Qué dice el Tratado Global de los Océanos y cómo influye en el Mar Argentino

Fecha de Publicación: 14/03/2023
Fuente: Portal chequeado.com
Provincia/Región: Nacional


El 5 de marzo último, después de casi 2 décadas de negociaciones, los estados miembros de la de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llegaron a un acuerdo para proteger el 30% de las aguas internacionales, que hasta ahora no se encontraban bajo ninguna normativa, para 2030.
El llamado Tratado Global de los Océanos tiene como objetivo proporcionar un marco legal para establecer amplias áreas marinas protegidas y así conservar  la vida marina, amenazada por el cambio climático, la sobrepesca y el tráfico marítimo. .
En esta nota, desde Chequeado, te contamos los principales puntos del acuerdo “histórico” y cómo este Tratado influye en el Mar Argentino.

Qué dice el Tratado Global de los Océanos
El marco legal acuerda proteger el 30% de las aguas que se encuentran fuera de la jurisdicción nacional, que hasta ahora no se encontraban bajo ninguna normativa, para 2030. Es decir, crear áreas de protección para la biodiversidad que hasta el momento estaban expuestas a la sobreexplotación y la degradación.
Actualmente apenas el 1% de las aguas internacionales, una extensión gigantesca que representa cerca de la mitad del planeta y más del 60% de los océanos, está protegida.
“Este acuerdo es histórico porque se refiere exclusivamente a aguas internacionales donde hasta este momento cada país hacía lo que se le diera la gana, las reglas las ponían ellos”, explicó Luis Capozzo, Doctor en Biología e investigador principal del Conicet, a Chequeado.
En la misma línea, Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace Argentina, señaló: “Este es un hecho histórico para la conservación. Los gobiernos han dado un paso importante que fortalece la protección legal de dos terceras partes del océano y con ello de la biodiversidad marina. El acuerdo marca una ruta para establecer áreas de gran y plena protección en alta mar, aumentar nuestra resistencia al cambio climático y salvaguardar las vidas y los medios de subsistencia de miles de millones de personas”.
El tratado dispone que previo a cualquier uso de los recursos del fondo marino, por ejemplo la instalación de energías renovables o cables submarinos y explotaciones mineras en profundidad, se debe realizar un estudio de impacto ambiental. También la creación y transferencia de tecnologías, promoviendo la cooperación entre países para llegar a conocer nuestros mares (apenas el 20% de los fondos marinos están cartografiados).
Con respecto a la regulación de la explotación de los recursos genéticos presentes en aguas internacionales, Capozzo explicó que los recursos genéticos marinos “son aquellos que contienen información genética y pueden ser utilizados con fines científicos o comerciales”.
Al tratarse de aguas internacionales, ninguna normativa regulaba su explotación. Una investigación liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España expuso que sólo los países con más recursos podían hacerse con ellos. Según este informe, en 2011, el 90% de las patentes de estos recursos genéticos se concentraban en 10 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Alemania y Japón.
Tras la aprobación del Tratado, “la información genética ya no quedará en mano de algunos países, sino que deberá compartirse”, señaló Capozzo.

Cómo influye en el Mar Argentino
En nuestro país, el Agujero Azul es una zona de aguas internacionales que se ubica aproximadamente a 500 kilómetros al este del Golfo de San Jorge, en la Patagonia argentina. Allí, la plataforma continental argentina se extiende más allá de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), que se expande hasta las 200 millas náuticas de la costa.
El Agujero Azul se caracteriza por ser una región de alta producción de fitoplancton que son microalgas que hacen fotosíntesis, son productores de materia orgánica y abastecen toda la cadena alimenticia del océano. Su productividad luego se esparce hacia otros organismos de mayor tamaño, incluyendo a aquellas especies comerciales como el calamar, la merluza o las vieiras, y también a las especies de interés para la conservación, como son las aves y mamíferos marinos.
Greenpeace Argentina advirtió que el Agujero Azul hoy está siendo explotado por industrias destructivas, como la pesca indiscriminada. Según la organización ambientalista, los barcos pesqueros cuyos principales objetivos son el calamar, la merluza y la merluza negra aprovechan la falta de regulación en aguas internacionales para saquear esta zona.
“A partir de la milla 201, en las áreas que bordean la zona económica exclusiva, los barcos piratas pescan en esa región los mismos recursos que luego ingresan en nuestras aguas y son explotados por la flota nacional. Es decir, se sirven con los recursos de la Argentina”, sostuvo Capozzo.
Con respecto a cómo influye el Tratado en el Mar Argentino, Vueso señaló: “Este tratado permitiría que esta zona pueda ser potencialmente protegida y ya no esté desregulada. Parte de la depredación que se ve hoy específicamente allí, en el límite de la zona económica exclusiva argentina, requiere de soluciones que involucren la gobernanza internacional en aquellas zonas fuera de jurisdicción nacional”.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, señalaron a través de un comunicado de prensa que “la Argentina se congratula por la finalización de las negociaciones del tratado sobre conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en espacios fuera de la jurisdicción nacional”.
Y agregaron que “este avance constituye un enorme logro (…)  para enfrentar los desafíos que representa la preservación de la salud de los océanos para las generaciones presentes y futuras”.
Ahora, tras el acuerdo, los países miembro deben adoptar y ratificar formalmente el tratado para que entre en vigor.
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Reverdece la Justicia: fallo en Rafaela antepuso salud y ambiente por sobre una avanzada “productiva”

Fecha de Publicación: 14/03/2023
Fuente: Portal elciudadanoweb.com
Provincia/Región: Santa Fe


“No hay garantía que los productos orgánicos y biológicos sean inocuos, seguros para la salud y medio ambiente. Si la intención es hacer algo de agroecología como dicen los considerandos, debe extenderse y no reducirse la zona de resguardo. Para votar esto así no lo hagan, revísenlo con tiempo, pues, así como está es inaplicable, inviable y regresivo”, les advirtió en noviembre de 2021 el ingeniero químico Horacio Beldoménico a integrantes del Concejo Municipal de Rafaela. Apenas un mes después, las cosas tomaban dos carriles diametralmente opuestos: en uno, el docente y director del Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos, que funciona en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) publicaba un crítico y alarmante informe titulado “Impacto de los plaguicidas en los alimentos, el ambiente y la salud en Argentina”, con una revisión de la bibliografía existente y una serie de propuestas para remediar la situación. Mientras tanto, en el otro, el cuerpo legislativo aprobaba la reducción de 200 metros a 50 metros de la franja que rodea a la zona urbana de la ciudad, libre de cualquier tipo de aspersión de fertilizantes, funguicidas, plaguicidas y más. Y aunque la nueva ordenanza establece parámetros de producción agroecológica, organizaciones ambientalistas y particulares rafaelinos no se dejaron convencer y acudieron a la Justicia. Este jueves 9, a poco más de un año de iniciarse una acción de protección de intereses difusos –a partir de la ley 10.000– el juez en lo Civil y Comercial Matías Colón dispuso la nulidad del artículo que permitía fumigar a corta distancia de la zona urbana, y reimplantó el límite de 200 metros que establecía la ordenanza anterior, que estuvo vigente por más de dos décadas.
Aunque el flamante fallo judicial puede ser apelado, lo cierto es que las organizaciones locales y las personas que en forma particular iniciaron la acción colectiva celebraron, como también lo hicieron colectivos ambientalistas de toda la provincia.
Hecha la ley…
El fallo de la Justicia de Rafaela vuelve a poner sobre la mesa una tensión que recorre todo el territorio santafesino y los de otras jurisdicciones: un cúmulo de intereses que tienen como eje el derecho constitucional a la salud y a un medioambiente sano, y otra conjunción que reúne a los intereses económicos de las explotaciones agropecuarias, de los emprendimientos inmobiliarios, o de servicios de entretenimiento y turismo, que además suelen presionar a sus trabajadores para alinearlos con ellos. En ese marco, la nueva batalla, que se comenzó a dirimir ahora, es otro mojón en un camino esquivo, el de alcanzar un equilibrio entre los dos entramados.
Los recurrentes desmontes para ampliar la frontera agroganadera, las quemas intencionales en el Alto Delta del río Paraná, y también las fiestas masivas dentro o próximas a áreas protegidas en als islas son pruebas cotidianas de que continúa primando el conflicto por sobre los acuerdos multisectoriales de aprovechamiento sostenible, como lo es el plan Piecas-DP en el Humedal.
La misma disputa se replica en la “Perla del Oeste”, una ciudad de más de 100 mil habitantes, cuyo nombre remite a Rafaela Rodríguez de Egusquiza, esposa de un comerciante amigo de su fundador, el empresario suizo-alemán Guillermo Lehmann. Pero allí la puja central ya no es por la tenencia de la tierra –hace largo tiempo se completó el despojo a sus legítimos propietarios, las comunidades nativas– sino por su uso. En ese marco el ingeniero Beldoménico expuso como invitado por el Concejo rafaelino durante el tratamiento en comisiones de diferentes iniciativas para reimpulsar el llamado “cinturón verde” de Rafaela, con la concepción de una producción agroecológica y de cercanía.
Así lo establecía un proyecto firmado por la concejala perottista Brenda Vimo, médica de profesión. Pero sorpresivamente se fue imponiendo otra iniciativa, la presentada por Leonardo “Leo” Viotti, un joven edil del bloque Cambiemos-UCR. Esta es la que después se convertiría en la ordenanza 5.331, hoy vigente, y cuyos artículos 3º (en forma parcial) y 4º (íntegramente) acaba de voltear el juez Colón.
La razón de ser de una nueva ordenanza se expone con total transparencia en uno de sus considerandos: “Actualmente los campos linderos al ejido urbano que se encuentran afectados por el actual límite agronómico en Rafaela, totalizan 797 hectáreas, muchas de las cuales se encuentran sin producir, por lo que es necesario generar nuevas herramientas y alternativas que permitan que los mismos vuelvan a ser viables de producción”, dice. Y completa en otro que esas hectáreas improductivas “se terminan convirtiendo en sitios casi abandonados, sin mantenimiento, inseguros y propicios para fomentar la delincuencia”. Así descripta la situación, la conclusión es obvia: la franja establecida para que la población esté lejos de aspersiones de agroquímicos es un peligro en sí misma.
La extensa ordenanza, que tiene 50 artículos agrupados en 16 títulos, es transparente en su enunciado: “Que es deber de este gobierno municipal velar por la salud de sus habitantes, como así también proteger la producción agropecuaria, como fuente de trabajo”, puntualiza otro considerando.
Como alternativa, la norma describe y resalta la eficacia de las cortinas forestales como freno a la deriva de agrotóxicos –incluso el edil Viotti las realza como remedio a una “sobrepoblación de aves en el sector céntrico” de la ciudad, planteando que los árboles que propone implicarían una “reubicación”– aunque la norma misma describe que allí no se van a utilizar tales cosas sino “productos de origen biológico para la protección de los cultivos”. Aunque las organizaciones ambientalistas locales celebran cualquier barrera forestal, lo cierto es que la que propone la normativa es como defensa de una deriva que hoy no se genera, ya que no se puede volcar ningún tipo de producto en esa franja.
Con esos preceptos, la ordenanza 5.331 redujo a la cuarta parte la franja de seguridad de 200 metros alrededor de la zona urbana de Rafaela, para reconvertir los siguientes 150 metros en un Cinturón Agroecológico, donde se permitía “la aplicación de productos fitosanitarios biológicos, bajo fiscalización de receta y aplicación a cargo del municipio”. Dicha también se podía ampliar, a partir de 2025 y por disposición del Ejecutivo municipal, a 250 metros. Pero, como reconoce que no hay todavía especificaciones a nivel nacional sobre qué producto fitosanitario propuesto como agroecológico es realmente inocuo, establece que serán “los ingenieros agrónomos de la Municipalidad” los encargados de certificar cuál producto se puede usar y cuál no.

