El futuro de la causa “Riachuelo”
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El futuro de la causa “Riachuelo”
Fecha de Publicación: 05/02/2013
Fuente: Diario BAE
Provincia/Región: Riachuelo
El emblemático caso judicial que pone en riesgo sanitario a unas cinco millones de personas que habitan la cuenca atraviesa un prolongado período de estancamiento luego del escandaloso apartamiento del juez Luis Armella. ¿Qué rumbo tomará la Justicia y cuáles son las problemáticas más graves que se enfrentan?
La histórica causa de la Cuenca Matanza-Riachuelo –que ya lleva transcurridos cinco de los diez años estimados para su saneamiento– es un hecho emblemático en lo que se refiere a derecho medioambiental: en el sitio en donde se concentra alrededor del 12% de la población del país existe una peligrosa realidad que encierra a más de 1.400 industrias consideradas agentes contaminantes.
Frente a este peligroso contexto que muestra elevados índices de contaminación en el área, la Corte puso especial foco en el caso con el fin de que se avanzara a paso firme en el saneamiento del área. Pero la causa trajo consigo algunos inconvenientes que terminaron por complicar el panorama actual.
Luego de que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, fuera apartado del caso al ser denunciado debido a millonarias irregularidades en distinto tipo de contrataciones, la causa se sumergió en un peligroso estancamiento, dado que desde fines de agosto no hubo movimientos en el caso y, según informaron a BAE fuentes judiciales, hasta marzo del corriente año el leading case no entraría en la agenda de la Justicia.
Lo cierto es que luego del apartamiento del magistrado de Quilmes, sobre fin del pasado año la Corte designó al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 de la Capital Federal para continuar interviniendo en todo lo referido a las contrataciones relativas a redes de agua potable y cloacas y al tratamiento de la basura, mientras que todas las restantes competencias que había asignado el máximo tribunal al juzgado federal de Quilmes quedaron bajo la órbita del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez. La Corte, además, decidió que los recursos humanos y materiales que estaban afectados a la tramitación de las causas en el juzgado federal de Quilmes se pusieran a disposición de la dependencia judicial de Morón.
Ante este escenario, y a pesar de las resoluciones de la Corte, fuentes judiciales revelan que los magistrados no se habrían puesto de acuerdo aún en las cuestiones operativas para llevar adelante el caso. Los empleados y funcionarios que quedaron bajo la órbita del juzgado de Morón se resistirían a mudarse a esa dependencia, lo cual implicaría que los expedientes serían tramitados, físicamente, en el juzgado federal de Quilmes y el juez Rodríguez se trasladaría a firmar las resoluciones.
Así las cosas, abogados que intervienen en las causas relativas a la cuenca Riachuelo -Matanza, cuyos nombres prefirieron resguardar, afirmaron a BAE que mientras que prácticamente todos los expedientes permanecen en Quilmes, el magistrado Rodríguez no comenzó a intervenir en esas causas, situación que se ve agravada dado que no se reciben los escritos de las partes; sumado a esta lista de contrariedades, según completan las fuentes, el magistrado Rodríguez tomaría sus vacaciones en el corriente mes de febrero, lo que dejaría la causa inactiva hasta marzo.
El panorama no podía ser peor para los justiciables, pues las causas están virtualmente paralizadas desde hace más de cinco meses. Paradójicamente, los expedientes siguen estando físicamente en el juzgado de Armella, bajo su guarda y custodia, a pesar de que la Corte lo apartó de la causa y lo denunció penalmente y ante el Consejo de la Magistratura
Este estancamiento llevó a que varias empresas e instituciones con planteos urgentes vinculados a la cuenca Matanza-Riachuelo han manifestado –reservando sus nombres bajo la explicación de que no quieren recibir un trato diferente y negativo en sus peticiones ante la eventual publicación de los mismos– su enorme preocupación por la situación.
El abogado Martín Tonelli refirió a BAE, en ese sentido, que hizo una denuncia en el juzgado de Quilmes y ciertos planteos a partir de junio del 2012, con carácter de suma urgencia dado el objeto de la denuncia en cuestión, y los mismos aún no fueron resueltos, habiendo transcurrido ya ocho meses.
