes y los Pirineos.
Legislar sobre "basura tecnológica"
Proponen legislar sobre "basura tecnológica"
Fecha de Publicación: 06/07/2008
Fuente: Roca Digital
Provincia/Región: Río Negro
Legisladores del bloque Frente Democrático presentaron un proyecto, que apunta a legislar sobre la "basura tecnológica". Propone la reutilización o reciclado de los elementos. Se destaca que en el país se producen anualmente 100.000 toneladas de estos residuos.
Los legisladores Beatriz Manso, Fabián Gatti y Martha Ramidán presentaron una iniciativa para prevenir la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), promoviendo su reutilización, reciclado y otras formas de revalorización.
Se apunta a reducir su eliminación o disposición final en rellenos sanitarios o de seguridad. Además, la propuesta propone adoptar medidas “conducentes al mejoramiento del comportamiento ambiental de todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos, en carácter de productores, distribuidores y/o consumidores, en particular, de aquellos agentes directamente implicados en el tratamiento de los residuos derivados de estos aparatos”.
El proyecto señala los elementos que están contemplados en esta ley: grandes y pequeños electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las herramientas industriales fijas de gran envergadura), juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre, aparatos médicos (con excepción de todos los productos implantados e infectados), instrumentos de vigilancia y control y máquinas expendedoras.
En esta propuesta legislativa quedan excluidos “los aparatos que tengan relación con la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, los RAEE provenientes de aparatos militares, las armas, las municiones y el material de guerra; así como residuos de aparatos nucleares, de investigación científica compleja o en contacto con patogénicos”.
El veloz recambio tecnológico genera “basura electrónica”. En Argentina “suma unas 100.000 toneladas anuales”, según informan los legisladores. El proyecto de ley provincial está a tono con políticas ambientales mundiales y enfatiza en la importancia de “promover el uso sustentable de tecnologías de tratamiento, reciclado y disposición final dentro de la provincia y para su exportación” e informar a los usuarios “sobre el ciclo de vida de los residuos electrónicos, el descarte apropiado de artefactos en desuso, los riesgos contaminantes”, entre otros.
Un artículo interesante del proyecto de Manso, Gatti y Ramidán es prever que “las utilidades que se obtengan de la venta y/o procesamiento de los residuos (…) serán destinadas a la compra de computadoras, reproductores de video, televisores, para las escuelas de la provincia”.
Los legisladores dijeron que “es responsabilidad que recae sobre nosotros (…) asumir un futuro que se viene y con el que ya empezamos a convivir. No hace falta estar tapados de sofisticada basura para empezar a trabajar en los que, sin duda, serán los problemas del mañana y que ya vemos emerger entre nosotros”.
Fecha de Publicación: 06/07/2008
Fuente: Roca Digital
Provincia/Región: Río Negro
Legisladores del bloque Frente Democrático presentaron un proyecto, que apunta a legislar sobre la "basura tecnológica". Propone la reutilización o reciclado de los elementos. Se destaca que en el país se producen anualmente 100.000 toneladas de estos residuos.
Los legisladores Beatriz Manso, Fabián Gatti y Martha Ramidán presentaron una iniciativa para prevenir la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), promoviendo su reutilización, reciclado y otras formas de revalorización.
Se apunta a reducir su eliminación o disposición final en rellenos sanitarios o de seguridad. Además, la propuesta propone adoptar medidas “conducentes al mejoramiento del comportamiento ambiental de todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos, en carácter de productores, distribuidores y/o consumidores, en particular, de aquellos agentes directamente implicados en el tratamiento de los residuos derivados de estos aparatos”.
El proyecto señala los elementos que están contemplados en esta ley: grandes y pequeños electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las herramientas industriales fijas de gran envergadura), juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre, aparatos médicos (con excepción de todos los productos implantados e infectados), instrumentos de vigilancia y control y máquinas expendedoras.
En esta propuesta legislativa quedan excluidos “los aparatos que tengan relación con la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, los RAEE provenientes de aparatos militares, las armas, las municiones y el material de guerra; así como residuos de aparatos nucleares, de investigación científica compleja o en contacto con patogénicos”.
El veloz recambio tecnológico genera “basura electrónica”. En Argentina “suma unas 100.000 toneladas anuales”, según informan los legisladores. El proyecto de ley provincial está a tono con políticas ambientales mundiales y enfatiza en la importancia de “promover el uso sustentable de tecnologías de tratamiento, reciclado y disposición final dentro de la provincia y para su exportación” e informar a los usuarios “sobre el ciclo de vida de los residuos electrónicos, el descarte apropiado de artefactos en desuso, los riesgos contaminantes”, entre otros.
Un artículo interesante del proyecto de Manso, Gatti y Ramidán es prever que “las utilidades que se obtengan de la venta y/o procesamiento de los residuos (…) serán destinadas a la compra de computadoras, reproductores de video, televisores, para las escuelas de la provincia”.
Los legisladores dijeron que “es responsabilidad que recae sobre nosotros (…) asumir un futuro que se viene y con el que ya empezamos a convivir. No hace falta estar tapados de sofisticada basura para empezar a trabajar en los que, sin duda, serán los problemas del mañana y que ya vemos emerger entre nosotros”.
Se está quebrando el Glaciar Perito Moreno
Por el cambio climático se está quebrando el Glaciar Perito Moreno
Fecha de Publicación: 04/07/2008
Fuente: ADN Mundo
Provincia/Región: Santa Cruz
Aunque no es usual que se rompa durante el invierno, el Glaciar está por quebrarse en el dique de hielo que une el frente del macizo con la Península Magallanes donde se halló una filtración
En las últimas horas apareció una grieta en el dique que el glaciar forma sobre la península Magallanes del Lago Argentino, lo que hace prever el gigantesco desmoronamiento de hielo que ocurre en los veranos cada cuatro o cinco años, explicaron.
El dique divide en dos al lago y la perspectiva de su derrumbe atrae a miles de turistas al Parque Nacional Los Glaciares, en la sureña provincia de Santa Cruz.
El fenómeno es provocado por la presión de las aguas sobre el dique de hielo, que comienza a agrietarse hasta formar un hueco en forma de arco que lo debilita y termina por derrumbarse.
"Se inició el proceso de ruptura con la primera filtración desde el brazo Rico del Lago Argentino" sobre el que se yergue el glaciar, dijo el guardaparques Carlos Corvalán.
El hecho es infrecuente durante el invierno austral y marca el comienzo del proceso que termina con el desplome del dique de hielo, algo que se produjo por última vez en marzo de 2006.
Corvalán aclaró sin embargo que es difícil predecir cuándo comenzará ese espectáculo natural.
Fecha de Publicación: 04/07/2008
Fuente: ADN Mundo
Provincia/Región: Santa Cruz
Aunque no es usual que se rompa durante el invierno, el Glaciar está por quebrarse en el dique de hielo que une el frente del macizo con la Península Magallanes donde se halló una filtración
En las últimas horas apareció una grieta en el dique que el glaciar forma sobre la península Magallanes del Lago Argentino, lo que hace prever el gigantesco desmoronamiento de hielo que ocurre en los veranos cada cuatro o cinco años, explicaron.
El dique divide en dos al lago y la perspectiva de su derrumbe atrae a miles de turistas al Parque Nacional Los Glaciares, en la sureña provincia de Santa Cruz.
El fenómeno es provocado por la presión de las aguas sobre el dique de hielo, que comienza a agrietarse hasta formar un hueco en forma de arco que lo debilita y termina por derrumbarse.
"Se inició el proceso de ruptura con la primera filtración desde el brazo Rico del Lago Argentino" sobre el que se yergue el glaciar, dijo el guardaparques Carlos Corvalán.
El hecho es infrecuente durante el invierno austral y marca el comienzo del proceso que termina con el desplome del dique de hielo, algo que se produjo por última vez en marzo de 2006.
Corvalán aclaró sin embargo que es difícil predecir cuándo comenzará ese espectáculo natural.
Petroleras devastan un área protegida
Petroleras devastan un área natural protegida
Fecha de Publicación: 03/07/2008
Fuente: Rio Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
En Auca Mahuida las empresas trabajan y depredan sin control. Un decreto declaró reserva toda la zona donde hay guanacos y fósiles. Las picadas y locaciones han degradado toda la zona que rodea al enorme volcán extinguido que se erige en cercanías de Rincón de los Sauces.
El área natural protegida de Auca Mahuida -principal reserva regional de guanacos- ha sido devastada por las actividades de exploración y explotación petrolera.
La zona que rodea al cerro Auca Mahuida fue protegida a través de una ley en 1996 durante el gobierno de Felipe Sapag pero nunca se hizo nada que exista un resguardo efectivo. Y durante los dos gobiernos de Jorge Sobisch se libraron autorizaciones a mansalva a las distintas operadoras petroleras que se instalaron en la zona.