Pasaron cosas
Las organizaciones ambientalistas locales vieron de inmediato que la pata endeble de la permisividad es el control, y que además hay sobradas experiencias de producciones agroecológicas que distan de ser tales, y que incluso municipios y productores privados llegaron a sembrar soja con fumigación hasta en las banquinas de las rutas, resistiendo incluso con armas la prohibición de hacerlo, dispuesta en 2011 por el gobierno de Antonio Bonfatti.
La experiencia propia de los vecinos, en particular de las familias que habitan en áreas periurbanas, cuyos padecimientos las llevaron a formar parte de las crecientes organizaciones que confluyen en Paren de Fumigarnos a nivel provincial, generaron la inmediata judicialización de la ordenanza 5.331, aprobada y publicada en el Boletín Oficial de Rafaela el 17 de diciembre de 2021, en una reglamentación con varios vetos parciales.
Así, Adapa (Acción por la Defensa Animal y la Protección Ambiental), Amigos de la Vida y un grupo de vecinas y vecinos a título personal formalizaron una presentación contra la Municipalidad de Rafaela, “con la finalidad de tutelar los intereses difusos relativos al medio ambiente y salud pública de los vecinos de esta ciudad, que argumentan lesionados por la ordenanza 5.331”.
En el escrito pidieron, en un primer punto, que el Ejecutivo local presente un “informe del Senasa y/o de toda otra autoridad consultada” en el marco del artículo 51 de la ordenanza, incluyendo “acta de deliberación de dichos informes o análisis de los mismos”. Pero el artículo 51 no existía en la ordenanza votada por el Concejo, sino que lo introdujo la reglamentación del Ejecutivo, como disposición transitoria. Y, concretamente, su acción consistió en postergar 180 días la vigencia de las nuevas franjas de 50 metros y 150 metros hasta que el Ejecutivo recabara “la información completa, detallada y actualizada de las autoridades con competencia en materia de producción ecológica, orgánica o biológica” sobre cuatro items:
- Los productos fitosanitarios de origen orgánico y/o biológicos susceptibles de ser aplicados.
- Técnicas, condiciones y procedimientos relativos a su aplicación o uso.
- Medidas de prevención sugeridas en su aplicación.
- Toda otra información relevante vinculada a la correcta aplicación, uso y manipulación de tales productos.
La demanda colectiva también pidió, en un segundo punto, que la Municipalidad “informe si el Ejecutivo y el Concejo Municipal (lo que incluye comisiones municipales integradas junto a vecinos e instituciones en medio ambiente y salud pública) cumplen con la ley nacional 27.592 de capacitación ambiental, especialmente en lo vinculado al principio precautorio”.
La norma invocada es la llamada “Ley Yolanda”, sancionada el 17 de noviembre de 2020, que tiene como objetivo “garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública”. El nombre rinde homenaje a Yolanda Ortiz, doctora en química, especializada en toxicología, quien obtuvo una beca en La Sorbona y permaneció en Francia hasta finales de la década del 60, para luego regresar a la Argentina y convertirse, en 1973, en “la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano” del país y de América latina, designada por Juan Domingo Perón durante su tercer gobierno.
Como adicional del segundo punto, la presentación judicial pedía que se anulara el artículo que establecía las nuevas franjas en base al principio de no regresividad, una de las claves de la legislación ambiental nacional, que básicamente impide que todo vaya para peor a partir de una ordenanza o una ley provincial.
En el tercer punto se pedía a la Justicia que revirtiera la mención de la ordenanza a “50 metros” y la reemplazara por “200 metros”, es decir regresar a la situación inmediatamente anterior. Y en el cuarto que “atento la trascendencia del caso en relación a la provincia y país se publique un resumen de la sentencia a costa de la demandada en un diario local, uno de Santa Fe y otro de Rosario”, y “del mismo modo se publique un resumen de la sentencia en toda modalidad oficial de comunicación que tengan el Ejecutivo y el Concejo Municipal al menos durante un mes en sus páginas web y redes sociales”, además “en un formato de ágil lectura”.

Reverdecidos
El resultado de la presentación fue un fallo de 77 fojas, en el que el juez Colón, en primer lugar, resolvió hacer lugar a la presentación, y a partir de ahí trazó una hoja de ruta clara. En ella dio por cumplimentado el informe requerido al Ejecutivo municipal sobre la Ley Yolanda –lo hizo durante el proceso–; declaró “la nulidad” del artículo de la ordenanza 5.331 que redujo la franja libre de agroquímicos, “debiendo estar, hasta el dictado de una nueva norma en el punto, a los límites fijados en la ordenanza 3.600 de 2004 –es decir, restauró los 200 metros– y exhortó a la Municipalidad de Rafaela –esto es al Ejecutivo y al Concejo– “para que a través de su órgano competente debata y sancione una nueva norma en el punto controvertido”, estableciendo que “para ello, deberá tener en cuenta la prueba científica recabada en los presentes autos, garantizar no sólo la participación pública en el mismo, sino también cumplimentar las evaluaciones e investigaciones previas respecto a lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Nacional, 8 incisos 2 y 5 de la ley General de Ambiente, y 5, 6 y 7 del Acuerdo de Escazú”.
El mencionado artículo constitucional es el que consagra para todo residente del territorio argentino a gozar “del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
También plantea que todo daño ambiental “generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”, y que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.
En tanto, los artículos citados de la ley 25.675 refieren a los objetivos de la política ambiental nacional: el artículo 2 ordena, entre otros puntos, “asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales”, “promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria”, “fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión” y “asegurar la conservación de la diversidad biológica”; y el artículo 5 dispone que los distintos niveles de Estado y gobierno, es decir provincias, municipios y comunas, “integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley”.
El Acuerdo de Escazú, que lleva el nombre de la ciudad costarricense en la que se rubricó, el 27 de septiembre de 2018, compromete a 24 de las 33 naciones de Latinoamérica y el Caribe –entre ellas la Argentina, donde tiene jerarquía constitucional, es decir, superior a las normativas interiores– a dar todas las garantías de “acceso a la información, a la participación pública y a la Justicia en asuntos ambientales”.
El último tramo de la parte resolutiva de la sentencia del juez Colón define “exhortar a la Municipalidad demandada a arbitrar los medios tendientes a la implantación de otros aspectos de la ordenanza que no se hallaren controvertidos, en especial lo relativo a las barreras forestales, debiendo presentar al Juzgado interviniente un informe acerca de la marcha de las mismas, especies plantadas, sitios de implantación, extensión y alcance, cada 18 meses”; intima al Ejecutivo rafaelino a “que arbitre las conductas pertinentes y/o se cumpla con el poder de policía en orden a las disposiciones de las ordenanzas vigentes, enfatizando los controles en las zonas periurbanas tendientes a evitar la presencia de residuos y malezas, coordinando dichas acciones con los propietarios de los inmuebles afectados, y propendiendo a efectuar todas las gestiones ante las autoridades competentes en materia de seguridad”. Es decir que si los sectores periurbanos de Rafaela responden a los descripto por la ordenanza 5.331, el gobierno local debe solucionarlo de inmediato, no a través de una nueva normativa que habilita cultivos en una franja libre de agroquímicos.
Finalmente, “exhorta a efectuar todas las labores pertinentes en materia de
limpieza y desinfección de dichas zonas en pos de evitar perjuicios al medio ambiente y la salud pública” y dispone poner “en conocimiento a la sociedad que también es tarea de todos la preservación del medio ambiente”, llamando “a la población en su conjunto a colaborar”; y ordena publicar el resumen de la sentencia en el sitio web oficial de la Municipalidad de Rafaela y en sus redes sociales “por un plazo de cinco días y en un espacio que resulte fácilmente visible y accesible para quienes consulten dichas fuentes”, incluyendo también publicar el resumen del fallo “en diarios locales y portales informativos”.
“Deberá acreditar el cumplimiento de esta medida por ante este tribunal dentro de los diez días de notificada la sentencia y bajo apercibimientos de ley”, concluye.

