Aceptan demanda colectiva contra los transgénicos
08:00 | 
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Eco Sitio |
La Justicia admitió una demanda colectiva ambiental contra los transgénicos
Fecha de Publicación: 23/06/2015
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Nacional
La demanda ordena al Poder Ejecutivo Nacional a suspender provisionalmente la liberación incontrolada a campo abierto de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) como la comercialización de la soja RR 2 PRO / liberty, en violación de la ley de semillas vigente, como así también se disponga el "etiquetado" de los productos que los contengan.
El Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº3 de la Capital Federal, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal, declaró admisible una demanda colectiva ambiental sin precedentes por sus implicancias sociales, políticas y económicas.
Desde el 21 de diciembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina (CSJN) tiene en sus manos una demanda colectiva por daño ambiental contra el Estado nacional y las compañías multinacionales productoras de OGM y el paquete de agrotóxicos asociados a ellos que se utilizan en el modelo productivo agroindustrial argentino desde principios de los 90. El fallo es considerado histórico.
La resolución dictada en la causa caratulada "Gimenez Alicia Fanny otros" (Expediente original Nº 22339/2014) reconoce idoneidad y representación para actuar en nombre de la totalidad de la ciudadanía argentina a un pequeño grupo de afectados directos de las fumigaciones con agrotóxicos, como así también afectados en su carácter de consumidores de alimentos transgénicos.
Los demandados son el Estado nacional, por incumplimiento del deber de control, y un grupo de empresas multinacionales por su acción contaminante (Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow Agrosciences, Pionner, Agrevo, Ciba Geigy y Bayer, entre otras), productoras de OGM, principalmente semillas de soja, maíz,algodón, arroz y el paquete químico atado a su uso (glifosato, sales derivadas del mismo, surfactantes y coadyuvantes).
La modificación artificial del genoma de una planta, o "evento" en la jerga de estas empresas, fueron aprobados en la Argentina desde 1996, por lo que se sembraron y se siembran en la actualidad sin control a gran escala y sin evaluación de impacto o riesgo ambiental alguno, más de treinta millones de hectáreas.
Además, se vierten más de trescientos millones de litros de agrotóxicos (veneno) al ambiente por campaña y, en algunos casos, sobre los habitantes, a sabiendas de las consecuencias dañosas que ello acarrea al ambiente, los ecosistemas, la salud y el patrimonio cultural de las personas.
La demanda atacaba principalmente a los OGM y a sus características asociadas, las que derivaron en la tendencia al monocultivo, el método de siembra directa con la consecuente reducción de mano de obra rural, la concentración económica en manos de pocos productores y pooles de siembra, el meganegocio de las empresas multinacionales oligopólicas y el i impacto sobre la salud de las poblaciones rurales y el medio ambiente.
Demanda. La demanda fue presentada por los abogados especialistas: Jorge Mosset Iturraspe, Daniel Salaberry, Graciela Cristina Vizcay Gómez, Miguel Araya, Horacio Belosi y Santiago Kaplun. La misma sostiene que "se suspenda, también, la aplicación de los agrotóxicos utilizados para su cultivo hasta tanto se determine científicamente la inocuidad de los mismos para el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, la salud de los seres vivos, el patrimonio cultural de los argentinos y, sobre todo, la sostenibilidad de dicho modelo de producción.
"Se exhorta al Poder Legislativo a dictar una ley de bioseguridad y de presupuestos mínimos para uso del recurso suelo y que se condene a las empresas demandadas a "recomponer" o "reparar" el ambiente y ecosistemas dañados (flora y fauna) mediante la reimplantación de cultivares convencionales, la fertilización de suelos y el repoblamiento de especies", sostienen los abogados demandantes en su presentación.
"Para el caso de que ello no fuese posible, se las condene al pago de una suma de dinero a determinar por alguno de los sistemas de monetarización del daño ambiental de uso internacional y, a tal fin, conformar un Fondo de Compensación Ambiental o Fideicomiso, en concepto de resarcimiento", sostiene la resolución.
Los casos
- Caso Sandoval (Bandera, Santiago del Estero) La niña Julieta Sandoval falleció a los siete meses de vida en el 2010. Nació con múltiples malformaciones atribuidas al uso de agroquímicos en su entorno. Su abuelo materno y su padre eran fumigadores y utilizaban glifosato, insecticidas y fungicidas. Alicia Fanny Giménez es la madre de la beba fallecida y ahora respalda el amparo.
- Caso Ayelén. Una niña de cinco años, también residente en Bandera que padece leucemia cuyo origen se relaciona con los agroquímicos.
- Caso Tomasi. Fabián Tomasi, se desempeñó como fumigador en Basavilbaso, Entre Ríos, desde que tenía 23 años. Hoy sufre graves afecciones asociadas a la exposición a los agroquímicos.
- Oscar Lescano. Médico rural y ex intendente de Basavilbaso. A partir de su experiencia en el consultorio se convirtió en uno de los más férreos denunciantes del problema en su provincia.
- Caso Milesi. (Mercedes, Buenos Aires) Allí vive el matrimonio conformado por José Milesi y Silvina Picchioni y su hijo Juan. En 2008, cuando el menor tenía dos años, fué rociado en el patio de su vivienda por un avión fumigador. Tiempo después le diagnosticaron al niño leucemia linfoplástica.
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Fecha de Publicación: 23/06/2015
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Nacional
La demanda ordena al Poder Ejecutivo Nacional a suspender provisionalmente la liberación incontrolada a campo abierto de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) como la comercialización de la soja RR 2 PRO / liberty, en violación de la ley de semillas vigente, como así también se disponga el "etiquetado" de los productos que los contengan.
El Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº3 de la Capital Federal, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal, declaró admisible una demanda colectiva ambiental sin precedentes por sus implicancias sociales, políticas y económicas.
Desde el 21 de diciembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina (CSJN) tiene en sus manos una demanda colectiva por daño ambiental contra el Estado nacional y las compañías multinacionales productoras de OGM y el paquete de agrotóxicos asociados a ellos que se utilizan en el modelo productivo agroindustrial argentino desde principios de los 90. El fallo es considerado histórico.
La resolución dictada en la causa caratulada "Gimenez Alicia Fanny otros" (Expediente original Nº 22339/2014) reconoce idoneidad y representación para actuar en nombre de la totalidad de la ciudadanía argentina a un pequeño grupo de afectados directos de las fumigaciones con agrotóxicos, como así también afectados en su carácter de consumidores de alimentos transgénicos.
Los demandados son el Estado nacional, por incumplimiento del deber de control, y un grupo de empresas multinacionales por su acción contaminante (Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow Agrosciences, Pionner, Agrevo, Ciba Geigy y Bayer, entre otras), productoras de OGM, principalmente semillas de soja, maíz,algodón, arroz y el paquete químico atado a su uso (glifosato, sales derivadas del mismo, surfactantes y coadyuvantes).
La modificación artificial del genoma de una planta, o "evento" en la jerga de estas empresas, fueron aprobados en la Argentina desde 1996, por lo que se sembraron y se siembran en la actualidad sin control a gran escala y sin evaluación de impacto o riesgo ambiental alguno, más de treinta millones de hectáreas.
Además, se vierten más de trescientos millones de litros de agrotóxicos (veneno) al ambiente por campaña y, en algunos casos, sobre los habitantes, a sabiendas de las consecuencias dañosas que ello acarrea al ambiente, los ecosistemas, la salud y el patrimonio cultural de las personas.
La demanda atacaba principalmente a los OGM y a sus características asociadas, las que derivaron en la tendencia al monocultivo, el método de siembra directa con la consecuente reducción de mano de obra rural, la concentración económica en manos de pocos productores y pooles de siembra, el meganegocio de las empresas multinacionales oligopólicas y el i impacto sobre la salud de las poblaciones rurales y el medio ambiente.
Demanda. La demanda fue presentada por los abogados especialistas: Jorge Mosset Iturraspe, Daniel Salaberry, Graciela Cristina Vizcay Gómez, Miguel Araya, Horacio Belosi y Santiago Kaplun. La misma sostiene que "se suspenda, también, la aplicación de los agrotóxicos utilizados para su cultivo hasta tanto se determine científicamente la inocuidad de los mismos para el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, la salud de los seres vivos, el patrimonio cultural de los argentinos y, sobre todo, la sostenibilidad de dicho modelo de producción.
"Se exhorta al Poder Legislativo a dictar una ley de bioseguridad y de presupuestos mínimos para uso del recurso suelo y que se condene a las empresas demandadas a "recomponer" o "reparar" el ambiente y ecosistemas dañados (flora y fauna) mediante la reimplantación de cultivares convencionales, la fertilización de suelos y el repoblamiento de especies", sostienen los abogados demandantes en su presentación.
"Para el caso de que ello no fuese posible, se las condene al pago de una suma de dinero a determinar por alguno de los sistemas de monetarización del daño ambiental de uso internacional y, a tal fin, conformar un Fondo de Compensación Ambiental o Fideicomiso, en concepto de resarcimiento", sostiene la resolución.
Los casos
- Caso Sandoval (Bandera, Santiago del Estero) La niña Julieta Sandoval falleció a los siete meses de vida en el 2010. Nació con múltiples malformaciones atribuidas al uso de agroquímicos en su entorno. Su abuelo materno y su padre eran fumigadores y utilizaban glifosato, insecticidas y fungicidas. Alicia Fanny Giménez es la madre de la beba fallecida y ahora respalda el amparo.
- Caso Ayelén. Una niña de cinco años, también residente en Bandera que padece leucemia cuyo origen se relaciona con los agroquímicos.
- Caso Tomasi. Fabián Tomasi, se desempeñó como fumigador en Basavilbaso, Entre Ríos, desde que tenía 23 años. Hoy sufre graves afecciones asociadas a la exposición a los agroquímicos.
- Oscar Lescano. Médico rural y ex intendente de Basavilbaso. A partir de su experiencia en el consultorio se convirtió en uno de los más férreos denunciantes del problema en su provincia.
- Caso Milesi. (Mercedes, Buenos Aires) Allí vive el matrimonio conformado por José Milesi y Silvina Picchioni y su hijo Juan. En 2008, cuando el menor tenía dos años, fué rociado en el patio de su vivienda por un avión fumigador. Tiempo después le diagnosticaron al niño leucemia linfoplástica.
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Pelambres: una muestra de la "responsabilidad minera"
Remezón político a gran escala en Chile por el basurero minero en San Juan
Fecha de Publicación: 23/06/2015
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Se conoció un informe de minería crítico con Pelambres. Puso al desnudo a la máxima funcionaria, ex empleada del grupo empresario. Un ministro que tuvo que irse por trabajar para los dueños de la basura arrojada del lado argentino. Por Sebastián Saharrea.
Dos revelaciones de los últimos días relacionadas con el conflicto entre dos empresas mineras a ambos lado del límite y sus respectivos países por basura arrojada de un megaproyecto en Chile hacia el lado sanjuanino, han sacudido el tablero político trasandino. Una, la difusión de un paper reservado de la dirección de Minería de ese país contradiciendo a la propia ministra de la actividad, Aurora Williams, quien había extendido una extraña certificación de buena fe a los operadores de Pelambres sobre sus actividades en plena cordillera sanjuanina.
Otra, la parábola de un funcionario de máximo nivel designado por la presidenta Michelle Bachellet, Jorge Insunza, como secretario general de la Presidencia, quien debió renunciar a escasos 28 días de haber asumido porque se conoció que había trabajado para empresas mineras (entre ellas Antofagasta Mineral, la dueña mayoritaria de Pelambres) mientras presidía la comisión parlamentaria de minería.
Pelambres es el nombre del emprendimiento minero situado justo a la altura de San Juan, pero del lado chileno y a muy pocos kilómetros. Es un verdadero gigante de la actividad porque es la segunda mina de cobre chilena y la quinta en actividad de todo el mundo. Está controlada por la compañía Antofagasta Minerals, del grupo Luksic.
Desde hace un año, mantiene un serio litigio con la sanjuanina Pachón, dueña del terreno pegado al límite con Chile, donde la empresa Glencore planea construir una gran mina de cobre del lado argentino con una inversión de U$S 3.000 millones.
El motivo del litigio es que se descubrió una escombrera con material desechado por la mina en Chile arrojado del lado argentino del límite, además de basura como cubiertas de los grandes fuera de ruta. Pelambres negó los cargos señalando que lo hicieron con la autorización del Instituto Geográfico Militar de ese país, que le indicó que la localización del botadero estaba comprendido en terreno chileno, y que luego hubo una comisión que corrigió los hitos limítrofes.
