El Consejo Federal de Ambiente criticó la política de Milei: “Preocupa la extranjerización de bienes naturales”

Fecha de Publicación: 20/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Los especialistas reclamaron a los legisladores la revisión de las modificaciones que el Gobierno busca aplicar en normas clave que afectan a los bosques nativos y los glaciares, entre otras problemáticas.
Este jueves, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) publicó una declaración en línea con los reclamos por el retroceso ambiental que implican los cambios que quiere hacer el Gobierno a través del DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus en materia ambiental. “Nos preocupa la extranjerización de bienes naturales”, enfatizaron.
Las autoridades ambientales de todo el país solicitaron a los legisladores nacionales de ambas Cámaras del Congreso de la Nación a revisar la claridad de la normativa que modifica al menos tres leyes estratégicas para el cuidado del ambiente. Asimismo, destacaron que no hay lugar para el debate y que “no puede considerarse el silencio como una autorización tácita”.
Es que las reformas que planea instrumentar el gobierno suponen una fuerte desregulación y desfinanciamiento de los aspectos ambientales en la Argentina: habrá cambios en la ley de quema, la ley de protección de bosques nativos y la ley de glaciares. También se establecerá un mercado de carbono.

Las reformas ambientales que el gobierno debe analizar según el Consejo de Ambiente
“Tanto el DNU como el proyecto de Ley Ómnibus en discusión en el Congreso implican modificaciones sustantivas a los marcos jurídicos vigentes en materia ambiental. Así, resulta oportuno poner en conocimiento de la sociedad y de los representantes legislativos, la voluntad de las autoridades ambientales de todo el país”, introduce el comunicado del Consejo y detalla los puntos a considerar:
- En materia de bosques nativos, manifestamos que se debe garantizar el financiamiento de la Ley 26.331 a través de la expresión de una meta presupuestaria concreta, respecto del porcentaje que se destinará al FOBOSQUE;
- En relación con el mercado de derecho de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se deberá precisar en la norma la autoridad de aplicación, los sectores que estarán incluidos en el régimen de este mercado, el tipo de gases que se tendrán en cuenta, el método de asignación de los derechos de emisiones y el método de aplicación de las penalizaciones;
- En cuanto a la Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Control de Actividades de Quemas entendemos que no puede considerarse el silencio como una autorización tácita;
- En relación con la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, resulta indispensable respetar los procesos de debate previo sobre las definiciones de ambientes glaciares y periglaciares.
- Sobre la Ley 26.737, de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, vemos con preocupación que pueda significar un proceso de extranjerización de los bienes comunes naturales y una afectación a la soberanía nacional, así como a las posibilidades de las provincias de preservar áreas estratégicas.
.

Greenpeace cuestionó la propuesta de ordenamiento territorial de bosques

Fecha de Publicación: 13/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La organización sostuvo que el OTBN debería establecer la prohibición total de los desmontes; en sintonía, consideró "sumamente excesiva" la deforestación de 721.568 hectáreas que permite el nuevo ordenamiento.
“Este mecanismo es similar al utilizado para permitir las recategorizaciones prediales ilegales”. Esta es una de las críticas que lanzó la asociación ambientalista Greenpeace contra el informe que elaboró el Equipo Técnico Asesor a cargo del trazado del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia de Salta.
Las conclusiones de la ambientalista se refieren a la nueva categoría que se dispone en el propuesto mapa del OTBN. En el nuevo Ordenamiento se dispone un “amarillo potencial” que se define según la cantidad de hectáreas que se podrían desmontar en una zona en particular, delimitadas a su vez por otros factores como el estado de las cuencas.
Entre los principios sostenidos por Greenpeace se encuentra la necesidad de establecer la prohibición total de los desmontes en el entendimiento de que un “desmonte legal” de 721.568 hectáreas (como propone el informe técnico del OTBN) involucra una “superficie sumamente excesiva”.
Esta afirmación se toma sobre la base del hecho de que, según los datos oficiales, desde la sanción de la Ley de Bosques, a fines de 2007, hasta fines de 2022, en la provincia se desmontaron 714.052 hectáreas. O sea, en 15 años, se deforestaron menos hectáreas de las que se propone que podrían desmontarse ahora en el nuevo OTBN.
“Cabe advertir que gran parte de los desmontes se realizaron en zonas donde no está permitido (Categorías I - rojo, II - amarillo)”, recordó Greenpeace. En esta línea señaló que durante la gestión de Juan Manuel Urtubey “el gobierno provincial realizó numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la ley nacional) mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas”.
El procedimiento de recategorización de bosques enmarcado en dos decretos que terminaron por desvirtuar el OTBN provincial aprobado en 2009, fue considerado ilegal tanto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como por la Auditoría General de la Nación.
Sin embargo, “las fincas que fueron ilegalmente deforestadas no fueron restauradas y deberían mantener su categoría original en la actualización del OTBN. La nueva zonificación no debe dejar en suspenso ni validar la deforestación ilegal anterior”, indicó la organización.
Asimismo, recordó que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en 2022 un compromiso de Deforestación Cero para 2030. “Las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias deberían ir en esa dirección”, sostuvo.
Añadió que la zonificación propuesta no respeta el “principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I - rojo y II - amarillo, algo prohibido por la normativa nacional”.
Es por ello que lo comparó con las recategorizaciones habilitadas durante el urtubeycismo, generando “una zonificación flexible, lo que en la práctica no es una zonificación, ya que no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar. Además, la Categoría marrón no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques. Esta metodología puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y no favorecen al control social de los desmontes ilegales", aseguró.

Fragmentación de los bosques
La organización ambientalista indicó que al permitir desmontes en las actuales categorías I (rojo) y II (amarillo), la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques de Salta “además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas”.
Esto, afirmó, pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté.
Además, recordó que la Ley 26.331, de Bosques Nativos, destaca la importancia de respetar los territorios de los pueblos originarios. “Resulta fundamental concluir el relevamiento territorial de comunidades indígenas establecido por la Ley 26.160”, indicó sobre este aspecto.
Sucede que en Salta, como en la mayoría de las provincias, el relevamiento que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no fue concluido aún. “Se trata de información indispensable para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, afirmó Greenpeace.
La última observación fue sobre la falta de realización de talleres en los territorios indígenas y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por la Argentina. "La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas", concluyó.
.

Ley Ómnibus: el Gobierno dará marcha atrás con más cambios ambientales, pero hay dudas entre los diputados

