En Salta, Urtubey sigue permitiendo el desmonte
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Denuncian el desmonte ilegal de 700 hectáreas en bosques protegidos
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Salta
Mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, Greenpeace detectó el desmonte ilegal de 700 hectáreas de bosques protegidos en Salta. "Continúa la impunidad para arrasar los bosques", indicaron desde la organización ambientalista.
Greenpeace detectó, mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, que Inversora Juramento S.A. desmontó ilegalmente 700 hectáreas de bosques protegidos en las fincas Jumealito, Pozo del Breal y Pozo de la Pichana. Se trata de la mayor empresa agropecuaria del noroeste argentino, cuyos principales accionistas y directores son Jorge Horacio Brito y Jorge Pablo Brito, también directivos del Banco Macro.
Las estancias se encuentran en la zona denominada Bañados del Quirquincho, son linderas a la Reserva Provincial Los Palmares, y forman parte de los Corredores Ecológicos para el Chaco Argentino establecidos por la Secretaría de Ambiente de la Nación. La organización ecologista descubrió que entre junio y agosto de este año se desmontaron 700 hectáreas de bosques nativos clasificados en las Categorías I ? rojo y II ? amarillo, que no permiten desmontes.
"Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes empresarios violan la Ley de Bosques en la provincia de Salta y deforestan donde no está permitido, con la inacción o complicidad del gobierno. Esto demuestra claramente porqué el desmonte debe ser considerado como lo que realmente es: un crimen", afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Este caso se suma al que Greenpeace reveló a principios de año y que también demuestra desmonte ilegal en la provincia del norte. A pesar de dos resoluciones de Nación y Salta, las topadoras continuaron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
"El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de estos criminales. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar", señaló Cruz
.
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Salta
Mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, Greenpeace detectó el desmonte ilegal de 700 hectáreas de bosques protegidos en Salta. "Continúa la impunidad para arrasar los bosques", indicaron desde la organización ambientalista.
Greenpeace detectó, mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, que Inversora Juramento S.A. desmontó ilegalmente 700 hectáreas de bosques protegidos en las fincas Jumealito, Pozo del Breal y Pozo de la Pichana. Se trata de la mayor empresa agropecuaria del noroeste argentino, cuyos principales accionistas y directores son Jorge Horacio Brito y Jorge Pablo Brito, también directivos del Banco Macro.
Las estancias se encuentran en la zona denominada Bañados del Quirquincho, son linderas a la Reserva Provincial Los Palmares, y forman parte de los Corredores Ecológicos para el Chaco Argentino establecidos por la Secretaría de Ambiente de la Nación. La organización ecologista descubrió que entre junio y agosto de este año se desmontaron 700 hectáreas de bosques nativos clasificados en las Categorías I ? rojo y II ? amarillo, que no permiten desmontes.
"Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes empresarios violan la Ley de Bosques en la provincia de Salta y deforestan donde no está permitido, con la inacción o complicidad del gobierno. Esto demuestra claramente porqué el desmonte debe ser considerado como lo que realmente es: un crimen", afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Este caso se suma al que Greenpeace reveló a principios de año y que también demuestra desmonte ilegal en la provincia del norte. A pesar de dos resoluciones de Nación y Salta, las topadoras continuaron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
"El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de estos criminales. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar", señaló Cruz
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bosques nativos,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
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Incendios: la bomba de tiempo que tiene Córdoba
El cementerio de pinos suma riesgos de fuego en Calamuchita
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En 2013 se quemaron 10 millones de pinos de forestaciones implantadas. Un año antes, dos temporales derribaron cientos de miles. A cinco años, queda aún mucho tirado y sin limpiar. Significa una alta carga combustible.
Cientos de miles de pinos caídos dentro de las forestaciones hace ya cinco años, nunca removidos, contribuyen a aumentar los riesgos de que los incendios, frecuentes en esta época, se propaguen como en un polvorín en la zona alta del Valle de Calamuchita.
Varias zonas con la mayor densidad de pinares de Córdoba se transformaron, desde 2012, en un “cementerio de árboles”.
En 2012 hubo dos fuertes temporales de viento que dejaron por el piso a cientos de miles de pinos. Un año después, en 2013, se registró en esa zona uno de los peores incendios que se recuerde en Córdoba, de esos que los bomberos llaman “explosivos”, por la agresividad y la velocidad con la que avanzan las llamas ante condiciones meteorológicas muy favorables.
En miles de hectáreas con pinares, ese fuego halló un combustible que lo hizo aún más furioso: toneladas de madera en los suelos por los vendavales del año anterior. Buena parte de esa madera, combustible, está allí aún.
Las zonas más afectadas fueron en las cercanías de Villa Yacanto y de Villa Alpina.
Bomberos que conocen el terreno aseguran que nunca se realizó una adecuada tarea integral de limpieza como acción preventiva.
En algunos campos forestados, sus dueños limpiaron. Otros siguen en el abandono y resultan inaccesibles, lo que agrega riesgos.
El Estado nunca ordenó un plan de limpieza efectivo, a pesar de varios anuncios tras el siniestro.
En el primer año, se derivó a aserraderos parte de esa madera caída. Pero bastante más de la mitad quedó, y perdió toda chance de uso comercial. Luego, se quemó en 2013 o se fue degradando.
Las forestaciones con raleos y mantenimiento adecuado fueron y –advierten los bomberos– siguen siendo las menos.
Alerta encendida
En las últimas semanas se encendieron algunas alarmas. Hubo varios focos en esas zonas, que alcanzaron a ser rápidamente controlados por los bomberos.
Fabián Vargas, coordinador de la Regional 7 de Bomberos Voluntarios, advirtió que al recorrer esas áreas se topan “con pinos que se secaron y cayeron de viejos y con forestaciones sucias y otras antiguas que nunca se han limpiado”. Remarcó, como cada año desde 2012, que el riesgo potencial de focos que se desmadren es mayor en estas condiciones.
Roberto Molina, bombero de La Cumbrecita, subrayó que aún permanecen los vestigios de los temporales e incendios antiguos. “Quedaron muchos árboles tirados de 2012, hay que sumarles los del incendio del año siguiente y otros que, con el paso del tiempo, se han caído”, apuntó.
Molina contó que en la mayoría de esos campos forestados y no mantenidos, la zarzamora (una enredadera exótica muy invasiva y considerada plaga) creció sin límites y los hace inaccesibles. “Mientras, los pastizales altos son muy combustibles y hay que agregar la resina que cae de los pinos en pie, que es también combustible”, sostuvo.
El bombero serrano, además guía de montaña, está elaborando un proyecto para limpiar los campos de forma profunda y sugiere utilizar recursos del Plan de Manejo del Fuego.
“Es un proyecto de recuperación de todas las zonas quemadas, incorporando a todos los protagonistas. La idea es limpiarlos con aportes de los municipios, de los dueños de campos, de todos. Si sumamos en prevención, se ahorran luego gastos operativos para mitigar los incendios ya declarados”, opinó.
Recordó, por caso, que días atrás se utilizaron unas 50 personas, tres aviones hidrantes y 14 unidades móviles, durante dos jornadas, por la quema de una superficie de apenas 10 hectáreas. Pero era con pinares, con restos caídos, y la alerta de expansión era alta.
Walter Alvarez es bombero en Villa Yacanto, pueblo que en 2013 estuvo a punto de ser arrasado por el fuego de las forestaciones que lo rodean. “La mayoría de los campos no han sido limpiados, y en los que sacaron los pinos dejaron todos los desperdicios, como ramas. Eso es un riesgo también; además, con el tiempo la zarzamora invadió todo e imposibilita muchos accesos”, apuntó.
Pinares, en reducción
Informes publicados por La Voz calcularon, sobre la base de datos de especialistas, que en aquellos temporales de 2012 cayeron en Calamuchita entre uno y dos millones de pinos. A la vez, en los incendios de septiembre de 2013 se quemaron o cayeron unos 10 millones de árboles en 11 mil hectáreas afectadas por el fuego.
Un par de años después, se había retirado apenas la mitad. El resto quedó hasta hoy.
De las 35 mil hectáreas forestadas con pinares que alguna vez hubo en Córdoba (entre San Clemente al norte y Alpa Corral al sur, pero con foco en Calamuchita) quedan hoy unas 10 mil. El resto se lo fueron llevando los incendios y la comercialización de su madera, con una tasa de extracción superior a la de reforestación.
Los pinares fueron implantados entre las décadas de 1970 y 1980 por leyes de promoción. En un principio se imaginaron para producir papel. Luego, para la industria de la madera.
“Se puede bajar ese peligro con más prevención”
“La situación sigue igual que años atrás. Hay bosques caídos y quemados por todos lados, pero, además, una gran proporción de los árboles que quedaron en pie, pero quemados, fueron atacados por insectos y se siguen cayendo”, apuntó Fernando Martínez, ingeniero agrónomo especializado en forestaciones de pinos.
“Además, como casi ya no hay actividad forestal, se extrae muy poca madera y los yuyos están creciendo en medio de los pinos, todo esto genera una masa combustible descontrolada”, amplió.
Martínez planteó que la mayoría de los productores no limpió sus campos, pero que desde la Provincia no hay ni apoyo, ni incentivos, ni mensajes contundentes de sanción. Uno de los caminos posibles -dijo- podría ser aplicar quemas controladas, pero con estricto control oficial y limitadas sólo a marzo y abril, en sitios específicos.
“La prevención es como vacunarse: el costo es mínimo cuando se vacuna. Pero si todo se quemase no habría bomberos ni plan del fuego que alcance”, opinó.
Por otra parte, Martínez dijo que se gastan recursos en cuestiones menos productivas, como un teléfono 0800 que “casi nunca funciona”, cuando deberían destinarse más a la prevención en escuelas y en los campos, en zonas con actividad forestal abandonada.
También consideró que a muchos caminos serranos, claves para llegar y actuar ante una emergencia, les falta mantenimiento, a cargo de los consorcios camineros.
Como medida para mitigar el peligro, recomendó sembrar especies menos combustibles en calles cortafuego de las forestaciones y combinar pinares con ganadería: los animales -dijo- ayudan a mantener las malezas bajas.
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Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En 2013 se quemaron 10 millones de pinos de forestaciones implantadas. Un año antes, dos temporales derribaron cientos de miles. A cinco años, queda aún mucho tirado y sin limpiar. Significa una alta carga combustible.
Cientos de miles de pinos caídos dentro de las forestaciones hace ya cinco años, nunca removidos, contribuyen a aumentar los riesgos de que los incendios, frecuentes en esta época, se propaguen como en un polvorín en la zona alta del Valle de Calamuchita.
Varias zonas con la mayor densidad de pinares de Córdoba se transformaron, desde 2012, en un “cementerio de árboles”.
En 2012 hubo dos fuertes temporales de viento que dejaron por el piso a cientos de miles de pinos. Un año después, en 2013, se registró en esa zona uno de los peores incendios que se recuerde en Córdoba, de esos que los bomberos llaman “explosivos”, por la agresividad y la velocidad con la que avanzan las llamas ante condiciones meteorológicas muy favorables.
En miles de hectáreas con pinares, ese fuego halló un combustible que lo hizo aún más furioso: toneladas de madera en los suelos por los vendavales del año anterior. Buena parte de esa madera, combustible, está allí aún.
Las zonas más afectadas fueron en las cercanías de Villa Yacanto y de Villa Alpina.
Bomberos que conocen el terreno aseguran que nunca se realizó una adecuada tarea integral de limpieza como acción preventiva.
En algunos campos forestados, sus dueños limpiaron. Otros siguen en el abandono y resultan inaccesibles, lo que agrega riesgos.
El Estado nunca ordenó un plan de limpieza efectivo, a pesar de varios anuncios tras el siniestro.
En el primer año, se derivó a aserraderos parte de esa madera caída. Pero bastante más de la mitad quedó, y perdió toda chance de uso comercial. Luego, se quemó en 2013 o se fue degradando.
Las forestaciones con raleos y mantenimiento adecuado fueron y –advierten los bomberos– siguen siendo las menos.
Alerta encendida
En las últimas semanas se encendieron algunas alarmas. Hubo varios focos en esas zonas, que alcanzaron a ser rápidamente controlados por los bomberos.
Fabián Vargas, coordinador de la Regional 7 de Bomberos Voluntarios, advirtió que al recorrer esas áreas se topan “con pinos que se secaron y cayeron de viejos y con forestaciones sucias y otras antiguas que nunca se han limpiado”. Remarcó, como cada año desde 2012, que el riesgo potencial de focos que se desmadren es mayor en estas condiciones.
Roberto Molina, bombero de La Cumbrecita, subrayó que aún permanecen los vestigios de los temporales e incendios antiguos. “Quedaron muchos árboles tirados de 2012, hay que sumarles los del incendio del año siguiente y otros que, con el paso del tiempo, se han caído”, apuntó.
Molina contó que en la mayoría de esos campos forestados y no mantenidos, la zarzamora (una enredadera exótica muy invasiva y considerada plaga) creció sin límites y los hace inaccesibles. “Mientras, los pastizales altos son muy combustibles y hay que agregar la resina que cae de los pinos en pie, que es también combustible”, sostuvo.
El bombero serrano, además guía de montaña, está elaborando un proyecto para limpiar los campos de forma profunda y sugiere utilizar recursos del Plan de Manejo del Fuego.
“Es un proyecto de recuperación de todas las zonas quemadas, incorporando a todos los protagonistas. La idea es limpiarlos con aportes de los municipios, de los dueños de campos, de todos. Si sumamos en prevención, se ahorran luego gastos operativos para mitigar los incendios ya declarados”, opinó.
Recordó, por caso, que días atrás se utilizaron unas 50 personas, tres aviones hidrantes y 14 unidades móviles, durante dos jornadas, por la quema de una superficie de apenas 10 hectáreas. Pero era con pinares, con restos caídos, y la alerta de expansión era alta.
Walter Alvarez es bombero en Villa Yacanto, pueblo que en 2013 estuvo a punto de ser arrasado por el fuego de las forestaciones que lo rodean. “La mayoría de los campos no han sido limpiados, y en los que sacaron los pinos dejaron todos los desperdicios, como ramas. Eso es un riesgo también; además, con el tiempo la zarzamora invadió todo e imposibilita muchos accesos”, apuntó.
Pinares, en reducción
Informes publicados por La Voz calcularon, sobre la base de datos de especialistas, que en aquellos temporales de 2012 cayeron en Calamuchita entre uno y dos millones de pinos. A la vez, en los incendios de septiembre de 2013 se quemaron o cayeron unos 10 millones de árboles en 11 mil hectáreas afectadas por el fuego.
Un par de años después, se había retirado apenas la mitad. El resto quedó hasta hoy.
De las 35 mil hectáreas forestadas con pinares que alguna vez hubo en Córdoba (entre San Clemente al norte y Alpa Corral al sur, pero con foco en Calamuchita) quedan hoy unas 10 mil. El resto se lo fueron llevando los incendios y la comercialización de su madera, con una tasa de extracción superior a la de reforestación.
Los pinares fueron implantados entre las décadas de 1970 y 1980 por leyes de promoción. En un principio se imaginaron para producir papel. Luego, para la industria de la madera.
“Se puede bajar ese peligro con más prevención”
“La situación sigue igual que años atrás. Hay bosques caídos y quemados por todos lados, pero, además, una gran proporción de los árboles que quedaron en pie, pero quemados, fueron atacados por insectos y se siguen cayendo”, apuntó Fernando Martínez, ingeniero agrónomo especializado en forestaciones de pinos.
“Además, como casi ya no hay actividad forestal, se extrae muy poca madera y los yuyos están creciendo en medio de los pinos, todo esto genera una masa combustible descontrolada”, amplió.
Martínez planteó que la mayoría de los productores no limpió sus campos, pero que desde la Provincia no hay ni apoyo, ni incentivos, ni mensajes contundentes de sanción. Uno de los caminos posibles -dijo- podría ser aplicar quemas controladas, pero con estricto control oficial y limitadas sólo a marzo y abril, en sitios específicos.
“La prevención es como vacunarse: el costo es mínimo cuando se vacuna. Pero si todo se quemase no habría bomberos ni plan del fuego que alcance”, opinó.
Por otra parte, Martínez dijo que se gastan recursos en cuestiones menos productivas, como un teléfono 0800 que “casi nunca funciona”, cuando deberían destinarse más a la prevención en escuelas y en los campos, en zonas con actividad forestal abandonada.
También consideró que a muchos caminos serranos, claves para llegar y actuar ante una emergencia, les falta mantenimiento, a cargo de los consorcios camineros.
Como medida para mitigar el peligro, recomendó sembrar especies menos combustibles en calles cortafuego de las forestaciones y combinar pinares con ganadería: los animales -dijo- ayudan a mantener las malezas bajas.
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Entre Ríos: iniciativa para declarar la emergencia ambiental
Urribarri redobla la apuesta y propone declarar a Entre Ríos en emergencia ambiental
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sergio Urribarri, está decidido a identificarse con la causa ambiental. Prueba de ello es que presentó este martes por la tarde una iniciativa legislativa a partir de la cual se declara “por un plazo mínimo y prorrogable de dos años, el estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental en el territorio de la Provincia de Entre Ríos”.
Ello, “en virtud de las agudas consecuencias provocadas sobre la salud de un significativo y creciente número de pobladores debido a las aplicaciones de productos de síntesis química, o de origen biológico o mineral, según la clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud (1992) “como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar pestes incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de animales, especies no deseadas de plantas o animales que causen perjuicios o que interfieran de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas no elaborados, madera o que puedan administrarse a animales para combatir insectos, arácnidos u otras pestes en o sobre sus cuerpos”.
