La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe convalidó los 1.000 metros libres de agroquímicos en Sastre

Fecha de Publicación: 09/11/2023
Fuente: Diario La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


El máximo órgano de Justicia provincial rechazó la queja interpuesta por el municipio y confirmó la protección a los vecinos. La decisión sienta precedente para futuros litigios que podrían impulsar otras comunidades afectadas por las fumigaciones
 La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la queja interpuesta por la Municipalidad de Sastre para oponerse a la sentencia de primera instancia que hizo lugar a una acción de amparo colectivo ambiental. El fallo original había determinado un radio de protección de 1.000 metros libres de agroquímicos, en todo el perímetro urbano de esa ciudad del departamento San Martín. Ahora, la decisión del máximo órgano de Justicia provincial convalidó la instauración de esa distancia como protección a una población rural en su totalidad y sentó un precedente que abre la puerta para que otras comunidades afectadas por la aspersión de químicos agrarios, concreten su reclamo.
Desde septiembre de 2020, cuando el juzgado de primera instancia de Rafaela dictó una sentencia en la que prohibió las fumigaciones terrestres a 1.000 metros de distancia, comenzó la etapa de resguardo para la ciudad de Sastre, de unos 7.000 habitantes, transformándola en la primera urbe santafesina y la segunda en el país, en contar con todo el perímetro urbano protegido.
 La causa tiene un fuerte fundamento en la protección de la vida, la salud de las personas y el ambiente e invoca el principio precautorio. También incorpora numerosas pruebas reunidas como voces de expertos, informes científicos y territoriales y la normativa ambiental vigente.

Municipio contra vecinos
Esta decisión judicial fue apelada por los productores en carácter de terceros interesados y la Municipalidad, pero la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Rafaela rechazó los recursos confirmando la sentencia de primera instancia. Respecto a esta última, el municipio interpuso luego un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara de Rafaela a fin de que intervenga en el asunto la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, pero la Cámara de Apelaciones lo rechazó.
No conforme, el municipio insistió recurriendo directamente en queja ante la Corte para solicitar su intervención, que el máximo tribunal rechazó no solo por cuestiones formales sino fundamentando su decisión con profusión de argumentos vertidos en la sentencia.
De este modo confirmó el veredicto de primera instancia, del juez Duilio Hail y ratificó la sentencia de segunda instancia. Con esta decisión de la Corte, rubricada por el presidente, Daniel Erbetta y los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Mario Netri y María Angélica Gastaldi, se agotaron los recursos provinciales debido a que ya se expresó el órgano máximo de justicia.
Ahora, en absoluta soledad -ya que los productores no pudieron continuar su reclamo por presentarse fuera de los plazos establecidos en la queja ante la Corte provincial-, el municipio de Sastre, opuso otro recurso extraordinario, esta vez ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta medida se presentó en la Corte santafesina y aún no fue resuelta. En caso de que se admita, remitiría la causa al máximo órgano de Justicia nacional; si lo rechaza, sólo quedará a la Municipalidad recurrir directamente en queja ante la Corte de la Nación.

Argumentos municipales
En los fundamentos de las distintas impugnaciones que intentó, la Municipalidad argumentó que consideraba al fallo de primera instancia como arbitrario y lesivo de sus derechos constitucionales; que se interpretó el material probatorio incluido en la causa de un modo equivocado, que hubo vicios de sustentación dogmática, autocontradicción y falta de apreciación de cuestiones conducentes.
También atacó el mecanismo que usaron los vecinos -un recurso de amparo colectivo- como método legal para zanjar el conflicto que se presentó ante las fumigaciones cercanas a las viviendas y la legitimación de los vecinos como demandantes “por no haber acreditado su relación, más o menos directa, con las zonas supuestamente afectadas por las fumigaciones”. En el mismo rumbo observó la personería de la defensora general y su habilitación para representar a los amparistas.
Sin embargo, la Corte consideró acertada la decisión de la Cámara que “ponderó los delicados intereses en juego y evaluó los distintos carriles existentes para canalizar la pretensión de los amparistas, concluyendo acertadamente con sustento en la Constitución Nacional, que para el caso, el amparo era la vía idónea para tutelar de manera efectiva los derechos fundamentales comprometidos”.
En este punto, la Corte destacó la importancia de esos derechos que cuentan con expreso reconocimiento en la Carta Magna nacional, como los que se encuentran en juego en este caso: “un ambiente sano, una mejor calidad de vida y la protección de la salud”.
Capítulo aparte merece el cuestionamiento que hizo el municipio al considerar que “la vía judicial no es la adecuada para resolver la cuestión debatida, sino que debía continuarse con la discusión democrática y representativa en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad”.
En realidad, los demandantes junto a los padres de Zoe Giraudo -una niña de dos años enferma de cáncer- decidieron optar por la vía judicial cuando el cuerpo de concejales les indicó a los vecinos que las posibilidades de reclamo ante el Concejo estaban agotadas, luego de un año de pedir que modifiquen la ordenanza que regula las fumigaciones.
“Vayan a la Justicia, nosotros no podemos hacer nada”, dijo el entonces edil y actual secretario de Gobierno del municipio, Edgardo Figueroa. Su suegra, la intendenta María del Carmen Amero -quien es propietaria de campo dentro de la zona alcanzada por la restricción judicial- nunca recibió a los vecinos para debatir sobre la problemática a pesar de los reiterados pedidos de audiencia.
La Municipalidad defendió los alcances de la ley provincial 11273, de regulación de “productos fitosanitarios” -sancionada en 1995, antes del cambio de modelo agroindustrial- como herramienta para decidir dónde permitir y prohibir las fumigaciones. “Cada comunidad tiene un margen de apreciación dentro de lo que la ley provincial considera como tolerable, siendo competencia municipal decidir si se fumiga o no en la zona donde la ley ya no lo considera peligroso”, indicaron en la causa.
Las autoridades municipales de Sastre también atacaron las pruebas producidas en el proceso porque consideraron que “no dan certeza de que estemos ante la presencia de un daño cierto o inminente” e intentaron desacreditar el aporte al legajo que hicieron el biólogo Rafael Lajmanovich y la médica pediatra Analía Pretto. En este punto cabe aclarar, que durante la etapa de desarrollo de este conflicto, los trabajos de investigación de Lajmanovich fueron publicados en revistas científicas internacionales y convalidadas por sus pares.
El municipio, también consideró que el fallo es descalificable por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial e incumplir con la exigencia de motivación suficiente. Sostiene que se cercenaron sus derechos con una interpretación incorrecta de los antecedentes y prueba aportada, que se aleja del derecho vigente y afecta el derecho al debido proceso y la garantía de defensa en juicio.

La posición de la Corte
El fallo de la Corte santafesina aclara que “sólo se advierte la mera discrepancia” -sin entidad constitucional- de la Municipalidad con lo resuelto por la Cámara, “en un intento de lograr su revisión en una suerte de tercera instancia ordinaria que no amerita el franqueamiento de esta vía excepcional”.
“Se advierte que toda la argumentación desarrollada por la recurrente (el municipio), pese al matiz constitucional que pretende otorgarle, constituye una reedición sin variantes de las objeciones formuladas en las anteriores instancias, omitiendo la demandada dirigir críticas concretas hacia la decisión objeto de la impugnación extraordinaria”, señalaron los ministros y consideraron que así desvirtuó el objetivo de atacar legalmente el fallo de Alzada.
También consideraron inadmisible interpretar que no existe daño cierto o inminente para que proceda el amparo de los vecinos “en un campo en el que rigen los principios de prevención y precautorios, adquiriendo este último operatividad, justamente, en supuestos de incerteza científica cuando se verifica riesgo, amenaza o peligro de daño grave o irreversible y siempre que exista un mínimo de demostración de su posible concreción”.

Copie y pegue
En definitiva, la Corte Suprema explicó que el municipio, representado a lo largo del juicio por el abogado santafesino, Domingo Rondina, “no hizo más que reeditar idénticos planteos a los que fueron objeto de tratamiento oportuno y suficiente, evidenciando solo discrepancia con el criterio del Tribunal y sin lograr perfilar un supuesto de arbitrariedad que amerite la descalificación de la sentencia”.

Hacia un modelo sostenible
Pasaron dos años de la primera sentencia. Y si bien aún hay tensiones entre los protagonistas, Sastre tiene la posibilidad de transitar un camino de transición hacia un modelo agroecológico más saludable y rentable. En los lindes de la ciudad actualmente se realiza siembra de pasturas o producciones ganaderas, demostrando que se puede producir sin envenenar. Un contexto en el que todos ganan.
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Condenan a seis empresas por la contaminación del arroyo Saladillo

Fecha de Publicación: 14/10/2023
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe


La jueza del Juzgado de Distrito en lo Civil y Comercial de la 13° Nominación, Dra. Verónica Gotlieb, condenó a seis empresas lindantes con el arroyo Saladillo a adecuar sus procesos de gestión de efluentes a la legislación vigente. La resolución condena a las empresas responsables en dos aspectos: la prevención de daños ambientales y la recomposición del ecosistema para que la parte afectada del arroyo vuelva a su estado anterior.
La resolución está vinculada a la demanda civil interpuesta por la Fiscalía Extrapenal de Rosario contra empresas localizadas en el polo industrial de Villa Gobernador Gálvez que descargan sus efluentes sin tratar en un tramo del arroyo Saladillo y el zanjón de la reserva.
Bajo el precepto expreso de “quien contamina, paga”, la resolución recepta las pretensiones de la fiscalía en cuanto a condenar a las empresas en dos aspectos: de prevención de daños ambientales y de su recomposición, es decir que el ecosistema de la reserva natural y de esa parte afectada del arroyo vuelvan al estado anterior a los daños causados.
Para eso dispone un cronograma de acciones con la participación de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia y la instancia y control de la ejecución de la sentencia a cargo de la Fiscalía y el Juzgado, a fin de poner en acción un programa de saneamiento costeado por las empresas que la jueza estimó contaminantes, aun cuando el fallo puede ser apelado ante la Cámara civil.
El fallo de la Dra. Gotlieb es receptiva de la progresión de los derechos ambientales en diversos aspectos, entre ellos el protagonismo de la información para los ciudadanos sobre las acciones de prevención y reparación de los daños. Además, reconoce la legitimación activa de los fiscales de la Ley 10.160 para accionar en defensa de los intereses generales en materia ambiental y la gratuidad para el acceso a la justicia como para la tramitación de procesos ambientales. Exhorta a los poderes local y provincial a instar urgente los procedimientos adecuados para el cumplimiento de la sentencia, incluso mediante la aplicación de sanciones.
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Para recomponer el daño ambiental

