Minera demanda a OIKOS de Mendoza
08:15 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Minera intenta censurar ambientalista en Mendoza
Fecha de Publicación: 27/02/2013
Fuente: Comunicación Ambiental
Provincia/Región: Mendoza
En un caso preocupante de judicialización, la Minera San Jorge presentó una demanda por "calumnias e injurias" contra Eduardo Sosa, presidente de la organización OIKOS de Mendoza. Importantes entidades ambientalistas de Argentina se presentaron en su defensa ante el tribunal. Por su parte, la Asamblea Popular por el Agua y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata también mostraron su total repudio a la acción y solidaridad con el afectado. El sábado que viene, será uno de los reclamos en la marcha del Currusel Vendimial. ComAmbiental entrevistó a Eduardo Sosa, quien afirmó que su juicio se inscribe dentro de la criminalización de la protesta social.
La semana pasada, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto con otras entidades como Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Greenpeace, Los Verdes-FEP y Fundación M´biguá, formalizaron su presentación con la figura de “Amigos del Tribunal” (Amicus Curiae) en la causa iniciada por calumnias e injurias. En el comunicado, se destaca "el rol clave que juegan las organizaciones de la sociedad civil, tal como OIKOS, en la promoción y defensa de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, en el monitoreo del accionar de la administración pública y la vigencia del Estado de Derecho". Y afirman: "Para que este rol no se vea cercenado, la libertad de expresión es un derecho que debe ser plenamente garantizado, ya que es elemental para el debate público de ideas".
"¿No causaron suficiente daño moral cuando extorsionaron a toda una población, mintiendo, dividiendo familias?", se preguntaron desde la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza sobre el accionar de la minera Coro Mining Corp, autodenominada "San Jorge". En la misma línea, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata remarcaron que las acciones de Eduardo Sosa no fueron en su nombre, sino "un reflejo paralelo a las acciones de nuestra Asamblea. Las mismas evidenciaban un manejo inescrupuloso de la información por parte de la empresa que, a menudo trataba de disfrazar, tergiversar y ocultar las irregularidades del proyecto". Del mismo modo, destacan que "sin el apoyo legal proporcionados pos OIKOS Red Ambiental, nada podrían haber hecho los vecinos de Uspallata que fueron injustamente judicializados por manifestarse en reclamo de sus derechos".
El proyecto "San Jorge" fue rechazado por la Legislatura de Mendoza en agosto del 2011. Es por ello que también la Asamblea Popular por el Agua plantea que los empresarios "decidieron tomar represalias contra el pueblo. Para ello, utilizaron la acusación de calumnias, injurias y daño moral contra uno de los tantos ciudadanos que se manifestaron pacíficamente contra ese proyecto megaminero". No es solamente esto, sino que la empresa desde el año pasado intenta una nueva estrategia, que consiste en extraer el material en San Jorge y luego separar el metal en San Juan para evitar la Ley 7.722 de Mendoza que prohíbe el uso de químicos para esta minería. En este contexto, la Asamblea advirtió que una condena al ecologista "representaría un grave atentado contra la libertad de expresión y un mal antecedente respecto de la capacidad que tienen las corporaciones mineras para influir en la Justicia".
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Fecha de Publicación: 27/02/2013
Fuente: Comunicación Ambiental
Provincia/Región: Mendoza
En un caso preocupante de judicialización, la Minera San Jorge presentó una demanda por "calumnias e injurias" contra Eduardo Sosa, presidente de la organización OIKOS de Mendoza. Importantes entidades ambientalistas de Argentina se presentaron en su defensa ante el tribunal. Por su parte, la Asamblea Popular por el Agua y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata también mostraron su total repudio a la acción y solidaridad con el afectado. El sábado que viene, será uno de los reclamos en la marcha del Currusel Vendimial. ComAmbiental entrevistó a Eduardo Sosa, quien afirmó que su juicio se inscribe dentro de la criminalización de la protesta social.
La semana pasada, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto con otras entidades como Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Greenpeace, Los Verdes-FEP y Fundación M´biguá, formalizaron su presentación con la figura de “Amigos del Tribunal” (Amicus Curiae) en la causa iniciada por calumnias e injurias. En el comunicado, se destaca "el rol clave que juegan las organizaciones de la sociedad civil, tal como OIKOS, en la promoción y defensa de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, en el monitoreo del accionar de la administración pública y la vigencia del Estado de Derecho". Y afirman: "Para que este rol no se vea cercenado, la libertad de expresión es un derecho que debe ser plenamente garantizado, ya que es elemental para el debate público de ideas".
"¿No causaron suficiente daño moral cuando extorsionaron a toda una población, mintiendo, dividiendo familias?", se preguntaron desde la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza sobre el accionar de la minera Coro Mining Corp, autodenominada "San Jorge". En la misma línea, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata remarcaron que las acciones de Eduardo Sosa no fueron en su nombre, sino "un reflejo paralelo a las acciones de nuestra Asamblea. Las mismas evidenciaban un manejo inescrupuloso de la información por parte de la empresa que, a menudo trataba de disfrazar, tergiversar y ocultar las irregularidades del proyecto". Del mismo modo, destacan que "sin el apoyo legal proporcionados pos OIKOS Red Ambiental, nada podrían haber hecho los vecinos de Uspallata que fueron injustamente judicializados por manifestarse en reclamo de sus derechos".
El proyecto "San Jorge" fue rechazado por la Legislatura de Mendoza en agosto del 2011. Es por ello que también la Asamblea Popular por el Agua plantea que los empresarios "decidieron tomar represalias contra el pueblo. Para ello, utilizaron la acusación de calumnias, injurias y daño moral contra uno de los tantos ciudadanos que se manifestaron pacíficamente contra ese proyecto megaminero". No es solamente esto, sino que la empresa desde el año pasado intenta una nueva estrategia, que consiste en extraer el material en San Jorge y luego separar el metal en San Juan para evitar la Ley 7.722 de Mendoza que prohíbe el uso de químicos para esta minería. En este contexto, la Asamblea advirtió que una condena al ecologista "representaría un grave atentado contra la libertad de expresión y un mal antecedente respecto de la capacidad que tienen las corporaciones mineras para influir en la Justicia".
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