El proyecto ingresó a la Cámara Baja bajo el Expediente 23.120. En los fundamentos se mencionan la Ley Nacional N° 25.675 y los principios de la política ambiental establecidos en su artículo 4°, particularmente el Principio precautorio que señala que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Sostiene que “es necesario la declaración de emergencia ambiental y poder trabajar de manera rápida y expedita frente a los daños ambientales que se están produciendo en la provincia de Entre Ríos, por las fumigaciones con los agrotóxicos. Se parte de un error conceptual al hablar de salud humana como independiente de salud ambiental, a través de las leyes lo que hay que buscar es un ecosistema sano, el ambiente está compuesto por recursos naturales y humano, todo forma parte del ecosistema”.
Paralelamente, se hace alusión al glifosato, “herbicida utilizado para los cultivos con semillas transgénicas que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es probablemente cancerígeno y que otras investigaciones científicas determinaron que es causante además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes; y que del mismo modo degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna”.
La experiencia de Fabián Tomasi y su reciente fallecimiento son enfatizados en los fundamentos del proyecto, como claro ejemplo de “los estragos que provocan los agroquímicos en las personas que están en contacto con el veneno”.
Se consigna también que “el polémico herbicida de Monsanto ha enfermado a los habitantes de las zonas rurales de la Argentina”, remarcando que Basavilbaso, Gualeguaychú y San Salvador son las ciudades más afectadas de la provincia.
Comité de Intervención
En el articulado del proyecto se establece que el “Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la conformación inmediata de un Comité de Intervención sobre el uso de Agroquímicos, para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten el ecosistema con productos agroquímicos, en todo el territorio provincial”.
Dicho Comité estaría integrado por representantes de la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud, y sería presidido por el titular de este último “quien contará con expresas facultades para disponer de recursos humanos y materiales, dentro y fuera de su jurisdicción, dentro del marco legal vigente para tomar las medidas pertinentes en virtud del estado de emergencia”.
En este sentido, en el texto se explicitan los objetivos que tendrá el Comité de Intervención y se dispone que el mismo deberá diseñar un plan de acción que será presentado al Poder Ejecutivo y cuyos lineamientos mínimos se encuentran contemplados en el proyecto.
Cabe mencionar que los integrantes del Comité actuarían con carácter ad honorem y sin perjuicio de sus funciones específicas.
Alcances de la declaración de Emergencia
La iniciativa sostiene que la declaración de Emergencia “es complementaria de las acciones administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder por infracciones y/o responsabilidad por violación de la normativa vigente”, de modo tal que “la autoridad de aplicación por sí misma, y con auxilio de la fuerza pública harán efectivas todas las acciones necesarias para hacer cesar las actividades que pudieran en forma real e inminente provocar daños al ecosistema durante el plazo de duración de la emergencia, debiendo adoptar las acciones señaladas en el Plan de Acción para el establecimiento de la salud de la población”.
El proyecto dispone la creación de un fondo de compensación ambiental que estará integrado por recursos provenientes de partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, indemnizaciones de recomposición fijadas en sede judicial, subsidios, subvenciones, donaciones y/o legados y aquellos que asigne el Estado provincial.
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Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sergio Urribarri, está decidido a identificarse con la causa ambiental. Prueba de ello es que presentó este martes por la tarde una iniciativa legislativa a partir de la cual se declara “por un plazo mínimo y prorrogable de dos años, el estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental en el territorio de la Provincia de Entre Ríos”.
Ello, “en virtud de las agudas consecuencias provocadas sobre la salud de un significativo y creciente número de pobladores debido a las aplicaciones de productos de síntesis química, o de origen biológico o mineral, según la clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud (1992) “como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar pestes incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de animales, especies no deseadas de plantas o animales que causen perjuicios o que interfieran de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas no elaborados, madera o que puedan administrarse a animales para combatir insectos, arácnidos u otras pestes en o sobre sus cuerpos”.
El proyecto ingresó a la Cámara Baja bajo el Expediente 23.120. En los fundamentos se mencionan la Ley Nacional N° 25.675 y los principios de la política ambiental establecidos en su artículo 4°, particularmente el Principio precautorio que señala que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Sostiene que “es necesario la declaración de emergencia ambiental y poder trabajar de manera rápida y expedita frente a los daños ambientales que se están produciendo en la provincia de Entre Ríos, por las fumigaciones con los agrotóxicos. Se parte de un error conceptual al hablar de salud humana como independiente de salud ambiental, a través de las leyes lo que hay que buscar es un ecosistema sano, el ambiente está compuesto por recursos naturales y humano, todo forma parte del ecosistema”.
Paralelamente, se hace alusión al glifosato, “herbicida utilizado para los cultivos con semillas transgénicas que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es probablemente cancerígeno y que otras investigaciones científicas determinaron que es causante además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes; y que del mismo modo degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna”.
La experiencia de Fabián Tomasi y su reciente fallecimiento son enfatizados en los fundamentos del proyecto, como claro ejemplo de “los estragos que provocan los agroquímicos en las personas que están en contacto con el veneno”.
Se consigna también que “el polémico herbicida de Monsanto ha enfermado a los habitantes de las zonas rurales de la Argentina”, remarcando que Basavilbaso, Gualeguaychú y San Salvador son las ciudades más afectadas de la provincia.
Comité de Intervención
En el articulado del proyecto se establece que el “Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la conformación inmediata de un Comité de Intervención sobre el uso de Agroquímicos, para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten el ecosistema con productos agroquímicos, en todo el territorio provincial”.
Dicho Comité estaría integrado por representantes de la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud, y sería presidido por el titular de este último “quien contará con expresas facultades para disponer de recursos humanos y materiales, dentro y fuera de su jurisdicción, dentro del marco legal vigente para tomar las medidas pertinentes en virtud del estado de emergencia”.
En este sentido, en el texto se explicitan los objetivos que tendrá el Comité de Intervención y se dispone que el mismo deberá diseñar un plan de acción que será presentado al Poder Ejecutivo y cuyos lineamientos mínimos se encuentran contemplados en el proyecto.
Cabe mencionar que los integrantes del Comité actuarían con carácter ad honorem y sin perjuicio de sus funciones específicas.
Alcances de la declaración de Emergencia
La iniciativa sostiene que la declaración de Emergencia “es complementaria de las acciones administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder por infracciones y/o responsabilidad por violación de la normativa vigente”, de modo tal que “la autoridad de aplicación por sí misma, y con auxilio de la fuerza pública harán efectivas todas las acciones necesarias para hacer cesar las actividades que pudieran en forma real e inminente provocar daños al ecosistema durante el plazo de duración de la emergencia, debiendo adoptar las acciones señaladas en el Plan de Acción para el establecimiento de la salud de la población”.
El proyecto dispone la creación de un fondo de compensación ambiental que estará integrado por recursos provenientes de partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, indemnizaciones de recomposición fijadas en sede judicial, subsidios, subvenciones, donaciones y/o legados y aquellos que asigne el Estado provincial.
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La jurisdicción para reglar el glifosato en la Corte
Competencia por glifosato en Entre Ríos llegó a la Corte
Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la suspensión provisoria de la normativa que prohibió el uso, almacenamiento, transporte y comercialización de ese preparado. Un juez provincial entiende que debe intervenir la Justicia local
En Entre Ríos, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la cautelar que ordenó la suspensión provisoria de la ordenanza que prohibió el uso, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato dentro del ejido municipal de Gualeguaychú, y el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la ordenanza 12216, denominada “Glifosato Cero”. Luego, en julio, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de la ciudad y autorizó la venta del producto hasta que se decidiera el planteo de inconstitucionalidad de la norma.
Posteriormente, un magistrado local declaró la competencia de la Justicia provincial por razón de la materia y requirió que se inhibiera al federal, al entender que no podía intervenir en el caso.
Según el juzgador, el órgano de aplicación actuó en el ejercicio pleno de sus atribuciones y conforme a la legislación vigente, surgiendo, por ello, la presunción de legitimidad de los actos administrativos.
Además, opinó que no habría un perjuicio irreparable para las empresas impedidas de comercializar el herbicida.
El caso fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que determine el conflicto de competencia entablado en autos “Agro Gestión del Litoral SA y Otros C/ Municipalidad de San José de Gualeguaychú S/Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”.
Mientras, el municipio demandado y el Ministerio Público Fiscal apelaron la decisión y la alzada federal acogió favorablemente los recursos deducidos.
Los camaristas consideraron que la ordenanza goza de una presunción de legitimidad que solo puede ser abrogada por manifiestos vicios de irregularidad y/o arbitrariedad.
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Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la suspensión provisoria de la normativa que prohibió el uso, almacenamiento, transporte y comercialización de ese preparado. Un juez provincial entiende que debe intervenir la Justicia local
En Entre Ríos, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la cautelar que ordenó la suspensión provisoria de la ordenanza que prohibió el uso, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato dentro del ejido municipal de Gualeguaychú, y el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la ordenanza 12216, denominada “Glifosato Cero”. Luego, en julio, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de la ciudad y autorizó la venta del producto hasta que se decidiera el planteo de inconstitucionalidad de la norma.
Posteriormente, un magistrado local declaró la competencia de la Justicia provincial por razón de la materia y requirió que se inhibiera al federal, al entender que no podía intervenir en el caso.
Según el juzgador, el órgano de aplicación actuó en el ejercicio pleno de sus atribuciones y conforme a la legislación vigente, surgiendo, por ello, la presunción de legitimidad de los actos administrativos.
Además, opinó que no habría un perjuicio irreparable para las empresas impedidas de comercializar el herbicida.
El caso fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que determine el conflicto de competencia entablado en autos “Agro Gestión del Litoral SA y Otros C/ Municipalidad de San José de Gualeguaychú S/Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”.
Mientras, el municipio demandado y el Ministerio Público Fiscal apelaron la decisión y la alzada federal acogió favorablemente los recursos deducidos.
Los camaristas consideraron que la ordenanza goza de una presunción de legitimidad que solo puede ser abrogada por manifiestos vicios de irregularidad y/o arbitrariedad.
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San Juan lanza créditos para calefones solares
Se vienen créditos para que los sanjuaninos pongan calefones solares
Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Los instrumentará el Gobierno de San Juan a partir de fondos del CFI. Ultiman los detalles para la mecánica del plan.
Dentro de pocos días el Gobierno de San Juan firmará con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) dos convenios por $40 millones en total, uno por $20 millones para financiar calefones solares y otro para financiar instalaciones domiciliarias de este sistema de energía renovable. Así, la gente de bajos recursos podrá acceder a un crédito muy conveniente para instalar esta tecnología en su casa.
Según dijo el presidente del CFI a Tiempo de San Juan, ya están asignados los fondos y sólo falta finiquitar detalles para que el financiamiento esté disponible en octubre a más tardar. La idea, dijo Ciácera, es establecer seriamente la mecánica para que “el solicitante sepa que cuando presenta la solicitud tendrá el crédito”.
“El financiamiento ya está asignado a San Juan, estamos terminando la operatoria que es amplia porque una vez que va la solicitud, el Ministerio correspondiente tiene que asignar un instalador, ver qué tipo de calefón va a seleccionar, tendrán prioridad por supuesto los calefones solares que tiene la provincia, en eso no interviene el CFI. Les damos el crédito en condiciones muy favorables, en dos años con uno de gracia, prácticamente el ahorro que tienen en energía va a pagar sobradamente la instalación”, explicó el titular de CFI en diálogo con Tiempo de San Juan.
“Ahora hemos avanzado en esa línea porque sabemos que es un insumo caro en el país, entonces nosotros estamos financiando sin olvidar que la responsabilidad es generar trabajo, mayor producción, mayor calidad y conquistar mercados externos”, aclaró.
Sobre cómo se instrumentará el plan de créditos para los sanjuaninos, expresó que “a través de los ministerios van a salir a proponer y van a tomar la solicitud, después van a ir a la unidad de financiamiento que tiene el Consejo donde van a ver el proyecto, si la persona cumple las condiciones para poner el calefón solar, es un trámite administrativo”.
Agregó que “sabemos que hay una lista de calefones solares que el Ministerio de Infraestructura nos va a proponer como prioridad, va a elegir el usuario y también va a haber una lista de instaladores, el que toma el crédito no podemos dejar que sea totalmente abierto porque sería una confusión muy grande, pero va a poder elegir su instalador y el calefón que quiere instalar”.
Ciácera valoró que “nosotros queremos que sea rápido, hace tres meses que lo estamos gestando pero queríamos que el banco tuviese hasta el último punto, somos muy serios, no queremos prometer lo que no podemos cumplir”.
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Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Los instrumentará el Gobierno de San Juan a partir de fondos del CFI. Ultiman los detalles para la mecánica del plan.
Dentro de pocos días el Gobierno de San Juan firmará con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) dos convenios por $40 millones en total, uno por $20 millones para financiar calefones solares y otro para financiar instalaciones domiciliarias de este sistema de energía renovable. Así, la gente de bajos recursos podrá acceder a un crédito muy conveniente para instalar esta tecnología en su casa.
Según dijo el presidente del CFI a Tiempo de San Juan, ya están asignados los fondos y sólo falta finiquitar detalles para que el financiamiento esté disponible en octubre a más tardar. La idea, dijo Ciácera, es establecer seriamente la mecánica para que “el solicitante sepa que cuando presenta la solicitud tendrá el crédito”.
“El financiamiento ya está asignado a San Juan, estamos terminando la operatoria que es amplia porque una vez que va la solicitud, el Ministerio correspondiente tiene que asignar un instalador, ver qué tipo de calefón va a seleccionar, tendrán prioridad por supuesto los calefones solares que tiene la provincia, en eso no interviene el CFI. Les damos el crédito en condiciones muy favorables, en dos años con uno de gracia, prácticamente el ahorro que tienen en energía va a pagar sobradamente la instalación”, explicó el titular de CFI en diálogo con Tiempo de San Juan.
“Ahora hemos avanzado en esa línea porque sabemos que es un insumo caro en el país, entonces nosotros estamos financiando sin olvidar que la responsabilidad es generar trabajo, mayor producción, mayor calidad y conquistar mercados externos”, aclaró.
Sobre cómo se instrumentará el plan de créditos para los sanjuaninos, expresó que “a través de los ministerios van a salir a proponer y van a tomar la solicitud, después van a ir a la unidad de financiamiento que tiene el Consejo donde van a ver el proyecto, si la persona cumple las condiciones para poner el calefón solar, es un trámite administrativo”.
Agregó que “sabemos que hay una lista de calefones solares que el Ministerio de Infraestructura nos va a proponer como prioridad, va a elegir el usuario y también va a haber una lista de instaladores, el que toma el crédito no podemos dejar que sea totalmente abierto porque sería una confusión muy grande, pero va a poder elegir su instalador y el calefón que quiere instalar”.
Ciácera valoró que “nosotros queremos que sea rápido, hace tres meses que lo estamos gestando pero queríamos que el banco tuviese hasta el último punto, somos muy serios, no queremos prometer lo que no podemos cumplir”.
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La Pampa planifica un comité de cuenca de acuífero
Proponen crear un comité de cuenca del Acuífero del Valle Argentino
Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Diario La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
La iniciativa propone la creación de un ente interjurisdiccional entre La Pampa y Buenos Aires, con organismos de monitoreo integrados por representantes achenses, a los efectos de un manejo sustentable.
En medio de la puja con el Gobierno Provincial por las perforaciones en el Acuífero del Valle Argentino, el Concejo Deliberante de General Acha busca aprobar un proyecto de ordenanza para avanzar en la creación de un comité de cuenca “para el abordaje de la gestión interjurisdiccional (La Pampa Buenos Aires), de la Reserva Subterránea de Agua”, además de la creación de organismos de monitoreo permanente con representantes de la localidad.
La iniciativa fue presentada por el concejal Gustavo Cuello (UCR - Frepam) y girada a la Comisión de Acción Social, donde ya obtuvo dictamen por unanimidad.
El proyecto, en su parte resolutiva, propone “expresar la necesidad de cuidar y preservar la Reserva Subterránea de Agua, ‘Acuífero Valle Argentino’, ubicada en parte del territorio de la provincia de La Pampa y de la vecina provincia de Buenos Aires”.
Acto seguido se expresa la “conveniencia de que el Poder Ejecutivo Provincial realice las acciones tendientes a la conformación de un comité de cuenca”, el que comprendería tanto a La Pampa como a la vecina provincia de Buenos Aires.
Argumentos
Entre sus fundamentos, se hace referencia a “la necesidad de cuidar y preservar el Ambiente en general y las reservas de aguas subterráneas (Acuíferos), en particular”.
“Las aguas subterráneas son las principales fuentes de agua dulce en la Provincia de La Pampa, y estas, si bien pueden utilizarse para consumo humano y también el desarrollo de una región en la actividad agrícola - ganadera o industrial, deben cuidarse y preservarse”, continúa el texto.
En ese sentido, su autor explica que “parte de nuestra provincia es atravesada por una Reserva de Agua Subterránea (Acuífero) denominada Valle Argentino, que se inicia en la zona de Chacharramendi y que finaliza en territorio de la provincia de Buenos Aires. Dicho Acuífero depende fundamentalmente de la recarga a partir de las distintas formas de precipitación”.
“La gestión y/o manejo del recurso repercute indudablemente en el contexto económico, político, ambiental y social de los pueblos ribereños y zona aledaña, en virtud de la importancia derivada de los estudios de los recursos disponibles en la proyección presente y futura de dichas comunidades”, advierte.
