Ley antiminera cordobesa es declarada constitucional
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Dictaminaron que la ley cordobesa que prohíbe la minería a cielo abierto es constitucional
Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
La normativa analizada por Víctor Abramovich (9526) también veda el uso en la provincia de Córdoba de ciertos químicos -como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico-. El funcionario enfatizó que la norma se dictó para complementar previsiones ya existentes en el ámbito nacional. El caso llegó ante la Máxima Instancia hace dos años
El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Víctor Abramovich, opinó que es constitucional la ley 9526 de la provincia de Córdoba, que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto (que se lleva a cabo con minerales nucleares como el uranio y el torio y el uso de sustancias químicas contaminantes, tóxicas y/o peligrosas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico).
El agente recordó que la provincia dictó la ley en ejercicio de su competencia en materia ambiental, a fin de complementar las normas nacionales que protegen el ambiente en el sector de la minería.
En tanto, advirtió sobre los graves e irreversibles efectos que las actividades prohibidas conllevan para la integridad del ambiente, la salud de la población y el acceso al agua.
En ese marco, entendió que el articulado de la Ley 9526 es coherente con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad que guían el derecho ambiental.
El caso
La decisión tiene lugar en el marco de un caso se generó a raíz de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada en 2009 por la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear en contra de la ley provincial 9526, que establece las prohibiciones referidas. En su demanda, las accionantes señalaron que la normativa avanza sobre aspectos regulados en el Código de Minería y en la Ley Nacional de Actividad Nuclear (24804), lo que implica afectación de las facultades delegadas por las provincias a la Nación.
Además, señalaron que las restricciones estipuladas para la actividad minera vulneran sus derechos de trabajar y a ejercer toda industria lícita y el de propiedad, garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional (CN).
TSJ
El procurador fiscal dictaminó que correspondía confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que desestimó la demanda impugnatoria de la ley provincial.
En agosto de 2015, a seis años de la promoción de la acción declarativa de inconstitucionalidad, el Alto Tribunal provincial ratificó la validez de la legislación, al valorar que las restricciones que establece son razonables si se tiene en cuenta que el ambiente constituye un bien colectivo supremo que debe ser preservado.
Asimismo, resaltó que la norma se dictó dentro de las competencias propias de la provincia de Córdoba en la materia y que, por ello, complementa las previsiones nacionales sobre minería; especialmente, en lo referido al ejercicio del poder de policía.
Paralelamente, indicó que el objetivo es amparar un “uso razonable” del agua y mantener en niveles “aceptables” los efectos contaminantes de determinadas y puntuales actividades, prácticas y procesos mineros, para lo cual tuvo en cuenta, fundamentalmente, que el método de lixiviación química resulta inaceptable desde la perspectiva ambiental contemporánea.
“Existe consenso en la literatura respecto de que ninguna actividad industrial es tan agresiva al ambiente como la minería metalífera a cielo abierto”, enfatizó, explicando que se trata de actividades con huellas ambientales de relevancia durante muchos años.
Bajo esa premisa, recordó que según el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba está comprobado empíricamente que la actividad minera que se desarrolla a “cielo abierto”, con utilización de procedimientos químicos, “daña severamente el ambiente y, en consecuencia, a los seres humanos”.
Por otra parte, ponderó que otra “columna vertebral” de la ley es la protección del agua, considerada patrimonio natural por tratarse de un bien único e irreemplazable que, como tal, requiere instrumentos de protección de naturaleza jurídica.
Desde ese punto de vista, subrayó que con el método extractivo “a cielo abierto” los niveles de consumo de agua son “altísimos”.
Los Gigantes
El tribunal puso como ejemplos las minas La Alumbrera (Catamarca) y Veladero (San Juan), donde se insumen 100 millones y 70 millones de litros de agua por día, respectivamente. También tuvieron en cuenta la experiencia histórica en la provincia, con los casos de la planta de procesamiento de uranio en la Mina “Schlagintweit” (yacimiento Los Gigantes).
No obstante, el TSJ aclaró que la ley 9625 solo restringe determinadas metodologías y procedimientos de explotación, pero que ni la actividad minera en sí misma ni los derechos obtenidos mediante concesiones quedan prohibidos, sino que se limitan para “tender a un equilibrio dinámico entre las actividades económicas y la protección del ambiente”.
Una vez que se conoció el fallo, los actores adelantaron que llevarían su planteo ante la Corte Suprema.
En octubre de 2016 los mineros cordobeses presentaron un recurso de queja ante la Máxima Instancia en insistieron con que la ley avasalla el sistema de distribución de competencias ambientales concurrentes previstas en el artículo 41 de la Constitución, cercena el principio de supremacía y el de razonabilidad constitucional y desconoce la cláusula de desarrollo y progreso prevista también en la Constitución”.
Competencias
Ahora, en su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal consignó que el artículo 41 de la Constitución Nacional le reconoce competencias al Estado Nacional y a las provincias que se organizan bajo el principio de complementariedad y que de acuerdo con ese reparto, el gobierno federal tiene facultades para definir los presupuestos mínimos de protección y los gobiernos locales para complementar esos presupuestos, “aumentando el nivel de protección establecido por el piso de protección inderogable fijado por la Nación”.
Sobre la base de aquel principio, Abramovich explicó que las provincias están autorizadas para establecer, por encima de los contenidos mínimos, regulaciones más estrictas que las nacionales, pues lo que se busca es la optimización de la tutela en resguardo de las características específicas, geográficas, climáticas, poblacionales y socioculturales del entorno provincial.
Así, entendió que la ley 9526 se adecuó a las previsiones del artículo 41 de la CN, pues maximizó la protección ambiental establecida a nivel nacional en la Ley General del Ambiente y en el Código de Minería.
Abramovich afirmó que no avanza sobre las facultades exclusivas del Congreso de la Nación para dictar el Código de Minería.
Al respecto, precisó que ese compendio regula los derechos, obligaciones y procedimientos para adquirir, explotar o aprovechar las sustancias minerales, mientras que la ley local establece ciertas condiciones técnicas para la realización de la actividad minera, en base a criterios de protección ambiental.
El agente puso de relieve que el propio artículo 233 del Código de Minería, inserto en el título “Condiciones técnicas de la explotación”, prevé que los mineros deben respetar las normas vinculadas a la conservación del ambiente dictadas por la Nación y por las provincias, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, y puntualizó que esa previsión es aplicable en materia de minería nuclear.
Agua
En segundo lugar, señaló que las restricciones establecidas en la ley cordobesa resultan razonables y no afectan derechos de las empresas mineras; ello así, si se tienen en cuenta los efectos nocivos e irreversibles que las técnicas y actividades prohibidas le causan al medio ambiente y, en especial, al agua.
En particular, destacó que las medidas adoptadas por la ley local resultan coherentes con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad que guían el derecho ambiental, detallados en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. El funcionario enfatizó que aquéllos deben imperar ante la creación de un riesgo de efectos desconocidos y, por tanto, imprevisibles, y que cuando lo que se persigue es la tutela del bien colectivo, como los derechos de raíz constitucional al ambiente y al agua, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro.
Entre algunos de esos efectos, transcribió los que surgen del debate parlamentario de la ley, donde se expuso que la minería metalífera a cielo abierto remueve cientos de toneladas de tierra y roca, “agravando los procesos de desertificación, alterando el normal escurrimiento de las aguas y, en consecuencia, de cuencas completas” y que los procesos de lixiviación y flotación con sustancias tóxicas emplean millones de litros de líquido, que se contaminan por el aporte de las sustancias tóxicas que utilizan: cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras.
“Estos gigantes volúmenes de agua, recurso de altísimo valor para la vida, no será apta nunca más para el consumo humano, ni de ganado, ni de cultivos”, resaltó.
El procurador se basó en los estudios técnicos presentados en la causa y en los informes de la auditoría de cierre de la mina de uranio Schlagintweit, que fue explotada en la provincia de Córdoba hasta 1991, un emprendimiento que produjo serios perjuicios ambientales.
Citando esos antecedentes, advirtió que los accionantes no aportaron pruebas que rebatan la información científica sobre el daño ambiental que producen las actividades prohibidas por la ley ni demostraron que la norma cuestionada obstaculice la actividad minera en Córdoba.
En esa línea, hizo notar que la minería en la provincia “se halla orientada principalmente a la obtención de minerales no metalíferos, en canteras, y que actualmente no habría minas activas de uranio”.
La ley 9526 se dictó en 2008
El artículo 1 prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, en todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales.
El artículo 2 veda la actividad minera de minerales nucleares, tales como el uranio y el torio, y dispone que las explotaciones concedidas deben cerrar.
El artículo 3 bloquea la posibilidad de usar cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y toda otra sustancia química incluida en el anexo I de la Ley Nacional 24051 o que posea alguna de las características enunciadas en el anexo II de esa legislación y normas concordantes o las que en el futuro las reemplacen.
La prohiubición se circunscribe a los procesos de prospección, cateo, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción, almacenamiento, industrialización y/o en los detallados en el inciso b del artículo 249 del Código de Minería, de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo, cualquiera sea el lugar de la provincia el que se desarrollen.
Prevención, precaución y sustentabilidad
– El procurador ante la Corte advirtió sobre los graves efectos que las actividades prohibidas por la normativa conllevan a la integridad del ambiente, a la salud de la población y al acceso al agua.
– En ese sentido, entendió que el articulado cuestionado es coherente con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad.
– Además, destacó que que los actores no aportaron pruebas que rebatieran la información científica sobre el perjuicio que producen las actividades prohibidas por la legislación cordobesa.
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Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
La normativa analizada por Víctor Abramovich (9526) también veda el uso en la provincia de Córdoba de ciertos químicos -como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico-. El funcionario enfatizó que la norma se dictó para complementar previsiones ya existentes en el ámbito nacional. El caso llegó ante la Máxima Instancia hace dos años
El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Víctor Abramovich, opinó que es constitucional la ley 9526 de la provincia de Córdoba, que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto (que se lleva a cabo con minerales nucleares como el uranio y el torio y el uso de sustancias químicas contaminantes, tóxicas y/o peligrosas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico).
El agente recordó que la provincia dictó la ley en ejercicio de su competencia en materia ambiental, a fin de complementar las normas nacionales que protegen el ambiente en el sector de la minería.
En tanto, advirtió sobre los graves e irreversibles efectos que las actividades prohibidas conllevan para la integridad del ambiente, la salud de la población y el acceso al agua.
En ese marco, entendió que el articulado de la Ley 9526 es coherente con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad que guían el derecho ambiental.
El caso
La decisión tiene lugar en el marco de un caso se generó a raíz de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada en 2009 por la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear en contra de la ley provincial 9526, que establece las prohibiciones referidas. En su demanda, las accionantes señalaron que la normativa avanza sobre aspectos regulados en el Código de Minería y en la Ley Nacional de Actividad Nuclear (24804), lo que implica afectación de las facultades delegadas por las provincias a la Nación.
Además, señalaron que las restricciones estipuladas para la actividad minera vulneran sus derechos de trabajar y a ejercer toda industria lícita y el de propiedad, garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional (CN).
TSJ
El procurador fiscal dictaminó que correspondía confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que desestimó la demanda impugnatoria de la ley provincial.
En agosto de 2015, a seis años de la promoción de la acción declarativa de inconstitucionalidad, el Alto Tribunal provincial ratificó la validez de la legislación, al valorar que las restricciones que establece son razonables si se tiene en cuenta que el ambiente constituye un bien colectivo supremo que debe ser preservado.
Asimismo, resaltó que la norma se dictó dentro de las competencias propias de la provincia de Córdoba en la materia y que, por ello, complementa las previsiones nacionales sobre minería; especialmente, en lo referido al ejercicio del poder de policía.
Paralelamente, indicó que el objetivo es amparar un “uso razonable” del agua y mantener en niveles “aceptables” los efectos contaminantes de determinadas y puntuales actividades, prácticas y procesos mineros, para lo cual tuvo en cuenta, fundamentalmente, que el método de lixiviación química resulta inaceptable desde la perspectiva ambiental contemporánea.
“Existe consenso en la literatura respecto de que ninguna actividad industrial es tan agresiva al ambiente como la minería metalífera a cielo abierto”, enfatizó, explicando que se trata de actividades con huellas ambientales de relevancia durante muchos años.
Bajo esa premisa, recordó que según el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba está comprobado empíricamente que la actividad minera que se desarrolla a “cielo abierto”, con utilización de procedimientos químicos, “daña severamente el ambiente y, en consecuencia, a los seres humanos”.
Por otra parte, ponderó que otra “columna vertebral” de la ley es la protección del agua, considerada patrimonio natural por tratarse de un bien único e irreemplazable que, como tal, requiere instrumentos de protección de naturaleza jurídica.
Desde ese punto de vista, subrayó que con el método extractivo “a cielo abierto” los niveles de consumo de agua son “altísimos”.
Los Gigantes
El tribunal puso como ejemplos las minas La Alumbrera (Catamarca) y Veladero (San Juan), donde se insumen 100 millones y 70 millones de litros de agua por día, respectivamente. También tuvieron en cuenta la experiencia histórica en la provincia, con los casos de la planta de procesamiento de uranio en la Mina “Schlagintweit” (yacimiento Los Gigantes).
No obstante, el TSJ aclaró que la ley 9625 solo restringe determinadas metodologías y procedimientos de explotación, pero que ni la actividad minera en sí misma ni los derechos obtenidos mediante concesiones quedan prohibidos, sino que se limitan para “tender a un equilibrio dinámico entre las actividades económicas y la protección del ambiente”.
Una vez que se conoció el fallo, los actores adelantaron que llevarían su planteo ante la Corte Suprema.
En octubre de 2016 los mineros cordobeses presentaron un recurso de queja ante la Máxima Instancia en insistieron con que la ley avasalla el sistema de distribución de competencias ambientales concurrentes previstas en el artículo 41 de la Constitución, cercena el principio de supremacía y el de razonabilidad constitucional y desconoce la cláusula de desarrollo y progreso prevista también en la Constitución”.
Competencias
Ahora, en su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal consignó que el artículo 41 de la Constitución Nacional le reconoce competencias al Estado Nacional y a las provincias que se organizan bajo el principio de complementariedad y que de acuerdo con ese reparto, el gobierno federal tiene facultades para definir los presupuestos mínimos de protección y los gobiernos locales para complementar esos presupuestos, “aumentando el nivel de protección establecido por el piso de protección inderogable fijado por la Nación”.
Sobre la base de aquel principio, Abramovich explicó que las provincias están autorizadas para establecer, por encima de los contenidos mínimos, regulaciones más estrictas que las nacionales, pues lo que se busca es la optimización de la tutela en resguardo de las características específicas, geográficas, climáticas, poblacionales y socioculturales del entorno provincial.
Así, entendió que la ley 9526 se adecuó a las previsiones del artículo 41 de la CN, pues maximizó la protección ambiental establecida a nivel nacional en la Ley General del Ambiente y en el Código de Minería.