Además de los guanacos hay cavernas -que alguna vez tuvieron estalactitas- que fueron degradadas y una enorme reserva de huevos fosilizados de dinosaurios, mucho de los cuales también desaparecieron. Es que la provincia ha fallado sistemáticamente en el control y cuidado de Auca Mahuida. El lugar, ubicado a 80 kilómetros de Rincón, es el hábitat de miles de guanacos los que a su vez componen el mayor reservorio de estos camélidos en la Patagonia.
La zona se ha transformado en un gigantesco yacimiento petrolero, con millonarias locaciones hidrocarburíferas que se levantan donde antes había solo especies arbustivas y alimentos para los animales del lugar.
La idea primaria del decreto de Sapag era preservar no sólo a los guanacos sino también darle custodia a las cavernas y crear un plan de turismo para que sea manejado desde Rincón de los Sauces.
Es que el lugar, a pesar de su aridez propia de los suelos semi desértico, es bellísimo durante las cuatro estaciones y muchos deportistas lo consideran un inigualable escenario para deportes extremos. Pero nada ocurrió. Años más tarde, el gobernador Jorge Sobisch concesionó a las empresas petroleras, miles de hectáreas que pertenecen al área natural protegida y no se crearon comisiones de medio ambiente para monitorear los trabajos y preservar su ecosistema.
Las delegaciones de Fauna que suben al cerro, tienen una discutida autoridad ante las empresas pues los caminos que se abren para llegar a los pozos, son financiados por las mismas compañías. Por años, la delegación de guardafaunas de Rincón, solo tenía una moto de pequeña cilindrada, con la cual era imposible subir a los 1553 metros de altura que tiene el cerro. Solo se hacían recorridos cortos por el faldeo de la montaña.
La devastación del lugar comienza con los trabajos de investigación de las empresas petroleras para saber exactamente dónde perforar. En esta etapa, las máquinas vibradora con ruedas que superan el metro y medio de altura y dispuestas una detrás de la otra (no menos de seis), golpean el suelo con una plancha de acero que pesa toneladas, para emular movimientos sísmicos y juntar la información a través de cientos de geófonos, (micrófonos de tierra) colocados con cableado por decenas de kilómetros. El operativo no solo destruye la forestación desde las rutas hasta el lugar de prueba, sino que ahuyenta a todos los animales. La perforación no es menos invasiva.
Fecha de Publicación: 03/07/2008
Fuente: Rio Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
En Auca Mahuida las empresas trabajan y depredan sin control. Un decreto declaró reserva toda la zona donde hay guanacos y fósiles. Las picadas y locaciones han degradado toda la zona que rodea al enorme volcán extinguido que se erige en cercanías de Rincón de los Sauces.
El área natural protegida de Auca Mahuida -principal reserva regional de guanacos- ha sido devastada por las actividades de exploración y explotación petrolera.
La zona que rodea al cerro Auca Mahuida fue protegida a través de una ley en 1996 durante el gobierno de Felipe Sapag pero nunca se hizo nada que exista un resguardo efectivo. Y durante los dos gobiernos de Jorge Sobisch se libraron autorizaciones a mansalva a las distintas operadoras petroleras que se instalaron en la zona.
Además de los guanacos hay cavernas -que alguna vez tuvieron estalactitas- que fueron degradadas y una enorme reserva de huevos fosilizados de dinosaurios, mucho de los cuales también desaparecieron. Es que la provincia ha fallado sistemáticamente en el control y cuidado de Auca Mahuida. El lugar, ubicado a 80 kilómetros de Rincón, es el hábitat de miles de guanacos los que a su vez componen el mayor reservorio de estos camélidos en la Patagonia.
La zona se ha transformado en un gigantesco yacimiento petrolero, con millonarias locaciones hidrocarburíferas que se levantan donde antes había solo especies arbustivas y alimentos para los animales del lugar.
La idea primaria del decreto de Sapag era preservar no sólo a los guanacos sino también darle custodia a las cavernas y crear un plan de turismo para que sea manejado desde Rincón de los Sauces.
Es que el lugar, a pesar de su aridez propia de los suelos semi desértico, es bellísimo durante las cuatro estaciones y muchos deportistas lo consideran un inigualable escenario para deportes extremos. Pero nada ocurrió. Años más tarde, el gobernador Jorge Sobisch concesionó a las empresas petroleras, miles de hectáreas que pertenecen al área natural protegida y no se crearon comisiones de medio ambiente para monitorear los trabajos y preservar su ecosistema.
Las delegaciones de Fauna que suben al cerro, tienen una discutida autoridad ante las empresas pues los caminos que se abren para llegar a los pozos, son financiados por las mismas compañías. Por años, la delegación de guardafaunas de Rincón, solo tenía una moto de pequeña cilindrada, con la cual era imposible subir a los 1553 metros de altura que tiene el cerro. Solo se hacían recorridos cortos por el faldeo de la montaña.
La devastación del lugar comienza con los trabajos de investigación de las empresas petroleras para saber exactamente dónde perforar. En esta etapa, las máquinas vibradora con ruedas que superan el metro y medio de altura y dispuestas una detrás de la otra (no menos de seis), golpean el suelo con una plancha de acero que pesa toneladas, para emular movimientos sísmicos y juntar la información a través de cientos de geófonos, (micrófonos de tierra) colocados con cableado por decenas de kilómetros. El operativo no solo destruye la forestación desde las rutas hasta el lugar de prueba, sino que ahuyenta a todos los animales. La perforación no es menos invasiva.
Los residuos, un tema sin solución
Los residuos, un tema sin solución
Fecha de Publicación: 03/07/2008
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La ciudad de Buenos Aires carece de una estrategia adecuada para el tratamiento de los residuos.
El Gobierno porteño acaba de reconocerlo al revisar la colocación de contenedores diferenciados y considerar como un fracaso la campaña para que los vecinos separen la basura para permitir su posterior reciclaje.
Los contenedores diferenciados se introdujeron durante la anterior administración comunal para distinguir residuos secos y húmedos. Esto fue en el marco de la ley aprobada hace dos años para reducir la masa de residuos y mejorar la higiene y el comportamiento urbano.
La separación de residuos forma parte de las primeras lecciones de conciencia ecológica que pueden aplicarse en forma cotidiana en los hogares.
Los residuos orgánicos, básicamente restos de comida, tienen como destino la recolección para su depósito en los rellenos sanitarios, mientras los residuos reciclables (cartón, papel, vidrio, telas) pueden ser acopiados para su reutilización. Determinar prematuramente el fracaso de este sistema no parece una buena idea. Es asumir que la Ciudad carece de condiciones de urbanidad e higiene comparables con las de otras importantes ciudades del mundo en las que la discriminación de residuos es una práctica corriente desde hace ya muchos años. Por el contrario, las políticas comunales deben mejorar el sistema de recolección de residuos y promover un cambio de hábitos en la población.
La Ciudad de Buenos Aires carece de una estrategia adecuada para el tratamiento de los residuos. El Gobierno porteño acaba de reconocerlo al revisar el sistema de recolección diferenciada.
Fecha de Publicación: 03/07/2008
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La ciudad de Buenos Aires carece de una estrategia adecuada para el tratamiento de los residuos.
El Gobierno porteño acaba de reconocerlo al revisar la colocación de contenedores diferenciados y considerar como un fracaso la campaña para que los vecinos separen la basura para permitir su posterior reciclaje.
Los contenedores diferenciados se introdujeron durante la anterior administración comunal para distinguir residuos secos y húmedos. Esto fue en el marco de la ley aprobada hace dos años para reducir la masa de residuos y mejorar la higiene y el comportamiento urbano.
La separación de residuos forma parte de las primeras lecciones de conciencia ecológica que pueden aplicarse en forma cotidiana en los hogares.
Los residuos orgánicos, básicamente restos de comida, tienen como destino la recolección para su depósito en los rellenos sanitarios, mientras los residuos reciclables (cartón, papel, vidrio, telas) pueden ser acopiados para su reutilización. Determinar prematuramente el fracaso de este sistema no parece una buena idea. Es asumir que la Ciudad carece de condiciones de urbanidad e higiene comparables con las de otras importantes ciudades del mundo en las que la discriminación de residuos es una práctica corriente desde hace ya muchos años. Por el contrario, las políticas comunales deben mejorar el sistema de recolección de residuos y promover un cambio de hábitos en la población.
La Ciudad de Buenos Aires carece de una estrategia adecuada para el tratamiento de los residuos. El Gobierno porteño acaba de reconocerlo al revisar el sistema de recolección diferenciada.
Ejecutivos de empresas en la mira
Ejecutivos de empresas en la mira por "delitos verdes"
Fecha de Publicación: 02/07/2008
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni se refirió a la poca efectividad de la Justicia al castigar delitos ecológicos. Sin embargo, expertos advierten que hay responsabilidad penal si los directivos están involucrados en estos hechos. Qué deben hacer los administradores. Qué dicen los especialistas
En un escenario donde cobra relevancia el control sobre la aplicación de normas ambientales y la responsabilidad de las empresas frente a los denominados delitos “verdes”, el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, dijo que el Estado no castiga a quienes dañan el medio ambiente.
La contaminación ambiental se transformó en un problema “sensible” que se ha instalado definitivamente en el horizonte empresarial.