Asimismo se indica que “a los efectos del manejo apropiado de los acuíferos y este en particular, resulta indispensable la conformación de un Comité de Cuenca, cuya integración respete la interprovincialidad del recurso”, y que “es menester además, contar con la provisión de información permanente respecto de la dinámica y la evolución de esta reserva, siendo dicha información relevante al momento de definir una política de manejo sustentable del Acuífero”.
En “tales organismos deben participar, además de los representantes del Estado provincial respectivo; representantes del Municipio, profesionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil, garantizando de tal modo la participación ciudadana de las comunidades”, puntualiza el proyecto.
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Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Diario La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
La iniciativa propone la creación de un ente interjurisdiccional entre La Pampa y Buenos Aires, con organismos de monitoreo integrados por representantes achenses, a los efectos de un manejo sustentable.
En medio de la puja con el Gobierno Provincial por las perforaciones en el Acuífero del Valle Argentino, el Concejo Deliberante de General Acha busca aprobar un proyecto de ordenanza para avanzar en la creación de un comité de cuenca “para el abordaje de la gestión interjurisdiccional (La Pampa Buenos Aires), de la Reserva Subterránea de Agua”, además de la creación de organismos de monitoreo permanente con representantes de la localidad.
La iniciativa fue presentada por el concejal Gustavo Cuello (UCR - Frepam) y girada a la Comisión de Acción Social, donde ya obtuvo dictamen por unanimidad.
El proyecto, en su parte resolutiva, propone “expresar la necesidad de cuidar y preservar la Reserva Subterránea de Agua, ‘Acuífero Valle Argentino’, ubicada en parte del territorio de la provincia de La Pampa y de la vecina provincia de Buenos Aires”.
Acto seguido se expresa la “conveniencia de que el Poder Ejecutivo Provincial realice las acciones tendientes a la conformación de un comité de cuenca”, el que comprendería tanto a La Pampa como a la vecina provincia de Buenos Aires.
Argumentos
Entre sus fundamentos, se hace referencia a “la necesidad de cuidar y preservar el Ambiente en general y las reservas de aguas subterráneas (Acuíferos), en particular”.
“Las aguas subterráneas son las principales fuentes de agua dulce en la Provincia de La Pampa, y estas, si bien pueden utilizarse para consumo humano y también el desarrollo de una región en la actividad agrícola - ganadera o industrial, deben cuidarse y preservarse”, continúa el texto.
En ese sentido, su autor explica que “parte de nuestra provincia es atravesada por una Reserva de Agua Subterránea (Acuífero) denominada Valle Argentino, que se inicia en la zona de Chacharramendi y que finaliza en territorio de la provincia de Buenos Aires. Dicho Acuífero depende fundamentalmente de la recarga a partir de las distintas formas de precipitación”.
“La gestión y/o manejo del recurso repercute indudablemente en el contexto económico, político, ambiental y social de los pueblos ribereños y zona aledaña, en virtud de la importancia derivada de los estudios de los recursos disponibles en la proyección presente y futura de dichas comunidades”, advierte.
Asimismo se indica que “a los efectos del manejo apropiado de los acuíferos y este en particular, resulta indispensable la conformación de un Comité de Cuenca, cuya integración respete la interprovincialidad del recurso”, y que “es menester además, contar con la provisión de información permanente respecto de la dinámica y la evolución de esta reserva, siendo dicha información relevante al momento de definir una política de manejo sustentable del Acuífero”.
En “tales organismos deben participar, además de los representantes del Estado provincial respectivo; representantes del Municipio, profesionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil, garantizando de tal modo la participación ciudadana de las comunidades”, puntualiza el proyecto.
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Santa Cruz: denuncian derrames de cianuro encubiertos
Hace un año que la provincia encubre, silencia y resguarda derrames de cianuro en el Proyecto minero El Tranquilo
Fecha de Publicación: 28/09/2018
Fuente: Agencia OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz
El encubrimiento de las acciones de las empresas mineras en Santa Cruz no es novedad para OPI, que desde el año 2005 viene informando sobre el avance indiscriminado y sin sustentabilidad de la minería en la provincia, de la mano de cada gobierno provincial que ejecuta leyes a favor de las multinacionales, incumple leyes ambientales y encubre o justifica accidentes y/o derrames de líquidos cianurados, roturas de mallas geotérmicas en los diques de cola, etc. A lo largo de todos estos años hemos sido el único vector de información sobre este tipo de anormalidades y aún así la impunidad para el sector de la minería sigue en pie.
Ya hace un año que en el proyecto CAP OESTE – El Tranquilo en proximidades de Perito Moreno hubo un incidente donde material cianurado se filtró hacia el terreno, produciendo una contaminación que actualmente no se tiene mensurada y que la misma ocurrió debido a la falta de responsabilidad empresaria, la falta de control oficial y la connvencia entre el Estado y las empresas, para saber disimular, ocultar o encubrir, cualquier tipo de incidentes que pondría a las empresas en serios riesgos por incumplimiento de las leyes ambientales.
A raíz de ello hace unos meses la diputada de Encuentro Ciudandano Gabriela Mestelán, hizo una presentación en la Legislatura provincial de un proyecto con el fin de pedir informes al gobierno y a la Secretaría de Medio Ambiente sobre lo actuado en tales circunstancias y con la oposición del Frente para la Victoria /PJ de ser tratado sobre tablas, el mismo pasó a comisiones y allí duerme el sueño de los justos. Hay una explicación: los diputados K cumplen órdenes del Ejecutivo que es el principal interesado en resguardar a las mineras de cualquier contingencias judiciales y más aún cuando se trata de derrames cianurados.
El 31 de octubre de 2017 la Secretaría de Minería de la provincia realizó una inspección al lugar, luego que previamente la empresa Patagonia Gold SA había realizado un informe preliminar, indicando el incidente. Sin embargo, el grupo ambientalista de “NO a la Mina de Esquel” y “Vecinos de Santa Cruz NO a la mina”, rescataron la información y le dieron difusión al Acta de Inspección de la autoridad de aplicación en la cual señalaron los siguientes puntos:
A continuación vamos a transcribir los puntos que se dejaron asentadas en el Acta de Inspección lo cual constituye un hecho gravísimo, debido, precisamente a las falencias detectadas, que superaban con creces las novedades informadas en primera instancia por la propia minera:
- No se han cumplido los requerimientos realizados en el informe del acta de inspección de fecha 21 de febrero del presente año.
- Sobre el camino de acceso al yacimiento, (F1) se ha abierto una cantera de árido de gran dimensión sin tener el correspondiente permiso ambiental de esta Secretaría.
- El área afectada por el derrame de cianuro (tres puntos de afloramiento de solución) es superior a lo informado por la empresa, ya que se observa movimiento de suelo cubriendo gran parte del derrame (F2, F3).
- El personal involucrado en las soldaduras de las membranas de la pila, no poseen certificación de aptitud para la realización de estas tareas.
- En la mayoría de las áreas recorridas se observa un gran desorden, en especial en talles de flota pesada. No hay una segregación de residuos y chatarra en general. Existen contenedores Bing sin identificación conteniendo residuos peligrosos al aire libre sin contención o protección. (F4, F13, F 14. F 16).
- En este sitio, la pileta de contención esta en mal estado, presentando fisuras que permiten la salida de aceite e hidrocarburos hacia el subsuelo (F 12). La misma posee residuos plásticos flotando y otros. No tiene pintura epoxi de contención. Restos de residuos varios en los alrededores de esta. La pileta de contención del tanque de residuos peligrosos con rajaduras y sin cobertura epoxi (F12, F 15).
- El container que es empleado como depósito de herramientas (F 14, F 16), se encuentra ocupado con restos varios (basura) sin cumplir la función por la cual fue construido. El sistema eléctrico e Iluminación se encuentra en mal estado. Existe un alto riesgo de seguridad en el trabajo, falta orden y limpieza en su entorno (F 13).
- Tambor con absorbente en planta de combustible empleado para depositar basura de todo tipo (F 11). Bolsas rojas conteniendo residuos peligrosos sin retirar en planta de combustible y recipiente plástico (F 8) abierto en su parte superior con combustible ubicado en contacto con fuente eléctrica.
- Planta de combustible (F7, F 8) en sector talleres con container plástico alojando aceite en estado no apto y filtros desechados en su interior en lugar de estar depositados en el patio de residuos y cubiertos con una caja de madera en mal estado. Las piletas de contención saturadas de hidrocarburos y con residuos metálicos en su interior (F 9, F 10). Falta de mantenimiento y conservación, piso contaminado con hidrocarburos y cables del generador eléctrico hacia los tanques, sueltos y puesta a tierra mal diseñada (F 7, F 10).
- Patio de residuos peligrosos (F 17) con piso fracturado, sin cobertura de pintura epoxi, pendiente de drenaje hacia pileta de contención en sentido equivocado, cartelería caída. Se había requerido, en el acta antes mencionada, su cercado perimetral con cartelería adecuada. La misma no de cumplió y de observa acumulación excesiva de residuos peligrosos sin tratar.
- Sector trailers dormitorios (campamento) con falta de mantenimiento, conservación y orden. No se respeta el horario de silencio y orden.
- Se deja constancia, la falta de personal auxiliar en el área de medio ambiente que de apoyo a las áreas diarias necesarias en el proyecto.
A pesar de tal lapidario informe emitido por los auditores oficiales, el gobierno de la provincia, a un año de esta determinación no hizo pública la información, amparando decididamente a la empresa minera, manteniéndola al margen de su responsabilidad social y ambiental, mientras a las poblaciones de impacto las somete a los peligros de la contaminación con metales pesados. Esto no es nuevo. En el 2009 OPI hizo la primera nota sobre las prospecciones de Patagonia Gold en las áreas sobre el Río Pinturas y también editó varios videos sobre el tema minería a cielo abierto y contaminación. Hoy, lamentablemente, se cumplen aquellos tristes pronósticos que en su momento pocos o nadie creía y no supieron evitar a tiempo.
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Fecha de Publicación: 28/09/2018
Fuente: Agencia OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz
El encubrimiento de las acciones de las empresas mineras en Santa Cruz no es novedad para OPI, que desde el año 2005 viene informando sobre el avance indiscriminado y sin sustentabilidad de la minería en la provincia, de la mano de cada gobierno provincial que ejecuta leyes a favor de las multinacionales, incumple leyes ambientales y encubre o justifica accidentes y/o derrames de líquidos cianurados, roturas de mallas geotérmicas en los diques de cola, etc. A lo largo de todos estos años hemos sido el único vector de información sobre este tipo de anormalidades y aún así la impunidad para el sector de la minería sigue en pie.
Ya hace un año que en el proyecto CAP OESTE – El Tranquilo en proximidades de Perito Moreno hubo un incidente donde material cianurado se filtró hacia el terreno, produciendo una contaminación que actualmente no se tiene mensurada y que la misma ocurrió debido a la falta de responsabilidad empresaria, la falta de control oficial y la connvencia entre el Estado y las empresas, para saber disimular, ocultar o encubrir, cualquier tipo de incidentes que pondría a las empresas en serios riesgos por incumplimiento de las leyes ambientales.
A raíz de ello hace unos meses la diputada de Encuentro Ciudandano Gabriela Mestelán, hizo una presentación en la Legislatura provincial de un proyecto con el fin de pedir informes al gobierno y a la Secretaría de Medio Ambiente sobre lo actuado en tales circunstancias y con la oposición del Frente para la Victoria /PJ de ser tratado sobre tablas, el mismo pasó a comisiones y allí duerme el sueño de los justos. Hay una explicación: los diputados K cumplen órdenes del Ejecutivo que es el principal interesado en resguardar a las mineras de cualquier contingencias judiciales y más aún cuando se trata de derrames cianurados.
El 31 de octubre de 2017 la Secretaría de Minería de la provincia realizó una inspección al lugar, luego que previamente la empresa Patagonia Gold SA había realizado un informe preliminar, indicando el incidente. Sin embargo, el grupo ambientalista de “NO a la Mina de Esquel” y “Vecinos de Santa Cruz NO a la mina”, rescataron la información y le dieron difusión al Acta de Inspección de la autoridad de aplicación en la cual señalaron los siguientes puntos:
A continuación vamos a transcribir los puntos que se dejaron asentadas en el Acta de Inspección lo cual constituye un hecho gravísimo, debido, precisamente a las falencias detectadas, que superaban con creces las novedades informadas en primera instancia por la propia minera:
- No se han cumplido los requerimientos realizados en el informe del acta de inspección de fecha 21 de febrero del presente año.
- Sobre el camino de acceso al yacimiento, (F1) se ha abierto una cantera de árido de gran dimensión sin tener el correspondiente permiso ambiental de esta Secretaría.
- El área afectada por el derrame de cianuro (tres puntos de afloramiento de solución) es superior a lo informado por la empresa, ya que se observa movimiento de suelo cubriendo gran parte del derrame (F2, F3).
- El personal involucrado en las soldaduras de las membranas de la pila, no poseen certificación de aptitud para la realización de estas tareas.
- En la mayoría de las áreas recorridas se observa un gran desorden, en especial en talles de flota pesada. No hay una segregación de residuos y chatarra en general. Existen contenedores Bing sin identificación conteniendo residuos peligrosos al aire libre sin contención o protección. (F4, F13, F 14. F 16).
- En este sitio, la pileta de contención esta en mal estado, presentando fisuras que permiten la salida de aceite e hidrocarburos hacia el subsuelo (F 12). La misma posee residuos plásticos flotando y otros. No tiene pintura epoxi de contención. Restos de residuos varios en los alrededores de esta. La pileta de contención del tanque de residuos peligrosos con rajaduras y sin cobertura epoxi (F12, F 15).
- El container que es empleado como depósito de herramientas (F 14, F 16), se encuentra ocupado con restos varios (basura) sin cumplir la función por la cual fue construido. El sistema eléctrico e Iluminación se encuentra en mal estado. Existe un alto riesgo de seguridad en el trabajo, falta orden y limpieza en su entorno (F 13).
- Tambor con absorbente en planta de combustible empleado para depositar basura de todo tipo (F 11). Bolsas rojas conteniendo residuos peligrosos sin retirar en planta de combustible y recipiente plástico (F 8) abierto en su parte superior con combustible ubicado en contacto con fuente eléctrica.
- Planta de combustible (F7, F 8) en sector talleres con container plástico alojando aceite en estado no apto y filtros desechados en su interior en lugar de estar depositados en el patio de residuos y cubiertos con una caja de madera en mal estado. Las piletas de contención saturadas de hidrocarburos y con residuos metálicos en su interior (F 9, F 10). Falta de mantenimiento y conservación, piso contaminado con hidrocarburos y cables del generador eléctrico hacia los tanques, sueltos y puesta a tierra mal diseñada (F 7, F 10).
- Patio de residuos peligrosos (F 17) con piso fracturado, sin cobertura de pintura epoxi, pendiente de drenaje hacia pileta de contención en sentido equivocado, cartelería caída. Se había requerido, en el acta antes mencionada, su cercado perimetral con cartelería adecuada. La misma no de cumplió y de observa acumulación excesiva de residuos peligrosos sin tratar.
- Sector trailers dormitorios (campamento) con falta de mantenimiento, conservación y orden. No se respeta el horario de silencio y orden.
- Se deja constancia, la falta de personal auxiliar en el área de medio ambiente que de apoyo a las áreas diarias necesarias en el proyecto.
A pesar de tal lapidario informe emitido por los auditores oficiales, el gobierno de la provincia, a un año de esta determinación no hizo pública la información, amparando decididamente a la empresa minera, manteniéndola al margen de su responsabilidad social y ambiental, mientras a las poblaciones de impacto las somete a los peligros de la contaminación con metales pesados. Esto no es nuevo. En el 2009 OPI hizo la primera nota sobre las prospecciones de Patagonia Gold en las áreas sobre el Río Pinturas y también editó varios videos sobre el tema minería a cielo abierto y contaminación. Hoy, lamentablemente, se cumplen aquellos tristes pronósticos que en su momento pocos o nadie creía y no supieron evitar a tiempo.
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Proyectan nuevo parque fotovoltaico en Río Negro
Huergo: firmarán convenio por el parque fotovoltaico
Fecha de Publicación: 28/09/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Su construcción demandará entre cinco y seis años, ocupará de alrededor de 2.000 personas, y en pleno funcionamiento generará unos 200 megavatios.
La radicación de un parque fotovoltaico en Ingeniero Huergo está cada vez más cerca de ser una realidad. En los próximos días la titular de la empresa multinacional Consolmy Energy SRL, Teresa Betancort, visitará la localidad para la firma del convenio con el intendente Miguel Martínez, por la cesión de 700 hectáreas propiedad del municipio.
El proyecto fue adelantado hace algunas semanas atrás por el jefe comunal de Huergo, con el anuncio de que por un lado el municipio había logrado la titularidad de 1.500 hectáreas de tierras fiscales sobre la barda al norte de la localidad, y que el Concejo Deliberante mediante la sanción de una ordenanza aprobó la cesión de 700 a la empresa Consolmy Energy para que establezca un parque fotovoltaico para la generación de electricidad a partir del aprovechamiento de la radiación solar.
En los últimos días el intendente Miguel Martínez, recibió la confirmación de que la presidente de la empresa, Teresa Betancort, está en el país y que en los próximos días llegará a Huergo para sellar el convenio con el municipio local por la cesión de las 700 hectáreas donde se construirá el parque fotovoltaico para la generación de energía eléctrica con paneles solares.
A partir del acuerdo el municipio espera contar con mayores precisiones sobre el proyecto del parque de generación de energía con los paneles solares. En principio sabe que la empresa multinacional de origen español, hará una inversión varias veces millonaria para la instalación de los paneles que aprovecharán la radiación solar para generar energía eléctrica.