Fecha de Publicación: 30/08/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


Una  ONG local reclamó ante la Corte Suprema remediar el daño causado en el humedal por el fuego en el delta del Paraná.
Reparar el daño ambiental causado por los incendios en los humedales. Esa es la demanda impulsada ante la Corte Suprema de Justicia por Equística Defensa del Medio Ambiente, una organización ambiental de Rosario que reclama al Estado la restauración de la flora y la fauna arrasada por el fuego durante tres años. Desde la entidad señalaron que existen antecedentes en la materia y también recordaron que vienen pidiendo la creación de la figura del “interventor” para proteger a los humedales. “La idea es que las jurisdicciones correspondientes se vean obligadas a remediar el daño causado en el humedal, que haya una reparación”, explicó Pablo Arino, uno de los integrantes de la organización en declaraciones a Rosario/12.
La demanda está dirigida contra el Estado Nacional, las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, y los municipios de Rosario y Victoria, por su “inacción” ante los incendios que generaron repercusiones ambientales en la zona del humedal. En el documento, la organización de cuenta que desde junio de 2020 se viene produciendo “una quema indiscriminada” en todo ese territorio, que impulsó a la organización a presentar un primer amparo solicitando el cese del fuego.
Esa solicitud fue aceptada por la Corte, que dispuso la creación de un comité integrado por los poderes ejecutivos de las distintas jurisdicciones afectadas, para que “adopte medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares”, tomando como base el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible (PIECAS) en el Delta del Paraná. Sin embargo, desde Equística denuncian que el comité no solo que no funcionó, sino que rara vez llegó a reunirse con todos sus integrantes. “Se constituyó el comité, pero no pasó nada. Y en estos tres años que transcurrieron el humedal se devastó. Entonces consideramos que era momento de empezar a remediar esto de alguna manera. Creemos que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto y empezar a hacer todas las tareas y obras necesarias para remediar el daño causado en el humedal lo más rápido posible”, sostuvo Arino, abogado especializado en temas ambientales.
Para el integrante de Equística, el comité no funcionó porque los demandados “siempre buscaron excusas” para terminar de darle forma a la iniciativa: “Nunca hubo un representante de cada una de las provincias y de los municipios sentados en una mesa discutiendo un plan de trabajo, a pesar de que estaba la orden de la Corte Suprema para que se hiciera. Jurídicamente hay un incumplimiento a esa orden”.
Desde la organización detallaron que los incendios en el humedal tienen consecuencias que van desde la extinción de especies, hasta la pérdida de fertilidad de los suelos y las alteraciones del clima. Y, en base a evaluaciones realizadas por especialistas en ecología, estiman que se necesitarían entre 300 y 400 años para recuperar las 20 mil hectáreas de humedal que se incendiaron.
Ante ese escenario, consideraron que la regeneración debe pensarse de manera “interdisciplinaria”, con el aporte de distintos especialistas y de diversos sectores de la sociedad. “Tiene que ser sometido a una consulta pública, como establece la Ley General del Ambiente. Eso tiene que ser aprobado y después avanzar operativamente en la remediación”, explicó Arino.

Antecedentes
La demanda cuenta con un antecedente directo en 2008, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y el gobierno porteño a sanear la cuenca del Riachuelo. En aquella sentencia, además, se establecieron plazos para llevar a cabo las obras correspondientes y multas ante posibles incumplimientos en los tiempos previstos. “La idea es emular esa experiencia -comentó Arino- que las jurisdicciones correspondientes se vean obligadas a remediar el daño tanto en la salud de los vecinos como en el medio ambiente, en este caso toda la zona del humedal”.
Por su parte, Sebastián Farina, vocal y representante legal de la organización ambiental, recordó que en la demanda también se solicita una multa a los Estados demandados de forma diaria, hasta que se ponga en marcha un plan de reparación. “Desgraciadamente si vos no hacés un seguimiento cotidiano a esto, no termina pasando nada”, comentó a este medio. “Yo sé que hay un montón de problemas cotidianos que quizás son más urgentes, pero no por eso son más importantes”, agregó.
En ese marco, recordó que otro de los reclamos que vienen sosteniendo desde Equística es la creación de la figura del interventor. Para Farina se trata de una “decisión política” que podría ayudar como medida precautoria para que los incendios ocurridos en toda la franja del Delta del Paraná no se repitan. Lo que pedimos en su momento fue la designación de un interventor del humedal, que cuente con una serie de atribuciones que le permitan exigir que se cumplan y se hagan determinadas tareas para preservar toda la zona”. Según indicó el abogado, el pedido fue realizado tanto ante la Corte Suprema de Justicia, como ante las diversas provincias afectadas por la problemática ambiental.
En ese sentido, Farina dejó en claro que se trata de una medida que está al alcance del gobierno nacional y que podría resultar sumamente beneficiosa. “Esta es una decisión política que hay que tomar, pero lamentablemente no se avanza en nada”, cuestionó.  
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Altos niveles de carga orgánica

Fecha de Publicación: 22/08/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


El Taller Ecologista hizo medir los fluidos que viajan a través de los canales pluviales y desembocan en el río Paraná.
"Altos niveles de carga orgánica y metales como cromo, níquel y manganeso" fue lo que encontró el análisis de líquidos extraídos del perímetro del predio del Relleno Sanitario de Ricardone, donde Rosario envía la basura desde hace 20 años. El estudio fue gestionado por el Taller Ecologista y realizado por personal del Centro de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (UNR). Estos líquidos contaminantes, a través de los canales pluviales, terminan en el Canal Ibarlucea, que desagua en el Arroyo Ludueña, el cual finalmente desemboca en el río Paraná, aguas arriba de la toma de agua de Rosario.
La organización no gubernamental envió una nota al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, informando sobre la irregularidad y solicitando iniciar una investigación. También se envió una nota y un pedido de información a la Municipalidad de Rosario para saber el grado de conocimiento del Ejecutivo Municipal al respecto.
Rosario entierra cerca de 300.000 toneladas de residuos por año en el basural de Ricardone, un 25 por ciento más que cuando se aprobó la ordenanza Basura Cero en el año 2008, incumpliendo las metas de disminución allí establecidas. Si bien más de 10 localidades del área metropolitana envían sus residuos a Ricardone, la ciudad es la que más ha contribuido al crecimiento de esta montaña de basura.
Desde Taller Ecologista, a través de las áreas Basura Cero y Humedales, se realizó una toma de líquidos en un canal pluvial lindero al Relleno Sanitario de Ricardone. “El líquido era de color intenso y fuerte olor, lo que ya sugería que se trataba de un efluente del relleno”, explicaron desde la ONG, recordando que este tipo de situaciones ya se habían observado en otras oportunidades, pero aquí se logró una constatación de mayor rigor y con el apoyo técnico de especialistas.
El análisis, según informó Taller Ecologista, arrojó valores altos para ciertos parámetros físico-químicos (DBO, DQO, Cromo total, Níquel y Manganeso), dando la pauta de que se trata de un lixiviado sin tratamiento. “El relleno sanitario no debería liberar lixiviados crudos, ya que corresponde que sean tratados dentro de la misma planta antes de su volcamiento”, subrayaron.
Los lixiviados son líquidos que escurren de la montaña de basura y que contienen altas concentraciones de sustancias contaminantes. Por lo cual es necesario realizar un tratamiento adecuado antes de su descarga. El lugar autorizado para la descarga de los lixiviados, luego de su tratamiento, se encuentra en la zona sur de Rosario, en el punto de descarga operado por ASSA, en Ayolas y Acceso Sur. Estos lixiviados sin tratar implican un peligro a la salud de las personas, de la flora y de la fauna que toma contacto con los mismos.
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Proponen crear fiscalías ambientales en toda la provincia de Santa Fe

Fecha de Publicación: 12/08/2023
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