Terremoto ambiental
La sentencia judicial despertó suma atención por su celeridad y por su profundidad. El abogado que formalizó la presentación, Enrique Marchiaro, explicó que se trata de acciones que tienen cierta urgencia y se venían analizando en detalle, por eso la pronta resolución. “Es entendible que alguien que siguió la audiencia pública no termine de comprender cómo fue tan rápido el fallo, pero en el expediente hay un debate largo”, aclaró al portal Mirador Provincial. También especificó que el análisis del caso, “fundado y con prueba muy dada”, concluyó que “hasta 200 metros, estos nuevos productos son menos nocivos que el glifosato y otros, pero tienen algún tipo de riesgo”.
Y planteó la pelea de fondo: “Tenemos, por un lado, un enfoque solamente productivo y, por el otro, un enfoque ambiental y sanitario. Encontrar el equilibrio de cómo producir sin hacer contaminación silenciosa, es difícil”.
Marchiaro puso en relieve que “la resolución es muy concreta” y “dispone que, hasta tanto se dicte una nueva ordenanza, rige la prohibición de 200 metros de la vieja norma”, en tanto que “el Concejo tiene que volver a debatir este punto de los 200 metros con los fundamentos que se han dado en la causa”.
“Ojalá que el tema tome otro carril, en el sentido de incorporar la cuestión ambiental y sanitaria de una manera que no se había hecho”, se esperanzó el abogado.
Ahora resta ver si el fallo será apelado, y también por qué o para qué, ya que la ordenanza 5.331 quedó vigente en todos sus artículos, salvo en los que generaron controversia. Es decir, no cortó el impulso a las barreras forestales ni a la producción agroecológica y sustentable; tampoco al cuerpo que creó la norma, la Comisión para el Estudio de Fitosanitarios y Producciones Alternativas, que tendrá como finalidad “estudiar la disponibilidad de tecnologías y de productos fitosanitarios de origen orgánico en el mercado nacional, que permitan reemplazar los productos de origen químico”. Tal tarea quedará en manos de un concejal por cada bloque del cuerpo legislativo, tres representantes del Ejecutivo, uno por las ONG ambientales, uno por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, uno por la Sociedad Rural de Rafaela, uno por la Federación de Entidades Vecinales, uno por el Senasa, uno por el Inta, uno por el Consejo Universitario de Rafaela, uno por el Samco Rafaela, uno por el Comité de Bioética local, y uno por la asociación Productores Unidos Rafaela.
Con todo, el resumen que pidió publicar el juez Colón da cuenta de cómo se sustanció el proceso. Cita, en un texto breve, las pruebas y los informes técnicos y científicos aportados a la causa: intervinieron los investigadores Rafael Lajmanovich, Damián Verzeñassi, Ernesto Viglizzo y Edda Villamil, además del citado Beldoménico. Menciona opiniones técnicas de diversas personas que integran organismos tales como Inta y Senasa. Y concluye: “Los científicos y técnicos coincidieron en dos cuestiones. En primer lugar, ninguna sustancia es inocua. Y, en segundo término, la distancia es la única medida contra la deriva para la aplicación de productos fitosanitarios y que no debe ser menor a los 200 metros. Corresponde aclarar que deriva hace referencia al movimiento de plaguicidas fuera del objetivo”.
También expone el resumen los fundamentos de la decisión adoptada, que tomaron en cuenta los principios ambientales precautorios, de prevención y de no regresión. “Por ello y ante la ausencia de información o certeza científica, según lo dispuesto por la ley General del Ambiente, se toma la siguiente decisión: la ordenanza es regresiva porque al disminuir las distancias de aplicación de productos fitosanitarios sin la previa realización de estudios y evaluación de impacto ambiental resulta contradictoria a los principios de congruencia, prevención, precautorio y sustentabilidad del artículo 4 de la ley”.
Y en esa línea puntualiza: “Debe ponerse en conocimiento que, actualmente, no hay posibilidades de control humano sobre la deriva y que lo más eficiente para el resguardo del ambiente y la salud pública es mantener la prohibición de todo tipo de fitosanitarios a no menos de 200 metros”.
Y concluye, con el título ¿Qué se persigue con la sentencia?, que “no se trata de no usar fitosanitarios de origen biológico u orgánico ni dejar de fomentar su uso a partir de las distancias pertinentes ni dejar de usar o recurrir a las buenas prácticas agrícolas ni a la capacitación a productores, ni dejar de lado a la tecnología; sino que, por el momento, de acuerdo a los informes científicos, y en forma preventiva debe primar en los 200 metros adyacentes al perímetro urbano la antigua prohibición de realizar fumigaciones como lo establecía la ordenanza anterior”.
“El Poder Judicial no quiere volver a una agricultura pre-tecnológica ni a una labranza primaria, ni cuenta con facultades para ello; debe tenderse a que se amalgame el desarrollo sustentable con el cuidado del ambiente, y por el momento, mantener la prohibición es lo que la ciencia recomienda, sin perjuicio del carácter mutable de las decisiones en esta materia, lo que nos obligará a todos y todas a volver sobre estos temas transversales. No tengo tampoco dudas que los productores en su gran mayoría cuidan el ambiente y utilizan las buenas prácticas agrícolas, pero ello no es garantía de que no existan peligros, siendo como dije, hasta el momento, la barrera de distancia la única que se observa como palpable en cuanto a la solución”, finaliza el juez Colón.
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Temperaturas extremas: el Servicio Meteorológico Nacional debió agregar un nuevo color

Fecha de Publicación: 13/03/2023
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Tan extremo fue el fenómeno que en los mapas de anomalías de temperaturas máximas debieron sumar al color rojo, dos escalas de gris
Si vivís o estuviste en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la primera semana de marzo y sentiste que nunca habías padecido tanto calor, tu percepción no estuvo errada y hoy fue ratificada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que emitió el “Informe Especial N° 9 por ola de calor/altas temperaturas”.
Tan extremo fue el fenómeno, que afectó, además del AMBA, parcialmente el sur del Litoral, el norte de Buenos Aires, noroeste de Córdoba y norte de San Luis, que en los mapas de anomalías de temperaturas máximas debieron sumar al color rojo, dos escalas de gris.
En el informe, el SMN detalló que la localidad que más días tuvo ola de calor, es decir, temperatura mínima y máxima por encima del umbral para esa zona. Fue Ezeiza, con 8 jornadas y el segundo lugar lo compartieron: la Ciudad de Buenos Aires, El Palomar y La Plata.
“Durante el transcurso de este episodio varias localidades superaron los valores más altos de temperatura para un mes de marzo en los últimos 62 años, destacándose que para algunos casos también se superó el récord histórico, si lo hubiere, anterior a la década del ‘60. También es de remarcar que algunas localidades superaron en más de 1 día al récord anterior vigente, lo que acentúa lo extremo de esta situación de calor inusual”, detalló el organismo.

Las anomalías “grises” que coparon el AMBA
“Al registrarse tantos días con temperaturas máximas muy altas y en varias localidades del centroeste argentino varios de esos días superaron al récord histórico anterior, la temperatura máxima media de la primera semana de marzo fue excepcionalmente alta entre 30°S y 40°S alcanzándose, inusualmente, un máximo absoluto sobre el norte de la provincia de Buenos Aires. En concordancia, las anomalías más significativas se localizaron en la misma zona, con valores que oscilaron entre 8°C y 10°C por encima de lo normal para el inicio de marzo”, explicó el SMN que compartió dos mapas para graficar la diferencia en un marzo habitual y el actual.
El SMN, detalló: “Este patrón tan extremo en las temperaturas que se vuelve a repetir en el inicio del otoño climatológico es causado por un patrón de circulación semiestacionario, comúnmente denominado de bloqueo. El anticiclón del Atlántico sur se encuentra muy intensificado en superficie, aportando viento norte y humedad al centro del país y condiciones de bloqueo atmosférico en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la franja central del país, impiden el ingreso de aire más frío a la región promoviendo que las temperaturas sean persistentemente muy altas para la época del año y den lugar al desarrollo de esta ola de calor muy intensa y tardía”.