Prueba de esto son la gran cantidad de expedientes y denuncias que ya transitan los pasillos de tribunales, algunos de ellos de mucha notoriedad, como la causa por contaminación del Riachuelo que afecta a más de 44 compañías demandadas.
Dentro de este contexto, Zaffaroni dijo que “al paso que vamos, meteremos en la cárcel a alguien que hace pis en el río y vamos a dejar libre al que contamina; porque si esto sucede ese poderoso empresario va a dejar a 500 personas en la calle", afirmó al responder a una pregunta acerca de la situación de los habitantes originarios, cuyas tierras están siendo dañadas por el actuar de productores y empresarios.
El juez del alto tribunal formuló estas apreciaciones en las Segundas Jornadas sobre Derecho Indígena e Interculturalidad, celebradas en la provincia de Salta.
Estas declaraciones vuelven a colocar en el centro de la escena la responsabilidad de los ejecutivos ante los delitos ecológicos. En este escenario, especialistas consultados por infobaeprofesional.com explican cuándo y por qué puede encontrarse comprometida la responsabilidad penal de los administradores societarios.
Responsabilidad de directores
“La conducta del director será juzgada en función de si cumplió o no con su obligación de controlar la calidad de la gestión ambiental y de seguridad”, sostuvo Horacio Franco, socio del Estudio Bec.
Franco enfatizó que el administrador “quedará comprometido penalmente si se demuestra que no hizo pesar su poder jerárquico para adoptar las medidas preventivas del caso, o no hacer inversiones apropiadas en materia de medio ambiente y seguridad industrial”.
El especialista manifestó que el director tiene el deber de prever todos los acontecimientos que razonablemente puedan producirse en el ámbito de la actividad de la empresa, de acuerdo a lo que señala la experiencia común.
Y agregó: “La ley considera inadmisible que el director se desentienda del control o que desconozca el marco legal aplicable a la empresa”.
“Si la compañía incurre en una grave desinversión en materia ambiental o de seguridad, aún el director con formación en el área de Finanzas o de Recursos Humanos no se eximirá de responsabilidad invocando su falta de incumbencias profesionales en la materia”, puntualizó.
Sistema de Gestión ambiental
"Para evitar incurrir en responsabilidad penal por este tipo de delitos, quienes ocupan cargos jerárquicos deberían aplicar un sistema de gestión ambiental integral, sujeto a periódicas auditorías, con la finalidad de lograr que la empresa lleve a cabo su actividad de acuerdo a la normativa vigente", dijo Gabriel Macchiavello, socio de Rattagan, Macchiavello, Arocena & Peña Robirosa Abogados.
El abogado manifestó que en general estos delitos se comenten por no haber adoptado las medidas del caso para evitar la contaminación.
Macchiavello dijo que se exige la prueba de que el ejecutivo acusado haya tenido la posibilidad de intervenir para impedir o evitar el resultado dañoso y por negligencia o imprudencia no lo ha hecho.
Mas funcionarios bajo la lupa
Francisco Macias, socio de Marval, O' Farrell & Mairal advirtió que la responsabilidad penal ambiental resultante de la decisión de una empresa alcanza no sólo a los directores y gerentes sino también a los síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios y representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible.
Federico Deyá, asociado al mismo estudio, advirtió que los ejecutivos deberán conocer con profundidad las cuestiones con posibles impactos en el medio ambiente que se someten a su decisión.
El especialista puntualizó que "deben informarse acerca de las consecuencias que tales decisiones pueden acarrear para el medio ambiente y las alternativas disponibles, solicitando a tales efectos la opinión y el asesoramiento de profesionales calificados".
Por último Macías recalcó que los directores deben tomar conciencia de que las pólizas de seguro para directores o tomadores de decisiones que existen en el mercado no cubren los riesgos penales a los que pueden estar expuestos por eventuales delitos ambientales.
"En el mejor de los casos se les cubrirán los honorarios de los abogados que los defiendan", concluyó.
Delitos más comunes
María Luján Azcurra, asociada al Estudio Bec, afirmó que los ilícitos más comunes a los que se enfrentan los ejecutivos de las empresas son los que derivan de la disposición incorrecta de residuos peligrosos o de accidentes industriales, como explosiones, incendios o derrames de sustancias químicas o escapes de emisiones gaseosas.
“El número de causas que llegan a la Justicia y alcanzan a los directores está en aumento, pero se debe tener presente que en una compañía las responsabilidades se dan en forma escalonada, según la cadena de mandos”, precisó Azcurra, que además explicó que las penas pueden llegar a los 25 años de prisión en los casos más extremos.
Procesamiento
La responsabilidad penal de los administradores societarios por delitos “verdes” ya toca la puerta de las empresas.
Así, en mayo pasado Cámara Federal de Tucumán dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de un alto ejecutivo de una empresa minera por entender que existen elementos suficientes para sospechar sobre su responsabilidad penal en la contaminación ambiental. (Ver nota: “Procesaron al vicepresidente de Minera Alumbrera”)
De este modo, quedó sin efecto la resolución firmada por el ex juez federal Felipe Terán, quien había declarado la falta de mérito en la causa.
A favor del procesamiento, votaron el presidente de la Cámara, Ernesto Wayar, y los vocales Graciela Fernández Vecino y Raúl Mender. El camarista Ricardo Sanjuán votó en disidencia y Marina Cossio de Mercau estuvo ausente.
Al tomar conocimiento de la resolución judicial, desde la firma aclararon que si bien siempre fueron y seguirán siendo respetuosos de la Justicia, están en absoluto desacuerdo con este fallo, según publicó el Siglo de Tucumán.
Desde la empresa argumentaron que "el cumplimiento de las normas por parte de Minera Alumbrera surge evidente de los innumerables controles a los que la misma ha sido sujeta por parte de las autoridades nacionales y provinciales, sin que sus operaciones hayan merecido observaciones".
Sin embargo, los camaristas resaltaron en su resolución que “está demostrada la realización de una actividad contaminante del agua a través del derrame de efluentes industriales sin previo tratamiento de descontaminación en el curso del DP2...”.
En la sentencia, los jueces fundamentaron la responsabilidad del ejecutivo por su doble calidad de gerente comercial, legal y de asuntos corporativos y por ser el vicepresidente de la compañía.
Fecha de Publicación: 02/07/2008
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni se refirió a la poca efectividad de la Justicia al castigar delitos ecológicos. Sin embargo, expertos advierten que hay responsabilidad penal si los directivos están involucrados en estos hechos. Qué deben hacer los administradores. Qué dicen los especialistas
En un escenario donde cobra relevancia el control sobre la aplicación de normas ambientales y la responsabilidad de las empresas frente a los denominados delitos “verdes”, el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, dijo que el Estado no castiga a quienes dañan el medio ambiente.
La contaminación ambiental se transformó en un problema “sensible” que se ha instalado definitivamente en el horizonte empresarial.
Prueba de esto son la gran cantidad de expedientes y denuncias que ya transitan los pasillos de tribunales, algunos de ellos de mucha notoriedad, como la causa por contaminación del Riachuelo que afecta a más de 44 compañías demandadas.
Dentro de este contexto, Zaffaroni dijo que “al paso que vamos, meteremos en la cárcel a alguien que hace pis en el río y vamos a dejar libre al que contamina; porque si esto sucede ese poderoso empresario va a dejar a 500 personas en la calle", afirmó al responder a una pregunta acerca de la situación de los habitantes originarios, cuyas tierras están siendo dañadas por el actuar de productores y empresarios.
El juez del alto tribunal formuló estas apreciaciones en las Segundas Jornadas sobre Derecho Indígena e Interculturalidad, celebradas en la provincia de Salta.
Estas declaraciones vuelven a colocar en el centro de la escena la responsabilidad de los ejecutivos ante los delitos ecológicos. En este escenario, especialistas consultados por infobaeprofesional.com explican cuándo y por qué puede encontrarse comprometida la responsabilidad penal de los administradores societarios.
Responsabilidad de directores
“La conducta del director será juzgada en función de si cumplió o no con su obligación de controlar la calidad de la gestión ambiental y de seguridad”, sostuvo Horacio Franco, socio del Estudio Bec.
Franco enfatizó que el administrador “quedará comprometido penalmente si se demuestra que no hizo pesar su poder jerárquico para adoptar las medidas preventivas del caso, o no hacer inversiones apropiadas en materia de medio ambiente y seguridad industrial”.
El especialista manifestó que el director tiene el deber de prever todos los acontecimientos que razonablemente puedan producirse en el ámbito de la actividad de la empresa, de acuerdo a lo que señala la experiencia común.
Y agregó: “La ley considera inadmisible que el director se desentienda del control o que desconozca el marco legal aplicable a la empresa”.
“Si la compañía incurre en una grave desinversión en materia ambiental o de seguridad, aún el director con formación en el área de Finanzas o de Recursos Humanos no se eximirá de responsabilidad invocando su falta de incumbencias profesionales en la materia”, puntualizó.