El Colegio de Abogados de Rosario presentará una iniciativa a legisladores que contempla la conformación de un "sistema de justicia ambiental" para atender exclusivamente esta problemática
En los últimos tres años, las problemáticas ambientales no pasaron desapercibidas en la ciudad. Los incendios en las islas, con las múltiples causas en la Justicia que no tienen avances, y la bajante extraordinaria del río Paraná llevaron a que el Colegio de Abogados y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) impulsen una iniciativa que contempla la creación de un “sistema de justicia ambiental” conformado por juzgados y fiscales que puedan atender exclusivamente esta problemática en la provincia. El anteproyecto será presentado este jueves, desde las 14, en el marco de las “Jornadas sobre justicia, problemáticas y derecho ambiental en la actualidad” llevada adelante por el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados.
Una de las premisas de la iniciativa es la creación, en el ámbito de la Procuración de la Corte Suprema de Justicia provincial, de una Fiscalía Ambiental por cada circunscripción judicial para que pueda actuar ante los órganos jurisdiccionales que ya existen. Cada fiscalía, en caso de concretarse el proyecto, que debe pasar por la Legislatura provincial, tendrá un fiscal a cargo más un fiscal adjunto.
“La idea principal es crear juzgados ambientales para que se pueda atender específicamente esta materia en la provincia. Tenemos una gran cantidad de normativa a nivel local, provincial y nacional, incluso internacional, pero siempre nos encontramos con dificultades como el derecho de acceso a la información o la posibilidad de llevar adelante los procesos”, señaló a La Capital el presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Rosario, Matías De Bueno.
Los fundamentos del proyecto remarcan que la protección del ambiente “constituye una problemática de gran trascendencia en la actualidad, advirtiéndose la necesidad de su protección jurídica a fin de garantizar su uso racional y el derecho de todo ser humano a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. Además, consideran que hay una “fuerte preocupación social en la tutela del ambiente”.
Otro de los puntos del proyecto contempla la creación de unidades fiscales ambientales en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y dentro de la estructura de cada Fiscalía Regional, para desarrollar investigaciones. Las fiscalías ambientales penales también tendrán un fiscal a cargo y un adjunto.
Como complemento, el proyecto contempla la creación de un “cuerpo de investigación científica ambiental” integrado por un equipo interdisciplinario para desarrollar análisis y estudios que puedan contribuir a las distintas causas que se creen. Por su parte, la iniciativa fomenta los convenios de investigación con cuatro universidades públicas de la provincia (UNR, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Tecnológica Nacional y Universidad Nacional de Rafaela).
“Desde el Colegio de Abogados nos comprometimos a redactar un proyecto de este tipo y se designó una comisión, que ya lo redactó. Esto sirve para darle el puntapié inicial a la discusión y para salir a recorrer un camino, presentándolo a todos los legisladores y a quienes vayan a gobernar la provincia”, señaló De Bueno, para agregar que tras la presentación del proyecto este jueves se sumarán comentarios de las dos cátedras de derecho ambiental de la UNR, que harán sus aportes.
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Santa Fe, la primera provincia en verificar producción agropecuaria libre de deforestación

Fecha de Publicación: 29/07/2023
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Santa Fe


La provincia de Santa Fe se convirtió en el primer distrito del país en impulsar la verificación de la producción agropecuaria libre de deforestación mediante un sistema de trazabilidad en los establecimientos, con el objetivo de “frenar los impactos ambientales dañinos y transformar el sistema agroalimentario”, informó este miércoles la Fundación Vida Silvestre.
“Existe la necesidad de redefinir los modos de producción para adaptarse a las nuevas exigencias y poder mantener las exportaciones, a la vez de llevar a cabo prácticas compatibles con la conservación de los ambientes naturales y su biodiversidad”, afirmó Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.
Con el asesoramiento técnico de la Fundación, a través de los consultores Víctor Tonelli y Mauricio Herzovich, Santa Fe avanzó en los dos últimos años en cruzar información provista por herramientas existentes que monitorean la trazabilidad animal y ambiental en la provincia.
Merced a la Ley de Bosques, el Gobierno federal monitorea los bosques y a través del Sistema de Alerta Temprana, envía información a las provincias sobre la ocurrencia de deforestación cada dos semanas.
Mientras que por otro lado, debido a la trazabilidad animal ya existente en Argentina, el Senasa dispone de información precisa sobre la producción ganadera, incluyendo los movimientos de animales entre establecimientos, destacó la Fundación Vida Silvestre.
A través de un comunicado, indicó que “contar con estos dos sistemas, y que dialoguen entre sí, resulta un gran potencial para la economía del país y un avance en la trazabilidad de la producción en relación a su impacto en la deforestación”.
La coordinadora de Manejo y Producción Sustentable de la Fundación, María Eugenia Periago, destacó “la articulación entre diversos ministerios de la provincia y nuestra organización para lograr la trazabilidad que facilite el cumplimiento de las demandas ambientales vigentes por los mercados internacionales, y poder llevar la teoría a la práctica”.
“Es un resultado alentador para que otras provincias sigan los pasos allanados por Santa Fe”, añadió.
La provincia cuenta hoy con el programa “Santa Fe Proceso Verificado”, implementado a través de dos resoluciones del Ministerio de Producción, Ciencia y Técnica, y el trabajo junto con los productores y la industria.
Según se informó, los requisitos que un establecimiento agropecuario debe cumplir para recibir el certificado de la provincia son la libre de deforestación ilegal (Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo provincial); cumplimiento regulación de fuego provincial; y cero deforestación a partir de diciembre 2020.
El plan combina dos objetivos, que son el cuidado del medioambiente a través de la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular, y el surgimiento de exigencias ambientales de los mercados internacionales, fundamentalmente en países de Europa.
La secretaria de Agroalimentos de Santa Fe, María Eugenia Carrizo, señaló que “desde la provincia este proceso ha sido exitoso y pionero en el sentido de articulación ministerial con el sector privado y la sociedad civil para demostrar que Santa Fe está a la altura de las exigencias del mercado”.
En esa línea, añadió que “esperamos seguir avanzando en el desarrollo de la plataforma digital, y que la misma sea confiable y transparente para poder cumplir con la exigencias del mercado”.
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La primera planta de bioplásticos de Latinoamérica estará en Santa Fe, abasteciendo al país y la región

Fecha de Publicación: 25/07/2023
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Santa Fe


Mientras que un plástico convencional suele tardar hasta 1.000 años en descomponerse, los bioplásticos lo hacen entre 60 días y seis meses.
Bionbax, una empresa santafesina dedicada a la biotecnología, está construyendo en Roldán la primera planta productora de bioplásticos de Argentina y buscará abastecer la demanda del mercado nacional y de otros países de la región. Lautaro Mazzuca, contador y encargado de la administración de la compañía, contó los beneficios de este material amigable con el ambiente con múltiples aplicaciones.
"El bioplástico, a diferencia de los plásticos convencionales que son de la industria del petróleo, es un plástico, un polímero que se puede degradar en un compost industrial u hogareño y se degrada totalmente. Es decir, que si pasa por ciertos procesos, pasa a ser de nuestro medio ambiente, se descomponen en 100%", explicó.
Y agregó: "Un plástico convencional tarda de 100 a 1.000 años en descomponerse. El bioplástico va a depender por supuesto del medio en el que se encuentre para su descomposición, pero por ejemplo en un compost industrial, el biopolímero que vamos a fabricar se descompone en 60 días y en un compost hogareño puede tardar seis meses.
La empresa espera poder terminar la planta industrial para fines de año y arrancarían a producir bioplásticos durante el primer trimestre de 2024. "Vamos a producir un pellet, ese es el producto final, y se le puede dar forma de distintos productos. Dependiendo de la calidad del biopolímero que producimos, se podrá utilizar para diferentes artículos. Produciremos a través de fermentación bacteriana, cuyo nombre técnico es PHB y somos una de las primeras en Latinoamérica, a nivel industrial no conocemos otras plantas de PHB. Sí existen en Estados Unidos y China, pero hay muy pocas, es un mercado incipiente", indicó Lautaro Mazzuca.
"En un principio, vamos a abastecer al mercado de Argentina. Nuestra idea es desarrollar la industria plástica biológica, abastecer todo el país, y si nos da la capacidad de producción, a países de la región", sostuvo.
El profesional señaló que es más costosa la producción de bioplásticos: "Por supuesto que es más caro que el plástico convencional por una cuestión de que acá hay investigación y desarrollo, si bien los procesos ya existen no están realizados a nivel mundial, se puede escalar, pero va a venir en un futuro. Hoy por hoy se está invirtiendo muchísimo dinero para investigar y desarrollar, para posteriormente fabricar estos plásticos. El día de mañana se seguirá investigando para producirlo masivamente a un precio similar a los que están hoy en el mercado".
"La pandemia fue un hecho totalmente disruptivo en la forma en la que pensamos y la conciencia que tenemos respecto al medio ambiente en el que vivimos, la sociedad ya está demandando este tipo de productos amigables con el medio ambiente. Estos, dependiendo de la calidad que tengan, también pueden ser utilizados en la industria farmacéutica. El alcance que podemos llegar a tener con este tipo de artículos es muy superior", contó el contador al ser consultado sobre el interés ambiental de las empresas.
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Como pez en el agua: revés judicial para Santa Fe por descuidar la fauna ictícola

Fecha de Publicación: 29/06/2023
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe


Ambientalistas demandaron a la provincia para que ponga freno a la depredación de peces ante la falta de controles de frigoríficos y la bajante histórica del río. Un juez civil hizo lugar al reclamo e instó a las autoridades a que elaboren un plan estratégico y sustentable del recurso ictícola
La Justicia falló a favor de ambientalistas que demandaron a la provincia de Santa Fe por incumplir con su deber de conservación sustentable de los recursos del río Paraná, en un reclamo relacionado con la pesca comercial a gran escala. La causa se inició hace tres años en un intento de poner freno a la depredación de peces que, según denunciaron, es incentivada por frigoríficos exportadores que avanzan de manera indiscriminada ante la falta de controles de fauna ictícola por parte de las autoridades locales.
El juez en lo Civil y Comercial de la 11ª Nominación de Rosario, Luciano Carbajo, obliga al Estado santafesino a elaborar “un plan estratégico para la utilización sustentable del recurso ictícola”, en un plazo de 150 días y bajo los lineamientos fijados por las normativas vigentes que, según detalla minuciosamente la sentencia, están siendo incumplidas.
La abogada que patrocinó a los ambientalistas de las entidades El Paraná No Se Toca y la ONG Mundo Aparte, Romina Araguas, celebró la resolución judicial por contundente y ejemplar. “Es un fallo favorable y muy fundado. Pone en evidencia los incumplimientos de la provincia de Santa Fe que venimos denunciando hace años”, sostuvo.

Conservar la fauna
La demanda judicial fue presentada a mediados de 2020 con dos objetivos. Uno inmediato, con la presentación de una medida cautelar para la veda de pesca comercial fundada en la falta de controles gubernamentales en un escenario excepcional: la bajante histórica del río Paraná, una de las más importantes en los últimos 50 años, que afecta de manera directa la reproducción de peces.
Y por otro lado, la cuestión de fondo, con la presentación de una acción de protección de intereses difusos, un recurso judicial similar al amparo ambiental basado en la ley provincial 10.000 que protege los derechos colectivos y procura “tutelar la salud pública, conservar la fauna, la flora, el paisaje y el medio ambiente”, entre otros patrimonios de la comunidad.
La demanda de ambientalistas al Estado santafesino fue muy clara: exigir un plan integral que aborde la problemática ictícola, exactamente lo que acaba de ordenar el juez Carbajo.