Fecha de Publicación: 12/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


La subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, expuso en comisión y aseguró que no se admitirán los desmontes en áreas protegidas. También que la Argentina cumplirá con los acuerdos internacionales para combatir el cambio climático.
Durante la tarde del miércoles, la subsecretaria de Ambiente, Ana María Lamas, expuso en la comisión de Diputados en donde se está tratando desde esta semana la Ley Ómnibus. Ante los reclamos por el retroceso ambiental que implicaba los cambios que quiere hacer el Gobierno a través de la normativa, la funcionaria hizo algunas aclaraciones e incluso adelantó que se dará marcha atrás con una modificación clave en la Ley de Bosques.
“Estamos con el desarrollo sustentable, lo ecológico, lo económico y lo social. Nuestro accionar está dirigido a eso y a la protección del capital. Natural y humano”, comenzó diciendo la funcionaria en una exposición que duró apenas 4 minutos (de 13.57 a 14.01).
“Vamos a acompañar todos los compromisos que la Argentina ha asumido con el Acuerdo de París y en la COP28. Vamos a estar atrás de los temas de los gases de efecto invernadero, su minimización y el uso de todo el financiamiento internacional que existe para atacar, mitigar y adaptar al cambio climático”, agregó.
Puntualmente, Lamas aseguró que quitarán el artículo 500 en donde se modificaba la Ley de Bosques (26.331) y que iba a permitir desmontes en zonas amarillas y rojas (I y II), algo que hoy está prohibido.
“El tema de bosques nativos es muy importante, es un tema de financiamiento internacional muy importante que tenemos y estos cambios nos impedirían exportaciones muy importantes. Si no cuidamos nuestros bosques, no las vamos a poder hacer. Por un error se incluyeron las categorías 1 y 2 y se va a eliminar ese punto de la ley”, dijo. Esta sería la segunda marcha atrás que da el gobierno en términos ambientales en una semana. Ya lo había hecho con la desregulación del régimen pesquero que pretendía establecer y que fue rechazada por gobernadores patagónicos y el sector.
Sin embargo, Lamas no hizo referencia a otra modificación que se haría en la normativa si se aprueba la Ley Ómnibus que es que la Ley de Bosques ya no se financiaría con una parte del presupuesto, sino a través de la voluntad del Ejecutivo, donaciones y créditos internacionales.
Después, la funcionaria aclaró que los cambios en la Ley de Quema -que habilitarían quemas en campos de manera tácita si no se recibe respuesta del Estado en 30 días- es una herramienta “fundamental” y que está permitida, pero que “se tiene que hacer con cuidado”. “Las provincias tienen que controlar”, aseguró.
Finalmente, se refirió a la Ley de Glaciares, uno de los puntos que más rechazo generó porque modificaba la definición y daba a entender que podían realizarse actividades productivas en las áreas que rodean a los glaciares. “Con respecto a la Ley de Glaciares, lo que intentamos hacer aquí fue brindar una definición y seguridad jurídica. Nunca los glaciares van a ser tocados para hacer ningún tipo de actividad, tampoco los periglaciares activos. Solo estamos diciendo que las provincias tienen la facultad, con sus leyes, de verificar que si se quiere hacer alguna actividad sobre el periglaciar no haya ningún impacto, sobre todo en los temas hídricos”, dijo Lamas.
Pese a que esta es la primera vez que el Gobierno comunica formalmente ciertos ejes ambientales y se comprometió a rever algunos artículos, muchos diputados no quedaron conformes con la exposición de Lamas.
“Con sus palabras, la subsecretaria dice que van a respetar los convenios y metas internacionales y nacionales comprometidas, pero el texto de los artículos dicen otra cosa”, dijo a TN Carolina Yutrovic, diputada de Unión por la Patria. Y sumó: “Nos pide que estemos tranquilos, que fue un error incluir las zonas de bosques I y II, pero no ingresan formalmente esas modificaciones”.
Yutrovic, como parte de Unión por la Patria, pide que el proyecto se debata en las comisiones específicas y se convoquen a las organizaciones de la sociedad civil que “trabajan y contribuyen activamente en cada uno de los temas”.
En la misma línea se expresó Maximiliano Ferraro de la CC: “Aclaró un tema que nos preocupaba bastante que era la habilitación de desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques, que aparentemente se habría tratado de un error. Sin embargo, no ahondó en distintas modificaciones que implican regresión o al menos una falta de prevención en materia de protección ambiental. Por ejemplo, la habilitación de desmontes sin autorización previa ni participación pública en la categoría de menor protección”.
Y agregó: “Nos hubiera gustado tener más información sobre los proyectos productivos que requerirían flexibilizaciones a la Ley de Glaciares, o las razones que justifican habilitar autorizaciones tácitas para la actividad de quema, que si bien existe y tiene fines productivos, también implica riesgos que deben observarse”.
“Fue pobre la exposición, se limitó a dar un par de respuestas bastante restringidas dentro de los muchos temas que se plantearon”, analizó a TN Carlos Villalonga, ambientalista y exdiputado. “Queda claro que sí se eliminan los fondos de la Ley de Bosques lo que es muy complicado porque esta ley le encomienda a las provincias a que hagan un esfuerzo y ese esfuerzo se sostiene con un fondo nacional, sino no hay manera que puedas desarrollar un plan de gestión, de contención y de compensaciones para bosques que no van a ser talados. El costo no lo pueden pagar solo las provincias que tienen bosques nativos”.
“No hay ninguna indefinición o de inseguridad en cuanto a la ley. Al contrario, lo que la modificación nos trae es incertidumbre y abre todos los conflictos de nuevo, en un tema en el cual no tenía necesidad. La minería no está teniendo un parate por la ley de glaciares.
.

UICN Argentina pidió al Congreso Nacional que se rechace las modificaciones en materia ambiental propuestas en el proyecto de Ley Ómnibus

Fecha de Publicación: 06/01/2024
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Nacional


Desde el Comité Argentino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) emitieron una declaración pública para dar a conocer su preocupación por los alcances del proyecto de Ley Ómnibus del Poder Ejecutivo Nacional en que proponen modificaciones que implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados con la Ley de Bosques, Ley de Quema y Ley de Glaciares. «Colisionan de lleno contra principios jurídicos vigentes y normas que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales en la Argentina», señalaron.
UICN Argentina pidió al Congreso Nacional que se rechace las modificaciones en materia ambiental propuestas en el proyecto de Ley Ómnibus Las organizaciones de la sociedad civil integrantes del Comité Argentino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) expresaron sábado – a través de un comunicado- su “profunda preocupación” por las medidas contenidas en el proyecto de Ley ómnibus enviado este 27 de diciembre al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
“El proyecto vulnera el principio de no regresión ambiental, consagrado en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) dado que los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados”, advierten desde la UICN Argentina.
Por otra parte, indican que varias de las medidas propuestas de modificación suponen “serios retrocesos en la legislación ambiental lograda tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de consenso entre diversos actores sociales, a lo largo de los últimos años en la Argentina”, remarcaron.

En particular, el texto incluye modificaciones en:
-  Una modificación a la Ley 26.331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos aprobada en el año 2007, permitiendo el desmonte en las zonas categorizadas como rojo y amarillo, en las cuales el desmonte está prohibido por ser áreas con indicadores de valor ambiental o ecosistemas únucis, debiendo conservarse a perpetuidad o destinarse a uso sostenible, respectivamente. Según la modificación propuesta se habilitarían, previo cumplimiento de los requerimientos de la Ley General del Ambiente, “proyectos de desmonte de bosques nativos para los que se encuentren bajo la categoría I y II”, es decir, categoría roja y amarilla. Así, estas áreas que hoy suponen más del 70% de los ordenamientos territoriales declarados por las provincias pasarían a quedar desprotegidas.
Por su parte, el proyecto flexibiliza el desmonte en áreas verdes, hoy sujeto a previa evaluación de impacto ambiental y audiencia pública.
Además el proyecto vacía de financiamiento a la Ley de Bosques ya que quita de las fuentes que aportan anualmente al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos al 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones al agro. La Ley 26.331 pasaría a obtener los fondos que anualmente decida asignar el PEN y otras fuentes menores.
Propone, asimismo, eliminar la mención al acceso a la información y participación de pueblos indígenas y las comunidades campesinas, en contradicción con el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, marginando al mismo tiempo a los sectores en mayor vulnerabilidad en relación con los bosques nativos.
-  En materia de Ley de quemas, el proyecto del gobierno mantiene la definición vigente de “quema” pero agrega una de “aprovechamiento productivo” como toda “actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno”. Esto permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen, etc.
Por otro lado, mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización. Pero el proyecto propone un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud. En caso de falta de respuesta, se considerará que la quema ha sido autorizada “tácitamente”.
De esta manera, el silencio es interpretado de manera positiva generando una ficción legal que permitiría de manera tácita avanzar con quemas sin presencia ni control de parte de las autoridades locales especializadas en Manejo del Fuego, y sin ponderación de parámetros ambientales, incluyendo acumulativos, de tipo técnicos relativos al manejo del fuego, y cuidado de la seguridad y salud pública.
Para atender el flagelo de los incendios que arrasan con bosques, pastizales y humedales se necesita de un robusto y permanente monitoreo y accionar preventivo de parte de las autoridades, trabajando mano a mano con la comunidad y con financiamiento.
-  Se propone modificar la Ley 26.639 de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglaciar prohibido hoy en la norma vigente, recortando su definición amplia vigente y condicionando su protección al cumplimiento de requisitos restrictivos y discrecionales. Esta medida es una clara respuesta a un reclamo histórico del sector minero, que busca aumentar sus beneficios económicos en detrimento de la preservación socioambiental y la protección de áreas resguardadas por ley.
-  Modificaciones propuestas para la Ley 24.922 de régimen federal de pesca promulgada en 1998. Se propende a flexibilizar el proceso para otorgar permisos de pesca con cambios a las condiciones y prioridades hoy dispuestas y concentrando ese otorgamiento en la autoridad de aplicación, sin involucramiento del Consejo Federal Pesquero.
Por otro lado, implicaría liberar las aguas tradicionalmente reservadas a pesqueros de bandera argentina, derogando preferencia de personas de nacionalidad argentina en tripulaciones y la obligatoriedad de desembarcar la producción pesquera en puertos argentinos. Esto podría tener consecuencias graves para el sector, puestos de trabajo, y promover usos que no sigan pautas de conservación ni consideren los impactos sobre la biodiversidad marina.
-  Respecto a los mercados de carbono, el proyecto de ley se enfoca en el establecimiento de estos mercados que suponen una visión mercantilizadora de la naturaleza y sin hacer referencia a la necesidad y urgencia de reducir las emisiones desde las fuentes, ni a los compromisos internacionales de reducción de emisiones.