El pronóstico para los próximos días, sigue con calor extremo
En tanto, la ciudad de Buenos Aires, La Plata y varios municipios del conurbano bonaerense están afectados esta tarde por marcas de sensación térmica de entre 36 y 41 grados, mientras sigue en vigencia la alerta roja por temperaturas extremas “muy peligrosas” para la zona, en tanto que otras ciudades de la zona centro y este del país transitan también una jornada de calor sofocante, según informó el SMN.
La ciudad de Buenos Aires registra, a las 14, una temperatura de 36.8 grados, con una térmica de 40,8 grados; La Plata se ubica en 33 y 37.2 grados, respectivamente; y Morón, en el oeste del conurbano, una temperatura de 35.9 grados con una sensación térmica que sube a 39.3grados. En toda la región, la humedad se ubica en torno al 40 a 50%.
Por la intensidad del calor que no cesa desde hace más de una semana, el SMN mantiene alerta roja son la ciudad de Buenos Aires y las ciudades bonaerenses de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Cañuelas, Magdalena, San Vicente, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza y Merlo con temperaturas máximas que oscilarán entre los 34 y 37 grados, aunque con marcas de sensación térmica más altas.
De igual forma, en la zona sur del Gran Buenos Aires las áreas afectadas son Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencia Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes, donde se pronostican temperaturas que superarán los 35 grados.
El nivel rojo es la máxima alerta dispuesta por el organismo meteorológico e indica que las temperaturas en esa zona pueden ser “muy peligrosas y afectar a todas las personas, incluso a las saludables”, por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).
Por otro lado, el SMN mantiene una alerta naranja para el noreste de la provincia de Buenos Aires en localidades como Tigre, San Isidro, Campana y Zárate, y también para el oeste de Entre Ríos en Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay, con máximas en torno a los 36 grados en esas ciudades del Litoral.
Además, el resto de Entre Ríos, el norte de la provincia de Buenos Aires, todo el territorio de Corrientes y Santa Fe, el centro y sur de Misiones, el centro y norte de Córdoba y el sureste de Santiago del Estero están bajo alerta amarilla por temperaturas que tienen un “efecto leve a moderado en la salud”.
El nivel amarillo que puede “ser peligroso sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas” también comprende al noroeste de la provincia de Salta en la localidad de General José de San Martín y en las yungas de Orán, Iruya y Santa Victoria.
Ante las altas temperaturas que se registran desde hace días, el Ministerio de Salud reiteró una serie de recomendaciones para la población como usar protector solar, hidratarse, consumir agua aun cuando no se sienta sed, usar ropa holgada, evitar exponerse al sol, usar gorro, consumir frutas y verduras, y evitar la actividad física intensa.

Más Información:

- Página 12  La Niña y el cambio climático, las causas que están por detrás de las olas de calor
La extensión de la sequía y su impacto macroeconómico y sectorial, la tensión en la infraestructura eléctrica y en las escuelas son ejemplos del impacto de fenómenos climáticos que serán cada vez más recurrentes.

- La Voz del Interior. Sin vueltas: “Experimentamos las olas de calor más frescas del resto de nuestras vidas”
Especialistas señalaron que Argentina atraviesa el verano más cálido de su historia por varios factores. Y coincidieron que será cada vez más frecuente por la influencia humana en el clima.
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Se realizó la primera asamblea del COFEMA del año con el eje en el trabajo logrado

Fecha de Publicación: 13/03/2023
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


La jornada se llevó a cabo en el salón Néstor Kirchner de la sede de la cartera ambiental nacional, espacio en el que se eligieron las nuevas autoridades del cuerpo.
Autoridades del Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación encabezaron la Asamblea Ordinaria n.° 107 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), integrada por las y los representantes de los distintos puntos del país.
El presidente del COFEMA, Santiago Azulay, dio la bienvenida a las autoridades presentes para iniciar el temario de trabajo y subrayó “el compromiso con esta institución que la hacemos entre todas y todos a diario”.
A su turno, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, explicó los avances en materia de manejo del fuego: “Lo que cualitativamente hemos logrado en esta gestión a lo largo de dos años ha sido colosal en términos de sentar las bases de un sistema que prácticamente no tenía existencia como tal, más que en el papel”, a la vez que destacó el financiamiento logrado y señaló que eso permitió “tener el récord de medios aéreos” durante el año en curso y “traer el helicóptero Chinook”. También adelantó que este año se va a iniciar “la compra de tres helicópteros Bell equipados con helibalde, que estarán aquí, casi con seguridad, a mediados del año que viene”. Además, subrayó la instalación de tres nuevas bases del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en el país, haber duplicado la cantidad de brigadistas de Nación, haber logrado mejorar su condición laboral e instó a dar “un salto de calidad en el vínculo entre las provincias y el Estado nacional para que todo esto que se está invirtiendo tenga un resultado concreto en la gestión”.
Asimismo, el funcionario se refirió a la tarea lograda en términos de gestión de residuos sólidos urbanos: “Pusimos en marcha ocho obras, buena parte de las cuales, sino todas, van a estar terminadas e inauguradas a lo largo de este año”. También recordó que esos resultados permitieron “negociar con el BID un nuevo préstamo” para otros proyecto, lo que compromete “450 millones de dólares para los próximos cuatro años” de dicho organismo, del Banco Europeo de Inversiones y de la Agencia Federal de Desarrollo, y recordó que se distribuyó maquinaria “a más de 150 municipios de maquinaria destinada al tratamiento y reciclaje de residuos sólidos urbanos”.
Por su parte, la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, expresó el compromiso de la Nación “con todas las provincias para acompañarlas en sus planes de respuesta de adaptación y mitigación al cambio climático”, y comentó que el objetivo para este año es presentarlos. “Nosotros presentamos el año pasado el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, es importante que tengamos en cuenta las necesidades y desafíos que tiene cada jurisdicción en sus territorios” agregó.
Otro de los temas abordados durante la jornada fue el Acuerdo de Escazú. Al respecto, Nicolini resaltó que Argentina va a ser sede de la COP2, a desarrollarse entre el 19 y 21 de abril en Buenos Aires. “Va a ser un encuentro que va a abrir el presidente de la Nación, con la participación de autoridades a nivel nacional, regional e internacional. Será una muy buena oportunidad para debatir sobre el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia”, afirmó Nicolini.
En tanto, la secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, Beatriz Domingorena, destacó “el recorrido de la agenda de biodiversidad en materia de recursos naturales y de bosques en cada una de las provincias”. Agradeció la oportunidad de trabajar en conjunto en el marco de un presente marcado por “los efectos y la incidencia del cambio climático” y aseguró que eso “obliga y redobla la apuesta a trabajar fuertemente en la agenda ambiental”. Además, propuso un enlace para trabajar las cuestiones de género y ambiente y adelantó que se brindará una agenda de charlas para abordar los temas de manera federal.
Durante la jornada también tomó la palabra el subsecretario Fernández en representación del ministro Cabandié, quien mencionó la importancia de contar con un espacio de concertación con las provincias como es el COFEMA y repasó algunos logros de gestión del Ministerio, como el trabajo y articulación de políticas públicas con perspectiva federal, tal como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), los financiamientos otorgados en el marco de la ley de bosques, la creación y ampliación de parques nacionales. Y destacó el acompañamiento del Consejo en el impulso de leyes como Educación Ambiental Integral, Yolanda, humedales y envases.
En la primera asamblea del año se eligieron autoridades: el actual presidente del COFEMA y secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, renovó su mandato, mientras que Martín Bonifacio, director general de Promoción para el Desarrollo Sostenible de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultó electo vicepresidente.
Otros temas abordados durante la asamblea incluyeron la presentación de informes de las distintas comisiones, la gestión destinada a bosques nativos y las rendiciones en la materia, el tratamiento de lo actuado en el Programa Género Ambiente + Diverso, las actividades federales llevadas a cabo para la planificación y ordenamiento ambiental del territorio, educación ambiental, entre otros.
Por parte de la cartera ambiental nacional, además, participaron Nicolás Fernández, subsecretario Interjurisdiccional e Interinstitucional; Jorge Heider, director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego; Martín Mónaco, director nacional de Bosques; Gabriela González Trilla, directora nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos; Guido Veneziale, director nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio; José María Losada, director nacional de Educación Ambiental; y Déborah Müller, directora de Articulación Interjurisdiccional y Acceso a la Información.
En tanto, representaron a las provincias: Erika Gonnet, ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe; Marta Elena Soneira, ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible de Chaco; María Inés Zigarán, ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy; Víctor Kreimer, ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones; Eugenia Álvarez, secretaria de Ambiente de Tierra del Fuego; Juan Carlos Scotto, secretario de Ambiente de Córdoba; Tamara Basteiro, secretaria de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires; Alejandro Aldazabal, secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Salta; Valeria González Wetzel, subsecretaria de Ambiente de Entre Ríos; Hugo Eduardo Bay, subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de Formosa; Silvano Chabur, subsecretario de Administración de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Rio Negro; Jorge Scellato, subsecretario de Conservación y Desarrollo Sustentable de San Juan; y Carlos Salmoiraghi, subsecretario de Medio Ambiente de Santiago del Estero.
También estuvieron Esteban Bulacio, director de Bosques de Catamarca; Rodrigo Roveta director de Bosques de Chubut; Lucía Redondo Caamaño, directora provincial de Áreas Naturales Protegidas y Recursos Faunísticos de Neuquén; Javier María de Urquiza, presidente del Consejo Agrario de Santa Cruz; Agostina Brezzo, titular del Programa Cambio Climático e Innovación de San Luis; Florencia Sayago, directora de Medio Ambiente de Tucumán; y Serena Fortuna, coordinadora REDD+ de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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Revés judicial para Atanor: confirman contaminación masiva en el río Paraná