Río de incertidumbres
“Nadie sabe lo que hay en el río”, dijo la abogada Romina Araguas a El Ciudadano ante un aluvión de preguntas sin respuestas que evidenciaron el reclamo ambiental.
“Hay falta de datos, falta de evaluación, falta de información, falta de control. El juez ordena que se realice un plan integral porque tiene en cuenta todas estas cuestiones”, sostuvo.
Al respecto mencionó la existencia de entidades que no funcionan como el Consejo Provincial Pesquero, creado por ley, que debería juntarse una vez por mes y no lo hace, ni siquiera ante la bajada extraordinaria del río. También hizo referencia a los Puertos de Fiscalización que fueron “desmantelados y cualquiera entra en una lancha y se lleva lo que quiere sin ningún tipo de control”.
Para la abogada, la información precisa es clave antes de tomar medidas aisladas. Como ejemplo mencionó datos obtenidos en el Instituto Nacional de Limnología (Inali), del Conicet, sobre el ciclo reproductivo de los peces y la incidencia directa que tiene la bajante. Advirtió que muchas especies se reproducen con la creciente de verano, y al no tener crecientes durante tantos años, la reproducción es mala, “algo que las autoridades no pueden ignorar” a la hora de tomar decisiones, dijo.

Modelo extractivista
Araguas también lamentó la tergiversación del reclamo ambiental que a fines de 2020, cuando se decretó la veda total de pesca en medio de la pandemia, motivó el levantamiento de pescadores comerciales que al ver coartado su medio de subsistencia realizaron piquetes exigiendo que se anule la medida.
Las protestas y cortes de tránsito en distintos puntos de la provincia hicieron eco. La veda total que había sido dictada el 29 de diciembre de 2020 por el juez civil Luciano Carbajo fue modificada días después por un tribunal de segunda instancia, tras un recurso de apelación presentado por la provincia. Los camaristas Edgar Bacarat, Avelino Rodil y Ángel Angelides dispusieron una veda parcial el 8 de enero y habilitaron la pesca con fines comerciales y deportivos tres días por semana.
“Esto nunca fue un problema entre ambientalistas y pescadores como lo plantearon algunos medios de comunicación en ese momento”, aclaró Araguas tras sostener que esa lógica deja afuera el factor principal que son los frigoríficos.
“Nosotros no estamos en contra del pescador que va todos los días a sacar el pescado para comer. Lo que vemos es que los frigoríficos arrasan con todo y le pagan monedas a los pescadores. Argentina es uno de los pocos países que exporta peces de río, porque los peces de río son escasos”, aclaró Araguas para concluir: “Nuestro problema no es con los pescadores, es con el modelo extractivista que el gobierno deja en mano de los frigoríficos”.

Lo que pide el juez
En su sentencia, el juez Carbajo resuelve hacer lugar a la demanda y en consecuencia “ordenar a la provincia de Santa Fe a que dentro del plazo de 150 días hábiles elabore y presente un Plan Estratégico para la utilización sustentable del Recurso Ictícola”.
El magistrado aclara que el plan debe comprender una serie de lineamientos acordes a las normativas vigentes y también un plazo para hacerlo efectivo.
En principio aclara que el plan deberá basarse “en información ambiental, local y pública” que permita analizar el estado actual del recurso (ictícola) y que uno de sus objetivos deberá ser “la protección de la biodiversidad y la sustentabilidad ambiental”.
Para ello insta al Estado provincial a que “produzca su propia información científica de calidad de forma local, periódica y sistemática”.
Tanto el plan integral como la información ambiental local que se genere deberán publicarse en el portal web de la provincia en concordancia con la ley 12.212.
Especifica que la información tiene que ser volcada al Registro Provincial de Estadísticas Pesqueras, al Sistema Provincial de Información Ambiental y al Registro Provincial de Operaciones Pesqueras.
En relación a las vedas de pesca, el juez indica que el plan debe incluir un “sistema de alerta temprana” a fin de proteger el recurso ante casos de crisis hidrológicas o ecológicas. Para ello propone “un sistema de veda automática de la actividad pesquera que podrá ser gradual y que se activará sin necesidad de declaración”, una decisión respetuosa con el Acuerdo de Escazú, señala.
Al respecto advierte que “las situaciones de extrema bajante como la que ha sufrido la cuenca producen importantes y graves consecuencias directas sobre la ictofauna y sobre todo el ecosistema”, y  menciona lo ya aclarado en su resolución cautelar del 29 de diciembre de 2020 cuando decretó la veda total.
Esas medidas estarán a cargo de la provincia pero en base al respaldo técnico y científico tomado de la UNL, la UNR y el Consejo Provincial Pesquero.
También insta al Estado a que ponga en funciones el Consejo Provincial de Reconversión de las Pesquerías y regularice las reuniones del Consejo Pesquero que garantizan la participación ciudadana.
Otro requisito con el que deberá cumplir el plan es que incluya “los métodos de protección del control de cupos de extracción, acopio y tallas mínimas, como también la regularización de los Puertos de Fiscalización”. Y aclara que los cupos deberán incluir el control de stock periódico de los frigoríficos.
Asimismo, se deberá poner en vigencia un método de control “del repoblamiento de las especies autóctonas” en relación a la masa total comercializada por parte de los exportadores de pescado de río.
Agrega que también se deberá prever la aplicación periódica de los fondos de reconversión pesquera y asistencia a los pescadores.
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Un basural con olor nauseabundo: la contaminación del arroyo Ludueña sigue sin solución en Rosario

Fecha de Publicación: 17/06/2023
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Santa Fe


Trabajadores náuticos mostraron imágenes del estado del arroyo y denunciaron la inacción del municipio y la provincia.
Hace un mes, la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Concejo Municipal y la Procuración General de la Corte de Santa Fe firmaron un convenio para investigar los orígenes de la contaminación en el arroyo Ludueña y analizar su saneamiento. Este miércoles, imágenes tomadas al curso del arroyo de zona norte de Rosario evidenciaron el estado del lugar, que acumula basura y altos niveles de toxicidad.
En el video que circuló rápidamente en las redes sociales, quedó expuesta la situación del afluente de zona norte, que trabajadores náuticos ven en repitencia cuando el río baja: plásticos, basura, efluentes cloacas y animales muertos, que hacen del cruce del arroyo una travesía lamentable.
Además, un estudio realizado por el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, a pedido del bloque Ciudad Futura en el Concejo, reveló que había lugares del arroyo Ludueña cuatro veces más contaminados que otros y expuso la presencia de desechos cloacales e industriales en la cuenca del Ludueña.
Pese a lo impactante de la situación, los trabajadores de la zona explicaron que varias veces tanto ellos como algunas organizaciones ambientales encabezaron la limpieza del arroyo, pero encontraron resistencia de los vecinos del lugar: “Lo que podemos lo sacamos, pero si lo tiramos en un contenedor los vecinos nos denuncian” afirmó un pescador.

¿Cuándo se inició la investigación por la contaminación del arroyo Ludueña?
En 2020, la aparición de una “mancha negra” en el curso del arroyo desembocó en una investigación a cargo de la fiscal extrapenal María Laura Martínez, quien aún tiene en sus manos la tarea de analizar la responsabilidad de los actores en la contaminación del lugar. En ese momento, se encontraron bacterias “coliformes” que sirven como indicadores de contaminación del agua y se puso el foco en el Shopping Fisherton Mall Plaza.
En este contexto, la edila Luz Ferradas presentó en el Concejo tres pedidos de informe entre abril y mayo de este año: uno para que sancione e informe al Fisherton Plaza y otros dos restantes para que la Intendencia inspeccione por posibles vertidos cloacales al Country Golf, ubicado en la zona de Aldea, y al Aeropuerto Internacional de Rosario.

¿Qué pasó con el “sabalito barredor”?
En el año 2019, cinco empresas donaron a la Municipalidad una embarcación que fue conocida como el “Sabalito Barredor”. El objetivo era que se encargara de la recolección de basura que bajaba por el Ludueña. Sin embargo, por obras demoradas, burocracia y la posterior bajante del Paraná, nunca se puso en funcionamiento.
En la primera y única prueba que se hizo, la embarcación retiró dos volquetes llenos de residuos del arroyo Ludueña, equivalentes a diez toneladas. Actualmente, sufrió varios hechos de vandalismo y desde el Municipio analizan si conviene ponerlo en funcionamiento, ya que dudan que pueda con el caudal de residuos sólidos que se acumulan en el lugar.
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En Rosario, un sistema de monitoreo ambiental con medidas por cambio climático

Fecha de Publicación: 30/05/2023
Fuente: Cadena 3
Provincia/Región: Santa Fe


Se trata de una herramienta del Plan Climático local que evalúa las acciones en marcha para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ser una ciudad resiliente, justa e inclusiva.
Rosario presentó el Sistema de Monitoreo, una herramienta de comunicación, seguimiento, evaluación y transparencia de las políticas que el Ejecutivo lleva adelante en el marco de su Plan Local de Acción Climática 2030. Incluye un total de 62 medidas -priorizadas por la gobernanza climática local- agrupadas en 7 ejes: resiliencia y riesgo, biodiversidad y uso del suelo, salud, agua, energía, residuos y movilidad.
"La metodología y la propuesta del sistema de monitoreo de Rosario es innovadora, supera lo que existe en el país, es de libre acceso y cualquier ciudadano del mundo puede ingresar a la página web del sistema", le dijo Pilar Bueno a Primera Plana en Cadena 3 Rosario.
Pilar Bueno, subsecretaria de Acción Climática y Transición Ecológica Justa, afirmó: “Como muestra la ciencia climática nacional e internacional, nos encontramos en un momento de urgencia climática. Cada esfuerzo es clave para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, promover sumideros de carbono y adaptarnos a los efectos del cambio climático que ya experimentamos. Por ello, es importante generar estrategias en conjunto, para que puedan participar también los vecinos y vecinas en sus casas, así como ser parte de la mejora de los procesos productivos y, por supuesto, de la toma de decisiones al respecto”.
“Esta herramienta promueve la transparencia de la gestión en materia ambiental, ya que todos los vecinos y vecinas de la ciudad, así como los interesados e interesadas en ambiente, pueden acceder y conocer desde el sitio web del municipio, cuáles son las 62 medidas priorizadas por el Plan de Acción Climática Rosario 2030 y cómo se registra su avance. Las medidas que se incluyen en este sistema provienen de un trabajo integral y participativo entre el Gabinete Local de Acción Climática, que incluye técnicos, técnicas, secretarias y secretarios del ejecutivo municipal, y el Comité Asesor Frente al Cambio Climático, compuesto por distintos actores y actoras de la sociedad civil de Rosario, entre los que se encuentran organizaciones no gubernamentales, especialistas, universidades, colegios profesionales, cámaras empresariales y representantes del Concejo Municipal y de los tres niveles del Estado con competencia en la temática ambiental”, concluyó la funcionaria municipal.