Del lado argentino respondieron que no hubo ninguna corrección de hitos fronterizos y que la acción de la empresa chilena fue conociendo lo que estaban haciendo. En consecuencia, entablaron una acción civil contra Pelambres en el los juzgados federales de San Juan, y cayó en el juez Miguel Gálvez. Le pidieron una cautelar que los obligue a remediar el daño, llevarse el botadero a Chile y pagar una suma de dinero en concepto de daños y alquiler. En abril agregaron también una querella penal contra los máximos directivos de Pelambres.
Esa acción de la empresa argentina en Chile ocasionó una fuerte repercusión en el país trasandino, que acaba de sacudir con un par de remezones en la coyuntura política de ese país. Hace algo más de un mes -el 8 de abril pasado- el abogado de Pelambres Andrés Jana Linetsky, le comunicó a la ministra Aurora Williams sobre la querella a la que estaba siendo sometida la empresa y le solicitó un certificado de "buena fe”. Esa petición, relevada por sitio on line chileno The Clinic, indica que "nos vemos en la necesidad de solicitar al ministerio de Minería que en su respuesta a la presente carta, confirme que en la construcción y operación del botadero Cerro Amarillo, Minera Los Pelambres actuó de buena fe en forma consistente con la información pública disponible en Chile”.
En un tiempo asombrosamente rápido, el ministerio respondió el 22 de abril con la firma del jefe de Gabinete de Williams, Adolfo Galindo, con un documento oficial, incluyendo el membrete ministerial y consignando precisamente lo solicitado: la "buena fe” de Pelambres. Agrega The Clinic que la ministra Williams se desempeñó antes de ser secretaria de Estado como gerente de Administración y Finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, controlada en un 65 % por el Grupo Luksic –a través de las sociedades SAAM Puertos SA e Inversiones Punta de Rieles Ltda.-, es decir la misma controladora de Pelambres.
La decisión del ministerio de emitir el certificado de buena fe generó una sensación extraña en Chile. Porque la cartera no puede emitir una certificación de ese tipo a una empresa a la que debe regular: The Clinic cita a un ex ministro al que no identifica, quien sostiene que no existe una atribución ministerial para certificaciones de ese tipo.
Y eso que no se conocía el documento interno, del director de Minería, indicando que por el contrario, la conducta de Pelambres no fue la correspondiente en cuanto a la cuestión limítrofe. Un mes antes del pedido de Pelambres, Ignacio Moreno, jefe de la repartición elaboró una minuta reservada poniendo en duda lo que luego escribiría la ministra Williams.
Lo primero que dice Moreno es que desde 2013 Pelambres viene sosteniendo la participación del estado chileno para enfrentar la situación, ante lo cual "se les ha manifestado explícitamente” que se trata de un problema entre dos privados "sin perjuicio de colaborar en la búsqueda de una solución”. Es la primera contradicción con el certificado de buena conducta emitido por el Ministerio con el que se defiende Pelambre.
Luego va más al hueso la minuta del director. Señala que –según lo que publicó The Clinic- al solicitar los permisos para construir el basurero en las alturas "Luksic omitió recurrir a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol), tal como era su obligación dado el lugar en que proyectaba eliminar los desechos de su actividad minera y según refiere la cartografía del Instituto Geográfico Militar de 1985”.
El texto de Moreno echa por tierra la tesis de la buena fe al consignar que la Cartografía del Instituto Geográfico Militar señala que "con antelación a toda actividad en terreno que las personas naturales y/o jurídicas, sean de derecho público o privado, desarrollen dentro de una faja de 5 kilómetros desde el límite internacional, deberá ser consultada la Difrol”. Y a la Difrol no acudieron.
Agrega Moreno que "Minera Los Pelambres ha argüido, indirectamente, que es responsabilidad del Estado haber autorizado el botadero comprometiendo territorio argentino ya que la empresa se habría basado de buena fe en una cartografía oficial del Estado. Sin embargo, Sernageomín, quien autorizó el botadero, no tiene competencia respecto a límites y sólo autoriza el botadero considerando las normas vigentes de seguridad minera. Por otro lado, la referida cartografía exige a MLP recurrir a Difrol previo a cualquier actividad en dicha zona, acción que ésta no realizó”.
Agrega la publicación chilena que desde Los Pelambres aseguran que Moreno se equivoca ya que las autorizaciones de la empresa se sustentaron en el mapa de 1996 donde no se exige que se pida permiso a la Difrol para construir y operar. En el ministerio de Minería hubo un sumario interno para evaluar la conducta del funcionario que firmó el certificado de "buena fe”. Por ahora, Williams sigue al frente de la cartera.
El otro efecto político que caló hondo en la coyuntura chilena relacionado con Pelambres fue la corta parábola del ya ex secretario general de la presidenta Bachellet, Jorge Insunza. Fue designado en medio de la remoción masiva que hizo la mandataria luego del hallazgo de las actividades de su propio hijo –también funcionario- con una deuda bancaria para un megaemprendimiento inmobiliario paralelo a su trabajo como funcionario. Debió irse acusado de tráfico de influencias y su madre pidió la renuncia a todo su equipo.
Allí fue cuando señaló a Insunza para que se hiciera cargo de una de las sillas de mayor confianza de la presidenta, la secretaría general. Pero la permanencia del nuevo funcionario duró poco, hasta que se descubrió que durante su trabajo como diputado prestó asesoramiento rentado a un par de empresas mineras: la todopoderosa estatal Codelco y Antofagasta Minerals, justamente la dueña de Pelambres y en el mismo momento en que se produjo el certificado de buena fe emitido por el ministerio de Minería sobre sus actividades en la Argentina. Para redondear la situación, Insunza se desempeñó hasta la designación de Bachellet como presidente de la comisión de Minería.
Insunza reaccionó publicando sus trabajos para esas compañías. Y la semana pasada utilizó el clásico patio de los naranjos de La Moneda para anunciar su alejamiento y señalar un desafío a la oposición política –la derechista UDI- a someterse a los mismos filtros de honestidad bajo sugerencia de que esa doble asignación pública-privada es muy común en toda la dirigencia del país. La presidenta Bachellet le aceptó inmediatamente la renuncia, a sólo 28 días de haberlo designado.
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Fecha de Publicación: 23/06/2015
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Se conoció un informe de minería crítico con Pelambres. Puso al desnudo a la máxima funcionaria, ex empleada del grupo empresario. Un ministro que tuvo que irse por trabajar para los dueños de la basura arrojada del lado argentino. Por Sebastián Saharrea.
Dos revelaciones de los últimos días relacionadas con el conflicto entre dos empresas mineras a ambos lado del límite y sus respectivos países por basura arrojada de un megaproyecto en Chile hacia el lado sanjuanino, han sacudido el tablero político trasandino. Una, la difusión de un paper reservado de la dirección de Minería de ese país contradiciendo a la propia ministra de la actividad, Aurora Williams, quien había extendido una extraña certificación de buena fe a los operadores de Pelambres sobre sus actividades en plena cordillera sanjuanina.
Otra, la parábola de un funcionario de máximo nivel designado por la presidenta Michelle Bachellet, Jorge Insunza, como secretario general de la Presidencia, quien debió renunciar a escasos 28 días de haber asumido porque se conoció que había trabajado para empresas mineras (entre ellas Antofagasta Mineral, la dueña mayoritaria de Pelambres) mientras presidía la comisión parlamentaria de minería.
Pelambres es el nombre del emprendimiento minero situado justo a la altura de San Juan, pero del lado chileno y a muy pocos kilómetros. Es un verdadero gigante de la actividad porque es la segunda mina de cobre chilena y la quinta en actividad de todo el mundo. Está controlada por la compañía Antofagasta Minerals, del grupo Luksic.
Desde hace un año, mantiene un serio litigio con la sanjuanina Pachón, dueña del terreno pegado al límite con Chile, donde la empresa Glencore planea construir una gran mina de cobre del lado argentino con una inversión de U$S 3.000 millones.
El motivo del litigio es que se descubrió una escombrera con material desechado por la mina en Chile arrojado del lado argentino del límite, además de basura como cubiertas de los grandes fuera de ruta. Pelambres negó los cargos señalando que lo hicieron con la autorización del Instituto Geográfico Militar de ese país, que le indicó que la localización del botadero estaba comprendido en terreno chileno, y que luego hubo una comisión que corrigió los hitos limítrofes.
Del lado argentino respondieron que no hubo ninguna corrección de hitos fronterizos y que la acción de la empresa chilena fue conociendo lo que estaban haciendo. En consecuencia, entablaron una acción civil contra Pelambres en el los juzgados federales de San Juan, y cayó en el juez Miguel Gálvez. Le pidieron una cautelar que los obligue a remediar el daño, llevarse el botadero a Chile y pagar una suma de dinero en concepto de daños y alquiler. En abril agregaron también una querella penal contra los máximos directivos de Pelambres.
Esa acción de la empresa argentina en Chile ocasionó una fuerte repercusión en el país trasandino, que acaba de sacudir con un par de remezones en la coyuntura política de ese país. Hace algo más de un mes -el 8 de abril pasado- el abogado de Pelambres Andrés Jana Linetsky, le comunicó a la ministra Aurora Williams sobre la querella a la que estaba siendo sometida la empresa y le solicitó un certificado de "buena fe”. Esa petición, relevada por sitio on line chileno The Clinic, indica que "nos vemos en la necesidad de solicitar al ministerio de Minería que en su respuesta a la presente carta, confirme que en la construcción y operación del botadero Cerro Amarillo, Minera Los Pelambres actuó de buena fe en forma consistente con la información pública disponible en Chile”.
En un tiempo asombrosamente rápido, el ministerio respondió el 22 de abril con la firma del jefe de Gabinete de Williams, Adolfo Galindo, con un documento oficial, incluyendo el membrete ministerial y consignando precisamente lo solicitado: la "buena fe” de Pelambres. Agrega The Clinic que la ministra Williams se desempeñó antes de ser secretaria de Estado como gerente de Administración y Finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, controlada en un 65 % por el Grupo Luksic –a través de las sociedades SAAM Puertos SA e Inversiones Punta de Rieles Ltda.-, es decir la misma controladora de Pelambres.
La decisión del ministerio de emitir el certificado de buena fe generó una sensación extraña en Chile. Porque la cartera no puede emitir una certificación de ese tipo a una empresa a la que debe regular: The Clinic cita a un ex ministro al que no identifica, quien sostiene que no existe una atribución ministerial para certificaciones de ese tipo.
Y eso que no se conocía el documento interno, del director de Minería, indicando que por el contrario, la conducta de Pelambres no fue la correspondiente en cuanto a la cuestión limítrofe. Un mes antes del pedido de Pelambres, Ignacio Moreno, jefe de la repartición elaboró una minuta reservada poniendo en duda lo que luego escribiría la ministra Williams.
Lo primero que dice Moreno es que desde 2013 Pelambres viene sosteniendo la participación del estado chileno para enfrentar la situación, ante lo cual "se les ha manifestado explícitamente” que se trata de un problema entre dos privados "sin perjuicio de colaborar en la búsqueda de una solución”. Es la primera contradicción con el certificado de buena conducta emitido por el Ministerio con el que se defiende Pelambre.
Luego va más al hueso la minuta del director. Señala que –según lo que publicó The Clinic- al solicitar los permisos para construir el basurero en las alturas "Luksic omitió recurrir a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol), tal como era su obligación dado el lugar en que proyectaba eliminar los desechos de su actividad minera y según refiere la cartografía del Instituto Geográfico Militar de 1985”.
El texto de Moreno echa por tierra la tesis de la buena fe al consignar que la Cartografía del Instituto Geográfico Militar señala que "con antelación a toda actividad en terreno que las personas naturales y/o jurídicas, sean de derecho público o privado, desarrollen dentro de una faja de 5 kilómetros desde el límite internacional, deberá ser consultada la Difrol”. Y a la Difrol no acudieron.
Agrega Moreno que "Minera Los Pelambres ha argüido, indirectamente, que es responsabilidad del Estado haber autorizado el botadero comprometiendo territorio argentino ya que la empresa se habría basado de buena fe en una cartografía oficial del Estado. Sin embargo, Sernageomín, quien autorizó el botadero, no tiene competencia respecto a límites y sólo autoriza el botadero considerando las normas vigentes de seguridad minera. Por otro lado, la referida cartografía exige a MLP recurrir a Difrol previo a cualquier actividad en dicha zona, acción que ésta no realizó”.
Agrega la publicación chilena que desde Los Pelambres aseguran que Moreno se equivoca ya que las autorizaciones de la empresa se sustentaron en el mapa de 1996 donde no se exige que se pida permiso a la Difrol para construir y operar. En el ministerio de Minería hubo un sumario interno para evaluar la conducta del funcionario que firmó el certificado de "buena fe”. Por ahora, Williams sigue al frente de la cartera.