Si bien no cuentan con mayores datos, de acuerdo a las primeras estimaciones la construcción del parque fotovoltaico demandará entre cinco y seis años, implicará durante ese tiempo la ocupación de alrededor de dos mil personas, y una vez en pleno funcionamiento generará unos 200 megavatios de energía eléctrica.
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Fecha de Publicación: 28/09/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Su construcción demandará entre cinco y seis años, ocupará de alrededor de 2.000 personas, y en pleno funcionamiento generará unos 200 megavatios.
La radicación de un parque fotovoltaico en Ingeniero Huergo está cada vez más cerca de ser una realidad. En los próximos días la titular de la empresa multinacional Consolmy Energy SRL, Teresa Betancort, visitará la localidad para la firma del convenio con el intendente Miguel Martínez, por la cesión de 700 hectáreas propiedad del municipio.
El proyecto fue adelantado hace algunas semanas atrás por el jefe comunal de Huergo, con el anuncio de que por un lado el municipio había logrado la titularidad de 1.500 hectáreas de tierras fiscales sobre la barda al norte de la localidad, y que el Concejo Deliberante mediante la sanción de una ordenanza aprobó la cesión de 700 a la empresa Consolmy Energy para que establezca un parque fotovoltaico para la generación de electricidad a partir del aprovechamiento de la radiación solar.
En los últimos días el intendente Miguel Martínez, recibió la confirmación de que la presidente de la empresa, Teresa Betancort, está en el país y que en los próximos días llegará a Huergo para sellar el convenio con el municipio local por la cesión de las 700 hectáreas donde se construirá el parque fotovoltaico para la generación de energía eléctrica con paneles solares.
A partir del acuerdo el municipio espera contar con mayores precisiones sobre el proyecto del parque de generación de energía con los paneles solares. En principio sabe que la empresa multinacional de origen español, hará una inversión varias veces millonaria para la instalación de los paneles que aprovecharán la radiación solar para generar energía eléctrica.
Si bien no cuentan con mayores datos, de acuerdo a las primeras estimaciones la construcción del parque fotovoltaico demandará entre cinco y seis años, implicará durante ese tiempo la ocupación de alrededor de dos mil personas, y una vez en pleno funcionamiento generará unos 200 megavatios de energía eléctrica.
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Miles de nativas plantadas en Santa Fe con un plan de fomento
Con fondos provinciales, plantaron más de 50.000 árboles nativos
Fecha de Publicación: 28/09/2018
Fuente: El Litoral - Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe
El gobierno provincial destinó $ 9 millones en aportes para promover la forestación en 242 localidades de Santa Fe.
A través del programa “Para cada santafesino un árbol”, del Ministerio de Medio Ambiente, el gobierno provincial lleva entregados, desde 2016, más de 9 millones de pesos destinados a promover la forestación de los espacios públicos de municipios y comunas.
Los aportes implican más de 50.000 nuevos árboles y llegaron a 242 localidades de toda la provincia. “Para cada santafesino un árbol” se implementó en el año 2011 para destacar la importancia del arbolado público en la calidad de vida de los ciudadanos. Entre sus objetivos, se destaca incrementar la masa forestal pública en todo el territorio de la provincia, privilegiar su implantación en los espacios de uso público, fomentar la creación de viveros forestales escolares y de municipios y comunas.
En ese sentido, el ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, señaló “la necesidad de promover el arbolado, la reforestación y el cuidado de los bosques nativos como tarea primordial; consideramos necesario contar con una nueva Ley del Árbol, para fomentar la plantación de árboles en zonas rurales, lo que deberá ser tomado como un compromiso ambiental por los propietarios de los campos”.
De los más de 50 mil nuevos ejemplares, un porcentaje mínimo puede fallar debido a estrés hídrico, inconvenientes derivados de la técnica de plantación a raíz desnuda o a un fuste no recomendado cuando la altura de los ejemplares es inferior a dos metros. Los nuevos ejemplares resultan un aporte significativo a la sustentabilidad de los territorios.
“Hemos llegado a todas las localidades (municipios y comunas) que presentaron solicitud de adhesión al programa porque consideramos imprescindible que las zonas urbanas de pueblos y ciudades sigan incrementando su arbolado público. En el presente año entregamos 44 aportes y está previsto realizar dos entregas más a distintas localidades de la provincia”, concluyó Speranza.
¿Qué árbol plantar?
El programa contempla la selección de especies en función del sitio a forestar y el espacio disponible en parques, plazas, veredas, avenidas, predios de escuelas y hospitales. También se toman en cuenta los objetivos de la plantación: ornamentación, provisión de sombra y protección del viento, disminución del ruido, recreación, regulación de las condiciones ambientales y protección ante contingencias climáticas, hábitat para la vida silvestre, entre otros.
Existe una amplia nómina de especies arbóreas, ya sean nativas de nuestro país, como características de las ecorregiones de la provincia de Santa Fe (Chaco húmedo, Delta e Islas del Paraná, Espinal, Chaco seco, Pampa); o especies exóticas que se han adaptado favorablemente a nuestras condiciones edafoclimáticas.
Independientemente de que su origen sea nativo o exótico, cada una de las especies leñosas se caracterizan por el tamaño, la forma de la copa, el color y aspecto del follaje, la floración, la velocidad de crecimiento, su resistencia a plagas y enfermedades, salinidad y anegamiento, el comportamiento del sistema radicular, pudiendo clasificarse en heliófilas (sensibles a la sombra) o esciófilas (tolerantes a la sombra), según su requerimiento de luz sea elevado o bajo respectivamente.
El programa se implementó en el año 2011 para potenciar la importancia del arbolado público en la calidad de vida de los ciudadanos. Entre sus objetivos, se destaca incrementar la masa forestal pública en todo el territorio de la provincia, privilegiar su implantación en los espacios de uso público y promover un proceso participativo y solidario que asegure su amplia difusión en el seno de la sociedad, entre otros.
Los fondos del programa son destinados a la compra de ejemplares arbóreos para poblar o repoblar espacios verdes, parques, plazas, pequeños bosques públicos, monumentos, bulevares, avenidas, calles, senderos, otros espacios como escuelas, hospitales, entes gubernamentales y todo aquello que el Ministerio de Medio Ambiente resuelva.
De acá
Los árboles nativos de esta región, que se busca priorizar por su adaptación al clima, son aguaribay, algarrobo blanco y negro, aromito, espinillo, ceibo, chañar, cina-cina, curupí, ibirá pitá, ingá, jacarandá, lapacho, palo cruz, tipa blanca y colorada, aromo negro y palo borracho, entre otros.
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Fecha de Publicación: 28/09/2018
Fuente: El Litoral - Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe
El gobierno provincial destinó $ 9 millones en aportes para promover la forestación en 242 localidades de Santa Fe.
A través del programa “Para cada santafesino un árbol”, del Ministerio de Medio Ambiente, el gobierno provincial lleva entregados, desde 2016, más de 9 millones de pesos destinados a promover la forestación de los espacios públicos de municipios y comunas.
Los aportes implican más de 50.000 nuevos árboles y llegaron a 242 localidades de toda la provincia. “Para cada santafesino un árbol” se implementó en el año 2011 para destacar la importancia del arbolado público en la calidad de vida de los ciudadanos. Entre sus objetivos, se destaca incrementar la masa forestal pública en todo el territorio de la provincia, privilegiar su implantación en los espacios de uso público, fomentar la creación de viveros forestales escolares y de municipios y comunas.
En ese sentido, el ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, señaló “la necesidad de promover el arbolado, la reforestación y el cuidado de los bosques nativos como tarea primordial; consideramos necesario contar con una nueva Ley del Árbol, para fomentar la plantación de árboles en zonas rurales, lo que deberá ser tomado como un compromiso ambiental por los propietarios de los campos”.
De los más de 50 mil nuevos ejemplares, un porcentaje mínimo puede fallar debido a estrés hídrico, inconvenientes derivados de la técnica de plantación a raíz desnuda o a un fuste no recomendado cuando la altura de los ejemplares es inferior a dos metros. Los nuevos ejemplares resultan un aporte significativo a la sustentabilidad de los territorios.
“Hemos llegado a todas las localidades (municipios y comunas) que presentaron solicitud de adhesión al programa porque consideramos imprescindible que las zonas urbanas de pueblos y ciudades sigan incrementando su arbolado público. En el presente año entregamos 44 aportes y está previsto realizar dos entregas más a distintas localidades de la provincia”, concluyó Speranza.
¿Qué árbol plantar?
El programa contempla la selección de especies en función del sitio a forestar y el espacio disponible en parques, plazas, veredas, avenidas, predios de escuelas y hospitales. También se toman en cuenta los objetivos de la plantación: ornamentación, provisión de sombra y protección del viento, disminución del ruido, recreación, regulación de las condiciones ambientales y protección ante contingencias climáticas, hábitat para la vida silvestre, entre otros.
Existe una amplia nómina de especies arbóreas, ya sean nativas de nuestro país, como características de las ecorregiones de la provincia de Santa Fe (Chaco húmedo, Delta e Islas del Paraná, Espinal, Chaco seco, Pampa); o especies exóticas que se han adaptado favorablemente a nuestras condiciones edafoclimáticas.
Independientemente de que su origen sea nativo o exótico, cada una de las especies leñosas se caracterizan por el tamaño, la forma de la copa, el color y aspecto del follaje, la floración, la velocidad de crecimiento, su resistencia a plagas y enfermedades, salinidad y anegamiento, el comportamiento del sistema radicular, pudiendo clasificarse en heliófilas (sensibles a la sombra) o esciófilas (tolerantes a la sombra), según su requerimiento de luz sea elevado o bajo respectivamente.
El programa se implementó en el año 2011 para potenciar la importancia del arbolado público en la calidad de vida de los ciudadanos. Entre sus objetivos, se destaca incrementar la masa forestal pública en todo el territorio de la provincia, privilegiar su implantación en los espacios de uso público y promover un proceso participativo y solidario que asegure su amplia difusión en el seno de la sociedad, entre otros.
Los fondos del programa son destinados a la compra de ejemplares arbóreos para poblar o repoblar espacios verdes, parques, plazas, pequeños bosques públicos, monumentos, bulevares, avenidas, calles, senderos, otros espacios como escuelas, hospitales, entes gubernamentales y todo aquello que el Ministerio de Medio Ambiente resuelva.
De acá
Los árboles nativos de esta región, que se busca priorizar por su adaptación al clima, son aguaribay, algarrobo blanco y negro, aromito, espinillo, ceibo, chañar, cina-cina, curupí, ibirá pitá, ingá, jacarandá, lapacho, palo cruz, tipa blanca y colorada, aromo negro y palo borracho, entre otros.
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Inminente tratamiento de la zonificación minera de Chubut
La Legislatura trataría el proyecto de zonificación minera
Fecha de Publicación: 27/09/2018
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
El diputado Roddy Ingram (ChuSoTo), vicepresidente primero a cargo de la Legislatura del Chubut, afirmó que “la mayoría de los diputados provinciales tiene una decisión tomada sobre la zonificación” minera. Las declaraciones del legislador se enmarcan en la expectativa que surge en torno a una reunión prevista entre los Jefes Comunales de la Meseta y los legisladores. El encuentro fue acordado el último martes en una reunión entre las autoridades de las Comunas Rurales y el gobernador Mariano Arcioni.
“Uno hace de intermediario, pero tiene que haber una decisión de la Legislatura de tratarlo y en líneas generales recae en las comisiones de trabajo”, dijo Ingram al tiempo que ratificó que “la mayoría tiene una decisión. Yo soy muy respetuoso de lo que pueden llegar a decir. Pero por ahora hay decisiones tomadas”. Todo indica que esta semana está previsto que los intendentes de la Meseta Central, que impulsaron el proyecto de zonificación minera, se reúnan con los legisladores provinciales para hablar sobre el tratamiento legislativo de la iniciativa.
Expectativas
La reunión entre los legisladores y los intendentes fue acordada, según dieron a conocer los propios jefes comunales, en un encuentro que mantuvieron el martes de la semana anterior con el gobernador Mariano Arcioni en la Casa de Gobierno.
“Estuvimos reunidos con el gobernador y acordamos que vamos a hacer un encuentro con los diputados provinciales, posiblemente a inicios de la próxima semana, para hablar de este tema, porque estamos esperando una respuesta”, dijo el viernes pasado Ricardo Sepúlveda, presidente Comunal de Gan Gan.
Sepúlveda indicó que, en su comunidad, que el viernes cumplió 130 años, los habitantes están “muy preocupados por la falta de trabajo” y que, por ello, “tienen una gran expectativa” en el desarrollo de la minería. El impulso de los presidentes comunales a la zonificación minera está basado en los amplios recursos minerales que se encuentran en la región donde entre otros yacimientos se encuentra el Proyecto Navidad, la mayor reserva de plata del mundo sin explotar, ubicada entre Gan Gan y Gastre.
La iniciativa
El trabajo de zonificación está previsto en el artículo 2º de la Ley 5.001 sancionada en 2003 pero nunca hasta ahora se tomó la decisión política de conformar la comisión para determinar la zona de Chubut en la que se podrá realizar la explotación minera. En ese marco, Pan American Silver, la titular del Proyecto Navidad, ha realizado todos los trabajos previos y legales a la explotación del yacimiento, y anunció que tiene prevista una inversión inicial de 1.000 millones de dólares para la primera etapa.
En los sectores comerciales y empresariales de la Meseta, del Valle Inferior del Río Chubut y de Puerto Madryn existe marcada expectativa por la gran demanda de empleo y de proveedores locales que prevé el desarrollo de Navidad.
Reactiva el debate
La diputada Alejandra Johnson Taccari (ChuSoTo) consideró que debería debatirse cuanto antes el proyecto de la zonificación en la Legislatura.
“Hemos visto en este último tiempo un parate respecto a la discusión sobre minería. También es una realidad que hay tres proyectos en comisión y mi postura es la que siempre manifesté y es dar la posibilidad de que todos se puedan expresar y conocer de qué se trata la cuestión”, dijo la legisladora.
“La gente sufre la falta de trabajo y muchos han visto la posibilidad de desarrollo minero para salir del asistencialismo porque muchas veces esperan el aporte del gobierno para salir de la crisis”, resaltó.
La diputada provincial oriunda de la Meseta Central indicó que “hay mucha gente esperando esta posibilidad. Recorriendo distintas localidades, vimos que hay gente que expresa esta voluntad y no sólo de la gente de la Meseta sino también de otros lugares para ver la posibilidad de presentar el currículum”, de modo que “es necesario el debate. Hay un montón de dudas e incertidumbres que generan miedo”.
“Lo más importante es generar el debate. Los proyectos son diferentes: uno plantea que en las elecciones se vote por el sí o el no sin conocimiento; el otro proyecto rechaza la minería cuando hoy vivimos con un montón de cosas que salen de la minería y el otro proyecto habla de zonificación, pero da la posibilidad de debate”, dijo Johnson Taccari.
Fecha de Publicación: 27/09/2018
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
El diputado Roddy Ingram (ChuSoTo), vicepresidente primero a cargo de la Legislatura del Chubut, afirmó que “la mayoría de los diputados provinciales tiene una decisión tomada sobre la zonificación” minera. Las declaraciones del legislador se enmarcan en la expectativa que surge en torno a una reunión prevista entre los Jefes Comunales de la Meseta y los legisladores. El encuentro fue acordado el último martes en una reunión entre las autoridades de las Comunas Rurales y el gobernador Mariano Arcioni.
“Uno hace de intermediario, pero tiene que haber una decisión de la Legislatura de tratarlo y en líneas generales recae en las comisiones de trabajo”, dijo Ingram al tiempo que ratificó que “la mayoría tiene una decisión. Yo soy muy respetuoso de lo que pueden llegar a decir. Pero por ahora hay decisiones tomadas”. Todo indica que esta semana está previsto que los intendentes de la Meseta Central, que impulsaron el proyecto de zonificación minera, se reúnan con los legisladores provinciales para hablar sobre el tratamiento legislativo de la iniciativa.
Expectativas
La reunión entre los legisladores y los intendentes fue acordada, según dieron a conocer los propios jefes comunales, en un encuentro que mantuvieron el martes de la semana anterior con el gobernador Mariano Arcioni en la Casa de Gobierno.
“Estuvimos reunidos con el gobernador y acordamos que vamos a hacer un encuentro con los diputados provinciales, posiblemente a inicios de la próxima semana, para hablar de este tema, porque estamos esperando una respuesta”, dijo el viernes pasado Ricardo Sepúlveda, presidente Comunal de Gan Gan.
Sepúlveda indicó que, en su comunidad, que el viernes cumplió 130 años, los habitantes están “muy preocupados por la falta de trabajo” y que, por ello, “tienen una gran expectativa” en el desarrollo de la minería. El impulso de los presidentes comunales a la zonificación minera está basado en los amplios recursos minerales que se encuentran en la región donde entre otros yacimientos se encuentra el Proyecto Navidad, la mayor reserva de plata del mundo sin explotar, ubicada entre Gan Gan y Gastre.
La iniciativa
El trabajo de zonificación está previsto en el artículo 2º de la Ley 5.001 sancionada en 2003 pero nunca hasta ahora se tomó la decisión política de conformar la comisión para determinar la zona de Chubut en la que se podrá realizar la explotación minera. En ese marco, Pan American Silver, la titular del Proyecto Navidad, ha realizado todos los trabajos previos y legales a la explotación del yacimiento, y anunció que tiene prevista una inversión inicial de 1.000 millones de dólares para la primera etapa.
En los sectores comerciales y empresariales de la Meseta, del Valle Inferior del Río Chubut y de Puerto Madryn existe marcada expectativa por la gran demanda de empleo y de proveedores locales que prevé el desarrollo de Navidad.