Fecha de Publicación: 13/03/2023
Fuente: elciudadanoweb.com
Provincia/Región: Buenos Aires


Este jueves se dictó sentencia definitiva contra la planta industrial que produce herbicidas en el centro urbano de San Nicolás. Fabián Maggi, uno de los abogados que impulsó la causa hace 8 años, dijo que ahora hay que determinar el daño provocado en el ambiente y en la salud pública
El poder Judicial de Buenos Aires hizo lugar a un amparo ambiental contra la planta industrial de la empresa Atanor SCA, una de las tres productoras de herbicidas más importantes del mundo, por contaminar el río Paraná mediante vertidos “ilegales y sin autorización de residuos peligrosos” en la ciudad de San Nicolás.
Luego de una causa que lleva ocho años en la Justicia, la jueza de Ejecución Penal de San Nicolás Luciana Bancalari dictó una sentencia definitiva contra la planta industrial ubicada en pleno radio urbano de esa localidad bonaerense.
Fabián Maggi, abogado patrocinante de la Asociación Civil Foro Medio Ambiente de San Nicolás (Fomea) dijo que el fallo judicial es un “gran paso” tras tantos años de lucha y resaltó que ahora resta “establecer la responsabilidad penal por el daño causado en el ambiente y a la salud pública”.
El amparo ambiental fue interpuesto por Fomea en 2015 para denunciar la “masiva” contaminación del ambiente con agroquímicos y la “grave” afectación en la salud de los vecinos de esa localidad, puesto que la empresa se ubica en pleno ejido urbano.
Luego de ocho años de trámite judicial y la realización de numerosas pruebas que contaron con la intervención del Conicet, el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIM) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal, la jueza a cargo, Luciana Bancalari, determinó en su sentencia definitiva que “fue probado el marco de ilegalidad en el que funcionaba Atanor”.
Sostiene la jueza en su sentencia que quedó demostrado que la empresa Atanor volcaba sus efluentes líquidos al río Paraná, sin la debida autorización por parte de la Autoridad del Agua conforme surge de las actas de inspección.
En ese sentido, señaló que de la pericia del Conicet sobre muestras de agua de Atanor indica “la presencia de Atrazina con valores superiores a los permitidos para protección de la biota acuática en aguas superficiales, encuadrando dentro de la Ley 24.051 de residuos peligrosos, en particular en el grupo Y4 (Anexo I)”.
La pericia llega a la conclusión de que “Atanor SCA vuelca desechos peligrosos y tóxicos que degradan la calidad de agua del curso del río y afectan la biota acuática, todo ello considerando los Niveles Guías de Calidad de Agua de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación Argentina (2003) que establece el nivel guía de calidad para Atrazina en cursos de aguas superficiales”.
Bancalari sostuvo que “no puede perderse de vista que Atanor se encuentra situada en pleno radio urbano y que es una empresa que manipula productos peligrosos para la salud”.
Por ese motivo la magistrada condenó a la industria demandada a la inmediata puesta en funcionamiento de un mejoramiento del sistema de tratamiento de efluentes líquidos en el término de 20 días.
También los obliga a realizar una evaluación de riesgo ambiental en términos cuantitativo, un estudio de perturbación del suelo con intervención del Conicet y convocó a la Universidad Nacional de Entre Ríos a realizar un monitoreo de la calidad de aire en la población circundante incluyendo domicilios particulares, de los resultados que allí se obtengan se tomarán nuevas decisiones judiciales.
Finalmente, el poder Judicial de Buenos Aires prohibió definitivamente a la empresa Atanor continúe produciendo el insecticida “clorpirifos”, sustancia que se utiliza como insecticida y múltiples estudios han demostrado que causa daño neurológico en niños y niñas.
En ese sentido, la titular del juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás, tuvo especialmente en cuenta la declaración testimonial de la reconocida genetista Delia Aiassa quien afirmó: “En nuestra experiencia lo que hemos probado en animales y células humanas expuestas han sido glifosato, cipermetrina y trifluralina y hemos encontrado que en animales o seres humanos, esos químicos causan un daño en el material genético que se transforman en mediano o largo plazo como problemas adversos en la salud”.
La intervención del Conicet fue crucial en la decisión final de la causa como indica la sentencia judicial textualmente: “El perito ingeniero Porta dictaminó en su pericia que los hallazgos efectuados en el marco del expediente federal acreditan que diversos sectores de la planta industrial presentan elevados índices de contaminación en suelo”.
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Crean un nuevo banco de germoplasma para conservar la biodiversidad en el NEA

Fecha de Publicación: 11/03/2023
Fuente: Télam
Provincia/Región: NEA


Con la mirada puesta en la conservación de la biodiversidad, desde diciembre último Corrientes cuenta con el Banco de Germoplasma de Especies Tropicales y Subtropicales (Bgctes), un  sitio de preservación de material biológico que alberga las colecciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y del Instituto de Botánica del Nordeste (Ibone), el cual es de doble dependencia, UNNE y Conicet.
La diversidad de las familias vegetales y el trabajo mancomunado de dos instituciones hacen que este Banco sea de características únicas en la región.
"En primer lugar son dos instituciones diferentes que aúnan esfuerzos en pos de la conservación de la biodiversidad y en cuanto al material conservado es muy diverso, es decir, familias de vegetales muy diferentes, a lo que seguramente iremos incorporando nuevos materiales a la colección, lo cual incrementará la diversidad ya existente", remarcó Graciela Lavia, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del Conicet en el Ibone.
Y continuó: “Su objetivo final es lograr la conservación de la biodiversidad a corto, mediano o largo plazo, evitando la pérdida de la diversidad genética causada por factores ambientales, físicos, biológicos, o como consecuencia de las actividades humanas” manifestó en diálogo con Télam-Confiar.
“En nuestro banco actualmente hay material principalmente de la provincia de Corrientes, pero también existen de otras provincias que han sido recolectados con los permisos correspondientes, porque cada provincia tiene derechos sobre sus recursos genéticos”, aclaró la científica, especialista en recursos genéticos.
Respecto al proceso de colección y conservación del germoplasma de especies vegetales, Lavia hizo hincapié en el secado y el acondicionamiento estrictamente hermético para garantizar que las semillas se conserven viables por más tiempo. “Cada grupo de vegetales conservados en nuestro banco tiene su metodología particular para la colección y conservación de los materiales”, señaló.
“La forma más frecuente en la que se conserva el germoplasma es en forma de semillas refrigeradas. Para que se conserven el mayor tiempo posible luego de coleccionarlas hay que secarlas adecuadamente. Todas las semillas tienen un porcentaje de agua en su constitución que conviene reducir al mínimo sin perder la viabilidad de la misma. Es decir, menos cantidad de agua tiene la semilla, mayor el plazo de conservación”, explicó.
Cuando termina el proceso de secado se acondiciona para la conservación y en general se hace en envases lo más herméticos posibles como sobres de aluminio trilaminados, frascos de vidrio con tapas herméticas, para evitar la rehidratación del material. Y dependiendo del material la conservación es a 5°C, o sea, la temperatura de una heladera de uso doméstico. Otras pueden ser conservadas en un freezer, a - 20°C”.
Y continuó: “Las semillas no son todas iguales difieren tanto en morfología como en fisiología. Lo ideal es realizar una evaluación del material a conservar para ver las condiciones óptimas, es decir, condiciones para conservar la semilla a mayor plazo conservando la viabilidad de las mismas, de tal forma que, por ejemplo si el tiempo máximo de conservación de una semilla es de cinco años, cuando pasen esos años y coloquemos a germinar esas semillas obtengamos un elevado porcentaje de plantas normales iguales a la original”, definió.
El  Banco de Germoplasma reúne ejemplares recolectados desde hace varias décadas atrás, son más de 800 introducciones en colecciones de semillas, colección viva en invernáculos, a campo y en condiciones in vitro. Cuenta con géneros de vegetales de diversas familias, por lo que se trata de material valioso para la diversidad botánica y para la conservación de especies de importancia provincial, regional, nacional y mundial. “Son 800 entradas que representan alrededor de 150 especies diferentes”, remarca Lavia.
Entre las especies que se conservan en el Bgctes se encuentran especies silvestres y cultivadas de los géneros de leguminosas: Arachis y Stylosanthes; gramíneas: Paspalum, Andropogon; variedades de mandiocas (Manihot esculenta), aguaí (Chrysophyllum gonocarpum) y orquídeas.
Pero el de Corrientes no es el único: Lavia detalló que “existen muchos bancos de germoplasma en el país, alrededor de 20 pertenecen al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y funcionan en las distintas estaciones experimentales del país y se dedican especialmente a cultivos y sus especies silvestres emparentadas. Además en muchas universidades y centros de investigación de Conicet y otros organismos públicos (nacionales, provinciales y municipales) funcionan bancos de germoplasma focalizados más en las plantas nativas del país”.
La investigadora marcó la importancia de desarrollar este tipo de propuestas ante las constantes amenazas que sufre la flora. “Este proyecto permite conservar las especies ante numerosas amenazas, como la degradación de los hábitats naturales, los cambios ambientales, la contaminación, la expansión de la frontera agropecuaria, y -particularmente en nuestra región- las sequías prolongadas o los incendios” reflexionó.
Asimismo, destacó el espíritu de intercambio de materiales con otras instituciones “siempre dentro de los marcos formales que son requeridos”.
De la comisión de redacción del reglamento del Bgctes también participaron otros especialistas del Conicet y de la UNNE, como Ricardo Medina, Andrea Brugnoli, María Hidalgo, María Laura Pérez, Paula Alayón Luaces y Alejandra Ortiz.
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El Paraná baja otra vez y aseguran que se normalizará en 2024