El otro efecto político que caló hondo en la coyuntura chilena relacionado con Pelambres fue la corta parábola del ya ex secretario general de la presidenta Bachellet, Jorge Insunza. Fue designado en medio de la remoción masiva que hizo la mandataria luego del hallazgo de las actividades de su propio hijo –también funcionario- con una deuda bancaria para un megaemprendimiento inmobiliario paralelo a su trabajo como funcionario. Debió irse acusado de tráfico de influencias y su madre pidió la renuncia a todo su equipo.
Allí fue cuando señaló a Insunza para que se hiciera cargo de una de las sillas de mayor confianza de la presidenta, la secretaría general. Pero la permanencia del nuevo funcionario duró poco, hasta que se descubrió que durante su trabajo como diputado prestó asesoramiento rentado a un par de empresas mineras: la todopoderosa estatal Codelco y Antofagasta Minerals, justamente la dueña de Pelambres y en el mismo momento en que se produjo el certificado de buena fe emitido por el ministerio de Minería sobre sus actividades en la Argentina. Para redondear la situación, Insunza se desempeñó hasta la designación de Bachellet como presidente de la comisión de Minería.
Insunza reaccionó publicando sus trabajos para esas compañías. Y la semana pasada utilizó el clásico patio de los naranjos de La Moneda para anunciar su alejamiento y señalar un desafío a la oposición política –la derechista UDI- a someterse a los mismos filtros de honestidad bajo sugerencia de que esa doble asignación pública-privada es muy común en toda la dirigencia del país. La presidenta Bachellet le aceptó inmediatamente la renuncia, a sólo 28 días de haberlo designado.
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Un vertedero en Salta va a auditoría
Una auditoría para dilucidar si el vertedero San Javier contamina
Fecha de Publicación: 23/06/2015
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Esta tarde, a las 17.30, se reunirán los tres auditores ambientales con una comisión de concejales para delinear el protocolo de estudio del vertedero San Javier y su posible contaminación, según anticipó a El Tribuno el edil José Britos.
Un informe sobre presunta contaminación ambiental desprendida del vertedero San Javier causó alarma en el cuerpo deliberativo de la ciudad de Salta.
El estudio sugiere que los líquidos lixiviados del relleno sanitario no tendrían tratamiento adecuado y podrían afectar aguas subterráneas y superficiales del río Arenales, afluente directo del dique Cabra Corral.
El informe fue encargado por el cuerpo legislativo capitalino y estuvo a cargo del licenciado en Recursos Naturales Lucas Seghezzo, investigador independiente del Conicet y vicedirector del Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional (Inenco).
Las conclusiones de Seghezzo originaron un pedido de auditoria sobre el tratamiento de residuos en el relleno sanitario de la ciudad. Así, una comisión de concejales designó a tres especialistas para realizar la auditoría ambiental sobre el relleno sanitario San Javier. Fueron seleccionados el geólogo Carlos Manjarrez, la ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, María Mesilla y la ingeniera química Gloria Plaza.
Seghezzo basó su análisis en datos provistos por Agrotécnica Fueguina. El referente del Inenco infirió, en base a las toneladas de basura que ingresa al relleno, que se producirían unos 50.000 litros de lixiviado por día. De acuerdo con esa estimación, el volúmen de líquido contaminante desprendido de la basura y tratado conforme a normas sería 30.000 litros mayor de lo que declaró la empresa. De ahí surge el interrogante sobre el destino de los supuestos excedentes, que se filtrarían del vertedero y afectarían aguas subterráneas y superficiales. En el informe técnico se destaca además un estudio sobre los ríos Arenales y Ancho, en los que se observa una alta presencia de bacterias coliformes y patógenas, aunque los índices de contaminación no varían significativamente aguas arriba y abajo del vertedero.
Seghezzo estimó que las bacterias "muy probablemente provienen de descargas de líquidos cloacales crudos o parcialmente tratados desde la planta depuradora de la zona sur y descargas ilegales".
Hizo notar, además, que en los análisis se detectaron concentraciones de metales como hierro, aluminio, níquel y zinc que pueden provenir de pilas, baterías desechadas y residuos industriales.
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Fecha de Publicación: 23/06/2015
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Esta tarde, a las 17.30, se reunirán los tres auditores ambientales con una comisión de concejales para delinear el protocolo de estudio del vertedero San Javier y su posible contaminación, según anticipó a El Tribuno el edil José Britos.
Un informe sobre presunta contaminación ambiental desprendida del vertedero San Javier causó alarma en el cuerpo deliberativo de la ciudad de Salta.
El estudio sugiere que los líquidos lixiviados del relleno sanitario no tendrían tratamiento adecuado y podrían afectar aguas subterráneas y superficiales del río Arenales, afluente directo del dique Cabra Corral.
El informe fue encargado por el cuerpo legislativo capitalino y estuvo a cargo del licenciado en Recursos Naturales Lucas Seghezzo, investigador independiente del Conicet y vicedirector del Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional (Inenco).
Las conclusiones de Seghezzo originaron un pedido de auditoria sobre el tratamiento de residuos en el relleno sanitario de la ciudad. Así, una comisión de concejales designó a tres especialistas para realizar la auditoría ambiental sobre el relleno sanitario San Javier. Fueron seleccionados el geólogo Carlos Manjarrez, la ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, María Mesilla y la ingeniera química Gloria Plaza.
Seghezzo basó su análisis en datos provistos por Agrotécnica Fueguina. El referente del Inenco infirió, en base a las toneladas de basura que ingresa al relleno, que se producirían unos 50.000 litros de lixiviado por día. De acuerdo con esa estimación, el volúmen de líquido contaminante desprendido de la basura y tratado conforme a normas sería 30.000 litros mayor de lo que declaró la empresa. De ahí surge el interrogante sobre el destino de los supuestos excedentes, que se filtrarían del vertedero y afectarían aguas subterráneas y superficiales. En el informe técnico se destaca además un estudio sobre los ríos Arenales y Ancho, en los que se observa una alta presencia de bacterias coliformes y patógenas, aunque los índices de contaminación no varían significativamente aguas arriba y abajo del vertedero.
Seghezzo estimó que las bacterias "muy probablemente provienen de descargas de líquidos cloacales crudos o parcialmente tratados desde la planta depuradora de la zona sur y descargas ilegales".
Hizo notar, además, que en los análisis se detectaron concentraciones de metales como hierro, aluminio, níquel y zinc que pueden provenir de pilas, baterías desechadas y residuos industriales.
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El Acuífero Guaraní en riesgo por mala gestión
La Nación advirtió irregularidades en la gestión del Acuífero Guaraní
Fecha de Publicación: 22/06/2015
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Nacional
Un informe de la Auditoría General afirmó que el acuerdo contra la contaminación del recurso natural no fue implementado por Brasil y Paraguay. Indicó que Argentina no posee leyes para el cuidado integral del agua
En el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), habrían sido detectadas serias irregularidades en materia legal, técnica y en los monitoreos de las perforaciones. Esto se desprende de un informe presentado por la Auditoría General de la Nación (AGN), que analiza la gestión del sistema durante el período 2011-2013.
Cabe mencionar que el proyecto comprende los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (Ver: “Extensión geográfica...”).
En el informe de la Auditoría, se da cuenta de que el Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible (PSAG) jamás fue implementado por los gobiernos regionales que lo habían solicitado. Fueron Brasil y Paraguay los que no se adhirieron al acuerdo, como único instrumento regional del Acuífero.
El proyecto, desde un principio, fue solicitado por dichos gobiernos al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, con la finalidad de preservar al Acuífero de contaminación y lograr su desarrollo sustentable.
Para lograrlo, según el informe, “en julio del 2002, el Banco Mundial aprobó una donación de 13.400.000 dólares a los cuatro países, para la realización de investigaciones con el propósito de elaborar un marco común institucional, legal y técnico para preservar y manejar el SAG para las generaciones actuales y futuras”. Sin embargo, el proyecto finalizó el 31 de enero de 2009 y no fue acompañado a escala regional por las naciones involucradas.
Una vez finalizada la iniciativa, se firmó un acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, compuesto de 22 artículos entre las cancillerías de los cuatro gobiernos, pero solamente lo han ratificado en su derecho interno Uruguay y Argentina, por lo que resta la ratificación de Paraguay y Brasil para que pueda entrar en vigencia.
Este acuerdo, firmado el 12 de Agosto en San Juan, plantea que si una de las naciones quiere iniciar cualquier tipo de actividad sobre el acuífero que perjudique a los demás firmantes, deberá ser suspendida mientras duren las consultas y negociaciones.
Hasta que el escrito entre en vigencia, en virtud de la ratificación de los países restantes, no habrá una instancia de interpretación y decisión de controversias. En consecuencia, el informe de la Auditoría recomienda propiciar la suscripción del acuerdo del SAG a fin de contar con un instrumento regional del estudio, la investigación y el uso del recurso.
Problemas a nivel nacional
Con respecto a la Nación y las provincias, establece que, aunque acordaron los Principios Rectores para las Políticas Hídricas, no han sido establecidos mediante ley y tampoco implementados por la Autoridad Hídrica Nacional.
El informe destaca que la Ley 25.688, que regula la Gestión Ambiental de Aguas, no fue reglamentada y no se ha definido su autoridad de aplicación. Es decir, en nuestro país no funciona una legislación de presupuestos mínimos orientada a la gestión integral de agua.
En este sentido, la Auditoría solicita el ajuste del Plan Federal de Aguas Subterráneas, a fin de establecer metas claras, con plazos medibles y con responsables de los mismos.
Investigación y monitoreo
Con respecto al Plan Federal de Aguas Subterráneas, el informe lo calificó como “un avance necesario”, aunque señaló que los recursos presupuestarios y humanos que se destinan a su implementación son escasos. Por eso, insta a destinar dichos recursos para homogeneizar criterios y continuar la actividad de monitoreo del SAG e iniciarla en áreas posiblemente vinculadas.
Para finalizar, se requirió que la Subsecretaría de Recursos Hídricos incremente las actividades de investigación y articule con el sistema nacional de investigación, los organismos científicos-técnicos hídricos y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.
Extensión geográfica del Acuífero
El Sistema Acuífero Guaraní tiene un área de extensión aproximada de más de un millón de kilómetros cuadrados y está localizado en sectores del subsuelo de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en coincidencia con parte de la Cuenca Hidrográfica del Plata.
En toda esa área, se ubican alrededor de 1500 municipios de los cuatro países, con una población total de 23.500.000 habitantes, de los cuales nueve millones se abastecen del Acuífero.
Además, de las 7.500 perforaciones que tiene el Acuífero en los cuatro países, 200 se encuentran en Argentina. En Misiones, hay cuatro pozos: en Oberá, Cerro Azul, Villa Bonita y Posadas.
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Fecha de Publicación: 22/06/2015
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Nacional
Un informe de la Auditoría General afirmó que el acuerdo contra la contaminación del recurso natural no fue implementado por Brasil y Paraguay. Indicó que Argentina no posee leyes para el cuidado integral del agua
En el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), habrían sido detectadas serias irregularidades en materia legal, técnica y en los monitoreos de las perforaciones. Esto se desprende de un informe presentado por la Auditoría General de la Nación (AGN), que analiza la gestión del sistema durante el período 2011-2013.
Cabe mencionar que el proyecto comprende los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (Ver: “Extensión geográfica...”).
En el informe de la Auditoría, se da cuenta de que el Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible (PSAG) jamás fue implementado por los gobiernos regionales que lo habían solicitado. Fueron Brasil y Paraguay los que no se adhirieron al acuerdo, como único instrumento regional del Acuífero.
El proyecto, desde un principio, fue solicitado por dichos gobiernos al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, con la finalidad de preservar al Acuífero de contaminación y lograr su desarrollo sustentable.
Para lograrlo, según el informe, “en julio del 2002, el Banco Mundial aprobó una donación de 13.400.000 dólares a los cuatro países, para la realización de investigaciones con el propósito de elaborar un marco común institucional, legal y técnico para preservar y manejar el SAG para las generaciones actuales y futuras”. Sin embargo, el proyecto finalizó el 31 de enero de 2009 y no fue acompañado a escala regional por las naciones involucradas.
Una vez finalizada la iniciativa, se firmó un acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, compuesto de 22 artículos entre las cancillerías de los cuatro gobiernos, pero solamente lo han ratificado en su derecho interno Uruguay y Argentina, por lo que resta la ratificación de Paraguay y Brasil para que pueda entrar en vigencia.