¿Cómo se accede al sistema?
Cabe remarcar que el sistema de monitoreo permite a quienes acceden al sitio rosario.gob.ar, revisar las 62 medidas de mitigación y adaptación, divididas en 7 ejes, de los cuales tres responden al inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y 4 son políticas públicas de adaptación frente al cambio climático. Esta iniciativa posiciona a Rosario entre las ciudades más comprometidas con la agenda climática local, nacional e internacional, al tiempo que impulsa la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de proyectos relacionados con el cambio climático. Rosario hace historia al implementar por primera vez un sistema que promueve la apertura de la información a vecinos, vecinas e instituciones que podrán conocer el 'nivel de progreso' y las metas asociadas de las acciones en marcha, vislumbrado en cada caso el grado de avance y éxito de los proyectos. Cabe remarcar que solo un tercio de los países del mundo cuentan con tales sistemas, y una fracción menor corresponde a ciudades.
Las medidas que componen el Sistema de Monitoreo aportan información precisa a partir de fichas con distintas referencias: una breve descripción, metas a 2025 y 2030, nivel de progreso, metodología asociada, indicadores, responsables, marco nacional e internacional, entre otras; se enmarcan en lo establecido en el artículo 14 de la Ordenanza 9424/15 y en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático.
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Quema en las islas: demandan al Estado nacional por "omisión ilícita" en la protección del humedal

Fecha de Publicación: 02/05/2023
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe - Litoral Argentino


Es en el marco de una causa civil que investiga la responsabilidad de titulares de campos en los incendios y su impacto ambiental y en la salud
Un ciudadano rosarino titular de un campo en las islas que fue denunciado en el marco de la causa civil que busca determinar responsabilidades por los incendios en los humedales y el impacto en la salud, demandó al Estado nacional por “omisión inconstitucional e ilícita en el ejercicio de sus funciones”, y solicitó a la jueza del trámite que lo inste de forma urgente a adoptar medidas para la protección y preservación del ecosistema, según las normas y tratados internacionales que regulan la protección del Delta del Paraná.
“Hay una falta de legitimación para demandar a mi cliente porque nunca se quemó ni se incendiaron sus tierras. Pero además, pide que se convoque al gobierno nacional para que cumpla leyes que ya existen hace 20 años, lo que hubiera evitado o, cuanto menos minimizado, el desastre de los incendios”, sintetizó Milva Sánchez, abogada ambientalista del rosarino denunciado por la fiscal provincial extrapenal María Laura Martínez junto a otras 18 personas.

Responsabilidad por daño ambiental
Se trata de la causa civil que se tramita en el Tribunal de Responsabilidad Extracontractual Nº 2, a cargo de Jorgelina Entrocassi (titular del trámite) y Edgardo Bonomelli (está vacante su tercer integrante). El año pasado, la fiscal presentó la denuncia contra los titulares de los campos por “responsabilidad por daño ambiental indirecto contra la población de Rosario”.
Si bien la causa no persigue culpables por un delito penal, sí busca determinar responsabilidades ante la existencia de una relación jurídica que pueda servir como primer paso para futuras denuncias de los damnificados.
La investigación llevó algunos años y se sustentó en los reportes científicos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), entrecruzamiento de datos georreferenciales e informes de organismos del Estado. Pero esta semana uno de los denunciados, quien esgrime no haber provocado incendios ni daños sobre el humedal, demandó al Estado Nacional y solicitó que adopte una serie de medidas urgentes.

Omisión de funciones
En la presentación pide “la incorporación del Estado en sus tres niveles como parte demandada, y del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) por “omisión inconstitucional e ilícita en el ejercicio de sus funciones”, en virtud de los daños al humedal, y en toda la población a la cual se han propagado los efectos de los incendios.
En ese sentido, solicitó a los jueces que “ordenen medidas concretas para hacer cesar la omisión estatal. Las medidas requeridas son tanto preventivas como de recomposición. “Hace un año que estamos pidiendo que el Estado adopte medidas. Mi cliente, que nunca estuvo en el mapa de fuego, se pregunta ¿qué hago si los incendios alcanzan mi propiedad? Por eso solicitamos medidas concretas”, graficó la abogada.
En ese sentido refirió que las leyes “están escritas, solo hay que hacerlas cumplir. La división de la competencia a nivel legal para tratar los daños ambientales es clara. Argentina adhirió hace muchos años al tratado Ramsar (ley 23.919 para la conservación y uso racional de los humedales), pero nadie se ocupa y se tiran la pelota entre los niveles del Estado”.

Muchos años de omisión
Sánchez puntualizó que en la causa “falta el Estado Nacional. Se le pide a los jueces que le ordenen a la administración que empiece a hacer algo porque, de lo contrario, las leyes son letra muerta y no se cumplen. Los jueces tienen la obligación de intimar, y potestades para disponer medidas que crean convenientes para cuidar el medio ambiente”.
En la presentación se recalca que se “han constatado años de omisión inconstitucional, no sólo en reglamentar, implementar políticas, ejercer de manera adecuada el federalismo de concertación entre todas las administraciones involucradas, sino también en el ejercicio claro de las competencias que ya tienen reguladas las administraciones y órganos ejecutivos”.
Y dada “la gran omisión estatal” y que el juez de la causa “no puede soslayar la función “preventiva” de daños normada por el Código Civil y Comercial, el ciudadano reclama que el juez disponga medidas que prevengan la producción de daños, “en lugar de dejar que pase el tiempo y la cuestión se torne en meramente resarcitoria”.

Todo por hacer
Pide, entre otras medidas que se ordene al gobierno nacional denunciar frente al órgano competente del tratado Ramsar lo sucedido en el humedal “islas del Delta del Paraná”. Y se requiera como “Estado adherente y miembro del tratado asesoramiento técnico para comenzar con la prevención y recomposición del humedal dañado”.
Además, reclama que el Estado Nacional “adherir y participar del programa de protección de humedales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ayuda a los países a monitorear y proteger los humedales y demás ecosistemas de desarrollo sostenible 2030.
También que se ordene al Cofema ejercer la competencia que ha sido delegada por las provincias, y disponga la urgente realización de un estudio del impacto ambiental que generaron las quemas; se dicte sin demoras las regulaciones que las administraciones locales y nacionales deberán cumplir en miras a la alineación de la política ambiental en materia de los daños de efectos y fuentes interjurisdiccionales que se están produciendo en el Delta del Paraná.
En relación a la postergada ley de humedales, reclama que se ordene al Congreso de la Nación “no aprobar leyes que contravengan el ámbito de protección del humedal en los términos del tratado Ramsar. Y que en tal sentido, al reglamentar el destino del humedal y sus usos, se deberá requerir asesoramiento previo al órgano consultor del tratado, para aplicar el “mayor nivel de protección”.
Demandó al Tribunal que solicite a las administraciones de Entre Ríos, Santa Fe y los municipios afectados “la regulación inmediata en sus legislaciones del Seguro Ambiental, y el inicio de los sumarios administrativos tendientes a la aplicación de las sanciones administrativas por el daño ambiental generado en el humedal y en el aire, de acuerdo a lo normado en la ley ambiental 25.675, leyes provinciales y ordenanzas.
Finalmente en el escrito se reclama que las medidas sean ordenadas “de manera urgente, incluso antes de la resolución de la cuestión de competencia (hay recursos para girar la causa a la Justicia Federal), dado que “la demora en el ejercicio de las competencias no resiste más postergaciones, ante el riesgo de seguir incrementándose el daño”.
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Detectaron 18 agroquímicos en aguas de escuelas rurales de Piñero y Villa Amelia

Fecha de Publicación: 01/05/2023
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


El estudio incluye muestras obtenidas en las escuelas Nº 1135 "Estanislao López" de La Carolina, Nº 126 "Miguel de Azcuénaga" del paraje El Carmelo y del barrio Los Pinos de Álvarez
Un estudio realizado sobre muestras de agua extraídas de tres localidades del departamento Rosario se dio a conocer a la sociedad durante un encuentro realizado en el Centro de Salud Los Pinos, en el kilómetro 10,5 de la ruta provincial 18 en Villa Amelia. Los resultados correspondientes a los análisis de agua de napa que se llevaron adelante en el laboratorio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agroindustrial (Inta) Balcarce, determinaron la existencia de 18 agroquímicos, de los 50 que se buscaron en las muestras.
La investigación, impulsada por la agrupación de vecinos autoconvocados “Asamblea la 18”, se centró en analizar el agua de la Escuela N° 1135 “Estanislao López” de Estación La Carolina, en Piñero; de la Escuela 126 “Miguel de Azcuénaga” del Paraje El Caramelo en Villa Amelia, otra muestra de este mismo sitio geográfico y la restante de barrio Los Pinos, en Álvarez. En estas muestras se analizaron 50 moléculas de plaguicidas de uso actual y algunos de sus metabolitos, de las cuales se encontraron 18, algunas de ellas prohibidas en la actualidad.
El informe del laboratorio detalló el hallazgo de moléculas de Imidacloprid, Imazapir, Atz-OH, Imazetapir, Atz-desetil, Diclosulman, Carbofurman, Metalaxil, Atrazina, Halauxifen-M, Metolaclor, Tebuconazol, Pirimifos-M, Piperonil butóxido, Dicamba, Fipronil, 2,4DB y 2,4D.
La presentación fue realizada por representantes de la organización de vecinos acompañados por la coordinadora del Taller Ecologista Rosario, Cecilia Bianco, la abogada ambientalista de Pergamino, Sabrina Ortiz y la médica de atención primaria de la salud en territorio fumigado, Antonella Reinhartt.

