El río Uruguay no tiene protección
17:36 | 
Publicado por
Eco Sitio |
El río Uruguay sin protección
Fecha de Publicación: 14/01/2014
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
En materia ambiental el río Uruguay no tiene protección. El desmonte nativo, los efluentes industriales y urbanos, los agrotóxicos y la pastera UPM Botnia, son la cara visible –aunque no las únicas- de la falta de compromiso que reflejan los Estados (Brasil, Uruguay y Argentina).
La pastera Botnia, que registra un conflicto que ya lleva once largos años, sigue funcionando no porque su tecnología sea amigable con el ambiente sino porque son los Estados, a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) quienes le dan cobertura de impunidad. Lo mismo puede sostenerse con las erráticas y contradictorias posturas de los Municipios de la cuenca.
No hay que olvidar. A mediados de 2010 se iniciaron los monitoreos ambientales a la planta y a la desembocadura del río Gualeguaychú en el Uruguay, y ambas cancillerías se juramentaron que las poblaciones ribereñas iban a recibir información al instante.
Nada ha pasado. En plena campaña electoral de octubre de 2013 se dieron a conocer los informes de manera unilateral, pero una vez que se votó, todo volvió al silencio que tanto le beneficia a UPM Botnia y tanto perjudica a los pueblos.
La irresponsabilidad de la Caru no tiene límites, porque no sólo que carece de la elemental vocación republicana para dar acceso a la información, sino que además ofende a los principios básicos de los Derechos Humanos, dado que se trata de una información que está íntima y directamente relacionada con la salud y el ambiente. Las delegaciones argentina y uruguaya en la Caru han hecho de la información un campo de concentración, donde torturan con su silencio y condenan a una muerte lenta a los pueblos ribereños; mientras permiten el saqueo de los recursos naturales que deberían custodiar y administrar.
La lucha ambiental de Gualeguaychú ya no es solamente contra la presencia de la pastera UPM Botnia, sino también con el paradigma de los gobiernos que prefieren poner a las Repúblicas de rodillas y abrazarse con las iniciativas de neto corte colonialista. Nada de liberador, de conquista y extensión de derechos se puede esperar de esta actitud, sino la muerte lenta e inexorable de los recursos naturales. Más que funcionarios, parecen gerentes de UPM, puesto que sus decisiones siempre terminan por favorecer a ese emprendimiento.
Nada es casual: ni siquiera los afectados en septiembre del año pasado por los gases de la pastera tienen derecho a la Justicia. Criminalizada la protesta, en vez de investigar la responsabilidad de UPM se investiga a quienes padecen sus efectos negativos.
El escudo protector de Botnia se llama Caru. Porque sabiendo los funcionarios que la salud de los pueblos está en riesgo, sabiendo que el ambiente está sufriendo consecuencias irreversibles, guardan un silencio que se parece más a la política de impunidad que de tutela de los intereses generales de la población.
La pérdida de la autoridad administrativa de la Caru no es casual. En este contexto, parecería que fue planificada justamente para que el saqueo ambiental sea una de las últimas joyas que se ponen en manos del capital extranjero. Paradigma propio de los años de plomo y de los recientes años ’90 es lo que predomina en ambas cancillerías. Solo así se entiende por qué protegen a UPM y ponen en riesgo de vida al río Uruguay y a los pueblos.
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Fecha de Publicación: 14/01/2014
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
En materia ambiental el río Uruguay no tiene protección. El desmonte nativo, los efluentes industriales y urbanos, los agrotóxicos y la pastera UPM Botnia, son la cara visible –aunque no las únicas- de la falta de compromiso que reflejan los Estados (Brasil, Uruguay y Argentina).
La pastera Botnia, que registra un conflicto que ya lleva once largos años, sigue funcionando no porque su tecnología sea amigable con el ambiente sino porque son los Estados, a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) quienes le dan cobertura de impunidad. Lo mismo puede sostenerse con las erráticas y contradictorias posturas de los Municipios de la cuenca.
No hay que olvidar. A mediados de 2010 se iniciaron los monitoreos ambientales a la planta y a la desembocadura del río Gualeguaychú en el Uruguay, y ambas cancillerías se juramentaron que las poblaciones ribereñas iban a recibir información al instante.
Nada ha pasado. En plena campaña electoral de octubre de 2013 se dieron a conocer los informes de manera unilateral, pero una vez que se votó, todo volvió al silencio que tanto le beneficia a UPM Botnia y tanto perjudica a los pueblos.
La irresponsabilidad de la Caru no tiene límites, porque no sólo que carece de la elemental vocación republicana para dar acceso a la información, sino que además ofende a los principios básicos de los Derechos Humanos, dado que se trata de una información que está íntima y directamente relacionada con la salud y el ambiente. Las delegaciones argentina y uruguaya en la Caru han hecho de la información un campo de concentración, donde torturan con su silencio y condenan a una muerte lenta a los pueblos ribereños; mientras permiten el saqueo de los recursos naturales que deberían custodiar y administrar.
La lucha ambiental de Gualeguaychú ya no es solamente contra la presencia de la pastera UPM Botnia, sino también con el paradigma de los gobiernos que prefieren poner a las Repúblicas de rodillas y abrazarse con las iniciativas de neto corte colonialista. Nada de liberador, de conquista y extensión de derechos se puede esperar de esta actitud, sino la muerte lenta e inexorable de los recursos naturales. Más que funcionarios, parecen gerentes de UPM, puesto que sus decisiones siempre terminan por favorecer a ese emprendimiento.
Nada es casual: ni siquiera los afectados en septiembre del año pasado por los gases de la pastera tienen derecho a la Justicia. Criminalizada la protesta, en vez de investigar la responsabilidad de UPM se investiga a quienes padecen sus efectos negativos.
El escudo protector de Botnia se llama Caru. Porque sabiendo los funcionarios que la salud de los pueblos está en riesgo, sabiendo que el ambiente está sufriendo consecuencias irreversibles, guardan un silencio que se parece más a la política de impunidad que de tutela de los intereses generales de la población.
La pérdida de la autoridad administrativa de la Caru no es casual. En este contexto, parecería que fue planificada justamente para que el saqueo ambiental sea una de las últimas joyas que se ponen en manos del capital extranjero. Paradigma propio de los años de plomo y de los recientes años ’90 es lo que predomina en ambas cancillerías. Solo así se entiende por qué protegen a UPM y ponen en riesgo de vida al río Uruguay y a los pueblos.
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