Reactiva el debate
La diputada Alejandra Johnson Taccari (ChuSoTo) consideró que debería debatirse cuanto antes el proyecto de la zonificación en la Legislatura.
“Hemos visto en este último tiempo un parate respecto a la discusión sobre minería. También es una realidad que hay tres proyectos en comisión y mi postura es la que siempre manifesté y es dar la posibilidad de que todos se puedan expresar y conocer de qué se trata la cuestión”, dijo la legisladora.
“La gente sufre la falta de trabajo y muchos han visto la posibilidad de desarrollo minero para salir del asistencialismo porque muchas veces esperan el aporte del gobierno para salir de la crisis”, resaltó.
La diputada provincial oriunda de la Meseta Central indicó que “hay mucha gente esperando esta posibilidad. Recorriendo distintas localidades, vimos que hay gente que expresa esta voluntad y no sólo de la gente de la Meseta sino también de otros lugares para ver la posibilidad de presentar el currículum”, de modo que “es necesario el debate. Hay un montón de dudas e incertidumbres que generan miedo”.
“Lo más importante es generar el debate. Los proyectos son diferentes: uno plantea que en las elecciones se vote por el sí o el no sin conocimiento; el otro proyecto rechaza la minería cuando hoy vivimos con un montón de cosas que salen de la minería y el otro proyecto habla de zonificación, pero da la posibilidad de debate”, dijo Johnson Taccari.
Riachuelo: tres kilómetros de avance de la obra PISA
Avanzan las obras del saneamiento ambiental del Riachuelo
Fecha de Publicación: 27/09/2018
Fuente: Presidencia de la Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Las obras de del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Riachuelo (PISA) avanzan en Avellaneda, con una inversión de 1200 millones de dólares por parte del Gobierno Nacional, que posibilitará generar unos 1500 puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de más de 4 millones de personas.
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, recorrieron ayer las obras en la localidad de Dock Sud, en ese partido bonaerense.
Hay ya tres kilómetros de avance por debajo del Rio de La Plata de un túnel está a 40 metros de profundidad.
El Sistema Matanza-Riachuelo permitirá incorporar al servicio de desagües cloacales a 1,5 millones de personas y generar una mejora ambiental de la cuenca con beneficios en la salud y la calidad de vida de 4,3 millones de habitantes.
El plan contempla tres etapas con un plazo de ejecución de cinco años.
La primera incluye el tendido del Colector Margen Izquierda y el Desvío Colector Baja Costanera que posibilitará la recolección y el transporte de más de 2 millones de metros cúbicos de líquidos cloacales.
La segunda consiste en la construcción de una planta de pretratamiento de líquidos cloacales en Dock Sud que realizará la remoción de sólidos gruesos, grasas y arenas.
En la tercera etapa prevé que el Emisario Subfluvial asegure la disposición adecuada de los efluentes a 12 kilómetros de la costa del Río del Plata.
En ese sentido, con una tunelera ya se realizaron 3 kilómetros de los 12 proyectados y con otra se trabaja en el colector margen izquierda.
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Fecha de Publicación: 27/09/2018
Fuente: Presidencia de la Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Las obras de del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Riachuelo (PISA) avanzan en Avellaneda, con una inversión de 1200 millones de dólares por parte del Gobierno Nacional, que posibilitará generar unos 1500 puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de más de 4 millones de personas.
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, recorrieron ayer las obras en la localidad de Dock Sud, en ese partido bonaerense.
Hay ya tres kilómetros de avance por debajo del Rio de La Plata de un túnel está a 40 metros de profundidad.
El Sistema Matanza-Riachuelo permitirá incorporar al servicio de desagües cloacales a 1,5 millones de personas y generar una mejora ambiental de la cuenca con beneficios en la salud y la calidad de vida de 4,3 millones de habitantes.
El plan contempla tres etapas con un plazo de ejecución de cinco años.
La primera incluye el tendido del Colector Margen Izquierda y el Desvío Colector Baja Costanera que posibilitará la recolección y el transporte de más de 2 millones de metros cúbicos de líquidos cloacales.
La segunda consiste en la construcción de una planta de pretratamiento de líquidos cloacales en Dock Sud que realizará la remoción de sólidos gruesos, grasas y arenas.
En la tercera etapa prevé que el Emisario Subfluvial asegure la disposición adecuada de los efluentes a 12 kilómetros de la costa del Río del Plata.
En ese sentido, con una tunelera ya se realizaron 3 kilómetros de los 12 proyectados y con otra se trabaja en el colector margen izquierda.
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Minera ilegal en Cafayate: tiempo de descargo
Explotación minera ilegal en Cafayate: Hasta el viernes la empresa tiene para dar explicaciones
Fecha de Publicación: 27/09/2018
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
Lo confirmó el secretario de la cartera, Daniel Blasco. La notificación fue enviada el viernes y esperan el descargo correspondiente. Indicó que “la actividad está paralizada”, a la vez que las irregularidades “son muchas y variadas”.
Luego que vecinos de La Yesera denunciarán la presencia de máquinas buscando cobre y otros metales en la Quebrada de las Conchas, el secretario de Minería, Daniel Blasco, confirmó que la empresa Mina Franco, cuyo concesionario es Camilo Morales. El gobierno ratificó que la empresa trabajaba de manera ilegal por lo que se decidió paralizar la actividad y se evaluará las multas.
Finalmente, la Secretaría notificó oficialmente a los concesionarios por Minería Franco acerca de las irregularidades que cometieron y esperan los tiempos legales para recibir el descargo de la entidad, y así continuar con los pasos siguientes en el tema.
En un nuevo contacto que InformateSalta mantuvo con Blasco, éste precisó los detalles: “El día viernes de la semana pasada, ya fueron notificados los concesionarios sobre las irregularidades que hicieron en la zona de Guachipas y Cafayate”, indicó, a la vez que señaló que son muchas y variadas.
“Ahora están corriendo los tiempos legales para que hagan su descargo, ese tiempo vence este viernes a las 10”, agregó el funcionario. En cuanto a las sanciones, puntualizó que “como hay varios incumplimientos, tenemos que ir mirando punto por punto, como (por ejemplo) registrarse como explorador minero”.
Blasco aseveró que lo ocurrido semanas atrás “es un paso atrás para el sector minero, tratamos de generar confianza en el sector y este incumplimiento lo que hace es que la perdamos”.
En cuanto a cómo está la zona donde la empresa Mina Franco realizó sus intervenciones no autorizadas, el secretario informó que “la actividad está paralizada, estuvimos mirando otras pertenencias en el mismo sitio, ninguna que tengan algún permiso”.
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Río Negro: el petróleo brota y contamina al Nahuel Huapi
El petróleo brota en la estepa y va directo al Nahuel Huapi
Fecha de Publicación: 26/09/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La cuenca de Ñirihuau es aún un problema ambiental. Mana un crudo que no está en condiciones comerciales, pero los dispositivos para evitar la contaminación parecen abandonados.
Una imagen impactante aparece en el centro de la estepa patagónica, cerca de donde anidan los cóndores y al pie del arroyo Las Minas. En un espacio reducido entre coirones y neneos –la flora típica del lugar– brota el petróleo y se escurre directo al agua que cuesta abajo llega al lago Nahuel Huapi.
El petróleo que surge de manera natural en un rincón del campo de la familia Crespo, en Ñirihuau Arriba, a unos 35 kilómetros del centro de Bariloche, no es novedad para los pobladores de la zona pero todos creían que la contención que hace diez años realizó el entonces Consejo de Ecología y Medio Ambiente (Codema) –cuando se puso un freno a la intención de explorar hidrocarburos en la cuenca– había amortiguado el impacto en el pequeño arroyo que aguas abajo se fusiona con el Ñirihuau y a unos kilómetros más desemboca en el lago Nahuel Huapi.
El hidrocarburo que sigue emanando del suelo en Ñirihuau Arriba, es de una consistencia pegajosa, casi inoloro, pero que a la vista impacta por su negrura y sus tonos tornasolados que adopta cuando se mezcla con el agua del arroyo, que hasta ese punto llega cristalina.
En un trayecto de poco más de 500 metros aguas abajo, el negror del petróleo se pega en la vegetación de cada orilla del arroyo que en su tramo más ancho no llega a tener un metro. Luego se diluye hasta desaparecer.
Ningún vestigio a la vista llega a la casa de don Enrique Crespo, el poblador de avanzada edad hoy que una década atrás estuvo de pie junto a sus vecinos y organizaciones ambientalistas para poner un freno a la pretensión del gobierno provincial de explorar el área hidrocarburífera. Por entonces, sin el consenso social y ante el levantamiento popular, la unión transitoria de empresas YPF-Pluspetrol que obtuvo el permiso de exploración, desistió de iniciar tareas.
Esa batalla ganada por el pueblo dejó en el olvido la otra pata de la historia: ¿Qué pasa con la emanación natural de petróleo que llega al arroyo Las Minas? “Pusieron unos tanques que supuestamente iban a contener pero me parece que está peor” aventuró un poblador.
Zulema Rodríguez también es de Ñirihuau Arriba y asegura que desde que se instalaron los tanques solo un par de veces se supo que llegaron técnicos a ver cómo estaba la situación. Pero los pobladores –que antes tenían a la Escuela 351 como punto de encuentro– no volvieron a hablar del tema ni de la posible contaminación del arroyo.
Van a inspeccionar
Desde la Secretaría de Ambiente provincial señalaron a “Río Negro” que se “resolvió comenzar con inspecciones conjuntas con el resto de organismos competentes (DPA, Energía, entre otros) para evaluar las acciones a llevar adelante”.
El organismo admitió que no se han presentado por “cuestiones climáticas” y asumió el compromiso de que “las inspecciones se llevarán adelante el lunes próximo con la participación de una ingeniera ambiental de la Secretaría, de amplio conocimiento en el tema”.
En el lugar donde hay un manantial de petróleo, el entonces Codema colocó siete tanques de agua, algunos a la altura de la superficie y otros enterrados, para contener el petróleo que brotaba. De uno de estos tanques surge una cañería que nadie sabe desde qué época está. La Dirección de Hidrocarburos señala que hubo cinco pozos perforados entre las décadas de 1910 y 1930, y la última intervención fue en 1984.
La superficie reducida de donde brota petróleo tiene agua estancada con el hidrocarburo en la superficie, en algunos sectores ese material se solidificó y hasta se formó como una plataforma que se asimila a una calle de asfalto. Un hilo de esa mezcla de agua e hidrocarburo corre por la pendiente directo al curso del arroyo que está a solo unos pasos.
Pobladores de pie
“No queríamos el petróleo por una cuestión ambiental, por todo lo que trae atrás. No lo hemos hablado más pero creo que hoy todos seguimos con la misma postura”, dijo Zulema Rodríguez en la cocina de su casa en Ñirihuau Arriba, al recordar aquellas asambleas que en 2008 realizaron los pobladores del paraje cuando se enteraron que el entonces gobernador Miguel Saiz había lanzado una licitación para la exploración de hidrocarburos en Ñirihuau.
En aquella licitación internacional del plan hidrocarburífero de Río Negro se ofreció explorar y explotar unos 842 kilómetros cuadrados de la cuenca Ñirihuau y se adjudicó mediante el decreto 1071/2008 a YPF y Pluspetrol. Para entonces la comunidad ya estaba de pie y sumó el interés de ambientalistas, concejales de Bariloche y la Defensoría del Pueblo de Río Negro, que reclamaban una audiencia pública.
En ese 2008 fueron muchas las reuniones en la escuela rural que en 2010 fue cerrada por el gobierno al quedar solo un alumno. El libro escolar de aquella época, que atesora Zulema con cariño, reseña el 5 de marzo de 2008: “después de escuchar a los pobladores y al señor Víctor Bravo (investigador de la Fundación Bariloche), podemos concluir que el petróleo contamina y no nos va a descontaminar. Hay que impedir los pozos de petróleo”.
En abril de ese año y tras varios intentos frustrados, finalmente participó de la asamblea el entonces titular del Codema, Oscar Echeverría, que se comprometió ante los pobladores a realizar la remediación del manadero y “no empezar la explotación sin audiencia pública previa”, indica el libro de la escuela. Finalmente el gobierno radical siguió adelante con la licitación, no se hizo ninguna audiencia pública y todo quedó a la suerte de las empresas que nunca más pusieron un pie en Ñirihuau.
“Creo que la movida de la gente fue la que frenó la situación, los vecinos veían que peligraba el trabajo tradicional con sus animales y que su actividad chocaba con la explotación petrolera”, recordó Edgardo Straini, que por entonces era el director de la Escuela 351 de Ñirihuau Arriba.
José Gamez de la organización ambientalista Comunidad del Limay (hoy disuelta) rememoró que se sumaron al reclamo de los pobladores porque “entendíamos que era parte del llamado plan IIRSA de América del Sur, que preveía construcción de infraestructura que facilitaba el drenaje rápido de la riqueza natural”.
Gamez señaló que la exploración y explotación de hidrocarburos en Ñirihuau Arriba “entraba en contradicción con la Reserva de Biósfera de la Unesco que se había creado un año antes y la situación del manadero natural también disparó lo que podría significar tener una explotación de hidrocarburos acá. El mayor riesgo que veíamos era la contaminación del lago Nahuel Huapi”, recordó.
El legislador Alfredo Martín (Juntos) en esa época tuvo una activa participación en el reclamo desde su rol de concejal de Bariloche e impulsó una ordenanza que se aprobó por unanimidad por la que se declaró al ejido de Bariloche “libre de la exploración y explotación de las sustancias hidrocarburíferas y minerales”.
“No queríamos la licitación del área hidrocarburífera de Ñirihuau porque afectaba a la actividad turística de la que vive Bariloche y la zona”, dijo Martín, que opinó que las empresas nunca llegaron porque “no había consenso social”.
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Fecha de Publicación: 26/09/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La cuenca de Ñirihuau es aún un problema ambiental. Mana un crudo que no está en condiciones comerciales, pero los dispositivos para evitar la contaminación parecen abandonados.
Una imagen impactante aparece en el centro de la estepa patagónica, cerca de donde anidan los cóndores y al pie del arroyo Las Minas. En un espacio reducido entre coirones y neneos –la flora típica del lugar– brota el petróleo y se escurre directo al agua que cuesta abajo llega al lago Nahuel Huapi.
El petróleo que surge de manera natural en un rincón del campo de la familia Crespo, en Ñirihuau Arriba, a unos 35 kilómetros del centro de Bariloche, no es novedad para los pobladores de la zona pero todos creían que la contención que hace diez años realizó el entonces Consejo de Ecología y Medio Ambiente (Codema) –cuando se puso un freno a la intención de explorar hidrocarburos en la cuenca– había amortiguado el impacto en el pequeño arroyo que aguas abajo se fusiona con el Ñirihuau y a unos kilómetros más desemboca en el lago Nahuel Huapi.
El hidrocarburo que sigue emanando del suelo en Ñirihuau Arriba, es de una consistencia pegajosa, casi inoloro, pero que a la vista impacta por su negrura y sus tonos tornasolados que adopta cuando se mezcla con el agua del arroyo, que hasta ese punto llega cristalina.
En un trayecto de poco más de 500 metros aguas abajo, el negror del petróleo se pega en la vegetación de cada orilla del arroyo que en su tramo más ancho no llega a tener un metro. Luego se diluye hasta desaparecer.
Ningún vestigio a la vista llega a la casa de don Enrique Crespo, el poblador de avanzada edad hoy que una década atrás estuvo de pie junto a sus vecinos y organizaciones ambientalistas para poner un freno a la pretensión del gobierno provincial de explorar el área hidrocarburífera. Por entonces, sin el consenso social y ante el levantamiento popular, la unión transitoria de empresas YPF-Pluspetrol que obtuvo el permiso de exploración, desistió de iniciar tareas.
Esa batalla ganada por el pueblo dejó en el olvido la otra pata de la historia: ¿Qué pasa con la emanación natural de petróleo que llega al arroyo Las Minas? “Pusieron unos tanques que supuestamente iban a contener pero me parece que está peor” aventuró un poblador.
Zulema Rodríguez también es de Ñirihuau Arriba y asegura que desde que se instalaron los tanques solo un par de veces se supo que llegaron técnicos a ver cómo estaba la situación. Pero los pobladores –que antes tenían a la Escuela 351 como punto de encuentro– no volvieron a hablar del tema ni de la posible contaminación del arroyo.
Van a inspeccionar
Desde la Secretaría de Ambiente provincial señalaron a “Río Negro” que se “resolvió comenzar con inspecciones conjuntas con el resto de organismos competentes (DPA, Energía, entre otros) para evaluar las acciones a llevar adelante”.
El organismo admitió que no se han presentado por “cuestiones climáticas” y asumió el compromiso de que “las inspecciones se llevarán adelante el lunes próximo con la participación de una ingeniera ambiental de la Secretaría, de amplio conocimiento en el tema”.
En el lugar donde hay un manantial de petróleo, el entonces Codema colocó siete tanques de agua, algunos a la altura de la superficie y otros enterrados, para contener el petróleo que brotaba. De uno de estos tanques surge una cañería que nadie sabe desde qué época está. La Dirección de Hidrocarburos señala que hubo cinco pozos perforados entre las décadas de 1910 y 1930, y la última intervención fue en 1984.
La superficie reducida de donde brota petróleo tiene agua estancada con el hidrocarburo en la superficie, en algunos sectores ese material se solidificó y hasta se formó como una plataforma que se asimila a una calle de asfalto. Un hilo de esa mezcla de agua e hidrocarburo corre por la pendiente directo al curso del arroyo que está a solo unos pasos.