Por todo lo mencionado, las organizaciones de la sociedad civil del Comité Argentino de la UICN realizaron un llamado público a ambas Cámaras del Congreso Nacional a “no hacer lugar a estas propuestas del proyecto de Ley ómnibus del PEN que colisionan de lleno contra principios jurídicos vigentes y normas que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales en la Argentina.
Modificar estas leyes ambientales no sólo impactará negativamente en la conservación, uso sostenible y restauración de la biodiversidad, sino también en los resultados económicos productivos de las distintas actividades socioeconómicas involucradas que se pretende beneficiar”.
Finalmente, sostuvieron que además “arriesgan seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los foros multilaterales ambientales”.
El Comité Argentino de la UICN actualmente nuclea a 11 miembros: Administración de Parque Nacionales (APN), Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca); Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Fundación Bosques Nativos Argentinos; Fundación Biodiversidad (FB); Fundación Habitat y Desarrollo; Fundación Patagonia Natural (FPN); Fundación ProYungas (FPY); Fundación RIE; Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) y Secretaría de Ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .
.

Grave: Milei busca reformar la ley de Glaciares, de Quema y de Bosques para promover la actividad comercial

Fecha de Publicación: 29/12/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno envió al Congreso un paquete de reforma del Estado que, entre varios puntos polémicos, plantea una serie de desregulaciones que afectan legislaciones vinculadas a la conservación y protección del medio ambiente como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un paquete de reforma del Estado y de la actividad económica, denominado ley "ómnibus", que contempla diversos puntos polémicos, entre los cuales se encuentran una serie de desregulaciones que afectan legislaciones vinculadas a la conservación y protección del medio ambiente como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
A través del proyecto de ley denominado "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", enviado por el Poder Ejecutivo para ser tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, se propone la modificación de las tres normativas para promover la actividad comercial y desregular el control sobre el medio ambiente.
En las consideraciones del texto señalan que "en el área de medio ambiente se sugieren cambios en la ley de quema, permitiendo a los productores a realizar cortafuegos y acciones preventivas hoy vedadas por la legislación" y se impulsarán cambios en el Fondo de bosques nativos "que pasará a financiarse directamente del Presupuesto, y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin".

Cambios en la Ley de Glaciares
Además, plantean "una modificación a la Ley de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglacial, revirtiendo un avasallamiento del poder federal sobre las provincias".
Puntualmente, sobre este último punto, el proyecto modificar la definición de protección de ambiente periglaciar para circunscribirla exclusivamente aquellos en los que se encuentren geoformas protegidas, por lo que se excluirá de las mismas a los ambientes periglaciares que no contengan glaciares de roca o escombros activos.
Además, excluye también a aquellas geoformas protegidas que actualmente no se encuentren incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares, no cuenten "con una perennidad continua de al menos 2 años o más", no tengan "una dimensión igual o superior a 1 hectárea" ni tampoco pueda demostrarse "una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas".
Por otro lado, modifica la definición de glaciar, la cual actualmente es entendidas como "toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo".
El nuevo proyecto plantea la siguiente definición:
La protección que se dispone en el artículo 1º se extiende: dentro del ambiente glaciar, a los glaciares descubiertos y cubiertos, y dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de roca o de escombros activos, según lo previsto en el artículo 1º y las definiciones que se establecen a continuación:
a) Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, formados por la recristalización de la nieve.
b) Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria.
c) Glaciares de escombros activos: aquellos cuerpos mixtos de detrito congelado y hielo, cuyo origen está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y que constituyan fuentes de agua de recarga de cuencas hidrográficas.”

Reforma a la ley del control de actividades de quema
Con respecto a la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, el gobierno de Javier Milei propone modificar la definición actual que entiende por quema "toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación mediante el uso del fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo".
El artículo 497 del proyecto enviado esta tarde al Congreso agrega a la definición vigente que "se entiende por “aprovechamiento productivo” toda actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno.”
A continuación, el artículo 498 sustituye el artículo 3 de la normativa vigente referido a las prohibiciones que actualmente señala: "Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica".
De aprobarse la sustitución, la prohibición quedará circunscripta al tiempo de respuesta del Estado respecto del pedido de autorización de quema que solicite un privados. En caso de no haber respuesta en el plazo de 30 días, se considerará autorizada la quema.
La definición que propone la nueva normativa es la siguiente: "Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica, en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la solicitud de autorización. En el caso que transcurra el plazo de 30 días sin que la autoridad competente se expida expresamente, se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente.”

Modificaciones en la Ley de Bosques
En cuanto a la ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la normativa actual define el alcance de la protección sobre las categorías I (rojo), II (amarillo) y III (verde)
En el caso de la primera, actualmente la legislación señala que se trata de "sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse", donde se encuentran incluidas "áreas que por susubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica".
La categoría II abarca a "sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica".
En el caso de la categoría III, comprende a los sectores "de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley".
La nueva legislación propone sustituir el artículo 26 de dicha ley, el cual actualmente señala que "Para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente—, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades".
Y, además, prevé que "en todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente— y en particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes, en el marco de la Ley 25.831 —Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental—.
De ser aprobada la nueva legislación, el artículo 26 quedaría redactado de la siguiente manera: "Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 -Ley General del Ambiente-, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades.”
Por lo tanto, se eliminarán las regulaciones de los artículos 16,17 y 18 para el caso de las categorías I y II de bosques nativos.
Además, sustituye el artículo 31 sobre el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y elimina el financiamiento proveniente del 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
.

Pese a un amparo y la falta de OTBN, convocan a otra audiencia de desmonte

Fecha de Publicación: 02/12/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Este miércoles se conmemoró el Día Internacional del Yaguareté. Se estima que en la ecorregión del Gran Chaco solo quedan 20 individuos. En ese marco Greeenpeace advirtió que los desmontes presionan aún más a la especie.
En el marco del Día Internacional del Yaguareté que se conmemora todos los 29 de noviembre, se recordó que, pese a la emergencia por estar la especie en peligro de extinción, tan solo entre enero y septiembre la deforestación en el norte argentino fue de 90.755 hectáreas, un 21 por ciento más que en el mismo período de 2022. En ese marco, y con un proceso de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) sin concluir, ayer se publicó en el Boletín Oficial salteño la convocatoria a audiencia pública de desmonte.
La emergencia sobre el yaguareté continúa ya que de acuerdo a datos oficiales y al monitoreo satelital de Greenpeace, sólo entre enero y septiembre de este año  se deforestaron 90.755 hectáreas en Santiago del Estero, el Chaco, Formosa y Salta. Este total representa un 21 por ciento más que en el mismo período de 2022.
“La supervivencia del yaguareté no puede separarse de la preservación de su hábitat”, manifestó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace en Argentina. “Si queremos salvar esta especie emblemática y lo que significa para la diversidad, debemos proteger los bosques y terminar con la deforestación. Estamos al límite de perderlo y toda acción que se haga para evitar su desaparición es importante, pero todos sabemos que, sin monte, no será posible. Junto con él, también corren riesgo las demás especies que están bajo su paraguas. El tatú carreta, el quimilero, también se encuentran en peligro”, advirtió.
Por la situación en la que se encuentra la especie en la región chaqueña argentina, la asociación ambientalista presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) con el fin de suspender desmontes en las cuatro provincias norteñas.
El máximo tribunal argentino se declaró competente y por ahora espera los informes ambientales que deben enviar las provincias demandadas y el Estado Nacional a través del Ministerio de Ambiente.

Otra audiencia de desmonte
En Salta, en tanto, se espera además la finalización del proceso para contar con el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OBTN), a través del cual se dispone en qué lugares se podrá desmontar o no, o producir y de qué manera.
Pese a ello, ayer en el Boletín Oficial (y como viene ocurriendo de manera intermitente), se publicó una nueva audiencia pública de desmonte.
La convocatoria es por el desmonte o “cambio de uso de suelo con fines de agroganadería” de 719.04 hectáreas y 502.12 de protección y reserva en finca “Las Pirguas”, en el departamento Anta, en el sur provincial.
La fecha de audiencia es el 28 de diciembre próximo a las 9 en el Salón A&O Eventos, de la localidad de Las Lajitas.
Se desconoce si para los desmontes ya se habilitaron las audiencias públicas, dado que aal menos una había sido suspendida en octubre y se había previsto que iba a realizarse este martes último.
Por ahora, según trascendió, hay disputas en el seno de la Secretaría de Ambiente; la discusión de las y los técnicos está en si para autorizar estos pedidos regirá el actual (ya vencido pero vigente) mapa del OTBN o el que se prevé elevar a la Legislatura provincial, lo que ocurriría antes de que termine este año.
.

¿Cuál es la propuesta de la Mesa de Carbono Forestal Nacional?