Este acuerdo, firmado el 12 de Agosto en San Juan, plantea que si una de las naciones quiere iniciar cualquier tipo de actividad sobre el acuífero que perjudique a los demás firmantes, deberá ser suspendida mientras duren las consultas y negociaciones.
Hasta que el escrito entre en vigencia, en virtud de la ratificación de los países restantes, no habrá una instancia de interpretación y decisión de controversias. En consecuencia, el informe de la Auditoría recomienda propiciar la suscripción del acuerdo del SAG a fin de contar con un instrumento regional del estudio, la investigación y el uso del recurso.
Problemas a nivel nacional
Con respecto a la Nación y las provincias, establece que, aunque acordaron los Principios Rectores para las Políticas Hídricas, no han sido establecidos mediante ley y tampoco implementados por la Autoridad Hídrica Nacional.
El informe destaca que la Ley 25.688, que regula la Gestión Ambiental de Aguas, no fue reglamentada y no se ha definido su autoridad de aplicación. Es decir, en nuestro país no funciona una legislación de presupuestos mínimos orientada a la gestión integral de agua.
En este sentido, la Auditoría solicita el ajuste del Plan Federal de Aguas Subterráneas, a fin de establecer metas claras, con plazos medibles y con responsables de los mismos.
Investigación y monitoreo
Con respecto al Plan Federal de Aguas Subterráneas, el informe lo calificó como “un avance necesario”, aunque señaló que los recursos presupuestarios y humanos que se destinan a su implementación son escasos. Por eso, insta a destinar dichos recursos para homogeneizar criterios y continuar la actividad de monitoreo del SAG e iniciarla en áreas posiblemente vinculadas.
Para finalizar, se requirió que la Subsecretaría de Recursos Hídricos incremente las actividades de investigación y articule con el sistema nacional de investigación, los organismos científicos-técnicos hídricos y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.
Extensión geográfica del Acuífero
El Sistema Acuífero Guaraní tiene un área de extensión aproximada de más de un millón de kilómetros cuadrados y está localizado en sectores del subsuelo de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en coincidencia con parte de la Cuenca Hidrográfica del Plata.
En toda esa área, se ubican alrededor de 1500 municipios de los cuatro países, con una población total de 23.500.000 habitantes, de los cuales nueve millones se abastecen del Acuífero.
Además, de las 7.500 perforaciones que tiene el Acuífero en los cuatro países, 200 se encuentran en Argentina. En Misiones, hay cuatro pozos: en Oberá, Cerro Azul, Villa Bonita y Posadas.
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Chubut releva sus aves silvestres
La Dirección Provincial de Fauna avanza con el relevamiento de aves silvestres
Fecha de Publicación: 22/06/2015
Fuente: Gobierno de la Provincia de Chubut
Provincia/Región: Chubut
El Gobierno de la Provincia continúa trabajando en el listado oficial de aves silvestres del Chubut. Se trata de una propuesta ligada con la conservación de la biodiversidad.
La Dirección de Flora y Fauna Silvestre, dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, continúa promoviendo encuentros con diferentes organismos públicos y entidades sociales para definir el cuadro actualizado de especies y sus categorizaciones.
En ese contexto, tuvo lugar una actividad en la ciudad de Esquel, donde participaron investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, miembros del Club Observadores de Aves (COA) “Diucón Comarca Los Alerces” y representantes de la Administración de Parques Nacionales.
Al respecto, Silvana Montanelli, directora de Flora y Fauna, explicó que “estamos haciendo la lista de aves oficiales de la provincia” y comentó también que esta iniciativa surgió a raíz de la “recategorización que se realiza desde el año pasado a nivel nacional”.
Señaló que a lo largo de estos últimos meses “hemos convocado a diversas organizaciones” para debatir y consensuar el posible cuadro que, dijo, podría estar finalizado en poco más de un mes. “En esta clase de talleres, como el de Esquel, se hace intercambio de opiniones y se revisa el listado”, agregó la funcionaria.
La medida, según resaltó, permitirá que las autoridades de aplicación tomen mejores decisiones respecto de los usos sustentables posibles de algunas especies, la generación de proyectos de conservación y la sanción de normativa más específica, entre otras acciones.
Adelantó además que una vez aprobada la lista oficial de aves del Chubut “subiremos toda la información a la página web de la Dirección de Fauna para que sea una fuente de consulta constante destinada a investigadores de la Universidad, biólogos y gente interesada en realizar algún tipo de estudio”.
Montanelli agregó que bajo el inventario “tendremos más de 100 especies”, con lo cual “estamos hablando de un número importante”.
Finalmente dijo que en los encuentros con referentes de las organizaciones “analizamos las características de las aves y sus condiciones. Discutimos en virtud de un protocolo y luego se toman decisiones”.
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Fecha de Publicación: 22/06/2015
Fuente: Gobierno de la Provincia de Chubut
Provincia/Región: Chubut
El Gobierno de la Provincia continúa trabajando en el listado oficial de aves silvestres del Chubut. Se trata de una propuesta ligada con la conservación de la biodiversidad.
La Dirección de Flora y Fauna Silvestre, dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, continúa promoviendo encuentros con diferentes organismos públicos y entidades sociales para definir el cuadro actualizado de especies y sus categorizaciones.
En ese contexto, tuvo lugar una actividad en la ciudad de Esquel, donde participaron investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, miembros del Club Observadores de Aves (COA) “Diucón Comarca Los Alerces” y representantes de la Administración de Parques Nacionales.
Al respecto, Silvana Montanelli, directora de Flora y Fauna, explicó que “estamos haciendo la lista de aves oficiales de la provincia” y comentó también que esta iniciativa surgió a raíz de la “recategorización que se realiza desde el año pasado a nivel nacional”.
Señaló que a lo largo de estos últimos meses “hemos convocado a diversas organizaciones” para debatir y consensuar el posible cuadro que, dijo, podría estar finalizado en poco más de un mes. “En esta clase de talleres, como el de Esquel, se hace intercambio de opiniones y se revisa el listado”, agregó la funcionaria.
La medida, según resaltó, permitirá que las autoridades de aplicación tomen mejores decisiones respecto de los usos sustentables posibles de algunas especies, la generación de proyectos de conservación y la sanción de normativa más específica, entre otras acciones.
Adelantó además que una vez aprobada la lista oficial de aves del Chubut “subiremos toda la información a la página web de la Dirección de Fauna para que sea una fuente de consulta constante destinada a investigadores de la Universidad, biólogos y gente interesada en realizar algún tipo de estudio”.
Montanelli agregó que bajo el inventario “tendremos más de 100 especies”, con lo cual “estamos hablando de un número importante”.
Finalmente dijo que en los encuentros con referentes de las organizaciones “analizamos las características de las aves y sus condiciones. Discutimos en virtud de un protocolo y luego se toman decisiones”.
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Córdoba: quieren usar drones para detección de fuego
Quieren usar drones para la detección de fuego en las Sierras
Fecha de Publicación: 22/06/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Un grupo de docentes y estudiantes proyecta aplicar estos vehículos aéreos no tripulados para monitorear la zona de Alpa Corral. Podrían extenderse a usos agrícolas y ambientales.
Río Cuarto. El grupo de investigadores de Sistemas de Tiempo Real (GSTR) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) avanza en un proyecto para utilizar drones en la detección temprana de incendios rurales y forestales y para el monitoreo del fuego.
La mayoría de los integrantes del grupo son ingenieros, docentes y becarios, los cuales trabajan también en el Área Material Río Cuarto, que depende de la Fuerza Aérea.
Además de la lucha contra el fuego que tanto ha afectado a las sierras cordobesas, se preparan para armar y programar drones para otras aplicaciones, como la agricultura de precisión (con cámaras que miden el “índice verde”), peritajes para seguro de granizo, control de hacienda, seguridad y monitoreo de erosión, entre otros usos. El director del proyecto es Manuel Amor.
“Para la detección de incendios la idea es utilizar cámaras especiales infrarrojas, con una computadora asociada que recibe la información y avisa a una estación terrena que envía alarmas a la gente encargada. Al dron se le puede asignar toda una región para que esté patrullando”, explica Pablo Solivellas, docente investigador.
“Ahora estamos armando equipos y programando. La mayoría de las cosas las tenemos resueltas. Las cámaras que detectan el calor se compraron pero hace casi un año están trabadas en la Aduana. Una vez que las tengamos, es cuestión de integrarlo. Al menos un prototipo vamos a tener volando”, agregó el profesor Mauricio Príncipi.
Los investigadores explican que en Alpa Corral (en las sierras del sur de Córdoba), donde hubo incendios importantes en los últimos años, los bomberos voluntarios, productores agropecuarios y la Municipalidad quieren poner en marcha la iniciativa, pero se espera la aprobación de aportes económicos para el equipamiento.
Arístides Silvestris y Martín Marcos, ambos becarios, explican que el monitoreo con drones tiene un costo “muy inferior” al de un helicóptero, además de proporcionar información más precisa. En el mercado hay drones desde los 30 dólares hasta los 50 mil. Para las sierras se necesitan equipamientos “robustos”, aclaran.
“Al dron lo armás, le planificás una misión y después es autónomo, tiene cierta inteligencia para mantenerse estabilizado. Por ejemplo, si detecta viento busca compensarlo solo. El operador lo puede encender e irse. El dron despega, cumple la misión y vuelve a su lugar”, explica Damián Primo
“Trabajar con drones es como un juego, pero con un fin productivo. A mí me entusiasma todo, desde meter la mano en el software hasta armar los avioncitos. Es emocionante, sobre todo sabiendo que esto va a ir cada vez a más. Estamos esperando las regulaciones, ver qué nos dejan hacer y qué no”, acota Hernán Ponso.
La Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) analiza en estos días dictar una normativa que regulen el uso de estos dispositivos. Trascendió que se fijarán limitaciones sobre donde podrán volar, que los “pilotos” deberán sacar una licencia y que el dron deberá tener un seguro contra terceros, entre otras medidas.
Otros desarrollos
El GSTR también construyó recientemente un módulo invitado para un cohete argentino, en el que además de hacer mediciones, están probando calidad de piezas, comparando equipos chinos con europeos.
Los docentes agregan que estos avances tecnológicos eran inimaginables cuando comenzaron a estudiar Ingeniería y su objetivo ahora es atraer más interesados a la carrera.
“Aspiramos a tener más estudiantes. La tecnología sale de la juventud, es importante lo que aporta, lo que aprende”, agrega entusiasmado Príncipi.
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Fecha de Publicación: 22/06/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Un grupo de docentes y estudiantes proyecta aplicar estos vehículos aéreos no tripulados para monitorear la zona de Alpa Corral. Podrían extenderse a usos agrícolas y ambientales.
Río Cuarto. El grupo de investigadores de Sistemas de Tiempo Real (GSTR) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) avanza en un proyecto para utilizar drones en la detección temprana de incendios rurales y forestales y para el monitoreo del fuego.
La mayoría de los integrantes del grupo son ingenieros, docentes y becarios, los cuales trabajan también en el Área Material Río Cuarto, que depende de la Fuerza Aérea.
Además de la lucha contra el fuego que tanto ha afectado a las sierras cordobesas, se preparan para armar y programar drones para otras aplicaciones, como la agricultura de precisión (con cámaras que miden el “índice verde”), peritajes para seguro de granizo, control de hacienda, seguridad y monitoreo de erosión, entre otros usos. El director del proyecto es Manuel Amor.
“Para la detección de incendios la idea es utilizar cámaras especiales infrarrojas, con una computadora asociada que recibe la información y avisa a una estación terrena que envía alarmas a la gente encargada. Al dron se le puede asignar toda una región para que esté patrullando”, explica Pablo Solivellas, docente investigador.
“Ahora estamos armando equipos y programando. La mayoría de las cosas las tenemos resueltas. Las cámaras que detectan el calor se compraron pero hace casi un año están trabadas en la Aduana. Una vez que las tengamos, es cuestión de integrarlo. Al menos un prototipo vamos a tener volando”, agregó el profesor Mauricio Príncipi.
Los investigadores explican que en Alpa Corral (en las sierras del sur de Córdoba), donde hubo incendios importantes en los últimos años, los bomberos voluntarios, productores agropecuarios y la Municipalidad quieren poner en marcha la iniciativa, pero se espera la aprobación de aportes económicos para el equipamiento.
Arístides Silvestris y Martín Marcos, ambos becarios, explican que el monitoreo con drones tiene un costo “muy inferior” al de un helicóptero, además de proporcionar información más precisa. En el mercado hay drones desde los 30 dólares hasta los 50 mil. Para las sierras se necesitan equipamientos “robustos”, aclaran.