Abramovich afirmó que no avanza sobre las facultades exclusivas del Congreso de la Nación para dictar el Código de Minería.
Al respecto, precisó que ese compendio regula los derechos, obligaciones y procedimientos para adquirir, explotar o aprovechar las sustancias minerales, mientras que la ley local establece ciertas condiciones técnicas para la realización de la actividad minera, en base a criterios de protección ambiental.
El agente puso de relieve que el propio artículo 233 del Código de Minería, inserto en el título “Condiciones técnicas de la explotación”, prevé que los mineros deben respetar las normas vinculadas a la conservación del ambiente dictadas por la Nación y por las provincias, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, y puntualizó que esa previsión es aplicable en materia de minería nuclear.
Agua
En segundo lugar, señaló que las restricciones establecidas en la ley cordobesa resultan razonables y no afectan derechos de las empresas mineras; ello así, si se tienen en cuenta los efectos nocivos e irreversibles que las técnicas y actividades prohibidas le causan al medio ambiente y, en especial, al agua.
En particular, destacó que las medidas adoptadas por la ley local resultan coherentes con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad que guían el derecho ambiental, detallados en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. El funcionario enfatizó que aquéllos deben imperar ante la creación de un riesgo de efectos desconocidos y, por tanto, imprevisibles, y que cuando lo que se persigue es la tutela del bien colectivo, como los derechos de raíz constitucional al ambiente y al agua, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro.
Entre algunos de esos efectos, transcribió los que surgen del debate parlamentario de la ley, donde se expuso que la minería metalífera a cielo abierto remueve cientos de toneladas de tierra y roca, “agravando los procesos de desertificación, alterando el normal escurrimiento de las aguas y, en consecuencia, de cuencas completas” y que los procesos de lixiviación y flotación con sustancias tóxicas emplean millones de litros de líquido, que se contaminan por el aporte de las sustancias tóxicas que utilizan: cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras.
“Estos gigantes volúmenes de agua, recurso de altísimo valor para la vida, no será apta nunca más para el consumo humano, ni de ganado, ni de cultivos”, resaltó.
El procurador se basó en los estudios técnicos presentados en la causa y en los informes de la auditoría de cierre de la mina de uranio Schlagintweit, que fue explotada en la provincia de Córdoba hasta 1991, un emprendimiento que produjo serios perjuicios ambientales.
Citando esos antecedentes, advirtió que los accionantes no aportaron pruebas que rebatan la información científica sobre el daño ambiental que producen las actividades prohibidas por la ley ni demostraron que la norma cuestionada obstaculice la actividad minera en Córdoba.
En esa línea, hizo notar que la minería en la provincia “se halla orientada principalmente a la obtención de minerales no metalíferos, en canteras, y que actualmente no habría minas activas de uranio”.
La ley 9526 se dictó en 2008
El artículo 1 prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, en todas sus etapas, constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales.
El artículo 2 veda la actividad minera de minerales nucleares, tales como el uranio y el torio, y dispone que las explotaciones concedidas deben cerrar.
El artículo 3 bloquea la posibilidad de usar cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y toda otra sustancia química incluida en el anexo I de la Ley Nacional 24051 o que posea alguna de las características enunciadas en el anexo II de esa legislación y normas concordantes o las que en el futuro las reemplacen.
La prohiubición se circunscribe a los procesos de prospección, cateo, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción, almacenamiento, industrialización y/o en los detallados en el inciso b del artículo 249 del Código de Minería, de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo, cualquiera sea el lugar de la provincia el que se desarrollen.
Prevención, precaución y sustentabilidad
– El procurador ante la Corte advirtió sobre los graves efectos que las actividades prohibidas por la normativa conllevan a la integridad del ambiente, a la salud de la población y al acceso al agua.
– En ese sentido, entendió que el articulado cuestionado es coherente con los principios de prevención del daño, precaución y sustentabilidad.
– Además, destacó que que los actores no aportaron pruebas que rebatieran la información científica sobre el perjuicio que producen las actividades prohibidas por la legislación cordobesa.
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Más reuniones para habilitar la minería en Chubut
Dirigentes chubutenses se reunieron con Macri para habilitar la minería
Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El diputado nacional Gustavo Menna, los diputados provinciales Eduardo Conde, Manuel Pagliaroni, Jerónimo García, Alfredo Di Filippo y Carlos Gómez, y los dirigentes petroleros Jorge Ávila y José Lludgar se reunieron con el presidente Mauricio Macri para hablar de minería.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió a los diputados provinciales Eduardo Conde, Manuel Pagliaroni, Jerónimo García, Alfredo Di Filippo y Carlos Gómez, el diputado nacional Gustvao Menna, el intendente de Telsen Leonardo Bowman y los dirigentes petroleros Jorge Ávila y José Llugdar para analizar los alcances de la minería.
Macri solicitó a los legisladores provinciales abrir el debate en la Legislatura y aseguró que la actividad “generará fuertes beneficios para el país y para la provincia que conduce Mariano Arcioni” informó El Chubut. Desde el sector petrolero, Ávila, Llugdar y el diputado Gómez respaldaron el pedido de Macri para discutir la minería en Chubut.
Los representantes chubutenses se comprometieron con el mandatario nacional para tratar en las próximas semanas en la Legislatura el proyecto que habilita y reglamenta la discusión minera.
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Fecha de Publicación: 01/11/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El diputado nacional Gustavo Menna, los diputados provinciales Eduardo Conde, Manuel Pagliaroni, Jerónimo García, Alfredo Di Filippo y Carlos Gómez, y los dirigentes petroleros Jorge Ávila y José Lludgar se reunieron con el presidente Mauricio Macri para hablar de minería.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió a los diputados provinciales Eduardo Conde, Manuel Pagliaroni, Jerónimo García, Alfredo Di Filippo y Carlos Gómez, el diputado nacional Gustvao Menna, el intendente de Telsen Leonardo Bowman y los dirigentes petroleros Jorge Ávila y José Llugdar para analizar los alcances de la minería.
Macri solicitó a los legisladores provinciales abrir el debate en la Legislatura y aseguró que la actividad “generará fuertes beneficios para el país y para la provincia que conduce Mariano Arcioni” informó El Chubut. Desde el sector petrolero, Ávila, Llugdar y el diputado Gómez respaldaron el pedido de Macri para discutir la minería en Chubut.
Los representantes chubutenses se comprometieron con el mandatario nacional para tratar en las próximas semanas en la Legislatura el proyecto que habilita y reglamenta la discusión minera.
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Presupuesto: un peso por hectárea de bosques por mes
Subió la deforestación y preocupa la baja partida a la protección de bosques en el nuevo Presupuesto
Fecha de Publicación: 31/10/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Presupuesto para el año 2019, que esta semana obtuvo media sanción del Congreso, asigna apenas 595 millones de pesos para la protección de bosques nativos, lo que representa apenas el 4,75% de lo estipulado por la Ley de Bosques. Según números oficiales, el año pasado desaparecieron 172.639 hectáreas
Un peso por hectárea por mes. Ese es el presupuesto que el gobierno nacional asignó a la protección de este recurso natural que no para de perder frente al avance de la frontera agropecuaria. El ejercicio financiero, que esta semana obtuvo media sanción del Congreso, asigna apenas 595 millones de pesos para la protección las 53.645.545 hectáreas de bosque nativo de la Argentina, lo que representa apenas el 4,75% de lo estipulado por la Ley de Bosques.
A este panorama se suma un dato que preocupa: el año pasado volvió a subir la deforestación en el país. Según el Informe del Estado del Ambiente, presentado por la secretaría que conduce Sergio Bergman, en 2017 desaparecieron 172.639 hectáreas o el 0,38% de los bosques. En 2016, los desmontes habían bajado a 155.851 ha y se había detenido una tendencia que ya llevaba 10 años. Los desmontes en Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa significaron el 72% de la deforestación.
"Las presiones del bosque están fundamentadas en la expansión de la frontera agropecuaria, la ganadería, la urbanización e infraestructura, la extracción de madera y los incendios forestales. Las áreas desmontadas son usadas para el cultivo de diferentes especies agrícolas, principalmente el cultivo de la soja, a causa de sus elevados precios internacionales y la incorporación de nuevos países a la demanda", sostiene el reporte que la actual gestión presenta por segunda vez.
La reactivación del cultivo de los commodities por la baja de retenciones es una de las razones de este cambio en los usos del suelo. Sin embargo, existe una ley, conocida como la Ley de Bosques, precisamente para proteger el bosque nativo que crea un fondo para compensar a las provincias por no permitir esa deforestación. Pero no se cumple.
La norma es clara: en su artículo 31 estipula que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos estará integrado por las partidas presupuestarias que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional. Ese fondo para 2019 debería ser de $12.500 millones. El monto se completaría con el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
"Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. Sin el adecuado estímulo financiero previsto, las provincias se ven imposibilitadas de fortalecer, de manera apropiada, su capacidad de fiscalización, control y vigilancia. Por otro lado los propietarios de áreas con bosques nativos no reciben estímulos para desarrollar el uso sustentable o compensaciones por las áreas que deben destinarse exclusivamente a la conservación. Mientras el gobierno de turno desoye el pedido de la sociedad, la deforestación continúa, se pierden bosques, biodiversidad, servicios ambientales y oportunidades de un real desarrollo sustentable" explica Manuel Jaramillo, director General de Fundación Vida Silvestre Argentina.
El Gran Chaco es una de las principales ecorregiones del país y se encuentra seriamente amenazada. Lamentablemente, es uno los 11 sitios con mayor deforestación del mundo y niveles más altos de degradación. Desde hace más de un siglo esta región enfrenta la pérdida sostenida de su patrimonio natural y cultural a causa del uso no planificado de los recursos y el avance de la frontera agropecuaria.
En Argentina, durante los últimos 35 años se perdieron 12 millones de hectáreas de zonas boscosas en la región chaqueña, lo que significa aproximadamente un 20% de sus ecosistemas naturales. La mayor proporción de esta transformación ocurrió durante los últimos quince años y se concentró principalmente en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero.
"En el mundo existen cerca de 3.710 millones de hectáreas de bosques nativos, a las que Argentina contribuye con el 1,4%. Esa extensión equivale al 93% de la superficie de bosque del planeta, siendo el 7% de bosques implantados. Dentro de América del Sur, los bosques nativos de Argentina representan un 6,5 por ciento", sostiene el reporte oficial.
La conexión con el cambio climático
La conservación de los bosques es una herramienta central a la hora de hablar de la lucha contra el cambio climático. En la Argentina la deforestación provocó el 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según consta en el último inventario de emisiones.
Un reciente estudio presentado en conjunto entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Fundación Vida Silvestre Argentina, realizado en el marco del proyecto Collaboration for Forest and Agriculture demuestra que, continuando con la tendencia actual, la emisión de gases de efecto invernadero por deforestación al 2028 sería de un total aproximado de 800 millones de toneladas de CO2 (57 millones por año). Una correcta aplicación de la Ley de Bosques permitiría que esas emisiones se redujeran a la mitad: 400 millones de toneladas de CO2 (28 millones por año).
"El compromiso argentino frente al Acuerdo de París habla de no exceder las 483 millones de toneladas de CO2 al 2030. Si mantenemos el escenario actual, con nuestros bosques descuidados y desfinanciados, este compromiso será imposible de cumplir. La Ley de Bosques es la herramienta para poder comenzar a cumplir estos compromisos y, ¿por qué no? pensar en ampliarlos", detalló Jaramillo.
Por su parte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Nación indicó: "Un instrumento que desarrollamos con el Conicet y la CONAE y lanzaremos en breve es un sistema de alerta temprana de deforestación. A través de imágenes satelitales, cada 15 días se emitirán alertas de posibles focos de deforestación".
Otra herramienta es la plataforma Forestar 2030 que el gobierno nacional lanzó en el marco del Gabinete de Cambio Climático, del que participan varios ministerios y secretarías y se basa en construir sobre los avances logrados en forestación por cada uno de los sectores para crear un nuevo mercado competitivo, sustentable y posicionar a la Argentina en el contexto forestal internacional.
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Fecha de Publicación: 31/10/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Presupuesto para el año 2019, que esta semana obtuvo media sanción del Congreso, asigna apenas 595 millones de pesos para la protección de bosques nativos, lo que representa apenas el 4,75% de lo estipulado por la Ley de Bosques. Según números oficiales, el año pasado desaparecieron 172.639 hectáreas
Un peso por hectárea por mes. Ese es el presupuesto que el gobierno nacional asignó a la protección de este recurso natural que no para de perder frente al avance de la frontera agropecuaria. El ejercicio financiero, que esta semana obtuvo media sanción del Congreso, asigna apenas 595 millones de pesos para la protección las 53.645.545 hectáreas de bosque nativo de la Argentina, lo que representa apenas el 4,75% de lo estipulado por la Ley de Bosques.
A este panorama se suma un dato que preocupa: el año pasado volvió a subir la deforestación en el país. Según el Informe del Estado del Ambiente, presentado por la secretaría que conduce Sergio Bergman, en 2017 desaparecieron 172.639 hectáreas o el 0,38% de los bosques. En 2016, los desmontes habían bajado a 155.851 ha y se había detenido una tendencia que ya llevaba 10 años. Los desmontes en Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa significaron el 72% de la deforestación.
"Las presiones del bosque están fundamentadas en la expansión de la frontera agropecuaria, la ganadería, la urbanización e infraestructura, la extracción de madera y los incendios forestales. Las áreas desmontadas son usadas para el cultivo de diferentes especies agrícolas, principalmente el cultivo de la soja, a causa de sus elevados precios internacionales y la incorporación de nuevos países a la demanda", sostiene el reporte que la actual gestión presenta por segunda vez.
La reactivación del cultivo de los commodities por la baja de retenciones es una de las razones de este cambio en los usos del suelo. Sin embargo, existe una ley, conocida como la Ley de Bosques, precisamente para proteger el bosque nativo que crea un fondo para compensar a las provincias por no permitir esa deforestación. Pero no se cumple.
La norma es clara: en su artículo 31 estipula que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos estará integrado por las partidas presupuestarias que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional. Ese fondo para 2019 debería ser de $12.500 millones. El monto se completaría con el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
"Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. Sin el adecuado estímulo financiero previsto, las provincias se ven imposibilitadas de fortalecer, de manera apropiada, su capacidad de fiscalización, control y vigilancia. Por otro lado los propietarios de áreas con bosques nativos no reciben estímulos para desarrollar el uso sustentable o compensaciones por las áreas que deben destinarse exclusivamente a la conservación. Mientras el gobierno de turno desoye el pedido de la sociedad, la deforestación continúa, se pierden bosques, biodiversidad, servicios ambientales y oportunidades de un real desarrollo sustentable" explica Manuel Jaramillo, director General de Fundación Vida Silvestre Argentina.
El Gran Chaco es una de las principales ecorregiones del país y se encuentra seriamente amenazada. Lamentablemente, es uno los 11 sitios con mayor deforestación del mundo y niveles más altos de degradación. Desde hace más de un siglo esta región enfrenta la pérdida sostenida de su patrimonio natural y cultural a causa del uso no planificado de los recursos y el avance de la frontera agropecuaria.