Por su parte, Andrés Nápoli, abogado de la Fundación Ambientes y Recursos Naturales (FARN), señala que en materia de justicia ambiental un reclamo constante entre los actores judiciales de este ámbito radica en la falta de acatamiento de las sentencias. “Los incumplimientos se dan porque estas acciones judiciales son obligaciones de hacer. En esta causa [Riachuelo] por ejemplo hubo una sentencia histórica; el gran interrogante que siempre surge es si esa sentencia se va a cumplir y cómo se va a lograr definitivamente”.
Desafíos del nuevo juez de la causa
Rodríguez deberá asumir una gran parte de las causas relativas al caso “Mendoza”. Pesa sobre sus hombros el antecedente inmediato y reciente del juez Armella, sobre el cual han recaído serias sospechas de corrupción que motivaron las denuncias de la mismísima Corte
En este contexto, los justiciables, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad jurídica y ambiental en general, aguardan reacciones del nuevo magistrado que se encuentren a la altura de las circunstancias.
Abogados ambientalistas explicaron a BAE que “la CSJN ha hecho un enorme esfuerzo, aunque no es el único tema del cual se tiene que ocupar; creemos que necesitan un alineamiento y colaboración con distintas áreas; el desplazamiento del juez Armella pone mucho foco y atención en los próximos pasos que tome el doctor Rodríguez; hay numerosas instituciones esperando sus primeras decisiones”. El juez Rodríguez tiene, sin dudas, un gran desafío por delante en cuanto la causa se active.
Temas de urgente resolución
Como es de esperar en una megacausa, los intereses económicos son muchos. Numerosas empresas están interesadas en que la causa “Mendoza” no avance o que lo haga lentamente.
Ahora bien: la Corte ha establecido prioridades y en su resolución del 19 de diciembre de 2012 ordenó enfatizar el trabajo en las siguientes materias: relocalización de establecimientos industriales, sistemas de medición de calidad de aire y agua, detección de conexiones clandestinas, erradicación y relocalización de barrios de emergencia y asentamientos poblacionales precarios, planta depuradora del Bicentenario, planta de tratamiento Dock Sud, sistema de vigilancia epidemiológica, red de servicios de salud, y plan de reconversión industrial.
Así, la Asociación de Vecinos La Boca (AVLB) volvió a denunciar que con los límites de vertidos de contaminantes permitidos por Acumar, el Riachuelo seguirá contaminado. En otras palabras, las normas internacionales imponen permitir vuelcos muy inferiores y con parámetros más exigentes que lo que está permitiendo Acumar.
Ante esta situación, el organismo debería establecer parámetros de vuelco más exigentes para cada metal pesado y elementos orgánicos contaminantes, según normas internacionales. El Riachuelo tiene oxígeno cero, según la propia Acumar y todos los expertos en la materia, siendo uno de los ríos más contaminados del mundo. Se espera, entonces, que la Corte se pronuncie a la brevedad en la materia.
Los dragados: una nueva amenaza
Se trata de otra materia que constituye un verdadero escándalo, y que ya motivó una denuncia penal radicada ante el juzgado de Armella y un planteo que la Justicia debe resolver en breve. Según pudo conocer BAE, recientemente comenzó una obra que implicará dragar 1.000.000 de metros cúbicos del lecho del Riachuelo y volcar los barros que se extraigan en aguas abiertas en el río de la Plata. El lecho del Riachuelo tiene una contaminación severa, con hidrocarburos y metales pesados, según coinciden todos los expertos en la materia.
Especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) informaron que esos barros no pueden ser dragados. Mucho menos volcarlos, sin tratamiento alguno, en aguas abiertas del río de la Plata.
Las empresas que impulsan la obra –Exolgan S.A., Dyopsa S.A. y Trevi S.A.–, que son agentes contaminantes declarados por Acumar y que en algún caso incluso han padecido una clausura, avanzan, inexplicablemente, y sin dudas este será un tema sobre el que la Justicia deberá intervenir.