“Al dron lo armás, le planificás una misión y después es autónomo, tiene cierta inteligencia para mantenerse estabilizado. Por ejemplo, si detecta viento busca compensarlo solo. El operador lo puede encender e irse. El dron despega, cumple la misión y vuelve a su lugar”, explica Damián Primo
“Trabajar con drones es como un juego, pero con un fin productivo. A mí me entusiasma todo, desde meter la mano en el software hasta armar los avioncitos. Es emocionante, sobre todo sabiendo que esto va a ir cada vez a más. Estamos esperando las regulaciones, ver qué nos dejan hacer y qué no”, acota Hernán Ponso.
La Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) analiza en estos días dictar una normativa que regulen el uso de estos dispositivos. Trascendió que se fijarán limitaciones sobre donde podrán volar, que los “pilotos” deberán sacar una licencia y que el dron deberá tener un seguro contra terceros, entre otras medidas.
Otros desarrollos
El GSTR también construyó recientemente un módulo invitado para un cohete argentino, en el que además de hacer mediciones, están probando calidad de piezas, comparando equipos chinos con europeos.
Los docentes agregan que estos avances tecnológicos eran inimaginables cuando comenzaron a estudiar Ingeniería y su objetivo ahora es atraer más interesados a la carrera.
“Aspiramos a tener más estudiantes. La tecnología sale de la juventud, es importante lo que aporta, lo que aprende”, agrega entusiasmado Príncipi.
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Lago Puelo no quiso saber más del glifosato
Se prohíbe la comercialización y uso del glifosato en Lago Puelo
Fecha de Publicación: 21/06/2015
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Chubut
El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Lago Puelo, sancionó una ordenanza para prohibir el uso del glifosato.
La ordenanza municipal N° 024/15 fue sancionada por los concejales locales tras la investigación de expertos científicos de varios países que comprobaron y argumentaron que el glifosato es un agroquímico capaz de generar cáncer en animales y en humanos.
La Concejal de Lago Puelo, Rosa Loyola, expresó que tengamos en cuenta el peligro que causa el químico y que se debe realizar un preciso control y una toma de conciencia por todos los habitantes. "Ya está la prohibición, ya se charló" resaltó. Explicó que la ordenanza sancionada fue enviada a toda la Comarca para que todos los Concejos municipales se unan a la prohibición de tal químico. "Debemos exigir que haya un control estricto", indicó.
El Concejo defiende la necesidad de tomar recaudos pertinentes para evitar de forma tajante el uso de dicho producto en la localidad, a fin de conservar el medio ambiente y propender a una mejor calidad de vida de todos los habitantes. A su vez, el Cuerpo Legislativo señaló que es necesario coordinar acciones con el Municipio de El Bolsón con el fin de evitar el uso de del mencionado producto químico, dado que las dos localidades comparten cursos de agua y son parte de un mismo valle.
¿Qué es el glifosato?
Es un herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es un herbicida total. Es absorbido por las hojas y no por las raíces. Se puede aplicar a las hojas, inyectarse a troncos y tallos, o pulverizarse a tocones como herbicida forestal.
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Fecha de Publicación: 21/06/2015
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Chubut
El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Lago Puelo, sancionó una ordenanza para prohibir el uso del glifosato.
La ordenanza municipal N° 024/15 fue sancionada por los concejales locales tras la investigación de expertos científicos de varios países que comprobaron y argumentaron que el glifosato es un agroquímico capaz de generar cáncer en animales y en humanos.
La Concejal de Lago Puelo, Rosa Loyola, expresó que tengamos en cuenta el peligro que causa el químico y que se debe realizar un preciso control y una toma de conciencia por todos los habitantes. "Ya está la prohibición, ya se charló" resaltó. Explicó que la ordenanza sancionada fue enviada a toda la Comarca para que todos los Concejos municipales se unan a la prohibición de tal químico. "Debemos exigir que haya un control estricto", indicó.
El Concejo defiende la necesidad de tomar recaudos pertinentes para evitar de forma tajante el uso de dicho producto en la localidad, a fin de conservar el medio ambiente y propender a una mejor calidad de vida de todos los habitantes. A su vez, el Cuerpo Legislativo señaló que es necesario coordinar acciones con el Municipio de El Bolsón con el fin de evitar el uso de del mencionado producto químico, dado que las dos localidades comparten cursos de agua y son parte de un mismo valle.
¿Qué es el glifosato?
Es un herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es un herbicida total. Es absorbido por las hojas y no por las raíces. Se puede aplicar a las hojas, inyectarse a troncos y tallos, o pulverizarse a tocones como herbicida forestal.
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Misiones: dictarán una tecnicatura en ecología urbana
En agosto comenzarán a dictar la tecnicatura en ecología urbana en Posadas
Fecha de Publicación: 21/06/2015
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El Instituto Multiversidad Popular, con sede en la ciudad de Posadas, comenzará a dictar desde el mes de agosto la Tecnicatura en Ecología Urbana. “Va a ser un tecnicatura de tres años, como la Tecnicatura Superior en Agroecología, presencial, con una carga horaria importante, de tres o cuatro horas”, contó Marita Ramos, rectora de la casa de estudios.
Esta nueva tecnicatura surge a la par de la carrera de agroecología que ya está dando sus frutos. “Desde hace bastante venimos observando la necesidad de ocuparnos de la problemática de la ciudades, que son muy particulares; las ciudades van creciendo y tenemos que pensar en planificarlas de manera sustentable para brindar una buena calidad de vida a sus habitantes”, dijo Marita Ramos.
Entre los grandes temas que deben ser abordados, citó la disposición de los residuos, los espacios verdes, la contaminación sonora y la contaminación visual. La Tecnicatura en Ecología Urbana podrá ser cursada por todas las personas interesadas en esta problemática, los que tenga el secundario completo y también aquellas que tengan más de 25 años, y que no hayan terminado la secundaria, podrán ingresar rindiendo un examen nivelatorio, de acuerdo a la Ley Nacional de Educación.
Instituto Multiversidad Popular es impulsado por la organización no gubernamental Cemep Adis, que transita 20 años de trabajo. “La institución comenzó dedicándose fuertemente a la educación popular y fuimos, con el transcurso del tiempo y teniendo en cuenta las tendencias y lo que pasa a nivel mundial y regional, tomando este tema ambiental fuertemente” explicó Ramos.
Explicó que desde hace unos años “fuimos modificando un poco nuestra mirada y nuestros objetivos, enfocándolos en agroecología; educación pero agro ambiental y agro ecológica”, relató Marita Ramos. “Para nosotros fue un camino lleno de entusiasmo, tuvimos la suerte de constituir un lindo equipo de trabajo, con gente muy motivada”, agregó la licenciada en Trabajo Social.
Misiones se encuentra situada en un lugar clave, estratégico, desde varios puntos de vista. Está en el epicentro del Acuífero Guaraní, tercera reserva más importante de agua dulce del planeta. Un mar de agua dulce que fluye por debajo ocupando una parte de Brasil, otra de Paraguay y otra de Argentina.
Es un enclave entre Paraguay y Brasil: en esta provincia se encuentra más de la mitad del escaso 5% remanente de la selva paranaense o mata atlántica, uno de los cinco centros de biodiversidad más importantes del planeta y el que está en mayor peligro de extinción.
“Este conjunto de características de la región, sumadas a que esta provincia está entre las más pobres de la Argentina y donde, aún, viven y trabajan una importante cantidad de agricultores familiares y comunidades indígenas guaraníes, conforma un contexto muy particular para nuestra experiencia de impulso de la agroecología como modalidad productiva y de vida, capaz de preservar la selva, mejorar notablemente las condiciones de vida y trabajo de campesinos e indígenas, y proteger el Acuífero para una humanidad con escasos recursos de agua dulce”, describe en su presentación el Centro Misionero para la Educación Popular-Asociación para Desarrollo Integral y Sustentable (CEMEP-ADIS) que trabaja con un grupo importante de ONGs desde hace más de dos décadas en la provincia.
Han creado el Instituto de Estudios Superiores “Multiversidad Popular de Misiones” que desde el año 2005 dicta la carrera de Técnico Superior en Agroecología, de tres años de duración y la Multigranja Integral Agroecológica en la localidad de El Soberbio ubicada en el cinturón de amortiguación de la Reserva de la Biosfera Yabotí”.
A partir del 2008 se ha comenzado han implementar un Centro Demostrativo, Educativo, de Promoción y Practica Agroecológica para la Protección de la selva Paranaense, y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la selva “La Multigranja Integral Agroecológica”.
También han desarrollado el montaje de un “Banco de Conservación, Protección y Divulgación de Semillas Locales”, un proyecto de rescate de germoplasma local. Y dictan seminarios permanentes de “Introducción a la Metodología de la Educación Popular” dirigidos a dirigentes populares, estudiantes, profesionales, etc.
Ahora se lanzan a este nuevo desafió de formar personas con conocimientos en desarrollos ecológicos en zonas urbanas, lo cual es importante para el manejo del suelo y los residuos generados por la propia comunidad. Así como el diseño y manejo de propuestas productivas sustentables.
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Fecha de Publicación: 21/06/2015
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El Instituto Multiversidad Popular, con sede en la ciudad de Posadas, comenzará a dictar desde el mes de agosto la Tecnicatura en Ecología Urbana. “Va a ser un tecnicatura de tres años, como la Tecnicatura Superior en Agroecología, presencial, con una carga horaria importante, de tres o cuatro horas”, contó Marita Ramos, rectora de la casa de estudios.
Esta nueva tecnicatura surge a la par de la carrera de agroecología que ya está dando sus frutos. “Desde hace bastante venimos observando la necesidad de ocuparnos de la problemática de la ciudades, que son muy particulares; las ciudades van creciendo y tenemos que pensar en planificarlas de manera sustentable para brindar una buena calidad de vida a sus habitantes”, dijo Marita Ramos.
Entre los grandes temas que deben ser abordados, citó la disposición de los residuos, los espacios verdes, la contaminación sonora y la contaminación visual. La Tecnicatura en Ecología Urbana podrá ser cursada por todas las personas interesadas en esta problemática, los que tenga el secundario completo y también aquellas que tengan más de 25 años, y que no hayan terminado la secundaria, podrán ingresar rindiendo un examen nivelatorio, de acuerdo a la Ley Nacional de Educación.
Instituto Multiversidad Popular es impulsado por la organización no gubernamental Cemep Adis, que transita 20 años de trabajo. “La institución comenzó dedicándose fuertemente a la educación popular y fuimos, con el transcurso del tiempo y teniendo en cuenta las tendencias y lo que pasa a nivel mundial y regional, tomando este tema ambiental fuertemente” explicó Ramos.
Explicó que desde hace unos años “fuimos modificando un poco nuestra mirada y nuestros objetivos, enfocándolos en agroecología; educación pero agro ambiental y agro ecológica”, relató Marita Ramos. “Para nosotros fue un camino lleno de entusiasmo, tuvimos la suerte de constituir un lindo equipo de trabajo, con gente muy motivada”, agregó la licenciada en Trabajo Social.
Misiones se encuentra situada en un lugar clave, estratégico, desde varios puntos de vista. Está en el epicentro del Acuífero Guaraní, tercera reserva más importante de agua dulce del planeta. Un mar de agua dulce que fluye por debajo ocupando una parte de Brasil, otra de Paraguay y otra de Argentina.
Es un enclave entre Paraguay y Brasil: en esta provincia se encuentra más de la mitad del escaso 5% remanente de la selva paranaense o mata atlántica, uno de los cinco centros de biodiversidad más importantes del planeta y el que está en mayor peligro de extinción.
“Este conjunto de características de la región, sumadas a que esta provincia está entre las más pobres de la Argentina y donde, aún, viven y trabajan una importante cantidad de agricultores familiares y comunidades indígenas guaraníes, conforma un contexto muy particular para nuestra experiencia de impulso de la agroecología como modalidad productiva y de vida, capaz de preservar la selva, mejorar notablemente las condiciones de vida y trabajo de campesinos e indígenas, y proteger el Acuífero para una humanidad con escasos recursos de agua dulce”, describe en su presentación el Centro Misionero para la Educación Popular-Asociación para Desarrollo Integral y Sustentable (CEMEP-ADIS) que trabaja con un grupo importante de ONGs desde hace más de dos décadas en la provincia.
Han creado el Instituto de Estudios Superiores “Multiversidad Popular de Misiones” que desde el año 2005 dicta la carrera de Técnico Superior en Agroecología, de tres años de duración y la Multigranja Integral Agroecológica en la localidad de El Soberbio ubicada en el cinturón de amortiguación de la Reserva de la Biosfera Yabotí”.