Fecha de Publicación: 22/11/2023
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Nacional


Los importantes ecosistemas y recursos naturales brindan grandes oportunidades de generación de proyectos para la reducción y compensación de emisiones de empresas, gobiernos y personas.
“Trabajamos en la conservación, en el manejo mejorado y en la restauración de bosques nativos y en la producción forestal representando, en este último caso, el 80 % de las plantaciones forestales del país”.
Lo dijo Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa de Carbono Forestal Nacional (MCFN), la entidad que agrupa a más de 40 empresas, instituciones y personas de la cadena de valor de los mercados de carbono forestal de la Argentina con una visión futura multisectorial para un trabajo mancomunado e integrador.
“Se realiza en 20.000 hectáreas, aproximadamente, y con un potencial de mitigación de más de 1.600.000 toneladas de CO2, de los cuales ya se llevan involucradas más de 500.000 toneladas de carbono”, agregó.
Todo el mundo tiene la atención puesta en los mercados de carbono, ya que estos serán los ejes centrales de la próxima COP28.
Tanto la Argentina como América Latina resultan clave para los mercados de carbono, ya que sus importantes ecosistemas y recursos naturales brindan oportunidades de generación de proyectos de carbono para la reducción y compensación de emisiones de empresas, gobiernos y personas en todo el mundo.
Recientemente, la Mesa de Carbono Forestal Nacional difundió un informe en el cual se indica que se están evaluando, desarrollando y certificando proyectos por una superficie de más de 400.000 hectáreas a través de distintos miembros de la entidad.
La cifra equivale a dos veces la superficie de bosque perdido en el año 2022, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
Esta superficie representa, asimismo, casi 20 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA tiene 20.300 hectáreas).
De implementarse estos proyectos, permitirían capturar y prevenir emisiones por un total aproximado de 50 millones de toneladas de CO2, lo cual equivale a más del 60 % de la meta de reducciones de emisiones a 2030 establecida por la Argentina en su Plan Nacional de Bosques y Cambio Climático.
“Los proyectos de carbono forestal pueden ser para evitar o reducir emisiones de carbono, por ejemplo, mediante la conservación de bosques nativos (deforestación evitada) y la mejora en la eficiencia del uso productivo del bosque o plantación forestal (aprovechamiento mejorado)”, sostuvo Cano.
“Asimismo, para capturar carbono a través del desarrollo de plantaciones forestales y de la reforestación o regeneración de bosques nativos”, añadió.
“La demanda por proyectos de captura y reducción de emisiones certificables y verificables con impacto no sólo en carbono sino en otros servicios ecosistémicos es, en forma evidente, cada vez mayor”, afirmó.
“De hecho, este volumen está aumentando rápidamente a medida que crece la demanda”, dijo.
Según los últimos informes, los valores de los créditos de carbono han ido variando en los últimos años, con una marcada suba desde el año 2017 hasta el momento.
“En los mercados voluntarios, los precios aumentaron —en el año 2021— casi un 60 % con respecto a 2020 hasta un punto que no se veía desde 2013, alcanzando un precio promedio ponderado mundial anual por tonelada de 4 dólares para todas las transacciones informado por los encuestados de mercados emergentes, en comparación con U$S 2,52 en 2020”, detalló Cano.

La situación argentina
De los 11.800 proyectos registrados a nivel global, tan sólo 61 fueron en la Argentina; esto es, el 0,5 % del total.
Esto refleja —según se indica desde la Mesa de Carbono Forestal Nacional— que el marco político y normativo actual no estaría promoviendo, e incentivando, el desarrollo de proyectos de captura y reducción de emisiones, a pesar de las grandes posibilidades que existen y de las experiencias que ya se han desarrollado en el país.
En comparación con la distribución sectorial a nivel global, en la Argentina existen actualmente sólo dos proyectos del sector forestal certificados bajo estándares internacionales como los de Verra, Gold Standard, Mecanismos de Desarrollo Limpio, Climate Action Reserve y Plan Vivo, lo cual representa el 3 % del total de proyectos certificados en el país.
“Esto no quita que existan iniciativas de certificación y verificación en base a mismos estándares, pero certificados por organismos nacionales, dado que la inversión necesaria para una fase internacional es costosa y suele no ser accesible para muchos desarrolladores de proyectos y propietarios/usuarios de tierras con potencial para la captura y reducción de emisiones”, explicó Cano.
En tal sentido, a la hora de proyectar posibles abordajes para promover en forma real el desarrollo de los mercados de carbono en la Argentina, se considera que deberían sentarse las bases mínimas para el desarrollo de un mercado amplio y flexible.
“Se recomienda la elaboración de instrumentos para promover, apoyar y dar reconocimiento al desarrollo, certificación e implementación de proyectos de carbono y la comercialización de las capturas y reducciones que se generen”, añadió el directivo.
“Es preciso contar con seguridad jurídica para atraer inversiones que permitan desarrollar proyectos a distintas escalas y con distinto impacto ambiental, social y económico, especialmente para promover proyectos de captura y reducción de emisiones que puedan complementar modelos productivos actuales por parte de pequeños y medianos propietarios o usuarios de tierras”, señaló.
“Asimismo, como traccionar proyectos de gran escala que, de no haber garantías mínimas para su implementación y comercialización, probablemente no se realicen”, afirmó.
“Por otro lado, acciones que permitan reducir costos serían un incentivo al desarrollo de proyectos tanto de gran escala, como de mediana y pequeña”, dijo Cano.
“Sumado a todo esto, es necesario que haya claridad en la distribución de competencias y roles entre los distintos niveles de gobierno federal dentro del marco normativo e institucional de los mercados de carbono”, concluyó.
A poco más de un año desde su creación, la MCFN anunció la puesta en funcionamiento de su identidad digital, a través de su sitio (https://mesacarbono.org.ar/).
“Esta nueva identidad y plataforma de contacto es un puente para todos los que deseen sumarse y promover el desarrollo de los mercados de carbono en nuestro país y en la región”, explicó Cano.
“De hecho, en la Argentina se desarrollan proyectos de carbono forestal desde hace más de 15 años en distintas regiones y con diferentes tipos de abordajes”, agregó.

Conservación y restauración de bosques nativos
—La MCFN está conformada por, aproximadamente, 40 empresas enfocadas en el sector forestal argentino.
—Sus miembros trabajan en la conservación, manejo mejorado y restauración de bosques nativos y en la producción forestal, representando —en este último caso— el 80 % de las plantaciones forestales del país.
—Tiene como objetivos el desarrollo de temas, acciones y creación de alianzas para convertirse en un actor relevante del sector, que participe de manera propositiva en los procesos de elaboración de los marcos normativos e instrumentos de política pública para promover los mercados de carbono en el país y en toda la región.
—La MCFN se propuso elaborar un documento de posición sobre los conceptos mínimos y puntos críticos para promover los mercados de carbono en la Argentina. La propuesta es incluir: un diagnóstico del estado de situación del sector del carbono forestal a nivel nacional; un relevamiento del estado de situación a nivel internacional (con foco en la región de Latinoamérica) y lineamientos mínimos que debería tener un marco normativo para promover mercados de carbono forestal en la Argentina.
—Con este plan, se establecieron vínculos con los distintos actores en la cadena de los mercados de carbono para acercar las propuestas elaboradas y conformar grupos de trabajo conjunto, en particular con funcionarios públicos de los poderes ejecutivos nacionales y provinciales; diputados y senadores de los poderes legislativos nacionales y provinciales.
—La propuesta es, también, para referentes de los partidos políticos que están trabajando la agenda ambiental y productiva y otros actores que se identifiquen como clave para promover mercados de carbono.

(Fuentes: mesacarbono.org.ar / Iconos Press Compani).
.