Sistema de Gestión ambiental
"Para evitar incurrir en responsabilidad penal por este tipo de delitos, quienes ocupan cargos jerárquicos deberían aplicar un sistema de gestión ambiental integral, sujeto a periódicas auditorías, con la finalidad de lograr que la empresa lleve a cabo su actividad de acuerdo a la normativa vigente", dijo Gabriel Macchiavello, socio de Rattagan, Macchiavello, Arocena & Peña Robirosa Abogados.
El abogado manifestó que en general estos delitos se comenten por no haber adoptado las medidas del caso para evitar la contaminación.
Macchiavello dijo que se exige la prueba de que el ejecutivo acusado haya tenido la posibilidad de intervenir para impedir o evitar el resultado dañoso y por negligencia o imprudencia no lo ha hecho.
Mas funcionarios bajo la lupa
Francisco Macias, socio de Marval, O' Farrell & Mairal advirtió que la responsabilidad penal ambiental resultante de la decisión de una empresa alcanza no sólo a los directores y gerentes sino también a los síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios y representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible.
Federico Deyá, asociado al mismo estudio, advirtió que los ejecutivos deberán conocer con profundidad las cuestiones con posibles impactos en el medio ambiente que se someten a su decisión.
El especialista puntualizó que "deben informarse acerca de las consecuencias que tales decisiones pueden acarrear para el medio ambiente y las alternativas disponibles, solicitando a tales efectos la opinión y el asesoramiento de profesionales calificados".
Por último Macías recalcó que los directores deben tomar conciencia de que las pólizas de seguro para directores o tomadores de decisiones que existen en el mercado no cubren los riesgos penales a los que pueden estar expuestos por eventuales delitos ambientales.
"En el mejor de los casos se les cubrirán los honorarios de los abogados que los defiendan", concluyó.
Delitos más comunes
María Luján Azcurra, asociada al Estudio Bec, afirmó que los ilícitos más comunes a los que se enfrentan los ejecutivos de las empresas son los que derivan de la disposición incorrecta de residuos peligrosos o de accidentes industriales, como explosiones, incendios o derrames de sustancias químicas o escapes de emisiones gaseosas.
“El número de causas que llegan a la Justicia y alcanzan a los directores está en aumento, pero se debe tener presente que en una compañía las responsabilidades se dan en forma escalonada, según la cadena de mandos”, precisó Azcurra, que además explicó que las penas pueden llegar a los 25 años de prisión en los casos más extremos.
Procesamiento
La responsabilidad penal de los administradores societarios por delitos “verdes” ya toca la puerta de las empresas.
Así, en mayo pasado Cámara Federal de Tucumán dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de un alto ejecutivo de una empresa minera por entender que existen elementos suficientes para sospechar sobre su responsabilidad penal en la contaminación ambiental. (Ver nota: “Procesaron al vicepresidente de Minera Alumbrera”)
De este modo, quedó sin efecto la resolución firmada por el ex juez federal Felipe Terán, quien había declarado la falta de mérito en la causa.
A favor del procesamiento, votaron el presidente de la Cámara, Ernesto Wayar, y los vocales Graciela Fernández Vecino y Raúl Mender. El camarista Ricardo Sanjuán votó en disidencia y Marina Cossio de Mercau estuvo ausente.
Al tomar conocimiento de la resolución judicial, desde la firma aclararon que si bien siempre fueron y seguirán siendo respetuosos de la Justicia, están en absoluto desacuerdo con este fallo, según publicó el Siglo de Tucumán.
Desde la empresa argumentaron que "el cumplimiento de las normas por parte de Minera Alumbrera surge evidente de los innumerables controles a los que la misma ha sido sujeta por parte de las autoridades nacionales y provinciales, sin que sus operaciones hayan merecido observaciones".
Sin embargo, los camaristas resaltaron en su resolución que “está demostrada la realización de una actividad contaminante del agua a través del derrame de efluentes industriales sin previo tratamiento de descontaminación en el curso del DP2...”.
En la sentencia, los jueces fundamentaron la responsabilidad del ejecutivo por su doble calidad de gerente comercial, legal y de asuntos corporativos y por ser el vicepresidente de la compañía.
Argentina busca adaptarse al cambio climático
Argentina busca adaptarse al cambio climático
Fecha de Publicación: 02/07/2008
Fuente: ADN Mundo
Provincia/Región: Nacional
Las debilidades del Mercado Común del Sur (Mercosur) frente al cambio climático fueron objeto de debate de meteorólogos y ambientalistas reunidos en Buenos Aires.
En el Primer Encuentro sobre Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático en el Mercosur, se analizaron las maneras de adaptarse a las consecuencias generadas por el fenómeno, informó a Tierramérica Alcira Perlini, coordinadora de la Comisión de Cambio Climático de la cancillería argentina.
La reunión se realizó los días 25 y 26 en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, en vísperas de la reunión cumbre de presidentes del bloque, el 1 de julio en la noroccidental provincia argentina de Tucumán.
Los participantes aspiran a presentar sus conclusiones a los mandatarios de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y Venezuela en proceso de adhesión).
Fecha de Publicación: 02/07/2008
Fuente: ADN Mundo
Provincia/Región: Nacional
Las debilidades del Mercado Común del Sur (Mercosur) frente al cambio climático fueron objeto de debate de meteorólogos y ambientalistas reunidos en Buenos Aires.
En el Primer Encuentro sobre Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático en el Mercosur, se analizaron las maneras de adaptarse a las consecuencias generadas por el fenómeno, informó a Tierramérica Alcira Perlini, coordinadora de la Comisión de Cambio Climático de la cancillería argentina.
La reunión se realizó los días 25 y 26 en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, en vísperas de la reunión cumbre de presidentes del bloque, el 1 de julio en la noroccidental provincia argentina de Tucumán.
Los participantes aspiran a presentar sus conclusiones a los mandatarios de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y Venezuela en proceso de adhesión).
Macri y su desidia con el ambiente
Basura Cero: El gobierno quiere olvidarse de la separación en origen
Fecha de Publicación: 02/07/2008
Fuente: EcoPortal
Provincia/Región: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Agrupaciones ambientalistas y sociales exigieron hoy al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el cumplimiento de la Ley de Basura Cero. Su reclamo sucede luego de que funcionarios dieran varias señales contrarias a la implementación de la normativa sancionada en noviembre de 2005 sobre la gestión ambiental del servicio público más importante que administra la ciudad, el de recolección y disposición de residuos sólidos urbanos.
María Eugenia Di Paola, directora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), encabezó la conferencia de prensa en la que solicitó que sea respetado el acceso a la información pública sobre los nuevos pliegos para licitar el servicio. "El cambio de criterio de zona limpia a pago por peso coloca a las empresas en la lógica opuesta a la Ley, va a ser más negocio mientras menos basura se recicle", advirtió por su parte Juan Carlos Villalonga, director ejecutivo de Greenpeace.
El sistema de zona limpia se implentó de acuerdo con el espíritu de la Ley 1.854 de Basura Cero, para evitar justamente que las empresas especulen con que una mayor recolección que termine en los rellenos sanitarios sea más dinero para su ganancia. Esto debía estar articulado con la separación de residuos en origen que debe realizar todo ciudadano, para lo cual se estableció el sistema de doble contenerización donde el vecino puede dejar en el recipiente adecuado el material reciclable.
Sin embargo, desde la gestión PRO los rumores se transformaron en trascendidos a la prensa y estos parecen riesgosamente traducirse en el pliego de servicio de higiene urbana que presentará el gobierno de la ciudad. "La recolección diferenciada de basura le sale mucha plata al Estado y no sirve para nada, porque cuando se abren los contenedores, todos los residuos están mezclados. Tampoco vamos a gastar plata en una campaña de concientización de la sociedad, porque el sistema evidentemente fracasó", fue la declaración de ayer a Clarín del ministro de Espacio y Ambiente Juan Pablo Ricardo que causó indignación entre los ambientalistas.
Para Villalonga, se trata de un "argumento perverso" ya que le echa la culpa a la gente por el fracaso cuando el gobierno no garantizó que existan campañas de comunicación que expliquen las razones del sistema. "Falló porque no hubo educación y si no se educa a los vecinos como hicimos en Palermo no es posible cumplirlo", expresó Cristina Lescano de Cooperativa El Ceibo.
¿Reciclaje cero?.
De hecho, el artículo de Clarín reconoce que "en los pliegos nuevos de contratos de recolección de basura que prepara el Gobierno de la Ciudad, no se habla de separación, de recolección diferenciada ni de reducción". Para la visión del funcionario: "La razón es que no debe mezclarse limpieza con reciclado. Las empresas se encargarán de la recolección y será el Estado el que tomará a su cargo la Ley de Basura Cero, que por ahora evidentemente no funciona, porque durante 2007 la cantidad de basura que los porteños envían a los rellenos sanitarios no sólo no disminuyó, sino que creció un 10".