En Argentina, durante los últimos 35 años se perdieron 12 millones de hectáreas de zonas boscosas en la región chaqueña, lo que significa aproximadamente un 20% de sus ecosistemas naturales. La mayor proporción de esta transformación ocurrió durante los últimos quince años y se concentró principalmente en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero.
"En el mundo existen cerca de 3.710 millones de hectáreas de bosques nativos, a las que Argentina contribuye con el 1,4%. Esa extensión equivale al 93% de la superficie de bosque del planeta, siendo el 7% de bosques implantados. Dentro de América del Sur, los bosques nativos de Argentina representan un 6,5 por ciento", sostiene el reporte oficial.
La conexión con el cambio climático
La conservación de los bosques es una herramienta central a la hora de hablar de la lucha contra el cambio climático. En la Argentina la deforestación provocó el 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según consta en el último inventario de emisiones.
Un reciente estudio presentado en conjunto entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Fundación Vida Silvestre Argentina, realizado en el marco del proyecto Collaboration for Forest and Agriculture demuestra que, continuando con la tendencia actual, la emisión de gases de efecto invernadero por deforestación al 2028 sería de un total aproximado de 800 millones de toneladas de CO2 (57 millones por año). Una correcta aplicación de la Ley de Bosques permitiría que esas emisiones se redujeran a la mitad: 400 millones de toneladas de CO2 (28 millones por año).
"El compromiso argentino frente al Acuerdo de París habla de no exceder las 483 millones de toneladas de CO2 al 2030. Si mantenemos el escenario actual, con nuestros bosques descuidados y desfinanciados, este compromiso será imposible de cumplir. La Ley de Bosques es la herramienta para poder comenzar a cumplir estos compromisos y, ¿por qué no? pensar en ampliarlos", detalló Jaramillo.
Por su parte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Nación indicó: "Un instrumento que desarrollamos con el Conicet y la CONAE y lanzaremos en breve es un sistema de alerta temprana de deforestación. A través de imágenes satelitales, cada 15 días se emitirán alertas de posibles focos de deforestación".
Otra herramienta es la plataforma Forestar 2030 que el gobierno nacional lanzó en el marco del Gabinete de Cambio Climático, del que participan varios ministerios y secretarías y se basa en construir sobre los avances logrados en forestación por cada uno de los sectores para crear un nuevo mercado competitivo, sustentable y posicionar a la Argentina en el contexto forestal internacional.
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Avanza la megaobra para sanear el Riachuelo
La planta para tratar efluentes, una “pieza” clave del Sistema Riachuelo
Fecha de Publicación: 31/10/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
El emisario es una de las piezas clave del Sistema Riachuelo. Pero no la única. La megaobra también incluye una planta de tratamiento de efluentes y una nueva cloaca de 11 kilómetros. Su finalización, estiman desde AySA, beneficiará a 4.3 millones de personas.
La nueva cloaca -el Colector Margen Izquierda- transportará efluentes y "caudales en tiempo seco". El eufemismo técnico refiere a los desperdicios que ahora llegan a pluviales y arroyos a través de conexiones clandestinas o por fallas en la red. Captándolos se evitará que terminen en el Riachuelo.
"El colector se inicia en General Paz y Fernández de la Cruz, en Lugano, después toma Perito Moreno, pasa por Amancio Alcorta, toma Australia, Quinquela Martín, cruza el Riachuelo, va por todo el frente portuario de Dock Sud y llega a este predio", precisa la ingeniera Álvarez.
En Dock Sud primero pasa por una planta de pretramiento, que remueve sólidos gruesos, arenas y flotantes, y luego deriva los efluentes al emisario. A su turno, el túnel de 12 kilómetro adentra los desechos en el río, pasando por debajo de los canales de navegación.
Hoy los desagües de la Ciudad y parte del Gran Buenos Aires se transportan hasta una planta de tratamiento en Berazategui a través de tres saturadas cloacas máximas. Dos datan de fines del siglo XIX y principios del XX, y otra es de 1946. El nuevo sistema aliviará al actual, que funciona sobreexigido.
Si se cumplen los plazos, el sistema estará terminado el 31 de marzo de 2021. Desde AySA aseguran que ni la situación económica actual ni "la causa de los cuadernos" -en la construcción de la planta depuradora intervienen empresas involucradas en el caso- ponen en peligro su desarrollo y finalización.
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Fecha de Publicación: 31/10/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
El emisario es una de las piezas clave del Sistema Riachuelo. Pero no la única. La megaobra también incluye una planta de tratamiento de efluentes y una nueva cloaca de 11 kilómetros. Su finalización, estiman desde AySA, beneficiará a 4.3 millones de personas.
La nueva cloaca -el Colector Margen Izquierda- transportará efluentes y "caudales en tiempo seco". El eufemismo técnico refiere a los desperdicios que ahora llegan a pluviales y arroyos a través de conexiones clandestinas o por fallas en la red. Captándolos se evitará que terminen en el Riachuelo.
"El colector se inicia en General Paz y Fernández de la Cruz, en Lugano, después toma Perito Moreno, pasa por Amancio Alcorta, toma Australia, Quinquela Martín, cruza el Riachuelo, va por todo el frente portuario de Dock Sud y llega a este predio", precisa la ingeniera Álvarez.
En Dock Sud primero pasa por una planta de pretramiento, que remueve sólidos gruesos, arenas y flotantes, y luego deriva los efluentes al emisario. A su turno, el túnel de 12 kilómetro adentra los desechos en el río, pasando por debajo de los canales de navegación.
Hoy los desagües de la Ciudad y parte del Gran Buenos Aires se transportan hasta una planta de tratamiento en Berazategui a través de tres saturadas cloacas máximas. Dos datan de fines del siglo XIX y principios del XX, y otra es de 1946. El nuevo sistema aliviará al actual, que funciona sobreexigido.
Si se cumplen los plazos, el sistema estará terminado el 31 de marzo de 2021. Desde AySA aseguran que ni la situación económica actual ni "la causa de los cuadernos" -en la construcción de la planta depuradora intervienen empresas involucradas en el caso- ponen en peligro su desarrollo y finalización.
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No subirán los impuestos a los biocombustibles
El Gobierno Nacional no subirá impuestos a los biocombustibles
Fecha de Publicación: 31/10/2018
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno Nacional decidió no gravar con más impuestos a la comercialización de los biocombustibles. La noticia trae alivio a todo el cordón industrial del Gran Rosario, donde se radican la mayoría de estas empresas.
La Nación había impulsado un artículo por el que sólo quedaran exentos del cobro de impuestos apenas el 12% de biodiesel con que se corta el diesel que expenden las estaciones de servicio, lo mismo que el 10% de alcohol de caña que llevan las naftas. Por sobre esos porcentajes, toda otra comercialización hubiera tenido que pagar los mismos impuestos que los derivados del petróleo.
La decisión se debió a la presión que se ejerció por parte de la oposición en el marco del debate por la aprobación del Presupuesto 2019, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados.
La Liga Bioenergética que forman las provincias de Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba y Santiago del Estero presionó a la Casa Rosada para impedir el avance de esa iniciativa, que iba a discutirse en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside un santafesino: Luciano Laspina (PRO).
El sector teme que el poder de lobby de la industria del petróleo presione para frenar los proyectos en marcha, especialmente impulsados desde el gobierno de Santa Fe, para aumentar el corte de biocombustibles en los combustibles, y para hacer funcionar las flotas del transporte público de pasajeros con combustibles de fuentes renovables.
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Fecha de Publicación: 31/10/2018
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno Nacional decidió no gravar con más impuestos a la comercialización de los biocombustibles. La noticia trae alivio a todo el cordón industrial del Gran Rosario, donde se radican la mayoría de estas empresas.
La Nación había impulsado un artículo por el que sólo quedaran exentos del cobro de impuestos apenas el 12% de biodiesel con que se corta el diesel que expenden las estaciones de servicio, lo mismo que el 10% de alcohol de caña que llevan las naftas. Por sobre esos porcentajes, toda otra comercialización hubiera tenido que pagar los mismos impuestos que los derivados del petróleo.
La decisión se debió a la presión que se ejerció por parte de la oposición en el marco del debate por la aprobación del Presupuesto 2019, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados.
La Liga Bioenergética que forman las provincias de Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba y Santiago del Estero presionó a la Casa Rosada para impedir el avance de esa iniciativa, que iba a discutirse en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside un santafesino: Luciano Laspina (PRO).
El sector teme que el poder de lobby de la industria del petróleo presione para frenar los proyectos en marcha, especialmente impulsados desde el gobierno de Santa Fe, para aumentar el corte de biocombustibles en los combustibles, y para hacer funcionar las flotas del transporte público de pasajeros con combustibles de fuentes renovables.
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Región Metropolitana de BA en riesgo por el cambio climático
El cambio climático en el AMBA afecta a los más vulnerables: está en riesgo el 30% de la población
Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Las amenazas del cambio climático sobre la Región Metropolitana son la mayor frecuencia de inundaciones, olas de calor y tormentas severas. Este es el diagnóstico de los científicos expertos que colaboran con las Naciones Unidas para enfrentar este escenario dramático. Un estudio realizado por el think tank Cippec suma otra preocupación: los más pobres son los que corren más riesgo e identifica geográficamente los potenciales impactos.
El trabajo, presentado el 8 de octubre en conmemoración del Día Metropolitano, es el resultado de la investigación de tres expertas y comienza poniendo en contexto el problema y la amenaza: "La situación más desfavorable, calculada en el Índice de Vulnerabilidad Social ante Desastres, afecta al 30,1% de la población, que vive en el 8,3% de la superficie total de la región, lo que refleja un alto grado de concentración poblacional".
Los índices más altos se observan en los partidos de Malvinas Argentinas, José C. Paz, Moreno, La Matanza, Esteban Echeverría, Florencio Varela y algunos sectores de Tigre, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown y Berazategui. "Los efectos del cambio climático en la Región Metropolitana comienzan a ser cada vez más evidentes. Si se toma en cuenta la última gran inundación del 2013 [La Plata y zonas aledañas] y la ola de calor en la Ciudad, entre diciembre de 2013 y enero de 2014, se produjeron más de 600 muertes a causa de sólo dos eventos climáticos", explica a Infobae Ana Carolina Herrero, investigadora del Programa de Ciudades de Cippec que realizó la investigación junto a Claudia Natenzon y Mariela Miño.
Herrero destaca que este trabajo pretende mostrar la evidencia para que los municipios cuenten con información para poder tomar acciones. "Hay veces que se piensa que las vulnerabilidades son probabilidades. Y, en el contexto de algunos municipios, invertir en probabilidades aparece como muy caro. Sin embargo, cuando algún evento extremo sucede, puede sacudir toda la gestión", indica.
El nivel de riesgo es la intersección entre amenaza y vulnerabilidad social: "La amenaza cada vez es mayor y con más frecuencia, entonces la forma de disminuir el riesgo es trabajando en la vulnerabilidad social", sostiene el informe.
Cada amenaza es diferente, según el punto geográfico. Así, el reporte identifica tres grandes grupos:
-Inundaciones
Los partidos con más del 50% de su superficie en áreas inundables son Campana, Escobar, Pilar, Tigre, San Fernando, San Isidro, General San Martín, Ituzaingó, Lanús, Lomas de Zamora y Brandsen. En menor medida también se pueden mencionar Zárate, Exaltación de la Cruz, Luján, General Rodríguez, Moreno, San Miguel, Malvinas Argentinas, Tres de Febrero, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Cañuelas y San Vicente.
Aunque esta amenaza está relacionada con la pertenencia o no a una cuenca hídrica, si se cruza con el mapa de vulnerabilidad social, el riesgo se multiplica.
-Olas de calor
El informe de Cippec identifica a los partidos de Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz, debido principalmente a la presencia de cultivos y/o rastrojo. Para los sectores urbanos, los focos de calor solar potencial o efectivo se deben al hormigón, principalmente a las autopistas Panamericana o Ruta 9 al norte, Ruta 3 en La Matanza, del Oeste desde el centro hasta Luján, General Paz en la CABA; también a los aeropuertos en Ezeiza, CABA, Palomar y Morón y en menor medida galpones, áreas industriales, techos, playas de estacionamiento, shoppings, etc.
-Vientos
Los peligros potenciales vinculados a los vientos según su velocidad, presenta claramente una franja noreste-sureste en el centro de la región, con partidos que reciben los temporales muy fuertes (Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Lanús, La Matanza, Ezeiza, Esteban Echeverría, Presidente Perón, Marcos Paz, Las Heras, Cañuelas y San Vicente). Los temporales fuertes, según los registros, se dan en los partidos del Oeste y, temporales de menor intensidad, en partidos del Noroeste.
12 años para actuar
Las políticas de adaptación o de mitigación frente al cambio climático son centrales y urgentes. Así lo indica el último reporte de la ONU que indica que, para frenar la suba promedio global del termómetro en 1.5ºC queda una ventana de 12 años para actuar. En la Región Metropolitana de Buenos Aires la suba promedio, desde que se tiene registro, es de 1ºC.
Gabriel Lanfranchi, quien dirige el Programa de Ciudades en Cippec, explica: "Las áreas urbanas producen el 67% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Por esta razón, las ciudades deben liderar la lucha contra el cambio climático. La transición hacia ciudades resilientes y con bajas emisiones de carbono requiere cambios en la asignación de recursos que permitan financiar inversión pública en infraestructura".
Herrero sostiene que es fundamental que las acciones sean locales, porque "debe analizarse con qué población se trabaja, cómo deben ser los mensajes y los sistemas de riesgos que se implementan". Las medidas de adaptación abarcan medidas estructurales, como obras y mantenimiento de infraestructuras, con la creación de un sistema robusto de captación y análisis de variables climáticas, hasta acciones de evacuación. Las investigadoras también creen que deben existir otras acciones complementarias como capacitación y concientización, diseñada para cada barrio en función de sus características, necesidades y costumbres.
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Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Las amenazas del cambio climático sobre la Región Metropolitana son la mayor frecuencia de inundaciones, olas de calor y tormentas severas. Este es el diagnóstico de los científicos expertos que colaboran con las Naciones Unidas para enfrentar este escenario dramático. Un estudio realizado por el think tank Cippec suma otra preocupación: los más pobres son los que corren más riesgo e identifica geográficamente los potenciales impactos.
El trabajo, presentado el 8 de octubre en conmemoración del Día Metropolitano, es el resultado de la investigación de tres expertas y comienza poniendo en contexto el problema y la amenaza: "La situación más desfavorable, calculada en el Índice de Vulnerabilidad Social ante Desastres, afecta al 30,1% de la población, que vive en el 8,3% de la superficie total de la región, lo que refleja un alto grado de concentración poblacional".