La Corte Suprema se mete en una demanda ambiental contra el Estado argentino y cuatro gobernaciones

Fecha de Publicación: 04/11/2023
Fuente: elDiarioar
Provincia/Región: Nacional


El máximo tribunal se declaró competente en el caso presentado por la organización ambientalista Greenpeace en nombre del yaguareté, el felino más grande de América, en peligro de extinción frente a la deforestación de los bosques nativos de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero. La causa reavivará la tensión entre el oficialismo y los vocales del máximo tribunal.
La Corte Suprema de Justicia intervendrá en la demanda contra el Estado Nacional y las provincias del Gran Chaco argentino por la deforestación de la segunda región boscosa más importante de Sudamérica, después de la Amazonía.  
La demanda presentada por la organización ambientalista Greenpeace es de julio de 2019. La decisión del máximo tribunal, comunicada este jueves de manera oficial, venía siendo postergada desde 2022, cuando el presidente Horacio Rosatti había puesto en agenda la realización de una audiencia pública sobre el caso, originado por el amparo presentado por Greenpeace en nombre del yaguareté, el felino más grande de América y especie en extinción debido al avance del hombre sobre su hábitat. Sin embargo, la audiencia pública nunca fue convocada.  
El caso involucra importantes intereses económicos y empresariales, ya que el desmonte de la zona se profundizó con la extensión de la frontera agrícola-ganadera hacia el norte argentino. También políticos: las provincias demandadas son Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero, donde los gobiernos locales son cuestionados por ambientalistas y conservacionistas debido a las políticas permisivas con los desmontes para la soja, ganadería y el negocios de la madera. Se estima que sólo quedan unos 20 individuos en el país.
Greenpeace estimó que en los últimos 24 años (1998-2022), en las cuatro provincias del Gran Chaco desaparecieron más de 6.000.000 de hectáreas de bosque nativo, una superficie casi equivalente a la provincia de Entre Ríos o de la misma Formosa. Es el 80% de la deforestación de Argentina.
En 2022, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, dijo a elDiarioAR: “Esperamos un fallo que ordene la no deforestación en los territorios del yaguareté. Pero, además, si la Corte nos dice dentro de diez años que teníamos razón, en diez años no nos va a quedar bosque, con lo cual la medida cautelar de suspender los desmontes hasta el fallo de fondo es fundamental. Lo mínimo que esperamos es que haga efectiva una medida cautelar para frenar los desmontes lo antes posible”.
 La causa reavivará la tensión entre el oficialismo y los jueces de la Corte, quienes son investigados por presunto mal desempeño en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Tres de los gobernadores apuntados en la demanda por la deforestación son Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), políticamente alineados con distintos sectores del oficialismo. Los tres firmaron el pedido de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte, presentado por el presidente Alberto Fernández en enero de este año. El cuarto gobernador, Gustavo Sáenz, también apoyó la candidatura de Sergio Massa a la Presidencia.  

El caso
La Corte declaró este jueves su competencia en el caso y como primer paso requirió al Estado Nacional, a la Administración de Parques Nacionales y a las provincias del Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero la presentación de un informe, de acuerdo con un comunicado del tribunal. La demanda solicita al máximo tribunal ordenar la conservación y garantizar la preservación de los bosques que habita el yaguareté. Los gobiernos tienen 30 días para presentar el informe en respuesta al amparo ambientalista.
La decisión de la Corte lleva la firma de los cuatro jueces: Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Este jueves, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda rechazaron la intervención de la Corte en otro caso central para el movimiento ambientalista en Argentina: la exploración sísmica para la búsqueda de petróleo y gas en la cuenca norte del Mar Argentino, a la altura de la provincia de Buenos Aires.
La organización también había solicitado una medida cautelar para que se suspenda el desmonte en la región, algo que el máximo tribunal no ordenó hasta el momento.
La presentación de Greenpeace tomó al yaguareté como “sujeto de derechos” y solicitó que la acción sea caratulada con la especie Yaguareté como accionante. En subsidio, la entidad ambientalista se presentó como legitimado activo.
La decisión de la Corte se tomó luego de que la Procuración General de la Nación entendiera que el máximo tribunal tiene competencia para intervenir en el caso como tribunal de origen, es decir, sin que intervengan instancias previas en cada una de las jurisdicciones. La Procuración, a cargo de Eduardo Casal, se basó en la obligación legal de defender la “protección de un bien jurídico federal, el Monumento Natural especie Yaguareté, tutelado por una ley nacional”.
 “Gran parte de los bosques que se están deforestando tienen gente viviendo allí por generaciones. En algunos casos son familias indígenas. En otros casos campesinos o criollos”, dijo Giardini en 2022. “Al no haber habido un proceso de regularización de la tierra y al existir una avanzada inmobiliaria y de corrimiento de la frontera agropecuaria hacia el norte del país, aparecen nuevos propietarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que compran tierras baratas en el norte. Entonces esos desmontes muchas veces se dan sobre tierras habitadas o que las comunidades utilizan como zona de pastoreo de sus animales”, explicó Giardini.
“El desmonte acumulativo también está generando cada vez más inundaciones. Hay estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que determinan que una hectárea con bosque chaqueño absorbe en una hora 300 milímetros de lluvia; una con pasturas, 100 milímetros; y una con soja, 30 milímetros, es decir, absorbe diez veces menos con soja que con bosque”, afirmó Giardini.
.

Prorrogaron una audiencia de desmonte hasta que esté el nuevo ordenamiento

Fecha de Publicación: 03/11/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El secretario de Ambiente de Salta, José Aldazábal, aseguró ayer que se aplicará el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN, que está próximo a conocerse) a las audiencias públicas de desmonte que se solicitaron este año.
“Con el de ahora”, respondió el funcionario provincial a la consulta de Salta/12 sobre cuál OTBN se aplicará a los pedidos de autorización de desmontes presentados este año. Mientras se avanza con el nuevo OTBN los cambios de uso de suelo se encuentran suspendidos.
El viernes último se publicó la resolución 258 del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, por la cual se dispuso la prórroga de la audiencia pública en el marco del pedido de la firma “Río Horcones SA” para el desarrollo de una superficie de 541 hectáreas netas de desbajerado a habilitar, y 399 hectáreas de protección y reserva, en la finca “Estancia Aragón”.
En sus considerandos, el instrumento legal indica que la solicitud de que se suspendan las audiencias hasta que esté listo el nuevo ordenamiento fue de representantes del Instituto de Investigaciones en Energías no Renovables (INENCO), el CONICET, la Universidad Nacional de Salta, INTA y el INAI, organismos que también tienen a sus representantes en el equipo técnico del Consejo Asesor del OTBN, cuya revisión está en sus instancias finales.
En la resolución se especifica que pidieron la suspensión “de todas las Audiencias Públicas convocadas por proyectos de cambio de uso de suelo en los bosques nativos de la Provincia de Salta hasta tanto se apruebe el nuevo mapa, fundando tal petición en que estas audiencias, suspendidas desde hace aproximadamente 18 meses por decisión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, no se deberían reanudar habida cuenta de lo avanzado del proceso de revisión del mapa actualmente vigente. Si así se hiciera, se pondría en riesgo la credibilidad de todo el proceso”.
Aunque son más las audiencias públicas que se dieron a conocer por el Boletín Oficial, Aldazábal afirmó que dos particularmente se encuentran con proyectos sobre bosques nativos y por lo tanto, podrían ser incongruentes con la próxima actualización del OTBN.
Por estas razones se decidió prorrogar la audiencia pública para el 28 de noviembre para posibilitar que se la evalúe  según las definiciones que otorgue la base del OTBN actualizado, que estaría listo la semana que viene a más tardar. Así lo indicó el secretario de Ambiente. “Entonces deberán adecuarlo”, dijo al ser consultado sobre el hecho de que el procedimiento fue trazado sobre la base del OTBN vigente desde 2009, que se verá modificado con el del 2023.
En la resolución se indica además que Aldazábal no puede intervenir en las actuaciones dado que en su momento actuó como técnico responsable de este proyecto, antes de asumir al frente de la Secretaría.
.

Ordenamiento territorial: no suman hectáreas para producir y definirán reubicaciones

Fecha de Publicación: 28/10/2023
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