Fecha de Publicación: 11/03/2023
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Litoral Argentino


Para el fin de semana podría volver a habilitarse el ingreso a la playa Malvinas I tras la tendencia que se marca. Desde la UNNE aseguraron que la bajante extrema concluyó e inició un período de recuperación.
El nivel del río Paraná comenzó a descender este miércoles en la costa correntina tras tres semanas de una tendencia en ascenso, que llegó ayer a los 5,50 metros en el puerto local. Un especialista de la UNNE afirmó que, luego de tres años de bajante, para inicios de 2024 volverá a sus parámetros normales.
Tal como había pronosticado desde el Instituto Nacional del Agua (INA), el cauce que rodea el Este y Sur de la geografía provincial inició su descenso. Y para el fin de semana, podrían volver a habilitar la playa Malvinas I que fue cerrada este lunes.
El hidrómetro de Prefectura Naval en el Puerto de Corrientes registró ayer una “tendencia a la baja” y midió 5,42 metros en horas de la noche. Por su parte, el INA prevé para el 14 de febrero una altura de 4,38 metros y para el 21 de marzo llegaría a 3,93 metros.
Sobre una tendencia a futuro, el ingeniero en Recursos Hídricos y docente de la Universidad Nacional del Nordeste, Hugo Rohrmann, señaló que tras la crecida el río volverá a descender pero que la bajante que registra desde hace tiempo se terminará este año. “El río ha tenido una crecida en febrero y marzo producto de precipitaciones que se dieron en la parte brasileña de la cuenca del Paraná”, explicó.
Sobre la evolución del cauce aseguró que hay claras “señales de normalización”, específicamente en el clima. “Es un año de transición y en 2024 va a estar totalmente normalizado”, vaticinó.
Especialistas internacionales avizoran que el fenómeno de El Niño (provoca altas temperaturas en el pacífico ecuatorial y abundantes precipitaciones en Sudamérica) comenzará en el próximo verano. El Municipio de Piura, en Perú, ya alista obras para las defensas costeras ante el ingreso de un período de abundantes precipitaciones.
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La UNLP creará un parque solar que abastecerá a todas sus facultades

Fecha de Publicación: 10/03/2023
Fuente: Télam
Provincia/Región: Buenos Aires


Con el objetivo de promover el uso de energías limpias y renovables, la Universidad Nacional de La Plata anunció que instalará un Parque Solar en la región que podrá abastecer el 100 por ciento de la demanda energética de las facultades de esa casa de estudios.
Según se prevé, este parque fotovoltaico de 5 MW permitirá abastecer toda la demanda energética de la UNLP, lo que la convertirá en la primera universidad de América Latina autosustentable en materia energética, se informó en un comunicado.
La instalación de paneles solares en la Facultad de Informática para el abastecimiento de energía constituyó el punto de partida para esta iniciativa.
Para el vicepresidente de la UNLP, Fernando Tauber, "estas acciones se enmarcan en la agenda ambiental que tiene nuestra universidad y en la constante preocupación por el desarrollo, investigación y utilización de fuentes de energía renovables”.
 “Tenemos que tener soberanía energética, no sólo por una cuestión económica, sino también por el aporte al desarrollo productivo, útil para la sociedad. La universidad debe demostrar que es capaz de generar la energía que necesitamos para funcionar”, sostuvo Tauber.
En tanto, el decano de Ingeniería, Marcos Actis, agradeció “la confianza institucional depositada en la unidad académica para llevar adelante esta importante iniciativa” y dijo que "es un camino complicado en principio por cuestiones burocráticas, pero no podemos desistir ya que es primordial que la UNLP produzca su energía; tenemos las capacidades para avanzar y ser pioneros en la Argentina".
“En la universidad hay muy buena capacidad de gestión y debemos ponerla al servicio de proyectos estratégicos por eso tenemos el compromiso de encarar de manera interdisciplinaria este ambicioso proyecto”, agregó.
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El Ministerio de Ambiente presentó una denuncia para que se investiguen los incendios forestales en El Bolsón

Fecha de Publicación: 10/03/2023
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Río Negro - Nacional


La medida fue presentada hoy ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA).
A raíz de los incendios forestales ocurridos en la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que conduce Juan Cabandié, presentó una denuncia ante la UFIMA, con el fin que se investigue a los responsables de iniciar los focos ígneos en esa zona.
La medida considera como un delito de acción pública prender fuego en zonas forestales y se basa en la Ley de Régimen de Representación del Estado en Juicio n.° 17516 que establece que el Estado podrá asumir el carácter de parte o de querellante en todos los casos en que esté comprometido el orden público o el interés público. Además, incluye la presentación de pruebas documentales y solicita que las mismas sean tenidas en consideración al momento que se inicie la investigación.
El pasado domingo, quedó detenido el presunto autor de las llamas que originaron el foco ígneo en un camping ubicado en Cascada Escondida, a diez kilómetros al noroeste de El Bolsón, quien quedó a disposición de la Justicia Federal por la causa caratulada como “daños por incendio agravado”. Se trata de un hombre de 30 años que inició el incendio presuntamente de manera intencional. Su domicilio en el barrio de San José, ubicado en la misma localidad, fue allanado el lunes por la Gendarmería Nacional. Además, el Gobierno provincial de Río Negro informó que la Justicia trabaja en la imputación de otras dos personas sospechosas de participar en el hecho.
Cabe destacar que, desde de la aparición de los primeros focos ígneos en la zona mencionada, el pasado 5 de marzo, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que pertenece al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, brinda asistencia en territorio. Allí operaron en el combate de los incendios seis medios aéreos —tres aviones hidrantes AT-802, un avión anfibio AT-802 y dos helicópteros con helibalde—; 130 combatientes, 41 pertenecientes al SNMF y la Administración de Parques Nacionales, organismo descentralizado que actúa bajo la órbita de la cartera ambiental nacional; personal de apoyo técnico y logístico afectado al combate de incendios del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Río Negro, bomberos voluntarios, Protección Civil, Parques Nacionales y la Brigada Nacional Sur.
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Argentina buscará que la ley de humedales no frene el auge del litio

Fecha de Publicación: 09/03/2023
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Algunas versiones de la legislación clasifican a las salinas andinas ricas en litio como áreas de humedales.
La Argentina está en conversaciones con los responsables de política monetaria y las empresas para evitar que la ley de protección de humedales frene la exploración a medida que el mundo busca fuentes de energía más amigables con el medio ambiente.
Argentina está en camino de convertirse en uno de los mayores proveedores de litio necesario para el cambio hacia una energía y un transporte más limpios. El país ha estado trabajando en una ley, impulsada por su presidente en un importante discurso la semana pasada, para proteger sus humedales en medio de los extensos incendios que a menudo se achacan a los agricultores. Pero una ley así podría detener la exploración de litio.
“Todos estamos convencidos de que el cuidado del medio ambiente es un pilar central del desarrollo”, dijo el subsecretario de Minería federal, Fernanda Ávila, en una entrevista en una conferencia minera en Toronto. “Lo que estamos debatiendo y discutiendo es cómo se puede aprobar la ley de humedales sin poner en riesgo los proyectos mineros”.
Algunas versiones de la legislación clasifican las salinas andinas ricas en litio de Argentina, un imán cada vez mayor para los mineros internacionales y los fabricantes de baterías, como áreas de humedales debido a las grandes piscinas salinas debajo de la superficie. Los gobernadores de las tres principales provincias de litio del país han expresado su preocupación ante la posibilidad de que una ley impida la exploración del metal.
El Gobierno Federal está trabajando con las provincias y un grupo de la industria que representa a las mineras para asegurarse de que eso no suceda, dijo Ávila.
El Gobierno también está tratando de convencer a las mineras de que Argentina está lista para proyectos de inversiones a largo plazo, después de que las políticas fragmentarias para abordar las restricciones del país sobre los flujos de dinero y los impuestos a la exportación se quedaran cortas.
“Estamos hablando con las empresas, que generalmente están invirtiendo no menos de US$4.000 millones, para darles mayores garantías a través de un acuerdo que abarque varios temas”, dijo Ávila.
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Mapuches alzan la voz por la minería y el hidrógeno verde