Pobladores de pie
“No queríamos el petróleo por una cuestión ambiental, por todo lo que trae atrás. No lo hemos hablado más pero creo que hoy todos seguimos con la misma postura”, dijo Zulema Rodríguez en la cocina de su casa en Ñirihuau Arriba, al recordar aquellas asambleas que en 2008 realizaron los pobladores del paraje cuando se enteraron que el entonces gobernador Miguel Saiz había lanzado una licitación para la exploración de hidrocarburos en Ñirihuau.
En aquella licitación internacional del plan hidrocarburífero de Río Negro se ofreció explorar y explotar unos 842 kilómetros cuadrados de la cuenca Ñirihuau y se adjudicó mediante el decreto 1071/2008 a YPF y Pluspetrol. Para entonces la comunidad ya estaba de pie y sumó el interés de ambientalistas, concejales de Bariloche y la Defensoría del Pueblo de Río Negro, que reclamaban una audiencia pública.
En ese 2008 fueron muchas las reuniones en la escuela rural que en 2010 fue cerrada por el gobierno al quedar solo un alumno. El libro escolar de aquella época, que atesora Zulema con cariño, reseña el 5 de marzo de 2008: “después de escuchar a los pobladores y al señor Víctor Bravo (investigador de la Fundación Bariloche), podemos concluir que el petróleo contamina y no nos va a descontaminar. Hay que impedir los pozos de petróleo”.
En abril de ese año y tras varios intentos frustrados, finalmente participó de la asamblea el entonces titular del Codema, Oscar Echeverría, que se comprometió ante los pobladores a realizar la remediación del manadero y “no empezar la explotación sin audiencia pública previa”, indica el libro de la escuela. Finalmente el gobierno radical siguió adelante con la licitación, no se hizo ninguna audiencia pública y todo quedó a la suerte de las empresas que nunca más pusieron un pie en Ñirihuau.
“Creo que la movida de la gente fue la que frenó la situación, los vecinos veían que peligraba el trabajo tradicional con sus animales y que su actividad chocaba con la explotación petrolera”, recordó Edgardo Straini, que por entonces era el director de la Escuela 351 de Ñirihuau Arriba.
José Gamez de la organización ambientalista Comunidad del Limay (hoy disuelta) rememoró que se sumaron al reclamo de los pobladores porque “entendíamos que era parte del llamado plan IIRSA de América del Sur, que preveía construcción de infraestructura que facilitaba el drenaje rápido de la riqueza natural”.
Gamez señaló que la exploración y explotación de hidrocarburos en Ñirihuau Arriba “entraba en contradicción con la Reserva de Biósfera de la Unesco que se había creado un año antes y la situación del manadero natural también disparó lo que podría significar tener una explotación de hidrocarburos acá. El mayor riesgo que veíamos era la contaminación del lago Nahuel Huapi”, recordó.
El legislador Alfredo Martín (Juntos) en esa época tuvo una activa participación en el reclamo desde su rol de concejal de Bariloche e impulsó una ordenanza que se aprobó por unanimidad por la que se declaró al ejido de Bariloche “libre de la exploración y explotación de las sustancias hidrocarburíferas y minerales”.
“No queríamos la licitación del área hidrocarburífera de Ñirihuau porque afectaba a la actividad turística de la que vive Bariloche y la zona”, dijo Martín, que opinó que las empresas nunca llegaron porque “no había consenso social”.
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La energía nuclear y sus vaivenes en la política nacional
El misterioso acuerdo de China y Argentina por la construcción de una nueva central nuclear
Fecha de Publicación: 26/09/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Macri y Xi Jinping se encuentran negociando un acuerdo para la instalación de Atucha V con tecnología completamente china; hay objeciones y dudas
El 2 de diciembre próximo, cuando haya concluido la cumbre del G20 en Buenos Aires y todos los jefes de Estado se hayan ido de Buenos Aires, el presidente de China Xi Jinping mantendrá una visita oficial a Mauricio Macri en la Casa Rosada para intentar abordar los temas más sensibles que le interesan al régimen comunista en su política de penetración en América Latina: los acuerdos por la construcción de una central nuclear, el desarrollo de inversiones en litio, el control del espacio aéreo y la persistencia de un fuerte financiamiento en swaps que podría condicionar a la Argentina en el futuro inmediato.
Se trata de una agenda ambiciosa de China en la Argentina, como lo es todo el avance que está desarrollando el todopoderoso Xi Jinping en la región y que tanto preocupa a los Estados Unidos y a varios países de la Unión Europea.
Si bien en los acuerdos que firmarán Macri y Xi hay un amplio listado de buenas intenciones y deseos mutuos, el tratado que más interesa en estos momentos a Beijing es aquel que tiene que ver con concretar cuanto antes el acuerdo para la construcción de la central nuclear Atucha V en Argentina con tecnología completamente china y con la firme intención de empezar a construirse en el 2022.
El tema resulta por demás sensible por un motivo irrevocable: la Argentina abandonó hace cuatro meses el proyecto de construcción de la central Atucha IV que había previsto con tecnología y aporte de Canadá y China por "problemas presupuestarios", como dijo a Infobae el canciller Jorge Faurie.
Así, la tecnología CANDU que supo forjar la Argentina a lo largo de su historia quedó en el pasado y ahora el Gobierno optó por adoptar a futuro equipamientos completamente chinos.
A mitad de mayo pasado el canciller Jorge Faurie se reunió en Buenos Aires con su par chino Wang Yi donde le anunció la interrupción del proyecto de Atucha IV por problemas presupuestarios. Con este cambio de planes en la política exterior la Argentina se ahorró de pagar a China USD 7.500 millones de deuda que afectan el programa monetario. Es que si bien el financiamiento de esa central lo ponía China, en el presupuesto pesaba como deuda.
En cambio, Faurie le llevó una noticia más prometedora a Wang. Le anunció que el Gobierno se embarcó ahora en un proyecto de mayor envergadura con tecnología sólo china y que implicará el pago de un crédito flexible de 9.000 millones de dólares.
Las negociaciones reservadas que se están llevando adelante entre Buenos Aires y Beijing por la construcción de Atucha V resultan ser hasta ahora todo un misterio.
El embajador argentino en China Diego Guelar se entusiasmó en diálogo con Infobae sobre el proyecto de los chinos para la central nuclear Atucha V que se iba a instalar en Neuquén pero ahora se proyecta para el complejo Lima de Zarate-Campana.
"China no tiene operaciones especulativas de corto plazo, sino que, por el contrario, todos sus proyectos en Argentina son de largo plazo. No sólo no se preocupa por la tormenta económica del corto plazo sino que sigue apostando con total confianza en el futuro", dijo Guelar.
Sin embargo, el optimismo de Guelar colisiona bastante con la prudencia que hay en la Secretaría de Energía que conduce Javier Iguacel y en ámbitos diplomáticos que manejan la temática. El acuerdo no está cerrado y se encuentra en plena etapa de negociación con Beijing.
"Vamos a ir con pie de plomo. La idea es revisar bien el contrato para que en el futuro no dependamos enteramente de la tecnología china", explicó a Infobae un allegado al secretario de Energía a cargo de la firma final del proyecto entre Macri y Xi.
En la práctica, esa idea de ir con "pie de plomo" sobre el proyecto de Atucha V implicará para el Gobierno que la central nuclear tenga al menos un 50% con tecnología argentina y que toda la mano de obra sea local. Es decir, que la producción de uranio enriquecido en esa central no quede sujeta a cualquier concesión futura que haga un gobierno en los próximos años.
"Nadie nos va a apurar. La Argentina no va a firmar cualquier acuerdo por presiones de China", se sinceró ante Infobae un funcionario de alta jerarquía de la Secretaría de Energía. La aclaración tiene una explicación de calendario: la diplomacia de ambos países quiere que el 2 de diciembre cuando se reúnan Macri y XI en Buenos Aires este todo listo para la firma del acuerdo nuclear y de otros proyectos para ratificar la "alianza estratégica integral" que tienen ambos países.
Una calificada fuente de la Cancillería que se encarga de este tema sensible del acuerdo nuclear dijo a Infobae que "la Argentina y China vienen negociando hace varios años la posible adquisición de centrales nucleares. Y está claro que la administración de Xi Jinping quiere asegurarse presencia y tecnología en Argentina".
El acuerdo que se está negociando entre Beijing y Buenos Aires contempla un cómodo financiamiento de los chinos a largo plazo por los 9.000 millones de dólares que demandará la obra pero como la Argentina no puede registrar ningún adelanto como deuda pública todo esto se podría hacer con dinero efectivo.
¿Qué pedirá a cambio el régimen comunista chino? Esta es la pregunta que deambula por los pasillos del Palacio San Martín y en la Casa Rosada. Nadie se anima a responder.
"Tampoco está resuelto el tema combustibles de la planta. Eso es más técnico y podría llegar a haber un entendimiento. Pero ya hubo algunas advertencias de Estados Unidos y la Unión Europea en clave diplomática que alertaron al Gobierno", admitió un diplomático argentino que se encuentra en una capital europea.
Para Irma Arguello, directora de la Fundación No Proliferación para la Seguridad Global (NPSGlobal), "está muy clara la intención de China de ganar terreno en América el Sur, tanto desde el punto de vista estratégico como comercial".
Esto se vio reflejado recientemente en los recientes acuerdos de China con Brasil y la adquisición de una parte de la petrolera PDVSA de Venezuela. China es el mayor acreedor del Venezuela con 28.000 millones de deuda y el mayor comprador de petróleo con un 40% de las exportaciones venezolanas. Arguello argumenta que ante la incapacidad de pago del régimen chavista, es esperable que en el corto plazo haya cesión de activos a China.
El gobierno de Macri revisó los acuerdos nucleares, de energía eléctrica para la construcción de dos represas y los proyectos de espacio aéreo que venían de la etapa de Cristina Kirchner. Finalmente avanzó con esos acuerdos "corregidos". China aceptó todos los cambios. Al parecer, el pragmatismo chino por avanzar en América Latina puede más que cualquier letra chica de un acuerdo diplomático.
Arguello explicó a Infobae que el caso de la central Atucha V resultará muy sensible por un motivo: "La decisión de optar por un proyecto de tecnología desconocida, frente a uno de tecnología conocida, ha generado controversias en el ámbito nuclear argentino, ya que se abre el interrogante respecto de que grado de aporte podrá realizar la industria argentina a este proyecto. Esperemos que pueda ser manejado para maximizar la participación de la industria nacional".
Tanto para Arguello como para analistas en temas nucleares consultados por Infobae que prefirieron hablar en reserva "la Argentina debería tomarse en un marco de análisis profundo de ventajas y desventajas, más que por razones políticas, o para privilegiar la relación estratégica con un país extranjero".
Para Ricardo Vanela, especialista en Estrategia y Fundador de la Red Argentino-Americana para el Liderazgo (REAL) "está claro que China busca asegurarse recursos naturales, eso es lo que tiene Argentina, como así también Venezuela. En el escenario actual y sobre todo en el futuro muy inmediato, los recursos naturales hacen parte del capital más estratégico con el que puede contar un país en este planeta. En ese contexto, Argentina, me refiero a sus líderes, debe saber exactamente qué entrega y qué obtiene a cambio. Y debe elegir muy claramente con quién desea cerrar transacciones de alto impacto geopolítico".
La polémica estación espacial
Otro de los temas de la relación de China y la Argentina que hace mucho ruido es la instalación de la estación espacial de los chinos en la localidad de Bajada del Agrio en Neuquén. Se trata de un acuerdo que firmó Cristina Kirchner por 50 años de exención impositiva en un área de 200 hectáreas que desde abril pasado está manejado completamente por una agencia china que depende del Ejercito Popular Chino.
Macri logró una addenda a ese acuerdo para que China aclare que se trata de una estación espacial de "uso pacífico". Pero la gigante antena instalada por los chinos en Neuquén empieza a generar malestar tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea por su eventual uso dual y la posibilidad potencial de interceptar satélites.
Según confirmaron a Infobae tres fuentes calificadas del Ministerio de Defensa, durante la visita que hace un mes realizó a Buenos Aires el jefe del Pentágono James Mattis advirtió tanto al ministro Oscar Aguad como a los jefes del Estado Mayor Conjunto sobre los "peligros eventuales" que implicará tener una base espacial en Neuquén controlada enteramente por China.
A partir de allí, hubo un pedido informal de Aguad a la Comisión Nacional de Actividad Espacial, que es la que hizo el acuerdo con China, para que haya un mayor control de la Argentina en este tema sensible.
Un detalle: un día antes de arribar a la Argentina el jefe del Pentágono emitió un discurso en el Colegio de Guerra del Ejército en Brasil, donde alertó: "Los países pueden comprar material en donde lo deseen, nosotros respetamos eso. Nuestro país no busca hacer dinero fácil, sino ganar y mantener amistades".
Al finalizar su discurso, Mattis respondió preguntas de la audiencia y un oficial brasilero le preguntó si la creación de una sexta rama militar estadounidense equivaldría a militarizar el espacio. Mattis dijo que China ya había desarrollado un arma que podía destruir satélites. La respuesta parecía tener nombre y apellido.
Desde la embajada de China en Buenos Aires negaron reiteradas veces que la estación espacial de Neuquén tenga un uso militar. "Se trata de una agencia espacial igual a la de la estación de avistaje espacial que tiene la Unión Europea en Mendoza", dicen. Sin embargo, hay un detalle: esa agencia europea no depende de ningún ejército y es completamente de administración civil.
Hay otro proyecto que también genera dudas en el ambiente diplomático y militar. La instalación de un radio telescopio de China en San Juan en acuerdo con el gobierno de Sergio Uñac y la Universidad Nacional de San Juan.
Se trata de un radiotelescopio CART (Chinese Argentine Radiotelescope) situado en el centro espacial de Leoncito. El reflector primario es de 40 m de diámetro; el reflector secundarios 4.2 m y hay un presupuesto estimado obra civil de $100 millones de pesos más el costo del radiotelescopio y receptores por $240 millones de pesos.
Si bien los encargados de este proyecto aseguran que sólo será de uso pacífico y con fines de investigación, en el ámbito militar de Estados Unidos y de la Argentina ponen en dudas su eventual uso dual.
El gobernador Uñac se encargó de desmentir categóricamente a Infobae esas versiones y destacó: "la ciencia y la tecnología son áreas centrales para el gobierno de San Juan pensando en un desarrollo académico profundo para las presentes y futuras generaciones". Así, destacó el proyecto innovador que se realiza en el municipio de Calingasta con el aporte fundamental de China.
Sin embargo, se sabe: China también piensa a gran escala para las futuras generaciones en su proyecto de avanzada en América latina.
Las polémicas represas
Cuando Macri llegó al poder en el 2016 tuvo que revisar los contratos con China por la construcción de dos represas en Santa Cruz. Así, se le redujeron niveles de potencia a las centrales, se alertó sobre presuntos sobrecostos que había en los contratos firmados por el ex ministro de Planificación Julio De Vido y se redujo el monto de financiamiento de las obras.
Una vez más, como en el caso de los cambios impuestos en el contrato por la estación espacial de Neuquén, los chinos aceptaron las adendas de nuevos contratos por las represas, imperó el pragmatismo y la administración de Xi dejó en claro que quiere poner un pie en el sector de hidroeléctricas cualquiera sea el costo político que tenga que asumir.
Recientemente, cuando estalló el escándalo de los cuadernos de la era K el Gobierno también alertó a China que seguir el contrato por las represas con una empresa como Electroingeniería implicaba un problema ya que estaba mencionada en la causa de coimas.
Iguacel pidió a los chinos que se desprendan de sus socios de Electroingeniería, la empresa cordobesa cuyo vicepresidente, Gerardo Ferreyra, junto a su director comercial, Jorge Neira, están presos e imputados por el presunto pago de unos USD 11 millones en sobornos a la cúpula kirchnerista.
Fuentes calificadas de la diplomacia argentina aseguraron a Infobae que para compensar los fondos de este socio faltante en la construcción de las represas la gigante estatal china Gezhouba se hará cargo de comprar Electroingeniería y al parecer no habrá demanda alguna de por medio. Una vez mas, el pragmatismo de la china comunista se impone para cumplir su sueño de desembarcar a pleno en América latina.
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Fecha de Publicación: 26/09/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Macri y Xi Jinping se encuentran negociando un acuerdo para la instalación de Atucha V con tecnología completamente china; hay objeciones y dudas
El 2 de diciembre próximo, cuando haya concluido la cumbre del G20 en Buenos Aires y todos los jefes de Estado se hayan ido de Buenos Aires, el presidente de China Xi Jinping mantendrá una visita oficial a Mauricio Macri en la Casa Rosada para intentar abordar los temas más sensibles que le interesan al régimen comunista en su política de penetración en América Latina: los acuerdos por la construcción de una central nuclear, el desarrollo de inversiones en litio, el control del espacio aéreo y la persistencia de un fuerte financiamiento en swaps que podría condicionar a la Argentina en el futuro inmediato.
Se trata de una agenda ambiciosa de China en la Argentina, como lo es todo el avance que está desarrollando el todopoderoso Xi Jinping en la región y que tanto preocupa a los Estados Unidos y a varios países de la Unión Europea.
Si bien en los acuerdos que firmarán Macri y Xi hay un amplio listado de buenas intenciones y deseos mutuos, el tratado que más interesa en estos momentos a Beijing es aquel que tiene que ver con concretar cuanto antes el acuerdo para la construcción de la central nuclear Atucha V en Argentina con tecnología completamente china y con la firme intención de empezar a construirse en el 2022.