Según todas las normas internacionales que rigen en estas materias, lo que se está haciendo se encuentra expresamente prohibido. Las normas aplicables internacionalmente a esta cuestión son, según indican científicos de la UBA, las holandesas y las canadienses.
La Corte y el juez Rodríguez tendrán que resolver si admiten los planteos contenidos en las denuncias orientadas –según explica el denunciante– a evitar la catástrofe ambiental que implicaría arrojar al río de la Plata, sin tratamiento, la peligrosa cantidad de 1.000.000 de metros cúbicos de material contaminado. Hay fuertes expectativas tras la reactivación de la causa.
¿El juez de la causa sigue siendo Armella?
La situación procesal que presenta la causa “Mendoza” es cuanto menos atípica. El juez Armella fue apartado de la causa por decisión de la Corte, e incluso fue denunciado ante la justicia penal y el Consejo de la Magistratura, habiéndose designado en consecuencia un magistrado en su reemplazo. Pero el expediente sigue encontrándose en el juzgado de Armella y su propio personal es el que continuaría trabajando en el avance del mismo. De ese modo, el juzgado a cargo de Armella parece seguir trabajando en la causa. A su vez, funcionarios designados a instancias de Armella en Acumar continuarían en funciones, por lo que cabe preguntarse entonces si el juez de la causa sigue siendo Armella o si el magistrado Jorge Rodríguez ya lo ha reemplazado efectivamente en la función delegada por la Corte.
El paso del leading case por la Justicia
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó en su sentencia del 8 de julio de 2008, en la conocida causa “Mendoza”, el cumplimiento obligatorio de un programa cuyos principales objetivos son: mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca Riachuelo-Matanza; la recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelos), y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.
El alto tribunal reguló específicamente en esa sentencia la organización de un sistema de información pública digital para el público general. Adoptó, asimismo, medidas concretas en relación con la contaminación industrial, el saneamiento de basurales, la limpieza de márgenes de río, la expansión de la red de agua potable, los desagües pluviales, el saneamiento cloacal y el plan sanitario de emergencia. Impuso a la Autoridad de Cuenca (Acumar), y en forma concurrente a la Nación, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires, el cumplimiento de ese programa. Posteriormente, delegó en el Juzgado Federal de 1ª Instancia de Quilmes, a cargo del juez Armella, el conocimiento de todas las cuestiones concernientes a la ejecución de la sentencia y en la revisión de todas las decisiones finales que tomare Acumar.
Acumar opera con un presupuesto de cientos de millones de pesos acumulados en los últimos años y dispone del trabajo de cientos de colaboradores. Se trata de un órgano tripartito integrado por la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Su misión es “mejorar la calidad de vida de más de 5 millones de habitantes en la cuenca, trabajando para generar resultados duraderos a través de la construcción de obras de infraestructura, limpieza y mantenimiento del espacio público, control de las condiciones ambientales y de la actividad industrial, y enfrentando un desafío fundamental: asegurar el compromiso de la sociedad, entregando conocimiento y resaltando los valores indispensables para que las personas que habitan la región nos ayuden a cumplir nuestro objetivo”.
Luego de la sentencia de la Corte Suprema del 8 de julio de 2008 se produjeron numerosas intervenciones del juzgado federal de Quilmes y el máximo tribunal mantuvo cierto control sobre la cuestión.
El punto de inflexión llegó cuando el 24 de agosto de 2013, a raíz de una nota periodística, la Corte encomendó un informe circunstanciado sobre el particular del juez Armella y, a la vez, requirió un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). El 9 de octubre de 2012 la AGN solicitó la intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación para que examine la eventual responsabilidad del titular del juzgado federal de Quilmes, y remitió copias a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para que designe el juzgado que intervendrá en la investigación de los presuntos responsables; en lo que respecta a la causa, dispuso apartar al titular del juzgado federal de Quilmes del conocimiento de los casos atribuidos el 8 de julio de 2008, encomendando a la Cámara Federal de La Plata la designación de un subrogante.