En la revisión del mapa que determina zonas verdes, amarillas y rojas aplican criterio de no regresividad.Presentan cuatro escenarios con opiniones de todos los participantes del Consejo Asesor.
Más de 130 representantes de distintas instituciones se reunieron ayer para actualizar el mapa provincial de áreas protegidas que dispone la ley nacional de bosques. Se confirmó que no sumarán áreas para producir más, solo se podrán cambiar ubicaciones.
Académicos, comunidades indígenas y actividades productivas, legislativo, gubernamental y judicial, reunidos por el Consejo Asesor de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), tuvieron la tarea de presentar cuatro escenarios en los que quedarán reflejadas de manera vinculante las opiniones de todos los participantes.
De los cuatro saldrá el mapa definitivo, que se confeccionará bajo un sistema en el que primará la posición mayoritaria de los grupos, y en el caso de empate de posiciones el color asignado se definirá bajo un criterio técnico, que será puesta a consideración.
Organizados en grupos acordes a cuatro perspectivas, trabajaron para consensuar mapas de zonificación, donde queda reflejada su opinión vinculante. Cada representante de institución asignó valores de cero a cien, según la mirada de la organización a la que representa, a los colores amarillo, verde y rojo. Al finalizar se labró el acta correspondiente con el mapa unificado por grupo.
José Volante, parte del equipo técnico del OTBN, expresó que la ley de bosques prevé que el ordenamiento debe basarse en un principio de no regresividad. Esto significa que se debe avanzar hacia un medio ambiente sano, saludable y no se puede volver a etapas de menor calidad ambiental que la que había anteriormente.
Afirmó que en el ordenamiento territorial del año 2008 había en rojo 1.278.000 hectáreas, en amarillo 5.333.000 hectáreas y en verde 1.000.000 de hectáreas aproximadamente. El principio de no regresividad menciona que no puede haber más zonas verdes, o sea, más hectáreas agropecuarias que las que ya estaban en el 2008. Además, no pueden haber menos hectáreas de las categorías rojas y amarillas.
"Entonces, podemos ir a tener más áreas amarillas y más áreas rojas, pero no menos. Entonces, ¿qué estamos discutiendo acá? Lo que estamos discutiendo es la ubicación de estas hectáreas. De ese millón de hectáreas que quedan para ordenar, para replanificar, lo que estamos haciendo acá ahora es, con toda esta información nueva que hemos compilado, viendo una reubicación de esas hectáreas", explicó el técnico del INTA.
José Volante detalló que hay criterios que la ley menciona que tienen que ver con tres condiciones. Una que tiene que ver con una calidad vinculada con la protección de la biodiversidad, otra una calidad de sitio o aptitud para la producción forestal sustentable y otra con una aptitud para la producción agropecuaria.
"En las 5 millones de hectáreas de amarillas se pueden hacer proyectos sustentables productivos. En esas áreas se puede hacer hasta ganadería. La ley junto con un decreto y un acuerdo que se hizo entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente de la Nación llegaron a un acuerdo para permitir hacer ganadería bajo monte con un sistema que se llama manejo de bosque, con ganadería integrada que permite la desarbustización, o sea quitar los arbustos, conservar los árboles y hacer producción silvopastoril con unas condiciones técnicas que deben cumplir, pero se puede hacer producción ganadera en la amarilla", remarcó el técnico del INTA José Volante.
.

"En Misiones, el control de la deforestación se da por las denuncias de las comunidades indígenas"

Fecha de Publicación: 16/10/2023
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Misiones


El Pueblo Mbya Guaraní es el garante del monte nativo en Misiones, donde las empresas multinacionales Arauco y Carba avanzan con el monocultivo de pinos detrás de las políticas de “bonos verdes”. La responsabilidad del Gobierno provincial y el incumplimiento de las leyes de Bosques y Emergencia Territorial Indígena. Diálogo con una abogada del equipo Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).
Según estudios y relevamientos oficiales, la tasa de deforestación en la provincia de Misiones ha disminuido debido a la aplicación de la Ley de Bosques y el interés por la biodiversidad. Sin embargo, desde las comunidades originarias que allí residen señalan que se oculta el fenómeno de la plantación del monocultivo de pinos, que ha provocado la sustitución del monte nativo. Para contarnos cómo es el panorama sobre el avance de la deforestación en territorio ancestral de las comunidades Mbya guaraní, entrevistamos a Roxana Rivas abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y miembro del equipo misionero de Derechos Humanos Justicia y Género. La falta control por parte de los organismos y el Estado, en particular el Ministerio de Ecología provincial, a pesar de las denuncias de las comunidades indígenas; el rol de las empresas extractivas Arauco y Carba con la excusa de los proyectos de bonos verdes y la falta de políticas concretas para frenar la deforestación ilegal.

—¿Cómo es la situación ambiental en relación a la  deforestación a nivel general en la provincia?
—La provincia viene en teoría con una disminución de tasa de deforestación en términos generales, esto tiene que ver con la aplicación de la Ley de Bosques, con la declaración de "interés por la biodiversidad" a nivel provincial. También hay que decir que, en este último tiempo, apareció el negocio de los bonos verdes (mecanismo financiero establecidos en el Acuerdo de París en 2015 para financiar proyectos "sustentables" que tienen como parámetro "preservar el medioambiente"). Por eso se muestra un cierto atisbo de que se está frenando la deforestación. Sin embargo, la realidad es que cuando se habla de los procesos de deforestación en la provincia se oculta, hace mucho tiempo, que este mecanismo financiero es una propaganda política para hablar de la plantación de pinos como forestación. En realidad, lo que hubo fue una sustitución importante de lo que es la selva y el monte nativo a partir de la extensiva plantación de los pinos que son, principalmente, de propiedad de la multinacional Arauco, antes era Alto Paraná. Arauco es la principal empresa con la que hay conflictos en la defensa de los territorios.  En cuanto a la aplicación de la Ley de Bosques, están haciendo bandera con la recuperación de zonas de conservación, asignándoles valores alto, medio o bajo por zonificación, que hace que una parte del monte sea plausible de algún tipo de actividad forestal o ganadera o cambio de uso de suelo y cuáles no.

—¿Cuál es el control que realiza el  Estado de estas actividades productivas en las zonas de conservación?
—Con el trabajo en territorio notamos que hay una ausencia notoria de los organismos de control estatales. Más allá de los permisos de deforestación que se autorizan, en las cuales desde Emipa intervenimos frenando por un sinfín de situaciones, lo cierto es que en las zonas de conservación está presente la actividad extractivista de las grandes empresas y también la deforestación furtiva, ilegal. En el departamento de San Pedro, por ejemplo, que sería la zona norte o Alto Paraná, el desmonte está absolutamente sin control, a pesar de las denuncias que se vienen haciendo y es sobre el monte nativo. Es un fenómeno que, se supone, el Ministerio de Ecología provincial debe controlar y, en teoría, lo hacen a través de sus mapeos satelitales, pero no da información cierta, lo que significa que ahí no interviene ningún organismo para su autorización o control sino que es puramente furtivo.  Es notoria la ausencia del Estado porque, a pesar que se denuncien y se hagan todos los reclamos habidos y por haber, no hay una política pública concreta para frenar esto. El problema es que esta madera sin registrar circula en camiones y hay todo un negocio alrededor de eso.

—¿De qué manera intervienen ustedes junto a las comunidades frente a esta situación de desmonte?
—Las comunidades Mbya guaraní que viven en la provincia son la única etnia que, mayoritariamente, residen dentro de territorios en los que todavía hay monte nativo. Entonces, el control que nosotros hacemos del desmonte, de la deforestación, viene a partir de la denuncia que las comunidades hacen. Ellos son los verdaderos efectores de ese control, y en nuestros casos, por ejemplo, los conflictos más importantes que venimos trabajando son con empresas como Carba y Arauco. Estas empresas son multinacionales conocidas, que tienen diferentes inversiones en la provincia. Carba, por ejemplo, una empresa que en provincias como Mendoza y Córdoba tienen mineras, en Misiones tienen una actividad forestal muy ínfima en relación a lo que sería Arauco. Pero tienen grandes extensiones de territorio de monte nativo, que es sumamente apreciable y en la cual además conviven con las comunidades indígenas, que reclaman y reivindican estas extensiones como su territorio ancestral. Muchas de las comunidades cuentan con los relevamientos territoriales, que otorga la Ley 26.660 de Emergencia Territorial Indígena.

—¿Cómo se plantea la defensa de estos territorios?
—En esos escenarios, donde convive una empresa que tiene un título registral y las comunidades que tienen su relevamiento territorial,  tenemos más herramientas para la defensa. Son zonas de conservación de monte nativo, donde toda actividad que se desarrolle dentro de ese territorio debe ser a través de un proceso que se lleva adelante bajo supervisión del Ministerio de Ecología. En este proceso se ponen en discusión lo que se llaman proyectos o planes de manejo "sustentable o sostenible", que tienen que pasar una serie de pasos inevitables, entre ellos la consulta previa, libre, informada y de buena fe a los pueblos indígenas que habitan ese territorio y de ahí recién salen las resoluciones que habilitan o no estos proyectos.  Desde Emipa, hemos podido frenar, durante más de cuatro años, un proyecto de Carba en el municipio de Ruiz Montoya, porque las cinco comunidades indígenas que vive ahí, entre las cuales la más intensa en la defensa es la comunidad de Ka’a Kupe, apoyada por las autoridades asamblearias de todos los pueblos indígenas de Misiones, ya no conciben ningún tipo de desmonte.