Los índices más altos se observan en los partidos de Malvinas Argentinas, José C. Paz, Moreno, La Matanza, Esteban Echeverría, Florencio Varela y algunos sectores de Tigre, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown y Berazategui. "Los efectos del cambio climático en la Región Metropolitana comienzan a ser cada vez más evidentes. Si se toma en cuenta la última gran inundación del 2013 [La Plata y zonas aledañas] y la ola de calor en la Ciudad, entre diciembre de 2013 y enero de 2014, se produjeron más de 600 muertes a causa de sólo dos eventos climáticos", explica a Infobae Ana Carolina Herrero, investigadora del Programa de Ciudades de Cippec que realizó la investigación junto a Claudia Natenzon y Mariela Miño.
Herrero destaca que este trabajo pretende mostrar la evidencia para que los municipios cuenten con información para poder tomar acciones. "Hay veces que se piensa que las vulnerabilidades son probabilidades. Y, en el contexto de algunos municipios, invertir en probabilidades aparece como muy caro. Sin embargo, cuando algún evento extremo sucede, puede sacudir toda la gestión", indica.
El nivel de riesgo es la intersección entre amenaza y vulnerabilidad social: "La amenaza cada vez es mayor y con más frecuencia, entonces la forma de disminuir el riesgo es trabajando en la vulnerabilidad social", sostiene el informe.
Cada amenaza es diferente, según el punto geográfico. Así, el reporte identifica tres grandes grupos:
-Inundaciones
Los partidos con más del 50% de su superficie en áreas inundables son Campana, Escobar, Pilar, Tigre, San Fernando, San Isidro, General San Martín, Ituzaingó, Lanús, Lomas de Zamora y Brandsen. En menor medida también se pueden mencionar Zárate, Exaltación de la Cruz, Luján, General Rodríguez, Moreno, San Miguel, Malvinas Argentinas, Tres de Febrero, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Cañuelas y San Vicente.
Aunque esta amenaza está relacionada con la pertenencia o no a una cuenca hídrica, si se cruza con el mapa de vulnerabilidad social, el riesgo se multiplica.
-Olas de calor
El informe de Cippec identifica a los partidos de Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz, debido principalmente a la presencia de cultivos y/o rastrojo. Para los sectores urbanos, los focos de calor solar potencial o efectivo se deben al hormigón, principalmente a las autopistas Panamericana o Ruta 9 al norte, Ruta 3 en La Matanza, del Oeste desde el centro hasta Luján, General Paz en la CABA; también a los aeropuertos en Ezeiza, CABA, Palomar y Morón y en menor medida galpones, áreas industriales, techos, playas de estacionamiento, shoppings, etc.
-Vientos
Los peligros potenciales vinculados a los vientos según su velocidad, presenta claramente una franja noreste-sureste en el centro de la región, con partidos que reciben los temporales muy fuertes (Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Lanús, La Matanza, Ezeiza, Esteban Echeverría, Presidente Perón, Marcos Paz, Las Heras, Cañuelas y San Vicente). Los temporales fuertes, según los registros, se dan en los partidos del Oeste y, temporales de menor intensidad, en partidos del Noroeste.
12 años para actuar
Las políticas de adaptación o de mitigación frente al cambio climático son centrales y urgentes. Así lo indica el último reporte de la ONU que indica que, para frenar la suba promedio global del termómetro en 1.5ºC queda una ventana de 12 años para actuar. En la Región Metropolitana de Buenos Aires la suba promedio, desde que se tiene registro, es de 1ºC.
Gabriel Lanfranchi, quien dirige el Programa de Ciudades en Cippec, explica: "Las áreas urbanas producen el 67% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Por esta razón, las ciudades deben liderar la lucha contra el cambio climático. La transición hacia ciudades resilientes y con bajas emisiones de carbono requiere cambios en la asignación de recursos que permitan financiar inversión pública en infraestructura".
Herrero sostiene que es fundamental que las acciones sean locales, porque "debe analizarse con qué población se trabaja, cómo deben ser los mensajes y los sistemas de riesgos que se implementan". Las medidas de adaptación abarcan medidas estructurales, como obras y mantenimiento de infraestructuras, con la creación de un sistema robusto de captación y análisis de variables climáticas, hasta acciones de evacuación. Las investigadoras también creen que deben existir otras acciones complementarias como capacitación y concientización, diseñada para cada barrio en función de sus características, necesidades y costumbres.
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Encuentro en Mendoza por el cambio climático
Cambio climático: especialistas debatirán en Mendoza
Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Profesionales de primer nivel de distintos lugares del mundo llegarán a la provincia para disertar sobre una temática que plantea, entre otros tantos aspectos, cómo hacer rentable la reducción de gases del efecto invernadero. Las inscripciones están abiertas.
Con el interrogante de "cómo hacer rentable la reducción de gases del efecto invernadero", se realizará el martes próximo el "Taller de captura y usos de CO2 con tecnología de carbono negativo" al que asistirán expertos en la materia.
Entre otros profesionales, se destaca la participación de Graciela Chichilnisky, economista y matemática, conocida por proponer y diseñar el comercio de emisiones de carbono subyacente al Protocolo de Kyoto. Su disertación se denomina "Una tecnología concebida para ganar dinero mientras revertimos el cambio climático".
Quienes quieran participar pueden inscribirse abonando la entrada en los siguientes correos electrónicos: carbononegativomza@gmail.com o tenocarbononegativomza@gmail.com
La cita es a las 8.30 en el Salón Fernando Fader del Hotel Sheraton, ubicado en Primitivo de la Reta 989 de Ciudad. El precio para público en general es de $2.000, mientras que los estudiantes deberán abonar $600.
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Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Profesionales de primer nivel de distintos lugares del mundo llegarán a la provincia para disertar sobre una temática que plantea, entre otros tantos aspectos, cómo hacer rentable la reducción de gases del efecto invernadero. Las inscripciones están abiertas.
Con el interrogante de "cómo hacer rentable la reducción de gases del efecto invernadero", se realizará el martes próximo el "Taller de captura y usos de CO2 con tecnología de carbono negativo" al que asistirán expertos en la materia.
Entre otros profesionales, se destaca la participación de Graciela Chichilnisky, economista y matemática, conocida por proponer y diseñar el comercio de emisiones de carbono subyacente al Protocolo de Kyoto. Su disertación se denomina "Una tecnología concebida para ganar dinero mientras revertimos el cambio climático".
Quienes quieran participar pueden inscribirse abonando la entrada en los siguientes correos electrónicos: carbononegativomza@gmail.com o tenocarbononegativomza@gmail.com
La cita es a las 8.30 en el Salón Fernando Fader del Hotel Sheraton, ubicado en Primitivo de la Reta 989 de Ciudad. El precio para público en general es de $2.000, mientras que los estudiantes deberán abonar $600.
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Ley 7.722 siguen debatiendo como dar luz verde a la minería
Minería: buscan darle más poder a los municipios
Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
Como resultado de las distintas opiniones de los sindicatos que se escucharon este jueves en el Senado, surgieron propuestas para darle una mayor potestad a las comunas en los controles de la actividad y a los trabajadores del sector.
En medio de la discusión por los cambios en la Ley 7.722 que pone límites a la minería metalífera en la provincia, este jueves en el Senado se escucharon las opiniones de los sindicatos vinculados al sector, quienes pusieron de manifiesto otorgarle mayor competencia a los municipios para la realización de los controles, pero también de darle un rol de protagonismo a los empleados de la minería, como auditores de ese proceso.
Otros gremios, como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) y aquellos vinculados a la producción agropecuaria rechazaron de plano hacer modificaciones al texto de la normativa.
Esta legislación que regula la actividad desde el 2007, prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en los procesos mineros.
Uno de los sectores que se manifestó en contra estuvo representado por la gremialista Raquel Blas, actual secretaria general de la CTA en Mendoza.
Las exposiciones se realizaron en el marco de una reunión conjunta entre las comisiones de Ambiente, Legislación y Asuntos Constitucionales en el Senado, como también la de Minería e Hidrocarburos y contó con la presencia de los legisladores justicialistas Juan Agulles y Alejandro Abraham, ambos autores de dos textos que buscan habilitar la minería metalífera en la provincia.
"Fue muy positivo escuchar los distintos análisis, sobre todo aquellos que plantean darle una mayor competencia a los municipios para los controles. Ahora, lamento que desde los gremios que están en contra se opongan por oponerse sin haber leído el proyecto", sostuvo Abraham al término de las exposiciones.
Por otro lado, destacó que "al darle un reconocimiento a las comunas donde se realizará la minería, estamos enriqueciendo su autonomía, el planteo fue interesante y lo podemos llegar a incorporar".
"Estamos abiertos a tomar nota de todo lo que están planteando. Hemos permitido que todos los sectores involucrados puedan hacer sus aportes. Ahora, quienes rechazan el proyecto no han hecho ninguna consideración que enriquezca el debate", afirmó, por su parte Agulles.
Entre los modelos que se buscan replicar en la provincia, se citaron las experiencias de Chile y de Canadá, donde según aseguraron los controles son efectivos.
Sin embargo, a nivel regional también se mencionaron las situaciones de contaminación, como las que se produjeron en San Juan, en donde se detectaron sustancias cianuradas en el río Jáchal.
Posturas a favor
Desde la Asociación Sindical del Personal Jerárquico y Técnico de la Actividad Minera (ASIJEMIN), Marcelo Mena Muñoz afirmó que "si se pudiera avanzar con un método de gran escala, estamos hablando de que se podrían generar unos 20.000 puestos de trabajo".
Mena recalcó que "Mendoza tiene una riqueza minera muy importante, pero se deberían incorporar controles estrictos que tienen que ser ejercidos por el mismo trabajador y el gobierno".
Por su parte, el productor e integrante de la Sociedad Rural en el Valle de Uco, Martín Garboide expuso su visión en contra de la modificación de la norma.
"Pertenezco a un movimiento que defiende a los trabajdores, ustedes no los están protegiendo, los ponen como mascarón de proa para disminuir los costos que requiere la minería seria y de la remediación para que el ambiente quede tal cual como estaba", disparó.
Las claves
- Ambos proyectos buscan flexibilizar la letra de la ley y permitir la minería metalífera.
- La iniciativa del senador Abraham elimina la obligatoriedad de que la Legislatura avale la declaración de impacto ambiental.
- Mientras que el de Agulles habla de fijar controles a la actividad, a través del concepto "parques mineros controlados".
- La próxima semana se espera la intervención de uno de los sectores más reactivos, las asambleas por el agua pura.
- Los proyectos podrían llegar a tratarse a mediados de noviembre, cuando se haya escuchado a todos los actores, como también, a los funcionarios del gobierno provincial.
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Exdirectivos de empresa a jucio por contaminar el Sali-Dulce
Exdirectivos de un ingenio irán a juicio por contaminación
Fecha de Publicación: 29/10/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Tucumán
La causa involucra a la SA Azucarera Argentina. Comenzó en 2006, por hechos ocurridos en Concepción, Tucumán. Los residuos arrojados al río Gastona llegaron a la cuenca del Salí-Dulce y afectaron la provincia de Santiago del Estero
En el marco de la causa por contaminación ambiental que involucra a la empresa Azucarera Argentina SA, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de la defensa de los tres encartados -Enrique González, Silvio Peluffo y Héctor Mateos-, que cuestionaron el fallo que les negó el beneficio de la probation.
En el caso se investiga la emisión de sustancias tóxicas a través de los efluentes del ingenio La Corona, en Tucumán.
De manera unipersonal, el vocal Mariano Borinsky resolvió que los encausados deberán sentarse en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de delito previsto en el artículo 55 de la ley 24051.
Borinsky decidió en ese sentido ante la ausencia de un ofrecimiento de reparación del daño que revele la voluntad de González, Peluffo y Mateos de superar el conflicto; especialmente, teniendo en consideración la importancia de los bienes jurídicos presuntamente afectados, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en autos “Mendoza”.
Además, le encomendó al tribunal de juicio que adopte los pasos necesarios para realizar el debate oral con celeridad.
Los directivos fueron procesados y embargados en julio de 2008. La medida sentó jurisprudencia: fue la primera vez que la Justicia federal incriminó a presuntos responsables por contaminación en la industria azucarera.
La sentencia la dictó el magistrado Daniel Bejas, quien concluyó que estaba probado que la fábrica, radicada en Concepción, arrojó residuos tóxicos al río Gastona, que luego llegaron a la cuenca Salí-Dulce y, en consecuencia, hasta la provincia de Santiago del Estero.
“El desafío que pesa sobre el Poder Judicial es la protección del derecho a un ambiente sano”, sostuvo.
Dos años después, en agosto de 2010, por mayoría, la Cámara de Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó aquella sentencia.
Interjurisdiccionalidad
En esa oportunidad, los jueces Raúl Mender, Ernesto Wayar y Graciela Fernández Vecino sostuvieron la interjurisdiccionalidad del daño causado por el ingenio.
Así, al igual que el a quo, indicaron que las aguas contaminadas llegaron a Santiago del Estero, poniendo en peligro la salud de los habitantes, ya que el liquido se destina a animales, riego de hortalizas y, eventualmente, para que lo beban las personas. En esa línea, destacaron que los estudios revelaron parámetros de contaminación “muy por encima de lo permitido hasta por normas flexibles”.
Los vocales Ricardo Sanjuan y Marina Cossio de Mercau votaron en disidencia.
La causa se inició en 2006, con la denuncia de un vecino de Concepción, quien expuso que la empresa estaba causando daños a la salud de la población.
La impulsó el fiscal General federal Antonio Gómez, al iniciar de oficio una investigación preliminar en agosto de aquel año, durante la zafra.
Gómez determinó que no cabían dudas de que el Ingenio La Corona contaminaba la atmósfera (por medio de partículas en suspensión) y el agua (mediante líquidos no tratados, cachaza y vinaza).
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Fecha de Publicación: 29/10/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Tucumán
La causa involucra a la SA Azucarera Argentina. Comenzó en 2006, por hechos ocurridos en Concepción, Tucumán. Los residuos arrojados al río Gastona llegaron a la cuenca del Salí-Dulce y afectaron la provincia de Santiago del Estero
En el marco de la causa por contaminación ambiental que involucra a la empresa Azucarera Argentina SA, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de la defensa de los tres encartados -Enrique González, Silvio Peluffo y Héctor Mateos-, que cuestionaron el fallo que les negó el beneficio de la probation.
En el caso se investiga la emisión de sustancias tóxicas a través de los efluentes del ingenio La Corona, en Tucumán.
De manera unipersonal, el vocal Mariano Borinsky resolvió que los encausados deberán sentarse en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de delito previsto en el artículo 55 de la ley 24051.
Borinsky decidió en ese sentido ante la ausencia de un ofrecimiento de reparación del daño que revele la voluntad de González, Peluffo y Mateos de superar el conflicto; especialmente, teniendo en consideración la importancia de los bienes jurídicos presuntamente afectados, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en autos “Mendoza”.
Además, le encomendó al tribunal de juicio que adopte los pasos necesarios para realizar el debate oral con celeridad.