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Fecha de Publicación: 05/02/2013
Fuente: Diario BAE
Provincia/Región: Riachuelo
El emblemático caso judicial que pone en riesgo sanitario a unas cinco millones de personas que habitan la cuenca atraviesa un prolongado período de estancamiento luego del escandaloso apartamiento del juez Luis Armella. ¿Qué rumbo tomará la Justicia y cuáles son las problemáticas más graves que se enfrentan?La histórica causa de la Cuenca Matanza-Riachuelo –que ya lleva transcurridos cinco de los diez años estimados para su saneamiento– es un hecho emblemático en lo que se refiere a derecho medioambiental: en el sitio en donde se concentra alrededor del 12% de la población del país existe una peligrosa realidad que encierra a más de 1.400 industrias consideradas agentes contaminantes.
Frente a este peligroso contexto que muestra elevados índices de contaminación en el área, la Corte puso especial foco en el caso con el fin de que se avanzara a paso firme en el saneamiento del área. Pero la causa trajo consigo algunos inconvenientes que terminaron por complicar el panorama actual.
Luego de que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, fuera apartado del caso al ser denunciado debido a millonarias irregularidades en distinto tipo de contrataciones, la causa se sumergió en un peligroso estancamiento, dado que desde fines de agosto no hubo movimientos en el caso y, según informaron a BAE fuentes judiciales, hasta marzo del corriente año el leading case no entraría en la agenda de la Justicia.
Lo cierto es que luego del apartamiento del magistrado de Quilmes, sobre fin del pasado año la Corte designó al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 de la Capital Federal para continuar interviniendo en todo lo referido a las contrataciones relativas a redes de agua potable y cloacas y al tratamiento de la basura, mientras que todas las restantes competencias que había asignado el máximo tribunal al juzgado federal de Quilmes quedaron bajo la órbita del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez. La Corte, además, decidió que los recursos humanos y materiales que estaban afectados a la tramitación de las causas en el juzgado federal de Quilmes se pusieran a disposición de la dependencia judicial de Morón.
Ante este escenario, y a pesar de las resoluciones de la Corte, fuentes judiciales revelan que los magistrados no se habrían puesto de acuerdo aún en las cuestiones operativas para llevar adelante el caso. Los empleados y funcionarios que quedaron bajo la órbita del juzgado de Morón se resistirían a mudarse a esa dependencia, lo cual implicaría que los expedientes serían tramitados, físicamente, en el juzgado federal de Quilmes y el juez Rodríguez se trasladaría a firmar las resoluciones.
Así las cosas, abogados que intervienen en las causas relativas a la cuenca Riachuelo -Matanza, cuyos nombres prefirieron resguardar, afirmaron a BAE que mientras que prácticamente todos los expedientes permanecen en Quilmes, el magistrado Rodríguez no comenzó a intervenir en esas causas, situación que se ve agravada dado que no se reciben los escritos de las partes; sumado a esta lista de contrariedades, según completan las fuentes, el magistrado Rodríguez tomaría sus vacaciones en el corriente mes de febrero, lo que dejaría la causa inactiva hasta marzo.
El panorama no podía ser peor para los justiciables, pues las causas están virtualmente paralizadas desde hace más de cinco meses. Paradójicamente, los expedientes siguen estando físicamente en el juzgado de Armella, bajo su guarda y custodia, a pesar de que la Corte lo apartó de la causa y lo denunció penalmente y ante el Consejo de la Magistratura
Este estancamiento llevó a que varias empresas e instituciones con planteos urgentes vinculados a la cuenca Matanza-Riachuelo han manifestado –reservando sus nombres bajo la explicación de que no quieren recibir un trato diferente y negativo en sus peticiones ante la eventual publicación de los mismos– su enorme preocupación por la situación.
El abogado Martín Tonelli refirió a BAE, en ese sentido, que hizo una denuncia en el juzgado de Quilmes y ciertos planteos a partir de junio del 2012, con carácter de suma urgencia dado el objeto de la denuncia en cuestión, y los mismos aún no fueron resueltos, habiendo transcurrido ya ocho meses.