A partir del 2008 se ha comenzado han implementar un Centro Demostrativo, Educativo, de Promoción y Practica Agroecológica para la Protección de la selva Paranaense, y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la selva “La Multigranja Integral Agroecológica”.
También han desarrollado el montaje de un “Banco de Conservación, Protección y Divulgación de Semillas Locales”, un proyecto de rescate de germoplasma local. Y dictan seminarios permanentes de “Introducción a la Metodología de la Educación Popular” dirigidos a dirigentes populares, estudiantes, profesionales, etc.
Ahora se lanzan a este nuevo desafió de formar personas con conocimientos en desarrollos ecológicos en zonas urbanas, lo cual es importante para el manejo del suelo y los residuos generados por la propia comunidad. Así como el diseño y manejo de propuestas productivas sustentables.
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Fumigaciones: estado dice que 1000 metros es mucho
Agroquímicos: Aseguran que no hace falta una prohibición de mil metros
Fecha de Publicación: 21/06/2015
Fuente: InfoBal
Provincia/Región: Buenos Aires
Representantes del Ministerio, manifestaron que cuando el trabajo se hace bien no se necesita tanta distancia, a pesar de que en varias localidades se encuentra vigente una cautelar de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia que asegura justamente lo contrario.
Aunque en ciudades como Mar del Plata (lugar en el que se desarrolló el encuentro) está en plena vigencia la medida cautelar dictada por la Suprema Corte de Justicia que impide las fumigaciones a menos de mil metros de viviendas o centros urbanos, para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación cuando el trabajo se hace bien no hace falta una prohibición de mil metros. Además, la confusión surge, de acuerdo a la cartera, al informarse de manera mal intencionada.
Las declaraciones de los representantes del Ministerio fueron efectuadas en el marco de la jornada de campo organizada por el Colegio de Ingenieros Distrito II y el Centro de Ingenieros de Mar del Plata y realizada en una estancia de la ciudad.
En el encuentro -del que participaron además del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y la Municipalidad de General Pueyrredon y profesionales y especialistas- hubo demostraciones de aplicaciones aéreas y terrestres, además de una exposición teórica a cargo de un panel de expertos.
En ese contexto, desde la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes remarcaron la importancia de que se hayan establecido pautas concretas en un documento, después de un trabajo de casi dos años entre muchas entidades públicas y privadas, con el objetivo de abordar la problemática de lo que son las distancias de aplicación de fitosanitarios.
Dicho documento está apoyado por doscientos trabajos científicos y toca todos los puntos específicos de lo que significa una aplicación; esto determinó que las distancias adecuadas para poder hacer aplicaciones de productos fitosanitarios en zonas aledañas al área urbana, son de cien metros máximo para aplicaciones terrestres y doscientos metros para aplicaciones aéreas, sostuvieron.
A su turno, desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación entendieron que hay mucha preocupación en la población porque se mal informa con intencionalidad. Cuando el trabajo se hace bien, no hace falta una prohibición de mil metros en un país como Argentina, que basa su economía en la producción agropecuaria, aclararon.
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Fecha de Publicación: 21/06/2015
Fuente: InfoBal
Provincia/Región: Buenos Aires
Representantes del Ministerio, manifestaron que cuando el trabajo se hace bien no se necesita tanta distancia, a pesar de que en varias localidades se encuentra vigente una cautelar de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia que asegura justamente lo contrario.
Aunque en ciudades como Mar del Plata (lugar en el que se desarrolló el encuentro) está en plena vigencia la medida cautelar dictada por la Suprema Corte de Justicia que impide las fumigaciones a menos de mil metros de viviendas o centros urbanos, para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación cuando el trabajo se hace bien no hace falta una prohibición de mil metros. Además, la confusión surge, de acuerdo a la cartera, al informarse de manera mal intencionada.
Las declaraciones de los representantes del Ministerio fueron efectuadas en el marco de la jornada de campo organizada por el Colegio de Ingenieros Distrito II y el Centro de Ingenieros de Mar del Plata y realizada en una estancia de la ciudad.
En el encuentro -del que participaron además del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y la Municipalidad de General Pueyrredon y profesionales y especialistas- hubo demostraciones de aplicaciones aéreas y terrestres, además de una exposición teórica a cargo de un panel de expertos.
En ese contexto, desde la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes remarcaron la importancia de que se hayan establecido pautas concretas en un documento, después de un trabajo de casi dos años entre muchas entidades públicas y privadas, con el objetivo de abordar la problemática de lo que son las distancias de aplicación de fitosanitarios.
Dicho documento está apoyado por doscientos trabajos científicos y toca todos los puntos específicos de lo que significa una aplicación; esto determinó que las distancias adecuadas para poder hacer aplicaciones de productos fitosanitarios en zonas aledañas al área urbana, son de cien metros máximo para aplicaciones terrestres y doscientos metros para aplicaciones aéreas, sostuvieron.
A su turno, desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación entendieron que hay mucha preocupación en la población porque se mal informa con intencionalidad. Cuando el trabajo se hace bien, no hace falta una prohibición de mil metros en un país como Argentina, que basa su economía en la producción agropecuaria, aclararon.
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Campesinos de usurpación absueltos en Córdoba
Absuelven a campesinos acusados de usurpación
Fecha de Publicación: 20/06/2015
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Ayer se leyeron los alegatos y la sentencia en la causa que se tramitaba en el Tribunal de Deán Funes, y que cuyo juicio habría sido suspendido en noviembre.
El Tribunal de Deán Funes, a cargo del juez Abraham Elías, absolvió ayer al mediodía a los campesinos Miguel Rojas y Sebastián Ramírez, que habían sido acusados de usurpar tierras en la Comunidad Los Pozos.
En horas de la mañana se había dado lectura a los alegatos en este juicio que ya había sido suspendido en tres oportunidades, y que conllevó 10 audiencias más una inspección ocular en la comunidad rural ubicada a 87 kilómetros de Sebastián Elcano.
En esa oportunidad, la Fiscalía, a cargo de Hernán Funes, solicitó la absolución de los imputados, en tanto que la parte quellante pidió la máxima pena para Miguel Rojas y la absolución de Sebastián Ramírez, por la usurpación de campo en tierras donde residen 30 familias de campesinos.
En diálogo con LA MAÑANA, Gastón Farías, activista de la Ucan (Unión Campesina del Norte), elogió la actuación del fiscal Hernán Funes y dijo que “su participación fue fundamental en esta sentencia”.
Farías precisó que en los alegatos se “pidió la absolución de Sebastián Ramírez, que es quien vive en los campos supuestamente usurpados, mientras que solicitaron la pena máxima a Rojas que es quien tenía un preacuerdo ancestral con los padres de Figueroa (el querellante en la causa) en cuyas tierras vivían sus padres”.
Según relató, muchas organizaciones se hicieron presentes ayer frente a los tribunales de Deán Funes para acompañar a las familias de la comunidad rural Los Pozos.
“Lo que quedó en claro es que detrás del querellante había intereses económicos porque en un momento llamaron a las familias a negociar y vinieron representantes de una firma dedicadas a bienes y raíces de Córdoba”, detalló Farías.
El militante del Movimiento Campesino destacó el precedente que sienta el fallo del juez Abraham Elías para otros procesos judiciales que se siguen en la Provincia por usurpación y que afectan a comunidades enteras de familias campesinas que producen esas tierras, con un estilo de vida autónomo, sustentable, y que no encajan en los cánones del agronegocio y el desarrollo inmobiliario.
En ese sentido, la abogada defensora de los campesinos, Victoria Gauna, sostuvo a radio Nacional que tras una larga audiencia de alegatos, se le dio reconocimiento a la forma del uso del territorio en esta zona de la provincia de Córdoba, de uso común sin alambre.
El caso
El juicio contra dos productores campesinos acusados de usurpar campos en la zona de Los Pozos, comenzó a fines de marzo pasado. Si bien en su momento estaba previsto para noviembre del año pasado, había sido reprogramado debido a inundaciones en la provincia.
La comunidad de Los Pozos se ubica al norte de la Laguna de Mar Chiquita, en el departamento Tulumba. Son cerca de 30 familias las que habitan esos campos de uso común desde hace varias décadas.
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Fecha de Publicación: 20/06/2015
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Ayer se leyeron los alegatos y la sentencia en la causa que se tramitaba en el Tribunal de Deán Funes, y que cuyo juicio habría sido suspendido en noviembre.
El Tribunal de Deán Funes, a cargo del juez Abraham Elías, absolvió ayer al mediodía a los campesinos Miguel Rojas y Sebastián Ramírez, que habían sido acusados de usurpar tierras en la Comunidad Los Pozos.
En horas de la mañana se había dado lectura a los alegatos en este juicio que ya había sido suspendido en tres oportunidades, y que conllevó 10 audiencias más una inspección ocular en la comunidad rural ubicada a 87 kilómetros de Sebastián Elcano.
En esa oportunidad, la Fiscalía, a cargo de Hernán Funes, solicitó la absolución de los imputados, en tanto que la parte quellante pidió la máxima pena para Miguel Rojas y la absolución de Sebastián Ramírez, por la usurpación de campo en tierras donde residen 30 familias de campesinos.
En diálogo con LA MAÑANA, Gastón Farías, activista de la Ucan (Unión Campesina del Norte), elogió la actuación del fiscal Hernán Funes y dijo que “su participación fue fundamental en esta sentencia”.
Farías precisó que en los alegatos se “pidió la absolución de Sebastián Ramírez, que es quien vive en los campos supuestamente usurpados, mientras que solicitaron la pena máxima a Rojas que es quien tenía un preacuerdo ancestral con los padres de Figueroa (el querellante en la causa) en cuyas tierras vivían sus padres”.
Según relató, muchas organizaciones se hicieron presentes ayer frente a los tribunales de Deán Funes para acompañar a las familias de la comunidad rural Los Pozos.
“Lo que quedó en claro es que detrás del querellante había intereses económicos porque en un momento llamaron a las familias a negociar y vinieron representantes de una firma dedicadas a bienes y raíces de Córdoba”, detalló Farías.
El militante del Movimiento Campesino destacó el precedente que sienta el fallo del juez Abraham Elías para otros procesos judiciales que se siguen en la Provincia por usurpación y que afectan a comunidades enteras de familias campesinas que producen esas tierras, con un estilo de vida autónomo, sustentable, y que no encajan en los cánones del agronegocio y el desarrollo inmobiliario.
En ese sentido, la abogada defensora de los campesinos, Victoria Gauna, sostuvo a radio Nacional que tras una larga audiencia de alegatos, se le dio reconocimiento a la forma del uso del territorio en esta zona de la provincia de Córdoba, de uso común sin alambre.
El caso
El juicio contra dos productores campesinos acusados de usurpar campos en la zona de Los Pozos, comenzó a fines de marzo pasado. Si bien en su momento estaba previsto para noviembre del año pasado, había sido reprogramado debido a inundaciones en la provincia.
La comunidad de Los Pozos se ubica al norte de la Laguna de Mar Chiquita, en el departamento Tulumba. Son cerca de 30 familias las que habitan esos campos de uso común desde hace varias décadas.
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Especies exóticas invasoras en la mira del gobierno
Ambiente trabaja en la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras
Fecha de Publicación: 20/06/2015
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce Sergio Lorusso, a través de la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, continúa desarrollando acciones en el marco de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras.
La Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras busca atenuar el impacto significativo para la conservación de la biodiversidad que representan dichas especies, introducidas por la producción forestal y agropecuaria, la acuicultura, el transporte relacionado al comercio y turismo, la importación y cría de mascotas, así como de especies ornamentales.
Se denomina especies exóticas invasoras (EEI) a aquellas plantas, animales o microorganismos que habiendo sido trasladados más allá de sus límites naturales de distribución, son capaces de establecerse y avanzar de manera espontánea en los nuevos ambientes donde son introducidos, causando allí impactos severos sobre la diversidad biológica, la economía, la salud pública y sobre valores socioculturales.
Cabe destacar, que una de las mayores amenazas que afecta un ecosistema único en el país es la presencia del castor (Castor canadensis) en la Isla Grande de Tierra del Fuego, donde fue introducido en el año 1946 con fines peleteros. Los efectos del castor incluyen la destrucción de árboles por anillado e inundación de bosques, así como la modificación de la dinámica de ríos y de nutrientes del bosque; esta especie ha generado la disminución en la biomasa y el volumen de los bosques, especialmente de los bosques clasificados como de protección por estar asociados a cursos de agua, un impacto difícilmente recuperable naturalmente.