Aguas contaminadas
Como conclusión de la jornada, se pudo poner de manifiesto la preocupación por tener aguas contaminadas con distintas moléculas de plaguicidas, agua que muchas familias la usan para su consumo y que el total la utilizan en sus vidas y quehaceres diarios. “Sabemos que al momento de utilizar el agua no separamos las moléculas que diariamente se van acumulando en nuestros cuerpos, por tal motivo se consumen litros y litros de agua contaminada con agrotóxicos”, explicaron y destacaron que “una vez más queda expuesta la necesidad de llevar a cabo políticas que pongan en primer plano la salud de las personas y del ambiente”.
Desde hace cinco años esta asamblea, no solo realizó denuncias sobre fumigaciones por fuera de la ley, también vienen presentando distintas propuestas para que las comunas modifiquen las ordenanzas que regulan las aspersiones de químicos agrarios, con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de las distintas comunidades.
“También seguimos exigiendo, junto a otras organizaciones ambientalistas y sociales, la actualización de la ley 11273, modificación que permita alejar la línea agronómica generando otras formas de producción que estén lejos de utilizar venenos”, señalaron y añadieron que “distintos trabajos científicos revelan que estamos enfermando y muriendo y estos análisis son una prueba más de lo que venimos remarcando”.

Brillaron por su ausencia
El integrante de la Asamblea la 18, Gustavo Ludueña, manifestó a La Capital que “el grupo de vecinos lamenta profundamente la ausencia de la mayoría de las autoridades comunales involucradas. El único presente fue el presidente comunal y parte de la comisión comunal de Villa Amelia, quienes aseguraron que tomarán el compromiso de abordar la problemática”.
“También lamentamos profundamente la ausencia total de la Legislatura provincial, en donde cada bloque la de Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, como así también el Senado provincial, fueron invitados para ser parte de esta realidad”, reforzó Ludueña y adelantó que “seguiremos insistiendo para que haya una ley que cuide la salud de los territorios, para que las comunas mejoren las ordenanzas vigentes y para que la población tome conciencia de la situación”.

En todas partes
“Están en el aire, en el suelo, en los alimentos y también en el agua. Cómo no van a llegar a nuestros cuerpos”, sostuvo Ludueña y consideró que “esta situación no se soluciona con un bidón de agua mineral, con una nueva perforación o con traer agua de otras comunidades. Es necesario aplicar políticas públicas que permitan alejar los venenos de las comunidades para la protección de toda la población”.
Lo anecdótico es que tanto la iniciativa como el costo de traslado de las muestras surgió tras la decisión y el esfuerzo de los vecinos y ese proceso llevó a conocer una realidad que apuntala el resultado de otros estudios académicos que demostraron que los contaminantes agrarios están presentes en el suelo, el aire y en el agua. “Por eso es importante que de una buena vez por todas se entienda que la situación es delicada, tenemos que pensar en correr la línea agronómica y en otro modelo de producción, al menos para los periurbanos", dijo Ludueña.

Al límite de la vida
Ludueña precisó que otro dato que están trabajando y que sorprende a los vecinos es la cantidad de personas con enfermedades crónicas. “Es muy doloroso porque cuando observamos las poblaciones de la zona notamos que en ellas hay muchos casos de cáncer, incluso numerosas personas al límite de la vida. Y eso hace pensar en que es muy triste que en materia de salud no haya informes ni estadísticas de lo que está ocurriendo. El estado es el gran ausente en esta problemática”.
“Ahora vamos a llevarle un informe a las comunas involucradas y también a la Legislatura y luego veremos cómo actúan. Pero creemos que es urgente que tomen el tema ya que acá nos alarman los índices de las poblaciones que estudiamos, pero seguramente es un problema que se replica en las 365 poblaciones de la provincia”, reforzó Ludueña.

Doblemente doloroso
El vecino dijo que este modo de producción tiene impactos altamente negativos en numerosos aspectos. “Pero también hay un alto costo social. Las personas que comenzamos a exponer y denunciar estos temas a los cuatro vientos seguramente tomamos la bandera a partir de una cuestión de salud muy dolorosa propia, de un familiar, amigo o vecino. Pero además del flagelo debe afrontar que el modelo se sostenga desde las políticas públicas”, concluyó.
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Tráfico, deforestación y sequía: cuáles son las nuevas especies de aves que llegaron a Rosario

Fecha de Publicación: 25/04/2023
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Algunas son de reciente colonización y otras se avistan cada vez con más frecuencia. Hay diversos ejemplares de rapaces
Detenerse un instante y contemplar los espacios verdes de Rosario puede venir acompañado de sonidos que rompen la monotonía de los autos y colectivos. La ciudad incorporó nuevas especies de aves que, por diversos motivos, llegan a la ciudad: entre los principales, se encuentra la deforestación, la degradación de los ambientes por la sequía, y los escapes y liberaciones derivados del tráfico de ejemplares. Sin embargo, también hay pájaros desaparecidos por el uso de agroquímicos y por la pérdida de hábitat. Especialistas aseguran que crece la cantidad de personas que se dedican a observar y notificar el avistamiento de las especies en Rosario, aunque por el momento no es posible cuantificarlas.
El fotógrafo y observador de aves Horacio Luna hace 25 años que recorre la provincia registrando especies de todo tipo. Contó que es “todo de hobby” y que eso lo hizo conocer bastante sobre los ejemplares. “A medida que se transforman los ambientes, los incendios hacen que las aves se vayan a la ciudad. No obstante, la abundancia de palomas y cotorras también hizo que muchas (aves) rapaces vivan en la ciudad”, explicó a La Capital.
 El observador mencionó entre las especies nuevas de aves y de “reciente colonización en la ciudad” a la torcaza ala blanca (exótica; originaria de Chile, Perú y Ecuador; proveniente de escapes o liberaciones), el carpintero blanco (especie del norte y centro provincial, en expansión territorial favorecida por la deforestación), la cotorra catita chirirí (originaria del norte argentino) y los estorninos pinto y crestado (ambas especies introducidas, con origen en Eurasia y Asia respectivamente, son de valor comercial y pueden provenir de escapes y liberaciones). Luna recordó que al estornino comenzó a registrarlo en la costanera sur de la Ciudad de Buenos Aires en la década de 1990.
 Entre las rapaces sobre las que hay avistamientos cada vez más frecuentes citó al gavilán mixto, el taguató, el carancho, el chimango y el halconcito colorado. Sobre ellas, Luna detalló: “Ninguna de las especies de rapaces de la ciudad ha sido introducida. Las grandes ciudades suelen mantener en su interior o en su periferia espacios remanentes de naturaleza nativa o exótica”. Y sumó que los motivos son “el aumento poblacional de palomas y cotorras, que cubren gran parte de sus necesidades alimentarias”.
Por su parte, agregó una docena de otras aves que se ven cada vez con más frecuencia en Rosario: carpinterito barrado, carpintero bataraz chico, chororó, fiofío de pico corto, burlisto pico canela, benteveo rayado, chiví común, zorzal colorado, zorzal chalchalero, pitiayumí, cardenal copete rojo y monterita cabeza negra.
Estas especies, al igual que las rapaces, tampoco fueron introducidas. Y aclaró: “Los motivos (de sus apariciones) son los constantes incendios en las islas, que sin dudas han provocado un desplazamiento masivo de muchas especies de aves forestales, que perdieron grandes extensiones de bosque nativo”.

Desplazamiento de especies
El veterinario y ornitólogo Martín de la Peña, autor de varios libros sobre aves, explicó a este medio que en “casi todas las ciudades están apareciendo nuevas especies” y que esto se acentúa hacia el sur de la provincia. “Especies que, a lo mejor, estaban en el norte o en Chaco ahora las vemos en la zona central, y pájaros que llegaban hasta Santa Fe ahora se los ve por Rosario. Se nota que hay un desplazamiento”, detalló. Y agregó que si la observación se da más de una vez, se puede considerar que la especie es visitante permanente.
Algunas de las especies que resaltó como nuevas en el departamento Rosario son el chorlito doble collar, el picaflor cometa y el picaflor rubí.
En su libro “Características ecológicas y algunos ambientes que frecuentan las aves argentinas”, de la Peña señaló que el chorlito habita y nidifica en el suelo y que se alimenta de crustáceos, moluscos, insectos e invertebrados. En tanto, sumó: “Los teros y chorlos son aves que en general frecuentan ambientes acuáticos. Frecuentan playas marinas, turbales, orillas de lagunas, pantanos, esteros, bañados, charcos y campos”.
En tanto, los picaflores cometa y rubí se alimentan del néctar de las flores y de insectos, y frecuentan terrenos arbustivos, montes, selvas, campos, jardines y parques.
Además, para la región sur, el investigador señaló que en la zona de Melincué se volvieron más frecuentes los vuelvepiedras y dos especies de flamencos: la parina grande y la parina chica.
De la Peña es oriundo de Esperanza, donde aseguró tener muchas especies identificadas: “El cardenal copete rojo, el chororó, el zorzal colorado y cabecitas negras. Las veo con más frecuencia en la ciudad que hace 10, 15 o 20 años”.
Incluso afirmó que se pueden observar algunas águilas, como la coronada. Esta especie, dijo el especialista, está en peligro de extinción y “se hacen muchos trabajos para conservarla”. A eso, sumó: “Llegaban hasta los departamentos San Cristóbal y San Justo y ahora aparecieron en la zona del río Salado, en el departamento Las Colonias, unos 100 kilómetros al sur”.