—¿Cuál es el posicionamiento de las comunidades frente a estos planteos de manejos "sustentables" de las empresas?
—Para las comunidades esto de lo "sustentable" dentro del mapeo de conservación de la zonificación de bosques y en sus territorios no tiene ningún tipo de significación ni ecológica ni económica. Ellos no quieren que se toque un árbol más. Y esa lucha es bastante intensa. Nosotros pudimos lograr la declaración de nulidad de un plan de manejo del monte nativo a través de recursos jurídicos, administrativos y también de la presencia de las comunidades frenando el desmonte. Ahora estamos en proceso de realización la consulta, que el Ministerio de Ecología no había hecho en aquel proyecto de Carba. A su vez, lo que fuimos haciendo con el equipo que acompaña las luchas territoriales, fue iniciar una demanda de titularización a partir del relevamiento con el que cuenta la comunidad de acuerdo a Ley de Emergencia Territorial Indígena. Llevamos esta discusión al escenario judicial, porque hasta ahora veníamos esperando la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que no salió nunca y que difícilmente en este contexto político se dé.

—¿Cómo está distribuido el territorio en el que operan las empresas extractivas forestales y cuáles son los conflictos con las comunidades indígenas?
—Aproximadamente cinco comunidades indígenas conviven dentro del territorio ancestral con la empresa Carba. Con Arauco son más de 14, o sea, son muchas comunidades y Arauco tiene muchísimas extensiones, alrededor del 20 o 25 por ciento de la superficie forestada, porque monte ya casi no queda, lo tiene Arauco, la principal empresa forestal que explota la selva misionera con el monocultivo de pino. Arauco sí tiene como principal actividad económica en la provincia la extractivista a diferencia con Carba, que sus negocios estaban también en otro lado. Entonces, con Arauco la pelea es un poco más compleja porque ellos han logrado durante este último tiempo, históricamente, ir avanzando con la forestación de pino en lo que antes era el monte nativo. Entonces, las comunidades indígenas con las que conviven, la mayoría tienen muy poco monte nativo. En San Pedro Pozo Azul, que limita al norte con Brasil, parte de ese territorio que está siendo desmontado ilegalmente, también es propiedad de Arauco y otros, como, por ejemplo, la empresa Harriet, una empresa de negocios forestales que ha abandonado la zona por la Ley de Bosques. Entonces, para ellos pareciera que es más fácil dejar que se desmonte por desmonte ilegal. Y cuando ya esté perdido el monte, ellos podrán eventualmente ingresar y será más fácil aprobarse los proyectos de reforestación con la aplicación de proyectos de bonos verdes. Por eso, la convivencia es un poco más compleja.

—¿Nos podemos explicar más sobre la mecánica de proyectos con bonos verdes?
—Los bonos verdes son un sistema de compensación de carbono o carbono "cero neto". Arauco es una de las pocas empresas en las que esta compensación le da cero. Ellos tienen una cantidad suficiente de forestación y de propiedades, ya sea por monte nativo o por su propia forestación, ya que el monocutivo de pino califica para los bonos verdes, que no estaría debiéndole nada, de compensación en ese sentido a la provincia. Por eso, ellos pueden deforestar tranquilamente en otros territorios. Entonces es una empresa que tiene poder, entre otras cosas, con incursiones complejas en el territorio.

—¿Cómo describirías esas incursiones de la empresa en el territorio?
—Ellos cuentan con un equipo de profesionales que están abocados a la cuestión de la comunidad Mbya guaraní. Entonces, están todo el tiempo supervisando, visitando a las comunidades, asumiendo ese rol un poco paternalista, si se quiere. Siempre como dueños, ofreciendo agua, luz, o sea, tratando de tener un vínculo más clientelar, que les habrá servido para disminuir cualquier tipo de conflicto. Pero hoy la situación de las comunidades Mbya guaraní es que no están tolerando ni siquiera las visitas, porque lo que hay es un empoderamiento, si se quiere, de la titularidad que tienen sobre ese territorio. Por ejemplo, en las que nosotros acompañamos, en la zona de Arauco, como las comunidades de Andrés Guasurari, de Tacuapi Merí y Puente Quemado 2, que son las que se están confrontando con esta empresa. En Puente Quemado 2, hace dos años hubo incendios que casi destruyeron el poco monte que había en la comunidad, dentro de un proceso de reforestación que incluía, por ejemplo, un proyecto de una universidad nacional para reimplantar monte nativo. La comunidad la rechazó reafirmando que es necesario dejar que el monte se restablezca por sí mismo, porque además tienen los elementos para poder hacerlo, para que se restaure naturalmente.  Desde Emipa, hicimos todo un informe con un especialista, con un ingeniero agroforestal, que dio cuenta exactamente de eso, que esa zona tiene la posibilidad de restablecerse. Eso implicó que esta comunidad, que es muy pequeña, pero que está muy fortalecida, esté rechazando la presencia constante que tenía Arauco sobre su comunidad.

—¿De qué manera se vinculan desde Emipa con las comunidades para enfrentar a las empresas extractivas?
—Una de las cuestiones interesantes es el proceso de empoderamiento que tienen las comunidades. Nosotros trabajamos con ellos desde el equipo de pastoral aborigen. Aclaro que es un equipo que pertenece a la Iglesia, pero es ecuménico, que tiene premisa ética, la no evangelización. Nosotros solo intervenimos en cuestiones vinculadas a su territorio y cuando nos lo demandan. Las demandas han sido, durante estos últimos años, la obtención del título de propiedad comunal y la no incursión de ningún tipo de actividades dentro de su territorio ancestral, aún en los casos en los que ya esos territorios tenían pino implantado por las empresas, por ejemplo. Entonces ellos dicen que saquen el pino, que se regenere, o que ellos se encargarán de eso. Por ejemplo, para la comunidad de Puente Quemado, el incendio para ellos fue un signo. Porque lo que se incendió masivamente fue el pino, ¿no? Y una vez que se incendió, empezó a brotar la capuera, como le dicen ellos a los brotes en la tierra desmontada, con los árboles que son los ancestrales. Entonces todo eso es un proceso sumamente interesante y que demanda mucho trabajo y mucho compromiso y también mucha resistencia al sistema.

—¿Cómo continúa el acompañamiento de Emipa a las comunidades?
—Actualmente, tenemos cuatro demandas iniciadas por escrituración y tenemos una en la que ya se obtuvo la devolución de tierras por parte de la Universidad de La Plata. Se trata de más de 6.000 hectáreas en una zona de reserva, que es la del Valle del Cuñapirú, en la que estamos ahora haciendo otro proceso judicial para reivindicar lo que pasó en el tiempo en el que se estuvo discutiendo la devolución del territorio a las comunidades. El poder político, sobre todo de esa zona, agitó mucho la usurpación. Entonces también la usurpación implica que las personas que ingresan, muchas de ellas ni siquiera respetan que eso era una reserva ecológica. Y bueno, empiezan los conflictos de convivencia.
.

Por qué la Argentina avanza hacia una posible catástrofe ambiental

Fecha de Publicación: 09/10/2023
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional


La falta de políticas adecuadas y de controles facilitan las prácticas ilegales que atentan contra el medio ambiente. Un informe revela la grave situación que enfrenta el país
Mientras los problemas urgentes concentran la atención de los políticos y la sociedad, la crisis ambiental que vive el mundo avanza en silencio. El cambio climático es consecuencia, en gran medida, del accionar del hombre y la falta de controles.
Hay motivos que tienen que ver con el desarrollo industrial inevitable que marcha a la par del crecimiento de la población en detrimento de los recursos naturales. Pero hay también una parte de ese accionar que es resultado de prácticas ilegales y falta de controles que provocan daños irreparables para el medio ambiente.
La Argentina no está ajena a esa problemática y se manifiesta en distintas áreas que la llevan hacia un colapso ecológico. Por ejemplo, la organización Greenpeace elaboró un informe que señala que en el norte del país se deforestaron 90.755 hectáreas  en lo que va de este año, un 21% más que en el mismo período de 2022. La sequía que afectó en los últimos años la región productiva del país es una muestra del efecto de estas prácticas.
La situación más grave se produjo en Chaco y Santiago del Estero, donde casi todos los desmontes son ilegales, ante la pasividad de los gobiernos locales.
“Es muy preocupante este aumento de la deforestación y, sobre todo, que la mayoría sea ilegal. Resulta evidente que las multas económicas no son suficientes como sistema de disuasión. Cuando son bajas, los empresarios las incluyen como parte de los costos de producción; y cuando son altas ponen sus abogados para no pagarlas. Además, casi nunca se reforesta. Por otro lado, es claro que hay complicidad de muchos funcionarios en la violación de la Ley de Bosques”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El relevamiento de la organización ecologista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estimó que entre enero y septiembre de 2023 la deforestación en Chaco alcanzó las 41.848 hectáreas; en Santiago del Estero 30.828 hectáreas; en Formosa 12.498 hectáreas; y en Salta 5.582 hectáreas.  El total es de 90.755 hectáreas, una superficie equivalente a 4,5 veces la ciudad de Buenos Aires, mientras que en el mismo período en 2022, fue de 74.698 hectáreas.
La principal causa de la pérdida de bosques, sobre todo en la región del Gran Chaco - el segundo ecosistema forestal más grande del continente - es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exportan a Asia y Europa.
“Es hora de terminar con la impunidad de arrasar con nuestros bosques. Convocamos a la gente a participar de la consulta popular para votar si está de acuerdo con penalizar a los responsables de desmontes ilegales e incendios forestales. La deforestación provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia”, señaló Giardini
.