Fecha de Publicación: 09/03/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Reclaman al Gobierno la consulta previa, libre e informada. Ya hay un amparo judicial en trámite y preparan nuevas acciones para ser escuchados antes de que se concreten los proyectos.
Las comunidades mapuches están en alerta. El avance de los proyectos mineros de oro, plata y litio en Río Negro y la propuesta para la producción de hidrógeno verde motivaron una serie de reclamos que parten de la exigencia de una “consulta previa, libre e informada” que en algunos casos llegó a la Justicia, sin definición todavía.
A fines de 2021, siete comunidades mapuches fueron a la Justicia con un recurso de amparo para frenar las tareas de exploración minera en la Región Sur que afectaba sus territorios. En primera instancia, el Juzgado Multifueros de El Bolsón hizo lugar a una medida cautelar que puso un freno a las tareas, pero el STJ lo revocó en junio de 2022, aunque desde entonces no volvieron a ingresar a los campos las empresas con permisos de cateos mineros.
Mientras tanto, el caso sigue la maraña judicial con audiencias de partes (la última se realizó el 17 de febrero) que todavía no termina en una definición respecto de la consulta previa.
Ahora, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro prepara con sus abogados un nuevo amparo, esta vez por el proyecto que busca litio en la zona de Mamuel Choique donde está la comunidad Negpun Curra, que sumará también otras comunidades afectadas por el mega proyecto minero Calcatreu, que sigue con tareas de exploración en la región.
“El amparo es para frenar esto y discutirlo, queremos una consulta previa, libre e informada”, dijo a RÍO NEGRO Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche, quien remarcó que “según el convenio 169 de la OIT las comunidades tienen el derecho de dar el consentimiento o no a proyectos de esta característica, y la herramienta es la consulta previa”.
El referente mapuche recordó experiencias en las que se concretó la consulta previa que ahora reclaman ante varios proyectos. Así se hizo para trasladar a las comunidades de Pilquiniyeu del Limay, cuando se construyó la represa en la década del ‘90; en Colhan Conué por un parque fotovoltaico; en Cerro Alto por el parque eólico (que no se concretó finalmente) y recientemente para crear el parque nacional Islote Lobos (aunque cuestionan la falta de un estudio antropológico).
Según apuntó, el Gobierno provincial “desconoce a las comunidades y al derecho indígena” al cuestionar la consulta previa que se reclama por vía judicial.

Una nueva discusión
El hidrógeno verde es otro desarrollo al que prestan atención las comunidades. Carriqueo enfatizó que se necesita la consulta previa: “La desinformación es tan grande que nada bueno viene de la desinformación”, afirmó.
Las comunidades pidieron al Gobierno “generar encuentros zonales para trabajar el proceso de consulta previa”, afirmó el referente mapuche remitiéndose a la decisión del acta del Parlamento Mapuche reunido en junio del año pasado.
La gobernadora Arabela Carreras, en su discurso de apertura de sesiones, mencionó este tema y dijo que el Gobierno “espera la respuesta formal por parte de las organizaciones indígenas acerca del modelo de consulta previa”.
Daniel Sanguinetti, secretario de estado de Planificación, que lleva adelante el proyecto de hidrógeno verde, especificó a RÍO NEGRO que por los “canales oficiales” en el diálogo entre el Ministerio de Gobierno y el Consejo de Desarrollo Indígena (Codeci) “se entregó un borrador de protocolo respecto de cómo realizar la consulta previa. La idea es que revisen, validen, corrijan, hagan una contrapropuesta y a partir de ahí tener el formato para la consulta”. Afirmó que no hubo respuesta.
Para Carriqueo la respuesta está con la premisa de hacer consultas zonales que debería garantizar el Estado. Recordó alguna reunión el año pasado con Mercedes Iberó, que depende del área de Planificación, donde se les entregó “folletería” informativa únicamente.
Las comunidades denuncian que, a pesar de no tener esa consulta previa, ya se realizaron bases de cemento para instalar las torres de medición de viento para el proyecto de hidrógeno verde en lugares de la Meseta de Somuncura donde hay comunidades. “Una consultora contratada por la empresa Fortescue hizo firmar autorizaciones legando incluso a exigir firmas de personas que no saben leer ni escribir”, afirmó Carriqueo.
En este sentido, Sanguinetti dijo que la autorización otorgada a la empresa abarca solo tierras fiscales y se había constatado con anterioridad esa condición a través de documentación de la Dirección de Tierras. Dijo desconocer si puntualmente en algún lugar que se construyeron bases, había comunidades y alentó a que, de ser así, deberían realizar la denuncia formal.
Con el proyecto de hidrógeno verde hay reparos previos que Carriqueo enumera como la objeción que la producción de la energía limpia no quedará para las comunidades de la zona, la generación de puestos de empleo anunciados que cree que no se ajusta a la realidad y los efectos ambientales y sociales que producirá la instalación de parques eólicos en la Meseta de Somuncura, un área protegida con especies únicas. Pero las comunidades no son taxativas en su rechazo, quieren conocer detalles y dar la discusión.

El “modelo” es el debate
Más allá de este dilema, Carriqueo insistió que lo que se discute es “el modelo de extractivismo, no solo del gobierno provincial sino también del nacional”.
Recordó que además del impulso a la minería que realiza la provincia, con decenas de permisos de exploración, el plan del hidrógeno verde tiene la misma línea porque los recursos que saldrán de Río Negro “irán a Europa”.
“Tenemos una concepción distinta del territorio, el Estado dice que los recursos que están debajo de la superficie son del Estado y para los mapuches todo forma parte del espacio territorial, lo que está en la superficie y lo de abajo”, explicó y concluyó: “Estamos pagando el costo del progreso, pero ¿en qué condiciones?”.

“El gobierno de Carreras es más violento”
En su discurso, Arabela Carreras habló de un “diálogo permanente” con las comunidades mapuches de la provincia. “El objetivo es incorporar sus visiones y propuestas a la toma de decisiones y así lograr el mayor consenso social posible, involucrando a todas y todos”, dijo en el discurso de apertura de sesiones al referirse al proyecto de hidrógeno verde. Del otro lado, no ven tan amena la relación.
“El gobierno de Carreras es más violento en sus acciones directas que las que tuvo Weretilneck, pero el proyecto del extractivismo es de los dos”, afirmó Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche de Río Negro.
Remarcó que la provincia incumplió con los puntos acordados a abordar ni bien asumió la gobernadora, en enero de 2020. Se trataba de avanzar en el relevamiento indígena (que no se concretó en esta gestión y se mantienen las diferencias por el manejo de los fondos y la gestión); profundizar la educación intercultural bilingüe; garantizar la consulta previa, libre e informada; fortalecer el Codeci e impulsar proyectos productivos con las comunidades.
“A pesar de todo mantenemos el diálogo y lo mantuvimos cuando tenían rodeada a Natividad Antual en Jacobacci, cuando se ordenaron desalojos impulsados por la provincia y cuando mataron a Elías Garay, donde el Estado también tiene responsabilidad”, dijo Carriqueo quien habló de “racismo” en el gobierno de Carreras.
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Sequías: causas y efectos del fenómeno que afecta a más de la mitad del país

Fecha de Publicación: 08/03/2023
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional


La falta de agua en varias provincias genera tanto perjuicios económicos como ambientales por la afectación de cultivos e incendios. Por qué se produce y qué se puede hacer para mitigar el impacto.
La falta de agua se registra en más de la mitad de los suelos del país: son 1,64 millones de kilómetros cuadrados afectados por la sequía según los últimos informes presentados por el Sistema de Información sobre Sequías para el sur de Sudamérica (SISSA). El 45,52% se encuentra en un estado de “no seco”, 22,19% exhibe una situación de “sequía moderada”, otro 14,39%  muestran una “sequía severa”, un 8,9%  un área “anormalmente seca”, un 7,43% con “sequía extrema”, y otro 1,57% con un estado de “sequía excepcional”.
Entre las razones que aducen los especialistas se destaca la permanencia del fenómeno de La Niña, que lleva más de tres años, y las escasas lluvias. También se suman factores como la pérdida de pulmones verdes, que son espacios para la preservación del agua. Bruno Giambelluca, vocero de la campaña de clima y energía de Greenpeace, señaló ante El Auditor.info que en el país las tierras secas ocupan gran parte del territorio nacional y se ven afectadas por la industria agropecuaria, la deforestación y el uso inadecuado de los recursos hídricos. “Lo principal es asumir que estamos frente a un contexto de crisis climática y de biodiversidad, y eso significa tomar medidas urgentes para frenar la expansión de los combustibles fósiles y migrar desde una forma de generación de energía fósil hacia una renovable. Los Gobiernos deben comprender que un mayor impacto del cambio climático ocasionaría mayores pérdidas económicas y de bienestar en general”, asegura.
Según el último Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, el sector agrícola representa el 69% de todas las extracciones de agua subterránea, los usos domésticos representan el 22% y el 9% tiene fines industriales. “El nitrato, procedente de fertilizantes químicos y orgánicos, es el contaminante antropogénico más frecuente en las aguas subterráneas a nivel mundial”, señala el documento donde también refieren a que insecticidas, herbicidas y fungicidas, cuando se aplican o eliminan de manera incorrecta, pueden contaminar las aguas subterráneas con carcinógenos y otras sustancias tóxicas.
En cuanto a la deforestación, Giambelluca indica que está “directamente relacionado” a las sequías como otros fenómenos climáticos extremos. “Los bosques y sus suelos almacenan más carbono que cualquier otro ecosistema terrestre y juegan un papel vital en la mitigación de la creciente inestabilidad del clima. Si desaparecen los bosques, dejan de ser almacenes de carbono para pasar a ser fuentes, agravando el cambio climático. La deforestación representa aproximadamente el 23% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (más que todo el sector transporte del mundo)”, afirma el ambientalista.
Una mayor conciencia sobre la crisis hídrica y su uso adecuado ayudaría también a más compromiso y exigencias por parte de la ciudadanía. “La sociedad civil debe reclamar que los Gobiernos entiendan que tomar medidas urgentes frente al cambio climático es altamente necesario. Todas las acciones individuales sirven para poner cada uno su grano de arena”, indicó el referente de Greenpeace.

Informe de auditoría
La Auditoría General de la Nación concluyó que hubo un “escaso cumplimiento” del Programa de Acción Nacional (PAN) contra la desertificación. El proyecto es llevado a cabo por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo que se analizó fueron las medidas tomadas para cumplir con los objetivos de conservar los servicios ecosistémicos y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, conforme a la Meta 15.3 de la Agenda 2030.
El país asumió compromisos internacionales en la lucha contra la desertificación, entre ellos, el de generar información sobre el estado de degradación de las tierras en diversas escalas y el monitoreo de la sequía pero, según el informe, no están siendo acompañados con las adecuaciones normativas, institucionales ni presupuestarias necesarias para su cumplimiento.
En el documento se resaltó el efecto que causa el aumento de la sequía y la degradación de la tierra, ya que trasciende las zonas directamente afectadas, y los beneficios de una lucha contra la desertificación que contribuiría a mitigar la pérdida de la biodiversidad, combatir el cambio climático global y mejorar la calidad de vida de la población favoreciendo la seguridad alimentaria.
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Qué les preocupa a los argentinos del cambio climático según la generación a la que pertenecen

Fecha de Publicación: 08/03/2023
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital Federal - Buenos Aires


La organización ambientalista Greenpeace realizó una encuesta en el Área Metropolitana de Buenos Aires que indagó sobre la inquietud ante los problemas ambientales
La organización ambientalista Greenpeace difundió una encuesta de opinión pública realizada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (c) que echa luz sobre un gran interrogante en materia ambiental: ¿cuánto nos preocupa el cambio climático?
“Ante los récords que se registran por las temperaturas elevadas en verano, las sequías extremas que afectan a gran parte del país, los incendios de bosques, humedales y pastizales y las inundaciones, nos interesaba conocer qué piensa la gente sobre el cambio climático y sobre cómo afecta a nuestro país, así como también su percepción sobre una de las industrias más contaminantes, los combustibles fósiles”, explica Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace.
El relevamiento, que se realizó durante el último trimestre del 2022, reveló que el 71% de los encuestados considera que el cambio climático es un problema actual. Mientras que el 90% considera que la Argentina está muy (42%) o algo (48%) afectada por la crisis climática, al 86% le preocupa mucho (58%) o algo (28%) el cambio climático.
El documento, que fue realizado en base a 1247 encuestas efectivas, contó con la participación de personas que representan a la generación llamada Baby Boomers (personas nacidas entre 1945 y 1964); la Generación X (nacidos entre 1965 y 1981), los Millennials (entre 1981 y 1996) y personas de la Generación Z (nacidos a partir de 1997 en adelante).
Cuando se preguntó “¿qué es para vos el cambio climático?”, los encuestados respondieron entre las primeras menciones: la actividad del ser humano (15%), cambios del clima (14%), destrucción, alteración del medio ambiente, planeta, naturaleza (14%), contaminación, emisión de gases (13%), cuestiones de desorden climáticas extremas, sequías, inundaciones, tormentas (9%). Cabe destacar que esta fue una pregunta con opción de respuesta múltiple.
Sobre las principales causas del cambio climático, las tres primeras respuestas fueron la deforestación y tala de bosques (77%), el exceso de basura generada por el hombre (60%) y el uso de las energías de origen fósil (49%). ¿Qué respondieron según cada generación? Quienes más condenan la deforestación son la Generación X (81%) y los Baby Boomers (84%). Por otro lado, también son los Baby Boomers los que más asocian el uso de las energías fósiles al cambio climático (55%).

Los peores efectos
Entre las consecuencias más graves del cambio climático las opciones más elegidas por los encuestados (con posibilidad de respuesta múltiple) fueron: pérdida de biodiversidad (46%), deshielo de los polos (45%), calores extremos (41%), sequías (40%) y disminución de reservas de agua potable (40%). Quienes pertenecen a la Generación Z y los Millennials fueron los que más se preocuparon por la pérdida de biodiversidad (52%), mientras los Baby Boomers ven con preocupación el deshielo de los polos (55%).
Por otro lado, la encuesta reveló opiniones sobre la industria de los combustibles fósiles y su relación con el cambio climático. Se les preguntó que es lo primero que piensan en relación con la actividad de exploración y extracción de petróleo y gas, y las más votadas fueron: destruye el medioambiente del lugar (59%), es peligrosa por potenciales derrames (54%) y altera la flora y fauna del lugar (52%). Esta pregunta también brindó la opción de respuesta múltiple.
Cuando se les preguntó sobre el daño que ocasionan las empresas que se dedican a la extracción de petróleo y gas, el 57% de los entrevistados consideraron que generan mucho daño al medio ambiente.
En referencia a lo que harían con la producción de petróleo, los participantes de la investigación aseguraron en un 49% que reduciría los niveles actuales de producción y aumentaría el de energías limpias, mientras que un 18% directamente prohibiría la producción de petróleo para reemplazarlos por energías limpias.
Sobre los proyectos de exploración y explotación offshore en el Mar Argentino, el 57% de los encuestados se mostró algo o muy en desacuerdo con la realización de esta actividad, que se concretaría a unos 300 kilómetros de la costa a la altura de Mar del Plata.
“Justamente, en nuestro país se ha habilitado la expansión de la industria hidrocarburífera en el mar. Algo que desde Greenpeace rechazamos rotundamente por sus impactos climáticos y en la biodiversidad que transita por el Mar Argentino y por los potenciales derrames que podría ocasionar la actividad. En esta encuesta se demuestra el rechazo de la actividad, donde casi el 60% los entrevistados expresaron su desacuerdo”, destaca la coordinadora de Greenpeace.

Conclusiones y acciones
El estudio de opinión pública fue realizado por la consultora Marketing y Estadística SRL, encargado por Greenpeace Argentina. Se realizó online, en una multiplataforma de redes sociales y el universo analizado fueron usuarios de internet mayores de 18 años residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se utilizaron para el análisis 1247 encuestas efectivas. El trabajo de campo se llevó a cabo entre septiembre y octubre de 2022.
“La ciudadanía encuestada claramente identifica al cambio climático como un problema actual, que ya genera impactos graves sobre nuestros ecosistemas y amenaza el bienestar de las personas y las futuras generaciones. A su vez, la deforestación y las energías basadas en combustibles fósiles están dentro de las principales causas identificadas. También, se destaca que hay una preocupación en torno a los impactos del cambio climático y que se lo asocia a la pérdida de biodiversidad, las temperaturas extremas y al deshielo de polos como parte de esta crisis, ocasionada por la acción del hombre”, resume Vueso.
Según la especialista de Greenpeace, la percepción ciudadana coincide con lo que vienen alertando los científicos alrededor del mundo en relación con la emergencia climática. Ella resalta que el aumento de la deforestación y la continua promoción de combustibles fósiles, incluyendo nuevas fronteras hidrocarburíferas, no van en línea con las medidas necesarias de mitigación y adaptación al cambio climático. “La escasa acción estatal y la continua promoción de la industria de combustibles fósiles a nivel nacional no hacen más que profundizar los impactos directos e indirectos del cambio climático en nuestro país”, advierte la coordinadora de la campaña de océanos.
Por último Vueso observa una “luz” en medio del alarmante panorama actual del medioambiente: “En los últimos años, vimos cómo una juventud sumamente comprometida y las organizaciones civiles han impulsado la proliferación de huelgas climáticas en todo el globo, para demandar justicia climática”.
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