Empresario tucumano procesado por contaminación

Procesan a un empresario tucumano por contaminar la cuenca Salí-Dulce

Fecha de Publicación
: 23/03/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán


El titular del Juzgado Federal Nº 1 de la provincia de Tucumán, Daniel Bejas, procesó al empresario Raúl Martínez Alvarado, socio gerente de la firma Saneamiento y Urbanismo SRL, encargada de tratar los líquidos industriales al sur de la provincia, acusado de haber contaminado la cuenca Salí Dulce.
Paradójicamente, la noticia salió a la luz el mismo día en el que se celebra el Día Mundial del Agua y fue confirmada por el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez, uno de los funcionarios judiciales que mayor impulso le dio a las causas ambientales y quien aportó otro dato curioso: ‘Les voy a contar una infidencia, tengo la suerte de haber nacido un 22 de marzo, por eso la insistencia de los llamados telefónicos, se conjugaron las dos cosas, la noticia y la celebración’, reveló a EL LIBERAL durante la entrevista desarrollada en su despacho.
En ese marco, Gómez celebró el fallo de Bejas, al sostener que ‘los jueces federales han entendido que la contaminación con aguas servidas está dentro de la ley 24.0651’.
Además, el fiscal destacó que ‘el fallo es muy enjundioso porque da vueltas por toda la zona de la doctrina ambiental y refiere además que la SAT contrata a otra empresa para el tratamiento de los líquidos, que finalmente se terminan arrojando crudos y desembocan en la cuenca’.
Para la elaboración del fallo, el magistrado analizó un informe aportado por el Siprosa que da cuenta del estado de insalubridad del agua en la zona y sobre la contaminación del arroyo Matazambi, del cual dependen los vecinos que residen en el lugar. De acuerdo con la investigación, la empresa Saneamiento y Urbanismo SRL ‘no solo trata la vinaza del ingenio Marapa (cuya firma responsable es Atanor), sino que también acopian diferentes efluentes como los líquidos cloacales de la ciudad de Juan B. Alberdi’.
Asimismo, en el fallo además de procesarlo ‘por resultar presunto autor responsable del delito previsto y penado por la Ley 24.051’, el juez le trabó un embargo a Martínez Alvarado por un millón de pesos ‘para garantizar la pena pecuniaria, las costas procesales y responsabilidades civiles que pudieran derivarse del ilícito imputado’.
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