En el marco de la presente Estrategia, se debe destacar la implementación del proyecto de “Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de la biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras”, impulsado por la SAyDS y financiado mediante una donación del Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF), a través de la FAO como agencia de implementación. Se calcula un monto por U$S 3,9 millones además de un aporte nacional de U$S 18,2 millones, para una ejecución de cuatro años del proyecto.
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Fecha de Publicación: 20/06/2015
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce Sergio Lorusso, a través de la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, continúa desarrollando acciones en el marco de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras.
La Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras busca atenuar el impacto significativo para la conservación de la biodiversidad que representan dichas especies, introducidas por la producción forestal y agropecuaria, la acuicultura, el transporte relacionado al comercio y turismo, la importación y cría de mascotas, así como de especies ornamentales.
Se denomina especies exóticas invasoras (EEI) a aquellas plantas, animales o microorganismos que habiendo sido trasladados más allá de sus límites naturales de distribución, son capaces de establecerse y avanzar de manera espontánea en los nuevos ambientes donde son introducidos, causando allí impactos severos sobre la diversidad biológica, la economía, la salud pública y sobre valores socioculturales.
Cabe destacar, que una de las mayores amenazas que afecta un ecosistema único en el país es la presencia del castor (Castor canadensis) en la Isla Grande de Tierra del Fuego, donde fue introducido en el año 1946 con fines peleteros. Los efectos del castor incluyen la destrucción de árboles por anillado e inundación de bosques, así como la modificación de la dinámica de ríos y de nutrientes del bosque; esta especie ha generado la disminución en la biomasa y el volumen de los bosques, especialmente de los bosques clasificados como de protección por estar asociados a cursos de agua, un impacto difícilmente recuperable naturalmente.
En el marco de la presente Estrategia, se debe destacar la implementación del proyecto de “Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de la biodiversidad mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras”, impulsado por la SAyDS y financiado mediante una donación del Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF), a través de la FAO como agencia de implementación. Se calcula un monto por U$S 3,9 millones además de un aporte nacional de U$S 18,2 millones, para una ejecución de cuatro años del proyecto.
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Cutral Co comienza a generar con eólicos
El viento ya genera energía en Cutral Co
Fecha de Publicación: 20/06/2015
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Nación aportó 84 millones para este proyecto. Se utilizará para abastecer el parque tecnológico.
El primer generador eólico que se fabricó en el parque tecnológico de esta ciudad ya está instalado. Tiene una potencia de 30 kilovatios y es de mediana potencia.
El equipo, que fue diseñado y construido por Invap Ingeniería con la colaboración de universidades, permitirá generar la energía que será absorbida dentro del propio parque tecnológico.
El responsable del proyecto por Invap Ingeniería, Mauricio Schneebeli, explicó que se trata de una "máquina de generación eólica, de 30 kilovatios, con generación de imanes permanentes, palas acopladas al rotor y con un sistema de control de paso, que le permite controlar la potencia que para las máquinas chicas, es algo novedoso".
Este control de paso se usaba en equipos de mayor potencia, por lo que al ser incorporado en este de media "le da mayor versatilidad", explicó.
El generador comienza a funcionar cuando el viento alcanza una velocidad de 15 kilómetros por hora y mantiene un ritmo sostenido hasta los 10 kilómetros. Cuando las ráfagas alcanzan los 80 kilómetros, se frena por cuestiones de seguridad. "Es una máquina íntegramente diseñada por Invap Ingeniería y universidades que fabricamos, seguiremos haciéndolo en el parque tecnológico", acotó.
Toda la energía que produzca el molino será aportada al sistema interno de la red eléctrica del parque tecnológico. Desde Invap, Carlos Denapoli señaló que cuando lo generado sea superior a lo que en ese momento se esté consumiendo en el parque, la energía excedente estará disponible para ser usada por otros consumos que estén asociados a la red.
Los responsables del proyecto esperan que en pocos días el parque tecnológico "sea eléctricamente sustentable y que podamos abastecernos de la energía eólica cuando tengamos la materia prima, que es el viento". Por su parte, Hugo Brendstrup, también de Invap, expresó la gran satisfacción de "estar viviendo la materialización de todo un plan de trabajo; tenemos los recursos, las instalaciones, el personal y la tecnología, ahora falta que esto tome volumen en un plazo no muy lejano y se produzca el despegue eólico en la Argentina, que es lo que está faltando".
El intendente Ramón Rioseco destacó el producto de fabricación nacional e indicó que la mayor parte de los recursos invertidos en el parque tecnológico fueron aportado por Nación, con 84 millones de pesos. Los otros recursos, en menor medida, los aportó la comuna que dirige.
Rioseco aseguró que las otras fábricas que se levantan en el parque tecnológico, como es la planta de microfusión, "avanzan a pasos agigantados y estimamos inaugurarlas en 60 días; para que comiencen a funcionar se está instalando el equipamiento".
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Fecha de Publicación: 20/06/2015
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Nación aportó 84 millones para este proyecto. Se utilizará para abastecer el parque tecnológico.
El primer generador eólico que se fabricó en el parque tecnológico de esta ciudad ya está instalado. Tiene una potencia de 30 kilovatios y es de mediana potencia.
El equipo, que fue diseñado y construido por Invap Ingeniería con la colaboración de universidades, permitirá generar la energía que será absorbida dentro del propio parque tecnológico.
El responsable del proyecto por Invap Ingeniería, Mauricio Schneebeli, explicó que se trata de una "máquina de generación eólica, de 30 kilovatios, con generación de imanes permanentes, palas acopladas al rotor y con un sistema de control de paso, que le permite controlar la potencia que para las máquinas chicas, es algo novedoso".
Este control de paso se usaba en equipos de mayor potencia, por lo que al ser incorporado en este de media "le da mayor versatilidad", explicó.
El generador comienza a funcionar cuando el viento alcanza una velocidad de 15 kilómetros por hora y mantiene un ritmo sostenido hasta los 10 kilómetros. Cuando las ráfagas alcanzan los 80 kilómetros, se frena por cuestiones de seguridad. "Es una máquina íntegramente diseñada por Invap Ingeniería y universidades que fabricamos, seguiremos haciéndolo en el parque tecnológico", acotó.
Toda la energía que produzca el molino será aportada al sistema interno de la red eléctrica del parque tecnológico. Desde Invap, Carlos Denapoli señaló que cuando lo generado sea superior a lo que en ese momento se esté consumiendo en el parque, la energía excedente estará disponible para ser usada por otros consumos que estén asociados a la red.
Los responsables del proyecto esperan que en pocos días el parque tecnológico "sea eléctricamente sustentable y que podamos abastecernos de la energía eólica cuando tengamos la materia prima, que es el viento". Por su parte, Hugo Brendstrup, también de Invap, expresó la gran satisfacción de "estar viviendo la materialización de todo un plan de trabajo; tenemos los recursos, las instalaciones, el personal y la tecnología, ahora falta que esto tome volumen en un plazo no muy lejano y se produzca el despegue eólico en la Argentina, que es lo que está faltando".
El intendente Ramón Rioseco destacó el producto de fabricación nacional e indicó que la mayor parte de los recursos invertidos en el parque tecnológico fueron aportado por Nación, con 84 millones de pesos. Los otros recursos, en menor medida, los aportó la comuna que dirige.
Rioseco aseguró que las otras fábricas que se levantan en el parque tecnológico, como es la planta de microfusión, "avanzan a pasos agigantados y estimamos inaugurarlas en 60 días; para que comiencen a funcionar se está instalando el equipamiento".
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Piden una pesca sustentable para el Bermejo
Piden por la pesca comercial y artesanal sustentable en el río Bermejo
Fecha de Publicación: 19/06/2015
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Norte
La propuesta busca generar una fuente laboral para una cooperativa aborigen. También se propicia el incremento del consumo de pescado en la comunidad.
El concejal oranense Camilo Isaac presentó un proyecto de declaración por el que se solicita al Ministerio de Ambiente provincial, que autorice a la Cooperativa 15 de Abril, integrada por criollos y aborígenes de la zona, a realizar pesca comercial y artesanal sustentable en el río Bermejo.
Esta tarea la realiza un grupo de familias, de hecho, desde hace mas de 70 años, constituyendo una de la prácticas comerciales más antiguas de los pueblos nativos y de familias criollas.
Lo que ahora se intenta es darle, por fin, marco legal al manejo sustentable de un recurso natural y económico social de la zona.
"Este tipo de pesca para la subsistencia a través de la comercialización del producido existe desde por lo menos 1930 en el Bermejo y es practicada por pescadores criollos y familias de pueblos originarios, generando una fuente de ingresos más o menos estable y al mismo tiempo unos cuantos puestos de trabajo genuino", explicó el edil en diálogo exclusivo con El Tribuno, luego de presentar la iniciativa.
Faltan controles
Las poblaciones de las localidades ribereñas del Bermejo, como Orán, Embarcación y Rivadavia, quienes pescan hasta el límite con el Chaco, dependiendo de la época del año, lo hacen con fines comerciales cada vez que pueden. Las 4 especies más importantes por cantidad de extracciones son sábalo, surubí, dorado y bagre.
Esta actividad se desarrolló por casi un siglo fuera del marco de las normas legales vigentes en la provincia (Ley 5.513), siendo una actividad marginal, perseguida por la justicia y mal vista por la opinión pública en general. Los primeros intentos de reglamentación y regulación legal se tomaron bajo el principio de precaución, ante la falta de conocimiento científico. Así fue que se establecieron cantidades máximas de extracción y temporadas de veda.
El problema siempre fue que ante la imposibilidad de montar un sistema de controles eficiente por parte de las autoridades provinciales o municipales, las reglas nunca se cumplieron y, por otra parte, los pescadores furtivos de otras provincias depredaban sin piedad. Para evitar ese daño ecológico, se intentó en numerosas ocasiones prohibir la pesca artesanal en la zona de Orán, lo que provocó manifestaciones de integrantes de la Cooperativa, que hasta llegaron a bloquear la entrada a la Municipalidad con sus lanchas.
Proponen acortar la época de veda
También se sostiene que el actual período de veda resulta demasiado amplio, por lo que uno de los dos meses que se aplican año a año, de mediados de noviembre a mediados de enero, resultaría biológicamente suficiente, según los últimos estudios disponibles.
Cabe recordar que en los cauces de agua norteños, como es el caso del Bermejo, al ser ríos con período de estiaje y origen en la montaña tienen un régimen por el cual los peces suben aguas arriba para desovar al finalizar la primavera.
Y esto se verifica por una cuestión natural. El instinto le avisa a los animales cuando la temperatura del agua aumenta, eso activa su ritmo biológico y les desata el imperativo de la reproducción. En cuanto a la sustentabilidad económica de la actividad, se define en la iniciativa que cada unidad económica debería realizar entre 45 y 50 excursiones de pesca anuales para obtener algún rendimiento económico.
La sustentabilidad
El concejal Isaac, a la luz de la nueva información existente, sostiene en su iniciativa que sí es posible llevar adelante la pesca artesanal comercial en el río, siempre que se tengan en cuenta y se respeten los parámetros actuales.
Sin embargo, algunos de ellos resultan contrarios al principio prioritario de la gestión pesquera, que propone obtener la mejor utilización posible del recurso en provecho de la comunidad, definiendo como la mejor utilización mayor captura, mejor precio, más ganancias y más empleo.
Esos conceptos aplicados a la pesca netamente comercial no podrán ser aplicados a la actividad que se define como artesanal en el Bermejo, dado que la cantidad de ejemplares no es infinita y, aguas abajo, ya en el Paraná hay otras modalidades de pesca, que sí son comerciales y en escalas muy superiores.
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Fecha de Publicación: 19/06/2015
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Norte
La propuesta busca generar una fuente laboral para una cooperativa aborigen. También se propicia el incremento del consumo de pescado en la comunidad.
El concejal oranense Camilo Isaac presentó un proyecto de declaración por el que se solicita al Ministerio de Ambiente provincial, que autorice a la Cooperativa 15 de Abril, integrada por criollos y aborígenes de la zona, a realizar pesca comercial y artesanal sustentable en el río Bermejo.
Esta tarea la realiza un grupo de familias, de hecho, desde hace mas de 70 años, constituyendo una de la prácticas comerciales más antiguas de los pueblos nativos y de familias criollas.
Lo que ahora se intenta es darle, por fin, marco legal al manejo sustentable de un recurso natural y económico social de la zona.
"Este tipo de pesca para la subsistencia a través de la comercialización del producido existe desde por lo menos 1930 en el Bermejo y es practicada por pescadores criollos y familias de pueblos originarios, generando una fuente de ingresos más o menos estable y al mismo tiempo unos cuantos puestos de trabajo genuino", explicó el edil en diálogo exclusivo con El Tribuno, luego de presentar la iniciativa.