Aves desaparecidas
Así como algunas especies llegan, otras desaparecen o su población se encuentra en disminución, sobre todo las que eran frecuentes en zonas periféricas y rurales. Los principales motivos, expuso Luna, son el uso de agroquímicos y la captura para su comercialización. Algunos ejemplos son la monjita blanca, la viudita trinadora, el pecho colorado, el varillero congo, el capuchino garganta café, el misto, la brasita de fuego y la reinamora grande, entre otros. “Otro factor fue y es la pérdida de hábitat del bosque nativo de barranca, debido al avance inmobiliario”, agregó Luna.
Por su parte, De la Peña sostuvo que la sequía afectó mucho la condición de las especies que tuvieron que desplazarse: “Se secaron lagunas y esteros, y las aves acuáticas se fueron de esas zonas. Quedaron sólo aquellas que se pueden desplazar por los ríos grandes, como el Salado o el Paraná; posiblemente, también, el Carcarañá”.
“Hay muchos pájaros que han aparecido en estos últimos años en las ciudades. Los cardenales y chororós quedan afectados por la deforestación de los campos”, explicó.

Sin cuantificación
En tanto, Luna consideró: “Cada vez más gente se dedica a esta actividad. Hay especies que no es que antes no estaban sino que no se notificaban. Santa Fe es muy grande y en el momento que arrancamos, era muy poco lo que se sabía”.
Consultado sobre si se puede contabilizar la cantidad de especies nuevas, Luna dijo que no y que esto se debe “a la falta de información y a trabajos científicos sobre el tema”. “Este número podría ir en aumento si tenemos en cuenta la gran diversidad de especies que son comercializadas y traficadas. También el aumento de la deforestación y los incendios ha provocado que el número de algunas especies esté en aumento”, aseguró.
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Anfibios bajo la lupa: los efectos de nuestros residuos farmacológicos

Fecha de Publicación: 06/04/2023
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional -  Santa Fe


Docente de Farmacia en la Universidad Católica de Santa Fe e investigadora del Conicet indaga, junto a un equipo de trabajo, cuáles son los efectos de medicamentos desechados en los anfibios.
El desecho de los medicamentos afecta al conjunto de la flora y la fauna de un lugar, provocando, entre otras, cambios en el agua y la tierra. El efecto producido en algunos organismos es el tema que aborda la investigación junto a su equipo de trabajo, Romina Ghirardi, profesora de la carrera de Farmacia en la Universidad Católica de Santa Fe. Se trata de una de las líneas de investigación en la Facultad de Ciencias de la Salud (IICiSa, UCSF) y el Instituto Nacional de Limnología (INALI - CONICET, UNL).
Aunque las farmacias y efectores de salud cuentan con procedimientos para el descarte correcto de medicamentos vencidos, en los domicilios particulares esto se torna más difícil. Ghirardi invita a reflexionar sobre este ciclo. Normalmente los medicamentos son desechados en la bacha de la cocina, del baño, o en el inodoro. Todo acaba en las cloacas y los desechos cloacales terminan en el río, con mayor o menor tratamiento. A su vez, algunos medicamentos son tirados a la basura domiciliaria que va al relleno sanitario, y de esto, una proporción siempre termina de una u otra manera en la tierra y el agua.
La Licenciada en Biodiversidad y Doctora en Ciencias Naturales explica que el mal uso y desecho de los medicamentos, y la forma de manejarse con esto, está generando impactos negativos en el ambiente, no solo en los animales sino también en el agua, directamente vinculada a los animales y al ser humano. "Estamos dañando bastante el ambiente", aseguró.

Todo llega al agua, y el agua vuelve a nosotros
El equipo de trabajo que integra la profesora de cátedras como Metodología de la Investigación y Salud y Medio Ambiente en la UCSF estudia la respuesta de los anfibios -tomados como organismos modelo- a la presencia de distintos fármacos de uso humano, como el clonazepam, y de uso principalmente veterinario, como la ivermectina.
"Me interesan los organismos modelo como los anfibios porque están tanto en el agua cuando son renacuajos, como en la tierra cuando son juveniles y adultos, y cualquier perturbación a los dos ambientes los puede afectar. Por ese motivo son un buen indicador de la salud ambiental", explicó la investigadora.
Con su equipo de trabajo, hasta ahora no observaron alteraciones en el comportamiento de nado de renacuajos ante distintas concentraciones del psicofármaco clonazepam, pero se siguen evaluando otros efectos subletales como malformaciones. "Evaluamos también otro producto farmacéutico, la ivermectina, que tiene un alto uso en productos veterinarios como antiparasitario de ganado y también fue consumido en altas cantidades por el ser humano durante la pandemia por Covid-19. En este caso, detectamos que los renacuajos cambian de hábitat, eligiendo sustratos donde no haya ivermectina", añadió.

Una salud
Hay un concepto de la Organización Mundial de la Salud que ya hace por lo menos 10 años que se está trabajando. Es el concepto de "Una Salud" o "One Health", en el que se afirma que la salud del ser humano no puede considerarse aislada de la salud de los animales y del ambiente, y que se debe estudiar de manera interdisciplinaria vinculando médicos, agrónomos, veterinarios, ingenieros ambientales, sociólogos, etc.
Esto se puso en evidencia durante la pandemia, y se está estudiando cada vez con mayor profundidad. "Tiene que ser algo integrado, porque básicamente vivimos en el ecosistema, somos parte de él. Nos alimentamos y bebemos de él. Se está pensando en esto, en una integridad de estudio de la salud humana, animal y ambiental", explicó Ghirardi.
Aunque la OMS señala este camino, distamos mucho de considerar la salud de un modo integrado e interdisciplinario, y así lo manifiestan muchos libros de educación primaria. La Licenciada en Biodiversidad manifiesta que al enseñar el ecosistema, algunos viejos manuales "lo muestran como los animalitos, el arbolito y las piedras; y aparte colocan la ciudad con el ser humano. Era raro que pongan un ser humano en un ecosistema, y esa es una idea que hay que cambiar".

Qué hacer para sanar esta cadena
La investigadora y docente asegura que si bien hay ciertas cosas para las que se necesitan recursos económicos importantes, o legislación y políticas públicas que van más allá de lo que uno personalmente puede hacer, hay otras cosas que son muy sencillas, que están al alcance de la mano, y que solo requieren un cambio en los hábitos.
"Se trata por ejemplo, de cuidar el agua mediante consumo responsable, de no tirar basura en espacios públicos, de cuidar y/o no dañar los espacios verdes urbanos, de enseñar a los niños a valorar la naturaleza. En cuanto a los fármacos, desecharlos de manera correcta y si no sabemos hacerlo, informarnos sobre cómo es la mejor manera de descarte de esos medicamentos, que afecte lo menor posible al ambiente", detalló Ghirardi.
De lo que se trata, a fin de cuentas, es de cuidar la naturaleza "porque somos parte de ella", concluyó.
"Me interesan los organismos modelo como los anfibios porque están tanto en el agua cuando son renacuajos, como en la tierra cuando son juveniles y adultos, y cualquier perturbación a los dos ambientes los puede afectar. Por ese motivo son un buen indicador de la salud ambiental".
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Por el alto grado de contaminación del río Salado la Defensoría del Pueblo pide explicaciones

Fecha de Publicación: 30/03/2023
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


El ombudsman Jorge Henn solicitó formalmente a los ministerios de Ambiente y Salud provincial “acciones concretas”. Fue tras el pedido de más de 150 vecinos. Dos estudios científicos verificaron niveles notorios de contaminación por un “cóctel” de desechos vertidos al río.
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe reclamó a la Provincia que presente estudios de la calidad del agua del río Salado y explique qué acciones concretas tiene previsto para subsanar la contaminación existente.
El pedido fue realizado hace menos de un mes atrás, a través de oficios enviados por los defensores Jorge Henn (centro norte provincial) y Gabriel Savino (sur), dirigidos a las ministras de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet; y de Salud, Sonia Martorano. En los mismos se requieren estudios de la calidad del agua y que se expliquen qué acciones se piensan realizar para “afrontar y subsanar la contaminación” del Salado, indican.
Este pedido formal fue decidido por la Defensoría del Pueblo tras recibir el reclamo de más de 150 vecinos de distintas localidades costeras del río Salado, que se mostraron inquietos por lo que, entienden, podrían ser niveles notorios de contaminación en ese curso de agua que atraviesa media provincia de norte a sur.
Es que en su extenso recorrido, el río Salado recibe aguas residuales de actividades agrícolas, industriales y domésticas que impactan en la biodiversidad. “Esto hizo que nosotros tomáramos intervención en el tema”, dijo Henn, en diálogo con El Litoral. “Por eso oficiamos a las ministra Gonnet y Martorano”, agregó. “Queremos saber qué van a hacer y además nos preocupa el consumo de peces extraídos de este río”.