El tema resulta por demás sensible por un motivo irrevocable: la Argentina abandonó hace cuatro meses el proyecto de construcción de la central Atucha IV que había previsto con tecnología y aporte de Canadá y China por "problemas presupuestarios", como dijo a Infobae el canciller Jorge Faurie.
Así, la tecnología CANDU que supo forjar la Argentina a lo largo de su historia quedó en el pasado y ahora el Gobierno optó por adoptar a futuro equipamientos completamente chinos.
A mitad de mayo pasado el canciller Jorge Faurie se reunió en Buenos Aires con su par chino Wang Yi donde le anunció la interrupción del proyecto de Atucha IV por problemas presupuestarios. Con este cambio de planes en la política exterior la Argentina se ahorró de pagar a China USD 7.500 millones de deuda que afectan el programa monetario. Es que si bien el financiamiento de esa central lo ponía China, en el presupuesto pesaba como deuda.
En cambio, Faurie le llevó una noticia más prometedora a Wang. Le anunció que el Gobierno se embarcó ahora en un proyecto de mayor envergadura con tecnología sólo china y que implicará el pago de un crédito flexible de 9.000 millones de dólares.
Las negociaciones reservadas que se están llevando adelante entre Buenos Aires y Beijing por la construcción de Atucha V resultan ser hasta ahora todo un misterio.
El embajador argentino en China Diego Guelar se entusiasmó en diálogo con Infobae sobre el proyecto de los chinos para la central nuclear Atucha V que se iba a instalar en Neuquén pero ahora se proyecta para el complejo Lima de Zarate-Campana.
"China no tiene operaciones especulativas de corto plazo, sino que, por el contrario, todos sus proyectos en Argentina son de largo plazo. No sólo no se preocupa por la tormenta económica del corto plazo sino que sigue apostando con total confianza en el futuro", dijo Guelar.
Sin embargo, el optimismo de Guelar colisiona bastante con la prudencia que hay en la Secretaría de Energía que conduce Javier Iguacel y en ámbitos diplomáticos que manejan la temática. El acuerdo no está cerrado y se encuentra en plena etapa de negociación con Beijing.
"Vamos a ir con pie de plomo. La idea es revisar bien el contrato para que en el futuro no dependamos enteramente de la tecnología china", explicó a Infobae un allegado al secretario de Energía a cargo de la firma final del proyecto entre Macri y Xi.
En la práctica, esa idea de ir con "pie de plomo" sobre el proyecto de Atucha V implicará para el Gobierno que la central nuclear tenga al menos un 50% con tecnología argentina y que toda la mano de obra sea local. Es decir, que la producción de uranio enriquecido en esa central no quede sujeta a cualquier concesión futura que haga un gobierno en los próximos años.
"Nadie nos va a apurar. La Argentina no va a firmar cualquier acuerdo por presiones de China", se sinceró ante Infobae un funcionario de alta jerarquía de la Secretaría de Energía. La aclaración tiene una explicación de calendario: la diplomacia de ambos países quiere que el 2 de diciembre cuando se reúnan Macri y XI en Buenos Aires este todo listo para la firma del acuerdo nuclear y de otros proyectos para ratificar la "alianza estratégica integral" que tienen ambos países.
Una calificada fuente de la Cancillería que se encarga de este tema sensible del acuerdo nuclear dijo a Infobae que "la Argentina y China vienen negociando hace varios años la posible adquisición de centrales nucleares. Y está claro que la administración de Xi Jinping quiere asegurarse presencia y tecnología en Argentina".
El acuerdo que se está negociando entre Beijing y Buenos Aires contempla un cómodo financiamiento de los chinos a largo plazo por los 9.000 millones de dólares que demandará la obra pero como la Argentina no puede registrar ningún adelanto como deuda pública todo esto se podría hacer con dinero efectivo.
¿Qué pedirá a cambio el régimen comunista chino? Esta es la pregunta que deambula por los pasillos del Palacio San Martín y en la Casa Rosada. Nadie se anima a responder.
"Tampoco está resuelto el tema combustibles de la planta. Eso es más técnico y podría llegar a haber un entendimiento. Pero ya hubo algunas advertencias de Estados Unidos y la Unión Europea en clave diplomática que alertaron al Gobierno", admitió un diplomático argentino que se encuentra en una capital europea.
Para Irma Arguello, directora de la Fundación No Proliferación para la Seguridad Global (NPSGlobal), "está muy clara la intención de China de ganar terreno en América el Sur, tanto desde el punto de vista estratégico como comercial".
Esto se vio reflejado recientemente en los recientes acuerdos de China con Brasil y la adquisición de una parte de la petrolera PDVSA de Venezuela. China es el mayor acreedor del Venezuela con 28.000 millones de deuda y el mayor comprador de petróleo con un 40% de las exportaciones venezolanas. Arguello argumenta que ante la incapacidad de pago del régimen chavista, es esperable que en el corto plazo haya cesión de activos a China.
El gobierno de Macri revisó los acuerdos nucleares, de energía eléctrica para la construcción de dos represas y los proyectos de espacio aéreo que venían de la etapa de Cristina Kirchner. Finalmente avanzó con esos acuerdos "corregidos". China aceptó todos los cambios. Al parecer, el pragmatismo chino por avanzar en América Latina puede más que cualquier letra chica de un acuerdo diplomático.
Arguello explicó a Infobae que el caso de la central Atucha V resultará muy sensible por un motivo: "La decisión de optar por un proyecto de tecnología desconocida, frente a uno de tecnología conocida, ha generado controversias en el ámbito nuclear argentino, ya que se abre el interrogante respecto de que grado de aporte podrá realizar la industria argentina a este proyecto. Esperemos que pueda ser manejado para maximizar la participación de la industria nacional".
Tanto para Arguello como para analistas en temas nucleares consultados por Infobae que prefirieron hablar en reserva "la Argentina debería tomarse en un marco de análisis profundo de ventajas y desventajas, más que por razones políticas, o para privilegiar la relación estratégica con un país extranjero".
Para Ricardo Vanela, especialista en Estrategia y Fundador de la Red Argentino-Americana para el Liderazgo (REAL) "está claro que China busca asegurarse recursos naturales, eso es lo que tiene Argentina, como así también Venezuela. En el escenario actual y sobre todo en el futuro muy inmediato, los recursos naturales hacen parte del capital más estratégico con el que puede contar un país en este planeta. En ese contexto, Argentina, me refiero a sus líderes, debe saber exactamente qué entrega y qué obtiene a cambio. Y debe elegir muy claramente con quién desea cerrar transacciones de alto impacto geopolítico".
La polémica estación espacial
Otro de los temas de la relación de China y la Argentina que hace mucho ruido es la instalación de la estación espacial de los chinos en la localidad de Bajada del Agrio en Neuquén. Se trata de un acuerdo que firmó Cristina Kirchner por 50 años de exención impositiva en un área de 200 hectáreas que desde abril pasado está manejado completamente por una agencia china que depende del Ejercito Popular Chino.
Macri logró una addenda a ese acuerdo para que China aclare que se trata de una estación espacial de "uso pacífico". Pero la gigante antena instalada por los chinos en Neuquén empieza a generar malestar tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea por su eventual uso dual y la posibilidad potencial de interceptar satélites.
Según confirmaron a Infobae tres fuentes calificadas del Ministerio de Defensa, durante la visita que hace un mes realizó a Buenos Aires el jefe del Pentágono James Mattis advirtió tanto al ministro Oscar Aguad como a los jefes del Estado Mayor Conjunto sobre los "peligros eventuales" que implicará tener una base espacial en Neuquén controlada enteramente por China.
A partir de allí, hubo un pedido informal de Aguad a la Comisión Nacional de Actividad Espacial, que es la que hizo el acuerdo con China, para que haya un mayor control de la Argentina en este tema sensible.
Un detalle: un día antes de arribar a la Argentina el jefe del Pentágono emitió un discurso en el Colegio de Guerra del Ejército en Brasil, donde alertó: "Los países pueden comprar material en donde lo deseen, nosotros respetamos eso. Nuestro país no busca hacer dinero fácil, sino ganar y mantener amistades".
Al finalizar su discurso, Mattis respondió preguntas de la audiencia y un oficial brasilero le preguntó si la creación de una sexta rama militar estadounidense equivaldría a militarizar el espacio. Mattis dijo que China ya había desarrollado un arma que podía destruir satélites. La respuesta parecía tener nombre y apellido.
Desde la embajada de China en Buenos Aires negaron reiteradas veces que la estación espacial de Neuquén tenga un uso militar. "Se trata de una agencia espacial igual a la de la estación de avistaje espacial que tiene la Unión Europea en Mendoza", dicen. Sin embargo, hay un detalle: esa agencia europea no depende de ningún ejército y es completamente de administración civil.
Hay otro proyecto que también genera dudas en el ambiente diplomático y militar. La instalación de un radio telescopio de China en San Juan en acuerdo con el gobierno de Sergio Uñac y la Universidad Nacional de San Juan.
Se trata de un radiotelescopio CART (Chinese Argentine Radiotelescope) situado en el centro espacial de Leoncito. El reflector primario es de 40 m de diámetro; el reflector secundarios 4.2 m y hay un presupuesto estimado obra civil de $100 millones de pesos más el costo del radiotelescopio y receptores por $240 millones de pesos.
Si bien los encargados de este proyecto aseguran que sólo será de uso pacífico y con fines de investigación, en el ámbito militar de Estados Unidos y de la Argentina ponen en dudas su eventual uso dual.
El gobernador Uñac se encargó de desmentir categóricamente a Infobae esas versiones y destacó: "la ciencia y la tecnología son áreas centrales para el gobierno de San Juan pensando en un desarrollo académico profundo para las presentes y futuras generaciones". Así, destacó el proyecto innovador que se realiza en el municipio de Calingasta con el aporte fundamental de China.
Sin embargo, se sabe: China también piensa a gran escala para las futuras generaciones en su proyecto de avanzada en América latina.
Las polémicas represas
Cuando Macri llegó al poder en el 2016 tuvo que revisar los contratos con China por la construcción de dos represas en Santa Cruz. Así, se le redujeron niveles de potencia a las centrales, se alertó sobre presuntos sobrecostos que había en los contratos firmados por el ex ministro de Planificación Julio De Vido y se redujo el monto de financiamiento de las obras.
Una vez más, como en el caso de los cambios impuestos en el contrato por la estación espacial de Neuquén, los chinos aceptaron las adendas de nuevos contratos por las represas, imperó el pragmatismo y la administración de Xi dejó en claro que quiere poner un pie en el sector de hidroeléctricas cualquiera sea el costo político que tenga que asumir.
Recientemente, cuando estalló el escándalo de los cuadernos de la era K el Gobierno también alertó a China que seguir el contrato por las represas con una empresa como Electroingeniería implicaba un problema ya que estaba mencionada en la causa de coimas.
Iguacel pidió a los chinos que se desprendan de sus socios de Electroingeniería, la empresa cordobesa cuyo vicepresidente, Gerardo Ferreyra, junto a su director comercial, Jorge Neira, están presos e imputados por el presunto pago de unos USD 11 millones en sobornos a la cúpula kirchnerista.
Fuentes calificadas de la diplomacia argentina aseguraron a Infobae que para compensar los fondos de este socio faltante en la construcción de las represas la gigante estatal china Gezhouba se hará cargo de comprar Electroingeniería y al parecer no habrá demanda alguna de por medio. Una vez mas, el pragmatismo de la china comunista se impone para cumplir su sueño de desembarcar a pleno en América latina.
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Guardaparques misioneros realizarían acampe en protesta
Guardaparques anticipan nuevo acampe en Ecología
Fecha de Publicación: 26/09/2018
Fuente: Misiones en Cuatro
Provincia/Región: Misiones
El jueves, en el Ministerio de Trabajo y en el marco de una audiencia de conciliación obligatoria, comparecieron delegados gremiales de Guardaparques y autoridades del Ministerio de Ecología. Ante la ausencia de una propuesta salarial concreta, ATE planifica una medida de fuerza contundente.
Según un comunicado de prensa gremial, el pedido de un nuevo cuarto intermedio por parte del Gobierno, es una “medida dilatoria” y no satisface los “reclamos urgentes” de los guardaparques. Por ello, en asamblea definieron que si el próximo miércoles no existe una propuesta concreta del Ministerio, podrían iniciar un acampe por tiempo indeterminado en Ecología.
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Fecha de Publicación: 26/09/2018
Fuente: Misiones en Cuatro
Provincia/Región: Misiones
El jueves, en el Ministerio de Trabajo y en el marco de una audiencia de conciliación obligatoria, comparecieron delegados gremiales de Guardaparques y autoridades del Ministerio de Ecología. Ante la ausencia de una propuesta salarial concreta, ATE planifica una medida de fuerza contundente.
Según un comunicado de prensa gremial, el pedido de un nuevo cuarto intermedio por parte del Gobierno, es una “medida dilatoria” y no satisface los “reclamos urgentes” de los guardaparques. Por ello, en asamblea definieron que si el próximo miércoles no existe una propuesta concreta del Ministerio, podrían iniciar un acampe por tiempo indeterminado en Ecología.
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Mendoza: importante incendio forestal en el cerro Arco
El incendio del cerro Arco fue uno de los mayores en casi 20 años en el Gran Mendoza
Fecha de Publicación: 25/09/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Por las dimensiones, la locación y la superficie total afectada; el incendio registrado este fin de semana en el Cerro Arco fue uno de los más importantes de los últimos años en el área metropolitana de Mendoza.
Más si a ello se le suma que comenzó el viernes por la tarde y hasta última hora de ayer continuaban los trabajos para extinguirlo definitivamente, aunque aún se mantenían activos un par de focos en el cerro El Gateado (al norte del Arco). Incluso, desde Defensa Civil confirmaron que en la jornada de este lunes continuarán trabajando sobre estos últimos.
Si bien aún no está la cifra exacta, se estima que en total las recientes llamas afectaron unas 1.500 hectáreas, convirtiéndose en el tercer incendio de mayor magnitud de los últimos 17 años; y sólo superados por el del 31 de enero del 2003 (15.000 hectáreas y que trascendió los límites del cerro propiamente dicho) y el del 24 de octubre de ese mismo año (2.500 hectáreas y que se propagó a lo largo de la ruta 13 también).
Desde 2001 se quemaron casi 20.800 hectáreas en este cerro e inmediaciones.
Esta situación motivó a que el Gobierno endurezca los controles y castigos a quienes muestren desidia al momento de hacer y mantener limpias las “picadas corta fuego” en sus campos. Se trata de aquellos senderos o huellas de 6 metros de ancho que -por ley- deben realizarse entre un campo y otro, o bien dentro de un mismo campo cuando se trata de terrenos de gran extensión. Estas se hacen pasando una topadora, levantando todo y limpiando el camino.
“La ley 6.099 obliga a los dueños de campo a hacer estas picadas y a mantenerlas limpias para que, en caso de incendio o de que caiga un rayo, las llamas encuentren un espacio donde su propagación se corte y no se extiendan. Hemos detectado que muchos no las están haciendo, y eso es algo que disminuiría considerablemente la cantidad de incendios. Por eso es que vamos a comenzar con emplazamientos para que cumplan con esa obligación. Y también incluye a Vialidad con la limpieza de las banquinas y a otros organismos que deben mantener estas huellas limpias”, indicó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance; quien destacó que el mantenimiento debe hacerse con frecuencia anual al menos.
Las multas para quienes no cumplan con este deber están fijadas en 20.000 pesos. No obstante, Mingorance resaltó que las van a actualizar y aumentar “considerablemente”, apuntando a que sea más conveniente hacer el mantenimiento que pagar la sanción.
“Entre diciembre del 2017 y enero del 2018 se quemaron 200.000 hectáreas, 95% de los incendios ocasionados por tormentas eléctricas. Sin embargo, otro de los principales problemas que tenemos está vinculado a los incendios intencionales. Desde agosto y hasta la fecha -menos de 2 meses- se han quemado casi 40.000 hectáreas de campos, todas en episodios intencionales. Son casos en que los dueños de campo privado inician el fuego para hacer lo que se llama ‘limpieza de campo’, y se propagan. Son hechos ilegales y lamentablemente -y dentro de la ilegalidad- es una cifra que se repite cada año”, destacó Mingorance, quien indicó que la forma correcta de hacer estos procedimientos es utilizando una rastra antes de replantar (aunque es todo un proceso que toma su tiempo).
“Sancionar a quienes generan estos incendios es complicado, porque hay que encontrar in fraganti a la persona iniciando el fuego. Si vamos cuando ya está, nos dicen que lo inició un tercero para hacer daño. Este año sólo hemos detectado en el acto a un par de dueños de campo”, destacó el funcionario.
Además, Mingorance insistió en los consejos para evitar incendios accidentales como el registrado en el Cerro Arco (aparentemente el incendio se inició con un fuego de asado mal apagado).
“Hay que hacer fuego en lugares seguros, con infraestructura adecuada. Y antes de retirarse, hay que apagarlo bien; con líquido. Hay que llevarse además los residuos. También contamos con el apoyo de quienes hacen trekking, quienes pueden dar aviso al 911 o bien llevarse consigo latas o pedazos de vidrio que encuentren. En días de mucho calor , esos objetos pueden generar un principio de incendio”, sentenció.
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Fecha de Publicación: 25/09/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Por las dimensiones, la locación y la superficie total afectada; el incendio registrado este fin de semana en el Cerro Arco fue uno de los más importantes de los últimos años en el área metropolitana de Mendoza.
Más si a ello se le suma que comenzó el viernes por la tarde y hasta última hora de ayer continuaban los trabajos para extinguirlo definitivamente, aunque aún se mantenían activos un par de focos en el cerro El Gateado (al norte del Arco). Incluso, desde Defensa Civil confirmaron que en la jornada de este lunes continuarán trabajando sobre estos últimos.