Claro, uno puede preguntarse con toda razón cómo se realizará el reciclaje sin "gastos en concientización" y con incentivos para las empresas recolectoras para llevarse más basura. Mucho menos se entiende si es cierta la información del recuadro de Clarín, puesto que si "en el macrismo aseguran que no se modificaría el monto que hoy la Ciudad invierte en la recolección de basura, que es de 700 millones de pesos, pero que la Ciudad estará más limpia", no se entiende el argumento de que es un sistema más caro, cuando costará lo mismo y no se obliga en el pliego a hacer campañas de comunicación.
“El problema de los residuos no puede ser abordado -como lo hace el gobierno macrista- como un tema estético, requiere de una gestión integral", manifestó en el comunicado Di Paola. También Villalonga criticó en el mismo documento: "El Ministro Piccardo utiliza una lógica perversa, no está dispuesto a realizar una campaña pública de divulgación del sistema y luego argumenta que la culpa es de los vecinos que no separan".
Información cero
Pero el gran problema es que si queda la esperanza de que el gobierno tenga un novedoso plan maestro que hará cumplir la Ley por sus propios métodos, no es posible probarlo porque existe escamoteo y escasez de información pública sobre el tema. Por ello, las organizaciones FARN, Greenpeace, GAIA, Fundación Metropolitana, CIPPEC, ADC, Fundación Ecologista Verde, Fundación Vida Silvestre y las Cooperativas El Ceibo y El Álamo le solicitaron que "garantice la transparencia y la participación ciudadana en los nuevos contratos para la recolección de residuos".
No ha habido en este sentido avances sino más bien retrocesos desde la última reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley, que incluyó la lectura sobre un nuevo reglamento que se objeta por restringir el protagonismo de la sociedad civil en un proceso que necesita justamente de que la población se involucre. En última instancia, pareciera que el gobierno no quiere que se difundan los contenidos de la normativa, para poder actuar por fuera de ella: "Hoy la gestión es ilegal", denunció Villalonga, y manifestó que la ley le da tranquilidad solo a la CEAMSE.
Cecilia Allen, de la Alianza GAIA, advirtió que estamos volviendo a la situación de colapso del 2004, cuando la gente se levantaba frente a la posibilidad de que se instalen nuevos rellenos sanitarios en la provincia de Buenos Aires. "Están coqueteando con la incineración", expresó frente a la otra posibilidad, la solución mágica que intenta también presentar el macrismo, un negocio que deja a un lado la valorización socioeconómica y ambiental de los residuos.
¿Reducción?
En definitiva, las noticias que se dejaron trascender a través de los medios son malas: cambio en el servicio de recolección y abandono de la posibilidad de concienciar a los ciudadanos para la separación en origen. "La primera medida ambiental de la gestión de Mauricio Macri", según comenzó su artículo Página 12, sobre un reglamento que simula una ley de envases, puede ser favorable si aplica el principio de responsabilidad ampliada del productor, pero en el marco de incertidumbres no puede decirse si forma parte de una buena política integral.
Acerca del argumento de que la utilización de residuos de poda y escombros para relleno representa un diez por ciento, Allen los contradijo al decir que era solo un 2,5 por ciento de la basura, y que ya se recogía por separado. Elisa Montoya de Cooperativa El Alamo mantiene por su parte la esperanza, ya que la presión social de los cartoneros será la que hará cumplir sí o sí la ley, ya que de ello depende el trabajo de ocho mil personas.
Frente a la posición del PRO de que las ONGs y la oposición "agravaron el problema" porque menciona que la generación de residuos aumentó pero no menciona que se sentaron las bases para que este gobierno, si hace las cosas bien, pueda cumplir los objetivos. Por ello, la columna "Promover la incineración es retroceder décadas" de Allen y Villalonga advierte que si vamos mal estaremos peor si no se cumple con las disposiciones de la Ley Basura Cero.
Confianza Cero
Es preocupante el cinismo del jefe de Gabinete de Piccardo, Fabián Rodríguez Simón, que volvió a contradecirse al expresar en la reunión de seguimiento que no se pensaba en la incineración, y al decir ahora que se trata de un método "absolutamente limpio" y casi hasta bueno para el medio ambiente, porque produciría energía, claro, sin contar la que consume. "El gobierno de la Ciudad solo está dispuesto a soluciones simplistas que no tienen en cuenta la salud de la población ni los impactos ambientales", es la opinión pesimista de los dirigentes.
En vez de confundir a la ciudadanía con cambios en el sistema de recolección de residuos sin concientización ambiental, estaría bueno profundizar lo que estaba encaminado en la gestión anterior. No pueden negarse los errores y los retrasos, pero lo que las organizaciones perciben es que no existe voluntad política para llevar adelante el reciclaje.
Educar lleva su esfuerzo y tiempo, pero bien vale la pena para lograr una sociedad sustentable. Las organizaciones esperan también agotar todas las instancias posibles de diálogo, que fueron frenadas por las trabas a la comisión de seguimiento, antes de acudir a la vía judicial ya que, en definitiva, se trata de cumplir la ley, como le gusta decir a la gente pro.
Fecha de Publicación: 02/07/2008
Fuente: EcoPortal
Provincia/Región: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Agrupaciones ambientalistas y sociales exigieron hoy al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el cumplimiento de la Ley de Basura Cero. Su reclamo sucede luego de que funcionarios dieran varias señales contrarias a la implementación de la normativa sancionada en noviembre de 2005 sobre la gestión ambiental del servicio público más importante que administra la ciudad, el de recolección y disposición de residuos sólidos urbanos.
María Eugenia Di Paola, directora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), encabezó la conferencia de prensa en la que solicitó que sea respetado el acceso a la información pública sobre los nuevos pliegos para licitar el servicio. "El cambio de criterio de zona limpia a pago por peso coloca a las empresas en la lógica opuesta a la Ley, va a ser más negocio mientras menos basura se recicle", advirtió por su parte Juan Carlos Villalonga, director ejecutivo de Greenpeace.
El sistema de zona limpia se implentó de acuerdo con el espíritu de la Ley 1.854 de Basura Cero, para evitar justamente que las empresas especulen con que una mayor recolección que termine en los rellenos sanitarios sea más dinero para su ganancia. Esto debía estar articulado con la separación de residuos en origen que debe realizar todo ciudadano, para lo cual se estableció el sistema de doble contenerización donde el vecino puede dejar en el recipiente adecuado el material reciclable.
Sin embargo, desde la gestión PRO los rumores se transformaron en trascendidos a la prensa y estos parecen riesgosamente traducirse en el pliego de servicio de higiene urbana que presentará el gobierno de la ciudad. "La recolección diferenciada de basura le sale mucha plata al Estado y no sirve para nada, porque cuando se abren los contenedores, todos los residuos están mezclados. Tampoco vamos a gastar plata en una campaña de concientización de la sociedad, porque el sistema evidentemente fracasó", fue la declaración de ayer a Clarín del ministro de Espacio y Ambiente Juan Pablo Ricardo que causó indignación entre los ambientalistas.
Para Villalonga, se trata de un "argumento perverso" ya que le echa la culpa a la gente por el fracaso cuando el gobierno no garantizó que existan campañas de comunicación que expliquen las razones del sistema. "Falló porque no hubo educación y si no se educa a los vecinos como hicimos en Palermo no es posible cumplirlo", expresó Cristina Lescano de Cooperativa El Ceibo.
¿Reciclaje cero?.
De hecho, el artículo de Clarín reconoce que "en los pliegos nuevos de contratos de recolección de basura que prepara el Gobierno de la Ciudad, no se habla de separación, de recolección diferenciada ni de reducción". Para la visión del funcionario: "La razón es que no debe mezclarse limpieza con reciclado. Las empresas se encargarán de la recolección y será el Estado el que tomará a su cargo la Ley de Basura Cero, que por ahora evidentemente no funciona, porque durante 2007 la cantidad de basura que los porteños envían a los rellenos sanitarios no sólo no disminuyó, sino que creció un 10".
Claro, uno puede preguntarse con toda razón cómo se realizará el reciclaje sin "gastos en concientización" y con incentivos para las empresas recolectoras para llevarse más basura. Mucho menos se entiende si es cierta la información del recuadro de Clarín, puesto que si "en el macrismo aseguran que no se modificaría el monto que hoy la Ciudad invierte en la recolección de basura, que es de 700 millones de pesos, pero que la Ciudad estará más limpia", no se entiende el argumento de que es un sistema más caro, cuando costará lo mismo y no se obliga en el pliego a hacer campañas de comunicación.
“El problema de los residuos no puede ser abordado -como lo hace el gobierno macrista- como un tema estético, requiere de una gestión integral", manifestó en el comunicado Di Paola. También Villalonga criticó en el mismo documento: "El Ministro Piccardo utiliza una lógica perversa, no está dispuesto a realizar una campaña pública de divulgación del sistema y luego argumenta que la culpa es de los vecinos que no separan".
Información cero
Pero el gran problema es que si queda la esperanza de que el gobierno tenga un novedoso plan maestro que hará cumplir la Ley por sus propios métodos, no es posible probarlo porque existe escamoteo y escasez de información pública sobre el tema. Por ello, las organizaciones FARN, Greenpeace, GAIA, Fundación Metropolitana, CIPPEC, ADC, Fundación Ecologista Verde, Fundación Vida Silvestre y las Cooperativas El Ceibo y El Álamo le solicitaron que "garantice la transparencia y la participación ciudadana en los nuevos contratos para la recolección de residuos".