Activistas y dos comunidades Mbya Guaraní realizaron una protesta contra Arauco Argentina “reforestando con especies nativas”

Fecha de Publicación: 23/09/2023
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones


La semana pasada, ArgentinaForestal.com publicó la política empresaria que lleva adelante Arauco Argentina SA con los avances del Programa Paisaje Productivo Protegido, en conjunto con la Fundación ProYungas que lidera el proceso con componentes socioambientales, de planificación territorial, comunicación y alianzas estratégicas para mejorar el diálogo con la comunidad donde está inserta.
En la oportunidad, directivos de la compañía informaron el patrimonio actual de tierras, explicaron que no se realiza operaciones forestales en áreas de Selva Misionera ya que la provincia tiene legislación vigente al respecto y también los estándares internacionales de servicios ecosistémicos y manejo forestal sustentable de FSC se los exige, entre otros aspectos socioambientales que están llevando adelante.
Arauco tiene en el país en total una superficie de 262.500 hectáreas, de las cuales 232.900 están en Misiones y 29.600 en el Delta del Paraná (Buenos Aires y Entre Ríos). De ellas, destina un 45% en forma voluntaria a la conservación de reservas naturales y áreas de bosques nativos, lo que representa 115.000 hectáreas, principalmente de Selva Misionera, un ambiente amenazado a nivel mundial.
La compañía no tiene planes de expandirse en Misiones tras la ultima aprobación de compra de los activos de la ex Pecom Forestal en 2004, desde entonces, su meta es lograr mayor eficiencia productiva en la misma superficie y avanzar para ello en la mejora continua de los aspectos socioambientales en el territorio.
Sin embargo, las preocupaciones siguen vigentes en el territorio. La Comunidad de Puente Quemado II  viene escalando en denuncias desde el 2022, cuando un incendio afectó las plantaciones de la empresa y también llegó hasta la zona de viviendas de los indígenas. Desde entonces, la comunidad reclama que se reforeste el área con bosques nativos: “No queremos pinos”, dicen.
Desde Greenpeace difundieron este martes un comunicado reflejando el reclamo que llevaron adelante junto a dos comunidades Mbya en la zona norte de Misiones. “Arauco es una corporación que opera en treinta países y en la provincia de Misiones tiene unas 230.000 hectáreas – NdR: un 45% en conservación voluntaria- , de las cuales cerca de 120.000 son plantaciones de especies exóticas donde antes había Selva Paranaense”.
En Misiones, según legislación vigente y datos oficiales del Ministerio del Agro y Producción hay 419 mil hectáreas forestadas de pino, eucalipto y araucarias , entre otras especies, en propiedades privadas con destino a uso de producción de madera renovable. Hoy, de la producción forestal se abastecen más de 600 industrias medianas, pequeñas y micro.
La provincia de Misiones es líder en el país en el desarrollo de la cadena de valor de la foresto-industria, y junto a la actividad del Turismo de naturaleza, se posiciona a nivel global por su desarrollo sostenible donde encontró un equilibrio entre la producción y el ambiente, con la aplicación de normativas y legislación vigente.
También tiene otras actividades productivas como té, yerba mate, tabaco, y otros cultivos agrícolas, donde antiguamente hubo selva.
.

Tierra roja y desmontada: tala ilegal de árboles en Misiones

Fecha de Publicación: 20/09/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Misiones


El escenario de desmonte es propicio para la erosión hídrica, la propagación de grandes incendios, a la vez que afecta el alimento y la salud de la población, la generación de energía, el turismo y otras producciones.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) denunció un desmonte ilegal en Misiones. Fue el mes pasado en la comunidad indígena de Tacuapí Miní,a 230 kilómetros al norte de Posadas en Puerto Mado, municipio de Colonia Delicia. Los inspectores del Ministerio de Ecología que llegaron al territorio no pudieron identificar a los autores materiales. Se sospecha que se trata de empresas debido a la cantidad y el tamaño de las maquinarias utilizadas.
Desde la comunidad apuntan la intervención de la empresa Petrovalle, de la familia Closs, dueña de varias estaciones de YPF y también camiones de transporte de madera, entre otros negocios en las provincia. “Estamos preocupados porque han desmontado nuestro territorio", relata Francisco Silva, cacique de Tacuapí Miní e integrante de la UTT. El suelo de la comunidad está en el marco de la Ley 26.160 de relevamiento de comunidades. En un recorrido por su territorio el 23 de agosto se encontraron aproximadamente 10 hectáreas con árboles talados, "los mas valiosos ya sacaron. Estamos reclamando que paren de destruir donde hay monte, en esta y otras comunidades de Misiones”, continuó Silva que escuchó en primera persona los ruidos de motosierras y maquinarias a la madrugada.
"Estamos en un momento crucial para nuestras comunidades y nuestro entorno, donde más que nunca debemos proteger la biodiversidad y el patrimonio natural. Es muy doloroso ver cómo este desmonte afecta de forma irreversible al ambiente donde habitamos y producimos”, agrega Miriam Samudio, delegada provincial UTT Misiones e integrante de Productores Independientes de Piray (PIP).

El monte es alimento
“Hoy nos encontramos con este panorama desolador y sin ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. El monte es una parte esencial de nuestra identidad y subsistencia, y esto es una condena a la desaparición para nuestro pueblo", explica Silva. “Es una comunidad de más de sesenta familias. Han arrasado con árboles nativos y frutales. Era una tristeza ver en el suelo todos esos árboles que tanto cuidaron, que le dan fruto, que le dan comida”, agrega Samudio.
La UTT en Misiones, dentro de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), cuenta con 14 bases que nuclean 430 familias entre asociaciones de pequeños productores, cooperativas y cuatro comunidades indígenas. “Venimos trabajando como organización en el sentido de cómo planificar la producción de las familia dentro de sus chacras buscando, como primera meta, que no nos falte el pan. Pero también que podamos compartir el alimento a la mesa de las familias consumidoras a un precio justo y con producciones sin químicos, sanas”, explica Samudio. “Incluso en épocas de pandemia, nos organizamos con todo el protocolo para llevar más de 7000 mil kilos de alimento de puerta en puerta, en los barrios, con un micrófono diciendo: ¡Hola, llegó la soberanía alimentaria!”, relata.
“No es la primera vez que ocurre en las aldeas de los pueblos originarios. Hay varias que tuvieron ese problema con grandes empresas. Hay una ley que supuestamente ampara a las comunidades reconociendo sus tierras. Pero ante el desmonte nadie respeta”, explica Zamudio.

Políticas en retroceso
En su Informe Anual de Deforestación 2021, Greenpeace calculó a través de la comparación de imágenes satelitales que la deforestación en el norte de Argentina alcanzó las 110.180 hectáreas, lo que equivale a más de cinco veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien Misiones ha sido un ejemplo de políticas ambientales y economía social, esa tendencia viene en retroceso ante el avance del extractivismo y la concentración económica.
“Las imágenes satelitales muestran que el desmonte no se detiene en Misiones y por lo tanto, el escenario que se profundiza es el de supresión de los bienes naturales imprescindibles para todas las formas de vida. El Corredor Verde, establecido por ley para conservar el último remanente continuo de Selva Paranaense del mundo, no existe más como tal. Está severamente fracturado”, señalaron una decena de organizaciones sociales y ambientales en un informe enviado al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.
El gobierno de Misiones viene reclamando al Estado Nacional una deuda de 114.000 millones de pesos por los servicios ambientales, ya que la provincia es carbono negativo con un saldo positivo es de 2049 toneladas de dióxido carbono al año. Además, tiene bajo resguardo alrededor del 52 por ciento de la biodiversidad de Argentina.
Luego de casi una década (2004-2010) en que la tasa anual de deforestación por año se redujo de 18.800 a 6700 hectáreas, el proceso parece haberse revertido. El escenario de desmonte, explica el informe, es propicio para la erosión hídrica, la propagación de grandes incendios (como ocurrió en el verano de 2021), a la vez que afecta el alimento y la salud de la población, la generación de energía, el turismo y otras producciones.
“La decisión de detener el desmonte y proteger las tierras de las comunidades originarias no solo es un acto de justicia, sino un paso fundamental hacia un futuro posible”, declara el comunicado emitido por la UTT.
.