Faltan controles
Las poblaciones de las localidades ribereñas del Bermejo, como Orán, Embarcación y Rivadavia, quienes pescan hasta el límite con el Chaco, dependiendo de la época del año, lo hacen con fines comerciales cada vez que pueden. Las 4 especies más importantes por cantidad de extracciones son sábalo, surubí, dorado y bagre.
Esta actividad se desarrolló por casi un siglo fuera del marco de las normas legales vigentes en la provincia (Ley 5.513), siendo una actividad marginal, perseguida por la justicia y mal vista por la opinión pública en general. Los primeros intentos de reglamentación y regulación legal se tomaron bajo el principio de precaución, ante la falta de conocimiento científico. Así fue que se establecieron cantidades máximas de extracción y temporadas de veda.
El problema siempre fue que ante la imposibilidad de montar un sistema de controles eficiente por parte de las autoridades provinciales o municipales, las reglas nunca se cumplieron y, por otra parte, los pescadores furtivos de otras provincias depredaban sin piedad. Para evitar ese daño ecológico, se intentó en numerosas ocasiones prohibir la pesca artesanal en la zona de Orán, lo que provocó manifestaciones de integrantes de la Cooperativa, que hasta llegaron a bloquear la entrada a la Municipalidad con sus lanchas.
Proponen acortar la época de veda
También se sostiene que el actual período de veda resulta demasiado amplio, por lo que uno de los dos meses que se aplican año a año, de mediados de noviembre a mediados de enero, resultaría biológicamente suficiente, según los últimos estudios disponibles.
Cabe recordar que en los cauces de agua norteños, como es el caso del Bermejo, al ser ríos con período de estiaje y origen en la montaña tienen un régimen por el cual los peces suben aguas arriba para desovar al finalizar la primavera.
Y esto se verifica por una cuestión natural. El instinto le avisa a los animales cuando la temperatura del agua aumenta, eso activa su ritmo biológico y les desata el imperativo de la reproducción. En cuanto a la sustentabilidad económica de la actividad, se define en la iniciativa que cada unidad económica debería realizar entre 45 y 50 excursiones de pesca anuales para obtener algún rendimiento económico.
La sustentabilidad
El concejal Isaac, a la luz de la nueva información existente, sostiene en su iniciativa que sí es posible llevar adelante la pesca artesanal comercial en el río, siempre que se tengan en cuenta y se respeten los parámetros actuales.
Sin embargo, algunos de ellos resultan contrarios al principio prioritario de la gestión pesquera, que propone obtener la mejor utilización posible del recurso en provecho de la comunidad, definiendo como la mejor utilización mayor captura, mejor precio, más ganancias y más empleo.
Esos conceptos aplicados a la pesca netamente comercial no podrán ser aplicados a la actividad que se define como artesanal en el Bermejo, dado que la cantidad de ejemplares no es infinita y, aguas abajo, ya en el Paraná hay otras modalidades de pesca, que sí son comerciales y en escalas muy superiores.
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Absuelven a empresarios contaminadores del Salí-Dulce
Ingenio La Trinidad: absolvieron a los empresarios acusados de contaminar
Fecha de Publicación: 19/06/2015
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep fueron absueltos este miércoles por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) en el juicio por contaminación con desechos industriales a la cuenca Salí-Dulce. El fundamento de la polémica sentencia se dará a conocer el 24 de junio, a las 12.
El fiscal federal, Pablo Camuñas, había pedido la condena a cuatro años y seis meses de prisión para Gasep y cuatro años a Drube por ser autores penalmente responsables del delito contemplado en el artículo 55 de la ley 24.051 (sobre Residuos Peligrosos).
El Tribunal, integrado por Gabriel Casas, Alicia Noli y Adolfo Raúl Guzmán, falló en concordancia con lo solicitado por el abogado defensor, Arnaldo Ramón Ahumada, quien aseguró que “no existió prueba ni testimonio que acredite que el ingenio La Trinidad haya contaminado al embase de Río Hondo”.
“El hecho nunca estuvo probado porque nunca existió. Nadie pudo desmostar que los líquidos, que según testigos iban al río Medina, provenían de las lagunas de sacrificio de efluentes industriales del ingenio La Trinidad”, agregó el abogado en su alegato.
Camuñas calificó la sentencia de “sorpresiva” y advirtió que la siguiente instancia del proceso es la presentación de un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal. “El dictamen fue muy conservador de acuerdo al caudal probatorio que se había reunido el cual fue puntillosamente demostrado por el Ministerio Público Fiscal en los alegatos. El encuadre jurídico también estaba perfectamente delimitado por lo que discrepamos con el Tribunal. Ahora habrá que esperar los fundamentos para disentir con más razones”, agregó el fiscal.
Consultado si este fallo podría sentar un precedente ante los próximos juicios contra empresarios azucareros por daño ambiental, Camuñas sostuvo que cada proceso es disímil y particular. “Hay que ver si estos argumentos pueden ser trasladables a otros casos. Estaremos atentos para que otros hechos delictivos no queden en la impunidad”, agregó.
La causa judicial en cuestión se inició en el año 2007 ante la sospecha de que el ingenio y destilería La Trinidad afectaba cursos de agua que desembocan en la cuenca Salí-Dulce. La instrucción estuvo a cargo del fiscal general federal Antonio Gustavo Gómez quien tras una serie de actuaciones la giró al fiscal Carlo Brito. En la causa, se verificó que los valores de demanda química y bioquímica de oxígeno en el agua analizada eran muy superiores a lo permitido por la ley de Residuos Peligrosos, Nº24.051.
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Fecha de Publicación: 19/06/2015
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep fueron absueltos este miércoles por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) en el juicio por contaminación con desechos industriales a la cuenca Salí-Dulce. El fundamento de la polémica sentencia se dará a conocer el 24 de junio, a las 12.
El fiscal federal, Pablo Camuñas, había pedido la condena a cuatro años y seis meses de prisión para Gasep y cuatro años a Drube por ser autores penalmente responsables del delito contemplado en el artículo 55 de la ley 24.051 (sobre Residuos Peligrosos).
El Tribunal, integrado por Gabriel Casas, Alicia Noli y Adolfo Raúl Guzmán, falló en concordancia con lo solicitado por el abogado defensor, Arnaldo Ramón Ahumada, quien aseguró que “no existió prueba ni testimonio que acredite que el ingenio La Trinidad haya contaminado al embase de Río Hondo”.
“El hecho nunca estuvo probado porque nunca existió. Nadie pudo desmostar que los líquidos, que según testigos iban al río Medina, provenían de las lagunas de sacrificio de efluentes industriales del ingenio La Trinidad”, agregó el abogado en su alegato.
Camuñas calificó la sentencia de “sorpresiva” y advirtió que la siguiente instancia del proceso es la presentación de un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal. “El dictamen fue muy conservador de acuerdo al caudal probatorio que se había reunido el cual fue puntillosamente demostrado por el Ministerio Público Fiscal en los alegatos. El encuadre jurídico también estaba perfectamente delimitado por lo que discrepamos con el Tribunal. Ahora habrá que esperar los fundamentos para disentir con más razones”, agregó el fiscal.
Consultado si este fallo podría sentar un precedente ante los próximos juicios contra empresarios azucareros por daño ambiental, Camuñas sostuvo que cada proceso es disímil y particular. “Hay que ver si estos argumentos pueden ser trasladables a otros casos. Estaremos atentos para que otros hechos delictivos no queden en la impunidad”, agregó.
La causa judicial en cuestión se inició en el año 2007 ante la sospecha de que el ingenio y destilería La Trinidad afectaba cursos de agua que desembocan en la cuenca Salí-Dulce. La instrucción estuvo a cargo del fiscal general federal Antonio Gustavo Gómez quien tras una serie de actuaciones la giró al fiscal Carlo Brito. En la causa, se verificó que los valores de demanda química y bioquímica de oxígeno en el agua analizada eran muy superiores a lo permitido por la ley de Residuos Peligrosos, Nº24.051.
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Tobuna comenzó a cazar
La yaguareté Tobuna comenzó a cazar en el centro de recría
Fecha de Publicación: 19/06/2015
Fuente: Misiones Online
Provincia/Región: Corrientes
Tobuna, la hembra yaguareté que inauguró el centro de recría en la isla San Alonso, en medio de los Esteros del Iberá, en Corrientes, dio un paso más en su adaptación al medioambiente natural: comenzó a cazar después de casi dos meses de estadía.
“Hoy ha sido un día especial en el Centro de Cría (el CECY) en San Alonso. Por primera vez se ha visto a Tobuna cazar. Esta hembra – que hace 2 meses fue donada para este proyecto de cría in situ por parte del zoológico de Batán- y que ahora vive acá en el Centro de Cría, está comenzando a mostrarnos sus habilidades. Hasta ahora nos había sorprendido gratamente con sus habilidades de saltar y trepar en el árbol grande y en las plataformas construidas justamente para incentivar los movimientos por su recinto”, explicó Karina Spørring, responsable del CECY (Centro Experimental Cría de Yaguareté).
“Normalmente la habilidad de perseguir y matar a una presa viva es parte del instinto de los felinos, a pesar de que hayan nacido en cautiverio como es el caso de Tobuna. La esperanza es que encontremos una pareja adecuada para Tobuna muy pronto y que empiecen a criar”, agregó.
En caso de éxito, Tobuna se quedaría a vivir junto a sus cachorros durante un mínimo de un año en un corral de cría grande. En este corral, la idea es que ella y los cachorros aprendan a cazar. En el caso de que la madre no sepa cazar, hay técnicas y procesos de aprendizaje que permiten que los cachorros lo aprendan igual, pero “obviamente es una gran alegría confirmar que Tobuna parece tenerlo bastante claro”.
El menú del día para Tobuna fue un tatú mulita, la primera presa cazada en el CECY. Al llegar el personal al centro por la mañana encontraron a Tobuna en su corral, medio escondida entre el pasto alto comiéndose algo y al levantar la cabeza se vio que se trataba de un tatú mulita. Al verse observado por el personal, Tobuna decidió llevar su presa hasta la plataforma más alta del corral.
”Queremos aclarar que el tatú que cazó Tobuna hoy era uno de tantos tatús mulitas y peludos silvestres que entran y salen de los corrales por su cuenta. Es un buen enriquecimiento para los yaguaretés tener contacto con la fauna local”, contó Spørring.
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Fecha de Publicación: 19/06/2015
Fuente: Misiones Online
Provincia/Región: Corrientes
Tobuna, la hembra yaguareté que inauguró el centro de recría en la isla San Alonso, en medio de los Esteros del Iberá, en Corrientes, dio un paso más en su adaptación al medioambiente natural: comenzó a cazar después de casi dos meses de estadía.
“Hoy ha sido un día especial en el Centro de Cría (el CECY) en San Alonso. Por primera vez se ha visto a Tobuna cazar. Esta hembra – que hace 2 meses fue donada para este proyecto de cría in situ por parte del zoológico de Batán- y que ahora vive acá en el Centro de Cría, está comenzando a mostrarnos sus habilidades. Hasta ahora nos había sorprendido gratamente con sus habilidades de saltar y trepar en el árbol grande y en las plataformas construidas justamente para incentivar los movimientos por su recinto”, explicó Karina Spørring, responsable del CECY (Centro Experimental Cría de Yaguareté).
“Normalmente la habilidad de perseguir y matar a una presa viva es parte del instinto de los felinos, a pesar de que hayan nacido en cautiverio como es el caso de Tobuna. La esperanza es que encontremos una pareja adecuada para Tobuna muy pronto y que empiecen a criar”, agregó.
En caso de éxito, Tobuna se quedaría a vivir junto a sus cachorros durante un mínimo de un año en un corral de cría grande. En este corral, la idea es que ella y los cachorros aprendan a cazar. En el caso de que la madre no sepa cazar, hay técnicas y procesos de aprendizaje que permiten que los cachorros lo aprendan igual, pero “obviamente es una gran alegría confirmar que Tobuna parece tenerlo bastante claro”.
El menú del día para Tobuna fue un tatú mulita, la primera presa cazada en el CECY. Al llegar el personal al centro por la mañana encontraron a Tobuna en su corral, medio escondida entre el pasto alto comiéndose algo y al levantar la cabeza se vio que se trataba de un tatú mulita. Al verse observado por el personal, Tobuna decidió llevar su presa hasta la plataforma más alta del corral.
”Queremos aclarar que el tatú que cazó Tobuna hoy era uno de tantos tatús mulitas y peludos silvestres que entran y salen de los corrales por su cuenta. Es un buen enriquecimiento para los yaguaretés tener contacto con la fauna local”, contó Spørring.
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