No ha habido en este sentido avances sino más bien retrocesos desde la última reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley, que incluyó la lectura sobre un nuevo reglamento que se objeta por restringir el protagonismo de la sociedad civil en un proceso que necesita justamente de que la población se involucre. En última instancia, pareciera que el gobierno no quiere que se difundan los contenidos de la normativa, para poder actuar por fuera de ella: "Hoy la gestión es ilegal", denunció Villalonga, y manifestó que la ley le da tranquilidad solo a la CEAMSE.
Cecilia Allen, de la Alianza GAIA, advirtió que estamos volviendo a la situación de colapso del 2004, cuando la gente se levantaba frente a la posibilidad de que se instalen nuevos rellenos sanitarios en la provincia de Buenos Aires. "Están coqueteando con la incineración", expresó frente a la otra posibilidad, la solución mágica que intenta también presentar el macrismo, un negocio que deja a un lado la valorización socioeconómica y ambiental de los residuos.
¿Reducción?
En definitiva, las noticias que se dejaron trascender a través de los medios son malas: cambio en el servicio de recolección y abandono de la posibilidad de concienciar a los ciudadanos para la separación en origen. "La primera medida ambiental de la gestión de Mauricio Macri", según comenzó su artículo Página 12, sobre un reglamento que simula una ley de envases, puede ser favorable si aplica el principio de responsabilidad ampliada del productor, pero en el marco de incertidumbres no puede decirse si forma parte de una buena política integral.
Acerca del argumento de que la utilización de residuos de poda y escombros para relleno representa un diez por ciento, Allen los contradijo al decir que era solo un 2,5 por ciento de la basura, y que ya se recogía por separado. Elisa Montoya de Cooperativa El Alamo mantiene por su parte la esperanza, ya que la presión social de los cartoneros será la que hará cumplir sí o sí la ley, ya que de ello depende el trabajo de ocho mil personas.
Frente a la posición del PRO de que las ONGs y la oposición "agravaron el problema" porque menciona que la generación de residuos aumentó pero no menciona que se sentaron las bases para que este gobierno, si hace las cosas bien, pueda cumplir los objetivos. Por ello, la columna "Promover la incineración es retroceder décadas" de Allen y Villalonga advierte que si vamos mal estaremos peor si no se cumple con las disposiciones de la Ley Basura Cero.
Confianza Cero
Es preocupante el cinismo del jefe de Gabinete de Piccardo, Fabián Rodríguez Simón, que volvió a contradecirse al expresar en la reunión de seguimiento que no se pensaba en la incineración, y al decir ahora que se trata de un método "absolutamente limpio" y casi hasta bueno para el medio ambiente, porque produciría energía, claro, sin contar la que consume. "El gobierno de la Ciudad solo está dispuesto a soluciones simplistas que no tienen en cuenta la salud de la población ni los impactos ambientales", es la opinión pesimista de los dirigentes.
En vez de confundir a la ciudadanía con cambios en el sistema de recolección de residuos sin concientización ambiental, estaría bueno profundizar lo que estaba encaminado en la gestión anterior. No pueden negarse los errores y los retrasos, pero lo que las organizaciones perciben es que no existe voluntad política para llevar adelante el reciclaje.
Educar lleva su esfuerzo y tiempo, pero bien vale la pena para lograr una sociedad sustentable. Las organizaciones esperan también agotar todas las instancias posibles de diálogo, que fueron frenadas por las trabas a la comisión de seguimiento, antes de acudir a la vía judicial ya que, en definitiva, se trata de cumplir la ley, como le gusta decir a la gente pro.
Las razones del auge de la soja transgénica y los biocombustibles
Fecha de Publicación: 01/07/2008
Fuente: Clarín - iEco
Provincia/Región: Nacional
La buena estrella para el negocio de los biocombustibles brilla más que nunca. En el primer cuatrimestre del año, la Argentina exportó 176.000 toneladas de biodiésel –un derivado del aceite de soja– por valor de US$ 191 millones. En cantidad, la cifra es un 7,7% mayor que lo exportado en todo 2007, según indica un estudio de IES Investigaciones Económicas Sectoriales), pero en dinero el incremento representó el 18,2%.
El despegue del negocio de producir sustitutos energéticos de origen vegetal se da en medio de la pulseada entre el Gobierno y el campo por las retenciones móviles. Precisamente, el tema de las retenciones explica en gran parte el ascenso exportador del biodiésel, porque vender al exterior ese producto –tan codiciado en los EE.UU. y Europa– tributa en concepto de retenciones sólo el 20% (un porcentaje fijo). Esto es menos de la mitad de lo que paga el aceite de soja, el insumo básico para obtener biocarburante.
Así, con la normativa actual y sus vericuetos, el biodiésel es una verdadera autopista para gambetear en parte el pago de retenciones. Una tonelada de aceite de soja y una de biodiésel cuestan casi lo mismo: alrededor de US$ 1.300. La diferencia es el porcentaje de las retenciones. El aceite de soja le deja al Estado (desde que se implementó el nuevo régimen de retenciones) cuatro puntos menos que la soja, es decir, alrededor del 42%.
Por eso, el biodiésel hoy es un imán, en especial para las aceiteras, que tienen a su favor una mejor disponibilidad de materias primas. Alejandro Ovando, un investigador del IES, pronostica que "en 2008, la producción total alcanzará las 600 mil toneladas, por un valor de US$ 598 millones". El crecimiento es notorio, si se toma en cuenta que en 2007 fueron 164 mil toneladas las que se vendieron, y que representaron US$ 135 millones.
En la actualidad, según datos de la Secretaría de Energía, hay nueve plantas habilitadas. De ese grupo pionero, se destacan Ecofuel (una sociedad entre Aceitera General Deheza y Bunge) y Renova (de Glencore y Vicentín), ambas con capacidad para producir 200.000 toneladas anuales.
Mayor producción
La capacidad instalada actual con habilitación del Gobierno es de 604.520 toneladas por año, según datos de la Asociación de Biocombustibles de la Argentina. Pero hay muchas otras en construcción, que entrarán a operar en los próximos meses, lo que podría elevar la cifra a más de 1,5 millones. Entre otras, en la lista aparecen Louis Dreyfus (300.000 toneladas anuales), Patagonia Bioenergía (250.000), Molinos y Explora (100.000 cada una).
Algunos proyectos ya son realidad. Hace un mes comenzó a operar en Santa Fe, la planta de Unitec Bio, del grupo Eurnekian, de 200.000 toneladas. Fernando Peláez, su director, interpreta que el negocio explotó no sólo en la Argentina, pero que se trata aún "de un negocio nuevo, cambiante, y en donde las legislaciones no son firmes".
El ejecutivo destaca que los factores que impulsan la demanda son básicamente dos: el alza del petróleo y la sanción de leyes que promueven el uso de los combustibles vegetales en Europa, pero sobre todo en los Estados Unidos, donde existen fuertes controversias en torno con la política de subsidios. Para ellos, dice Peláez, el combustible constituye un problema geopolítico".
El destino de las exportaciones de biocombustibles desde la Argentina, en este sentido, resulta más que llamativo. Este año, el 84,8% del total fue a parar a los EE.UU., porcentaje que contrasta con el 2,9% registrado en 2007.
Los analistas creen que los buenos tiempos para el sector llegaron para quedarse bastante tiempo, pero que habrá fuertes sacudones por la pulseada que se viene –y que ya impacta fuerte en el país– por el destino de la producción agrícola. ¿La mesa o el tanque del auto? es la pregunta que se hacen muchos. Algunos dicen que no se puede culpar a los biocombustibles por el aumento de los precios de los alimentos. (Un informe del Banco Mundial asegura que sufrieron un alza del 83% en los últimos tres años).
Suben, dicen algunos, por la mayor demanda proveniente de India y China, que sumaron 400 millones de nuevos consumidores al mercado global. Pero en los EE.UU., tras el impulso que la administración de George Bush les dio a los biocombustibles, impactó claramente en el precio del maíz, la materia prima del etanol, un reemplazo de la nafta. En México, donde el maíz integra la dieta básica, ya hablan de "etanoinflación". Los norteamericanos hablan de "agflación" (agro– inflación) cuando se refieren al encarecimiento de alimentos.
El mercado interno
En la Argentina hay discusiones sobre el tema. La semana pasada, el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, y el de Energía, Daniel Cameron, reclamaron un equilibrio entre comida y combustibles. Sobre los problemas energéticos, Cameron sostuvo que "a la suba del precio del pet r ó l e o se agrega e l cambio climático (inundaciones y sequías) y una distribución no homogénea de recursos".