Los directivos fueron procesados y embargados en julio de 2008. La medida sentó jurisprudencia: fue la primera vez que la Justicia federal incriminó a presuntos responsables por contaminación en la industria azucarera.
La sentencia la dictó el magistrado Daniel Bejas, quien concluyó que estaba probado que la fábrica, radicada en Concepción, arrojó residuos tóxicos al río Gastona, que luego llegaron a la cuenca Salí-Dulce y, en consecuencia, hasta la provincia de Santiago del Estero.
“El desafío que pesa sobre el Poder Judicial es la protección del derecho a un ambiente sano”, sostuvo.
Dos años después, en agosto de 2010, por mayoría, la Cámara de Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó aquella sentencia.
Interjurisdiccionalidad
En esa oportunidad, los jueces Raúl Mender, Ernesto Wayar y Graciela Fernández Vecino sostuvieron la interjurisdiccionalidad del daño causado por el ingenio.
Así, al igual que el a quo, indicaron que las aguas contaminadas llegaron a Santiago del Estero, poniendo en peligro la salud de los habitantes, ya que el liquido se destina a animales, riego de hortalizas y, eventualmente, para que lo beban las personas. En esa línea, destacaron que los estudios revelaron parámetros de contaminación “muy por encima de lo permitido hasta por normas flexibles”.
Los vocales Ricardo Sanjuan y Marina Cossio de Mercau votaron en disidencia.
La causa se inició en 2006, con la denuncia de un vecino de Concepción, quien expuso que la empresa estaba causando daños a la salud de la población.
La impulsó el fiscal General federal Antonio Gómez, al iniciar de oficio una investigación preliminar en agosto de aquel año, durante la zafra.
Gómez determinó que no cabían dudas de que el Ingenio La Corona contaminaba la atmósfera (por medio de partículas en suspensión) y el agua (mediante líquidos no tratados, cachaza y vinaza).
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Insisten con que que acá se hace minería de bajo impacto
Argentina asegura que promueve una minería de bajo impacto en el ambiente
Fecha de Publicación: 29/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno promociona entre grandes inversores extranjeros 18 proyectos que se encuentran en etapa de factibilidad y evaluación económica previa, 25 proyectos en evaluación avanzada con definición de recursos y más de 400 proyectos entre etapa inicial de exploración y prospección.
La secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, planteó el potencial de desarrollo en el país de una “minería de bajo impacto en el ambiente y las mejores prácticas sociales inclusivas”, tras su regreso de China.
La funcionaria expuso acerca de las oportunidades de negocios para los inversores mundiales durante el road show "Mining Investment in Argentina".
El Gobierno argentino viene promocionando entre los grandes inversores extranjeros 18 proyectos que se encuentran en etapa de factibilidad y evaluación económica previa, 25 proyectos en evaluación avanzada con definición de recursos y más de 400 proyectos entre etapa inicial de exploración y prospección.
Como parte de esa difusión del potencial minero, Sánchez desarrollará la semana próxima una visita a Australia, donde participará de la Conferencia Internacional de Minería y Recursos - Imarc 2018 y firmará un memorándum de entendimiento con el gobierno del estado de Victoria, uno de los de mayor desarrollo minero de ese país.
La funcionaria del Ministerio de Producción llegó hoy al país tras participar de la China Mining Congress and Expo que se celebró por 19 años consecutivos, en la ciudad de Tianjin, considerado uno de los eventos mineros más importantes junto a PDAC en Canadá, ambos referencia para inversores y países mineros a nivel global.
“Nos interesa que los países que miran a la Argentina evalúen inversiones en nuestro país trayendo las mejores tecnologías disponibles para hacer minería de bajo impacto en el ambiente y las mejores prácticas sociales de la minería inclusiva con la población, que genere empleo y desarrollo de pequeñas y medianas empresas asociadas”, expresó la funcionaria.
En ese sentido, Sánchez reafirmó que la cartera impulsa “la actividad minera como sector estratégico en la cadena productiva nacional para el desarrollo de las economías regionales y sus comunidades”.
El subsecretario de Desarrollo Sustentable, Mariano Lamothe, destacó que “la Argentina, un país joven en minería, tiene un vasto territorio para invertir en proyectos ya sea en estado inicial o avanzado para el desarrollo sustentable de las distintas regiones del país, sus economías regionales y sus comunidades”.
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Fecha de Publicación: 29/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno promociona entre grandes inversores extranjeros 18 proyectos que se encuentran en etapa de factibilidad y evaluación económica previa, 25 proyectos en evaluación avanzada con definición de recursos y más de 400 proyectos entre etapa inicial de exploración y prospección.
La secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, planteó el potencial de desarrollo en el país de una “minería de bajo impacto en el ambiente y las mejores prácticas sociales inclusivas”, tras su regreso de China.
La funcionaria expuso acerca de las oportunidades de negocios para los inversores mundiales durante el road show "Mining Investment in Argentina".
El Gobierno argentino viene promocionando entre los grandes inversores extranjeros 18 proyectos que se encuentran en etapa de factibilidad y evaluación económica previa, 25 proyectos en evaluación avanzada con definición de recursos y más de 400 proyectos entre etapa inicial de exploración y prospección.
Como parte de esa difusión del potencial minero, Sánchez desarrollará la semana próxima una visita a Australia, donde participará de la Conferencia Internacional de Minería y Recursos - Imarc 2018 y firmará un memorándum de entendimiento con el gobierno del estado de Victoria, uno de los de mayor desarrollo minero de ese país.
La funcionaria del Ministerio de Producción llegó hoy al país tras participar de la China Mining Congress and Expo que se celebró por 19 años consecutivos, en la ciudad de Tianjin, considerado uno de los eventos mineros más importantes junto a PDAC en Canadá, ambos referencia para inversores y países mineros a nivel global.
“Nos interesa que los países que miran a la Argentina evalúen inversiones en nuestro país trayendo las mejores tecnologías disponibles para hacer minería de bajo impacto en el ambiente y las mejores prácticas sociales de la minería inclusiva con la población, que genere empleo y desarrollo de pequeñas y medianas empresas asociadas”, expresó la funcionaria.
En ese sentido, Sánchez reafirmó que la cartera impulsa “la actividad minera como sector estratégico en la cadena productiva nacional para el desarrollo de las economías regionales y sus comunidades”.
El subsecretario de Desarrollo Sustentable, Mariano Lamothe, destacó que “la Argentina, un país joven en minería, tiene un vasto territorio para invertir en proyectos ya sea en estado inicial o avanzado para el desarrollo sustentable de las distintas regiones del país, sus economías regionales y sus comunidades”.
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Aves poco frecuentes son relevadas en Corrientes
Nuevo registro de especies de aves poco frecuentes en Corrientes
Fecha de Publicación: 29/10/2018
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Corrientes
En el marco de estudios de la avifauna local, investigadores de la UNNE registraron la presencia de seis especies de aves poco frecuente para la provincia de Corrientes. En una publicación destacan esos nuevos registros porque confirman la presencia de estas especies y actualizan su distribución en el territorio.
En el territorio de la provincia de Corrientes confluyen tres provincias fitogeográficas (Paranaense, Chaqueña y Espinal), que le brindan características particulares en la composición de su fauna, debido a la presencia de biotas de distinta procedencia.
El nordeste correntino en particular, mantiene una elevada diversidad de aves, con aproximadamente 400 especies, constituyendo el área de la provincia con mayor riqueza específica, debido a la continuidad de las formaciones vegetales entre el sur de Misiones y el nordeste de Corrientes, que permite el ingreso de especies características de la región paranaense, que tienen en esa zona su límite austral de distribución.
Desde la Universidad Nacional del Nordeste desde hace años se mantienen distintas líneas de estudios sobre aves, por la importancia que posee el conocimiento de la distribución de las especies, tanto por los aspectos biogeográficos como también por la conservación de las mismas.
En ese sentido, un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, realizó una publicación en la que se da a conocer una serie de registros novedosos de seis especies de aves que contaban con citas antiguas para Corrientes, o bien eran conocidas en sólo una o dos localidades de la provincia.
Se trata de la recopilación de varios registros logrados en el marco de diversos trabajos de investigación en campo, según comentó la licenciada Romina Mauriño, integrante del Laboratorio de Ornitología y Mastozoología de la FACENA-UNNE.
Indicó que los registros de observación de especies poco frecuentes posibilitan confirmar la presencia de especies así como precisar su distribución en el territorio.
Las especies registradas fueron el Aguilucho Cola Corta (Buteo brachyurus), una rapaz que no contaba con citas/menciones previas en la provincia de Corrientes; el Burrito Pecho Gris (Laterallus exilis), un pequeño rálido poco conocido, cuyo hábitat son los juncales y pajonales húmedos, donde resulta difícil de observar. No obstante, dos individuos fueron hallados muertos tras fuertes lluvias en la ciudad de Corrientes.
Los investigadores de la UNNE observaron además la especie “Alilicucú Grande (Megascops atricapilla)” en el interior de un pinar en el Establecimiento Las Marías de Santo Tomé. También fueron registrados “auditivamente” ejemplares de “Alilicucús” en eucaliptales y capueras a 3 y 5 km del sitio donde se describió el primer ejemplar.
También se destacó la observación de la especie “Yacutoro” (Pyroderus scutatus), con un ejemplar consumiendo infrutescencias de ambay, en el sitio arqueológico Capilla Jesuítica de San Alonso, en Santo Tomé. En 2012, esta especie había sido vista tras casi 100 años en la provincia.
La especie “Saí Azul” (Dacnis cayana) también fue considerada de relevancia por su poca frecuencia de observación. Entre 2014 y 2017, los especialistas de la UNNE registraron al Saí Azul en tres nuevas localidades de los departamentos Santo Tomé e Ituzaingó, datos que amplían su distribución en el nordeste correntino.
Por último, en la publicación de especies no frecuentes, se menciona además la especie “Tangará Amarillo” (Euphonia violacea), que en esta zona alcanzan su límite meridional.
Los interesados podrían consultar en todo caso el sitio web de Nuestras Aves, y descargar el artículo si lo desean. El artículo completo puede ser consultado en el sitio web de la Revista Nuestras Aves: https://drive.google.com/file/d/1GEbWVWrc_gJDhO0RmbpiJhoniXsFtEX7/view.
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Fecha de Publicación: 29/10/2018
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Corrientes
En el marco de estudios de la avifauna local, investigadores de la UNNE registraron la presencia de seis especies de aves poco frecuente para la provincia de Corrientes. En una publicación destacan esos nuevos registros porque confirman la presencia de estas especies y actualizan su distribución en el territorio.
En el territorio de la provincia de Corrientes confluyen tres provincias fitogeográficas (Paranaense, Chaqueña y Espinal), que le brindan características particulares en la composición de su fauna, debido a la presencia de biotas de distinta procedencia.
El nordeste correntino en particular, mantiene una elevada diversidad de aves, con aproximadamente 400 especies, constituyendo el área de la provincia con mayor riqueza específica, debido a la continuidad de las formaciones vegetales entre el sur de Misiones y el nordeste de Corrientes, que permite el ingreso de especies características de la región paranaense, que tienen en esa zona su límite austral de distribución.
Desde la Universidad Nacional del Nordeste desde hace años se mantienen distintas líneas de estudios sobre aves, por la importancia que posee el conocimiento de la distribución de las especies, tanto por los aspectos biogeográficos como también por la conservación de las mismas.
En ese sentido, un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, realizó una publicación en la que se da a conocer una serie de registros novedosos de seis especies de aves que contaban con citas antiguas para Corrientes, o bien eran conocidas en sólo una o dos localidades de la provincia.
Se trata de la recopilación de varios registros logrados en el marco de diversos trabajos de investigación en campo, según comentó la licenciada Romina Mauriño, integrante del Laboratorio de Ornitología y Mastozoología de la FACENA-UNNE.
Indicó que los registros de observación de especies poco frecuentes posibilitan confirmar la presencia de especies así como precisar su distribución en el territorio.
Las especies registradas fueron el Aguilucho Cola Corta (Buteo brachyurus), una rapaz que no contaba con citas/menciones previas en la provincia de Corrientes; el Burrito Pecho Gris (Laterallus exilis), un pequeño rálido poco conocido, cuyo hábitat son los juncales y pajonales húmedos, donde resulta difícil de observar. No obstante, dos individuos fueron hallados muertos tras fuertes lluvias en la ciudad de Corrientes.
Los investigadores de la UNNE observaron además la especie “Alilicucú Grande (Megascops atricapilla)” en el interior de un pinar en el Establecimiento Las Marías de Santo Tomé. También fueron registrados “auditivamente” ejemplares de “Alilicucús” en eucaliptales y capueras a 3 y 5 km del sitio donde se describió el primer ejemplar.
También se destacó la observación de la especie “Yacutoro” (Pyroderus scutatus), con un ejemplar consumiendo infrutescencias de ambay, en el sitio arqueológico Capilla Jesuítica de San Alonso, en Santo Tomé. En 2012, esta especie había sido vista tras casi 100 años en la provincia.
La especie “Saí Azul” (Dacnis cayana) también fue considerada de relevancia por su poca frecuencia de observación. Entre 2014 y 2017, los especialistas de la UNNE registraron al Saí Azul en tres nuevas localidades de los departamentos Santo Tomé e Ituzaingó, datos que amplían su distribución en el nordeste correntino.
Por último, en la publicación de especies no frecuentes, se menciona además la especie “Tangará Amarillo” (Euphonia violacea), que en esta zona alcanzan su límite meridional.
Los interesados podrían consultar en todo caso el sitio web de Nuestras Aves, y descargar el artículo si lo desean. El artículo completo puede ser consultado en el sitio web de la Revista Nuestras Aves: https://drive.google.com/file/d/1GEbWVWrc_gJDhO0RmbpiJhoniXsFtEX7/view.
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Experimentalmente logran desontaminar el Riachuelo
Logran reducir con microalgas la contaminación de metales pesados en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 28/10/2018
Fuente: Télam
Provincia/Región: Riachuelo
Las pruebas se hicieron a una escala pre-piloto y resultó eficiente para el tratamiento de esos efluentes que incluso se podrían "descarga en el conducto cloacal", explicó la licenciada Adelina Nashiro.
Un equipo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) logró sanear efluentes industriales contaminados con metales pesados utilizando microalgas en la Cuenca Matanza-Riachuelo, informó hoy el Servicio de Divulgación Científica y Tecnológica sobre Agronomía y Ambiente de la universidad.
La novedosa técnica, denominada biosorción, se probó con éxito al utilizar biomasa de microalgas, por lo que los especialistas se concentraron en el zinc generado por la industria de la galvanoplastia, que "conlleva graves problemas para la salud humana", se informó en un comunicado.
“El zinc es uno de los metales pesados que suele aparecer en mayor proporción en el agua y sedimentos”, explicó la licenciada en Ciencias Ambientales, Adelina Nashiro, quien llevó adelante la investigación.