Por su parte, Andrés Nápoli, abogado de la Fundación Ambientes y Recursos Naturales (FARN), señala que en materia de justicia ambiental un reclamo constante entre los actores judiciales de este ámbito radica en la falta de acatamiento de las sentencias. “Los incumplimientos se dan porque estas acciones judiciales son obligaciones de hacer. En esta causa [Riachuelo] por ejemplo hubo una sentencia histórica; el gran interrogante que siempre surge es si esa sentencia se va a cumplir y cómo se va a lograr definitivamente”.
Desafíos del nuevo juez de la causa
Rodríguez deberá asumir una gran parte de las causas relativas al caso “Mendoza”. Pesa sobre sus hombros el antecedente inmediato y reciente del juez Armella, sobre el cual han recaído serias sospechas de corrupción que motivaron las denuncias de la mismísima Corte
En este contexto, los justiciables, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad jurídica y ambiental en general, aguardan reacciones del nuevo magistrado que se encuentren a la altura de las circunstancias.
Abogados ambientalistas explicaron a BAE que “la CSJN ha hecho un enorme esfuerzo, aunque no es el único tema del cual se tiene que ocupar; creemos que necesitan un alineamiento y colaboración con distintas áreas; el desplazamiento del juez Armella pone mucho foco y atención en los próximos pasos que tome el doctor Rodríguez; hay numerosas instituciones esperando sus primeras decisiones”. El juez Rodríguez tiene, sin dudas, un gran desafío por delante en cuanto la causa se active.
Temas de urgente resolución
Como es de esperar en una megacausa, los intereses económicos son muchos. Numerosas empresas están interesadas en que la causa “Mendoza” no avance o que lo haga lentamente.
Ahora bien: la Corte ha establecido prioridades y en su resolución del 19 de diciembre de 2012 ordenó enfatizar el trabajo en las siguientes materias: relocalización de establecimientos industriales, sistemas de medición de calidad de aire y agua, detección de conexiones clandestinas, erradicación y relocalización de barrios de emergencia y asentamientos poblacionales precarios, planta depuradora del Bicentenario, planta de tratamiento Dock Sud, sistema de vigilancia epidemiológica, red de servicios de salud, y plan de reconversión industrial.
Así, la Asociación de Vecinos La Boca (AVLB) volvió a denunciar que con los límites de vertidos de contaminantes permitidos por Acumar, el Riachuelo seguirá contaminado. En otras palabras, las normas internacionales imponen permitir vuelcos muy inferiores y con parámetros más exigentes que lo que está permitiendo Acumar.
Ante esta situación, el organismo debería establecer parámetros de vuelco más exigentes para cada metal pesado y elementos orgánicos contaminantes, según normas internacionales. El Riachuelo tiene oxígeno cero, según la propia Acumar y todos los expertos en la materia, siendo uno de los ríos más contaminados del mundo. Se espera, entonces, que la Corte se pronuncie a la brevedad en la materia.
Los dragados: una nueva amenaza
Se trata de otra materia que constituye un verdadero escándalo, y que ya motivó una denuncia penal radicada ante el juzgado de Armella y un planteo que la Justicia debe resolver en breve. Según pudo conocer BAE, recientemente comenzó una obra que implicará dragar 1.000.000 de metros cúbicos del lecho del Riachuelo y volcar los barros que se extraigan en aguas abiertas en el río de la Plata. El lecho del Riachuelo tiene una contaminación severa, con hidrocarburos y metales pesados, según coinciden todos los expertos en la materia.
Especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) informaron que esos barros no pueden ser dragados. Mucho menos volcarlos, sin tratamiento alguno, en aguas abiertas del río de la Plata.
Las empresas que impulsan la obra –Exolgan S.A., Dyopsa S.A. y Trevi S.A.–, que son agentes contaminantes declarados por Acumar y que en algún caso incluso han padecido una clausura, avanzan, inexplicablemente, y sin dudas este será un tema sobre el que la Justicia deberá intervenir.