Tal equilibrio parece difícil si se tiene en cuenta que la Argentina, en abril de 2006, sancionó una ley de fomento a la producción de biocombustibles, que contempla, entre otras cosas, una serie de beneficios fiscales para los productores durante 15 años. El Congreso deberá fijar el cupo fiscal, pero es el Gobierno el que decide a quiénes beneficia. El régimen, de todas formas, todavía no arrancó, pero la ley establece que a partir de 2010, será obligatorio mezclar la nafta con un 5% de etanol y el
gasoil con un 5% de biodiésel. Para cumplir, entonces, harán falta unos 850 millones de litros.
¿La tierra alcanzará para todos? ¿Producir para el mercado interno será negocio? Las empresas del sector, y muchos analistas, creen que no habrá inconvenientes, pero se plantean algunas dudas. Peláez, de Unitec Bio, señala que para el mercado interno, "con los precios actuales del aceite, el negocio es inviable. Para que el biodiésel salga lo mismo que el gasoil, el petróleo tendría que estar a US$ 200".
Martín Fraguío, director de Maizar, una asociacion que agrupa a productores de maíz y sorgo, advierte que hay tierra para todo. El año pasado, en el país, se sembraron 32 millones de hectáreas. "Según el INTA, puntualiza Fraguío, existen 15 millones más con esa misma calidad de suelos". Y como prueba, aporta un dato: "En 1930 se sembraron 9 millones de hectáreas de maíz. Y este año serán sólo 4 millones. Hay muchas zonas que se dejaron de usar y que pueden recuperarse", concluyó.
El gran juego de los subsidios - Por Damián Kantor
Chip & Dale, Tom y Jerry, Batman y Robin causaron furor. Algo parecido pasa con "Splash and Dash", pero sólo entre algunas petroleras beneficiadas por la política de subsidios a los biocombustibles en los EE.UU.
Así le dicen al mecanismo: algo así como "rociar y salir de raje". Los legisladores de Washington vienen tratando de ponerle coto, para evitar que el fisco esté subsidiando combustibles que terminan en Europa. Pero hay muchos intereses en juego, de diversos actores, entre ellos el campo estadounidense.
Todo empieza con un biodiésel fabricado en el exterior, con caña de azúcar brasileña o aceite de palma malayo, o soja de la Argentina. De hecho, casi el 85% de las exportaciones de biodiésel argentino terminan en EE.UU. Cuando llega a EE.UU., el importador le agrega en suelo estadounidense un "toque" (basta un 1%) de gasoil común.
Una ley estadounidense subsidia con un crédito fiscal de un dólar cada galón de biocombustible (3,78 litros) que es mezclado con diésel en ese país. Se cobra unos US$ 300 la tonelada. Mezclando 99% de biocombustible y 1% de diésel se obtiene una mezcla llamada B-99, candidata al subsidio. El importador cobra el beneficio y luego reexporta el B-99 a Europa a precios más bajos.
No es un comercio ilegal, pero le viene costando enormes sumas al erario estadounidense. A un típico buque cisterna sólo le hace falta agregar 9.000 galones de diésel estadounidense para calificar. Y con eso, el importador se gana 9 millones de dólares en créditos del fisco. El mecanismo altera el espíritu de la ley de incentivos: en 2004, el parlamento decidió subsidiar la producción para alentar el uso de combustibles renovables.
Ultimamente los legisladores de ambas cámaras han tratado de cerrar los resquicios legales. Pero se topan con intereses encontrados: al campo estadounidense le interesa el beneficio, que ellos también perciben con sus exportaciones." Crea empleo", dicen.
A favor y en contra ¿Alimentos o energía?
En Contra - Enrique Martínez (Presidente del INTA)
La producción de combustibles renovables generó un fuerte debate a nivel mundial en torno al uso y destino de la producción agrícola. iEco invitó al presidente del INTI, Enrique Martínez, y al titular de la Asociación de Biocombustibles, Claudio Molina, a que planteen sus puntos de vista con respecto al tema.
Argentina exportará en 2008 unos US$ 600 millones de biodiésel. ¿Por qué dudar o hasta oponerse a lo que en definitiva es un negocio importante, que se suma al menú demandado a nuestra agroindustria? Formo parte de quienes hace tiempo venimos señalando el riesgo global de utilizar tierras agrícolas para producir biocombustibles, cuando las proyecciones más serias muestran que las mayores demandas de alimentos y de etanol más biodiésel, faltará tierra. Naciones Unidas ha señalado que en el último quinquenio toda la expansión del cultivo de maíz fue absorbida por el programa de etanol de EE.UU., por lo cual disminuyeron las reservas globales de maíz; presionando
los precios y luego de todos los alternativos, como la soja, el girasol o el arroz. Aún en ese contexto, ¿por qué no tomar beneficio como país de esta situación?
Tal vez, el mejor negocio lo estamos ignorando. Si produjéramos biodiésel en plantas pequeñas de alcance regional, en el NEA o el NOA y lo usáramos localmente, valorizaríamos la soja castigada por el flete hasta el puerto; reduciríamos la necesidad de importar gasoil y mejoraríamos así nuestra balanza comercial y nuestra balanza energética. ¿Por qué esto no sucede? Tal vez porque no interesa a una industria como la aceitera, exportadora, que tiene sus instalaciones industriales sobre el río Paraná, mirando hacia el exterior. Tal vez deberían aparecer nuevos actores.
A Favor - Claudio Molina (Director de la Asociación de Biocombustibles)
Con planificación, el dilema entre alimentos y energía será un mito. Desde un año hasta hoy, se viene desarrollando una operación en contra de los biocombustibles, la que los ha puesto injustamente en el banquillo de los acusados. Dentro de esta campaña, se imputan a los biocombustibles generar menos energía que la energía fósil, ser responsables de grandes deforestaciones de bosques nativos y llevar el precio de los alimentos a las nubes. Nada de esto se ha podido comprobar científicamente.
Hay una buena cantidad de países emergentes (entre ellos, Brasil y Argentina) que encuentran en el desarrollo de los biocombustibles una gran oportunidad histórica, la que no deben desaprovechar. Para evitar que en el mediano y largo plazo se generen presiones sobre los mercados agroalimentarios motorizadas por la demanda de materias primas para biocombustibles, es necesario que se coordinen políticas públicas entre los países que tienen una actuación destacada en el mercado, de manera de establecer distintos escenarios futuros de oferta y demanda de alimentos y de los referidos combustibles renovables. Así será posible asignar de la mejor manera recursos escasos, diversificando las fuentes posibles de materias primas y minimizando los efectos colaterales, como por ejemplo, los correspondientes al cambio de uso de los suelos y los balances de gases efecto invernadero.
Fecha de Publicación: 01/07/2008
Fuente: Clarín - iEco
Provincia/Región: Nacional
La buena estrella para el negocio de los biocombustibles brilla más que nunca. En el primer cuatrimestre del año, la Argentina exportó 176.000 toneladas de biodiésel –un derivado del aceite de soja– por valor de US$ 191 millones. En cantidad, la cifra es un 7,7% mayor que lo exportado en todo 2007, según indica un estudio de IES Investigaciones Económicas Sectoriales), pero en dinero el incremento representó el 18,2%.
El despegue del negocio de producir sustitutos energéticos de origen vegetal se da en medio de la pulseada entre el Gobierno y el campo por las retenciones móviles. Precisamente, el tema de las retenciones explica en gran parte el ascenso exportador del biodiésel, porque vender al exterior ese producto –tan codiciado en los EE.UU. y Europa– tributa en concepto de retenciones sólo el 20% (un porcentaje fijo). Esto es menos de la mitad de lo que paga el aceite de soja, el insumo básico para obtener biocarburante.
Así, con la normativa actual y sus vericuetos, el biodiésel es una verdadera autopista para gambetear en parte el pago de retenciones. Una tonelada de aceite de soja y una de biodiésel cuestan casi lo mismo: alrededor de US$ 1.300. La diferencia es el porcentaje de las retenciones. El aceite de soja le deja al Estado (desde que se implementó el nuevo régimen de retenciones) cuatro puntos menos que la soja, es decir, alrededor del 42%.
Por eso, el biodiésel hoy es un imán, en especial para las aceiteras, que tienen a su favor una mejor disponibilidad de materias primas. Alejandro Ovando, un investigador del IES, pronostica que "en 2008, la producción total alcanzará las 600 mil toneladas, por un valor de US$ 598 millones". El crecimiento es notorio, si se toma en cuenta que en 2007 fueron 164 mil toneladas las que se vendieron, y que representaron US$ 135 millones.
En la actualidad, según datos de la Secretaría de Energía, hay nueve plantas habilitadas. De ese grupo pionero, se destacan Ecofuel (una sociedad entre Aceitera General Deheza y Bunge) y Renova (de Glencore y Vicentín), ambas con capacidad para producir 200.000 toneladas anuales.
Mayor producción
La capacidad instalada actual con habilitación del Gobierno es de 604.520 toneladas por año, según datos de la Asociación de Biocombustibles de la Argentina. Pero hay muchas otras en construcción, que entrarán a operar en los próximos meses, lo que podría elevar la cifra a más de 1,5 millones. Entre otras, en la lista aparecen Louis Dreyfus (300.000 toneladas anuales), Patagonia Bioenergía (250.000), Molinos y Explora (100.000 cada una).