Ese metal puede llegar al río como parte de los efluentes luego de ser utilizado por la industria de la galvanoplastia, que realizan unos 600 talleres o empresas en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Tras lograr reducir las elevadas concentraciones de zinc presentes en los efluentes hasta los niveles permitidos por los entes encargados de su saneamiento, como la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y la Autoridad del Agua (ADA), el grupo conformado por docentes y graduados busca llegar con esa tecnología a las industrias con el objetivo de "mejorar los tratamientos y disminuir el impacto en el ambiente".
“Los metales pesados que se liberan de las industrias metalúrgicas y que contaminan el río no se degradan”, enfatizó Agustín Rearte, docente de la cátedra de Química Inorgánica y Analítica de la facultad, y agregó que “sólo podemos sacarlos del agua, disponerlos en un lugar seguro o reutilizarlos en caso de que sean útiles”.
Las pruebas se hicieron a una escala prepiloto en el campo experimental de la Fauba, donde obtuvieron la biomasa de las algas, y luego emplearon la técnica de biosorción.
Según afirmó Nashiro, la técnica resultó eficiente para el tratamiento de esos efluentes e incluso "haría posible su descarga en el conducto cloacal", cumpliendo la legislación vigente.
“Se logró reducir desde una concentración inicial de zinc en el efluente de 230 partes por millón (ppm) hasta los 5 permitidos”, detalló y adelantó que están planeando aumentar la escala de las investigaciones "desde el laboratorio hasta la cuenca del río, donde están instaladas las industrias".
El río Matanza-Riachuelo, llamado Riachuelo en su desembocadura y río Matanza en la mayor parte de su desarrollo, tiene 64 kilómetros de largo y un ancho medio de 35 metros, cubriendo una superficie de 2.200 kilómetros cuadrados hasta la desembocadura en el Río de La Plata.
Su curso recibe numerosos desechos industriales, especialmente metales pesados y aguas servidas provenientes de las napas saturadas de toda la cuenca. Recientemente, varios estudios alertaron sobre las graves consecuencias de la contaminación en la población, especialmente infantil.
La Cuenca del Matanza-Riachuelo comprende parte de la ciudad de Buenos Aires y de los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente.
Sus principales afluentes son los arroyos Cañuelas, Chacón y Morales en la provincia de Buenos Aires y el Cildáñez (entubado) en la ciudad de Buenos Aires, todos altamente contaminados.
En la cuenca, de 2.240 kilómetros cuadrados, viven alrededor de 3.500.000 personas.
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Fecha de Publicación: 28/10/2018
Fuente: Télam
Provincia/Región: Riachuelo
Las pruebas se hicieron a una escala pre-piloto y resultó eficiente para el tratamiento de esos efluentes que incluso se podrían "descarga en el conducto cloacal", explicó la licenciada Adelina Nashiro.
Un equipo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) logró sanear efluentes industriales contaminados con metales pesados utilizando microalgas en la Cuenca Matanza-Riachuelo, informó hoy el Servicio de Divulgación Científica y Tecnológica sobre Agronomía y Ambiente de la universidad.
La novedosa técnica, denominada biosorción, se probó con éxito al utilizar biomasa de microalgas, por lo que los especialistas se concentraron en el zinc generado por la industria de la galvanoplastia, que "conlleva graves problemas para la salud humana", se informó en un comunicado.
“El zinc es uno de los metales pesados que suele aparecer en mayor proporción en el agua y sedimentos”, explicó la licenciada en Ciencias Ambientales, Adelina Nashiro, quien llevó adelante la investigación.
Ese metal puede llegar al río como parte de los efluentes luego de ser utilizado por la industria de la galvanoplastia, que realizan unos 600 talleres o empresas en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Tras lograr reducir las elevadas concentraciones de zinc presentes en los efluentes hasta los niveles permitidos por los entes encargados de su saneamiento, como la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y la Autoridad del Agua (ADA), el grupo conformado por docentes y graduados busca llegar con esa tecnología a las industrias con el objetivo de "mejorar los tratamientos y disminuir el impacto en el ambiente".
“Los metales pesados que se liberan de las industrias metalúrgicas y que contaminan el río no se degradan”, enfatizó Agustín Rearte, docente de la cátedra de Química Inorgánica y Analítica de la facultad, y agregó que “sólo podemos sacarlos del agua, disponerlos en un lugar seguro o reutilizarlos en caso de que sean útiles”.
Las pruebas se hicieron a una escala prepiloto en el campo experimental de la Fauba, donde obtuvieron la biomasa de las algas, y luego emplearon la técnica de biosorción.
Según afirmó Nashiro, la técnica resultó eficiente para el tratamiento de esos efluentes e incluso "haría posible su descarga en el conducto cloacal", cumpliendo la legislación vigente.
“Se logró reducir desde una concentración inicial de zinc en el efluente de 230 partes por millón (ppm) hasta los 5 permitidos”, detalló y adelantó que están planeando aumentar la escala de las investigaciones "desde el laboratorio hasta la cuenca del río, donde están instaladas las industrias".
El río Matanza-Riachuelo, llamado Riachuelo en su desembocadura y río Matanza en la mayor parte de su desarrollo, tiene 64 kilómetros de largo y un ancho medio de 35 metros, cubriendo una superficie de 2.200 kilómetros cuadrados hasta la desembocadura en el Río de La Plata.
Su curso recibe numerosos desechos industriales, especialmente metales pesados y aguas servidas provenientes de las napas saturadas de toda la cuenca. Recientemente, varios estudios alertaron sobre las graves consecuencias de la contaminación en la población, especialmente infantil.
La Cuenca del Matanza-Riachuelo comprende parte de la ciudad de Buenos Aires y de los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente.
Sus principales afluentes son los arroyos Cañuelas, Chacón y Morales en la provincia de Buenos Aires y el Cildáñez (entubado) en la ciudad de Buenos Aires, todos altamente contaminados.
En la cuenca, de 2.240 kilómetros cuadrados, viven alrededor de 3.500.000 personas.
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Advierten sobre el problema del plomo en pinturas
Advierten por la contaminación con plomo en pinturas
Fecha de Publicación: 28/10/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Aseguran que se siguen utilizando y vendiendo. El Taller Ecologista alertó sobre los impactos del metal pesado en la salud y el ambiente.
En el marco de la semana internacional de prevención de la intoxicación por plomo, el Taller Ecologista organiza una serie de actividades para informar sobre los impactos en la salud y en el ambiente por la contaminación que produce ese metal pesado.
"El plomo es un metal tóxico que ocasiona efectos adversos tanto en la salud humana como en el medio ambiente. Nos preocupa especialmente la influencia de la exposición al plomo en el aumento del número de niños con discapacidad intelectual. El retraso mental ocasionado por plomo en edades tempranas está entre la lista de enfermedades reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)" subrayó Cecilia Bianco, coordinadora del área Tóxicos de Taller Ecologista.
En venta
La especialista agregó que las pinturas con plomo para uso hogareño "se siguen produciendo, vendiendo y utilizando ampliamente en países en vías de desarrollo a pesar de que la mayoría de los países de alto nivel de industrialización las prohibieron para uso doméstico hace más de 40 años".
Bianco agregó que los efectos de este metal tóxico en la salud "generalmente son irreversibles y su impacto puede perdurar a lo largo de toda la vida", y reclamó regulaciones y políticas públicas acordes a la magnitud de la problemática.
El año pasado en el informe "Plomo en pinturas a base de solventes para uso doméstico en Argentina" elaborado por el Taller Ecologista se conoció que algunas marcas no cumplían con los estándares internacionales en cuanto a presencia de plomo en su contenido al superar el máximo permitido de 600 partes de plomo por millón.
Recientemente, el Ministerio de la Producción de la Nación le informó a la ONG su intención de actualizar antes de fin de año las normativas para limitar el contenido de plomo en pinturas hogareñas hasta 90 partes por millón (ppm).
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Fecha de Publicación: 28/10/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Aseguran que se siguen utilizando y vendiendo. El Taller Ecologista alertó sobre los impactos del metal pesado en la salud y el ambiente.
En el marco de la semana internacional de prevención de la intoxicación por plomo, el Taller Ecologista organiza una serie de actividades para informar sobre los impactos en la salud y en el ambiente por la contaminación que produce ese metal pesado.
"El plomo es un metal tóxico que ocasiona efectos adversos tanto en la salud humana como en el medio ambiente. Nos preocupa especialmente la influencia de la exposición al plomo en el aumento del número de niños con discapacidad intelectual. El retraso mental ocasionado por plomo en edades tempranas está entre la lista de enfermedades reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)" subrayó Cecilia Bianco, coordinadora del área Tóxicos de Taller Ecologista.
En venta
La especialista agregó que las pinturas con plomo para uso hogareño "se siguen produciendo, vendiendo y utilizando ampliamente en países en vías de desarrollo a pesar de que la mayoría de los países de alto nivel de industrialización las prohibieron para uso doméstico hace más de 40 años".
Bianco agregó que los efectos de este metal tóxico en la salud "generalmente son irreversibles y su impacto puede perdurar a lo largo de toda la vida", y reclamó regulaciones y políticas públicas acordes a la magnitud de la problemática.
El año pasado en el informe "Plomo en pinturas a base de solventes para uso doméstico en Argentina" elaborado por el Taller Ecologista se conoció que algunas marcas no cumplían con los estándares internacionales en cuanto a presencia de plomo en su contenido al superar el máximo permitido de 600 partes de plomo por millón.
Recientemente, el Ministerio de la Producción de la Nación le informó a la ONG su intención de actualizar antes de fin de año las normativas para limitar el contenido de plomo en pinturas hogareñas hasta 90 partes por millón (ppm).
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Colegio público logra combustible con descartables
Alumnos de una escuela de Córdoba crearon biocombustible a partir de materia prima ordinaria
Fecha de Publicación: 28/10/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Córdoba
Alumnos de un colegio público de Calamuchita elaboraron un producto que llegó a la final de un certamen nacional. Es fácil de hacer para cualquier familia y útil para calefaccionar casas de un modo más económico.
Se trata de estudiantes del séptimo año del Ipet 76 Gustavo Riemann, de Villa Rumipal, quienes crearon biocombustible a base de productos descartables, como una alternativa económica y ecológica para calefaccionar viviendas.
Aseguran que reemplazaría, sin problemas, a otros insumos como el gas, el querosén, la leña o la electricidad y que cada persona podría prepararlo en su casa.
“Nuestro proyecto busca solucionar dos problemáticas: una socioeconómica y otra ambiental”, apunta Camila del Río (18), integrante del grupo junto a Ailen Lezana (18), Florencia Depetris (18), Julieta Leguizamón (19) y Franco Iglesias (18), indicaron al diario La Voz.
El propósito ecológico se sustenta en el reciclaje de residuos y en la disminución del impacto ambiental al utilizar un combustible que proviene de la biomasa vegetal y puede sustituir a los fósiles, de alto efecto contaminante. También, porque reduciría la tala de plantas para extraer la leña que termina en las salamandras.
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Fecha de Publicación: 28/10/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Córdoba
Alumnos de un colegio público de Calamuchita elaboraron un producto que llegó a la final de un certamen nacional. Es fácil de hacer para cualquier familia y útil para calefaccionar casas de un modo más económico.
Se trata de estudiantes del séptimo año del Ipet 76 Gustavo Riemann, de Villa Rumipal, quienes crearon biocombustible a base de productos descartables, como una alternativa económica y ecológica para calefaccionar viviendas.
Aseguran que reemplazaría, sin problemas, a otros insumos como el gas, el querosén, la leña o la electricidad y que cada persona podría prepararlo en su casa.
“Nuestro proyecto busca solucionar dos problemáticas: una socioeconómica y otra ambiental”, apunta Camila del Río (18), integrante del grupo junto a Ailen Lezana (18), Florencia Depetris (18), Julieta Leguizamón (19) y Franco Iglesias (18), indicaron al diario La Voz.
El propósito ecológico se sustenta en el reciclaje de residuos y en la disminución del impacto ambiental al utilizar un combustible que proviene de la biomasa vegetal y puede sustituir a los fósiles, de alto efecto contaminante. También, porque reduciría la tala de plantas para extraer la leña que termina en las salamandras.
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Vaca Muerta, derrame y contaminación
Impactante derrame de petróleo en Vaca Muerta: el daño ambiental afectó "varias hectáreas"
Fecha de Publicación: 27/10/2018
Fuente: La Mañana de Chipoletti
Provincia/Región: Neuquén
Desde 2014 que no se da una situación similar. Hoy Ambiente de la Provincia de Neuquén determinará el alcance con el sobrevuelo de un drone.
El subsecretario de Ambiente de la Provincia, Juan de Dios Lucchelli, aseguró que el derrame de petróleo de la semana pasada afectó "varias hectáreas" en la zona de Bandurrias Sur y resaltó que desde 2014 no se producía un incidente similar. Hoy con un drone determinarán exactamente el alcance del daño.
"Es un derrame mayor en el área Bandurrias Sur, concedida a YPF, nuestro sujeto obligado es YPF y será quien tendrá que sanear y hacerse responsable del daño", sostuvo Luccelli en diálogo con LU5.
El funcionario explicó que el incidente ocurrió el pasado viernes a las cero y que se pudo controlar el sábado a las 13 y agregó que la empresa avisó a Ambiente de la Provincia inmediatamente y comenzó con las tareas de contención, con 20 camiones cisterna extrayendo el líquido derramado.
Lucchellu indicó que YPF les presentó el estado de situación y que hoy desde la Provincia estarán sobrevolando el área con un drone para determinar el alcance del daño ambiental para determinar como remediarlo.
A su vez, explicó que una locación de este tipo de pozos tiene un superficie de 100 x 150 metros y el campamento para la gente se encuentra en un sector aledaño.
"Generalmente, cuando se habla de un derrame, el área de sacrificio está dentro de esa superficie. Ya cuando impacta el ambiente natural pasa a ser un incidente grave", sostuvo.
Al tiempo que afirmó: "En este caso pasa unos centímetros de la locación, y por factores climáticos adversos, se escurrió y tenemos algunas hectáreas impactadas".
El funcionario informó que directamente están hablando con la vicepresidencia de YPF, que se está trabajando, y se comprometió a que desde Ambiente de la Provincia “va a ser muy exhaustivo para que se repare al 100%. La idea es que no se repita- desde el 2014 que esto no sucedía”.
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Fecha de Publicación: 27/10/2018
Fuente: La Mañana de Chipoletti
Provincia/Región: Neuquén
Desde 2014 que no se da una situación similar. Hoy Ambiente de la Provincia de Neuquén determinará el alcance con el sobrevuelo de un drone.
El subsecretario de Ambiente de la Provincia, Juan de Dios Lucchelli, aseguró que el derrame de petróleo de la semana pasada afectó "varias hectáreas" en la zona de Bandurrias Sur y resaltó que desde 2014 no se producía un incidente similar. Hoy con un drone determinarán exactamente el alcance del daño.
"Es un derrame mayor en el área Bandurrias Sur, concedida a YPF, nuestro sujeto obligado es YPF y será quien tendrá que sanear y hacerse responsable del daño", sostuvo Luccelli en diálogo con LU5.