Según todas las normas internacionales que rigen en estas materias, lo que se está haciendo se encuentra expresamente prohibido. Las normas aplicables internacionalmente a esta cuestión son, según indican científicos de la UBA, las holandesas y las canadienses.
La Corte y el juez Rodríguez tendrán que resolver si admiten los planteos contenidos en las denuncias orientadas –según explica el denunciante– a evitar la catástrofe ambiental que implicaría arrojar al río de la Plata, sin tratamiento, la peligrosa cantidad de 1.000.000 de metros cúbicos de material contaminado. Hay fuertes expectativas tras la reactivación de la causa.
¿El juez de la causa sigue siendo Armella?
La situación procesal que presenta la causa “Mendoza” es cuanto menos atípica. El juez Armella fue apartado de la causa por decisión de la Corte, e incluso fue denunciado ante la justicia penal y el Consejo de la Magistratura, habiéndose designado en consecuencia un magistrado en su reemplazo. Pero el expediente sigue encontrándose en el juzgado de Armella y su propio personal es el que continuaría trabajando en el avance del mismo. De ese modo, el juzgado a cargo de Armella parece seguir trabajando en la causa. A su vez, funcionarios designados a instancias de Armella en Acumar continuarían en funciones, por lo que cabe preguntarse entonces si el juez de la causa sigue siendo Armella o si el magistrado Jorge Rodríguez ya lo ha reemplazado efectivamente en la función delegada por la Corte.
El paso del leading case por la Justicia
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó en su sentencia del 8 de julio de 2008, en la conocida causa “Mendoza”, el cumplimiento obligatorio de un programa cuyos principales objetivos son: mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca Riachuelo-Matanza; la recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelos), y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.
El alto tribunal reguló específicamente en esa sentencia la organización de un sistema de información pública digital para el público general. Adoptó, asimismo, medidas concretas en relación con la contaminación industrial, el saneamiento de basurales, la limpieza de márgenes de río, la expansión de la red de agua potable, los desagües pluviales, el saneamiento cloacal y el plan sanitario de emergencia. Impuso a la Autoridad de Cuenca (Acumar), y en forma concurrente a la Nación, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires, el cumplimiento de ese programa. Posteriormente, delegó en el Juzgado Federal de 1ª Instancia de Quilmes, a cargo del juez Armella, el conocimiento de todas las cuestiones concernientes a la ejecución de la sentencia y en la revisión de todas las decisiones finales que tomare Acumar.
Acumar opera con un presupuesto de cientos de millones de pesos acumulados en los últimos años y dispone del trabajo de cientos de colaboradores. Se trata de un órgano tripartito integrado por la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Su misión es “mejorar la calidad de vida de más de 5 millones de habitantes en la cuenca, trabajando para generar resultados duraderos a través de la construcción de obras de infraestructura, limpieza y mantenimiento del espacio público, control de las condiciones ambientales y de la actividad industrial, y enfrentando un desafío fundamental: asegurar el compromiso de la sociedad, entregando conocimiento y resaltando los valores indispensables para que las personas que habitan la región nos ayuden a cumplir nuestro objetivo”.
Luego de la sentencia de la Corte Suprema del 8 de julio de 2008 se produjeron numerosas intervenciones del juzgado federal de Quilmes y el máximo tribunal mantuvo cierto control sobre la cuestión.
El punto de inflexión llegó cuando el 24 de agosto de 2013, a raíz de una nota periodística, la Corte encomendó un informe circunstanciado sobre el particular del juez Armella y, a la vez, requirió un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). El 9 de octubre de 2012 la AGN solicitó la intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación para que examine la eventual responsabilidad del titular del juzgado federal de Quilmes, y remitió copias a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para que designe el juzgado que intervendrá en la investigación de los presuntos responsables; en lo que respecta a la causa, dispuso apartar al titular del juzgado federal de Quilmes del conocimiento de los casos atribuidos el 8 de julio de 2008, encomendando a la Cámara Federal de La Plata la designación de un subrogante.
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