Algunos proyectos ya son realidad. Hace un mes comenzó a operar en Santa Fe, la planta de Unitec Bio, del grupo Eurnekian, de 200.000 toneladas. Fernando Peláez, su director, interpreta que el negocio explotó no sólo en la Argentina, pero que se trata aún "de un negocio nuevo, cambiante, y en donde las legislaciones no son firmes".
El ejecutivo destaca que los factores que impulsan la demanda son básicamente dos: el alza del petróleo y la sanción de leyes que promueven el uso de los combustibles vegetales en Europa, pero sobre todo en los Estados Unidos, donde existen fuertes controversias en torno con la política de subsidios. Para ellos, dice Peláez, el combustible constituye un problema geopolítico".
El destino de las exportaciones de biocombustibles desde la Argentina, en este sentido, resulta más que llamativo. Este año, el 84,8% del total fue a parar a los EE.UU., porcentaje que contrasta con el 2,9% registrado en 2007.
Los analistas creen que los buenos tiempos para el sector llegaron para quedarse bastante tiempo, pero que habrá fuertes sacudones por la pulseada que se viene –y que ya impacta fuerte en el país– por el destino de la producción agrícola. ¿La mesa o el tanque del auto? es la pregunta que se hacen muchos. Algunos dicen que no se puede culpar a los biocombustibles por el aumento de los precios de los alimentos. (Un informe del Banco Mundial asegura que sufrieron un alza del 83% en los últimos tres años).
Suben, dicen algunos, por la mayor demanda proveniente de India y China, que sumaron 400 millones de nuevos consumidores al mercado global. Pero en los EE.UU., tras el impulso que la administración de George Bush les dio a los biocombustibles, impactó claramente en el precio del maíz, la materia prima del etanol, un reemplazo de la nafta. En México, donde el maíz integra la dieta básica, ya hablan de "etanoinflación". Los norteamericanos hablan de "agflación" (agro– inflación) cuando se refieren al encarecimiento de alimentos.
El mercado interno
En la Argentina hay discusiones sobre el tema. La semana pasada, el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, y el de Energía, Daniel Cameron, reclamaron un equilibrio entre comida y combustibles. Sobre los problemas energéticos, Cameron sostuvo que "a la suba del precio del pet r ó l e o se agrega e l cambio climático (inundaciones y sequías) y una distribución no homogénea de recursos".
Tal equilibrio parece difícil si se tiene en cuenta que la Argentina, en abril de 2006, sancionó una ley de fomento a la producción de biocombustibles, que contempla, entre otras cosas, una serie de beneficios fiscales para los productores durante 15 años. El Congreso deberá fijar el cupo fiscal, pero es el Gobierno el que decide a quiénes beneficia. El régimen, de todas formas, todavía no arrancó, pero la ley establece que a partir de 2010, será obligatorio mezclar la nafta con un 5% de etanol y el
gasoil con un 5% de biodiésel. Para cumplir, entonces, harán falta unos 850 millones de litros.
¿La tierra alcanzará para todos? ¿Producir para el mercado interno será negocio? Las empresas del sector, y muchos analistas, creen que no habrá inconvenientes, pero se plantean algunas dudas. Peláez, de Unitec Bio, señala que para el mercado interno, "con los precios actuales del aceite, el negocio es inviable. Para que el biodiésel salga lo mismo que el gasoil, el petróleo tendría que estar a US$ 200".
Martín Fraguío, director de Maizar, una asociacion que agrupa a productores de maíz y sorgo, advierte que hay tierra para todo. El año pasado, en el país, se sembraron 32 millones de hectáreas. "Según el INTA, puntualiza Fraguío, existen 15 millones más con esa misma calidad de suelos". Y como prueba, aporta un dato: "En 1930 se sembraron 9 millones de hectáreas de maíz. Y este año serán sólo 4 millones. Hay muchas zonas que se dejaron de usar y que pueden recuperarse", concluyó.
El gran juego de los subsidios - Por Damián Kantor
Chip & Dale, Tom y Jerry, Batman y Robin causaron furor. Algo parecido pasa con "Splash and Dash", pero sólo entre algunas petroleras beneficiadas por la política de subsidios a los biocombustibles en los EE.UU.
Así le dicen al mecanismo: algo así como "rociar y salir de raje". Los legisladores de Washington vienen tratando de ponerle coto, para evitar que el fisco esté subsidiando combustibles que terminan en Europa. Pero hay muchos intereses en juego, de diversos actores, entre ellos el campo estadounidense.
Todo empieza con un biodiésel fabricado en el exterior, con caña de azúcar brasileña o aceite de palma malayo, o soja de la Argentina. De hecho, casi el 85% de las exportaciones de biodiésel argentino terminan en EE.UU. Cuando llega a EE.UU., el importador le agrega en suelo estadounidense un "toque" (basta un 1%) de gasoil común.
Una ley estadounidense subsidia con un crédito fiscal de un dólar cada galón de biocombustible (3,78 litros) que es mezclado con diésel en ese país. Se cobra unos US$ 300 la tonelada. Mezclando 99% de biocombustible y 1% de diésel se obtiene una mezcla llamada B-99, candidata al subsidio. El importador cobra el beneficio y luego reexporta el B-99 a Europa a precios más bajos.
No es un comercio ilegal, pero le viene costando enormes sumas al erario estadounidense. A un típico buque cisterna sólo le hace falta agregar 9.000 galones de diésel estadounidense para calificar. Y con eso, el importador se gana 9 millones de dólares en créditos del fisco. El mecanismo altera el espíritu de la ley de incentivos: en 2004, el parlamento decidió subsidiar la producción para alentar el uso de combustibles renovables.
Ultimamente los legisladores de ambas cámaras han tratado de cerrar los resquicios legales. Pero se topan con intereses encontrados: al campo estadounidense le interesa el beneficio, que ellos también perciben con sus exportaciones." Crea empleo", dicen.
A favor y en contra ¿Alimentos o energía?
En Contra - Enrique Martínez (Presidente del INTA)
La producción de combustibles renovables generó un fuerte debate a nivel mundial en torno al uso y destino de la producción agrícola. iEco invitó al presidente del INTI, Enrique Martínez, y al titular de la Asociación de Biocombustibles, Claudio Molina, a que planteen sus puntos de vista con respecto al tema.
Argentina exportará en 2008 unos US$ 600 millones de biodiésel. ¿Por qué dudar o hasta oponerse a lo que en definitiva es un negocio importante, que se suma al menú demandado a nuestra agroindustria? Formo parte de quienes hace tiempo venimos señalando el riesgo global de utilizar tierras agrícolas para producir biocombustibles, cuando las proyecciones más serias muestran que las mayores demandas de alimentos y de etanol más biodiésel, faltará tierra. Naciones Unidas ha señalado que en el último quinquenio toda la expansión del cultivo de maíz fue absorbida por el programa de etanol de EE.UU., por lo cual disminuyeron las reservas globales de maíz; presionando
los precios y luego de todos los alternativos, como la soja, el girasol o el arroz. Aún en ese contexto, ¿por qué no tomar beneficio como país de esta situación?
Tal vez, el mejor negocio lo estamos ignorando. Si produjéramos biodiésel en plantas pequeñas de alcance regional, en el NEA o el NOA y lo usáramos localmente, valorizaríamos la soja castigada por el flete hasta el puerto; reduciríamos la necesidad de importar gasoil y mejoraríamos así nuestra balanza comercial y nuestra balanza energética. ¿Por qué esto no sucede? Tal vez porque no interesa a una industria como la aceitera, exportadora, que tiene sus instalaciones industriales sobre el río Paraná, mirando hacia el exterior. Tal vez deberían aparecer nuevos actores.
A Favor - Claudio Molina (Director de la Asociación de Biocombustibles)
Con planificación, el dilema entre alimentos y energía será un mito. Desde un año hasta hoy, se viene desarrollando una operación en contra de los biocombustibles, la que los ha puesto injustamente en el banquillo de los acusados. Dentro de esta campaña, se imputan a los biocombustibles generar menos energía que la energía fósil, ser responsables de grandes deforestaciones de bosques nativos y llevar el precio de los alimentos a las nubes. Nada de esto se ha podido comprobar científicamente.
Hay una buena cantidad de países emergentes (entre ellos, Brasil y Argentina) que encuentran en el desarrollo de los biocombustibles una gran oportunidad histórica, la que no deben desaprovechar. Para evitar que en el mediano y largo plazo se generen presiones sobre los mercados agroalimentarios motorizadas por la demanda de materias primas para biocombustibles, es necesario que se coordinen políticas públicas entre los países que tienen una actuación destacada en el mercado, de manera de establecer distintos escenarios futuros de oferta y demanda de alimentos y de los referidos combustibles renovables. Así será posible asignar de la mejor manera recursos escasos, diversificando las fuentes posibles de materias primas y minimizando los efectos colaterales, como por ejemplo, los correspondientes al cambio de uso de los suelos y los balances de gases efecto invernadero.
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