El funcionario explicó que el incidente ocurrió el pasado viernes a las cero y que se pudo controlar el sábado a las 13 y agregó que la empresa avisó a Ambiente de la Provincia inmediatamente y comenzó con las tareas de contención, con 20 camiones cisterna extrayendo el líquido derramado.
Lucchellu indicó que YPF les presentó el estado de situación y que hoy desde la Provincia estarán sobrevolando el área con un drone para determinar el alcance del daño ambiental para determinar como remediarlo.
A su vez, explicó que una locación de este tipo de pozos tiene un superficie de 100 x 150 metros y el campamento para la gente se encuentra en un sector aledaño.
"Generalmente, cuando se habla de un derrame, el área de sacrificio está dentro de esa superficie. Ya cuando impacta el ambiente natural pasa a ser un incidente grave", sostuvo.
Al tiempo que afirmó: "En este caso pasa unos centímetros de la locación, y por factores climáticos adversos, se escurrió y tenemos algunas hectáreas impactadas".
El funcionario informó que directamente están hablando con la vicepresidencia de YPF, que se está trabajando, y se comprometió a que desde Ambiente de la Provincia “va a ser muy exhaustivo para que se repare al 100%. La idea es que no se repita- desde el 2014 que esto no sucedía”.
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Otra muestra del desastre de las fumigaciones periurbanas
Sastre: el dramático pedido de una madre para frenar las fumigaciones
Fecha de Publicación: 27/10/2018
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Santa Fe
La mamá de Zoe, una nena de 2 años con tratamiento oncológico, exigió una zona de protección para no padecer los agrotóxicos. "Ella necesita urgente que pongan esos metros de distancia por pedido médico”, reclamó tras una nueva aplicación frente a su casa
“Mi nena necesita con urgencia que esto salga. Es urgente que pongan esos metros de distancia por pedido médico”. El reclamo desesperado es de Sonia González, la mamá de Zoe Giraudo, la niña de 2 años bajo tratamiento oncológico, que debe vivir en Sastre expuesta a las fumigaciones en los campos linderos.
Los padres de la chica fueron junto a Vecinos autoconvocados a buscar respuestas al Concejo de esa localidad del departamento San Martín, en el centro oeste de la provincia de Santa Fe.
El pedido (registrado por la Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente) refleja la tensión que existe en los pueblos de la región ante la falta de límites y regulaciones claras de las aplicaciones con agrotóxicos, que perjudican la salud de los habitantes.
“Les pido una respuetsa lo antes posible porque el 1º de noviembre ya estoy en mi casa y necesito ya una respuesta. Zoe no puede esperar a que se reunan un día, otro día con todo el tiempo del mundo”, exige la mujer en la reunión con los ediles y funcionarios de Sastre.
El pedido es para fijar una zona de exclusión de aplicación de agroquímicos de 1.500 metros. El petitorio fue elevado después de haber denunciado una nueva aplicación en un campo frente a la casa que debe ocupar Zoe y su familia desde la semana próxima.
Los padres de Zoe adjuntaron las recomendaciones de los médicos que atienden a la niña (oncólogo e infectólogo): debe estar en un ambiente alejado por lo menos unos 1.500 metros de la zona en la que se utilizan agrotóxicos. Es porque lucha desde hace un año contra un tipo de cáncer denominado linfoma linfoblástico tipo T.
La familia Giraudo alquiló una casa en el centro del pueblo para evitar esa situación pero a partir del 1º de noviembre debe regresar a su vivienda (frente a un campo) porque no les renuevan el contrato.
El debate en Sastre (al igual que otras localidades de Santa Fe) no es nuevo. El Concejo aprobó en agosto una ordenanza para llevar a 200 metros la zona de exclusión de agroquímicos, pese a que los vecinos reclamaron un mínimo de 800 metros. Esa norma fue vetada por la intendenta María del Carmen Amero y sólo rige una restricción de 100 metros.
Este mes, además, representantes de la cátedra Práctica Final y del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentaron a la Municipalidad de Sastre los resultados finales del campamento sanitario realizado en esta ciudad, a mediados de marzo de 2017.
Entre otros puntos analizados, según publicó La Capital, los especialistas indicaron la prevalencia de enfermedades circulatorias, cardiovasculares y cáncer. La incidencia supera la media nacional por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (Iarc) dependiente de la Organización Mundial de la Salud.
Respecto a la tasa de cáncer, Sastre se ubica por encima de la mayoría de los resultados hallados en otras localidades analizadas, explicaron los médicos a cargo.
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Fecha de Publicación: 27/10/2018
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Santa Fe
La mamá de Zoe, una nena de 2 años con tratamiento oncológico, exigió una zona de protección para no padecer los agrotóxicos. "Ella necesita urgente que pongan esos metros de distancia por pedido médico”, reclamó tras una nueva aplicación frente a su casa
“Mi nena necesita con urgencia que esto salga. Es urgente que pongan esos metros de distancia por pedido médico”. El reclamo desesperado es de Sonia González, la mamá de Zoe Giraudo, la niña de 2 años bajo tratamiento oncológico, que debe vivir en Sastre expuesta a las fumigaciones en los campos linderos.
Los padres de la chica fueron junto a Vecinos autoconvocados a buscar respuestas al Concejo de esa localidad del departamento San Martín, en el centro oeste de la provincia de Santa Fe.
El pedido (registrado por la Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente) refleja la tensión que existe en los pueblos de la región ante la falta de límites y regulaciones claras de las aplicaciones con agrotóxicos, que perjudican la salud de los habitantes.
“Les pido una respuetsa lo antes posible porque el 1º de noviembre ya estoy en mi casa y necesito ya una respuesta. Zoe no puede esperar a que se reunan un día, otro día con todo el tiempo del mundo”, exige la mujer en la reunión con los ediles y funcionarios de Sastre.
El pedido es para fijar una zona de exclusión de aplicación de agroquímicos de 1.500 metros. El petitorio fue elevado después de haber denunciado una nueva aplicación en un campo frente a la casa que debe ocupar Zoe y su familia desde la semana próxima.
Los padres de Zoe adjuntaron las recomendaciones de los médicos que atienden a la niña (oncólogo e infectólogo): debe estar en un ambiente alejado por lo menos unos 1.500 metros de la zona en la que se utilizan agrotóxicos. Es porque lucha desde hace un año contra un tipo de cáncer denominado linfoma linfoblástico tipo T.
La familia Giraudo alquiló una casa en el centro del pueblo para evitar esa situación pero a partir del 1º de noviembre debe regresar a su vivienda (frente a un campo) porque no les renuevan el contrato.
El debate en Sastre (al igual que otras localidades de Santa Fe) no es nuevo. El Concejo aprobó en agosto una ordenanza para llevar a 200 metros la zona de exclusión de agroquímicos, pese a que los vecinos reclamaron un mínimo de 800 metros. Esa norma fue vetada por la intendenta María del Carmen Amero y sólo rige una restricción de 100 metros.
Este mes, además, representantes de la cátedra Práctica Final y del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentaron a la Municipalidad de Sastre los resultados finales del campamento sanitario realizado en esta ciudad, a mediados de marzo de 2017.
Entre otros puntos analizados, según publicó La Capital, los especialistas indicaron la prevalencia de enfermedades circulatorias, cardiovasculares y cáncer. La incidencia supera la media nacional por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (Iarc) dependiente de la Organización Mundial de la Salud.
Respecto a la tasa de cáncer, Sastre se ubica por encima de la mayoría de los resultados hallados en otras localidades analizadas, explicaron los médicos a cargo.
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OPDS ajusta la regulación ambiental
Multas ambientales bonaerenses: ya escalan a montos muy altos, y ahora se reglamentan
Fecha de Publicación: 27/10/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras los organismos de control del ambiente y de la calidad del agua, aplican multas de hasta $ 800.000, una resolución del organismo provincial de Desarrollo Sostenible reglamentó el régimen sancionatorio ecológico
En la provincia de Buenos Aires, hubo en estos días varias novedades en materia de regulación ambiental para las industrias, que están sufriendo altísimas multas por infracciones en esta materia. Las nuevas normas son una resolución sobre el régimen de sanciones del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires (OPDS) y un decreto provincial sobre emisiones gaseosas a la atmósfera.
En los últimos meses, tanto el OPDS como la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA) vienen aplicando sanciones de multas por montos considerablemente más elevados, comentó Angeles Murgier, del estudio Beccar Varela.
Cada régimen normativo provincial sobre medio ambiente, como los de radicación industrial, residuos especiales, efluentes gaseosos, y otros que están vigentes, tiene previstas su propia calificación y graduación de multas por infracciones ecológicas, añadió Murgier.
En el caso de las multas se prevén sanciones que van de 1 a 1000 y hasta 1500 sueldos básicos de la categoría inicial para los empleados de la Administración Pública Provincial.
Murgier puso como ejemplo la reciente aplicación de una sanción de multa de más de $ 330.000, por parte del OPDS a una empresa, por no haber acreditado la solicitud de renovación del permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera; es decir que se había acreditado la obtención del permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera, pero se encontraba vencido.
Y también citó una multa de más de $ 800.000, aplicada por la ADA, relacionada a las obligaciones de vigilancia y limpieza de las instalaciones y a la calidad de los efluentes líquidos.
En este marco, la Resolución OPDS Nº445/18 aprobó el reglamento sancionatorio administrativo de multas y sanciones por infracciones a la normativa ambiental, aplicable a todo procedimiento sumarial sancionatorio en el que el OPDS es autoridad de aplicación, indicó Murgier.
La Ley integral del medio ambiente y los recursos naturales de la provincia de Buenos Aires, a la que reglamenta esta Resolución, dispone que a fin de determinar el tipo y graduación de la sanción debe tenerse en cuenta la magnitud del daño o peligro ambiental ocasionados, la condición económica del infractor, su capacidad de enmendar la situación generada y el carácter de reincidente.
La reincidencia generalmente hace incrementar las sanciones aplicadas; en parte de la normativa vigente, el monto o plazo de las sanciones puede duplicarse, triplicarse y así sucesivamente, conforme se compruebe la calificación de reincidente del infractor.
La Resolución regula las imputaciones de oficio o en sede, estableciendo que cuando un funcionario del OPDS constate la existencia de incumplimientos a la normativa ambiental, que por su naturaleza revistan calidad de faltas formales, debe remitir por simple providencia las actuaciones a la Dirección Provincial de Controladores Ambientales para que labre un acta y forme una nueva actuación (el tramite prevé el traslado al domicilio constituido de la empresa en infracción, plazo para presentación de descargo, etc.), precisó Murgier.
Por otra parte, se conoció el proyecto de ley de licenciamiento ambiental industrial y actividades semejantes que, de aprobarse, reemplazará la Ley de Radicación de Industrias de la provincia de Buenos Aires 11.459, agregó Murgier.
Algunos de los aspectos más relevantes previstos en el proyecto de ley son el reemplazo del certificado de aptitud ambiental (CAA) por la licencia ambiental.
También la clasificación de establecimientos industriales en cuatro categorías de complejidad ambiental y la potencialidad para generar impactos negativos al ambiente, frente a las tres actuales, y los nuevos plazos de vigencia de las licencias ambientales, que se extienden de 2 a 5 años para los establecimientos clasificados en la primera y segunda categoría, y a 4 años para los clasificados en la tercera y cuarta categoría.
Por último, el gobierno de María Eugenia Vidal dictó el Decreto Provincial 1074/2018 sobre emisiones gaseosas a la atmósfera que reemplaza el Decreto Provincial 3395/1996. sobre licencias de emisiones gaseosas a la atmósfera y calidad de aire.
Murgier resumió así los aspectos más relevantes del Decreto:
-Alcanza a todos los generadores de emisiones gaseosas, existentes o a instalarse, que viertan las mismas a la atmósfera y se encuentren ubicados en el territorio de la provincia de Buenos Aires.
-Exceptúa las fuentes móviles y domiciliarias.
-Establece la obligación de obtener la Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera - "LEGA" (en el régimen anterior se exigía un permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera).
-Para obtener la LEGA se debe presentar una declaración jurada con un informe técnico que permita evaluar y controlar el impacto sobre la calidad del aire y del ambiente.
-Dispone que los permisos de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera vigentes mantendrán sus efectos hasta su vencimiento y que los generadores deberán presentar una auditoría de renovación de conformidad a lo establecido en el Decreto.
-Prevé un plazo de adecuación de 180 días.
-Establece que la LEGA tendrá una validez de 4 años y que para su renovación se deberá presentar una auditoría en un período de cuatro meses previos al vencimiento de la respectiva licencia (en el régimen anterior el permiso tenía una vigencia de dos años).
-Da pautas a seguir en caso de modificaciones en las emisiones a la atmósfera.
-Establece exigencias de los conductos finales de evacuación de efluentes gaseosos a la atmósfera exterior.
-Dispone la obligación de declarar situaciones anormales, de emergencia y que representen un riesgo ambiental en materia de contaminación atmosférica.
-Los generadores de emisiones gaseosas deberán cumplir con las normas de calidad de aire y valores establecidos en el Decreto (estándares internacionales fijados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos).
-El Decreto incorpora como parámetro un indicador de contaminación urbana denominado PM 2,5 que se refiere al tamaño mínimo que deben tener las partículas en suspensión en el aire.
-Establece que la implementación de los estándares se realizará mediante tres etapas y que durante los primeros dos años se mantendrán vigentes los valores identificados como valores iniciales que corresponden al derogado Decreto 3395/1996.
-Regula la posibilidad de establecer niveles de emisión específicos (tanto para un generador o grupo de generadores o rubros específicos) y normas de emisión por regiones.
-Crea la Comisión Revisora Permanente.
-Crea el Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero.
-Fija que el OPDS podrá requerir la instalación de sistemas de monitoreo continuo.
-Pone a disposición del público la información actualizada sobre la gestión de la calidad del aire ambiente.
-Crea el Registro Provincial de Monitoreo para la Gestión de las Fuentes de Emisiones Gaseosas y Calidad de Aire.
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Fecha de Publicación: 27/10/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras los organismos de control del ambiente y de la calidad del agua, aplican multas de hasta $ 800.000, una resolución del organismo provincial de Desarrollo Sostenible reglamentó el régimen sancionatorio ecológico
En la provincia de Buenos Aires, hubo en estos días varias novedades en materia de regulación ambiental para las industrias, que están sufriendo altísimas multas por infracciones en esta materia. Las nuevas normas son una resolución sobre el régimen de sanciones del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires (OPDS) y un decreto provincial sobre emisiones gaseosas a la atmósfera.
En los últimos meses, tanto el OPDS como la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA) vienen aplicando sanciones de multas por montos considerablemente más elevados, comentó Angeles Murgier, del estudio Beccar Varela.
Cada régimen normativo provincial sobre medio ambiente, como los de radicación industrial, residuos especiales, efluentes gaseosos, y otros que están vigentes, tiene previstas su propia calificación y graduación de multas por infracciones ecológicas, añadió Murgier.