Rigor científico
Los vecinos argumentaron el pedido tras haber tomado conocimiento de recientes estudios publicados por investigadores del Conicet. Uno de ellos, denominado “Calidad ambiental y ecotoxicidad de sedimentos en la cuenca baja del rio Salado sobre larvas de anfibios”, a cargo de la doctora de Ciencias Biológicas de la Universidad de San Martín, Carolina Aronzon.
Otro de los trabajos citados en la presentación fue publicado por la revista Science of the Total Environment. El mismo estuvo a cargo del investigador, Rafael Lajmanovich, del Conicet-UNL, bajo el nombre “Cócteles de residuos de plaguicidas en peces sábalos”.
“No podemos ningunear estudios de rigor científico que hablan de contaminación, que es algo que no podemos permitir que ocurra”, dijo el defensor del Pueblo.

A respuesta
En tanto la instrucción está en curso a la espera de las respuestas ministeriales y aprovechando la conmemoración del Día Internacional del Agua, el pasado 22 de marzo la Defensoría convocó a sus oficinas a Lajmanovich, quien accedió a explicitar ante Henn los alcances y detalles de su estudio con el que detectó al momento de su concreción la presencia de glifosato y otras sustancias contaminantes y dañinas a la salud humana en sábalos extraídos del río Salado.
Cabe recordar que El Litoral publicó los resultados de las investigaciones antes mencionadas. En la misma se hizo referencia a que el río Salado tiene un alto grado de polución por presencia de agrotóxicos. También se dijo que los niveles son tan altos que baten récord mundial, como lo pudo determinar el equipo de científicos conducido por Lajmanovich. Su estudio comprobó además la presencia de contaminantes en sábalos, uno de los peces más comunes por estas orillas.

Sábalos contaminados
Los sábalos que habitan en la región del tramo inferior del río Salado, en la ciudad de Santa Fe, registraron las concentraciones más altas a nivel mundial de nueve biocidas (insecticidas, herbicidas y fungicidas) de uso masivo en cultivos transgénicos, principalmente de soja, maíz y algodón, según el estudio.
Los científicos demostraron que las poblaciones de sábalos, en una cuenca fluvial rodeada de cultivos genéticamente modificados, incorporaron "múltiples residuos de plaguicidas en sus tejidos". Lo verificaron a través de la evaluación de presencia de plaguicidas en muestras de sedimentos y tejidos de los sábalos durante un período estival en diferentes sitios del curso bajo de la cuenca del río Salado.

Movilización ciudadana
La verificación con rigor científico de la contaminación del Salado causó un alto impacto en la opinión pública. Esto motivó la declaración unánime de “preocupación” de la Cámara de Diputados de la provincia, a mediados de febrero.
También motivó a mediados de marzo la realización de una charla pública y abierta en el club Azopardo, junto al río. “Peces que no has de comer, ¿agua que has de beber?” fue el nombre de dicha convocatoria, que fue masiva, en la que los investigadores contestaron todas las inquietudes del auditorio.
-¿Qué precauciones debe tener la gente ante el alto grado de contaminación del Salado? -consultó en aquella oportunidad El Litoral a Lajmanovich-.
-A eso lo deberían determinar las autoridades. Si tomarían este y otros trabajos anteriores como referencia, les sería útil para tomar algún tipo de medidas -respondió el especialista. Y eso es lo que requirió ahora de manera formal la Defensoría del Pueblo.
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Santa Fe no sabe/no contesta los pedidos

Fecha de Publicación: 21/03/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


Qué industrias cuentan con certificado ambiental en el Gran Rosario, por ejemplo, es una pregunta sin respuesta oficial, cuando es fundamental para ejercer el derecho a reclamar.
En relación con la democracia ambiental, que se ejerce a través del acceso a la información pública ambiental, el trabajo elaborado por el Taller Ecologista es concluyente: "Hay evidencias de que no se cumple en los hechos en Santa Fe". Por lo cual "es necesario revertir con urgencia esta situación", y a partir de ese cumplimento "también se logrará la participación ciudadana y el acceso a la justicia". Según la organización ambientalista rosarina, la información desarrollada "deja en evidencia las diferentes trabas y escollos que surgen cuando se ejercen acciones ciudadanas que buscan proteger el ambiente para disfrutarlo y, mantenerlo libre de contaminantes". Además, destaca que el acceso libre a la información ambiental vigente "evitaría consecuencias irreversibles y favorecería al cumplimiento de las normas". "Pedir información pública ambiental para saber cuáles son las emisiones de gases, si las industrias están habilitadas, si cuentan con certificado ambiental; si cumplen las normas ambientales son cuestiones fundamentales para ejercer el derecho a reclamar", dijo a Rosario/12 Florencia Sívori, asesora jurídica del Taller Ecologista, y autora del informe.
La apatía de los gobiernos, por decirlo en términos suaves, para impulsar decisiones políticas que apunten a defender el ambiente llega a extremos insondables, como la imposibilidad de acceder a la información pública ambiental. En el informe elaborado por el Taller Ecologista, presentado el pasado 13 de marzo, se describe el marco normativo nacional e internacional, como el Acuerdo de Escazú, vigente desde 2021, que garantiza este derecho democrático. Se analizaron los distintos modos de solicitar esta información y los conflictos existentes a la hora de ejercer estos derechos. Pero también se plantean recomendaciones para concretarla, como la digitalización de la información y las sanciones.
En la introducción del trabajo afirman que cuando se habla sobre democracia ambiental, se hace referencia a tres ejes: la información pública ambiental, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. "Al analizar cada uno de estos, es imposible no vincularlo con los otros dos, pero el eje de la información pública ambiental es el más importante de los tres, ya que si no se garantiza este derecho, es imposible ejercer los restantes", argumentaron.
"El Estado en todos sus niveles debe implementar las herramientas para lograr el efectivo cumplimiento de estos derechos, agilizar procesos, y generar sistemas de información, participación y educación ambiental", señala el informe, y advierte que Santa Fe "tiene un largo camino por recorrer para lograr un cambio de paradigma en los órganos estatales, que rehúsan entregar la información ambiental, como así también para promover y fomentar la participación ciudadana en todos los ámbitos posibles".
Desde el Taller Ecologista plantean que al pasar al plano del ejercicio efectivo del derecho a la información pública ambiental y analizar la normativa, se podría inferir que el trámite es más que sencillo: el solicitante ingresa un pedido de información con sus datos y el detalle de la información que requiere, y en un plazo máximo de 30 días hábiles debería tener una respuesta. En caso de que la solicitud sea rechazada, se debe indicar el motivo; caso contrario, el solicitante debería recibir la información pública ambiental solicitada. "Lamentablemente esto no ocurre", subrayaron.
"Cuando pedimos los primeros informes, hace ya varios años, la gente que nos atendía no solamente no nos querían dar la información si no que desconocían esto. Más adelante, cuando desde el Taller Ecologista comenzamos a ver que faltaba información para las consultas que nos hacían los vecinos, tanto desde la provincia como desde el municipio nos decían que esa era información que tiene el Estado. De ahí salió la idea de realizar informes relacionados con temas que trabajábamos para ver cuál era la devolución del otro lado", recordó Sívori, docente de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNR.
"Allí nos dimos cuenta de que la provincia, puntualmente, fue la que más nos complicó, no te dan la devolución ni información, y llegado al caso cuando te la dan, es muy escueta, siempre amparados en que ellos no tienen que generar información, algo que no es así según lo dice la ley nacional de Presupuestos Mínimos", agregó la abogada de la organización ambientalista rosarina.
En efecto, el trabajo precisa que de los 31 pedidos de información solicitados y respondidos entre 2018 y diciembre 2022, no fueron respondidos 18, mientras que cuatro fueron judicializados y otros cuatro respondidos fuera de plazo. Solamente ocho se respondieron en plazo y quedan cinco para responder.
"En su momento hemos pedido información sobre el tema de la Petroquímica Bermúdez (ex Electroclor); de audiencias públicas, que recibimos la respuesta cuando ya estaba iniciado el expediente judicial, pero se solucionó. Cuando uno lo judicializa, al menos recibe parte de la respuesta, con lo cual consideramos que la pueden generar. Uno no quiere hacer una industria del juicio, lo que se busca es contar cuanto antes con la información, porque para la organización tiene un costo iniciar un juicio, son muchas horas de trabajo", dijo Sívori.
"Otro de los temas en los que se pidió información están referidos a los efluentes al río Paraná, un tema muy importante sobretodo por la bajante de los últimos tiempos, y nos respondieron con evasivas, que no tienen realizados relevamientos. Por eso nos preguntamos cómo hacen para realizar las inspecciones. También hicimos pedidos sobre los envases vacíos de productos de fitosanitarios, y están pendientes todos los que están relacionados con la cuenca del arroyo Ludueña y los barrios en la zona de Funes. Esos informes que tienen mucha importancia porque ahí está la presa retardadora y no han respondido nada", añadió.
"Sin contar con la información, qué derechos se van a poder ejercer después, no saber si la empresa, los colectivos, el vecino, el propio Estado, controla o no, cumple o no. Así no se puede acceder a una justicia ni pedir o reclamar como ciudadanos. Lamentablemente nos encontramos con un Estado provincial, no sólo el de esta gestión si no también la anterior, en el que el silencio es reinante. Y muchas veces la información que no dan es como si fuese un titular y falta la explicación", sostuvo Sívori.
La asesora jurídica del Taller Ecologista subrayó que la mayoría de la información pública solicitada es al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial que conduce Erika Gonnet. "No queremos decir con todo esto que en otros ministerios no se cumpla, y tal vez con información que es menos sensible de la que nosotros pedimos. Cuando le pedís a la provincia que te informe, por ejemplo, sobre mediciones de dióxido de carbono, y te tiran números terribles, nos preguntamos qué están haciendo, y después siempre se justifican al decirnos que están cortos de personal", lamentó.
De todos modos, Sívori destacó que "el sistema de Nación, a través de trámites a distancia, realmente funciona, es serio en cuanto a la instrumentación y brinda una información, como en el caso del pedido que hicimos sobre el tema de la Hidrovía que es bastante importante para la zona. Si bien cuando uno se pone a desentrañar hay algún punto que no está, pero te dan la información, acompañada incluso de documentación".
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