Si bien aún no está la cifra exacta, se estima que en total las recientes llamas afectaron unas 1.500 hectáreas, convirtiéndose en el tercer incendio de mayor magnitud de los últimos 17 años; y sólo superados por el del 31 de enero del 2003 (15.000 hectáreas y que trascendió los límites del cerro propiamente dicho) y el del 24 de octubre de ese mismo año (2.500 hectáreas y que se propagó a lo largo de la ruta 13 también).
Desde 2001 se quemaron casi 20.800 hectáreas en este cerro e inmediaciones.
Esta situación motivó a que el Gobierno endurezca los controles y castigos a quienes muestren desidia al momento de hacer y mantener limpias las “picadas corta fuego” en sus campos. Se trata de aquellos senderos o huellas de 6 metros de ancho que -por ley- deben realizarse entre un campo y otro, o bien dentro de un mismo campo cuando se trata de terrenos de gran extensión. Estas se hacen pasando una topadora, levantando todo y limpiando el camino.
“La ley 6.099 obliga a los dueños de campo a hacer estas picadas y a mantenerlas limpias para que, en caso de incendio o de que caiga un rayo, las llamas encuentren un espacio donde su propagación se corte y no se extiendan. Hemos detectado que muchos no las están haciendo, y eso es algo que disminuiría considerablemente la cantidad de incendios. Por eso es que vamos a comenzar con emplazamientos para que cumplan con esa obligación. Y también incluye a Vialidad con la limpieza de las banquinas y a otros organismos que deben mantener estas huellas limpias”, indicó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance; quien destacó que el mantenimiento debe hacerse con frecuencia anual al menos.
Las multas para quienes no cumplan con este deber están fijadas en 20.000 pesos. No obstante, Mingorance resaltó que las van a actualizar y aumentar “considerablemente”, apuntando a que sea más conveniente hacer el mantenimiento que pagar la sanción.
“Entre diciembre del 2017 y enero del 2018 se quemaron 200.000 hectáreas, 95% de los incendios ocasionados por tormentas eléctricas. Sin embargo, otro de los principales problemas que tenemos está vinculado a los incendios intencionales. Desde agosto y hasta la fecha -menos de 2 meses- se han quemado casi 40.000 hectáreas de campos, todas en episodios intencionales. Son casos en que los dueños de campo privado inician el fuego para hacer lo que se llama ‘limpieza de campo’, y se propagan. Son hechos ilegales y lamentablemente -y dentro de la ilegalidad- es una cifra que se repite cada año”, destacó Mingorance, quien indicó que la forma correcta de hacer estos procedimientos es utilizando una rastra antes de replantar (aunque es todo un proceso que toma su tiempo).
“Sancionar a quienes generan estos incendios es complicado, porque hay que encontrar in fraganti a la persona iniciando el fuego. Si vamos cuando ya está, nos dicen que lo inició un tercero para hacer daño. Este año sólo hemos detectado en el acto a un par de dueños de campo”, destacó el funcionario.
Además, Mingorance insistió en los consejos para evitar incendios accidentales como el registrado en el Cerro Arco (aparentemente el incendio se inició con un fuego de asado mal apagado).
“Hay que hacer fuego en lugares seguros, con infraestructura adecuada. Y antes de retirarse, hay que apagarlo bien; con líquido. Hay que llevarse además los residuos. También contamos con el apoyo de quienes hacen trekking, quienes pueden dar aviso al 911 o bien llevarse consigo latas o pedazos de vidrio que encuentren. En días de mucho calor , esos objetos pueden generar un principio de incendio”, sentenció.
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Modelo agrícola argentino desprotege al más débil
Modelo agrícola argentino descuida derecho a la alimentación
Fecha de Publicación: 25/09/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Frente a una de las estaciones ferroviarias más concurridas de la capital de Argentina, hay largas filas para comprar verduras y hortalizas, que los propios productores ofrecen directamente a los consumidores, a precios varias veces inferiores a las de los comercios.
La escena transcurre en la Plaza Once, cabecera del ferrocarril que va hacia el oeste del Gran Buenos Aires, y es una de las caras de la crisis económica del país, que incluye la aceleración de la tasa de inflación, que ha golpeado particularmente los precios de los alimentos.
“Habíamos anunciado que empezábamos a las 10 de la mañana, pero había fila desde dos horas antes”, contó a IPS Guillermo Riquelme, uno de los productores familiares enrolados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que llegaron llegaron con sus productos en tres camiones, en una iniciativa especial.
La UTT es una asociación de unos 10.000 agricultores de todo el país que trabajan en emprendimientos familiares y en terrenos de una o dos hectáreas, generalmente alquilados. Se instalaron en Plaza Once, en el corazón de Buenos Aires, para demostrar que los alimentos pueden llegar a la población a precios accesibles para todos.
“Nosotros acá vendemos a 10 pesos (0,25 dólares) por kilo. Y por supuesto que ganamos plata igual, porque habitualmente estamos obligados a vender a tres pesos a los intermediarios”, acotó Roberto Eizaguirre.
Tanto Riquelme como Eizaguirre producen remolacha, zanahoria, lechuga, acelga y otros vegetales en los alrededores de la ciudad de La Plata, a unos 60 kilómetros de Buenos Aires, donde se concentran miles de pequeños agricultores.
Ese lugar fue uno de los que visitó Hilal Elver, la relatora especial sobre el Derecho a Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien este viernes 21 concluyó una misión de 10 días a Argentina con una presentación ante los medios, en la que hizo un duro diagnóstico de la situación en la materia.
La funcionaria entregó también este día al gobierno argentino las observaciones preliminares sobre su visita.
Elver, una abogada turca que ocupa el cargo desde 2014, cuestionó las políticas del gobierno que “parecen destinadas a promover aún más la agricultura industrial orientada a la exportación, principalmente de soja y maíz”.
Criticó en ese sentido, “la decisión del gobierno de aprovechar la crisis económica actual para desmantelar el apoyo a la agricultura familiar”, al despedir cerca de 500 trabajadores del Ministerio de Agroindustria, que se justificó con la necesidad de reducir el gasto público.
La relatora visitó también la norteña provincia del Chaco, una de las más pobres del país, en la frontera con Paraguay. Allí, estuvo con indígenas del pueblo qom, también conocido como toba, que por la pobreza dejaron sus tierras ancestrales para mudarse a ciudades cercanas, pero no consiguen integrarse al mercado laboral.
Elver dijo que durante su visita pudo constatar que hay “un creciente número de personas que va a comedores (de asistencia social) o se salta una comida”.
En ese aspecto, señaló la paradoja de que el gobierno asegura que el país produce suficientes alimentos para abastecer a 450 millones de personas en el mundo, mientras casi cuatro millones de ciudadanos enfrentan en el país una seria inseguridad alimentaria.
Argentina, el octavo país del mundo por su superficie y con solo 44 millones de habitantes, posee en la llamada Pampa una llanura de clima templado que es considerada una de las zonas más propicias del planeta para la producción agropecuaria.
La producción agropecuaria tiene un enorme peso en la economía argentina y el año pasado los productos primarios y manufacturados del sector representaron 65 por ciento de las exportaciones del país.
La economía nacional entró este año en un tobogán, fundamentalmente a partir de abril, cuando comenzó una fuerte devaluación de la moneda local, que desde entonces superó ya 100 por ciento.
Eso generó una aceleración de la inflación, que el gobierno había proyectado en 15 por ciento para este año. Pero en los ocho primeros meses del año ya acumuló un incremento de casi 25 por ciento y, en su última actualización, el Ministerio de Hacienda estimó que 2018 terminará con una tasa de inflación acumulada de 42 por ciento.
Pero el alza de precios fue mucho más acelerada en los alimentos, cuya tasa de incremento fue de 88 por ciento en el periodo enero-junio, según un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda, del sur del Gran Buenos Aires.
“La bolsa de harina aumentó de 300 pesos a 1.000 en pocos meses y ya no sabemos cómo contener los precios al público. Estamos pensando en cerrar”, dijo a IPS la encargada de una panadería de Villa Crespo, un barrio de clase media de Buenos Aires, en un relato que se repite en muchos lugares del país.
“El problema es que el trigo es tomado dentro de Argentina como un commodity (bien básico transable), cuyo precio sube cuando sube el dólar, mientras aquí la gente no gana en dólares”, dijo a IPS Teté Piñero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“El gobierno debería regular el precio interno del trigo para que esto no suceda pero no lo hace. Así, hoy los pobres están pasando hambre y la clase media tiene serios problemas”, agregó.
La relatora de alguna manera coincidió con ese diagnóstico, cuando dijo que “el gobierno argetino debería tomar más en cuenta el impacto directo e indirecto de sus medidas de austeridad sobre el acceso a los alimentos por parte de los más pobres”.
De acuerdo al último dato oficial, anunciado en marzo, la pobreza alcanza en Argentina a 25,7 por ciento de la población. Pero el presidente Mauricio Macri admitió en agosto que la proporción crecerá en la próxima medición, debido “al rebote de la inflación, que es el mayor generador de pobreza”.
La funcionaria de la ONU también cuestionó “el efecto adverso sobre los recursos ambientales y la diversidad biológica” del modelo agrícola argentino y en ese sentido mencionó la deforestación, con tasas cercanas a los 27 millones de hectáreas por año, y el fuerte aumento en el uso de agroquímicos.
En Argentina no existen estadísticas sobre agroquímicos, de intensiva utilización en el cultivo de soja transgénica, que cubre más de la mitad de la superficie sembrada en el país, así como en cultivos sin modificar genéticamente
Elver calificó como “milagrosa” la experiencia contracorriente que representan los pequeños agricultores enrolados en la UTT que en el área de la Gran La Plata “producen verduras saludables y libres de plaguicidas”.
“Estos métodos de producción deberían tener mucho más peso en el diseño de la política agrícola argentina”, agregó.
Javier Scheibengraf, coordinador técnico de la UTT, explicó a IPS que “tenemos unas 100 hectáreas, donde trabajamos con un paquete autoproducido de herbicidas y fertilizantes, con estiércol, ceniza, tierra y otros productos naturales, y sin productos químicos”.
Sheibengraf contó que los pequeños productores ven así la ventaja “de no contaminarse ellos y sus familias con los agroquímicos, porque prácticamente todos viven en el mismo lugar donde producen”.
“Además es la única manera de bajar los costos porque el paquete tecnológico que nos venden las empresas está completamente dolarizado y se vuelve inalcanzable especialmente hoy, por la devaluación de la moneda argentina y la decisión del gobierno de suspender prácticamente todos los programas de apoyo a la agricultura familiar”, añadió.
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Fecha de Publicación: 25/09/2018
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional
Frente a una de las estaciones ferroviarias más concurridas de la capital de Argentina, hay largas filas para comprar verduras y hortalizas, que los propios productores ofrecen directamente a los consumidores, a precios varias veces inferiores a las de los comercios.
La escena transcurre en la Plaza Once, cabecera del ferrocarril que va hacia el oeste del Gran Buenos Aires, y es una de las caras de la crisis económica del país, que incluye la aceleración de la tasa de inflación, que ha golpeado particularmente los precios de los alimentos.
“Habíamos anunciado que empezábamos a las 10 de la mañana, pero había fila desde dos horas antes”, contó a IPS Guillermo Riquelme, uno de los productores familiares enrolados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que llegaron llegaron con sus productos en tres camiones, en una iniciativa especial.
La UTT es una asociación de unos 10.000 agricultores de todo el país que trabajan en emprendimientos familiares y en terrenos de una o dos hectáreas, generalmente alquilados. Se instalaron en Plaza Once, en el corazón de Buenos Aires, para demostrar que los alimentos pueden llegar a la población a precios accesibles para todos.
“Nosotros acá vendemos a 10 pesos (0,25 dólares) por kilo. Y por supuesto que ganamos plata igual, porque habitualmente estamos obligados a vender a tres pesos a los intermediarios”, acotó Roberto Eizaguirre.
Tanto Riquelme como Eizaguirre producen remolacha, zanahoria, lechuga, acelga y otros vegetales en los alrededores de la ciudad de La Plata, a unos 60 kilómetros de Buenos Aires, donde se concentran miles de pequeños agricultores.
Ese lugar fue uno de los que visitó Hilal Elver, la relatora especial sobre el Derecho a Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien este viernes 21 concluyó una misión de 10 días a Argentina con una presentación ante los medios, en la que hizo un duro diagnóstico de la situación en la materia.
La funcionaria entregó también este día al gobierno argentino las observaciones preliminares sobre su visita.
Elver, una abogada turca que ocupa el cargo desde 2014, cuestionó las políticas del gobierno que “parecen destinadas a promover aún más la agricultura industrial orientada a la exportación, principalmente de soja y maíz”.
Criticó en ese sentido, “la decisión del gobierno de aprovechar la crisis económica actual para desmantelar el apoyo a la agricultura familiar”, al despedir cerca de 500 trabajadores del Ministerio de Agroindustria, que se justificó con la necesidad de reducir el gasto público.
La relatora visitó también la norteña provincia del Chaco, una de las más pobres del país, en la frontera con Paraguay. Allí, estuvo con indígenas del pueblo qom, también conocido como toba, que por la pobreza dejaron sus tierras ancestrales para mudarse a ciudades cercanas, pero no consiguen integrarse al mercado laboral.
Elver dijo que durante su visita pudo constatar que hay “un creciente número de personas que va a comedores (de asistencia social) o se salta una comida”.
En ese aspecto, señaló la paradoja de que el gobierno asegura que el país produce suficientes alimentos para abastecer a 450 millones de personas en el mundo, mientras casi cuatro millones de ciudadanos enfrentan en el país una seria inseguridad alimentaria.
Argentina, el octavo país del mundo por su superficie y con solo 44 millones de habitantes, posee en la llamada Pampa una llanura de clima templado que es considerada una de las zonas más propicias del planeta para la producción agropecuaria.
La producción agropecuaria tiene un enorme peso en la economía argentina y el año pasado los productos primarios y manufacturados del sector representaron 65 por ciento de las exportaciones del país.
La economía nacional entró este año en un tobogán, fundamentalmente a partir de abril, cuando comenzó una fuerte devaluación de la moneda local, que desde entonces superó ya 100 por ciento.
Eso generó una aceleración de la inflación, que el gobierno había proyectado en 15 por ciento para este año. Pero en los ocho primeros meses del año ya acumuló un incremento de casi 25 por ciento y, en su última actualización, el Ministerio de Hacienda estimó que 2018 terminará con una tasa de inflación acumulada de 42 por ciento.
Pero el alza de precios fue mucho más acelerada en los alimentos, cuya tasa de incremento fue de 88 por ciento en el periodo enero-junio, según un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda, del sur del Gran Buenos Aires.
“La bolsa de harina aumentó de 300 pesos a 1.000 en pocos meses y ya no sabemos cómo contener los precios al público. Estamos pensando en cerrar”, dijo a IPS la encargada de una panadería de Villa Crespo, un barrio de clase media de Buenos Aires, en un relato que se repite en muchos lugares del país.
“El problema es que el trigo es tomado dentro de Argentina como un commodity (bien básico transable), cuyo precio sube cuando sube el dólar, mientras aquí la gente no gana en dólares”, dijo a IPS Teté Piñero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“El gobierno debería regular el precio interno del trigo para que esto no suceda pero no lo hace. Así, hoy los pobres están pasando hambre y la clase media tiene serios problemas”, agregó.
La relatora de alguna manera coincidió con ese diagnóstico, cuando dijo que “el gobierno argetino debería tomar más en cuenta el impacto directo e indirecto de sus medidas de austeridad sobre el acceso a los alimentos por parte de los más pobres”.
De acuerdo al último dato oficial, anunciado en marzo, la pobreza alcanza en Argentina a 25,7 por ciento de la población. Pero el presidente Mauricio Macri admitió en agosto que la proporción crecerá en la próxima medición, debido “al rebote de la inflación, que es el mayor generador de pobreza”.
La funcionaria de la ONU también cuestionó “el efecto adverso sobre los recursos ambientales y la diversidad biológica” del modelo agrícola argentino y en ese sentido mencionó la deforestación, con tasas cercanas a los 27 millones de hectáreas por año, y el fuerte aumento en el uso de agroquímicos.
En Argentina no existen estadísticas sobre agroquímicos, de intensiva utilización en el cultivo de soja transgénica, que cubre más de la mitad de la superficie sembrada en el país, así como en cultivos sin modificar genéticamente
Elver calificó como “milagrosa” la experiencia contracorriente que representan los pequeños agricultores enrolados en la UTT que en el área de la Gran La Plata “producen verduras saludables y libres de plaguicidas”.
“Estos métodos de producción deberían tener mucho más peso en el diseño de la política agrícola argentina”, agregó.
Javier Scheibengraf, coordinador técnico de la UTT, explicó a IPS que “tenemos unas 100 hectáreas, donde trabajamos con un paquete autoproducido de herbicidas y fertilizantes, con estiércol, ceniza, tierra y otros productos naturales, y sin productos químicos”.
Sheibengraf contó que los pequeños productores ven así la ventaja “de no contaminarse ellos y sus familias con los agroquímicos, porque prácticamente todos viven en el mismo lugar donde producen”.
“Además es la única manera de bajar los costos porque el paquete tecnológico que nos venden las empresas está completamente dolarizado y se vuelve inalcanzable especialmente hoy, por la devaluación de la moneda argentina y la decisión del gobierno de suspender prácticamente todos los programas de apoyo a la agricultura familiar”, añadió.
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