En el caso de las multas se prevén sanciones que van de 1 a 1000 y hasta 1500 sueldos básicos de la categoría inicial para los empleados de la Administración Pública Provincial.
Murgier puso como ejemplo la reciente aplicación de una sanción de multa de más de $ 330.000, por parte del OPDS a una empresa, por no haber acreditado la solicitud de renovación del permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera; es decir que se había acreditado la obtención del permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera, pero se encontraba vencido.
Y también citó una multa de más de $ 800.000, aplicada por la ADA, relacionada a las obligaciones de vigilancia y limpieza de las instalaciones y a la calidad de los efluentes líquidos.
En este marco, la Resolución OPDS Nº445/18 aprobó el reglamento sancionatorio administrativo de multas y sanciones por infracciones a la normativa ambiental, aplicable a todo procedimiento sumarial sancionatorio en el que el OPDS es autoridad de aplicación, indicó Murgier.
La Ley integral del medio ambiente y los recursos naturales de la provincia de Buenos Aires, a la que reglamenta esta Resolución, dispone que a fin de determinar el tipo y graduación de la sanción debe tenerse en cuenta la magnitud del daño o peligro ambiental ocasionados, la condición económica del infractor, su capacidad de enmendar la situación generada y el carácter de reincidente.
La reincidencia generalmente hace incrementar las sanciones aplicadas; en parte de la normativa vigente, el monto o plazo de las sanciones puede duplicarse, triplicarse y así sucesivamente, conforme se compruebe la calificación de reincidente del infractor.
La Resolución regula las imputaciones de oficio o en sede, estableciendo que cuando un funcionario del OPDS constate la existencia de incumplimientos a la normativa ambiental, que por su naturaleza revistan calidad de faltas formales, debe remitir por simple providencia las actuaciones a la Dirección Provincial de Controladores Ambientales para que labre un acta y forme una nueva actuación (el tramite prevé el traslado al domicilio constituido de la empresa en infracción, plazo para presentación de descargo, etc.), precisó Murgier.
Por otra parte, se conoció el proyecto de ley de licenciamiento ambiental industrial y actividades semejantes que, de aprobarse, reemplazará la Ley de Radicación de Industrias de la provincia de Buenos Aires 11.459, agregó Murgier.
Algunos de los aspectos más relevantes previstos en el proyecto de ley son el reemplazo del certificado de aptitud ambiental (CAA) por la licencia ambiental.
También la clasificación de establecimientos industriales en cuatro categorías de complejidad ambiental y la potencialidad para generar impactos negativos al ambiente, frente a las tres actuales, y los nuevos plazos de vigencia de las licencias ambientales, que se extienden de 2 a 5 años para los establecimientos clasificados en la primera y segunda categoría, y a 4 años para los clasificados en la tercera y cuarta categoría.
Por último, el gobierno de María Eugenia Vidal dictó el Decreto Provincial 1074/2018 sobre emisiones gaseosas a la atmósfera que reemplaza el Decreto Provincial 3395/1996. sobre licencias de emisiones gaseosas a la atmósfera y calidad de aire.
Murgier resumió así los aspectos más relevantes del Decreto:
-Alcanza a todos los generadores de emisiones gaseosas, existentes o a instalarse, que viertan las mismas a la atmósfera y se encuentren ubicados en el territorio de la provincia de Buenos Aires.
-Exceptúa las fuentes móviles y domiciliarias.
-Establece la obligación de obtener la Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera - "LEGA" (en el régimen anterior se exigía un permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera).
-Para obtener la LEGA se debe presentar una declaración jurada con un informe técnico que permita evaluar y controlar el impacto sobre la calidad del aire y del ambiente.
-Dispone que los permisos de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera vigentes mantendrán sus efectos hasta su vencimiento y que los generadores deberán presentar una auditoría de renovación de conformidad a lo establecido en el Decreto.
-Prevé un plazo de adecuación de 180 días.
-Establece que la LEGA tendrá una validez de 4 años y que para su renovación se deberá presentar una auditoría en un período de cuatro meses previos al vencimiento de la respectiva licencia (en el régimen anterior el permiso tenía una vigencia de dos años).
-Da pautas a seguir en caso de modificaciones en las emisiones a la atmósfera.
-Establece exigencias de los conductos finales de evacuación de efluentes gaseosos a la atmósfera exterior.
-Dispone la obligación de declarar situaciones anormales, de emergencia y que representen un riesgo ambiental en materia de contaminación atmosférica.
-Los generadores de emisiones gaseosas deberán cumplir con las normas de calidad de aire y valores establecidos en el Decreto (estándares internacionales fijados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos).
-El Decreto incorpora como parámetro un indicador de contaminación urbana denominado PM 2,5 que se refiere al tamaño mínimo que deben tener las partículas en suspensión en el aire.
-Establece que la implementación de los estándares se realizará mediante tres etapas y que durante los primeros dos años se mantendrán vigentes los valores identificados como valores iniciales que corresponden al derogado Decreto 3395/1996.
-Regula la posibilidad de establecer niveles de emisión específicos (tanto para un generador o grupo de generadores o rubros específicos) y normas de emisión por regiones.
-Crea la Comisión Revisora Permanente.
-Crea el Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero.
-Fija que el OPDS podrá requerir la instalación de sistemas de monitoreo continuo.
-Pone a disposición del público la información actualizada sobre la gestión de la calidad del aire ambiente.
-Crea el Registro Provincial de Monitoreo para la Gestión de las Fuentes de Emisiones Gaseosas y Calidad de Aire.
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Terrible masacre de pumas en Chubut
Denuncian masacre de pumas en Manantiales Behr
Fecha de Publicación: 26/10/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Trabajadores petroleros denunciaron a El Patagónico su preocupación por la importante cantidad de pumas masacrados en las estancias de Manantiales Behr. "Todos los días cuelgan un nuevo puma en el alambrado", detallaron a este medio. Cabe recordar que el puma es una especie protegida y en peligro de extinción en la provincia de Chubut
La Ley 22.421, de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre, declara al puma de interés público, haciendo de su protección y uso racional una obligación del Estado, además de que en Chubut es considerada una especie en peligro de extinción ya que décadas atrás este animal abundaba y hoy en día quedan pocas especies.
A pesar de todas estas leyes e información, la caza del puma sigue existiendo en la provincia de Chubut y más aún en las estancias de Manantiales Bher, donde son, no solo masacrados, si no que exhibidos en los alambrados de entrada de los campos a modo de trofeos, según denunciaron trabajadores petroleros a El Patagónico.
Según detalló Andrés, un trabajador petrolero que pidió que reserven su identidad, en la Estancai La Carolina en la zona Bajo el Alba de Manantiales Bher: “todas las semanas hay uno o dos pumas colgando de los alambrados, muertos obviamente, los dueños de las estancias dicen que les matan a las ovejas y por eso ellos matan a los pumas, a veces los matan con armas y otras los persiguen con perros y dejan que la manada los mate y que después jueguen con el cuerpo”.
Esta masacre no solo es de pumas sino que también “matan perros, la gente muchas veces va a tirar cachorros a las afueras de la ciudad y esos cachorros crecen y comienzan a adentrarse en el campo en búsqueda de comida y llegan a estas estancias donde también son asesinados y luego exhibidos, creo que debe haber algún tipo de asociación o alguien del gobierno que debería cuidar a los animales, tengo entendido que el puma está en extinción y yo los veo colgados todos los días en los alambrados, encima que no hay matan los que quedan”, finalizó el trabajador petrolero.
En Argentina, el puma se encuentra extinto en las provincias de Entre Ríos, el sur y centro de Santa Fe, el centro de Tucumán y en casi toda la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Jujuy es también una especie protegida, por lo que la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) se encarga de la captura y reubicación de ejemplares denunciados por los pastores como potenciales predadores de ganado. En la provincia de Mendoza es monumento natural, especie protegida, y uno de sus ámbitos más frágiles se da en la región precordillerana de Paramillos de Uspallata.
10.000 FIRMAS EN CONTRA DEL EXTERMINIO DEL PUMA
En agosto del año pasado El Patagónico dio a conocer un video en el que se mostraba como dos hombres junto a una manada de perros acosaban y asesinaban al cachorro de un puma, esta situación generó indignación entre los usuarios que rápidamente generaron una iniciativa a través de la plataforma Change.org para poder "Detener y buscar alternativas al exterminio del puma en Argentina".
En la petición se señalaba lo siguiente:
"El puma es probablemente el animal más torturado, abusado y exterminado de nuestro país, se lo mata por conflictos con el ganado, se lo mata por deporte en forma "legal" en algunas provincias, se lo caza furtivamente, se lo trafica como mascota, y en muchas provincias se lo hace pelear con dogos y pittbulls solo por sadismo y placer de individuos sin escrúpulos. En el video de abajo se ve una jauría de perros destrozando a un puma juvenil en Chubut, mientras quienes filman y observan disfrutan de semejante acto de cobardía y sadismo.
Solicitamos a las autoridades de fauna, medioambiente, tanto provinciales como nacionales.
1) Implementar medidas alternativas al exterminio del puma para mitigar los conflictos con el ganado, evitando por todos los medios trampas, el uso de cebos envenenados que luego son también ingeridos por otros animales, como cóndores.
En Chile se utilizan perros guardaganados que no atacan al puma y lo ahuyentan con su presencia, el Mastín de los Pirineos, perro de la Maremma, son algunas razas aptas.
2) Aumentar las penas para aquellos que utilicen perros para cazar cualquier tipo de animales, ya que es otra forma de maltrato animal y por ende violación a la ley 14.346. Someter a un perro a pelear con un animal autóctono puede causarle heridas que luego derivan en el sacrificio de ese animal, por no "servir más". Esta es otra de las tantas formas de abuso de los galgos, por ejemplo.
3) Derogar inmediatamente el pago de recompensas por cada puma y/o zorro muerto en las provincias donde así ocurra, ya que muchos verán en la caza del puma y zorro una forma de lucrar e incentivará las prácticas aberrantes, sadistas y perversas que se denuncian.
4) Aumentar las penas para quienes trafiquen, usen como mascota, hagan pelear con perros, críen, o posean en cautiverio a pumas.
5) Implementar un plan de compensación económica para quienes sufran pérdidas por daños al ganado hecho por fauna autóctona, hasta tanto se haya logrado implementar sistemas o métodos alternativos.
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Fecha de Publicación: 26/10/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Trabajadores petroleros denunciaron a El Patagónico su preocupación por la importante cantidad de pumas masacrados en las estancias de Manantiales Behr. "Todos los días cuelgan un nuevo puma en el alambrado", detallaron a este medio. Cabe recordar que el puma es una especie protegida y en peligro de extinción en la provincia de Chubut
La Ley 22.421, de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre, declara al puma de interés público, haciendo de su protección y uso racional una obligación del Estado, además de que en Chubut es considerada una especie en peligro de extinción ya que décadas atrás este animal abundaba y hoy en día quedan pocas especies.
A pesar de todas estas leyes e información, la caza del puma sigue existiendo en la provincia de Chubut y más aún en las estancias de Manantiales Bher, donde son, no solo masacrados, si no que exhibidos en los alambrados de entrada de los campos a modo de trofeos, según denunciaron trabajadores petroleros a El Patagónico.
Según detalló Andrés, un trabajador petrolero que pidió que reserven su identidad, en la Estancai La Carolina en la zona Bajo el Alba de Manantiales Bher: “todas las semanas hay uno o dos pumas colgando de los alambrados, muertos obviamente, los dueños de las estancias dicen que les matan a las ovejas y por eso ellos matan a los pumas, a veces los matan con armas y otras los persiguen con perros y dejan que la manada los mate y que después jueguen con el cuerpo”.
Esta masacre no solo es de pumas sino que también “matan perros, la gente muchas veces va a tirar cachorros a las afueras de la ciudad y esos cachorros crecen y comienzan a adentrarse en el campo en búsqueda de comida y llegan a estas estancias donde también son asesinados y luego exhibidos, creo que debe haber algún tipo de asociación o alguien del gobierno que debería cuidar a los animales, tengo entendido que el puma está en extinción y yo los veo colgados todos los días en los alambrados, encima que no hay matan los que quedan”, finalizó el trabajador petrolero.
En Argentina, el puma se encuentra extinto en las provincias de Entre Ríos, el sur y centro de Santa Fe, el centro de Tucumán y en casi toda la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Jujuy es también una especie protegida, por lo que la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) se encarga de la captura y reubicación de ejemplares denunciados por los pastores como potenciales predadores de ganado. En la provincia de Mendoza es monumento natural, especie protegida, y uno de sus ámbitos más frágiles se da en la región precordillerana de Paramillos de Uspallata.
10.000 FIRMAS EN CONTRA DEL EXTERMINIO DEL PUMA
En agosto del año pasado El Patagónico dio a conocer un video en el que se mostraba como dos hombres junto a una manada de perros acosaban y asesinaban al cachorro de un puma, esta situación generó indignación entre los usuarios que rápidamente generaron una iniciativa a través de la plataforma Change.org para poder "Detener y buscar alternativas al exterminio del puma en Argentina".
En la petición se señalaba lo siguiente:
"El puma es probablemente el animal más torturado, abusado y exterminado de nuestro país, se lo mata por conflictos con el ganado, se lo mata por deporte en forma "legal" en algunas provincias, se lo caza furtivamente, se lo trafica como mascota, y en muchas provincias se lo hace pelear con dogos y pittbulls solo por sadismo y placer de individuos sin escrúpulos. En el video de abajo se ve una jauría de perros destrozando a un puma juvenil en Chubut, mientras quienes filman y observan disfrutan de semejante acto de cobardía y sadismo.
Solicitamos a las autoridades de fauna, medioambiente, tanto provinciales como nacionales.
1) Implementar medidas alternativas al exterminio del puma para mitigar los conflictos con el ganado, evitando por todos los medios trampas, el uso de cebos envenenados que luego son también ingeridos por otros animales, como cóndores.
En Chile se utilizan perros guardaganados que no atacan al puma y lo ahuyentan con su presencia, el Mastín de los Pirineos, perro de la Maremma, son algunas razas aptas.
2) Aumentar las penas para aquellos que utilicen perros para cazar cualquier tipo de animales, ya que es otra forma de maltrato animal y por ende violación a la ley 14.346. Someter a un perro a pelear con un animal autóctono puede causarle heridas que luego derivan en el sacrificio de ese animal, por no "servir más". Esta es otra de las tantas formas de abuso de los galgos, por ejemplo.
3) Derogar inmediatamente el pago de recompensas por cada puma y/o zorro muerto en las provincias donde así ocurra, ya que muchos verán en la caza del puma y zorro una forma de lucrar e incentivará las prácticas aberrantes, sadistas y perversas que se denuncian.
4) Aumentar las penas para quienes trafiquen, usen como mascota, hagan pelear con perros, críen, o posean en cautiverio a pumas.
5) Implementar un plan de compensación económica para quienes sufran pérdidas por daños al ganado hecho por fauna autóctona, hasta tanto se haya logrado implementar sistemas o métodos alternativos.
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